20221014

La catástrofe demográfica ya se ha abordado de todas las maneras posibles, pero lo esencial es lo siguiente: nunca habían nacido tan pocos niños en Euskadi y nunca habíamos vivido tanto tiempo (83,8 años es la esperanza de vida ahora, según el Instituto Nacional de Estadística, INE). Es tal la preocupación y tan recurrente el debate, tanto en Euskadi como en toda España, que no hay gobierno que no incluya en su estructura un organismo relevante vinculado con el reto demográfico. Pues, con todo y con eso, en los próximos quince años la solución al problema no va a llegar desde el flanco institucional, sino por la gente que venga de fuera. Van a ser los extranjeros los que nos libren del desastre. O, al menos, lo suavicen. Eso es lo que pronostica el INE en sus proyecciones de población hasta 2037. En el País Vasco, como en el conjunto de España, cae la población autóctona y aumenta la foránea. No es que esto se viese venir, es que no había ninguna posibilidad de que ocurriese otra cosa. Con las tasas de natalidad ridículas de la última década, se ha encogido de tal manera la base de la pirámide poblacional que va a costar décadas levantarla, si es que se logra. Es decir, no hay solución para los niños que no han nacido a lo largo de este siglo. Y ese boquete solo se puede llenar con gente que venga de fuera. El problema, según las previsiones del INE, es que dentro de quince años las maldiciones de ahora seguirán muy vigentes. Si hay algo bueno es que mejorará ligeramente la tasa bruta de natalidad (efecto directo de la llegada de más foráneos, que ya ahora tienen más hijos que la población local). En concreto, se va a pasar de los actuales 7,46 nacimientos por cada mil habitantes. «Vamos a tener que acostumbrarnos a que llegue más gente de fuera», dice el Gobierno vasco. El Ejecutivo prepara itinerarios para formar a los inmigrantes según las necesidades de la empresa. 

Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son, en este sentido, alarmantes, ya que las Proyecciones de Población para los próximos 50 años muestran una pirámide demográfica que parece prácticamente una peonza, en la que la base es cada vez más achatada y la copa cada vez más ancha y elevada, lo que supone un gran problema para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y más, en un momento en el que las últimas reformas han ido orientadas a desmantelar las herramientas que apuntalaban esta sostenibilidad financiera. Por poner esta situación en cifras: si la población de más de 65 años supone actualmente el 19,8% de todos los residentes en España, para 2050 esta cifra se habrá incrementado por encima del 30%. Esta cifra es la que más se aproxima al número de jubilados, dado que las prejubilaciones compensan el retraso en la edad legal de jubilación. Y, aunque es posible que para entonces haya habido nuevos retrasos, su efecto será limitado, dado que el porcentaje de mayores de 70 años a mediados de siglo ascenderá al 24% del total, bastante por encima de la proporción de jubilados actuales. Dicho de otra forma, si se quiere mantener la actual proporción entre jubilados y el resto de la población, es necesario extender la edad de retiro en 3,5 meses al año durante las próximas décadas, el doble de lo planteado en la anterior reforma. Y a eso hay que sumar el incremento todavía más sustancial de la población por encima de los 80 años, que es la que hace un mayor uso del presupuesto de sanidad y dependencia, pasando del 6,1% de la población en la actualidad al 13% en 2060. Y el incremento llega a ser incluso exponencial en la longevidad extrema, por encima de los 100 años, cuyo peso se habrá multiplicado por catorce a lo largo de los próximos 50 años.

El acuerdo aún está muy lejos, pero ayer hubo novedades en la reunión para negociar el convenio del Metal de Bizkaia, el más importante del territorio, al afectar a 52.000 trabajadores. La patronal, FVEM, llevó una nueva propuesta que mejora el incremento salarial para este año, del 3,25% al 4,5%, y que incorpora por primera vez una cláusula de revisión salarial en función del IPC, aunque con un alcance limitado que los sindicatos calificaron de «insuficiente». Por ahora se mantienen las tres jornadas de huelga convocadas para el 27 y 28 de octubre y para el 2 de noviembre. La reunión de ayer se produjo después de que a finales de septiembre se alcanzase un acuerdo en el Metal de Álava, que contempla una subida salarial del 15% hasta 2025 y una cláusula de revisión salarial al final del periodo. Con este acuerdo como referencia, la patronal FVEM ha mejorado su oferta. Por un lado, eleva en un 1,25% el incremento salarial para el primer año hasta el 4,5% y mantiene el 3% para 2023 y el 2,5% para 2024. Por otro, atiende la reivindicación de una cláusula de revisión salarial con el IPC, pero con limitaciones: en caso de que el 80% de la suma de la inflación de esos años supere los incrementos fijos pactados, en enero de 2025 se actualizarán las tablas con esa diferencia hasta un tope del 2%. En una nota común, CC OO, LAB y UGT dijeron que la oferta era insuficiente y que mantienen la huelga, si bien están abiertos a negociar si FVEM mueve ficha. ELA fue aún más negativa en su valoración.

La dirección de Siemens Gamesa reiteró ayer a los sindicatos CC OO, UGT y ELA que el ajuste de plantilla en la compañía es «inevitable», debido a la complicada situación económica que atraviesa y a la necesidad de reducir el peso de algunos departamentos; en especial, de lo que se conoce como ‘servicios centrales’. El mensaje fue transmitido por el director corporativo de recursos humanos, Javier Fernández Combarro, a los representantes sindicales de las tres centrales en un encuentro celebrado en las oficinas de Zamudio. La cita de ayer sirvió como arranque de la ‘mesa de empleo’, un mecanismo de diálogo entre la empresa y los representantes de la plantilla y que está fijado en el convenio como paso previo a la adopción de cualquier medida de ajuste laboral. La compañía está obligada a convocarla y a mantenerla durante un mínimo de dos meses, en un intento de alcanzar acuerdos que permitan salidas voluntarias sin recurrir a la presentación de un ERE. Como ya es conocido, Siemens Gamesa ha planteado la reducción de 2.900 puestos de trabajo en todo el mundo, de los cuales 475 corresponderían a España. Ambas cifras suponen el 10% de la plantilla total . En el encuentro, la empresa no avanzó más detalles sobre el perfil concreto de ese excedente ni su localización geográfica exacta, al tiempo que tampoco concretó la oferta que está dispuesta a realizar para atraer voluntarios a este plan de ajuste. De nuevo se insiste en la idea de que la reducción de plantilla no afectará a las factorías industriales y sí a los servicios centrales, lo que en términos coloquiales se conoce como ‘administración’. Una fuerza laboral que en el caso de Siemens Gamesa está muy repartida entre las sedes de Zamudio, Madrid y Sarriguren, en Navarra.

ITP Aero ha conseguido participar en la nueva edición del programa comunitario Clear Aviation, que cuenta con un presupuesto de 700 millones de euros. La filial del fondo Bain estará presente en cuatro de los veinte proyectos de esta iniciativa, que busca impulsar los aviones de nueva generación, con más electrificación a bordo y menos peso, para ahorrar en el consumo de combustible y generar menos ruido. El grupo con sede en Zamudio (Bizkaia) aportará su tecnología al desarrollo de nuevos motores, tanto híbridos como propulsados por hidrógeno. Los cuatro proyectos en los que participará ITP Aero se denominan Heaven, He-art, Cavedish y TheMa4HERA. También buscarán avances en turbinas impulsadas por gas. La empresa asimismo está presente en el programa europeo Engrt para la fabricación de la próxima generación de helicópteros militares. Erlantz Cristóbal, director ejecutivo de tecnología e ingeniería de la compañía vasca, ha manifestado que “estamos centrados en liderar la transición hacia sistemas de propulsión sostenibles”. ITP Aero también se ha marcado ser una empresa neutra en carbono para 2050.

Con la duda de si será la calma que precede a la tormenta, los datos que de manera regular ofrece el departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa revelan que las empresas del territorio siguen mostrando una fortaleza notable, al menos en el capítulo de las ventas. Y es que, según el último informe, ofrecido ayer, esas operaciones crecieron un 16,1% acumulado en los ocho primeros meses del año, con un repunte de las ventas interiores (las realizadas a España) del 15,4% que se eleva al 17,5% en el caso de las exportaciones. El tejido productivo, por tanto, mantiene firme el rumbo. Para subrayar esa fortaleza y toda vez que el año pasado aún salíamos de la pandemia (lo que siempre edulcora las comparaciones) el departamento pilotado por Jokin Perona ofreció también un contraste con 2019, un año que se puede considerar como ‘normal’. Es más, ese ejercicio fue bastante bueno para el territorio. Pues bien, la comparación con los ocho primeros meses del año precovid revela un alza de las ventas del 17,4% (con una mejora del 16,5% en las interiores y del 18,9% en las exportaciones). El fuerte crecimiento general también se ha producido en el sector industrial ( un 18,5% interanual más) y en los servicios (un 13,9% más). En la construcción, por su parte, las ventas totales crecieron un 8,3% en estos ocho primeros meses del año, sobre todo debido a los incrementos producidos desde el mes de mayo, ya que en el primer cuatrimestre de 2022 las ventas bajaron de manera importante. Con la vista puesta en el mercado laboral, que mantiene su vigor a la luz de los datos de la Seguridad Social,

Mientras la Europa de los Veintisiete se afana en consensuar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad y otras medidas como establecer un tope al precio del gas, la industria del Viejo Continente se debate entre seguir produciendo a unos costes que apenas podrán repercutir a sus clientes o parar y ver. “Lo verdaderamente grave es el tiempo que hemos perdido sin tomar decisiones porque esta situación se acelera como consecuencia de la guerra, pero los precios de la energía venían subiendo de forma alarmante desde el verano pasado”, advierte Fernando Soto, director general de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. Admiten que, en esta ocasión, el Gobierno español ha llevado la delantera y ha aplicado medidas que ahora se plantea implantar la Unión Europea. Sin embargo, como en paralelo también otros Ejecutivos alarmados por la magnitud de la crisis que se avecina han aprobado sus propios planes de ayudas, numerosas grandes compañías asisten a la pérdida de competitividad de sus productos en el supuesto mercado único europeo. Empresas como Ferroglobe ya están trasladando parte de su producción de España a las plantas de Francia o Noruega, donde el coste energético es sensiblemente inferior. “La deslocalización de la producción no se ha abordado aún como la gran solución, pero sí es cierto que hay empresas que están importando producto de otros centros donde es más barato fabricarlo”

“Necesitamos doblegar la inflación; de lo contrario la factura va a ser alta”. Ana Botín, presidenta de Santander, aseguró ayer que ha detectado entre sus clientes “ansiedad”, tanto entre particulares como en empresas, sobre todo las pymes. Con los precios de la energía disparados, muchos no pueden hacer frente a sus costes. El entorno económico “se ha vuelto, si cabe, aún más complicado”. “Estoy más preocupada de lo habitual por la inflación”, reconoció la directiva durante su participación en la asamblea de socios organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales, patronal mundial de la banca de la que además acaba de ser nombrada presidenta. Según Botín, la gran pregunta que estos días se hacen banqueros y políticos en Washington, coincidiendo con la celebración de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), es “cómo logramos que el mundo vuelva a un crecimiento sostenible”. Y, para que los países desarrollados puedan ejercer su papel como motores de la economía global y ayudar a otras regiones, “necesitamos tener nuestra casa en orden, es decir, tenemos que controlar la inflación, ya que es la única forma de volver al crecimiento sostenible”, apuntó Botín. A partir de ahí, también pidió un esfuerzo a los Gobiernos por facilitar marcos regulatorios predecibles y, sobre todo, justos para que el sector financiero pueda contribuir y “ser parte de la solución” a la hora de resolver las incertidumbres que planean sobre la economía global. La presidenta de Santander defiende la vuelta a la oficina para recuperar la normalidad tras la pandemia y pide a los gobiernos reglas estables y justas para el sector financiero.

Los precios siguen subiendo en Estados Unidos. La inflación interanual se situó en septiembre en el 8,2%. Pese a que se trata de una décima menos que en agosto (y ya estaríamos en el tercer mes consecutivo de moderación), la realidad no es sólo que no ha bajado tanto como algunos analistas se esperaban, sino que, además, la inflación subyacente (que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos) ha registrado un nuevo máximo de los últimos cuarenta años. En septiembre, este indicador escaló hasta el 6,6%, es decir, tres décimas más que en agosto y el ritmo de encarecimiento de los precios más alto que se recuerda desde hace más de cuarenta años, según los datos publicados ayer. Los economistas temen que tras tres meses consecutivos con importantes incrementos en la inflación subyacente, se pueda empezar a hablar de un entorno inflacionista cronificado, ya que la evolución en este indicador es clave para predecir el comportamiento de los precios de cara al futuro.

Los temores de una nueva y próxima recesión empiezan a reavivar los fantasmas de crisis pasadas. En lo que a vivienda se refiere, los bancos no quieren que se repita en España el goteo de desahucios constantes que trajo consigo el crash de 2008, y en las últimas semanas están estudiando diversas medidas para aliviar el impacto de las subidas de las hipotecas en las familias, especialmente en aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. El sector detecta que hasta un 15% de la cartera hipotecaria del país tiene riesgo potencial de vulnerabilidad y las medidas irían encaminadas precisamente a reducir el impacto que la inflación y la reciente subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) podrían tener en sus hogares. En este marco, las grandes entidades del país y sus patronales (AEB y CECA) han mantenido en los últimos meses reuniones constantes y a distintos niveles con el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño para analizar las alternativas que los propios bancos han puesto sobre la mesa. Entre dichas alternativas se contempla establecer moratorias de hasta dos años en el principal del crédito, en la línea de la fórmula que se puso en marcha durante el confinamiento por coronavirus. No obstante, fuentes financieras consultadas por este diario aclaran que en la pandemia se activó una normativa especial que facilitaba esa medida y que la ausencia ahora de esa normativa excepcional hace que las moratorias resulten más perjudiciales para los balances bancarios. Por eso no es la única propuesta que se encuentra en estudio. En las negociaciones con el Gobierno, entidades como BBVA y el Santander se han mostrado a favor de analizar caso por caso y ajustar las posibles soluciones a las circunstancias particulares de los clientes.

A las puertas del invierno más tenso que se recuerda en los mercados energéticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso un nuevo paquete de ayudas para rebajar el impacto de la crisis en el 40% de los hogares. Supondrá la movilización de alrededor 3.000 millones de euros, con un refuerzo de los bonos sociales —eléctrico y térmico, a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas— y una nueva tarifa regulada para que los hogares con caldera comunitaria puedan beneficiarse de un ahorro superior al 50%. Fuera del capítulo energético, el Ejecutivo también desplegará ayudas en las tres provincias con menos densidad de población —Soria, Teruel y Cuenca—, que verán reducidas las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos, tanto en los ya existentes como en los que se firmen a partir de ahora. Los tres territorios fueron incluidos por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional. Todo el paquete de medidas se aprobará en el Consejo de Ministros previsto para la semana próxima. El punto más candente era, probablemente, la creación de una nueva tarifa regulada (TUR) para las comunidades de vecinos con calderas de gas natural, que limitará el incremento de precios hasta finales de 2023.

El fomento de las energías renovables y el autoconsumo protagoniza ya el Parlamento Vasco en plena crisis energética. La Cámara autonómica aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de ley presentada por EH Bildu para modificar un artículo de la Ley del Suelo y Urbanismo con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de solicitar la licencia municipal de obras para poder instalar en los edificios placas solares y puntos de recarga de coches eléctricos. De esta forma se supera un escollo clave y deja la medida a punto de su aprobación definitiva, con el objetivo de facilitar el autoconsumo, en pleno auge de las comunidades energéticas y la instalación de paneles fotovoltaicos en domicilios para aprovechar la energía solar, generar energía barata y reducir el precio de la factura de la luz. EH Bildu ha llevado a la Cámara este debate dirigido a facilitar la tramitación del autoconsumo con la modificación del artículo 407 de la Ley 4/4008, de 50 de junio, de Suelo y Urbanismo. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que PP+Cs se ha abstenido y la parlamentaria de Vox ha votado en contra. La coalición independentista propone con esta modificación que queden exentas del requisito de licencia las instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar destinada al autoconsumo, cuando se ubiquen sobre casas o edificios o sobre edificios o pérgolas de estacionamiento, aunque incluye varias situaciones en las que no será de aplicación.

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre si el periodo en el que un trabajador ha estado afectado por un ‘ERTE covid’ sirve también para generar derecho a la prestación por desempleo, tras diversas sentencias contradictorias sobre esta materia. En plena pandemia, durante la primavera de 2020, más de 3,6 millones de españoles –142.000 personas en Euskadi– estuvieron afectados por una suspensión de empleo ante el confinamiento generalizado y la parálisis de la economía. Entonces el Gobierno salió al rescate de empresas y trabajadores y puso en marcha este mecanismo que resultó ser todo un éxito, al frenar la destrucción de millones y millones de empleos y, por tanto, evitar que el paro se disparara como en crisis precedentes. El Ministerio de Trabajo se encargó de proclamar que los trabajadores estaban protegidos ante la pandemia y que iban a mantener intactos todos sus derechos. Sin embargo, ahora son muchas las personas que, al ser despedidas por sus empresas y engrosar las listas de paro, se dan cuenta de que esto no es así: a consecuencia del tiempo que estuvieron en ERTE, no cuentan con los dos años de prestación que les corresponderían si no hubieran estado con el empleo suspendido, algo que está provocando muchas demandas judiciales. Esto se debe a que el Servicio Público de Empleo (SEPE), cuando resuelve las prestaciones por desempleo en los despidos, no está contabilizando el tiempo que estuvieron en ERTE como cotizados para la prestación por desempleo. Es decir, si una persona estuvo tres meses, un año o incluso dos años en ERTE a causa de la pandemia, este periodo no ha generado derecho a paro y, por tanto, les restan este tiempo. 

La Inspección de Trabajo ha logrado regularizar y convertir en indefinidos un total de 1.631 contratos en Gipuzkoa en la campaña específica realizada entre mayo y junio, lo que supone más de la mitad de los contratos revisados. En esta campaña se enviaron un total de 1.306 cartas a empresas del territorio en las que se tenía sospecha de que pudiera haber irregularidades en algunos contratos. Una detección que se ha afinado mucho gracias al empleo de la inteligencia artificial y el ‘big data’, una aplicación del Ministerio de Trabajo, que ha permitido cruzar datos y detectar en mayor medida posibles incumplimientos. De hecho, esta aplicación ha permitido más que duplicar la eficacia de la Inspección de Trabajo y pasar del 21,3% de contratos regularizados en el conjunto del año pasado al 51,52% en esta campaña en Gipuzkoa, según datos del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Un porcentaje que es similar en el conjunto de Euskadi, donde se han regularizado el 50,3% de los contratos revisados. Y es que se han convertido en indefinidos 5.239 contratos de los 10.415 revisados. Todo ello fruto del envío de 4.338 cartas. El mayor porcentaje de efectividad se ha logrado en Araba, como se puede observar en el gráfico adjunto, ya que se han regularizado el 54,64% de los contratos revisados, mientras que en Bizkaia desciende ligeramente hasta el 48,67%.

El fin de la revisión es recaudar más y buscar más progresividad. Los PGE de 2023 cifran en 45.000 millones el coste de estas ventajas. La tributación conjunta del IRPF y los tipos del IVA, en el punto de mira. La reforma tributaria comprometida entre España y Bruselas, pensada para echar a rodar en el primer trimestre de 2023, incluía entre sus muchos apartados el análisis de los beneficios fiscales del país de cara a modificar aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución. La turbulencia económica derivada de la crisis energética y de la inflación obligó al Ministerio de Hacienda a aparcar en el mes de marzo la reforma incluida en el plan de recuperación. Sin embargo, según se recoge en las cientos de páginas que dan forma al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el departamento que dirige María Jesús Montero seguirá revisando estas ventajas fiscales con el objetivo de ir reduciendo o eliminando las menos justificadas en un futuro. En el Programa 931O sobre política tributaria de los PGE, Hacienda recuerda que el plan de recuperación persigue analizar los beneficios fiscales del sistema tributario “prestando atención a aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo”. A partir de ahí, “la reducción y eliminación de estas ventajas y de los regímenes especiales”, recalca Hacienda, “implicará no solo un incremento de la recaudación”, sino que contribuirá a la existencia de un sistema tributario más simple que tendrá “efectos favorables sobre la seguridad jurídica y sobre los litigios y conflictividad existentes”. Desde el ministerio matizan, eso sí, que estas revisiones no implican que se vaya a adoptar ninguna medida específica ya en 2023.

El Gobierno teme que la desaceleración económica lastre la recaudación del Impuesto de Sociedades ya en la recta final de este año. Así lo admitió ayer el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que explicó que las malas expectativas de avance del PIB –que el Banco de España estima que pasará de crecer del 4,5% en 2022 al 1,4% en 2023– podrían llevar a las empresas a elevar ya sus provisiones y, por ende, a rebajar su aportación fiscal en los pagos fraccionados de otoño. Al clausurar las Jornadas de Información Macroeconómica sobre los retos fiscales y presupuestarios organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Gascón recordó que Hacienda ha presupuestado un incremento de la recaudación tributaria del 9,3% este año y el 7,7% en 2023. “Las cifras son extraordinariamente prudentes, porque en agosto estábamos en una tasa de crecimiento del 18%”, admitió, pero puso en duda que sean “excesivamente prudentes”. Bajo su punto de vista, las perspectivas de ingresos por IVA e IRPF para final de año son buenas por el alza de la inflación y la mejora del empleo. En el caso de Sociedades, sin embargo, “en muchas ocasiones lo que determina la tributación de las empresas no son los resultados de explotación del momento, sino las expectativas de futuro y su política de prudencia en dotación de provisiones”, dijo. Así, ilustró, el primer pago fraccionado de 2020, realizado en abril, se hacía sobre resultados que aún no eran malos, pero la recaudación se hundió porque la pandemia hizo que las expectativas fueran “tétricas”. Algo que, salvando las distancias, podría replicarse ahora reduciendo los pagos fraccionados de octubre y diciembre.

Los tambores de guerra entre los empresarios y el Gobierno suenan más fuerte que nunca. Lejos quedan ya esos dos años de pandemia en los que llegó a hablarse incluso de un ‘idilio’ entre ambos al haberse alcanzado 15 grandes pactos. La cuerda se ha tensado hasta tal punto que está cerca de romperse, ya que la patronal advierte de que ha perdido la confianza en este Ejecutivo, según señalaron a este periódico fuentes cercanas. La subida de un 8,6% de las cotizaciones máximas por sorpresa y sin previo aviso, precisamente cuando esta materia se estaba negociando en la mesa del diálogo social, ha provocado un gran enfado en la CEOE, que considera este incremento «desmedido» y ha estallado contra la forma de actuar del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En cualquier caso, la máxima de la organización liderada por Antonio Garamendi es no abandonar nunca la mesa de negociación y así seguirán. «Nosotros nunca nos hemos plantado y estamos siempre abiertos al diálogo», aseguró el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. No obstante, sí reconoció que «nos genera una falta de confianza que el Gobierno tome muchas medidas relacionadas con el diálogo social sin una consulta». Y por eso recalcó: «Estamos siempre dispuestos a negociar pero siempre tiene que existir una confianza entre ambas partes». «Es importante», incidió. En esta misma línea se manifestó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien negó que se hayan levantado de la mesa, pero sí habló de que «se ha perdido la confianza» y exigió a Escrivá una explicación.

El Banco Central Europeo (BCE) incluye en sus previsiones un escenario casi catastrófico en el que la economía de la Eurozona retrocedería de manera sensible el próximo año. Un 0,9%, en concreto. Y aunque el conjunto de supuestos que se contemplan en esta opción es complicado que se produzcan a la vez y en su totalidad, el organismo sí reconoce que algo aproximado sí es factible y que, por lo tanto, la recesión en la zona euro es una posibilidad muy real. El director general de Economía del BCE, Óscar Arce, estuvo ayer en Madrid para participar en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y en ese foro habló abiertamente de ese complejo contexto que está directamente relacionado con un incremento de la inflación. De la «acumulación de malas noticias en esta segunda mitad del año y de cara a 2023». Y todo esto, además, parte de las estimaciones que el organismo hizo en septiembre, pero en el último mes las perspectivas se han deteriorado todavía más. Por ejemplo, en Alemania ya dan por hecho que la primera potencia económica europea sufrirá una recesión en 2023. Su Producto Interior Bruto (PIB) retrocederá un 0,4%, y la inflación repuntará hasta el 7%. Esto, evidentemente, tendrá un impacto negativo sobre la Eurozona y su efecto será comparativamente superior sobre España, entre otras cosas por la relación directa en el sector automovilístico. Y eso en el BCE lo saben y advierten sobre ello.

El cartel petrolero pone de nuevo contra las cuerdas a Occidente. El recorte en la producción petrolera anunciado por la versión ampliada de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), dominada por Arabia Saudí y Rusia, ha provocado un terremoto en el precio de los carburantes: el diésel roza de nuevo los dos euros por litro, tras subir 15 céntimos en una semana; y la gasolina, tras escalar alrededor de 10 céntimos, supera otra vez los 1,75 euros de antes de la subvención gubernamental. Este repunte no solo es una mala noticia para los automovilistas, sino que arriesga el incipiente cambio de trayectoria de la inflación, que en septiembre arrojó las primeras señales de estabilidad en mucho tiempo. Aunque la reducción artificial de los bombeos no será un hecho hasta noviembre, la referencia petrolera europea (el brent ) se ha disparado más de un 10% en lo que va de octubre. Un ritmo de subida que no se veía desde principios de verano y que abre una brecha cada vez mayor respecto a los valores de un año atrás, cuando la gasolina rondaba los 1,5 euros y el gasóleo superaba por poco los 1,3 euros por litro. Si en septiembre su bajada hasta niveles no vistos desde la primavera fue un factor esencial para el suave aterrizaje del IPC hasta el 9% (1,5 puntos menos que en agosto), ahora ocurre exactamente lo contrario.

Ikea lanza un órdago en España, un mercado que lleva ya varios años en primera línea en cuanto a importancia estratégica para la multinacional sueca. La compañía ha anunciado que inaugurará 90 establecimientos en el país en los próximos dos años, lo que supondrá más que duplicar su cifra de tiendas actual, que asciende a un total de 77. Se trata, por tanto, de su mayor plan de aperturas y contrataciones desde que la empresa aterrizó en el mercado nacional hace 25 años. Las aperturas se repartirán entre siete modelos de establecimientos diferentes desarrollados por la compañía, aunque habrá una especial preponderancia de las tiendas de pequeño tamaño y ubicadas en el centro de las ciudades, así como de puntos de prestación de servicios como diseño y planificación de proyectos o recogida de pedidos online. El foco de las inauguraciones se centrará en cuatro regiones: Andalucía, Cataluña, Levante y Madrid. La iniciativa llevará aparejada el mayor plan de reclutamiento de la historia de Ikea en España, ya que la compañía tiene previsto contratar a 1.500 empleados en dos años, lo que supondrá aumentar un 15% su plantilla. Ahora emplea a 9.765 personas y la previsión es alcanzar los 11.230 trabajadores en 2024.

En un contexto de turbulencias del mercado, especialmente marcado en Alemania por la guerra en Ucrania, Siemens lanza un mensaje optimista para el futuro. La compañía afronta los cambios demográficos, climáticos y geopolíticos reinventándose para “anticiparse a las nuevas tecnologías y tendencias”. Así lo señaló Roland Busch, CEO de Siemens, en la gala en la que el gigante industrial y de la tecnología celebró su 175 aniversario. A la vista de los muchos trastornos globales, Busch señaló que el grupo, a menudo, había sobrevivido a las “más horas oscuras en la historia”. Después de las crisis, la empresa suele “estar en una mejor posición que antes”. Así, en la ceremonia en la que conmemoraban su aniversario, el CEO de Siemens afirmó que la empresa está bien posicionada “estratégica, económica y tecnológicamente, y es líder en digitalización y sostenibilidad”. En este sentido, Busch hizo hincapié en que la compañía se dirige cada vez más en la dirección de un grupo digital industrial. Así, puso como ejemplo el lanzamiento de Xcelerator, calificada como la plataforma digital más importante para la industria. “El grupo conecta el mundo real y el digital como ninguna otra empresa”, dijo Busch, y depende, en gran medida, de un ecosistema abierto con socios. “Eso no habría existido hace apenas unos años”. Siemens, que hoy emplea a más de 300.000 personas en todo el mundo, se ha convertido en uno de los mayores grupos tecnológicos mundiales con unas ventas de alrededor de 62.000 millones de euros. No obstante, mantiene el vínculo con sus orígenes a través de los descendientes de los fundadores, una familia que aún posee el seis por ciento de las acciones de la compañía, y que también estuvo presente en la gala.

La Comisión Europea sigue estudiando fórmulas para aliviar el impacto de la crisis energética y trabaja en una normativa que planea dar más cintura a los estados para que puedan apoyar a las empresas más afectadas. Más concretamente, Bruselas estaría dispuesta a abrir la puerta a posibles rescates de empresas energéticas y gas intensivas que sean críticas para la economía de los estados miembro. Se trata de un camino que ya inició Alemania a finales de septiembre, con la nacionalización de Uniper, la mayor empresa importadora de gas del país. Y llega, además, en medio de una batalla política por el paquete de ayudas estatales anunciado por el Gobierno de Berlín por valor de 200.000 millones de euros. La guerra energética con Rusia y las perspectivas de que Europa afrontará varios inviernos complicados han hecho que la Comisión Europea contemple ampliar las reglas que permitirían blindar con ayudas públicas a compañías en aprietos. La normativa en la que todavía se trabaja a nivel técnico también considera el rescate a aquellas empresas insolventes que resulten estratégicas para las economías de los países europeos. Dentro de ese marco entrarían aquellas entidades del sector de la energía y gas intensivas –como productoras de vidrio, cementeras y papeleras– que hayan sufrido el impacto del aumento de los precios de la energía.

Tras la amplia victoria del bloque conservador en las elecciones generales del pasado 25 de septiembre, la nueva legislatura echó a andar ayer en Italia con la elección como nuevo presidente del Senado de Ignazio La Russa, uno de los fundadores de Fratelli d’Italia (FdI, Hermanos de Italia), junto a Giorgia Meloni, quien está llamada a liderar el nuevo Gobierno de Roma. No obstante, antes de agarrar las riendas del poder tendrá que terminar de negociar el reparto de los puestos claves del próximo Ejecutivo con sus socios, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi. No será una tarea sencilla. Que todavía queda mucho por aclarar entre las tres fuerzas políticas quedó de manifiesto en el resultado obtenido por La Russa en la Cámara Alta. Fue elegido gracias a que consiguió algunos votos inesperados de la oposición, probablemente de parte del bloque centrista, ya que no logró el apoyo de 16 senadores de Forza Italia, que optaron por la abstención como elemento de presión a Meloni en las negociaciones para formar Gobierno. Aunque de puertas hacia afuera los líderes de los tres partidos aseguran que no existen grandes diferencias entre ellos, no les está resultando nada fácil ponerse de acuerdo para repartirse los Ministerios. La mayoría de ellos estarán ocupados por miembros de FdI, que obtuvo un 24% en los comicios, pero ni Salvini ni Berlusconi se resignan a que sus fuerzas políticas, que se quedaron en un 8% cada una, sean unas meras comparsas en el futuro Gabinete.

El proyecto alemán para crear un escudo antimisiles en Europa arranca sin la participación de España. Catorce países europeos de la OTAN y Finlandia, candidato a la Alianza, firmaron ayer una carta de compromiso con el proyecto Escudo Europeo del Cielo, que pretende hacer frente a la amenaza de los misiles rusos. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo que Berlín no ha propuesto a España “formalmente” su participación, y añadió que cuando se haga así, el Gobierno “lo estudiaría”. El nuevo escudo antimisiles europeo trata de cubrir las lagunas del ya existente, ideado para interceptar cohetes balísticos procedentes de países como Irán o Corea. Lo que sí anunció España ayer es que enviará cuatro lanzaderas de misiles Hawk a Ucrania para reforzar su defensa antiaérea. El proyecto alemán para crear un escudo europeo antimisiles va tomando forma. Catorce países europeos miembros de la OTAN y Finlandia, candidato a la alianza militar, firmaron ayer una carta de compromiso que pone los cimientos de la iniciativa conocida como European Sky Shield (Escudo Europeo del Cielo) que, liderada por Berlín, planea integrar los sistemas de defensa antiaérea de los participantes para hacer frente a la amenaza de los misiles rusos en un momento en el que Moscú continúa elevando el tono de sus amenazas contra Occidente.