20221017

Rusia ha sido tradicionalmente un importante suministrador para las empresas vascas, que le han comprado petróleo, gas y otras materias primas. En 2021, de hecho, fue el cuarto mayor proveedor, con 1.378 millones, solo por detrás de Alemania, Francia y China. Pero la guerra y las sanciones han sacudido la balanza comercial y las importaciones se han desplomado. De marzo a julio, solo se adquirieron mercancías por importe de 230 millones de euros, menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Eustat. Desde la invasión de Ucrania, ya no constan entradas de petróleo y tampoco de gas, por mucho que hayan atracado barcos gaseros procedentes de Rusia en la regasificadora Bahía Bizkaia Gas. Sin embargo, hay una partida que no ha bajado sino que, al contrario, ha crecido, y de forma considerable: el gasóleo. Si se observa lo ocurrido entre marzo y julio, la conclusión es muy llamativa: las compras se han multiplicado hasta los 155 millones de euros desde los 41 millones en el mismo periodo de 2021. Por mucho que la comparación haya que matizarla, puesto que no todos los meses hay entradas de este producto, lo que está claro es que el volumen de importaciones de gasóleo ha crecido con la guerra y, además, su precio se ha multiplicado. Si el año pasado se pagaba en torno a 418 euros la tonelada, en este la cifra se ha elevado a 1.230. Estas compras se producen en un momento en que hay un cuello de botella en las refinerías europeas, agravado por los paros en Francia, mientras se intenta reducir la dependencia de Rusia, que es un importante proveedor de gasóleo para Europa. Prueba de la fuerte demanda existente es que la actividad de Petronor está disparada y sus ventas al exterior se han doblado este ejercicio. Euskadi exporta gasóleo, pero también lo importa. Especialmente, de Rusia. De hecho, el país presidido por Putin se sitúa este año como el principal proveedor de refinados de petróleo, con una cuota del 71% sobre el total de 300 millones. 

El dique exterior del puerto de Mutriku esconde en su panza una instalación única en el mundo. Tanto por ser la primera de su especie como por llevar funcionando ininterrumpidamente desde su inauguración, allá por 2011. Se trata de una planta de energía captada del movimiento de las olas (energía undimotriz, en el lenguaje técnico) que hasta la fecha ha vertido a la red eléctrica, desde una pequeña subestación situada muy cerca, la friolera de 2,7GWh. Algo que sitúa a Gipuzkoa como referencia internacional en un segmento aún muy incipiente pero al que cada vez se le presta más atención, máxime en el escenario de crisis energética y búsqueda de alternativas limpias en el que vivimos. La instalación –con 296 KWh de potencia instalada– pertenece a Bimep, una empresa conformada por el Ente Vasco de la Energía (EVE), que controla el 75%, y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), con el 25% restante. Bimep tiene un segundo activo. Se trata de una zona de ensayos para la energía eólica marina (’offshore’) de 5,3 kilómetros cuadrados frente a la costa de la localidad vizcaína de Armintza –conectada a tierra con cuatro clables subnarinos para transportar la electricidad– en la que empresas de todo el mundo, y también de Euskadi (como Tecnalia, Idom o Saitec), prueban sus prototipos. La ‘joya de Mutriku’ –que ha situado a Euskadi en el mapa de la energía oceánica– produce cada año la electricidad suficiente para abastecer a un centenar de hogares. Y eso que sus 16 turbinas (del tipo de columna de agua oscilante) son ya ‘veteranas’. La tecnología ha avanzado desde que se adquirieron a Voith Hydro, una multinacional alemana que, casualmente, tiene una planta en Ibarra. La inversión necesaria para la puesta en marcha ascendió a 2,3 millones de euros. «Es cierto, es algo que, como quien dice, lo estamos inventando. Es una gran promesa. Es muy incipiente, pero se ha logrado crear un enorme caldo de cultivo, y ya hay muchas empresas y centros tecnológicos vascos trabajando en la energía de las olas», señala Yago Torre-Enciso, director técnico de Bimep.

Asier Albizu, CEO de Biolan Health, asumió en junio la presidencia del Basque Health Cluster en un momento de crecimiento del sector pero con importantes retos. El sector de la Biosalud en Euskadi genera ya más del 2% del PIB, con cien empresas que facturan más de 1.880 millones de euros. Asimismo, creó casi 1.000 nuevos empleos, hasta sumar una fuerza laboral de casi 10.000 profesionales. Es un sector en crecimiento que todavía tiene importantes retos por delante: los cuellos de botella en las certificaciones creados por un cambio en la regulación europea, conseguir financiación y, sobre todo, que tanto administración como consumidores apuesten por la compra de productos de empresas locales frente a la competencia de China. “Lo que nos hace falta para poder ser competitivos es que se tenga en cuenta los sobrecostes que generan este tipo de actividades”, señala Asier Albizu. "- Tras un cambio en la regulación europea, se han producido cuellos de botella en la certificación de los productos sanitarios. De hecho, el test de antígenos de Biolan era uno de los productos afectados. ¿Cómo está la situación?-Está peor que antes, porque el reglamento ha entrado en vigor. Es una situación desesperada, más del 90% del producto sanitario fabricado en Euskadi caduca en 2025 a no ser nos lo vuelvan a certificar los organismos notificados. Hay dos problemas: primero, han triplicado los costes de certificación y, en segundo lugar, los plazos porque no hay suficiente capacidad. Como la oferta es tan baja, suben los precios y además no dan un servicio suficiente, con lo cual tenemos un programa grave. Por eso estamos solicitando a Europa que dé soluciones, como hacer una prórroga de la entrada en vigor de los reglamentos, dar más capacidades a los centros de certificación... no sé, pero desde luego nosotros tenemos un problema grave..."

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha publicado el libro: Los sindicatos y el nuevo contrato social. Cómo España salió del ERTE. “Entre 2019 y 2022 se ha demostrado que existen alternativas distintas a la destrucción de empleo ante una paralización tan drástica de la economía como ocurrió con la pandemia. Los ERTE salvaron más de dos millones de puestos de trabajo; y con la subida del SMI y la aprobación de la reforma laboral el mercado laboral no se ha resentido, a pesar de discursos que insistían en lo contrario. Creo que era necesario este relato, porque algunos no tienen mucho interés en difundirlo para así recuperar los viejos esquemas de devaluación interna”, manifiesta Unai Sordo. "Va a ser bastante difícil alcanzar un pacto de rentas, pero porque las organizaciones empresariales se han borrado de la partida, en la que hay que distribuir de una manera equitativa y equilibrada los costes de la inflación. Las patronales CEOE y CEPYME, desgraciadamente, están muy acostumbradas a la vieja fórmula de salir de las crisis, mediante la devaluación salarial y empobrecimiento de las mayorías sociales. Por ese motivo, como son muy remisas a un acuerdo de sueldos en otros términos, solo queda forzar el camino de la movilización..."

Los consejeros delegados se muestran pesimistas sobre el futuro en los próximos meses. En concreto, el 96% prevé que se produzca una recesión económica en los próximos doce meses, aunque un 64% cree que será “suave y de breve duración”, entre 3 y 6 meses, y el 86% asegura que ha diseñado planes para afrontarla, según el informe KPMG CEO Outlook 2022. En la encuesta han participado 1.325 consejeros delegados de todo el mundo pertenecientes a empresas con una facturación superior a 500 millones de dólares, 50 de ellos españoles. En el caso de los ejecutivos del Estado, el 86% considera que una nueva recesión “dificultaría la recuperación tras la pandemia” y el 22% calcula que sus ingresos se verían reducidos en un 10% en un escenario así. Este pesimismo también alcanza a las contrataciones: el 52% de los encuestados ha congelado los planes para sumar nuevos profesionales, el 48% admite que valora reducir la plantilla y un 38% prevé hacerlo en los próximos meses. Pese a todo, las previsiones a medio plazo son más optimistas, y la práctica totalidad de los CEO españoles encuestados confían en el crecimiento de la economía nacional y sus compañías en los próximos tres años. También prevén en su mayoría aumentar las contrataciones durante ese periodo. Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, señala que “los CEO españoles muestran una actitud cauta sobre la evolución de la economía en los próximos meses y están adoptando con agilidad medidas que protejan sus organizaciones en un entorno incierto y volátil como el actual. Al mismo tiempo confían en la buena evolución económica a medio plazo, por lo que orientan agendas corporativas a continuar avanzando en la transformación de sus organizaciones en los próximos años, poniendo especial foco en la transformación digital y la propuesta de valor al empleado”.

La gasística rusa Gazprom avisó ayer de que un tope a los precios del gas ruso en Europa implicará el corte inmediato de los suministros por incumplimiento de contrato. Según explicó el consejero delegado de la compañía, Alexéi Miller, en la televisión pública rusa, “nuestra guía son los contratos firmados. Una decisión de carácter tan unilateral como esta es una violación de las condiciones vigentes del contrato que implica el cese de los suministros”. Miller recordó que este paso de reacción a la imposición de topes de precio a los hidrocarburos rusos está previsto en un decreto presidencial firmado en marzo pasado por el mandatario ruso, Vladímir Putin. Las declaraciones de Miller se produjeron después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara hace unos días su intención de plantear a los líderes del bloque una intervención del mercado europeo del gas y establecer un límite máximo al precio máximo de los contratos en el índice de referencia europeo, TTF (Title Transfer Facility) holandés y, en paralelo, aumentar los niveles de ahorro de consumo de gas a nivel comunitario a través de subastas de reducción de demanda. El planteamiento de la presidenta del Ejecutivo comunitario se alinea con el documento de trabajo presentado por Bruselas hace dos semanas en el que ponían sobre la mesa medidas como poner un límite al precio del gas en la formación de precios de la electricidad, similar al mecanismo ibérico. La CE también planteaba determinar un precio máximo para las importaciones de gas de Moscú, sea a través de gasoducto o en forma de Gas Natural Licuado (LNG), si bien 15 Estados miembros solicitaron hace dos semanas que se aplicara a todas las compras de gas a la UE.

La UE ha logrado reducir su consumo de gas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado febrero. El uso de gas ruso que llega por gasoducto ha pasado del 41% en 2021 al 9%, y ha caído del 45% del gas natural licuado ruso en 2021 al 14%. Los almacenes de gas de la UE (19 de los 27 Estados miembros tienen capacidad de almacenaje) están por encima del 91%, según datos de la Comisión Europea. Sin embargo, pese a que no hay gran riesgo de suministro, los precios del gas y la electricidad son extremadamente altos y volátiles y más en un mercado muy meneado por la guerra de Rusia en Ucrania, las políticas del Kremlin y la demanda china. Bruselas destaca que elementos “impredecibles”, como el sabotaje de gasoductos (como lo sucedido con los NordStream 1 y 2) también pueden perturbar los mercados y la seguridad del suministro. La Unión podría impulsar las compras conjuntas y mantener los precios de mercado bajo control, evitando los picos de precios extraordinarios y haciendo un mejor uso de la infraestructura, según la propuesta que el Ejecutivo comunitario presentará a sus comisarios el martes para que pueda estar lista en la cumbre del 20 y 21 de octubre en Bruselas. Durante los últimos meses, mientras los Estados miembros se movían cada uno por su lado para trazar nuevos acuerdos con nuevos suministradores en una carrera que también ha removido el mercado, la Comisión también ha intensificado sus vínculos con proveedores que considera fiables: Estados Unidos, Canadá, Noruega, Azerbaiyán, Egipto e Israel. Además, este mes ha reanudado el diálogo energético con Argelia. 

Entrevista con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. "Estamos hablando, de servicios fundamentales para el bienestar de las personas y para la economía de cualquier país. Un mayor peso industrial es siempre bienvenido. Con respecto a Naturgy, lo que nos preocupa es que puede haber operaciones corporativas que pongan en riesgo los objetivos estratégicos que se había planteado la propia compañía y que aparecen reflejados en esas condiciones que el Gobierno impuso al fondo IFM. Son la reinversión y la contención en la distribución de beneficios. En un momento tan sensible en el contexto del gas, lo razonable es ser prudentes y velar por el interés general. Y, por tanto, estar muy encima de cualquier asunto que pueda suponer un cuestionamiento de todo eso...Honestamente, creo que no es una operación que, en estos momentos, sea conveniente desde el punto de vista de la templanza, la estabilidad y las garantías para determinadas actividades reguladas, así como el aprovisionamiento en condiciones y precios razonables. Tampoco encasido ja con el cumplimiento de esos compromisos de reinversión y de distribución de beneficios...Sobre el impuesto a las energéticas, la reflexión de Hacienda es cómo hacer aflorar lo que pueda ser diferencial con respecto al incremento de los beneficios, en un contexto como este. La comprensión ha ido creciendo por parte de las propias empresas afectadas. Es más un aspecto fiscal que un aspecto energético. Resulta difícil entender las quejas viendo la cifra de beneficios. Los mensajes están claros y ha habido un contexto de incremento importante de volumen de negocio y de ingresos y beneficios. Para ellas también son tiempos turbulentos, hasta el punto de que una de las cuestiones que se plantean a nivel europeo es cómo cambiar el régimen de garantías cuando participan en los mercados. Es verdad que también han tenido turbulencias en este año. A pesar del incremento de las cifras de beneficios, no debe haber sido fácil desde el punto de vista de la gestión, pero me parece que es indubitado, sobre todo en el caso del gas y el petróleo. Una cosa es el precio al que venden y otra, el precio al que compran. Y es ahí donde tenemos que concentrar nuestra atención..."

Entrevista con Manuel Pérez-Sala, Presidente del Círculo de Empresarios. “Nos preocupa que las hipótesis económicas que se han asumido sobre el crecimiento de la economía no son realistas y están siendo desmentidas por los organismos internacionales. Si además estos Presupuestos son expansivos en lo fiscal; es decir, multiplican sustancialmente el gasto público, en una situación en la que el BCE va a aplicar políticas monetarias restrictivas, la situación es muy complicada. Se puede producir un trompo fiscal, porque se acelera y se frena simultáneamente. Y, por último, estos Presupuestos son absolutamente electoralistas y buscan ganarse el favor de los votantes, no atienden al interés general...– El Gobierno quiere elevar las bases máximas de cotización todos los años más allá del IPC. ¿Pueden soportar las empresas más cargas?- Es un incremento diseñado con carácter cortoplacista. Hay que tener en cuenta que suben las bases de cotización y suben también las pensiones. Recaudarán algo más de dinero de aquellos ciudadanos pertenecientes al baby boom durante unos pocos años y tendrán que comprometerse con ellos a pagar unas pensiones muchísimo más altas que desequilibrarán el sistema, con lo que esta subida de la base máximas de cotización es pan para hoy y hambre para mañana...Hoy Patrimonio es un impuesto anacrónico que no existe en ningún otro país de Europa y mantenerlo daña al ahorro y a la inversión, necesarios para la economía..."

"A pesar de que los heraldos del apocalipsis, incluido el habitualmente ponderado Fondo Monetario Internacional (FMI), van estrechando el cerco de la opinión pública advirtiendo del peligro de una debacle inminente, es conveniente referir alguna circunstancia económica que pueda aliviar la desconfianza reinante...En una reciente intervención pública, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha analizado la situación del sector de la banca, preguntándose cómo podría verse afectado por el entorno tan complejo que atravesamos. El punto de partida es favorable en comparación con 2008 y siguientes. Hoy nuestras entidades financieras tienen menores ratios de morosidad y una rentabilidad por encima del coste del capital. La calidad de los balances bancarios ha continuado mejorando, de tal modo que la tasa de morosidad ha alcanzado el 3,8% en junio de 2022, registrando mínimos tras la crisis de 2008. Por otro lado, la rentabilidad del sector ha continuado mejorando. En concreto, el rendimiento sobre el capital se situó en el 10% en el primer semestre de 2022. En tercer lugar, en cuanto a la solvencia, la ratio de capital ordinario del conjunto de las entidades bancarias españolas alcanzó el 12,9% en junio de 2022, 70 puntos básicos por encima del nivel prepandemia. Aunque sea preciso extremar la prudencia, el hecho de que no penda sobre el sector financiero una amenaza inminente representa un atenuante en la alarma reinante, un factor de optimismo moderado en esta feria del desconsuelo". 

El despliegue del maná tecnológico que traerán las nuevas redes móviles 5G tendrá que esperar más de lo previsto, al menos para disfrutar de sus principales potencialidades. La discordancia actual entre los intereses políticos y los empresariales, unida a una crisis económica en ciernes que amenaza con recesión, suponen un gran obstáculo. En España, el Gobierno ha hecho caso omiso de las solicitudes de aplazamiento por parte de las grandes operadoras, que pedían esperar hasta 2024 por falta de demanda suficiente –en el primer trimestre de este año, solo el 0,02% del tráfico en las redes de banda ancha móvil era 5G– o, al menos, al segundo semestre de 2023. Salvo sorpresa de última hora, celebrará antes de cerrar el año la última gran subasta de espectro. A finales de septiembre lanzó una consulta sobre las bases que regularán la licitación de doce concesiones estatales y otras 38 de ámbito autonómico en la banda de 26 GHz, prioritaria para el despliegue del 5G en Europa. Serán concesiones para 20 años prorrogables por otros tantos y el Ministerio de Economía ha previsto sacar cerca de 140 millones de euros por ellas, aunque el precio de salida rondará los 105. No parece un gran negocio recaudatorio, aunque conviene recordar el pinchazo que sufrió en la anterior subasta para redes 5G –la próxima será la cuarta– y cuyas adjudicaciones de espectro consideran las ‘telecos’ suficientes para la realidad actual. En julio de 2021 se licitaba la banda de 700 MHz y solo acudieron tres pujadores: Telefónica, Orange y Vodafone. El Gobierno puso un precio de salida global de 995,5 millones de euros, que creía relativamente moderado, pero al final solo ingresó un 1,5% más.

Chris Miller, profesor de Historia Internacional en la Fletcher School de Massachusetts, ha viajado desde Boston a la Gran Manzana para hablar de Chip War (La guerra de los chips), una obra que nace bendecida por el Financial Times, que la ha incluido en su lista de mejores libros de negocios de 2022. A sus 36 años, Miller ha aparcado sus estudios sobre la URSS y la Rusia de Putin para sumergirse durante un lustro en el universo de los semiconductores. El encuentro fue fortuito, cuando comprobó su importancia en los sistemas de guía de misiles durante la Guerra Fría. Pero eso era solo la punta del iceberg. “Me di cuenta de que muchas de las tendencias que me interesaba comprender, ya fuera el funcionamiento de la globalización, la estructura de las cadenas de suministro o el futuro del poder militar, no podían ser entendidas sin abordar su papel”. La última controversia en el duelo de superpotencias entre EE UU y China avala ese interés desmedido. Washington anunció el viernes un bloqueo por el cual ninguna empresa podrá suministrar a las compañías chinas determinados semiconductores si llevan tecnología estadounidense. El objetivo es impedir que Pekín pueda emplearlos en el desarrollo de su propia industria tecnológica o en áreas estratégicas como los supercomputadores o el armamento de nueva generación. “Es la expansión más dramática de los controles de exportación de EE UU en mucho tiempo”. El momento elegido por Miller para la inmersión —más de 100 entrevistas a científicos y expertos— difícilmente podía ser más propicio. Estos microscópicos componentes de silicio, presentes en vehículos, teléfonos, ordenadores, y un sinfín de artefactos civiles y militares, han dado mucho de que hablar tras la pandemia.

Jean-Luc Mélenchon, y la izquierda que lidera, sacaron ayer a decenas de miles de personas a las calles de París. La manifestación “contra la carestía de la vida y la inacción climática” es el prólogo de una semana de huelgas sindicales y pugna parlamentaria. El Gobierno, ante la negativa de la oposición a aprobar los presupuestos, prepara la aplicación del artículo 49.3, que permite esquivar el voto en la Asamblea Nacional e imponer una ley por decreto. Los organizadores —la oposición parlamentaria de izquierdas que, bajo la tutela de La Francia Insumisa (LFI) de Mélenchon, incluye a socialistas, ecologistas y comunistas— cifraron en 140.000 el número de manifestantes. La policía, en 30.000. Entre las dos y las cinco de la tarde, desfiló entre las plazas de la Nación y de la Bastilla, en todo caso, una considerable marea humana. No tantas personas como para cambiar en nada los planes del presidente, Emmanuel Macron, y menos teniendo en cuenta que los convocantes ya se sientan en el Parlamento. Pero sí suficientes para abrir el apetito ante las protestas de esta semana en un contexto de carestía de combustible en parte del país, inflación, ahorros energéticos en el invierno y frenazo económico en el horizonte.

La crisis financiera de 2008, además de poner la banca británica al borde del colapso, redujo el potencial de crecimiento del país, basado hasta entonces en altos niveles de deuda. El referéndum de Escocia en 2014, pese a rechazar la independencia, puso en cuestión la integridad de Reino Unido y la tensión sigue viva. El apoyo al Brexit en la consulta de 2016 provocó la ruptura con el mayor socio comercial del país y cerró a sus empresas el acceso a la fuerza laboral de la UE. Para rematar, la errática gestión del Covid ha provocado un cambio de Gobierno y la llegada de la inexperta Liz Truss al poder, con un plan económico rechazado de manera inmediata por los mercados y los votantes británicos. Reflejo de ese cúmulo de sucesos es la evolución de la libra, que desde 2007 ha pasado de casi 1,50 a 1,15 euros y de 2,06 a 1,12 dólares. Esta depreciación ha sido necesaria para atraer inversores internaciones y mantener viva la economía, pese al difícil entorno. Algunos analistas creen que la debilidad de la divisa, unida a las bajas valoraciones, podría provocar un aluvión de ofertas públicas de adquisiciones (opas) sobre empresas británicas. Pero en el caso de los inversores españoles, la actitud generalizada es la de esperar y ver, ya que los bajos precios no parecen compensar los riesgos, sobre todo en sectores regulados. Según datos de Refinitiv, el valor de las adquisiciones españolas en Reino Unido durante los nueve primeros meses de 2022 asciende a 243 millones de dólares (unos 250 millones de euros), mínimo similar a los registrados en los primeros años del Brexit (2016-2018).

Abre el congreso comunista chino que sancionará su perpetuación en el poder haciendo alarde de la economía y con la reunificación como una prioridad. En medio del revuelto panorama internacional, Xi Jinping no hizo menciones a la guerra de Ucrania ni a sus cada vez más frecuentes enfrentamientos con Estados Unidos y el resto de Occidente, pero sí dejó clara la importancia de la seguridad nacional, que citó medio centenar de veces, y la estabilidad social. En su opinión, ambas son claves para lograr una «China próspera y fuerte» y exigen una coordinación tanto de la seguridad doméstica como internacional, económica, tecnológica y militar. Sin dar detalles, avanzó un refuerzo del Ejército y una «nueva arquitectura de seguridad» que, a la vista de estos diez últimos años, hace temer una mayor represión interna y un expansionismo exterior que, por supuesto, negó. Además de enorgullecerse de haber llevado «el orden tras el caos» a Hong Kong, donde ha aplastado las demandas de democracia con una Ley de Seguridad Nacional que criminaliza toda oposición política, hizo un llamamiento a la reunificación con Taiwán, la isla democrática e independiente de facto reclamada por Pekín desde el final de la guerra civil en 1949. «Implementaremos la política general de nuestro Partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era y avanzar en la causa de la reunificación nacional», señaló en tono conciliador. Pero también dejó claro que «solucionar la cuestión de Taiwán es un asunto chino que debemos resolver los chinos». Aunque aseguró que seguirán «abogando por una reunificación pacífica con la mayor sinceridad y los mayores esfuerzos», también prometió que «nunca renunciaremos al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de adoptar todas las medidas necesarias». Una amenaza que, según detalló, «va directamente dirigida a la interferencia de las fuerzas extranjeras y las actividades separatistas, no a nuestros compatriotas taiwaneses». Clamó que «la completa reunificación de nuestro país puede y debe alcanzarse, y sin duda se alcanzará».

Muchos esperaban un gesto, un tímido guiño, un pequeño resquicio que anunciase el final de la estricta estrategia de covid cero en China. Pero habrá que seguir esperando. El presidente, Xi Jinping, defendió ayer el enfoque en el que Pekín persiste para atajar el coronavirus desde el inicio de la pandemia, al respaldar de nuevo un modelo que ha ayudado “a prevenir la importación de casos y los repuntes dentro del país, y perseverando sin vacilación en la supresión en tiempo real de los brotes”, según proclamó durante el discurso con el que marcó la apertura del XX Congreso del Partido Comunista. El mandatario aseguró que el país ha optado “por la primacía del pueblo y de la vida” y ha puesto la lucha contra el virus como un ejemplo de la práctica del “espíritu fundacional” de la militancia del Partido Comunista de China, frente a lo que ha denominado “la súbita aparición de la epidemia de covid-19". “Hemos librado una guerra popular, una guerra general, una guerra de contención, para combatirla”, prosiguió en el breve instante que le dedicó a la pandemia, “lo que nos ha permitido proteger al máximo la seguridad de la vida del pueblo y la salud, y conseguir frutos positivos importantes en cuanto a la coordinación de la prevención y control epidemiológicos y el desarrollo económico y social”. La cita era de especial relevancia porque durante la alocución el secretario general del partido hace tradicionalmente una valoración de los últimos cinco años en la cúspide del poder, y se trazan las directrices políticas para el próximo quinquenio. Con la economía china tocada, se ha especulado en los últimos meses con una posible relajación de la política sanitaria. China es uno de los pocos países del planeta que persiste en una estricta estrategia de covid cero, que implica testeos masivos y confinamientos totales o parciales de ciudades en el momento en que se detectan unos pocos casos, lo que ha causado un creciente descontento social por los encierros en megaurbes como Shanghái.