20230209

El año de la guerra en Ucrania y el temor a un desabastecimiento de gas natural en Europa llevaron el comercio de gas natural licuado (GNL) a máximos históricos. Las compras en este mercado se dispararon durante el pasado 2022 para hacer acopio y llenar almacenes de cara a este invierno. Un contexto que, según el último boletín estadístico de Enagás, disparó la actividad en el Puerto de Bilbao. Así, la regasificadora que comparten al 50% el operador estatal y el Gobierno vasco ha registrado un récord de descargas. En total, 64.593 Gw/h, un 34% más que en 2021 y una cantidad que le convierten en el punto con más volumen de GNL operado de España, por delante de puertos como el de Barcelona, Huelva o Cartagena. Lo sorprendente es el origen de este recurso. Y es que el gas ruso y el procedente de Estados Unidos extraído con ‘fracking’ –práctica que han prohibido por ley el Congreso de los Diputados y el Parlamento vasco– son las principales fuentes de este tráfico. El Puerto de Bilbao se convirtió en destino de casi la mitad del gas procedente de Rusia que llegó a España por barco. El embargo energético al país gobernado por Vladímir Putin no afecta todavía a esta fuente de energía, a diferencia de lo que sí ocurre con el carbón, el petróleo y el diésel. Según los datos facilitados por Enagás, desde Rusia llegaron a España el año pasado 53.859 Gwh, un 45% más que en el año anterior. Un crecimiento enorme de este tráfico que evidencia la revolución que vivió el mercado del GNL una vez que se cerró el flujo del gasoducto Nord Stream que conecta Rusia con Alemania. La ubicación de la regasificadora de Bahía de Bizkaia Gas es estratégica para recibir estos barcos comprados por las comercializadoras energéticas y, según los datos de la Autoridad Portuaria, cerca de la mitad (cuatro de cada diez) de estos buques descargaron en el Abra vizcaína.

Un incendio en la estación de compresión del gasoducto de Irun obligó ayer tarde a parar el suministro de gas de esta instalación recién remodelada y clave para el trasvase de gas a Europa en plena crisis energética por la Guerra de Ucrania. Los bomberos evaluaban anoche los daños materiales para conocer cuándo se podría reanudar el suministro a través del tubo irundarra. No obstante, el flujo de gas hacia Francia y Centroeuropa se pudo garantizar ya que fue desviado desde Irun al gasoducto pirenaico navarro de Larrau. La instalación tiene un «punto virtual» de interconexión con Larrau que no se vio afectado por el fuego y que permitió canalizar el suministro por la vía navarra. El incendio se produjo poco antes de las cuatro y media de la tarde y las llamas se desataron en los dos transformadores eléctricos de la estación de compresión, según fuentes de Bomberos de Gipuzkoa. Son dos transformadores que dan energía a los compresores que comprimen el gas que llega de la regasificadora de Bizkaia Bahía Gas para así aumentar la capacidad de envío a Francia, previo paso a su posterior distribución por Centroeuropa. A las primeras señales de humo, el gasoducto, denominado Euskadour, activó sus mecanismos de seguridad y se paró automáticamente. El gas es un elemento muy inflamable y las medidas de seguridad son estrechas para evitar daños mayores. La presencia de aceite en la maquinaria contribuyó a calentar todavía más la zona quemada y dificultó la labor de los Bomberos, que no obstante lograron apagar el fuego evitando mayores daños materiales. Fuentes de Enagás señalaron que el incidente «no ha afectado a las programaciones ni a la atención de la demanda de gas natural». Las llamas provocaron una gran humareda en la zona y los Bomberos, para poder emplear agua, tuvieron que cortar la carretera secundaria de Blaia (en la zona del cementerio) por el que se accede al Euskadour, ubicado en una ladera del monte San Marcial, en el barrio de Meaka, cerca de la autopista y de la frontera con Biriatou.

De la importancia que el Gobierno central y Enagás, la gestora técnica del sistema gasístico en España, dan al gasoducto de Irun da fe el hecho de que se incluye al tubo de la localidad fronteriza en la red troncal de hidrógeno (H2) prevista para 2040, en el marco del proyecto del primer hub de Europa. Irun entraría en la segunda fase del proyecto. La primera esta prevista para 2030 con la puesta en funcionamiento del H2Med entre Cataluña y Marsella. El hidrógeno verde es una alternativa renovable en plena crisis energética ha recibido recientemente un fuerte espaldarazo al sumarse Alemania al H2Med, el futuro corredor europeo de hidrógeno verde que llevará esta fuente de energía limpia desde la península ibérica al norte de Europa. Y el gasoducto de Irun, tiene un hueco en esta estrategia, aunque en una segunda fase.

Un 87% de todas las personas tituladas, en el conjunto de grados de la promoción 2018 de la Universidad del País Vasco estaba ocupada tres años después. Esta es una de las conclusiones principales del “Estudio de Incorporación a la Vida Laboral”, que ha realizado el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, sobre los graduados y las graduadas de la universidad pública vasca. El salario medio, con jornada completa, es de 1.600 euros netos en 14 pagas. Por áreas de conocimiento, los salarios de mayor a menor son los siguientes: Ciencias de la Salud (1.891 euros), Técnicas (1.631), Ciencias Sociales (1.518), Ciencias Económicas y Jurídicas (1.460), Humanidades (1.443) y Ciencias Experimentales (1.413). Las mujeres presentan porcentajes más elevados de jornadas reducidas (casi 5 puntos más que los hombres). En cuanto a la valoración de los puestos de trabajo, los aspectos mejor valorados son los relativos a funciones realizadas (7,9), seguidas de cuantía de los salarios (6,9) y estabilidad laboral (6,8).

La UPV/EHU oferta trece titulaciones cuyos alumnos tienen una tasa de ocupación de casi el 100% tres años después de haber finalizado la carrera. Es decir, que prácticamente garantizan el acceso a un puesto de trabajo. Básicamente son las relacionadas con las Ciencias de la Salud y varias Ingenierías, como Telecomunicaciones, Electrónica o Eléctrica. En el ránking también se cuela Filología Inglesa. Así lo constata el ‘Estudio de incorporación al mundo laboral’, un informe elaborado por Lanbide, divulgado ayer, que ha preguntado a los alumnos de la promoción de 2018 acerca de su situación laboral tres años después de haber abandonado las aulas, en un momento en el que la sociedad aún se resentía por los efectos de la pandemia. En términos generales, tres años después de acabar los estudios, el 87% de los alumnos contaban con un trabajo remunerado, mientras que el 13% restante estaba en paro. En cuanto a la situación laboral, un 73% trabaja por cuenta ajena; el 3,81% trabaja por cuenta propia; un 7,82% sigue estudiando; y el resto se reparte entre contratos doctorales, socio cooperativista...La rectora, Eva Ferreira, valora «muy positivamente» los datos. A su juicio, «lo más importante es que confirman que, incluso en situaciones socioeconómicas tan complicadas como esta, los estudios universitarios capacitan para desarrollar actividades profesionales social y económicamente muy valoradas». En lo que se refiere al salario, la media se sitúa en 1.600 euros netos en 14 pagas.

Kutxabank, el banco de las kutxas vascas, es la tercera entidad con mejor perfil de riesgo de todo Europa, según el ranking dado a conocer ayer por el Banco Central Europeo (BCE) en el marco del Proceso Supervisor de Revisión y Evaluación de Entidades Significativas (SREP). La entidad presidida por Anton Arriola ha escalado una posición en esa clasificación respecto al puesto logrado en idéntico examen en 2021 y se mantiene a la cabeza del sistema financiero español. En el ámbito continental, solo SFIL y Credito Emiliano Holding se sitúan por delante de Kutxabank. Si atendemos al resto de bancos españoles supervisados por el BCE, en quinta posición encontramos a Bankinter, mientras que Banco Santander se sitúa en 12º posición, por delante de CaixaBank (en la 14º) y BBVA, en la 16º. Bastante más abajo se encuentran Abanca (en el puesto 34), Sabadell e Ibercaja, en las posiciones 54 y 55, respectivamente. Unicaja Banco se sitúa en el puesto 63, mientras que Banco de Crédito Social Cooperativo, la entidad cabecera del Grupo Cajamar, en el 69. El análisis SREP, explicaron fuentes de Kutxabank, muestra la situación de cada entidad en relación con los requisitos de capital, así como la forma en que aborda su política de riesgos. Desde que se comenzó a realizar este análisis, en 2016, el banco de las kutxas ha sido la única entidad española que siempre ha mantenido o mejorado el requerimiento.

Calma tensa en el seno del Consejo Supervisor del Banco Central Europeo (BCE). Por un lado respiran con tranquilidad porque hasta la fecha los bancos han aguantado bien el tirón. Pero por otro, temen que las entidades puedan morir de éxito debido a más subidas de tipos. El propio presidente del organismo, Andrea Enria, advirtió ayer de que “los costes por el deterioro de la calidad de los activos podrían superar la mejora de los beneficios resultantes de los ingresos si los tipos siguen subiendo”. Así lo advirtió en la rueda de prensa posterior a la publicación del SREP (proceso de revisión y evaluación supervisora, por sus siglas en inglés), Este deterioro no se ha materializado, pero la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró en su última comparecencia de política monetaria que el precio del dinero seguirá subiendo. Los tipos están en el 3%. Enria también advierte de que “las estrategias de gestión de activos y pasivos excesivamente centradas en actividades de carry trade (financiarse a un bajo tipo de interés para invertir en activos más rentables) pueden resultar incompatibles con el nuevo entorno de política monetaria”. “En general, la senda de ajuste de los tipos de interés puede crear ganadores y perdedores”, destaca. Reconoce que los bancos europeos han resistido bien el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania, gracias a sus fortaleza de capital y de liquidez, al aumento de la rentabilidad y a la mejora continua de la calidad de los activos. Pero pide que subsanen “las debilidades persistentes, sobre todo en sus marcos de control de riesgos y de gobernanza”. Este escenario de incertidumbre ha provocado que los requisitos de capital aumenten para la banca europea en 2023, hasta el 15% de los activos ponderados por riesgo, frente al 14,7% de 2022. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó ayer la toma de control por parte de SegurCaixa Adeslas de la aseguradora vasca IMQ, la compañía líder en los seguros de salud y asistencia médica de Euskadi. Es otro paso más que acerca el fin de un polémico proceso que se inició a principios de 2019, ante la presión de muchos médicos que eran accionistas de la aseguradora y que reclamaban la posibilidad de obtener un precio de mercado en la venta de sus títulos de propiedad. Adeslas se hará así con casi un 70% de las acciones de la sociedad ‘holding’ Grupo IMQ y también aumentará del 45% que ya tenía al 50% su participación en la sociedad de seguros, con lo que se garantiza el control efectivo de la compañía. La transmisión de las acciones se realizará antes de abril, previsiblemente a finales de marzo, después de que se formalice la autorización de la Dirección General de Seguros que aún está pendiente. Seguros deberá verificar que IMQ mantiene un alto grado de solvencia, extremo que nadie discute. La aprobación de Competencia era en realidad el principal escollo que debía superar la venta, aunque se daba como muy factible dado el carácter complementario de ambas empresas. No supone prácticamente sumar cuota de mercado en el País Vasco, ya que Adeslas no era activa en la comercialización de sus pólizas en Euskadi. La compra, sin embargo, le sirve para reforzar su liderazgo en el mercado nacional y sacar más distancia a Sanitas, la segunda empresa española en este sector. IMQ tiene en la actualidad 1.170 accionistas, todos ellos médicos, y quienes opten por la venta recibirán 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos, el mínimo que se exigía para estar en la compañía. El plazo para aceptar la oferta de Adeslas finalizará la última semana de este mes. 

La Cámara de Comercio Británica presentó ayer en Bilbao sus previsiones de inversión en Euskadi y España. Un documento elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y que contó con el respaldo del embajador británico en España, Hugh Elliott. La institución, destacó que el País Vasco se convierte en el segundo destino de las inversiones de Inglaterra en España, por detrás de Madrid. Y es que en los primeros tres trimestres de 2022 las empresas británicas inyectaron un total de 700 millones, la tercera mayor inversión económica desde 2014. Casi el 100% de ese dinero se marchó a Siemens Energy en la compra que el operador eléctrico británico SSE realizó de la división de promoción de parques renovables de Siemens Gamesa. Una operación que se valoró en 613 millones de euros y supuso también la adquisición de derechos de instalación de 4 GW de potencia en España, Italia y Grecia. El embajador Elliott, que se reunió también con el lehendakari Urkullu, destacó que la principal novedad tras el Brexit es que «no hay novedad, continúa nuestro interés por Euskadi y España, las inversiones siguen, así como los lazos comerciales y culturales». El diplomático británico recordó que en Euskadi se contabilizan hasta 31 empresas que son filiales de compañías de su país. Además de SSE, destacó a GKN con una planta en Zumaia (Gipuzkoa) que emplea a 525 personas y a Intertek, el laboratorio especializado en análisis y certificación. Según el informe elaborado por AFI, las inversiones en Euskadi generan actualmente 13.000 empleos y la determinación es seguir creciendo, al menos como lo demuestra al encuesta realizada sobre empresarios británicos con presencia en el País Vasco, que valoran principalmente la cadena de proveedores que encuentran en Euskadi.

El esfuerzo de Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, en dar a conocer, impulsar y extender la construcción industrializada está profundamente en consonancia con el cambio de rumbo hacia la economía circular por la que se está apostando desde Euskadi. Con motivo de su participación en el Foro temático organizado por Grupo Noticias, hablamos sobre este nuevo modelo con Alexander Boto, director general de Ihobe. "Tenemos un problema global de alto consumo de recursos naturales. Se estima que vamos a multiplicar por cuatro nuestro consumo de materias primas para el año 2050. Nuestro modelo de economía lineal termina con mucha cantidad de residuos y genera un gran problema mundialmente. Concretamente, en la parte de construcción se estima que el sector genera el 40% de los residuos de la Tierra; en Euskadi, este dato es del 25%. La construcción industrializada puede jugar un papel muy importante porque este sistema tiene criterios de sostenibilidad y puede reducir hasta un 90% la generación de residuos en todo el proceso de construcción..."

Lanbide hizo 48.000 abonos erróneos, la mayoría por acceder los beneficiarios a un empleo temporal que obliga a recortar ayudas. En concreto, el Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco detectó el año pasado 48.450 operaciones de ‘pago indebido’ a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Supusieron el abono erróneo por parte del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, de 30,7 millones que no han podido ser recuperados en su totalidad pese a que la Administración ofrece a los beneficiarios la posibilidad de aplazar o fraccionar el reembolso del dinero recibido de más. La información aparece en una respuesta remitida al Parlamento vasco por el área que lidera la vicelehendakari Idoia Mendia a petición de Vox, que había pedido aclaraciones sobre la ayuda social. En 2021 los pagos incorrectos se habían elevado hasta los 34,4 millones, y aunque el año pasado las cifras mejoraron volvieron a ser altas. El desvío supuso prácticamente una décima parte de la cuantía destinada por el Gobierno vasco al abono de la RGI durante todo el ejercicio, en total 302 millones. El concepto ‘pago indebido’ no se refiere a los casos de fraude que puedan haberse registrado en el cobro de ayudas sociales, sino a mensualidades en las que Lanbide acabó aportando más dinero del que debía al no ser informado el servicio a tiempo de que las condiciones socioeconómicas del perceptor, las que determinan la cuantía exacta de la RGI, habían cambiado.

La muerte a navajazos de un joven la mañana de Navidad en una céntrica discoteca donostiarra y los cuatro apuñalamientos en un local de Vitoria el sábado pasado han terminado por desatar las alarmas y cambiar el discurso político a cuatro meses de las elecciones. Si el martes, el alcalde Gorka Urtaran pedía un endurecimiento de las penas y el uso de detectores de metales en estos establecimientos, ayer el regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto, reclamaba mano dura a los jueces con los navajeros y el Gobierno vasco planteaba exigir seguridad privada a los locales con un aforo inferior a 700 personas. Es decir, discotecas y bares de copas que ahora no tienen esa obligación. Así lo manifestó ayer el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Pero la propuesta no convence ni a SEA ni a Gasteiz On, las principales asociaciones de hostelería de la capital alavesa. Ambas coinciden en que «el problema está fuera», en la calle, y no en el interior de sus locales. Temen además los costes extra que tendrían que asumir si finalmente entra en vigor esta obligación. A la gran mayoría de las discotecas, en cambio, no les afectaría esta medida porque a pesar de tener aforos por debajo de 700 personas ya cuentan con seguridad privada que se encarga de regular el acceso a sus instalaciones.

La reacción del euríbor a la reciente subida de tipos de interés en la zona euro ha llevado al índice a rozar ya el 3,5%, una referencia que no veía desde finales de 2008, cuando comenzaba la anterior crisis financiera. En concreto, ayer se situó en el 3,45%, una cota diaria que no había alcanzado desde hace 14 años. Aunque los primeros movimientos del euríbor tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar el precio oficial del dinero fueron titubeantes, finalmente el índice más utilizado para calcular las hipotecas ha continuado en el ascenso sin tregua que viene registrando desde el pasado verano. Con los tipos del BCE al 3%, ni analistas ni las propias entidades bancarias españolas descartan que el euríbor pueda llegar hasta el nivel del 4% a mediados de año. Sería la reacción a la nueva subida de tipos que decidirá el BCE en su reunión de marzo, y a la espera de nuevas decisiones posteriores en función de cómo evolucione la inflación estos meses. Por ahora, con solo ocho sesiones transcurridas de febrero, la media del euríbor se encuentra en el 3,4%, lo que supone un paso más frente al 3,3% en el que cerró enero. Si se compara con los registros del año pasado por estas fechas, el índice se movía entonces en terreno negativo, en el -0,33%. Es decir, en los últimos doce meses se ha incrementado en casi 3,8 puntos, lo que conlleva un incremento importante de las cuotas de las hipotecas a las que ahora les corresponde la revisión de su mensualidad.

«Aún no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios». Así de contundente se mostró ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño después de que el diputado popular, Carlos Rojas le reprochara durante la sesión de control al Gobierno que «la cesta de la compra está por la nubes» y que «los precios no están bajando». Ha pasado poco más de un mes desde que entró en vigor la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad y la rebaja a la mitad de otros como el aceite o la pasta. Una medida con la que el Gobierno pretende aliviar los efectos de una inflación desbocada, que en 2022 disparó el precio de los alimentos hasta el 15,7%, pero cuyo efecto no parece notarse ya en el bolsillo de los españoles. «El dato adelantado de enero, lo que indica, es una bajada del IPC general y también del subyacente. Lo que tenemos que ver es cuál es el impacto del último paquete de medidas que aprobamos en diciembre y que ha entrado a principios de año», indicó ayer Calviño. Desde el pasado 1 de enero y durante los próximos cinco meses, productos como la leche, el queso, la harina, la fruta o la verdura, artículos que se consideran imprescindibles en la cesta de la compra de cualquier español han pasado de gravar un 4% a un 0%; mientras que el aceite y las pastas han pasado del 10% al 5%. Una medida que no fue bien acogida por determinados sectores como el cárnico o la pesca, por no ser incluidos y que el diputado Rojas también reprochó a la vicepresidenta. Sin embargo y a pesar de la declaración de Calviño, todavía se observan subidas en muchos de estos alimentos.

Casi un año después de que Pedro Sánchez pusiera sobre la mesa la necesidad de un pacto de rentas para plantar cara a la inflación, el acuerdo no solo no ha llegado, sino que cada vez está más lejos. ¿La culpa? De “las decisiones unilaterales” tomadas por el propio Ejecutivo, según el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ayer alejó aún más la posibilidad de un acuerdo. “Si al final, sobre un montón de cosas que se tenían que haber puesto sobre la mesa, se han tomado decisiones unilaterales, vas dejando atrás la posibilidad de un pacto de rentas”, advirtió Garamendi desde Angola, donde participó en la misión empresarial que ha acompañado a los Reyes de España en su viaje de Estado al país africano. Con sus declaraciones, que se produjeron un día después de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistiera en el Senado sobre la conveniencia de sellar un pacto de rentas con perspectiva plurianual, el presidente de la patronal aludía a las decisiones tomadas a espaldas y con el rechazo de los empresarios, como el impuestazo a bancos y energéticas, el tributo a las grandes fortunas, o la nueva subida del SMI, que desde 2018 ha subido más de un 46% pese a las advertencias de los empresarios y de otros organismos económicos de que ese fuerte incremento eleva aún más los costes de las compañías y se convierte en un freno para crear empleo. A ello se añade la decisión de revalorizar las pensiones un 8,5% mientras se reclama a los empresarios, cada vez más presionados por los sindicatos para elevar los salarios, un pacto de rentas que, para ser realmente eficaz, según el Banco de España, debería incluir a las propias Administraciones Públicas. Todo ello mientras algunos miembros del Gobierno arremeten contra determinados sectores empresariales. En este contexto, en el que las relaciones entre Gobierno y patronal atraviesan sus horas más bajas, Garamendi reprochó al Ejecutivo que no hubiera llamado a la mesa de negociación “al menos” al principal partido de la oposición (el PP), porque “lo lógico” es que un pacto de rentas se diseñe para durar cuatro o cinco años, y no “ocho, nueve o diez meses”.

Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE el pasado noviembre, ha regularizado su situación laboral en la patronal. En sus primeros cuatro años al frente de la organización, Garamendi tenía un contrato mercantil como trabajador del régimen especial de autónomos. Ahora ha firmado un contrato de alto directivo con un sueldo próximo a los 400.000 euros anuales, según confirmó la patronal. El cambio aún está en marcha y no se ha aprobado definitivamente “La situación es anómala y podría ser irregular”, opina un letrado. El pasado mes de noviembre, Antonio Garamendi ganó las elecciones de la CEOE e inició su segundo mandato al frente de la patronal española. Una de las primeras cuestiones que ha llevado ante la junta directiva de la entidad ha sido modificar su relación contractual para pasar de cobrar y cotizar como autónomo a hacerlo como alto directivo con un sueldo próximo a los 400.000 euros al año, según explican media docena de fuentes de la organización empresarial y confirman oficialmente en Diego de León, sede de la patronal española. El aumento supone una mejora del 9% respecto al salario de hace cuatro años, similar a la aplicada al resto de la plantilla de la organización. En sus primeros cuatro años como jefe de los empresarios españoles mantenía una remuneración como presidente, pero a través de un contrato mercantil que situaba al ejecutivo vasco como trabajador en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). En este régimen de la Seguridad Social están inscritas las personas que realicen de forma habitual una actividad económica, siempre que su desempeño no esté sujeto a contrato de trabajo por ninguna empresa. A pesar de que Garamendi preside la CEOE, una organización con ingresos cercanos a los 13 millones de euros y 103 trabajadores, no ha tenido vinculación laboral hasta ahora. Fuentes oficiales de la patronal precisan que el cambio laboral aún está en marcha y todavía no se ha aprobado definitivamente. El Ejecutivo vasco sigue cobrando, por tanto, dietas y factura en concepto de gastos de representación con una retención en el IRPF del 35%.

La hija del presidente de Mercadona no es accionista de la compañía, pero sí una de las herederas, y forma parte del consejo de administración, junto con su madre, Hortensia Herrero, su tío Fernando Roig, sus tres hermanas y un accionista minoritario. Juana Roig, a preguntas de los conductores de un pódcast, se refirió a la cuestión de la sucesión en la presidencia de la cadena de supermercados. Ella es la menor de las cuatro hermanas y una de las dos –junto a Carolina Roig– que desarrollan su carrera en la empresa de supermercados. Hortensia Roig lleva la escuela de empresarios Edem y Amparo Roig es arquitecta. Sobre si aspira a presidir Mercadona “cuando llegue ese momento, y esperemos que quede mucho, veremos. Mercadona es un desafío muy grande”, y añade que “tiene más sentido que sea un ejecutivo que alguien de la familia”. Ser la hija del jefe “es un palo con una parte buena y una parte mala”, afirma. “Tienes la etiqueta, lo sabes, y sé que lo que he hecho en Mercadona online lo he hecho porque tengo este apellido”. Juana Roig –que ha pasado por Inditex y Mango– considera que “lo más relevante de mi carrera es ser hija de mis padres”. Por lo demás, el negocio online de Mercadona ya gana dinero, como adelantó su presidente, Juan Roig, en la última presentación de resultados, y ahora ya se sabe cuánto: tiene un beneficio de seis euros por pedido. La CEO de Mercadona Online, Juana Roig –hija del presidente y máximo accionista– ha revelado su rentabilidad y las expectativas de esta división en una entrevista en el pódcast Itnig, especializado en start up tecnológicas.

El Senado aprobó ayer la Ley de Empleo, y lo hizo con toda urgencia. Hasta el punto de que el Gobierno y algunos de sus socios retiraron todas las enmiendas que habían previsto introducir en la cámara alta. No obstante, el Senado aprobó cinco enmiendas, por lo que la ley debe volver la próxima semana al Congreso de los Diputados, para que sea aprobada definitivamente. El Gobierno ha utilizado el procedimiento de urgencia para la tramitación de la norma, porque quiere cumplir así cuanto antes con una de las reformas que le ha pedido la Comisión Europea para poder enviar a España otra dotación de los fondos europeos. En todo caso, la norma reforma las políticas activas, de apoyo a la creación de empleo. Está orientada a los grupos de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral. También es importante que la ley introduce un obstáculo en el despido colectivo para las empresas, al aumentar el papel de la Inspección de Trabajo en el proceso. Además, todas las comunidades autónomas deberán prestar la misma atención a los desempleados cualquiera que sea su lugar de residencia. En este punto, ningún parado podrá ser discriminado en las comunidades autónomas con lengua cooficial porque sólo habla español. La norma también aumenta la cuantía del salario mínimo interprofesional que es inembargable ante el pago de una deuda. 

Mientras el ministro Escrivá sigue lanzando mensajes acerca de cómo reforzar y consolidar los ingresos del sistema de pensiones, los sindicatos y empresarios expresan su descontento ante la falta absoluta de diálogo y conocimiento de por dónde puede ir la reforma que el ministro quiere tener cerrada a lo largo del presente mes. Hasta el momento, Bruselas está siendo el principal destinatario de los mensajes, el último, el de aplicar un recargo a las rentas más altas y que desde el Gobierno se insiste en que se trata de una propuesta más en el marco de las negociaciones. Fuentes sindicales señalan que la negociación con los agentes sociales está en el dique seco y hace más de dos meses que no se ha convocado por parte del ministro Escrivá la mesa de negociación. La razón de todo ello es que el Ejecutivo tiene un conflicto interno que no logra resolver, “un conflicto entre los socios de Gobierno, que podría hacer peligrar que un hipotético acuerdo cuente con el respaldo suficiente en la tramitación parlamentaria”, algo que estuvo a punto de suceder con la reforma laboral, aprobada in extremis.

La mascarilla dejó ayer de ser obligatoria en el transporte público. Este elemento, que irrumpió el 21 de mayo de 2020 como una de las principales barreras contra la covid, comienza a ser cada vez más anecdótico. Mientras tanto, los fabricantes y vendedores de cubrebocas se encuentran en un momento crítico, ya que las ventas han caído drásticamente. “Si no tienes un cliente que consuma diariamente, como residencias u hospitales, ya no tienes ninguna opción”, lamenta Belén Fernández, directora de la asturiana Fortia, que llegó a producir alrededor de 180.000 mascarillas al día. Basta un paseo por los locales de algunas tiendas madrileñas para ver que estos comercios no pasan por su mejor momento. Algunas, como un pequeño establecimiento en la plaza de Manuel Becerra, han sustituido las mascarillas del escaparate por velas aromáticas. “No se venden ya”, apunta una empleada que no quiere dar su nombre. Otras, como la tienda en la estación de cercanías de Delicias, han cerrado. Fernández cuenta que “es imposible de recuperar” la inversión inicial —de un millón de euros— que se requirió para poner en marcha la fábrica. En marzo aún conservaban una plantilla de 32 personas, con capacidad de producir al día 35.000 mascarillas del tipo FFP2 y 150.000 quirúrgicas. La caída más fuerte de las ventas la sufrieron, según la directora, en el último trimestre del año pasado. Actualmente, solo cuentan con cuatro empleados, y trabajan bajo demanda. Fuentes de Fortia afirman que no se han planteado reorientarse hacia otro tipo de producción y tratan de no sumarse a las dos de cada tres empresas que ya han cerrado desde el verano, según la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPIS (OESP).

La magnitud del terremoto que ha arrasado pueblos y ciudades enteras en Turquía y Siria no se mide solo por la escala de Richter, donde el lunes arrojó 7,8 grados, sino también por la terrible cifra de víctimas. Ayer se superaban ya los 12.000 fallecidos y los 52.000 heridos, aunque las autoridades asumían la imposibilidad de calcular la cantidad real. El drama sigue. El número de víctimas crece con cada recuento oficial de las consecuencias de un seísmo –y de sus réplicas, que pasan de las 600– que se ha convertido en el más mortífero del mundo desde 2011, cuando Japón lamentó 18.000 muertes y un tsunami que hizo saltar todas las alarmas con los destrozos causados en la central nuclear de Fukushima. Los potenciales damnificados podrían rondar los 23 millones de personas. La búsqueda de supervivientes se ha vuelto desesperada, angustiosa, ante lo inabarcable de la destrucción y las bajas temperaturas, que no hacen sino acelerar el riesgo de hipotermias fatales entre los damnificados que luchan por vivir bajo los escombros. El paso del tiempo, más de tres jornadas desde el primer terremoto, con epicentro en la provincia de Kahramanmaras, al sur de Turquía, es el enemigo. Las 72 horas iniciales son críticas, y ya se cumplieron esta pasada madrugada. La ola de frío deja además temperaturas de varios grados bajo cero en zonas como Gaziantep, al sudeste de Anatolia, y nevadas en diversos puntos. Unas «severas condiciones meteorológicas», alertó la Media Luna Roja turca, que también ponen en riesgo a aquellas personas que duermen al raso en calles, parques o mercados callejeros tras quedarse sin techo.

La esperada calma después de la tormenta ya es un hecho consumado en China, según las autoridades. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) asegura que la ola de infecciones de covid-19 ha remitido y que “no hay evidencias” de que se haya producido el temido incremento exponencial de casos durante las celebraciones por el Año Nuevo lunar del que alertaban los expertos. La abrupta flexibilización de las medidas impuestas durante tres años para frenar la propagación del coronavirus provocó a finales de diciembre un tsunami de contagios sin precedentes que puso al sistema sanitario del gigante asiático contra las cuerdas. En las últimas semanas, el Gobierno, que calcula que entre el 8 de diciembre y el 2 de febrero más de 1.100 millones de chinos contrajeron la covid y más de 80.000 fallecieron, afirma que los números muestran una tendencia a la baja y, a través de los medios de comunicación estatales, envía mensajes de una ostensible mejora de la situación. “El acusado descenso en la cifra de muertes e infecciones por covid-19 indica que China ha salido de la actual oleada”, aseveró un funcionario del CDC citado el domingo por el rotativo nacionalista Global Times. Según las estadísticas oficiales, 3.278 personas fallecieron entre el 27 de enero y el 2 de febrero, casi la mitad que la semana anterior (20-26 de enero), período en el que se registraron 6.364 decesos.

En la actualidad los chips tienen más de 10.000 millones de transistores, unos pequeños interruptores que hacen que la corriente se traduzca en código binario y así los smartphones, portátiles, tablets, aviones o electrodomésticos puedan rendir como lo hacen actualmente. ¿Cómo es posible construir esos pequeños dispositivos tan complejos? «Es gracias al trabajo de Alberto Sangiovanni Vincentelli», responde Ronald Ho, director sénior de Ingeniería del Silicio de Meta y secretario del jurado del Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este científico italoamericano ha recibido el reconocimiento de la Fundación BBVA por «haber transformado radicalmente» la creación de chips y «automatizar su proceso de diseño y construcción». Cinco décadas de trabajo e investigación en la Universidad de Berkeley que convirtieron las obleas de silicio, que en la década de los 70 se hacían artesanalmente, en auténticos microprocesadores. «Estos circuitos electrónicos son los que realizan los complejos cálculos de nuestros ordenadores, muestran el canal de televisión que pulsamos en el mando a distancia o encienden una luz de alerta cuando la presión del coche está baja», apuntan los miembros del jurado.