20230301

“Todavía no podemos cantar victoria en el control de la inflación”, advirtió recientemente la consejera alemana del BCE Isabel Schnabel, frase que ayer cobró especial relevancia en España tras conocerse el dato adelantado del IPC de febrero, que muestra cómo los precios han vuelto a acelerar su escalada tras la senda de moderación iniciada meses atrás. El índice de precios de consumo (IPC) se aupó el mes pasado hasta el 6,1% en tasa interanual, dos décimas más que en enero y su segundo esprint consecutivo, devolviendo la subida de precios hasta niveles inéditos desde mediados de 1992; esto es, en más de tres décadas, según el dato avanzado ayer por el INE. Y aún más preocupante resulta el imparable avance de la inflación subyacente, que el mes pasado se disparó hasta el 7,7%, 1,6 puntos por encima del IPC general, dos décimas más que enero y la tasa más alta desde que existen registros (1986). Un dato que excluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos sin elaborar, y que, por tanto, refleja el componente más estructural de la subida de precios. En otras palabras, el indicador muestra que la espiral de costes y precios con origen en la energía se ha incrustado en todos los recovecos de la cesta de la compra, provocando incrementos que costará tiempo y grandes esfuerzos revertir. Los principales culpables del avance del IPC general en febrero (aunque no los únicos) volvieron a ser el precio de los alimentos, que acumula subida tras subida (un 15,4% en enero), sin apenas efecto apreciable hasta ahora de la bajada del IVA de algunos productos básicos que entró en vigor a principios de año, y el renovado encarecimiento de la electricidad, verdadera pesadilla para las familias en 2022 y que, pese a las medidas paliativas adoptadas por el Gobierno, entre ellas el mecanismo ibérico, sigue cercenando su poder adquisitivo. El IPC de febrero evidencia que el problema de la cesta de la compra está aún lejos de resolverse, fruto de una inflación reptante que se acumula. 

El euríbor, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, despide febrero con una subida diaria de otras 45 milésimas, en el 3,725%, evidenciando que la temida barrera del 4% ya es más una realidad que una mera previsión de los expertos. Tras el nuevo repunte del último día del mes, la media de febrero queda definitivamente en el 3,534%, unos niveles que no se veían desde noviembre de 2008. Detrás de este alza constante del euríbor se haya la escalada de los tipos de interés, que están en el 3% con el objetivo de amortiguar el escenario inflacionista desatado fundamentalmente desde la invasión militar de Rusia en Ucrania. Pero, ¿cómo afecta esta enésima subida a los ciudadanos que tengan una hipoteca variable contratada? En concreto, si recurrimos al simulador de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) para conocer a cuánto asciende el sobrecoste mensual de un guipuzcoano que deba revisar su préstamo, por ejemplo a 26 años, con este indicador de febrero –y por un importe promedio que ronda los 157.000 euros en el territorio según el INE–, la cuota mensual arroja un encarecimiento de 296 euros de media. Eso, llevado a todo un año, supone 3.552 euros más de media para las hipotecas de 122.000 vascos, aunque cabe recordar que la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial (en este caso hemos aplicado euríbor +1%) que tenga comprometido cada ciudadano con su banco. Este complejo entorno ha terminado por desbaratar por completo el presupuesto de las familias, que cada vez tienen que destinar mayor parte de sus ingresos al pago de su vivienda. 

Los sindicatos CCOO y UGT propondrán hoy a la patronal CEOE una subida salarial para la renovación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva para el trienio 2022-2024. En ella, los sindicatos propondrán la aplicación de una cláusula salarial que tenga en cuenta una eventual desviación de los precios respecto a la media de la retribución pactada. Y, en segundo lugar, que la empresa o el sector estén en una buena situación económica, que tengan beneficios, para poder atender la revisión salarial conforme a la inflación real. Es decir, que los negociadores tengan en cuenta la situación de la empresa para ver si puede atender, o no, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios respecto a la inflación y que ello no se traduzca en destrucción de empleo. Con ello, los sindicatos esperan responder al rechazo de CEOE de aplicar una cláusula de revisión salarial, en todas las empresas y sectores, para mantener el poder adquisitivo de los salarios. El problema está en acordar entre los negociadores cuándo está una empresa en condiciones de responder a la desviación de la inflación. CCOO había propuesto que el Gobierno elaborase un indicador con datos de Hacienda y de la Seguridad Social para determinar la situación de la empresa. En principio, CCOO y UGT tenían previsto plantear hoy un incremento salarial para el trienio comprendido entre 2022 y 2024, con una horquilla de entre el 13% y el 15% con una subida anual de en torno al 4,5%, pero anoche seguían discutiendo la plataforma salarial. 

Hace apenas dos años la empresa estuvo al mismo borde de la quiebra. En el verano de 2021 el Gobierno aceptó inyectar 113 millones de euros y propiciar su rescate, tras acumular pérdidas abrumadoras en los últimos ejercicios. En 2022 todo ha girado 180 grados y la empresa alavesa dedicada a la fabricación de tubos sin soldadura ha ganado 43,5 millones de euros. Es el mejor resultado económico desde 2008 y el primero en beneficios desde 2015. En esos siete años negros la compañía acumuló la cifra de 352 millones de euros de pérdidas. Su prolongado bache estuvo causado por dos efectos combinados. El primero fue la paralización mundial de las inversiones en los sectores de petróleo y gas –al que se dedica buena parte de la producción de la empresa–, como consecuencia de los bajos precios de los hidrocarburos. Con precios bajos se cierran pozos y no se invierte en otros nuevos. Eso ha cambiado. La guerra de Ucrania ha provocado un considerable aumento de los precios de los combustibles y con ello ha vuelto la alegría inversora, al tiempo que se aceleran los trabajos para mejorar la infraestructura que dé garantía al suministro de gas fuera de Rusia. El segundo elemento que tumbó el negocio de Tubos Reunidos fue la decisión de Donald Trump de aplicar un arancel del 25% a las importaciones de acero en Estados Unidos en 2018, que era el principal mercado de la firma. Aquello fue una puntilla en un momento que era delicado. Pero la administración de Biden ha eliminado ese arancel y lo ha transformado en un sistema de cuotas negociado con la UE, que ha llegado en un momento providencial. Justo cuando se disparaba la demanda de tuberías para equipar nuevos pozos de explotación de petróleo y gas o reparar los que habían estado inactivos durante un largo periodo de tiempo. En ese contexto, la firma cerró ventas por importe de 514 millones de euros, el doble que en el ejercicio anterior y un 53% de esos ingresos llegaron del mercado norteamericano, el principal destino histórico de sus tubos. Y no solo ha habido recuperación del volumen de ventas en toneladas, sino también una importante mejoría en los márgenes, especialmente en la segunda mitad del año. Pese al aumento de costes de las materias primas y de la energía, la empresa ha conseguido mejorar de forma sensible los precios de venta para devolver la cuenta de resultados a los números positivos. Ver nota Tubos Reunidos. 

La empresa alavesa Vidrala, productora de botellas de Vidrio que tiene su sede principal en Llodio, consiguió mejorar el pasado año sus resultados económicos pese al importante aumento que han experimentado las materias primas y también los suministros energéticos que en su sector son un elemento crítico. La empresa obtuvo un beneficio neto de 153,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7% en comparación con el ejercicio anterior. La salida de la pandemia y en especial la recuperación de la actividad en la hostelería provocó el pasado año un importante tirón en al demanda de envases de vidrio, que tuvo su reflejo en un aumento del 19,5% en las ventas del grupo, hasta alcanzar la cifra de 1.346 millones de euros. La mejoría del mercado y los importantes planes de crecimiento de la compañía presidida por Carlos Delclaux han tenido una repercusión directa en su cotización bursátil, que ha mejorado en torno a un 20% desde principios de 2021. Ayer, incluso, la cotización marcó un máximo histórico al cerrar cada título de Vidrala en 100,20 euros. Es la primera vez que las acciones de esta firma superan los 100 euros y ello ha permitido que su valor en Bolsa se sitúe también por encima de los 3.000 millones de euros. Vidrala anunció recientemente un ambicioso plan de expansión en Brasil, con la compra del 29,3% de la firma Vidroporto.

La actividad de la construcción en Euskadi aumentó el año pasado un 11,1 % en relación con 2021, gracias al incremento de la obra civil (19,8%) muy superior al registrado por la edificación (9,8%). El año pasado el personal empleado en este sector fue un 1,3 % superior al que había el anterior, según ha informado este martes el Instituto Vasco de Estadística-Eustat. El incremento anual de la actividad es superior al experimentado en 2021 respecto al año anterior, del 7,2%, un año en el que la subida se basó más en la edificación, fundamentalmente la construcción de viviendas, (+7,8%) que en la obra civil, es decir infraestructuras, (+3,6%), a diferencia de lo ocurrido en 2022. El incremento anual se ha dado después de que en el cuatro trimestre de 2022 la actividad de la construcción en Euskadi fuera un 16,1% superior a la del mismo trimestre de 2021. Si se compara con los tres meses anteriores la actividad aumentó un 3,6%. Este crecimiento interanual confirma la evolución ascendente continua del sector a lo largo de 2022. El primer trimestre marcó un crecimiento del 7,2%, el segundo del 8,4% y el tercero del 11,5%. El incremento interanual en los últimos tres meses del año pasado se explica tanto por el comportamiento de la edificación, con un crecimiento del 14,4%, como, especialmente, de la obra civil, que subió el 26,6 % en relación con el mismo periodo del año anterior.

La expansión de Júndiz relegada. Y con ella la posibilidad de que Vitoria pueda ofertar parcelas de más de 100.000 metros cuadrados para reforzar su músculo logístico, las conocidas como XXL. Son, en trazo grueso, los ‘debes’ más significativos que los empresarios han identificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y que intentarán frenar. El gran documento urbanístico, aprobado con carácter inicial el 8 de febrero, y no definitivo al menos hasta 2025, será recurrido por SEA Empresas Alavesas. La patronal ha optado por apoyarse en un servicio jurídico externo para realizar el análisis a fondo de la última modificación del PGOU. «Ya se ha aprobado en pleno (de su Junta Rectora) y hoy (por ayer) se procederá a contratar el servicio», confirman fuentes de SEA. La explicación, la ya expuesta en este medio: «Se da el paso por la importancia de este plan y tras observar, inicialmente, que falta suelo industrial». La cuestión es que ese «análisis profesional» permitirá apuntalar las alegaciones, que podrán presentarse hasta el próximo 1 de junio. El foco esta puesto sobre Júndiz, el mayor parque empresarial de Euskadi, con más de 6 millones de metros cuadrados. De forma explícita el PGOU sólo prevé una ficha con el reagrupamiento de dos pequeñas parcelas que generarían un incremento de 8.543 metros cuadrados respecto a la ordenación anterior. Irrisorio. Ahora bien, sí contempla que su gran expansión está vinculada al desarrollo de la intermodal ferroviaria y al macropolígono aeronáutico VIAP. El primero, aparentemente, a buen ritmo. El segundo, en tierra de nadie. El alcalde Gorka Urtaran respondió con cierto desapego hace dos semanas a las críticas de los empresarios –sus alegaciones «se estudiarán como todas las demás», dijo–. Más conciliador fue el diputado general, Ramiro González, que calificó de «relevante la posición de los agentes económicos».

El proceso burocrático para la ejecución de un parque eólico en la sierra que rodea Zalla, Gordexola y Güeñes ya está en marcha. El Gobierno vasco acaba de cerrar el plazo abierto en enero para que se presentaran propuestas alternativas a la planteada a comienzos de año por la firma Euskal Haizie sin que haya aparecido competencia. El proyecto entra así en fase administrativa, decisiva para aclarar su futuro: Lakua debe determinar a lo largo de los próximos meses si autoriza, o no, unos molinos que están generado una importante controversia en los municipios implicados. El proyecto se encuentra aún en fase embrionaria, pero ya se sabe que supondría levantar en la zona montañosa comprendida entre los parajes de Las Llanas, Alto Rigadas y el monte Ilso Eguen seis aerogeneradores de más de 100 metros de altura con sus correspondientes turbinas y palas de unos 80 metros de longitud para generar una potencia de 36,6 megavatios. La voz cantante contra el plan la ha asumido el Ayuntamiento de Zalla, gobernado por el PNV. El alcalde, Juanra Urkijo, viene haciendo un «llamamiento a la tranquilidad» por los numerosos filtros que debe superar aún el proyecto antes de que el Gobierno vasco que lidera su propio partido le dé luz verde. Pero, por si acaso, ya ha advertido de que ubicar los aerogeneradores en la zona supondría «una grave afección al patrimonio natural y paisajístico». La plataforma vecinal ‘Enkarterrin Parke Eolikorik Ez’ también ha instado a los municipios a solicitar la paralización añadiendo otra pega: la zona está habitada por fauna incluida en el Catálogo Vasco de Especies Protegidas. Por ejemplo, «el lagarto verdinegro y el murciélago de herradura». Superado el periodo de consulta previa, el Gobierno vasco debe entrar ahora al fondo del asunto. 

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (Campomanes, Asturias; 59 años), recibe a El País  unas horas antes de que el Gobierno aprobara ayer los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) que abren la puerta a la instalación de aerogeneradores en el mar. Y, aunque es algo todavía incipiente, también se han constituido ya plataformas de oposición a este tipo de proyectos. El alto cargo socialista reflexiona sobre la corriente contraria a la implantación de parques eólicos y solares que cada vez resuena con más fuerza en las zonas rurales del país. "Hay oposición a parques fotovoltaicos en tierra, a parques eólicos en tierra y lógicamente no es distinto en el mar. Es una cosa parecida. ¿Es esto algo que deba de llevarnos a la conclusión de que no se pueden desarrollar actividades? No. Siempre ha habido oposición a la ubicación de aeropuertos, de autovías, de trazados de ferrocarril, de plantas de depuración de aguas residuales, de estaciones de gestión de residuos... Todo el mundo es consciente de que necesita esas infraestructuras, esos equipamientos y esas actividades para satisfacer sus necesidades de calidad de vida, pero a nadie le gusta que se ubiquen en el entorno en el que vive y al que históricamente ha conocido de una forma concreta... Se ha acuñado esa frase de “eólica sí, pero no así”. Y yo creo que en realidad lo que se quiere decir es “eólica sí, pero no aquí, sino allí”. Pero cuando tú vas allí, el que vive allí te dice exactamente lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que vivir en comunidad obliga a que seas lo suficientemente solidario como para entender que tu calidad de vida tiene unos límites a partir de los cuales estás aportando solidariamente calidad de vida a los demás..."

El Ministerio de Transición Ecológica ha reservado un total de 103 kilómetros cuadrados en un perímetro de más de 42.000 metros frente a la costa vizcaína para el desarrollo de parques eólicos marítimos. Será la única parcela que afecte a Euskadi dentro del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que, después de cinco años de trabajos, ayer aprobó el Consejo de Ministros. Se trata de un espacio que se sitúa a 10 kilómetros de Plentzia y donde ya estaba prevista la instalación de tres aerogeneradores flotantes, en el conocido como proyecto Geroa que impulsa la compañía Saitec. La parcela tendrá, además, un uso destinado a la innovación y tareas de I+D y se convertirá en una ampliación de BIMEP, el espacio en la costa de Armintza en el que el Gobierno vasco participa a través del EVE (Ente Vasco de la Energía) para desarrollar proyectos de investigación en energía marina, como la de las olas. Las cifras de esta iniciativa son descomunales, como todo lo que tiene que ver con la eólica marina (offshore). Y es que en esta superficie se prevé instalar tres aerogeneradores de 15 MW cada uno y una altura de 260 metros. Gigantes en el mar que se sustentarán sobre plataformas flotantes de cerca de una hectárea. Los números son un salto cuantitativo enorme sobre la eólica terrestre (onshore). El molino de tierra más grande desarrolla una potencia tres veces menor, 5 MW, y en altura ronda el centenar de metros. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que dibuja el mapa de las costas españolas e identifica los lugares idóneos para desarrollar parques eólicos marinos. España no es una de las mejores zonas de Europa para este fin porque su fondo es bastante profundo y se complica la instalación de aerogeneradores anclados, como en Reino Unido y la península escandinava. Por eso se hace necesario desarrollar la tecnología de los molinos flotantes. Sobre el diseño inicial de estas zonas que aprobó el Ministerio de Transición Ecológica en verano de 2021 se ha producido un serio recorte, tras las alegaciones de administraciones, ecologistas y cofradías de pescadores. Así, de los 4.400 kilómetros cuadrados que había en la zona de Galicia y del Cantábrico, el espacio definitivo ha quedado en 2.680 kilómetros cuadrados.

La embajadora alemana mostró el claro respaldo de su país a la transformación energética en el foro Objetivo Actualidad que organizan El Correo y Petronor. Sobre la guerra de Ucrania fue menos optimista. «Será larga». La embajadora de Alemania destaca las oportunidades de colaboración que se abren con Euskadi en energía. Su intervención versaba sobre ‘La transición energética, clave para una Unión Europea segura y fuerte’, un asunto que cobra especial relevancia cuando se cumple un año de la invasión de Ucrania, que ha puesto en evidencia la excesiva dependencia del gas ruso de países como Alemania, con un peso del 60% en el suministro. La embajadora defendió la rapidez con la que se ha reaccionado para cortar esta vinculación, a la vez que incidió en que el futuro debe ser renovable por razones medioambientales, de seguridad de aprovisionamiento y de rentabilidad. «Ya no es una cuestión de ideología sino de negocio», afirmó. En este contexto, Gosse destacó las oportunidades de colaboración que se abren entre empresas vascas y alemanas en materias como el hidrógeno verde, una fuente renovable llamada a ser la gran alternativa de futuro, liderada en Euskadi por grupos como Petronor. A preguntas de Adolfo Lorente, jefe de Política y Economía del diario que moderó el coloquio, la embajadora admitió que Alemania había tenido que hacer «autocrítica» por su fuerte dependencia de Rusia. «Al día siguiente de la invasión se dio un giro de 180 grados en la actitud con ese país», apuntó.

La presidenta de REE (operador del sistema eléctrico y transportista), Beatriz Corredor, aseguró ayer que el acuerdo entre los reguladores sectoriales de España (CNMC) y Francia (CRE) sobre el reparto de costes del proyecto de interconexión submarina por el golfo de Bizkaia “es inminente”. En una rueda de prensa para la presentación de las cuentas de 2022, que se saldaron con una caída del beneficio un 2,3%, hasta 664,7 millones, por el recorte de la retribución de las redes aprobado en 2019 por la CNMC, Corredor informó de que, cuando este acuerdo se firme, “podremos lanzar los contratos pendientes”, se suministros o servicios de la infraestructura, que construirá Inelfe, empresa participada al 50% por REE y RTE, su homóloga francesa. Preguntada por el sobrecoste del 80% que arrastra el proyecto respecto a presupuesto inicial, hasta 1.700 millones, según informó en enero REE a CNMC, Corredor aseguró “que no hay sobrecostes”, sino “un incremento de precios de los componentes del cable, en un mercado muy tensionado, sobre todo, por la demanda de la eólica marina del norte de Europa”. La presidenta de REE (filial del grupo Redeia) recordó que la compañía no forma parte de estas negociaciones, “a muy alto nivel”, de los reguladores. En ellas se dirimen las rentas de congestión que decidirán estos organismos. Aunque el plazo para la construcción de la infraestructura se había fijado para 2026, Beatriz Corredor asegura que, a finales de ese año, el cable estaría terminado, “al menos, en un sentido”. Lo que sí será necesario es revisar las ayudas de la UE, que terminan en 2026.

La constructora Ferrovial, una de las grandes cotizadas del Ibex-35, anunció ayer su intención repentina de trasladar su sede social (el domicilio de la firma a efectos fiscales, entre otras derivadas) desde España a Países Bajos. Lo hará bajo el argumento de que la mayor parte de su negocio lo genera en el extranjero. El grupo también ha expuesto ante los inversores que se va a ese país por tener «un marco jurídico estable» en el plano legal y de estabilidad para el negocio; y una «calificación crediticia AAA», esto es, la máxima nota posible en el termómetro que manejan los grandes fondos de inversión. El traslado de la sede social supone una de las grandes decisiones de una empresa y supone un punto de confianza de la compañía al destino jurídico al que se dirige. Así ocurrió, por ejemplo, cuando varias grandes compañías trasladaron su sede social desde Barcelona a otras ciudades, como Madrid o Valencia, por el proceso independentista catalán de 2017. El cambio, que será sometido a votación en la próxima junta de accionistas no estaba previsto en ningún plan estratégico del grupo y hasta ahora sus ejecutivos no habían hecho mención alguna a esta posibilidad. Formalmente, el órgano ejecutivo, presidido por Rafael del Pino, ha realizado esta propuesta al indicar que un 82% de sus ingresos y un 96% de su valor bursátil se encuentra en el exterior. Para realizar ese traslado, el consejo ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial International, sociedad anónima europea neerlandesa que es titular del 86% de los activos de la compañía. El objetivo formal de Ferrovial, que ha ganado 186 millones en 2022 (un 84% menos) pasa por cotizar en Países Bajos y posteriormente dar el salto al parqué de EE UU. Sin embargo, la empresa no ha aclarado en su comunicación al mercado por qué no da el salto a la Bolsa estadounidense directamente sin tener que pasar por otro país europeo. Entre las modificaciones que supondrá el cambio de domicilio se encuentra la relacionada con la tributación. Al trasladar la sede social a Países Bajos, Ferrovial dejará de pagar los impuestos que hasta ahora liquidaba ante la Hacienda española, aunque el grupo aclara que no tendrá un «impacto fiscal relevante» ya que supondrá entre un 1% y un 1,5% del pago anual. Los últimos datos disponibles indican que Ferrovial tiene 15 trabajadores en Países Bajos y una mínima parte de sus ingresos proceden de ese territorio.

El grupo automovilístico Volkswagen, que cuenta con plantas de producción en Barcelona y Navarra, pidió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que apoye al sector en su cruzada para cambiar la normativa de emisiones Euro 7 que la Unión Europea está preparando para que entre en vigor a partir de mitad de 2025. El motivo, ha explicado el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, es que la norma afectará en mayor medida a los coches pequeños, un tipo de vehículo del que viven muchas fábricas en nuestro país. “Su implantación puede suponer un incremento del precio de los coches de 2.000 euros, algo que en un vehículo de 50.000 no supone lo mismo que en uno de 15.000 o 17.000. Puede afectar muchísimo a la competitividad de esos coches [los pequeños y baratos de combustión] y poner en riesgo su fabricación. El Gobierno español en este tema debe ser particularmente beligerante, porque si se mira el mapa de producción en España, en nuestro país se ensamblan sobre todo coches pequeños y medianos. Esos son los coches que se verán más afectados por la normativa”, señaló el directivo en un encuentro con periodistas en el que estuvo CincoDías. El empresario incidió en la posibilidad de que la norma suponga el cierre de fábricas o líneas de producción dentro de estas. Según explica el sector, los vehículos de mayor tamaño ya cuentan con complejos sistemas de reducción de emisiones, algo que los coches pequeños a día de hoy no llevan porque no los necesitan, ya que por su tamaño consumen menos y por tanto contaminan menos. Con la nueva norma Euro 7, los automóviles más grandes tendrán que reajustar sus sistemas, pero eso es más barato que introducirlo desde cero en un coche que no cuenta con ello. De ahí que, según los fabricantes, la medida afectará en mayor medida a los coches pequeños y compactos, que el año pasado supusieron un 60% de las ventas en España.

Las compañías del Ibex han cerrado con ganancias récord por segundo año consecutivo, pese a la incertidumbre económica y los mayores costes, gracias al repunte de los precios energéticos tras la invasión rusa de Ucrania; las subidas de tipos que han espoleado a la banca; y la intensa recuperación del turismo después del golpe del Covid. 2021 y 2022 se caracterizaron por el fuerte impacto de factores atípicos, que el primer año fueron en general positivos y lastraron, en parte, el resultado del pasado ejercicio. Aun así, tanto el beneficio neto como, sobre todo, el resultado bruto de explotación (ebitda), que excluye los elementos no recurrentes, han cerrado en cotas históricas. A falta de Cellnex e Inditex, las grandes cotizadas obtuvieron un beneficio neto global de 51.966 millones de euros en 2022, lo que supone un descenso del 9%. La caída se debe a los elevados extraordinarios positivos que anotaron en 2021 Telefónica (venta de Telxius y fusión de su filial británica); ACS (traspaso de su filial Cobra a Vinci); Ferrovial (aumento de la participación en una autopista de EEUU); CaixaBank (compra de Bankia); Bankinter (OPV de Línea Directa); y Unicaja (fusión con Liberbank). No obstante, Telefónica mantuvo su beneficio operativo subyacente en los niveles de 2021; ACS elevó un 66% su resultado ordinario; Ferrovial subió el ebitda un 19%; y los tres bancos elevaron el beneficio ajustado entre el 28% de Bankinter y el 89% de Unicaja, pasando por el 33% de CaixaBank. Pese al impacto de los atípicos, las ganancias netas del Ibex duplicaron con holgura las de 2019, antes de la pandemia (23.000 millones), lo que demuestra que la crisis está más que superada.

Los colegios vascos han recibido 12.106 solicitudes de matrícula para el curso 2023/2024 en el aula de 2 años. Se trata de un incremento de 482 alumnos (un 4,14% más) respecto al curso anterior, cuando se registraron 11.624. Son datos provisionales que corresponden al periodo de prematrícula que concluyó el pasado viernes 24 de febrero. Los definitivos se conocerán en mayo. Así lo expuso ayer el consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz. En un contexto de descenso de la natalidad, este aumento en el número de escolares puede resultar sorprendente. Más si se tiene en cuenta que la matrícula para el aula de dos años del curso que viene corresponde a los niños nacidos en 2021. Según el Eustat, nacieron 14.247 niños y niñas en Euskadi, 492 menos que en 2020. Una posible explicación para esta aparente contradicción es la «normalización» de la vida respecto al coronavirus. La situación sanitaria pudo empujar, según aseguró Bildarratz, a muchas familias a no escolarizar a sus hijos en el aula de 2 años, toda vez que no es obligatorio hasta los seis aunque lo habitual es llevarlos a los tres. El responsable de Educación compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno para dar cuenta de la aprobación del nuevo decreto de planificación escolar. Los centros tendrán un periodo de adaptación para adecuarse de manera «progresiva» a los nuevos criterios. Bildarratz destacó algunas novedades de la nueva normativa. Entre ellas, mencionó que el concepto de mapa escolar es ahora «más flexible» para poder dar respuesta a los cambios sociodemográficos que se vayan dando en el futuro.