20230515

En Euskadi, la eólica y la fotovoltaica podría generar al menos 17.470 nuevos puestos de trabajo directos, a razón de 5.680 en el caso de las placas solares y otros 11.790 en los parques de molinos. Las cifras son sencillas de calcular. El IDAE cifra en 11,79 empleos por cada MW de potencia instalada en energía eólica, de la que el Gobierno Vasco cree que se podrían levantar en los próximos veinte años al menos 1.000 MW, mientras la fotovoltaica, de la que se esperan otros tantos megavatios, aporta 5,68 empleos por cada uno de ellos. La biomasa o la geotermia, que en el PTS resultan casi marginales, son muchísimo más intensivas en empleo (sobre todo rural), a razón de 17,49 y 447,54 puestos por MWW, según el IDAE, con lo que si se terminan desarrollándose en el País Vasco añadirían no poco empleo a este arreón verde. «Más allá de los indudables beneficios ambientales ligados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el desarrollo de las renovables «tiene unos importantes efectos positivos sobre el desarrollo social, la creación de empleo, la fijación de la población en el territorio y la descentralización económica», asegura el documento del Gobierno Vasco, que insiste en que estas energías limpias «son una fuente de empleo en todas sus fases». Una senda, añade el documento, «que va desde la propia planificación y desarrollo de proyectos de ingeniería hasta la explotación de las instalaciones, pasando por los estudios de recursos, la fabricación de los elementos de los parques y el montaje y mantenimiento de los mismos».

El Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables, aprobado por el Gobierno Vasco la semana pasada en su versión inicial y que establece dónde se podrían desarrollar parques fotovoltaicos y eólicos en Euskadi –y sobre todo, donde no se podrá– fija 19 ubicaciones en el territorio guipuzcoano para estas dos tecnologías (a las que se suman cuatro ligadas a las energías del mar) de las 110 localizadas a lo largo y ancho de Euskadi. ¿Porqué las guipuzcoanas son menos si se comparan con las 42 de Álava o las 56 de Bizkaia? La respuesta es abrumadoramente sencilla: el territorio es más pequeño y no ofrece precisamente las mejores condiciones para ello. Como explica Zigor Urkiaga, director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Gobierno Vasco, para que el PTS señale una zona como susceptible de acoger un parque eólico o fotovoltaico, lo primero que hace falta es «recurso». Dicho de otro modo, viento o sol. Eso, añade, «y que no exista ningún impedimento urbanístico» o de otro tipo, como por ejemplo alguno medioambiental. Al mismo tiempo, aclara, las zonas susceptibles de acoger proyectos renovables «han de contar con la necesaria infraestructura de evacuación». «Nadie va a montar un parque si no hay una subestación próxima para engancharse a la red», dice. En cuanto al sol hay poco que explicar, asegura Urkiaga, pues es más que evidente que la llanada alavesa gana por goleada en insolación a, por ejemplo, el Goierri. Pero es que además, apunta, «la orografía guipuzcoana, con valles profundos y laderas muy inclinadas» hacen más complicada la instalación de paneles solares, que son sieempre más eficientes en grandes superficies llanas.

Por primera vez en la historia, el número de proyectos de fotovoltaicas y eólicas en España ha bajado. Según datos de Red Eléctrica, la empresa del hólding Redeia que concede los permisos de acceso a las líneas de luz de esos proyectos, y que monitoriza mes a mes el estado de las conexiones, el pasado mes cerró con un total de 176.100 megavatios (MW) de renovables en España, ya operativos o cuya incorporación al sistema eléctrico está prevista en los próximos meses. Esa cifra supone 13.700 megavatios menos que los que había contabilizados en febrero de este año, el mes en el que en España se alcanzó el récord de proyectos, con una cifra de 189.800 megavatios. ¿Qué ha pasado para que, de repente, y por primera vez, se esfume en torno a un 8% de la capacidad prevista de renovables? Redondeando y asumiendo que la cancelación de proyectos ha continuado en mayo, supondría una mortalidad de casi uno por cada diez megavatios. Esa criba es resultado de las exigencias de permisos medioambientales, entre otros factores. En febrero, aquellos proyectos que no hubieran logrado permiso medioambiental quedaban, directamente, descatalogados a efectos de lograr otros permisos, como el de acceso de conexión. Hasta ahora se desconocía el efecto real de esa criba. La desaparición de proyectos ha sido mucho más intensa en fotovoltaicas, donde han desaparecido unos 10.000 megavatios. En febrero, había 102.800 megavatios fotovoltaicos preparados para conectarse, y ahora hay 92.300, aunque apenas ha habido enganches.

La subida de precios es generalizada en estos años marcados por la inflación pero en el caso de los coches el encarecimiento es impactante. Su media se sitúa ahora en los 23.531 euros, según la última estadística de la Agencia Tributaria Española, casi un 40% por encima de los 17.099 que se pagaban en 2017. Este incremento viene motivado por varios factores como la transición hacia los híbridos y eléctricos, el alza de las materias primas derivada de la invasión de Ucrania, el mayor nivel de equipamiento de los vehículos y la crisis de los chips, que ha llevado a los marcas a priorizar los modelos que les dejan más margen. La subida ha permitido a los fabricantes lograr beneficios récord pese a que el volumen de ventas está muy por debajo de antes de la pandemia. La escalada de precios se intensificó a finales del año pasado, de forma que solo en 2022 los coches se encarecieron un 8,3% de media, de acuerdo con la Agencia Tributaria. En el arranque de este 2023 la subida se ha ralentizado. Eso es al menos lo que reflejan los datos del INE, que recogen una variación intermensual nula en los últimos tres meses tras un ascenso vertiginoso. El aflojamiento puede deberse a que el suministro de chips ha mejorado, por lo que hay más oferta para atender la demanda. Pero no se vislumbra un abaratamiento. Al contrario, la entrada en vigor en 2025 de la nueva normativa de emisiones Euro7 amenaza con otra vuelta de tuerca. Según señalan en Faconauto, la patronal de concesionarios, «uno de los principales motivos que explican esta subida es la transición desde los diésel y gasolina a los híbridos y eléctricos, que son más caros».

Hay consenso en el automóvil: el comienzo del año ha sido “muy bueno”, más de lo esperado, pero no es suficiente para cambiar las previsiones de ventas de 2023 que se marcaron en enero. De esta forma, las principales asociaciones del sector creen que el mercado se quedará, por cuarto ejercicio consecutivo, debajo del millón de unidades comercializadas, a pesar de que las matriculaciones subieron en el primer trimestre del año un 44,5%. “Somos cautos, pero optimistas. Tampoco esperábamos un inicio del año tan bueno. No contemplamos, de momento, el millón de matriculaciones”, explica Anfac, la patronal de fabricantes de coches. Esta asociación maneja un escenario similar al de Faconauto (representa a los concesionarios), que prevé que se comercialicen entre 950.000 y 975.000 unidades. Esta cifra quedaría muy lejos de los 1,25 millones de coches que se entregaron en 2019, último ejercicio completo antes del inicio de la pandemia de Covid-19. “Lo cierto es que este segundo trimestre va a ser decisivo y ojalá nos permita corregir al alza las previsiones que venimos manejando. En concreto, a día de hoy y siendo conservadores, nuestras previsiones apuntan a que en 2023, si el mercado sigue con fuerza, creceremos a doble dígito, quedándonos cerca del millón de unidades, entre 940.000 y 950.000”, señala Fernando Miguélez, director general de Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos. “Será en 2024 cuando superemos esa barrera del millón de unidades. En principio, será en 2028 cuando el mercado español alcance su nivel natural, con los 1,2 millones de unidades que nos corresponde por población, motorización y renta per cápita”, añade Miguélez. Anfac, por su parte, explica que una de las preocupaciones del sector de cara al resto de 2023 es la tensión en la cadena de suministro. 

España es un pilar industrial para el grupo Renault, el segundo en importancia y volumen productivo después de Francia. Una prueba de ello es que se haya convertido en un hub industrial de motores de combustión e híbridos, con la ambición de duplicar hasta 2025 la actividad industrial en España, pasando de 250.000 a 500.000 vehículos al año. El director global de Estrategia de Renault, el español Josep María Recasens, subraya que el grupo decidió fabricar en Francia la primera oleada de vehículos eléctricos y de forma complementaria adjudicar a España, con sus factorías de Valladolid y Palencia –más la de cajas de cambio de Sevilla–, la producción de vehículos con motores de combustión e híbridos. “Para España es una muy buena noticia y decisión porque permite asegurar el empleo y la actividad industrial como nunca antes”, asegura el directivo en una entrevista, en la que recuerda que el plan industrial que se aprobó para España cuenta con más de 2.000 millones de inversión. En esta línea, destaca que ahora las factorías españolas fabrican modelos de mayor valor añadido, como la familia Austral (Palencia) o el Captur (Valladolid), que tienen mayor tiempo de fabricación y generan más empleo, además de situarse en los segmentos más vendidos en Europa. “No está prevista una gigafactoría de Renault en España para los modelos híbridos que se fabrican aquí, es imposible, porque para justificar una fábrica tienes que apuntar como mínimo entre 20 y 40 gigavatios hora, para unos 400.000 o 500.000 vehículos eléctricos al año. Tendrías que vender muchos híbridos para justificar la inversión necesaria para esa planta”, apostilla. En relación con la decisión de Tesla de bajar los precios de sus automóviles, en contra de la tendencia de incremento de precio que está registrando el conjunto del sector tras la crisis de los chips, Recasens subraya que la firma californiana se está enfrentando a “un baño de realidad” de lo que significa ser una empresa de producción masiva.

El Gobierno cree que la productividad laboral, que creció un 2,7% en 2021 y un 1,7% en 2022, sufrirá un frenazo en España en los próximos años hasta quedar casi estancada en 2025. Subirá un 1,3% este año, pero en los dos siguientes, 2024 y 2025, sólo repuntará un 0,6% y 0,3%, respectivamente, según el Programa de Estabilidad remitido el mes pasado a Bruselas. Este indicador mide el volumen de producción por cada trabajador. Se trata de una relación que en España, a diferencia del resto de Europa, mejora en épocas de crisis y empeora en momentos de bonanza. España ocupa el puesto 12 entre las 27 economías de la UE en productividad laboral. En épocas de recesión, cuando se ha producido una caída del empleo en el país, los trabajadores han conseguido niveles de producción relativamente altos para ser menos empleados, entre otras cosas, por el miedo al despido y por el efecto de otros factores como la inversión (la maquinaria). Cuando la economía va bien, los aumentos que se han producido en el número de trabajadores no han sido correlativos a un incremento parejo de la producción. Los bajos niveles de productividad se justifican también por la composición sectorial de la economía. En España actividades tradicionalmente poco productivas, como la hostelería, tienen un peso relativo más alto que en otros países europeos, mientras que sectores muy productivos como la industria tienen menos peso. Desde la pandemia, se ha observado en España un desacople entre el empleo, que ya supera con creces el que existía en 2019, y el PIB, que hasta mayo de este año no ha recuperado su nivel previo a la pandemia.

Un 56% del empleo creado en el último año es ocupado por mujeres con un pasaporte diferente al español. El dato de las trabajadoras foráneas es aún más reseñable en una comparación demográfica: hay 2,85 millones de mujeres extranjeras en España, un 6% del total de la población. De ellas trabajan 1,28 millones, un 14,3% más que hace un año. Es el colectivo que más crece, seguido de las mujeres con doble nacionalidad (10,21%) y los empleados extranjeros (6,18%), mientras que el número de trabajadores españoles (0,6%) y trabajadoras nacionales (0,39%) apenas ha cambiado. En la Red Acoge, una federación de organizaciones especializadas en la inclusión de migrantes, perciben desde hace meses este impulso. “Estamos viendo un incremento claro en las solicitudes de acompañamiento para inserción laboral de mujeres”, explica Natalia Slepoy, responsable del Área de Incidencia Política de la organización. Slepoy cree que una de las principales razones es un cambio estructural en el tipo de inmigración: “Las mujeres ahora son protagonistas de sus procesos migratorios. Vienen muchas veces por su cuenta y además lo hacen para sostener a sus familias en sus países de origen”. Sana Elimlahi, responsable del servicio de intervención de Accem en la Comunidad de Madrid, coincide: “En los ochenta y noventa las mujeres que llegaban solían hacerlo acompañando a un hombre y con la idea de cuidar. Ahora es muchísimo más habitual que trabajen. Cada vez están más cualificadas y se adaptan a todo, al contexto que sea”. 

El Banco de España presentó la semana pasada su Informe anual 2022, en el que en algo más de 240 páginas lanzó su receta sobre las medidas que necesita la economía española, en un momento en que se pondrá fin a la laxitud fiscal actual para dar paso a la puesta en marcha de un conjunto de medidas coherentes para alcanzar los objetivos concretos de reglas fiscales que volverán a estar activas en 2024. Tras un año complicado, marcado por una crisis económica derivada de la invasión rusa de Ucrania, todos los países europeos, y entre ellos España, desplegaron un amplio abanico de medidas para contrarrestar los efectos en materia de inflación y energética. Sin embargo, para el organismo supervisor este conjunto de medidas no están siendo “suficientemente orientadas hacia los agentes económicos más afectados”. En su opinión, los beneficiarios del grueso de las actuaciones aprobadas desde finales de 2021 para hacer frente a las consecuencias de la inflación elevada han sido el conjunto de hogares y empresas españolas. Según los cálculos realizados por la autoridad monetaria, solo entre un 15% y un 20% del coste presupuestario de estas medidas van en la línea correcta, es decir, que se encuentran bien enfocadas hacia aquellos agentes económicos más vulnerables ante la crisis energética y el aumento de los precios.

Desde el Banco de España a Fedea, pasando por BBVA Research, el diagnóstico de todos los analistas sobre la última reforma de las pensiones ha sido demoledor. Y a estos análisis se empiezan a sumar organismos fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Bank of America, que sostiene que la reforma complica enormemente el reequilibrio de las finanzas españolas, lo que supone una fuente de vulnerabilidad para el futuro. “La reforma de las pensiones debería ayudar [a reducir el déficit estructural], modestamente, a muy corto plazo, pero podría empeorar las cosas a largo plazo”, sostiene el informe titulado España: Bien por ahora, pero los desafíos se mantienen. En este informe, Bank of America señala que, si bien “la reforma de pensiones del Gobierno parece tener el visto bueno de la UE, no creemos que esta intervención resuelva los problemas a más largo plazo”, sino que únicamente dejará una situación más complicada para el próximo Ejecutivo, ya que “es posible que el problema deba abordarse nuevamente relativamente pronto”. Esto se debe a que uno de los problemas más acuciantes que tiene España actualmente, es el reequilibrio de las cuentas públicas, que se está consiguiendo gracias a la recuperación económica y al efecto de la inflación sobre los ingresos tributarios, pero este impulso se va a apagar y el déficit se va a quedar en torno al 3% del PIB, del que “más de dos puntos corresponderán al sistema de pensiones”, y “la demografía empeorará la situación en los próximos años”. Por ello, “cualquier plan creíble de consolidación fiscal debe abordar problemas en el sistema de pensiones o encontrar ahorros considerables en otros lugares”.

Las grandes cadenas hoteleras se preparan para el que ya se perfila como el gran año del turismo. Aunque muchos temían que, tras la buena temporada de 2022, el efecto champán se diluyera y la desaceleración económica y la inflación erosionaran la recuperación, las reservas anticipan que el furor por viajar, lejos de apagarse, aumentará este verano. Este pronóstico alentador ha animado a grupos hoteleros como Barceló, Meliá, Paradores, RIU, Pierre & Vacances o Vincci a elevar la contratación para este verano con la incorporación de unas 5.500 personas en los próximos meses en España, al tiempo que aplican medidas para incentivar la retención y la atracción de talento. Barceló, con una plantilla media actual en España de unos 13.000 profesionales, prevé contratar a unas 1.500 personas este verano para hacer frente a la nueva temporada estival. También Meliá, que emplea de media en España a 11.300 personas, está siendo muy activa y espera contratar 1.200 profesionales –600 en la costa peninsular y otros destinos españoles y otros 600 en Baleares–. Estos profesionales se sumarán a las cerca de 2.000 contrataciones realizadas entre enero y abril para atender el crecimiento de la ocupación, rebrandings y expansión del grupo. La cadena estatal Paradores, con un centenar de alojamientos en España y una plantilla media a tiempo completo de 4.350 personas en 2022, prevé 2.000 contratos para la temporada alta. Para asumir el incremento estacional de la demanda, y reforzar la plantilla entre mayo y septiembre, tiene presupuestado 15,9 millones de euros. Desde la compañía señalan, además, que se está llevando a cabo un proceso de estabilización de alrededor de 1.400 puestos, producto del cumplimiento de la reforma laboral.

No es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero este año se ha agravado como nunca antes. No solo influye la falta de lluvia, también las altas temperaturas. Tras un 2022 muy seco, 2023 ha comenzado en niveles de sequía récord, con territorios donde hace más de dos meses que no cae una gota. Y aunque la previsión meteorológica apunta lluvia en estos días en gran parte de la Península, hay miles de hectáreas que no se han podido cultivar y árboles que no han dado sus frutos. Y aunque fuentes del Ministerio de Economía consultadas aseguran que la sequía no implicará la subida directa de precios en los supermercados, porque la mayoría de alimentos están regulados en los mercados internacionales, los datos indican que es un factor muy determinante. En concreto, un informe de CaixaBank Research publicado la pasada semana revela que el volumen de cosechas se redujo un 19% de media en España en 2022 respecto a 2021. Los productos en los que más se notó la falta de agua fueron los olivares (-48%), los cereales (-24%), los frutales (-23,8%), las legumbres (-19%) y los cultivos para alimentación animal (-18,4%). Una menor producción agrícola presiona los precios al alza. Los datos de CaixaBank Research muestran que en los casos de mayor desplome de los cultivos, las subidas de precio tanto en origen como en el consumidor final fueron altísimas. Es el caso de los cereales, que tras reducir un cuarto su producción en 2022 vio cómo los precios en origen ascendían un 42,5% y el precio final de venta se disparaba casi un 37%.

"El acuerdo salarial sellado por CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, acogido con una generalizada satisfacción tanto en el ámbito económico como en el político, es mérito exclusivo de sus firmantes. Ni al Gobierno ni a la oposición corresponde protagonismo alguno en la fijación del marco para negociar los convenios colectivos, que en Euskadi choca con el rechazo de ELA y LAB. Carece de sentido, por tanto, que unos y otros pretendan utilizar en su propio beneficio el pacto entre los agentes sociales como argumento para colgarse medallas en busca de alguna rentabilidad partidista el 28-M. Mejor harían en mirarse en el espejo de los sindicatos mayoritarios y la patronal, quienes han acercado posturas aparentemente irreconciliables mediante renuncias mutuas hasta alcanzar un encuentro...Es probable que la subida salarial de hasta el 13% en tres años, según cómo evolucione la inflación, no satisfaga plenamente a ninguna de las partes. Como tampoco lo harán otros apartados del documento. Pero ambas lo dan por buena ante la convicción de que, llegados a ese punto, el entendimiento aporta más beneficios que la confrontación. La clase política harían bien en tomar nota y seguir ese ejemplo".

"...La población irlandesa (5,1 millones) es muy inferior a la española (47,6) aunque en índices de gestión, el tigre céltico casi siempre sale ganador. (El parámetro español se consignará en segundo lugar entre paréntesis). Así en la menor deuda en porcentaje de PIB, 44,7% (113,20%); menor déficit fiscal sobre PIB, -1,6% (-4,81%); menor ratio de desempleo, 3,9% (12,8%); rating internacional más favorable, Aa3 (Baa1); salario medio dos veces superior, 54.649 euros (28.360 euros); o inferior coste del bono a 10 años, 2,77% (3,395). ¿Por qué Irlanda configura una economía pujante? Mucho se ha achacado a las ayudas de la Unión Europea. Pero las razones básicas hay que encontrarlas en el dinamismo de su sector industrial que representa el 41% del PIB, (15,3% en España), orientado en un 80% a las exportaciones. Las exportaciones totales, un componente esencial de la demanda agregada representa un 40,48% del PIB, (29,9% en España). Adicionalmente la economía irlandesa está siendo impulsada por un consumo vigoroso y unas inversiones sostenidas en el sector de la construcción. Por último, no pueden obviarse factores como la educación y el talento humano. Irlanda ha invertido en su sistema educativo y ha fomentado el desarrollo de habilidades y talento en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una fuerza laboral altamente calificada y anglófona ha atraído inversiones y ha impulsado la productividad y la innovación en el país. Pero con ser todo lo citado de gran importancia, la razón principal de la pujanza de la economia de la Isla Esmeralda reside en el hecho de que, durante años, atraídas en gran parte por los bajos tipos del impuesto de sociedades –el 12,5%–, un buen número de grandes corporaciones transnacionales ha reubicado en ella sus actividades económicas y, en todo caso, la sede de su propiedad intelectual. Gracias a una favorable infraestructura fiscal, más de 1.700 empresas multinacionales, la mitad norteamericanas, tienen su casa matriz en Irlanda. Suponen el 82% de la recaudación por Impuesto de Sociedades y el 33% por Impuesto sobre la Renta. Más de la mitad de los ingresos por Sociedades procede de diez empresas, entre ellas Apple, Amazon, Google, Intel, Meta y Pfizer. Irlanda, con una presión fiscal ‘amable’ sobre PIB del 20,8%, adelanta por la izquierda y la derecha a la ratio española del 38,4%. Sus líderes han apostado y han sabido ganar la apuesta de contener el tamaño de lo público y del Estado..."

Turquía se dirige a una segunda vuelta para conocer el nombre de su presidente tras unas elecciones con una participación del 88%. Ni los 78.000 muertos del terremoto, ni la grave crisis económica, ni la unión de toda la oposición en su contra, incluidos los kurdos, pudieron con un Recep Tayyip Erdogan que el 48 de mayo parece que tendrá que volver a enfrentarse en las urnas a Kemal Kilicdaroglu, político socialdemócrata y aspirante a liderar el cambio. La noche fue larga en una Turquía pegada a los televisores para seguir minuto a minuto el recuento de votos de unas elecciones marcadas por la fuerte participación, la calma en las calles y la división total entre los partidarios y detractores del líder islamista. El recuento estuvo marcado por la polémica desde el primer momento, ya que tanto la forma de ir ofreciendo los datos, como la impugnación de urnas en bastiones de la oposición por parte de los islamistas generaron un clima de enorme incertidumbre en un país al borde del infarto. Superado el 98% del recuento, Erdogan figuraba en cabeza con un 69,66% de apoyo, seguido de Kilicdaroglu, con un 66,88%, según los datos de la agencia oficial Anadolu. Cifras insuficientes para clamar victoria y que abrían las puertas a un duelo en segunda vuelta. La entrada en escena del candidato ultraderechista Sinan Ogan, que logró más de 4,7 millones de votos, fue clave para no poder conocer el nombre del nuevo presidente en primera ronda.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habría planteado en privado la posibilidad de atacar y conquistar territorio ruso o dinamitar el oleoducto que suple con petróleo a Hungría, según documentos de los servicios secretos estadounidenses que recogen comunicaciones internas del mandatario con sus jefes militares, que fueron citados ayer por el diario ‘The Washington Post’. Hasta ahora Zelenski se ha ganado el apoyo de sus aliados occidentales con promesas de que nunca emplearía las armas que le dan para atacar territorio ruso, pero según estas fuentes estaría especulando con acciones ofensivas y con el uso de misiles de largo alcance para atacar objetivos dentro de territorio enemigo. Las comunicaciones digitales de Zelenski han sido interceptadas por Estados Unidos, que ha trasladado esta información a su cúpula militar. Altos cargos del Pentágono no han cuestionado estos datos, según el periódico. En estas comunicaciones a veces es Zelenski el que pone coto a las propuestas de sus asesores, pero en otras es el propio mandatario el que plantea acciones ofensivas arriesgadas, como en un texto de finales de enero en el que plantea «atacar en Rusia» y «ocupar ciudades fronterizas» para «dar a Kiev algo con lo que negociar con Moscú».