20230608

El ‘Termómetro de la Economía vasca’ muestra un mes tras otro el progresivo enfriamiento de la actividad. La temperatura de mayo fue de 87,7 puntos, lo que supone una caída del 32% respecto al mismo mes del año anterior. Ya en marzo hubo un deterioro significativo cuando se perdieron los 100 puntos por primera vez en dos años y se entró en la zona de crecimiento suave. La tendencia a la baja se inició con el estallido de la guerra en Ucrania, que desató una espiral inflacionista. El valor de mayo supone un recorte de casi cinco puntos respecto a abril (93,5), según detalló ayer el departamento de Economía y Hacienda, encargado de elaborar el termómetro. Atribuye este descenso «al menor crecimiento del consumo de los hogares y, en menor medida, de las exportaciones, mientras que el gasto público y la inversión mantienen los ritmos de crecimiento interanual exhibidos en los primeros meses del año». El debilitamiento del consumo obedece a la merma del poder adquisitivo por la subida de los precios y a la escalada de los tipos de interés, que ha encarecido de forma drástica las hipotecas y los préstamos al consumo. El euríbor se mantiene muy cerca del 4% y cerró mayo en el 3,862%. Para un crédito hipotecario de 150.000 euros a un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1%, el incremento en la cuota mensual se acerca hasta los 865 euros. Además, la situación se va a endurecer aún más porque la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dejado claro que las subidas de tipos no han terminado. Se espera un alza de 25 puntos básicos la próxima semana hasta llegar al 4%. Desde la óptica de la oferta, el departamento liderado por Pedro Azpiazu precisa que «la moderación se aprecia en el sector industrial y menos acusadamente en los servicios». Ver nota Gobierno Vasco. 

Hay un problema que se ha convertido en mantra en cuanto se reúnen dos empresarios: «Necesitamos gente para trabajar». Así lo llegó a expresar la semana pasada el presidente de Sener y del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta. No es la primera vez ni será la última. Pero para ser atractivos, para que venga gente y, sobre todo, no se vaya, es necesario actuar. Ayer, ante la asociación de empresas vascas del sector aeronáutico (Hegan), Iñigo Urkullu defendió la necesidad de propiciar las «condiciones laborales y de formación que permitan a la juventud desarrollar su vida personal y profesional en Euskadi». El jefe del Gobierno vasco destacó que el mundo de la empresa en el País Vasco, en plena transformación tecnológica y digital «es tremendamente atractivo, también para el emprendimiento». El caso es que, a pesar de todo, esa llamada no termina de causar efecto. El propio presidente de Hegan, José Julián Echevarría, reconocía ayer que la incorporación de profesionales se ha convertido en el principal problema y «algo que cuidar en un momento de escasez de vocaciones técnicas». También hace escasas fechas, el director general de Gaia –clúster de empresas tecnológicas–, Tomás Iriondo, achacó la caída de facturación en su sector a la falta de personas para sacar adelante el trabajo. El propio lehendakari reivindicaba hace dos días la necesidad de «condiciones laborales atractivas» para retener y atraer a los jóvenes.

La aeronáutica vasca, uno de los sectores más castigados en la pandemia, celebró el 25 aniversario de su asociación empresarial (Hegan) colocando sus ventas casi en niveles previos a la eclosión del coronavirus. En su asamblea anual, celebrada ayer en Vitoria, dio a conocer que su facturación creció en 2022 un 27,3% hasta alcanzar los 2.377 millones de euros. Aún así, reconoció el presidente del clúster, José Julián Echevarría, los costes siguen comprometiendo el margen de rentabilidad que se mantiene alejado de las cifras de 2019. «La tensión en la cadena de suministros continúa afectando, aunque en menor medida que el año pasado», dijo el también consejero delegado de Sener Aeroespacial. En cuanto al futuro, el presidente del clúster aeronáutico vasco destacó «el optimismo del escenario actual» que confirma un refuerzo de las inversiones con 132 millones de euros, 15 más que el año pasado. Además, los profesionales que trabajan en estas 73 empresas también crecieron en 2022 hasta llegar a 15.252 personas, un 7,6% más, de los que 4.998 desempeñan su labor en el País Vasco. Una de las reclamaciones históricas de esta industria han sido los planes de inversión para el desarrollo de I+D aplicada a aumentar la sostenibilidad de los aviones y avanzar en tecnologías eléctricas o de hidrógeno, así como en las naves autopilotadas y aerotaxis. En España se han canalizado a través del PTA (Plan Tecnológico Aeronáutico) con dinero de los fondos europeos, y se han reforzado con el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el martes que aumentó la dotación del PERTE del sector con el mayor incremento porcentual pasando de 340 millones a 931 millones. La asociación nacional (Tedae) trasladará al Ejecutivo la petición de convertir estas líneas de ayudas en permanentes a costa de los Presupuestos Generales del Estado, como viene ocurriendo ya desde hace mucho en otros países competidores como Alemania o Francia.

La dinámica de I+D de Euskadi mantiene el tono y crecerá en torno a un 7% este año en un contexto complejo, marcado por la incertidumbre y en el que la Unión Europea perderá fuelle en este capítulo respecto a Estados Unidos y China. La Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, hizo ayer balance de su impacto en la economía en su decimosexta asamblea general, que clausuró su presidente de honor, el lehendakari Iñigo Urkullu. Desde su posición de asesora de las pymes en sus procesos de innovación, Innobasque ha detectado que la intensidad de la inversión se mantiene en los niveles de los últimos. Urkullu, por su parte, valoró que Euskadi sea “la primera comunidad autónoma” en innovación empresarial, pero recordó que aún está “por debajo de la media europea”, por lo que situó como una “tarea compartida lograr que más empresas se incorporen a la innovación”. En la asamblea, celebrada en el Parque Tecnológico de Miñano de Álava, se puso de manifiesto que la CAV avanza constantemente para situarse al nivel de las regiones europeas que más invierten en investigación y desarrollo. Tanto el aumento de la financiación pública como la inversión creciente de las empresas vascas en I+D demuestran la determinación de Euskadi para posicionarse en la vanguardia de la innovación en Europa.

Ese balance asegura que en España hay 48.049 empresas zombis, lo que supone un 1,77% más que hace un año. Si la lupa se acerca a Euskadi, el número de compañías muertas en vida se eleva a 2.740, lo que supone un 6,2% más que las registradas hace ahora un año o, lo que es lo mismo, el triple que en el Estado. Las zombis vascas suponen el 5,7% del total, un porcentaje que no ha variado demasiado desde que se elabora el trabajo, que detalla que son Madrid y Cataluña las más afectadas por este fenómeno, con un 19,4% y un 18,9% de las firmas afectadas, respectivamente. Informa D&B explica que esas empresas zombis son firmas no rentables, cuyo desempeño económico «no es suficiente para cubrir sus gastos financieros». La consultora toma como base las definiciones de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Banco de España. Y concluye que las empresas zombis son aquellas que teniendo más de diez años de vida (no hablamos entonces de ‘start ups’) sufren durante al menos dos años «un ratio de cobertura de intereses inferior a 1». Eso significa que hablamos de zombi cuando una empresa no logra cubrir sus gastos financieros con su resultado neto. El trabajo no ofrece mayor detalle por comunidades autónomas, pero en buena lógica el comportamiento en el País Vasco no tiene por qué diferir del resto. En 2023, la consultora ha identificado 48.049 empresas zombis, que representan el 3,67% del total de sociedades activas en su base de datos. «El tamaño reducido de estas empresas es una de sus características principales, ya que algo más del 83% son microempresas», señala. Solo el 2,83% de las zombis son grandes empresas, mientras que el 4,31% corresponde a empresas medianas. Las actividades con mayor concentración de empresas zombis son la construcción y el segmento de las inmobiliarias (que aglutinan en todo España a 13.688 de estas compañías, el 28,5% del total), así como el comercio en general, con un 20,36% y 9.783 empresas afectadas. Los denominados servicios empresariales (con el 13,8% y 6.632 empresas) o la propia industria (11,47% y más de 5.500 compañías en total) son otros de los segmentos más afectados por la presencia de empresas zombis.

Los afiliados de Comisiones Obreras (CC OO) avalaron ayer por la tarde el ‘no’ a la «última» oferta de Michelin en la negociación del convenio y decidieron sumarse a las movilizaciones para conseguir mejoras en sus condiciones laborales. Así, lejos de encontrar una vía de solución el conflicto en la planta vitoriana se agudiza. La noticia, conocida poco después de las 19.00 horas, confirmó así lo que ya presagiaban las asambleas celebradas durante la mañana, que habían registrado en Vitoria una aplastante mayoría a favor de las huelgas en unas votaciones a mano alzada. En un tono de relativa cordialidad, la afiliación mayoritaria decidió dar un paso que aboca al conflicto no sólo en Vitoria, sino en todas las plantas del grupo a excepción de la de Lasarte. La decisión de CC OO supuso el broche a un día marcado otra vez por las movilizaciones, con huelga en la planta y multitudinaria manifestación por la tarde. Así, la segunda jornada de paro logró paralizar las líneas de producción y contó con un seguimiento superior al lunes, «por encima del 95%» según las centrales sindicales convocantes. Los datos ofrecidos por la compañía también registraron un aumento del apoyo a la convocatoria, que pasó del 54,7 al 57,2% de ayer. A mediodía se confirmaba la negativa de UGT al convenio y a última hora llegó el apoyo de las huelgas por parte de CC OO. Fuentes consultadas por este periódico señalan que los de Loli García se sumarán a las huelgas ya convocadas por CGT, ELA, LAB y ESK. 

La feria +Industry, que se abrió este martes en el BEC y que echará hoy la persiana, solo dura tres días. Por eso, el objetivo de los delegados de los 841 expositores internacionales que participan en la cita bienal es mantener encuentros profesionales, coincidir con los compradores habituales y hacer contactos. En definitiva, recoger tantos teléfonos como sea posible. De ello dependerá el trabajo posterior, cuando se busca renovar contactos y estrechar lazos con potenciales clientes. Más de 800 empresas procedentes de una veintena de países se citan desde el martes en el BEC en el certamen bienal +Industry. En la feria están presentes distintos sectores, como la impresión en 3D, piezas robóticas o herramientas. El encuentro sigue siendo una oportunidad para dar a conocer nuevos modelos y procesos innovadores. 

En el País Vasco la vivienda moderó la subida de sus precios con un incremento del 3,1% en el primer trimestre del año. Es el dato más bajo en los últimos dos años en la serie registrada por el INE (Instituto Nacional de Estadística). El euríbor, que marca el interés al que hay que devolver el dinero prestado en la hipoteca roza el 4% y encarece el préstamo medio en Euskadi, que ronda los 150.000 euros, en unos 300 euros al mes. Un efecto disuasorio que se reflejó en el dato de compraventas de abril del Colegio de Registradores de España y que cifró la caída de ventas en Euskadi en un 27,8%, la más fuerte de España. La vivienda nueva es la que más subió el precio, con un 3,8%, por un 3% la vivienda usada. Es un dato sintomático porque rompe la tendencia instalada en el sector desde la pandemia en la que los mayores incrementos se situaban en la vivienda usada. Según los analistas inmobiliarios, el parón en la compraventa de hogares está lejos de provocar la bajada de precios; no se espera un efecto burbuja. Explican que la falta de oferta y una importante bolsa de demanda argumentan una tensión en los precios que no cesará. Y es que Euskadi está todavía muy lejos de lanzar al mercado las 15.544 viviendas nuevas de 2008. El pasado año esa cifra, uniendo promociones libres y protegidas solo alcanzó las 5.965. Una situación que sigue tensionando el mercado de alquiler, que se convierte en el refugio de quién no tiene el ahorro suficiente para una hipoteca o no puede afrontar los gastos de su devolución.

Después de la mejora de perspectivas por parte del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido la última en sumarse a esta corriente, elevando sus previsiones de crecimiento del PIB para este año en siete décimas, hasta el 2,1%, un avance que irá seguido de una cierta moderación el próximo ejercicio, hasta el 1,9%. Sin embargo, aunque la subida ha sido particularmente intensa (el triple que la media mundial) el crecimiento depende casi exclusivamente de las exportaciones, frente a un consumo que languidece, algo que se verá agravado en el próximo ejercicio, ya que España es el único país de la OCDE donde la inflación no aflojará en el próximo ejercicio. Además, la Organización también ha reclamado un ajuste del gasto público para evitar que la subida de los tipos de interés descuadre las cuentas gubernamentales. De acuerdo con las previsiones de la OCDE esbozadas en su último informe de Perspectivas Económicas, publicado ayer, la economía española crecerá un 2,1% este año, un avance que estará sustentado fundamentalmente por las exportaciones, que crecerán un 5,8%, el doble que las importaciones (2,9%). Esto se debe, en gran medida, al abaratamiento de las materias primas y de los bienes intermedios por la resolución de los cuellos de botella en la industria internacional, lo que abarata las compras al exterior y mejora la competitividad de las ventas; a lo que hay que sumar también la recuperación del sector turístico. 

La economía de la eurozona se encamina hacia un cambio simbólicamente importante este jueves, cuando los economistas esperan que las cifras oficiales de crecimiento se revisen a la baja para mostrar una ligera contracción de la producción en los dos últimos trimestres. El cambio restaría algo de brillo a los recientes resultados de la economía de la eurozona, que se ha comportado mejor de lo que muchos economistas temían cuando el bloque se vio golpeado por una crisis energética y del coste de la vida desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia el año pasado. La rebaja también podría cambiar el tono de los responsables políticos del Banco Central Europeo, que se reunirán la próxima semana en Fráncfort. Los responsables de fijar los tipos del BCE han apuntado a la reciente “resiliencia” de la economía de la eurozona como una razón para seguir subiendo los tipos de interés. Eurostat, la agencia de estadística de la UE, publicará este jueves una estimación revisada del producto interior bruto del primer trimestre en los 20 países del euro. Las últimas cifras de Eurostat muestran que la economía del bloque creció un 0,1% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, tras haberse estancado en los tres últimos meses del año pasado. Barclays prevé un descenso intertrimestral del 0,1% para ambos periodos de tres meses, lo que se ajustaría a la definición de recesión de algunos expertos. Pero Mark Cus Babic, economista del banco británico Barclays, señala que hay cierta incertidumbre, ya que “la tasa de crecimiento que Eurostat comunica para el conjunto de la eurozona puede desviarse del crecimiento de la suma de los países individuales en unos pocos puntos básicos”.

El Banco de España advierte al Gobierno que la nueva reforma de las pensiones podría tener un impacto negativo en el empleo, en los salarios y en la competitividad de las empresas. Esto se debe a la triple subida de cotizaciones que impone y que afectará especialmente a los trabajadores con sueldos más elevados, según señala el análisis publicado ayer por el supervisor financiero. Es más, las rentas más altas tendrán una sobrecotización diez veces superior a la de los que están por debajo de las bases máximas, ya que a estos no les afecta la subida de las cotizaciones máximas ni el impuesto al salario que exceda dicha cantidad. «El incremento de las cuotas sociales podría generar cambios económicos (por ejemplo, una menor tasa de empleo) que minorarían su capacidad de generar mayores ingresos para la Seguridad Social», explica el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos, dando por hecho que esta reforma penalizará la creación de empleo debido a los mayores costes que significa para las empresas, especialmente para las más grandes, donde se concentran de forma mayoritaria los trabajadores con rentas altas. También considera que los salarios pueden verse afectados por este alza de las cotizaciones, ya que al suponer más gasto para las empresas tenderán a su vez a contener las retribuciones de sus empleados. El incremento de ingresos de la reforma de las pensiones «podría ser menor si los mayores costes laborales afectan negativamente a la competitividad, los salarios o el empleo», reitera.

Las medidas adoptadas para aumentar la recaudación no van a repercutir de forma igualitaria entre los distintos tipos de empleados y de empleadores. Impactará, sobre todo, en las cotizaciones de los trabajadores de edades medianas, alta cualificación, que trabajan en grandes empresas y, con más intensidad también, aquellos con mayores salarios. Así lo recoge un documento publicado ayer por el Banco de España con el título Un análisis de la incidencia del incremento de las cotizaciones sociales aprobado en 2023 y que analiza el impacto de las tres grandes medidas adoptadas. Estos tres cambios normativos consisten, en primer lugar, en el establecimiento de un incremento finalista del tipo de cotización, denominado mecanismo de equidad intergeneracional, que estará vigente entre 2023 y 2050 para costear el incremento del gasto generado por la llegada a la jubilación de los nacidos en el baby boom. En segundo lugar, la base máxima de cotización entre los años 2024 y 2050 crecerá por encima del aumento de los precios y, en particular, a mayor velocidad que la pensión máxima. En tercer lugar, se ha introducido una cotización adicional sobre los salarios por encima de la base de cotización máxima, que entrará en vigor en 2025 e irá aumentando en tres tramos salariales hasta 2045.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, juega fuerte con un cambio exprés de los estatutos de la organización que genera polémica interna. El jefe de la patronal ha convocado para este jueves a los vicepresidentes de la patronal para promover la eliminación de la norma estatutaria que limita su mandato hasta 2026. Al suprimir el límite de dos mandatos para el presidente, Garamendi gana el derecho a presentarse a la reelección hasta, al menos, 2030. Fue elegido por primera vez en 2018 y reelegido el pasado noviembre con mandato de cuatro años. El empresario vasco, de 65 años, confirma sus intenciones. «Quiero cambiar los estatutos en varios puntos, incluida la eliminación del límite de mandatos, porque me lo piden organizaciones y para unificar criterios». ¿Unificar? «En varias organizaciones de CEOE no hay tal limitación de mandatos», señala Garamendi, que no espera oposición. Además, da otro argumento: «Este cambio da estabilidad a CEOE». Se refiere a que la actual limitación le convierte en un presidente débil al darse por descontado de que está en sus últimos años y que es necesario ir buscando ya sucesor. No obstante, Garamendi, no da por seguro que se vaya a presentar a la reelección en 2026, cuando vence su actual mandato. «No es algo que deba responder ahora, tomaré la decisión en su momento tras consultar a mi familia y a los empresarios. Será lo que quiera la organización». El pistoletazo de salida es la reunión c0n sus vicepresidentes, pero la decisión final la tomará la asamblea general de CEOE prevista para el 19 de julio. Garamendi incide, no obstante, en que éste no es el único cambio que promueve. «Hay que modificar anacronismos en el régimen electoral como el de que se pueda presentar alguien a la presidencia de CEOE en el último momento», señala Garamendi, que asegura que no impulsa tales cambios pensando en él mismo, sino en la patronal española.

España se ha consolidado como una de las economías europeas que más palos pone en las ruedas de esta actividad. Así se desprende del último informe Retail Restrictiveness Index de la Comisión Europea, que constata que “España no ha conseguido mejorar su situación respecto al anterior informe”, que data de 2018, y “mantiene restricciones especialmente severas para el ejercicio de la actividad”, señaló ayer Anged, la patronal de las empresas de gran consumo, que se hizo eco del documento y denunció que sólo Francia y Austria imponen más barreras “a la implantación y al ejercicio de la actividad comercial”. El comercio fue, junto a la hostelería, uno de los sectores más castigados por el Covid, cuyas secuelas causaron estragos en esta actividad, que, sin respiro, se enfrentó en 2022 y en lo que llevamos de 2023 a las consecuencias de la guerra en Ucrania, plasmadas en la fuerte subida de los costes energéticos y de los precios y que se ha traducido en el cierre de miles de pequeños comercios. Al influjo letal de dos crisis encadenadas se añade un marco regulatorio que, según Europa, no favorece la inversión en el sector comercial por la existencia de fuertes restricciones en diferentes ámbitos. Así, España es la tercera economía del bloque que más restricciones impone a los horarios comerciales, solo superada por Alemania y Austria. Para Anged, que aglutina a grandes grupos de distribución como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, estas limitaciones “son una anomalía si tenemos en cuenta que once países de la UE ya disponen de plena libertad de horarios comerciales y otros cinco gozan de una flexibilidad casi completa”. En España la excepción a la regla es Madrid, única región que permite al comercio elegir los días y horarios de apertura. En el resto de CCAA las aperturas están acotadas a entre 10 y 16 domingos y festivos al año, con 52 días de cierre obligatorio por ley. 

Inditex sigue rompiendo récords, trimestre tras trimestre, en la nueva etapa de la compañía liderada por Marta Ortega, como presidenta, y Óscar García Maceiras, como CEO, sin que por ahora ningún síntoma denote el más ligero signo de desaceleración. El gigante textil finalizó los primeros tres meses de su ejercicio –de febrero a abril– con unas ventas de 7.611 millones de euros, un 13% más que un año antes y por encima de las previsiones del consenso de los analistas. Se trata de la primera vez en la historia de la compañía en la que el dueño de Zara supera los 7.000 millones de facturación en un primer trimestre del año, el periodo tradicionalmente más flojo para las ventas, y lo consigue endosándole 869 millones de crecimiento a su anterior marca, que estaba fijada hasta ahora en 6.742 millones de euros. El grupo indicó ayer que ha logrado este hito pese a un efecto negativo de los tipos de cambio, ya que sus ventas crecieron un 15%, dos puntos más, sin el efecto divisa. Además, hay que tener en cuenta que en gran parte del primer trimestre de 2022 contabilizó sus ventas en Rusia y Ucrania, una actividad con la que ahora no cuenta. “La evolución del negocio es muy satisfactoria”, señaló Óscar García Maceiras, CEO de la empresa, en una conferencia con analistas. Inditex ha explicado que su evolución fue positiva tanto en tienda como online, en todas las áreas geográficas y en todos los formatos, aunque como es habitual en el primer trimestre no ofreció cifras desglosadas por geografías ni por marcas. Sí aprovechó ayer para anunciar su desembarco en Camboya, el primer nuevo mercado en el que aterriza con tiendas físicas en seis años.

Una multinacional del sector del automóvil invertirá más de 4.500 millones en la Comunidad Valenciana, según adelantó ayer el diario Levante-EMV y pudo confirmar CincoDías. La compañía, de la que no se sabe el nombre, todavía se encuentra en conversaciones con la Generalitat, pero dichas charlas ya están “muy avanzadas”, según indicó el Gobierno valenciano, que señaló que no se trata de un proyecto de baterías, sino de una iniciativa para la fabricación de coches eléctricos en el área metropolitana de Valencia. De confirmarse este proyecto, sería una inversión superior a la anunciada por el grupo Volkswagen en Sagunto, donde el consorcio alemán levantará una planta de baterías que le costará 3.000 millones. Esta cifra puede crecer a 4.500 millones hasta 2026 en caso de que la automovilística decida ampliar la capacidad de 40 GWh a 60 GWh, tal y como figura en la iniciativa presentada a la Generalitat Valenciana por parte de la empresa Power Holdco, perteneciente al grupo alemán. La Generalitat ha firmado un contrato de confidencialidad con la empresa para llevar a cabo una inversión de gran volumen económico, un proyecto que todavía está en una fase incipiente y para el que se han celebrado reuniones entre miembros del Consell, entre ellos la consejera de Política Territorial, Rebeca Torró, y la empresa, según confirmaron a Efe fuentes de este departamento. Desde el Gobierno valenciano indicaron que se irán conociendo los pormenores más adelante, sin precisar fechas, aunque sí han asegurado que se trata de un gran proyecto. 

Iberdrola celebró ayer la novena edición de su Digital Summit con más de 1.500 empleados en el campus de San Agustín del Guadalix (Madrid). La implicación de la eléctrica con la digitalización se plasma en su compromiso de duplicar la inversión en I+D+i de los últimos 10 años, con el objetivo de alcanzar los 4.000 millones de euros para 2030. Ignacio Galán, presidente de la compañía, destacó el papel clave de las personas en esta revolución digital y conminó a los trabajadores a seguir participando en ella de forma activa. «Desde Iberdrola apoyamos este gran cambio tecnológico y estamos liderando ya su aplicación en distintos ámbitos del sector eléctrico. Os animo a seguir aportando todo vuestro conocimiento y experiencia para generar nuevas ideas y aplicaciones», apuntó.

La Unión Europea está planteándose una prohibición total del uso de los equipos de telecomunicaciones chinos –como los de los fabricantes Huawei y ZTE– en las redes de telecos de 5G en Europa, según publicó ayer Financial Times. La medida se trató el pasado viernes en una reunión de Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, con los ministros de telecos de los países miembros. La iniciativa tiene que ver con el ritmo de prohibición de los equipos chinos en las redes de los países europeos, un ritmo que Bruselas considera muy lento, especialmente en el caso de Alemania, que aún no ha tomado una decisión al respecto. España es otro de los grandes países que tampoco ha tomado una decisión concreta sobre el asunto, a pesar de que en marzo de 2022, y presionado por el inicio de la guerra en Ucrania –y el apoyo chino a Rusia–, el Gobierno español aprobó por decreto-ley una norma de ciberseguridad en el 5G que permitía al Ejecutivo calificar de “proveedor de alto riesgo” a fabricantes muy dependientes de países no democráticos, lo que siempre se interpretó como una designación directa de Huawei y ZTE. Eso supondría la prohibición de que los equipos chinos se usasen en los core de red 5G –el núcleo central, donde reside la inteligencia– y en algunas zonas críticas –por determinar– de la red de radio.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera al Carbono (CBAM) con el que la Unión Europea quiere proteger la competitividad de las empresas comunitarias que pagan por sus emisiones de CO2, frente a las importaciones, que no lo hacen, tendrá un impacto de unos 100 euros anuales en las familias. También afectará a algunos sectores que dependen en gran medida de la importación de materias primas a las que se aplicará esta tasa. En algunos casos podrá superar los 1.000 millones de euros, según un estudio de EsadeEcPol. El impuesto, que entrará en vigor en fase de transición el 1 de octubre, viene a corregir los efectos indeseados de los derechos de emisión de CO2 gratuitos. La Unión Europea establece un límite de CO2 en el proceso productivo y las compañías deben comprar estos derechos para emitir el dióxido de carbono que se genera como consecuencia de su actividad. Al mismo tiempo, si finalmente emiten menos de lo que podrían, pueden vender este derecho sobrante, de modo que hay un incentivo para ser más verde. Además, el sistema europeo asigna unos derechos gratuitos a determinados sectores para evitar que sus productos sean más caros por este pago y pierdan competitividad. Sin embargo, la realidad es que esta ayuda ha desincentivado la reducción de las emisiones, de ahí que ahora se opte por una nueva estrategia. Así, el impuesto grava las importaciones de cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Después, el coste se arrastra por la cadena hasta llegar al producto final, lo que impacta en el bolsillo de las familias y en los costes de producción de las empresas. «El gasto de los hogares aumentaría alrededor de 100 euros al año», explica Natalia Collado, economista en EsadeEcPol y coautora del estudio. Eso sí, el efecto «es moderado porque si lo ponemos en términos relativos es un 0,3% del gasto total», apunta.

Hace dos años, Erlantz Lizundia, profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV/EHU), se puso a buscar ‘remedio’. Junto a Alazne Ojanguren, otra investigadora vasca del ETH de Zurich, y dos científicos más de este centro y de la Universidad de Nueva Gales, en Australia, desarrollaron unas baterías casi infinitas: «Se pueden cargar diariamente durante 27 años», explica Lizundia. No solo eso, se podrían tirar al contenedor marrón, porque han utilizado materiales como la celulosa y el pegamento natural de los moluscos para adherirse a las rocas. La mayor parte de las baterías de los móviles actuales son de iones de litio. Se inventaron en los 70, se comercializaron dos décadas después y sus creadores recibieron el Nobel de Química en 2019. Están en prácticamente todos los dispositivos que utilizamos, pero tienen pegas. La fundamental es que buena parte de sus componentes –el litio, el cobalto, el níquel o el manganeso– son tóxicos. Además, no se degradan en la naturaleza y en algún caso son difíciles de conseguir. Otro componente, un líquido orgánico que se utiliza como electrolito –lo que permite que la energía circule por la batería– es incluso inflamable. «Por eso explotaron algunos móviles hace unos años». Lo que ha hecho este equipo de investigadores es crear una batería parecida a las convencionales pero compostable: «Se degrada en las condiciones de compost, a 58 grados, con humedad y bajo tierra». Han conseguido que el 49,9% de los componentes desaparezcan en 63 días pero su objetivo es «llegar al 60%». Los materiales que usan son el zinc, la celulosa –«el polímero más abundante, está en los árboles, las zanahorias…»–, la agarosa –«se obtiene al tratar las algas rojas»–, un hidrogel que no puede arder y la polidopamina, «el pegamento natural de los moluscos». Materiales «abundantes y baratos».