20230609

La eurozona entró en recesión entre el cuarto trimestre de 2022 y el primero del ejercicio actual, de acuerdo con los datos publicados ayer por Eurostat, que revisan a la baja las estimaciones previas y estiman un retroceso económico del 0,1% en cada uno de ellos. Un ajuste que se debe al descenso del consumo por la subida de precios y al desplome de la inversión por el alza de los tipos de interés y del que solo se libra el sector exterior. En concreto, la oficina estadística comunitaria había calculado inicialmente un estancamiento de la actividad entre octubre y diciembre, seguido de un avance del 0,1% entre enero y marzo, unas cifras que ahora rebajan a sendos retrocesos intertrimestrales del 0,1%. Esto es, una recesión técnica que supone la pérdida de 10.000 millones de euros de actividad respecto a las estimaciones iniciales que se concentra fundamentalmente sobre Alemania, Irlanda y Finlandia, mientras que algunos países, como Italia, Bélgica o Austria experimentan pequeñas revisiones al alza. El principal problema de estos datos es que prácticamente todos los motores de la economía están en retroceso, con la única excepción del sector exterior, que no mejora precisamente por el aumento de las exportaciones sino por el menor coste de las importaciones. Así, el consumo cayó un 0,3% en la eurozona entre enero y marzo después de hundirse un 1% en el trimestre anterior, debido a que la inflación hizo mella en el poder adquisitivo de los hogares. Y esto supone un golpe muy difícil de corregir con el resto de componentes de la economía, ya que el consumo privado supone cerca del 60% del volumen total de la actividad. En segundo lugar, la inversión, aunque con un menor peso en el conjunto de la economía, sufre un desplome bastante más intenso en términos porcentuales entre ambos trimestres debido al efecto combinado de la subida de los tipos de interés, la incertidumbre en el panorama internacional y la caída de la demanda. 

Acicae, el clúster del sector del automóvil en Euskadi, ha vivido una pequeña tormenta. El hasta ahora presidente, Jesús Esmorís, ha presentado su dimisión debido a las profundas diferencias que mantenía con la gestión de la asociación, que encarna su directora Inés Anitua. Cie Automotive, empresa a la que Esmorís representaba en Acicae, ya ha designado como nuevo presidente del clúster a su director comercial, Mikel Orbegozo. Acicae nació dentro del proceso de creación de asociaciones sectoriales impulsado por el Gobierno vasco a mediados de la década de los años 90. El objetivo de la estrategia de creación de clústers buscaba crear organizaciones muy amplias, dedicadas fundamentalmente a la búsqueda de sinergias entre empresas, superando con ello la idea de ser meros representantes sectoriales. El propio Ejecutivo vasco mantiene con sus ayudas una parte de los gastos anuales de estas asociaciones, aunque en el caso de Acicae, aseguran fuentes de la entidad, esta inyección de fondos públicos apenas supera los 200.000 euros anuales. Desde su creación, Acicae ha conseguido agrupar en su seno a algo más de 300 empresas, que facturan 22.000 millones de euros anuales y que dan empleo a 120.000 personas en todo el mundo. Formalmente, Esmorís decidió abandonar la presidencia del clúster por el «deseo de cerrar una etapa», como indicó en la carta de renuncia que dirigió a la junta directiva de Acicae. En su entorno y en Cie Automotive, sin embargo, dejan claro que su renuncia está motivada por las tensas relaciones que mantenía con la directora de la asociación, Inés Anitua, así como por discrepancias concretas en torno a la gestión. Anitua compatibiliza la dirección del clúster con la del AIC, el centro de desarrollo de la industria automovilística ubicado en la localidad vizcaína de Amorebieta e impulsado por la Diputación de Bizkaia. Desde la asociación señalan que «los planes de gestión siempre han sido aprobados por la junta directiva». Fuentes consultadas aseguran que los intentos de Esmorís de realizar cambios en el seno de Acicae han resultado infructuosos. «No encontró el respaldo que necesitaba ni en la junta directiva de Acicae ni en Cie Automotive», apuntan. En esa línea, las mismas fuentes aseguran que en el último año se ha producido un distanciamiento entre José Esmorís y la cúpula de Cie Automotive, la empresa que preside Antón Pradera y de cuya estructura directiva forma parte desde hace 24 años.

El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio ha frustrado diferentes proyectos de ley impulsados por el Gobierno central y también la reclamación de los cooperativistas vascos de que el nuevo sistema de cotizaciones de autónomos, que entró en vigor en enero, y que obliga a tener en cuenta todos los ingresos netos a la hora de establecer las bases, contemple su peculiaridad. Los cooperativistas vascos que cotizan en el régimen de autónomos, que son la mayoría, reclaman que en esos ingresos netos se tengan en cuenta únicamente los de trabajo y no los derivados del capital que aportan, es decir, los dividendos –llamados retornos– y los intereses sobre ese capital social. De este modo quieren que se les equipare a los cooperativistas que cotizan en el régimen general para que no haya agravio comparativo. Esta era una cuestión que llevaban meses negociando con el Gobierno central y con los diferentes partidos, tanto vascos como estatales, que se habían mostrado receptivos a tener en cuenta esa reclamación. De hecho, el grupo parlamentario del PNV había tomado la iniciativa para defender esa postura. Las conversaciones y los trabajos estaban muy avanzados, prácticamente cerrados, pero el adelanto electoral ha hecho que esta reclamación, junto con otras, haya quedado en ‘stand by’ y a expensas del próximo Gobierno que salga de las urnas, lo que alargará todo el proceso. Esto «ha llenado de inquietud al sector», como admite Rosa Lavín, presidenta de Konfekoop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi. «Estamos desconcertados porque lo teníamos a mano y ahora se va a dilatar», señala. Aunque en un principio estaba previsto introducir alegaciones en la fase de audiencia pública de la reforma de pensiones, «en el camino se ha cruzado la reforma de la Ley Integral de Economía Social, que refunde la de cooperativas, la de Economía Social y la de Empresas de Inserción Social, y se vio que podía tener ahí su encaje».

El sistema educativo vasco afronta un reto sin precedentes por el desplome de la natalidad. A lo largo de la próxima década, Euskadi perderá 65.000 alumnos en la educación no universitaria y se cerrarán 4.200 aulas, según las previsiones que maneja el Departamento de Educación del Gobierno vasco. A ello hay que sumar una plantilla envejecida: el 36,5% de los empleados se jubilará antes de 2032, lo que conllevará un descenso del 33% en el número de horas lectivas. Así se desprende del informe ‘Estudio Prospectivo sobre la evolución del alumnado y las necesidades de plantilla de profesorado del Sistema Educativo Vasco’, elaborado por el ISE-IVEI, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación, dependiente del Gobierno autonómico. El escenario es la crónica de una catarsis anunciada. La curva de la natalidad es, desde el año 2008, una continua pendiente descendente que tocará fondo, según los cálculos del Ejecutivo, en 2027. La inmigración tampoco parece ser suficiente para revertir una crisis demográfica que ha encendido todas las alarmas de las instituciones. Se espera que la población de entre 0 y 17 años (es decir, las edades de escolarización) disminuya en un 21,8% para 2032. El caso más preocupante es el de Bizkaia. Será el territorio más castigado por el envejecimiento. Bizkaia se perderá el 11% del alumnado en la próxima década. de la población, con una reducción total del 0,36% de los habitantes.

«La gran cita industrial de este 2023» ha acercado esta semana un total de 11.800 visitantes al BEC. Así lo detalló ayer la directora de Industria, Energía y TICs de la feria de muestras de Bilbao, María Carmen Gorostiza, en declaraciones en las que valoró el desempeño de la +Industry. Según afirmó, «se han cumplido sobradamente las expectativas» de los participantes. Entre otros datos, Gorostiza destacó el millar de encuentros profesionales, cara a cara, cerrados durante los tres días del evento, lo que supone «un nuevo récord». «Hemos traído más de un centenar de compradores europeos que nos habían solicitado los diferente sectores», añadió. Los profesionales que se han acercado al encuentro industrial procedían de 58 países. El 57% de los asistentes acudía de fuera de Euskadi. «Ha sido una edición potente en la que se han cumplido sobradamente las expectativas», remarcó Gorostiza, quien destacó además la «sorpresa» manifestada por los visitantes extranjeros al conocer de primera mano la capacidad tecnológica de las empresas vascas, que suponían el 32% de las 841 firmas expositoras. Además de la parte expositiva, repartida por ferias como la dedicada a la fabricación aditiva (Addit3d), la de válvulas y bombas (Pumps&Valves) o la de digitalización (BeDigital), entre otras, +Industry también ha incluido otros eventos paralelos como el foro de empleo del Workin Talent Hub, que ha ofertado 115 puestos relativos a Big Data, automatización, fabricación digital, impresión 3D e investigación. El encuentro también ha destacado por las presentaciones de innovaciones, tanto las referentes a la fabricación como las de nuevos productos. De estas últimas, se han contabilizado en torno a un centenar. 

La siderurgia y la metalurgia son sectores con gran tradición en Gipuzkoa y toda Euskadi y las principales empresas del sector y expertos de España y de todo el mundo se reunieron ayer en Donostia en el segundo Congreso Metalúrgico para analizar los retos de estas compañías. De la mano de Pablo Munilla, presidente de la firma donostiarra Interalloys, proveedora de materias primas, los ponentes expusieron que la siderurgia y la metalurgia se enfrentan a un doble reto: la transición tecnológica disruptiva y la transición energética, por un lado, y la necesidad de un cambio de modelo en el que es necesario captar nuevas formas de financiación, «abriéndose a capitales y fondos de inversión». Uno de los ponentes, el bilbaíno Juan Carlos Ureta, fundador y presidente de Renta 4, firma especialista en servicios de inversión, explica, en declaraciones a este periódico, que tradicionalmente el empresario siderúrgico ha sido tradicional, de buscar en el banco la financiación y considerar que él sabía todo del negocio. «Eso está cambiando, hay que estar atento a la disrupción que llega y terceros que no están en tu negocio lo están viendo. Por ello hay que abrirse a otros capitales, a consejeros externos, y a captación de talento y eso exige abrirte al capital, sea el capital riesgo, mercado de bolsa (Growht o normal), financiación vía bonos... La inversión externa mejora la productividad y quien te financia te va a asesorar y ayudar a mejorar tu negocio», sostiene. Ureta aplaude, eso sí, que las empresas vascas del sector llegan bien posicionadas tras haber afrontado «preparadas» la incertidumbre energética de los últimos tiempos. «Han visto bien la transición energética que venía mientras en otros lugares han tenido que liquidar empresas por no haber fortalecido su capital. Hay que tener un espíritu abierto a la innovación porque si no, te quedas fuera de juego», completa el fundador de Renta 4. Tubacex, Tubos Reunidos, Sidenor, Aceros Inoxidables Olarra, Fundiciones del Estanda o Ampo fueron otros de los presentes en la jornada. 

Preocupación en el sector papelero vasco, que afronta una situación «excepcionalmente complicada por la bajada de la actividad, que se arrastra desde el segundo semestre del año pasado, y una reducción acusada de la demanda» que hace que las perspectivas para este ejercicio no sean nada halagüeñas. Así lo puso de manifiesto ayer el Clúster del Papel de Euskadi durante la celebración del 25 aniversario de dicha asociación. El clúster realizó un balance del año pasado y también un análisis de lo que deparará este ejercicio, marcado en gran medida por un 2022 que ha estado marcado por «costes históricamente altos y una caída de la actividad iniciada tras el pasado verano y que persiste en este 2023», remarcan. El Clúster facturó el año pasado 1.795 millones, lo que supone un incremento del 32,76% respecto al ejercicio anterior. El 48% de esos ingresos se debieron a la exportación. Con todo, el año pasado estuvo marcado por dos fases muy diferentes. Un primer semestre con una fuerte demanda por miedo al desabastecimiento y al crecimiento sin freno de los precios de venta provocado por los costes desbocados, pero que no consiguió compensar el importante frenazo del segundo semestre, lo que provocó un exceso de stock que el mercado no ha logrado absorber todavía. El bloqueo comercial de Argelia también ha pasado factura al sector, ya que ha provocado en empresas asociadas pérdidas de al menos 33 millones, dejándose de vender al menos 34.000 toneladas de papel.

Después de unos meses agónicos para la antigua Guardian de Llodio –la actual Glavista– la firma empieza a vislumbrar el final a su delicada situación. En preconcurso de acreedores desde enero, profesionales del sector de la automoción tienen ya el visto bueno de la administración concursal para poder hacerse cargo de la empresa. Javier García Márquez, antiguo directivo de la firma, ha reunido a un importante grupo de inversores y ha presentado un proyecto para mantener la actividad en el fabricante de parabrisas para coches. Bajo el nombre de Amine, la iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Llodio, de la Diputación y del Gobierno vasco. De hecho, ya se ha formulado un informe judicial favorable a la operación. El proyecto cuenta con el respaldo de los trabajadores y del comité de empresa de la firma, que ya han tenido conocimiento del mismo. El plan con el que aterriza García Márquez, jurista getxotarra, pasa por mantener 240 puestos de trabajo en Llodio y otros 60 en la filial que la compañía tiene ubicada en Valencia. La adquisición, de formularse definitivamente, desatascaría la compleja situación en la que estaban sumidas tanto la antigua Guardian como el fondo suizo que adquirió la compañía en mayo de 2020, Parter Capital, y que generaba enorme inquietud en la plantilla. Con una deuda de 17 millones de euros en Glavista, ahora el embrollo empresarial se vería resuelto con una inversión cuya cifra aún no ha trascendido. Amine fue constituida como sociedad el pasado 22 de febrero y ya en su objeto social dejaba claro hacia dónde se encaminaba: a «la promoción, comercialización y distribución de vidrios procesados».

Danobatgroup, fabricante de máquina-herramienta de la corporación Mondragón, vaticina un buen 2023 gracias al impulso del negocio eólico chino, que empujará su facturación por encima de los 300 millones de euros, rebasando ya las previsiones del plan estratégico que acaba en 2024. Estas ventas serán un 8% superiores a las de 2022. El pasado año, el grupo sufrió por los costes energéticos y de materias primas como chapa y hierro, pero pudo compensar estos mayores costes por el dinamismo de sus mercados –sobre todo Europa, China, EEUU, México y Canadá–; y de sus clientes eólicos, de automoción, del ferrocarril y aeronáuticos. La cartera de pedidos registró cifras récord de 272 millones, con un aumento del 30% sobre los niveles previos a la pandemia. “2022 fue un año bueno, pero podía haber sido mejor sin costes tan elevados, que no podemos repercutir en el cliente porque cerramos el precio 15 meses antes de entregar la máquina”, explica Pello Rodríguez, director general del grupo. “Así como sectores como automoción tienen indexados los precios de venta, en el nuestro no tiene cabida ni siquiera la discusión del precio”, indica. El mercado chino empuja con fuerza, explica el ejecutivo de Danobatgroup, y crece el doble que los otros mercados, sobre todo en eólico, negocio en el que “China hace de todo, desde aerogeneradores, hasta onshore y offshore, pasando por piezas para fabricantes europeos. El grupo cooperativo –que integra Danobat, Soraluce Overbeck y Hembrug– acaba de abrir en el país asiático un centro de excelencia dotado de equipos avanzados, con el que busca reforzar su actividad comercial y sus servicios; y en el que trabajan 60 técnicos, que se ocuparán de instalar las máquinas en los clientes chinos y mantenerlas.

Tesla lleva meses negociando con el Gobierno de la Generalitat Valenciana para la posible puesta en marcha en la región de la que sería su segunda gigafactoría de producción de vehículos eléctricos en Europa, después de la que ya opera en Berlín. El proyecto, en caso de ejecutarse finalmente, supondría la instalación en la zona metropolitana de Valencia de una fábrica dedicada a la producción de vehículos eléctricos, la séptima de la empresa en todo el mundo, según adelantó ayer Levante-EMV. Tesla llevaría meses hablando con miembros del Gobierno valenciano y habría hecho firmar un estricto acuerdo de confidencialidad que ha motivado que el nombre de la compañía no se haya conocido hasta ahora, pese a lo prolongado del período de negociación, algo que ha generado malestar en el seno de la compañía.  Las fuentes consultadas apuntaron que el centro que estudia instalar Tesla en la zona de Valencia, previsiblemente en el Parc Sagunt II, junto a la planta de Volkswagen y Seat, podría requerir una inversión de unos 4.500 millones de euros, lo que supondría superar la cantidad necesaria para la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías que montará el consorcio liderado por Volkswagen y Seat (Future Fast Forward) en Sagunto (Valencia). El grupo Volkswagen destinará una inyección económica de 3.000 millones al proyecto. Este monto se acercaría al destinado por la compañía que capitanea Elon Musk para levantar su fábrica de Berlín-Brandenburg, que tiene una capacidad de producción máxima de unas 500.000 unidades anuales, lo que representa una potencia de 50 gigavatios hora (GWh), y que se espera que tenga una plantilla formada por alrededor de 12.000 personas.

Uno de los elementos más peculiares de la recuperación de la economía europea tras el coronavirus es la gran divergencia entre el número de ocupados, las horas trabajadas y la productividad, ya que el primero se ha disparado, las segundas se estancan y la tercera cae. Una tendencia que se mantiene en el arranque del año y que se agrava en países como España, donde hay 1,4 millones de afiliados a la Seguridad Social más que hace cuatro años para producir algo menos que en 2019. En el primer trimestre del año, el número de trabajadores en la eurozona se ha incrementado un 0,6% respecto al trimestre anterior, después de crecer un 0,3% al cierre del año pasado. Aunque esto puede parecer una buena noticia, también implica que la productividad por ocupado se ha hundido un 1,1% en los últimos seis meses, ya que el mayor número de trabajadores no ha redundado en un crecimiento económico, sino todo lo contrario, en una contracción acumulada del 0,2%. Y esta situación no es nueva, ya que se lleva observando durante varios años, agravándose tras el estallido de la pandemia. En concreto, desde el cuarto trimestre de 2019, justo antes de la irrupción del coronavirus, el número de puestos de trabajo en Europa ha crecido un 3,1%, el doble que el número de horas trabajadas (1,5%). Esto es, la jornada laboral media se ha reducido un 1,6% en los últimos tres años y medio y, habida cuenta de que la economía europea solo ha crecido un 2,2% en este periodo, la productividad por trabajador ha caído un 0,9%, lastrada por la falta de inversiones y la falta de perfiles profesionales adecuados a las necesidades de las empresas. Y este problema es más intenso todavía en España, donde el número de trabajadores se ha incrementado un 1,3% en el segundo trimestre del año, más del doble que el PIB (0,5%) y más del triple que las horas trabajadas (0,4%). Esto significa que las jornadas laborales se están troceando entre distintos puestos de trabajo y que la productividad por trabajador cae a pasos agigantados, con un descenso del 0,8% entre enero y marzo. Eso significa que será muy difícil que la senda del crecimiento se mantenga una vez que el mercado laboral encuentre su tope por la falta de profesionales cualificados.

El impuesto de Sociedades fue el que más incrementó su recaudación en 2022 de entre los grandes tributos (pese al mayor impacto de la inflación en IVA o IRPF), con un alza del 20,84% hasta 32.176 millones de euros. “La cifra solo ha sido superada en la serie histórica en 2005, 2006 y 2007, los años de la burbuja inmobiliaria”, destacó ayer el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, al presentar el informe anual de Sociedades, aclarando que semejante alza es achacable básicamente al fuerte aumento de beneficios empresariales. El REAF destaca en su análisis que las ganancias de las empresas no solo han superado ya los umbrales de 2019, sino que se sitúan un 50% por encima de los de 2007, cuando Sociedades recaudó 45.000 millones de euros, su máximo histórico, si bien las bases imponibles societarias sujetas a tributación han descendido un 21% desde entonces y los ingresos del tributo han caído un 28%. Cuestionado por esta evolución, Fernández asume que buena parte del efecto se debe al uso de bases imponibles negativas de años anteriores que han permitido a las empresas rebajar su factura fiscal a cuenta de las pérdidas sufridas durante la crisis financiera, primero, y la pandemia, después. Los datos indican, en todo caso, que en el ejercicio 2022 la recaudación de Sociedades superó ya los niveles logrados en 2019, antes de la irrupción del Covid, en todas las comunidades autónomas. Dentro del mapa autonómico de Sociedades, destacan Madrid y Cataluña por acaparar cada una el 20% de todos los contribuyentes del país y un 54% de todos los ingresos (4.856 millones en la delegación especial madrileña y 2.764 en la catalana), si bien su peso recaudatorio conjunto cae del 65% de 2022.

A apenas tres semanas de que los mayores patrimonios del país comiencen a liquidar por primera vez el nuevo impuesto solidario a las grandes fortunas, los asesores fiscales revelan que las consultas sobre posibles traslados de residencia fiscal a otros países se han disparado. Así lo aseveran dos tercios de los miembros del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que se han pronunciado en una encuesta, publicada ayer, que también refleja que seis de cada diez profesionales considera que el sistema tributario español ha empeorado en la última legislatura. El impuesto solidario a las grandes fortunas es una suerte de réplica estatal del Impuesto de Patrimonio que el Ministerio de Hacienda impulsó el año pasado en respuesta a la batalla fiscal planteada por las regiones del PP, en particular después de que Andalucía siguiera los pasos de Madrid anunciando una bonificación del 100% sobre la imposición a la riqueza, que Galicia elevó al 50%. La idea es que el nuevo impuesto grave los patrimonios de más de tres millones de euros, con tipos del 1,7%, el 2,1% desde los 5 millones y el 3,5% a partir de los 10 millones, lo que permitiría recaudar potencialmente 1.500 millones anuales de los 22.746 mayores contribuyentes del país, el 0,1% del total. Los ingresos reales, en todo caso, se verán circunscritos básicamente a los obtenidos en Madrid, Andalucía y las regiones con tipos inferiores al estatal, pues los contribuyentes podrán deducirse de la liquidación la aportación efectiva que hayan hecho por Patrimonio, si lo pagan. Cuestionados por el posible impacto de esta nueva figura tributaria, la mayoría de asesores fiscales (63%) considera que el impuesto va a recaer sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica del país y seis de cada diez creen que supone un desincentivo al cambio de residencia fiscal por motivos tributarios entre comunidades autónomas. Hacienda habría logrado así su objetivo de articular una suerte de armonización fiscal autonómica por la puerta de atrás.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la limitación de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es contraria al derecho comunitario, pero se muestra favorable a la posibilidad de que los tenedores de licencias VTC necesiten una doble licencia por causas medioambientales o de gestión de transporte. Es decir, por motivos de interés general. En concreto, la sentencia apunta que la ratio 1/30 “no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”, y considera que es contraria al derecho a la libertad de establecimiento. El tribunal considera que no es posible restringir la actividad de los VTC por entender que el taxi presta un servicio de interés general y que hay que proteger su actividad económica. Es decir, que no es posible garantizar la viabilidad económica de un sector en detrimento de otro. Al mismo tiempo, la sentencia avala la posibilidad de que las administraciones requieran a los VTC contar con una doble licencia para operar, como ocurre en el AMB, una nacional/autonómica y otra local, pero esa segunda licencia, concedida en este caso por el AMB, “debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad”.

En la jornada de clausura del Santander WomenNOW, el congreso sobre liderazgo femenino de Vocento, se escuchó la experiencia de mujeres que lideran el campo de la diplomacia, la investigación científica, el deporte o la inteligencia artificial. Comenzó la mañana con la charla de Julissa Reynoso, embajadora de EE UU en España. «He encontrado un país con muchísima participación de mujeres en el sector político y académico, pero en el sector privado se puede hacer mucho más», afirmó sobre España y vaticinó que las próximas semanas serán «muy intensas». «Es bueno tener controversia sobre temas políticos de relevancia, que impactan a los ciudadanos», dijo. Criada en el Bronx de Nueva York, nacida en República Dominicana, graduada en la Universidad de Columbia y pupila política de Hillary Clinton, Reynoso aseguró que «yo nunca decidí dedicarme a la política. La política ha venido a mí, aunque desde joven tuve un gran deseo de aportar a la sociedad, cuando el Bronx era un lugar bastante pobre y marginado». Inició su militancia con «protestas en la calle y apoyando candidatos que creía que podían mejorar las condiciones de los ciudadanos que no tenían poder ni voz en mi país». Pero también ha sentido la decepción: «Algunas veces me ha sorprendido que eligieran a personas que no servían a los mejores intereses». Reynoso se muestra agradecida a las «mujeres en particular que me han abierto puertas en el sector privado y el Gobierno. No es casual que la oportunidad me la diera otra mujer. La igualdad entre hombres y mujeres es también una cuestión de abrir puertas», sostuvo. «Yo entré en la Administración de Obama por Hillary Clinton». 

¿Sustituirán los robots a los doctores? Con esta pregunta tan directa comenzó ayer la intervención de Pilar Garrido, jefa del servicio de Oncología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, asegurando que nunca se podrá sustituir la relación del médico con sus pacientes. «La inteligencia artificial (IA) nos ayudará en el campo de la medicina a seguir avanzando, pero lo fundamental seguirá siendo la relación médico-paciente», aseguró durante la segunda jornada de WomenNOW organizado por Vocento. Pero Garrido considera que hacen falta más mujeres liderando el campo de la medicina. «Es una profesión muy feminizada, el 80% de los estudiantes en las facultades son mujeres, pero no hay líderes en la proporción que toca», aseguró Garrido. En su opinión, esto es muy importante porque hay que investigar en materia de género. La doctora explicó que los síntomas de algunas enfermedades son diferentes en mujeres y hombres, y hasta que no se ha estudiado no se ha sabido. La tecnología está permitiendo que se puedan ir personalizando tratamientos en función de los genes que componen el cáncer de cada enfermo y permite anticiparse al ries- go que tiene cada persona de desarrollar tumores, explicó Garrido, que fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Pero Garrido hizo hincapié en que la inteligencia artificial depende de con qué se nutra. Por tanto, aunque tengamos una máquina que nos avise de cuál es nuestra presión arterial al segundo, lo importante seguirá siendo la responsabilidad individual como ciudadano. «Por muy avanzada y buena que sea la medicina, sabemos que no tenemos que fumar, que no hay que tomar el sol salvajemente o no ser obesos», explicó la doctora.

Francia se encuentra en estado de conmoción tras el acuchillamiento múltiple ocurrido ayer en un parque de Annecy, en el sureste del país, en el que resultaron heridos cuatro niños y dos adultos. El presunto agresor es un refugiado sirio sin domicilio fijo, pero en situación regular, al que la Policía detuvo después de una frenética carrera caracterizada por una extrema crueldad. Eligió a sus víctimas más pequeñas. Los niños tienen entre veintidós meses y cuatro años. Anoche se encontraban hospitalizados en situación crítica. Además, dos adultos resultaron heridos por arma blanca. Uno de ellos es un hombre de 78 años que resultó también alcanzado por disparos durante la intervención policial para detener al autor de la agresión múltiple. Su vida corre peligro. Francia entera seguía pendiente anoche de la evolución de las víctimas de este ataque cuyo móvil todavía está bajo investigación. Tres de los pequeños fueron ingresados en un centro médico de Annecy y el cuarto fue trasladado a un hospital de Ginebra (Suiza). Un menor tiene nacionalidad inglesa y otro, pasaporte neerlandés, precisaron las autoridades francesas. «Ataque de una cobardía absoluta este mañana en un parque de Annecy. La nación está bajo shock. Nuestros pensamientos les acompañan, al igual que a sus familias y a los servicios de emergencias movilizados», reaccionó en Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron, poco después de conocerse la noticia. «Estamos conmocionados por este acto abominable, incalificable», dijo la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, que viajó Annecy, junto al ministro del Interior, Gérald Darmanin. «Cuando afecta a niños, nos afecta en lo más profundo de nosotros mismos. Hoy todo el país está impactado», añadió Borne, en declaraciones a la prensa. 

El calentamiento global causado por el hombre ha seguido aumentando «a un ritmo sin precedentes» y ha alcanzado «su máximo histórico». Este es el alarmante mensaje que cincuenta destacados científicos de todo el mundo han querido lanzar sobre el acuciante problema que supone la masiva emisión de gases de efecto invernadero. En cifras, arrojamos a la atmósfera 54.000 millones de toneladas de dióxido de carbono todos los años, lo que ha hecho que las temperaturas se hayan elevado un promedio de 1,14 grados en la última década. Las consecuencias son bien conocidas: sequías intensas, escasez de agua, incendios, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas, disminución de la biodiversidad… «Esta es la década crítica para el cambio climático», subrayan. Los gases de efecto invernadero –fundamentalmente originados por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas– actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas a un ritmo más rápido que en los últimos dos milenios. En concreto, cada una de las cuatro últimas décadas ha sido más calurosa que cualquier otra desde 1850. Este problema comenzó a alcanzar notoriedad hace más de un cuarto de siglo, en 1995, con la primera de las conferencias anuales sobre cambio climático que organiza la ONU. Aquel año tuvo lugar en Berlín. Dos años después, en Kioto, se llegó por primera vez a un acuerdo para reducir la emisión de los mencionados gases, si bien no entró en vigor hasta 2005. Diez años después, en París, se fijó en 1,5 grados el objetivo de calentamiento global a alcanzar para 2050. Los expertos se han reunido ahora para hacer un balance de los resultados de cara a la nueva cumbre, que se desarrollará en diciembre en los Emiratos Árabes Unidos.