20230904

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, insiste en que la demanda salarial de los trabajadores es «compartida» por el Ejecutivo vasco y asegura que los salarios «son la mejor manera que tienen las empresas de captar y también de retener el talento». En una entrevista, Idoia Mendia ha anunciado además que tiene previsto mantener una ronda de reuniones con los sindicatos y Confebask al inicio de este curso político y ha lamentado que ELA «se esté quedando en la batalla de conflictividad cuando es obligado acordar». Ante la apuesta de los sindicatos por las movilizaciones para que los salarios puedan recuperar el poder adquisitivo dada la elevada inflación, asegura que los salarios es un tema que «preocupa a todo el mundo y es también compartida por parte del Gobierno», asegura. Respecto a la postura empresarial frente a esas reclamaciones, Mendia indica que en Euskadi se han cerrado convenios colectivos que «protegen y mejoran la situación salarial de miles de trabajadores» como en el sector del Metal. No obstante, asegura que hay otros que llevan «muchos años» sin cerrar un acuerdo como el de Oficinas. Por tanto, reclama que, a través de «la negociación de las partes», se alcancen acuerdos que «mejoren las condiciones salariales y también laborales», porque, «a veces no es solo el salario, sino también lo que se viene a conocer como salario emocional, que son otro tipo de valores que se pueden dar en la empresa y mejoran la calidad del empleo». Idoia Mendia indica que iniciará este curso político con una ronda de reuniones con los cuatro principales sindicatos por representatividad en Euskadi y también con Confebask, que cuenta con nueva presidenta, Tamara Yagüe. 

Aunque los motivos fueron obligados, la pandemia supuso el espaldarazo definitivo al teletrabajo. Tras su llegada, miles de vascos se vieron forzados a improvisar espacios en sus viviendas, habilitaron escritorios y se lanzaron a desarrollar su labor a distancia conectados a través de un ordenador, un módem y un teléfono. Más de 145.000 personas de Euskadi, un 16,2% del total de los trabajadores, ejercieron su trabajo de esta forma durante el segundo trimestre del año 2020. Para más de 113.000 personas esta fórmula fue la principal –lo que significa que desarrollaron su labor de esta manera más de la mitad de los días–, mientras que otras 32.700 lo hicieron solo de manera ocasional, es decir, hasta dos días a la semana. La paulatina vuelta a la normalidad, temporalmente modificada por algunos brotes y repuntes puntuales como los ocasionados por las distintas variantes como la del Omicron, hizo que esta práctica terminara por desplomarse de forma evidente durante la segunda mitad de 2020. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan ahora un repunte del teletrabajo habitual en Euskadi, que han hecho alcanzar entre el pasado abril y el mes de junio su mayor tasa desde 2020. En total, durante el segundo trimestre del año un 13,9% de los trabajadores vascos llegó a ejercer su labor profesional desde su domicilio, lo que significa que 136.500 personas optaron por esta modalidad. De todas ellas, prácticamente la mitad teletrabajaron de manera ocasional y la otra mitad lo hizo durante más de la mitad de los días laborables.

El Banco Central Europeo (BCE) viene reclamando el movimiento de las entidades financieras para que paguen a sus clientes los intereses de sus depósitos desde hace un año, cuando comenzó la subida de tipos de interés. Después, el Gobierno de España, a través de la vicepresidenta Económica Nadia Calviño, elevó el tono hasta amagar la semana pasada con extender el impuesto a la banca, entre otras cosas, por la falta de movimiento en la retribución del ahorro. Y ahora es el Ejecutivo vasco el que también se suma a la presión. De momento, con un encuentro que mantendrán esta semana el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el responsable de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado. En la cita, que se gestionó durante el pasado mes de agosto, el responsable de Consumo y el encargado de la relación con los bancos del Gabinete Urkullu estudiarán la situación para ver qué movimientos se pueden desarrollar. Si bien es cierto que, de entrada, pocas son las posibilidad que tiene el Ejecutivo autonómico en su rango competencial. En principio, no se puede esperar mucho más que una recomendación, pero que no deja de sumar otro movimiento en la presión. Dentro del margen de libertad empresarial que tienen los bancos, poco se puede decir sobre la fórmula que elijan para gestionar el pago de intereses a los depósitos de sus clientes. De hecho, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, no ha levantado una acusación por colusión tácita en el sector. Las entidades, en una situación en la que cuentan con gran liquidez, no se sienten obligadas a pedir a los usuarios que dejen el dinero guardado en los depósitos a cambio de intereses. Pero el hecho de que sí estén aplicando su subida de modo inmediato a las hipotecas ha enfadado a consumidores y asociaciones de clientes financieros que reclaman que la llegada de los intereses al negocio bancario sea en las dos direcciones.

Negociar, apretar, volver a presionar, y si no se consigue nada, sacar el dinero del banco y marcharse a otra entidad. Este es el agresivo consejo que este mismo verano, y para sorpresa del sector, lanzaba la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, a los clientes españoles que en el último año han sufrido el nulo esfuerzo de sus entidades por trasladar las subidas de los tipos de interés a la remuneración del ahorro. Pues bien, parece que algunos han tomado buena nota de ello y las conversaciones ‘cara a cara’ en las sucursales empiezan a dar sus frutos, obligando a las entidades a pagar más por sus depósitos. Los datos que maneja el BCE apuntan a que los bancos remuneran una media del 2,21% los depósitos a 12 meses de las familias. Una cifra que sigue lejos de la media de la zona euro y del 3,5% que rondan países como Francia o Italia, pero que mejora con holgura el 1,85% que pagaban en mayo. Los expertos tienen claro que esta mejora llega sobre todo por parte de entidades de menor tamaño, digitales y extranjeras. Pero reconocen que también está influyendo ese hartazgo de determinados perfiles de clientes, sobre todo rentas medias y altas o aquellos que amenazan con cambiarse de entidad. «Los agentes siempre han tenido libertad para realizar ofertas fuera de catálogo a determinados perfiles», reconocen desde una entidad financiera nacional. «Si presionas mucho, se están consiguiendo depósitos al 2,5% o incluso por encima», indican los expertos de Asufin. No obstante, la banca no da duros a pesetas y están limitando esas ofertas a depósitos a partir de 50.000 euros. Y siempre que su contratación incluya una mayor vinculación a la entidad.

El Gobierno que se conforme tras las elecciones del 23-J va a tener que lidiar con el polémico peaje a las autovías hasta ahora gratuitas que contiene el plan de recuperación y resiliencia español aprobado por Bruselas y que fue motivo de polémica durante la campaña electoral. El argumento esgrimido para aplicar ese peaje es el pago por uso con fines disuasorios y medioambientales. Pero hay otro coste asociado a las autopistas que van a tener que afrontar todos los contribuyentes en esta legislatura, tanto si son conductores y usuarios como si no. Este canon singular son las indemnizaciones millonarias que el Estado debe abonar por las nueve autopistas de peaje que tuvieron que ser rescatadas entre 2018 y 2019 tras la entrada en concurso de acreedores y posterior liquidación de las concesionarias privadas que se adjudicaron su construcción y gestión. Las concesiones estaban sujetas a unas previsiones de tráfico para que las empresas recuperaran su inversión. Por si acaso, se introdujo una cláusula de salvaguarda —la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)—, por la que el Estado se haría cargo de la gestión de las vías, compensando en su caso a las concesionarias por la inversión realizada en su construcción, si no se cumplían esas expectativas. La crisis vació de automóviles las autopistas de pago y dejó en papel mojado las previsiones. Las concesionarias, en las que participaban todas las grandes constructoras (Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi, Europistas, Budimex, Globalvía y Ploder, entre otras), quebraron dejando un pufo considerable a las cajas de ahorro y los bancos que les habían prestado el dinero. Los fondos de inversión adquirieron a las entidades financieras a precio de saldo esa deuda y ahora pleitean contra el Estado, al que reclaman hasta 4.500 millones en compensaciones. El problema para las arcas públicas es que los tribunales, por el momento, le están dando la razón a los acreedores privados.

El tejido productivo empresarial español se está descosiendo a causa de diversas problemáticas que tensionan el día a día de las compañías nacionales, algo a lo que hay que buscar una solución. Esa es al menos la opinión de Cepyme, organización empresarial que defiende los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Y como “las pymes conforman la mayor parte del tejido empresarial del país”, desde la organización han lanzado un decálogo de propuestas para que el nuevo Gobierno, cuando se conforme, tenga más en cuenta la situación de estos negocios. El documento, con el título Propuestas de Cepyme para el nuevo Gobierno, hace especial hincapié en la cuestión fiscal, puesto que califica como necesario “atajar la tendencia de incrementos tanto fiscales como de cotizaciones sociales que se han institucionalizado durante estos últimos años, suponiendo un gran deterioro de la competitividad, especialmente de las pymes, que no han logrado recuperarse totalmente tras la pandemia y la crisis inflacionaria”. Pero la organización también anima a tomar medidas en cuestiones macroeconómicas como la contención del gasto público o la sostenibilidad de las pensiones, puesto que tienen impacto en el aumento de la presión fiscal, y en otros asuntos como la morosidad y las vacantes laborales, siendo este último un problema creciente en España. Cepyme inicia el documento criticando que en España se ha producido una “etapa en que la actividad empresarial ha sido señalada”, y pide que a partir de ahora se ponga en valor que la libertad empresarial, “tal como recoge la Constitución, es la base sobre la que se fundamenta la prosperidad de todos”. Por eso insta al próximo Gobierno a que no tenga en cuenta “el fuerte aumento de la actividad patente en los últimos meses”, circunstancia que no debería “desviar la atención” de los desafíos a los que se enfrentará la empresa española a corto plazo, en un “entorno de encarecimiento y restricción del crédito con alzas continuadas de sus costes fijos”. 

La todavía vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, se está movilizando para conseguir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es el mejor cargo de su carrera, remunerado con el mismo sueldo que Ursula Von der Leyen (unos 400.000 euros anuales sin pagar IRPF español) y libre ya de un posible gobierno de coalición cada vez más débil y abocado a choques constantes con Yolanda Díaz. Es importante su reunión del pasado martes con el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, en París, porque es clave en la batalla de Calviño contra la otra gran candidata, la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager. La española no ha trasladado información de esa cita y nunca es cómodo para ella tratar con Le Maire, al que considera arrogante. Por su parte, un portavoz del Ministerio francés asegura a este diario que Le Maire no se pronuncia, al menos por ahora, si opta por la liberal danesa o por Calviño: «No hacemos comentarios sobre el BEI». Lo que sí deja claro el Ministerio francés es que cualquiera que quiera el cargo deberá alejarse de la dura posición de gobiernos europeos como el de Sánchez en contra de la energía nuclear. Ante la pregunta de si éste es un tema clave para Francia en el BEI, su respuesta es afirmativa: «Defendemos ser pronucleares en todas las instituciones». El banco reparte cada año 70.000 millones y mantiene en suspenso dar préstamos a proyectos nucleares por la división que existe en su cúpula. Para Francia es relevante que la nueva presidenta del BEI desbloquee esa situación.

Las familias buscan cómo protegerse del zarpazo de la inflación y del encarecimiento de los créditos al consumo e hipotecas (principalmente las variables). Una de las alternativas ha sido utilizar el ahorro acumulado en la pandemia para amortizar parte del capital pendiente de los préstamos. Y lo han hecho en mayor medida para contener la cuota, disparada por el euríbor, aunque con ello aminoren menos intereses que reduciendo el plazo, según avanzan los grandes bancos del país. La prioridad es llegar a fin de mes y no bajar más los intereses. En primer lugar, los hipotecados con más incentivos para amortizar una parte de la deuda pendiente son los que están a tipo variable. Esto es, los préstamos que están referenciados al euríbor (la mensualidad se revisa, habitualmente, una vez al año), que sufrirán la escalada del último año. Los que están a tipo fijo también están repagando, aunque en su caso la factura de los intereses financieros no se vería acrecentada por la nueva política monetaria.

Pese a que las 20 economías de la zona euro cuentan con una moneda única, están bajo la misma política monetaria del Banco Central Europeo, así como un tipo de cambio fijo, los últimos datos macroeconómicos que se han conocido a lo largo de las últimas semanas han puesto encima de la mesa unas importantes diferencias entre las distintas variables económicas de cada uno de los países. Uno de los datos que más ha llamado la atención y que en 2002 fue paradigmático es el de la inflación, donde se aprecian importantes diferencias de las cifras entre países que nada tienen que ver a las oscilaciones, mucho más moderadas de años pasados. Estas diferencia entre los niveles de inflación de un país a otro provoca importantes diferencias a la hora de que se transmita la política monetaria y los tipos de cambio reales. De ahí que no ejerzan los tipos de interés, actualmente en el 4,25%, la misma función en todos y cada uno de los países a la hora de contener la evolución de los precios. Esto es fácil de entender. Aunque 1 euro vale lo mismo en Madrid que en Berlín, Tallin o Viena, no tiene la misma capacidad de compra en una ciudad que otra, al estar supeditado al coste de la vida y el nivel de ganancias salariales, lo que también se reflejará en su nivel de inflación. Así, un ejemplo claro está en la actual situación del mercado inmobiliario, donde el incremento de los tipos de interés está provocando una drástica caída de la demanda de vivienda por parte de nacionales, por el encarecimiento de la financiación, de la hipoteca para realizar esa compra, dificultad íntimamente relacionada con el nivel de ingresos. Sin embargo, estos problemas son menores para alemanes, belgas o austriacos, que gracias a su mayor poder de compra sufren menos en la adquisición de una vivienda en España por el alza de los tipos, llegando incluso a proceder a compras sin financiación hipotecaria.

"Muchos economistas creen que el objetivo del 2% es arbitrario y que puede perfectamente sustituirse por el 3% o incluso el 4%...Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) advirtió que, a pesar de la mejoría en la alta tasa de inflación del pasado reciente, esta «sigue siendo demasiado alta». «Estamos preparados para aumentar aún más los tipos si corresponde y pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo, hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo», añadió. El consenso de mercado espera que la Fed renuncie a una subida de tipos en su próxima reunión de septiembre, aunque algunos analistas anticipan un último aumento de un cuarto de punto en la siguiente reunión de finales de octubre (5,75%). Nadie espera recortes de tipos hasta bien entrado 2024. Más enjundia económica contuvo el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE). «En esta era de incertidumbre, es aún más importante que los bancos centrales proporcionen un ancla nominal para la economía y garanticen la estabilidad de precios de acuerdo con sus respectivos mandatos. En el entorno actual (tipo del 4,25%), esto significa fijar tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr un retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo de medio plazo del 2%», sostuvo Christine Lagarde. Ese objetivo del 2% no se va a mover, prometió la francesa. «Frente a un mundo cambiante, la política monetaria no debería convertirse en sí misma en una fuente de incertidumbre. Esto será crucial para mantener firmemente ancladas las expectativas de inflación incluso cuando haya desviaciones temporales de nuestra meta, como puede ser el caso en una economía más propensa a ‘shocks’. Y también será clave para mantener la confianza pública en que, incluso en un entorno nuevo, no perderemos de vista nuestro objetivo. Debemos mantener y mantendremos la inflación en el 2% a medio plazo», aseguró la líder del BCE..."

El Gobierno francés descartó ayer restablecer el descuento a los carburantes que se puso en marcha en 2022 por su alto coste presupuestario, aunque los precios en las gasolineras hayan subido mucho en las últimas semanas y algunos partidos políticos lo hayan pedido. ”Es completamente irracional”, subrayó el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, cuando se le preguntó por esa posibilidad en una entrevista. Le Maire señaló que “no sería coherente” hacerlo ahora que se ha decidido poner fin a las ayudas masivas de la covid y a las de la crisis abierta por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El ministro explicó que el pasado año los descuentos al carburante se aplicaron porque el país estaba “en pleno choque inflacionista”, al dispararse la cotización del barril del petróleo con la guerra en Ucrania. Pero recordó que “el coste fue extremadamente elevado”: 8.000 millones de euros para las arcas públicas, y si se hiciera lo mismo ahora la cuenta podría subir a 12.000 millones más. Además, señaló que sería inexplicable dedicar ese dinero para subvencionar las energías fósiles cuando el cambio climático se está acelerando y está produciendo efecto. El litro de gasóleo en Francia ha subido unos 20 céntimos de euro desde comienzos de julio y se situaba de media esta semana en 1,893 euros en las estaciones de servicio, el máximo en siete meses. La gasolina, por su parte, ha seguido una tendencia similar y ha superado el umbral simbólico de los 2 euros, hasta 2,0179 euros, muy cerca del récord de este año.

Más de ocho millones de alumnos inician desde esta semana la vuelta a las aulas en un curso que estará marcado por la aplicación a medio gas de la Ley Celaá en el 70% de la población escolar. Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el PP gobierna ahora en la mayoría de comunidades, que siguen una estrategia de «minimizar los efectos negativos» de la reforma educativa del Gobierno. Cambian los currículos, recuperan las notas numéricas, limitan que se pueda pasar de curso con suspensos y reforman las leyes lingüísticas, con el fin de neutralizar los puntos más conflictivos de una norma que ven «caótica», «improvisada» y «sin consenso». La escuela se convierte así en el primer lugar donde queda en evidencia la extrema debilidad política de Pedro Sánchez, quien, incluso si recaba los apoyos suficientes para ser investido, se encontrará con el muro de una oposición fortalecida también por una mayoría absoluta en el Senado que tiene capacidad para frenar cuestiones de calado como la elección de vocales del TC o del CGPJ o una hipotética reforma de la Constitución. En la trinchera escolar, la táctica de las autonomías del PP sigue dos caminos. En primer lugar, aprovechan que tienen las competencias educativas transferidas para aprobar normativas autonómicas que desinflan las cuestiones más polémicas de la Lomloe. Sus equipos jurídicos han cuidado al milímetro que todo se haga «cumpliendo la ley orgánica», pero se sirven de todos los resquicios legales que les brinda su margen de maniobra para contrarrestar el ideario educativo de la izquierda. En segundo lugar, van a poner el foco en la Conferencia Sectorial de Educación, máximo órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA, donde las regiones gobernadas por el PP o en alianzas entre este partido y Vox tienen ahora poder para vetar las decisiones del Ejecutivo.

El Departamento vasco de Salud registró 41 casos de dengue en 2022, una enfermedad infecciosa que está marcando sus registros máximos en varios países de América y Asia. El aumento de la circulación de este virus, que es transmitido por mosquitos, ha tenido como consecuencia un importante aumento de casos en Euskadi. Todos ellos en viajeros procedentes de estas zonas donde el patógeno es endémico. En 2019, año de referencia antes del Covid, se registraron en Euskadi 25 casos, prácticamente la mitad que en el último registro de 2022. Para este 2023 Salud prevé que se mantenga la tendencia al alza. «Este crecimiento responde a una mayor afluencia turística a los países que presentan brotes de este virus. A nivel global existe un incremento de la incidencia del dengue», explica el donostiarra Pello Latasa, responsable de Vigilancia Epidemiológica de Osakidetza. «La gente suele viajar sana a estos lugares de riesgo. Allí se exponen al patógeno, algunos se infectan, incluso empiezan a sentirse mal, y es cuando vuelven a su casa cuando se les diagnostica», añade. De las 41 personas diagnosticadas de dengue en Euskadi el pasado año, 13 –el 32 %– tuvieron que recibir atención hospitalaria. Esta enfermedad es «fácil de diagnosticar porque los infectados desarrollan cuadros más severos y por ello acuden con mayor frecuencia al médico que los afectados por otros virus tropicales más leves», indica Latasa. Los síntomas más comunes del dengue son fiebre, dolores musculares y de cabeza y un sarpullido en la piel. También se puede cursar la enfermedad de forma asintomática. En la comunidad vasca, todos los casos que ha habido hasta la fecha de esta enfermedad han sido importados.