20231009

El lehendakari, Iñigo Urkullu, capitanea una amplia expedición vasca que mañana parte hacia Japón con la misión de reforzar y desarrollar los lazos ya existentes con el país nipón, tanto desde el punto económico como desde el institucional, el turístico, el cultural o, incluso, el gastronómico. La misión, que se prolongará hasta el próximo día 17 y en la que participan medio centenar de empresas, en su mayoría industriales y con una amplia representación guipuzcoana, coincide con la denominada ‘Basque Week’ que se desarrolla en el Tokio metropolitano, y que viene a ser la ‘guinda’ del año Euskadi-Japón. Y es que a lo largo de todo este 2023 ambos países han intensificado de manera notable los contactos con distintas misiones cruzadas y un amplísimo catálogo de acciones en uno y otro lugar. Junto al lehendakari viajan también los consejeros Arantxa Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo), así como Marian Elorza, secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior. Como explican fuentes de Lehendakaritza, «Japón es un país prioritario en la estrategia Euskadi Basque Country 2025». Hablamos de la tercera economía mundial y de uno de los puntos del planeta más desarrollados desde el punto de vista tecnológico e industrial, lo que explica por sí solo el atractivo que representa para las empresas vascas. Junto a la automoción, segmento de larga tradición en el Japón industrial, o la máquina-herramienta (de la que es uno de los mayores fabricantes mundiales), el país ha desarrollado en los últimos tiempos –sobre todo a raíz del accidente de Fukushima– una enorme y millonaria apuesta por las energías limpias. Y es ahí también donde las empresas de Euskadi tienen grandes esperanzas puestas.

Por primera vez en más de una década la ‘hucha’ de las pensiones, ese fondo creado para ayudar a pagar las prestaciones de los jubilados en los momentos de mayor tensión, comienza a llenarse, aunque aún está muy lejos de poder ser un buen colchón para los años complicados que vienen. Desde 2011 el denominado Fondo de Reserva había ido menguando año a año, ya que los diferentes Gobiernos habían tenido que ir echando mano de ese dinero recaudado durante décadas con el superávit de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones tras el estallido de la crisis financiera, cuando el sistema empezó a quebrar. Pero esa etapa de recortes ha llegado a su fin a raíz de la última reforma de las pensiones, cuando se blindó por ley. Así, a lo largo de este año esta hucha ya ha recibido un total de 2.380 millones de euros que, sumados a los 2.141 millones que tenía a cierre de 2022, suman ya un total de 4.522 millones, según los datos que el Ministerio de Seguridad Social ha proporcionado. El departamento comandado por el ministro José Luis Escrivá estima además que a final de 2023 el fondo de reserva llegará a alcanzar los 5.347 millones. Es su valor más elevado desde noviembre de 2018 y más del doble de lo que tenía el año pasado pero una doceava parte de los cerca de 67.000 millones que llegó a acumular en 2011, en su momento más álgido. Así, ni siquiera servirá para pagar media paga de las más de diez millones de pensiones que se abonan en la actualidad y que suponen un desembolso de más de 12.000 millones de euros al mes. Y mucho menos llegará para abonar ni media paga de las pensiones venideras, que tendrán un coste mucho más elevado puesto que serán mucho más numerosas y cuantiosas.

Nunca antes la Seguridad Social había logrado ingresar tanto con las cotizaciones sociales. Más de 100.000 millones de euros en los ocho primeros meses del año. Un máximo que se consigue al tener el sistema más afiliados que nunca: casi 20,8 millones y pagando unas cuotas también más elevadas. Así se ha conseguido recaudar casi un 10% más que un año atrás, lo que equivale a 9.085 millones extra. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, mientras que el ritmo de crecimiento interanual es el mayor de los últimos 16 años. Pero ni con este máximo la Seguridad Social consigue acabar con el déficit que viene arrastrando desde hace más de una década. Los gastos que tiene para pagar cada mes los más de diez millones de pensiones son aún bastante más elevados que los ingresos y crecen también a un ritmo mayor que el incremento de la recaudación. Así, solo el desembolso en abonar las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) ha crecido hasta agosto un 10,7% hasta rozar los 103.000 millones de euros. Un gasto que se dispara hasta los 115.000 millones si se incluyen también otras prestaciones contributivas. Por ello, pese a que la reforma de las pensiones ha sacado ya la mayor parte de gastos impropios del sistema y pese a las transferencias cada más cuantiosas que realiza, el Gobierno no ha logrado, tal y como había prometido, dejar a cero el déficit, algo que espera suceda ya en 2026.

El comercio bilateral entre España e Israel equivale a unos 3.000 millones de euros al año, con una balanza positiva a favor de España, sobre todo en sectores relacionados con la construcción y el transporte. España no es un gran inversor en el Estado hebreo, pero hay grupos españoles que se juegan una cartera de negocio importante en el país. Entre ellos destacan Comsa y CAF, que participan en algunos de los mayores proyectos ferroviarios israelíes. El fabricante de trenes vasco fue el primer contratista español en desembarcar en el mercado de gestión privada de tranvía de Israel. En 2019, la multinacional española se impuso en el concurso para construir y operar la denominada línea roja del tranvía de Jerusalén, un proyecto valorado en unos 1.000 millones de euros. Posteriormente, en 2022, CAF ganó, junto a su socio Shapir, la denominada línea morada del tranvía de Tel Aviv, un proyecto valorado en unos 1.000 millones de euros. 

Imaz ya venía siendo crítico, pero su intervención en inglés en el llamado Día ESG de Repsol y a la que ha tenido acceso El Mundo desborda toda expectativa. La tituló Quo Vadis Europe? y, tras recalcar que «Repsol ha sido la primera empresa energética en comprometerse con alcanzar cero emisiones en 2050», suministró datos muy preocupantes sobre el error que pueden estar cometiendo la UE y España por «razones ideológicas y no técnicas o científicas». «Del trilema energético que forman la seguridad de suministro, una energía asequible y la sostenibilidad, Europa ha implantado una regulación que sólo pone énfasis en el último». Es decir, que se centra en la sostenibilidad «e ignora completamente garantizar la seguridad de suministro y unos precios asequibles». A su juicio, estas políticas equivocadas amenazan a la industria y consumidores europeos. Por ejemplo, han provocado que lo que se paga como derechos de emisión de dióxido de carbono se haya multiplicado un 250% desde 2019 y que, además, debido a políticas recaudatorias como la española, los conductores terminan pagando cuatro veces más que eso. «Hay un dato impactante. En España los conductores están pagando 327 euros en impuestos por cada tonelada de CO2 que emiten a la atmósfera, el cuádruple que el precio europeo», aseguró. ¿El cuádruple? Se refiere a que por cada litro que los españoles repostan de carburante –incluso aunque sea biocombustible– el 45% del precio son impuestos. Eso hace que lleguen a pagar los citados 327 euros en España cuando el precio europeo por emitir una tonelada es de unos 85 euros, según recrimina Imaz. Otro ejemplo que dio contra la política del Gobierno es que «en el parque móvil español los vehículos tienen vida media de 14 años sin plan de desguace para los de gasóleo». En cambio, «las ayudas son para el vehículo eléctrico, que muy pocos se pueden permitir». Así que su mensaje fue: «¡Dejemos de subvencionar a un coche que sólo compran los ricos!». 

Entrevista con Josep Maria Recasens, presidente de Renault España. "El posicionamiento actual es muy bienvenido por la industria. Cuando nació, la Euro 7 suponía una prohibición encubierta del coche de combustión, ya que solo los vehículos eléctricos podían cumplir con los requisitos exigidos. Esto, en consecuencia, hubiese afectado a las fábricas españolas que lo que hacen son coches de combustión híbridos. Además, como estaba planteada, el aporte de mejora al clima no era proporcional al esfuerzo económico a realizar...La nueva propuesta de normativa de emisiones Euro 7 termina quedando muy parecida a la Euro 6, salvo en las emisiones de neumáticos y frenos. Hay una exigencia adicional en los límites de emisiones de gases NOx. Y en cuanto a los neumáticos y frenos, desde el principio hemos dicho que nos parece positivo, porque se actúa sobre componentes que están presentes también en tecnologías futuras como los coches eléctricos...Tenemos que averiguar si hay una competencia justa. Yo quiero jugar al fútbol 11 contra 11 y no 11 contra 15. Hay que mirar eso. Europa tiene mecanismos para favorecer a los constructores que son medioambientalmente positivos para el planeta. Y aquí entra el tema del mix energético, cuántos de los vehículos que se están produciendo en el mundo y que se están vendiendo en Europa hacen uso de un mix energético limpio. Yo no hablo de malos, sino de que bonifiquemos a los medioambientalmente responsables. Eso suena como la medida que pondrá en marcha Francia (que solo dará ayudas a la compra a vehículos eléctricos según su huella de carbono, lo que deja fuera de la ecuación a las marcas chinas)..."

"...La economía española se consolida como motor del crecimiento en Europa. Los datos son claros y contundentes: España registró desde 2021 una intensa recuperación de la actividad y del empleo cuyo impulso se ha mantenido durante este año a pesar de la ralentización internacional. Además, cada vez más indicadores, desde la afiliación a la inversión o el sector exterior muestran el importante cambio estructural en marcha. España se consolida como motor del crecimiento en Europa y todo ello ha llevado a revisiones al alza de las previsiones de los organismos y analistas, con una perspectiva positiva para los próximos meses y el año 2024. Además, las medidas adoptadas han sido eficaces para reducir la inflación hasta el entorno del 3%, entre las menores de la UE. El desacople de los precios del gas conocido como la “solución ibérica”, las bajadas de impuestos, el transporte público gratuito… todo ello ha permitido amortiguar el impacto sobre el bolsillo de las familias y reforzar la competitividad de las empresas españolas, que han ganado cuota de mercado en un entorno de ralentización de la economía europea. En efecto, el comportamiento del sector exterior está siendo extraordinario, sobre todo en un marco de subida de precios de la energía y de las materias primas. Además de la excelente campaña del sector turístico, en el que España es líder europeo por ingresos y superávit, las exportaciones han alcanzado un nuevo máximo histórico impulsadas por los servicios no turísticos, los bienes de la industria química y agroalimentaria y el automóvil. La balanza de pagos por cuenta corriente registra un superávit del 3% del PIB, se ha reducido la deuda frente al exterior y la capacidad de financiación está también en máximos históricos, con un peso creciente de la inversión internacional directa que refleja la confianza y la estabilidad financiera de nuestro país, factor esencial en un contexto internacional tan volátil. El fuerte crecimiento y la política fiscal responsable están permitiendo a España cumplir holgadamente los ambiciosos objetivos de reducción del déficit y de la deuda, para absorber cuanto antes el coste fiscal del rescate público de la economía española durante la pandemia..."

Entrevista con Pedro Pérez-Llorca, experto en el campo de las fusiones y adquisiciones y ha asesorado en algunas de las principales opas del mercado español en los últimos 25 años, entre ellas las de Endesa, Abertis, Cortefiel, Naturgy o Mediaset, así como en procesos de privatización y salidas a Bolsa. "Europa es un mercado de enanos, no tenemos en muchos sectores grandes compañías. El tamaño de las compañías no está a la altura del tamaño del mercado y, sobre todo, no está a la altura de los competidores extraeuropeos...No soy partidario de las restricciones a la inversión extranjera. No me parece que sea el camino. El camino es impulsar el crecimiento de las empresas, facilitar que Europa sea un mercado único. Tampoco soy partidario de las contradicciones. Una empresa que cotiza es una compañía en la que, por definición, se compran y se venden las participaciones en el capital con libertad. Es un poco imposible tener una compañía cotizada y un control férreo de quién compra y quién vende...Estratégico es una palabra muy grande. Es muy fácil de decir, pero si se va a intervenir administrativamente en algo, hay que hacerlo con arreglo a criterios tasados. Me parece que la normativa de inversiones extranjeras no está en eso. Es un poco hija del derecho de la competencia, que es también un derecho poco jurídico, consistente en: “Usted, venga y pregunte, y ya lo veremos”.

En la primera mitad de este año se han dado parte de 1.779 casos de enfermedades profesionales en Euskadi, según consta en los registros del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan. El dato supone un incremento del 8,1% respecto a los expedientes señalados en los primeros seis meses de 2022 (1.645 recogidos), un 13,6% más que en el mismo periodo de 2021 (con 1.566 casos) y un 40,6% respecto a los del 2020, año de la pandemia. Entonces tan solo se informó de 1.265 afectados. Sin embargo, la cifra queda todavía por debajo de las estadísticas previas al estallido del covid. En 2018 fueron 1.850 los partes, mientras que tanto en 2019 como en 2017 se mantuvieron en datos muy similares: 1.741 y 1.780, respectivamente. «Es verdad que en los años 2020 y 2021, debido a la pandemia por el SARS-COV-2, disminuyó el número de EP declaradas, con lo que, aunque en el 2022 haya aumentado, todavía no se han alcanzado niveles prepandemia del 2018», subraya la responsable de epidemiología e información de Osalan, Idoia Camarón Echeandia. Sus análisis se centran en las tablas que contienen la evolución de años completos, es decir, hasta el 2022. Los de este ejercicio se documentarán para abril del próximo año, cuando se retiren los partes que resulten descartados. Más allá de estas cifras totales, en Osalan centran sus análisis en las tasas de incidencia. Éstas tienen en cuenta la población sobre la que se produce el número absoluto de enfermedades profesionales. Así, en 2022 consta una incidencia del 1,95 por cada mil personas frente a los 1,69 de 2021 o los 1,55 de 2020. Antes de la pandemia todos los balances iban encabezados por un dos: 2,11 en 2019, 2,59 en 2018, 2,51 en 2017…

El crecimiento del número de grúas en el horizonte ha parado después de varios años frenéticos. Las que están funcionando no se detienen, aunque los constructores y promotores vigilan cada mañana la subida de costes financieros y de material para incorporarlas a los precios en la medida de lo posible. Las que estaban en proyecto se quedan en ese estado hasta que escampe la inestabilidad que les impide controlar el riesgo de las inversiones. Es así cómo el mercado de la vivienda, que ha dejado de ser un problema económico para tener ya escala social suma un factor más que complica su solución. El número de proyectos visados creció hasta junio un 1,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero las viviendas iniciadas en los últimos 12 meses caían ya hasta marzo un 8,3%, con un desplome del 26% en la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más tensionados de España en cuanto a precios y accesibilidad, según datos del Banco de España. Tras la expansión en 2021, 2023 terminará probablemente como el segundo año consecutivo en que se contrae la construcción de viviendas en un país marcado precisamente por la dificultad del acceso a la vivienda. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha desatado una reacción en cadena que ha terminado frenando la actividad del ladrillo a la espera de que el escenario se vuelva más favorable. En el sector, la confederación Nacional de la Construcción (CNC) utiliza una gráfica expresión para describir la situación y admiten haberse «retirado a los cuarteles de invierno» hasta que el mercado vuelva a coger ritmo y las condiciones de financiación se estabilicen.

El trasiego de operaciones corporativas en renovables en España, que parecía que había tocado techo hace un año, se ha disparado en una carrera sin freno en la que también han entrado las tres mayores energéticas españolas, Endesa, Iberdrola y Repsol. Las tres compiten en estos momentos por protagonizar transacciones históricas que ha convertido la ola de compraventas en un gigantesco tsunami imposible de detener. Repsol busca socio para una cartera de megavatios valorada en 800 millones en una operación bautizada como Proyecto Ebro; Endesa hace otro tanto para encontrar aliado que le ayude a desarrollar proyectos valorados en 2.000 millones (Proyecto Ra); e Iberdrola va a pulverizar todas las plusmarcas cuando logre compañero de viaje para instalar renovables por 7.000 millones (Proyecto Maverick) en EEUU. Solo las tres grandes energéticas españolas copan casi la mitad de los más de 23.000 millones de euros que ahora hay en el escaparate con otras operaciones. Es una cifra histórica, alimentada por operaciones que llevan meses abiertas o se están completando en estos momentos, como las de Elecnor, Capital Energy, Exus, Ignis, Fotowatio, Grenergy, Everwood, Algonquin, BP y Hanwha, entre otras. Lo asombroso de todo este trasiego es que el apetito inversor no ha cambiado y, según los expertos, tampoco lo han hecho los precios. Lo que sí lo ha hecho es la estructura de las operaciones. En muchos casos ya no se trata solo de traspasar una cartera de proyectos, o incluso vender al completo la plataforma que los desarrolla.

Con un Gobierno en funciones y sin que esté totalmente garantizada aún la formación de uno nuevo, la expectación sobre qué va a pasar con las medidas para paliar los efectos de la crisis energética que caducan a finales de año sigue creciendo. Entre las más relevantes que el Ejecutivo comenzó a aplicar con carácter temporal a partir de mediados de 2021 están los recortes de impuestos que gravan el recibo de la luz: el de IVA del 21% al 5%, el del impuesto especial de la electricidad (IEE) del 5% al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a todo tipo de generación que, aunque se aplica a las eléctricas, estas lo repercuten en el precio final. Según cálculos de analistas, de no mantenerse estas rebajas a partir del 1 de enero de 2024, fecha en que caduca su vigencia, la factura de la luz de un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada o precio de venta del pequeño consumidor (PVPC) subirá un 26,5% al mes: casi 16 euros mensuales más, de los cuales, casi 13 euros corresponderían a la recuperación del IVA. El consumidor tipo es el que tiene una potencia contratada de 3,5 kW, con un consumo anual de 3.000 kWh y mensual de 250 kWh. También en el recibo de los usuarios en el mercado libre, con menos de 10 kW de potencia contratada, el impacto de recuperar estos tributos sería importante. Aunque en ese caso es imposible realizar el cálculo real de dicho impacto porque las condiciones de los contratos se pactan bilateralmente entre la comercializadora y el cliente. El efecto aproximado para los clientes liberalizados se debe calcular de forma individual, aplicando los tipos de los dos impuestos que se pagan directamente y que regían antes de la crisis: el 21% del IVA y el 5% del IEE.

La banca española aligera aún más su red de oficinas. Durante la primera mitad del año las entidades echaron el cartel de cierre a un ritmo de una sucursal cada dos días, pese a los planes en marcha para la inclusión de colectivos vulnerables y zonas rurales sin acceso a servicios bancarios presenciales. El parque de oficinas en España ha pasado de contar con 18.008 sucursales a principios de año a 17.889 al cierre de junio, según los datos que proporciona el Banco de España. En términos netos, se trata de 120 establecimientos menos en los primeros seis meses del año, y aunque no resulte un número demasiado elevado comparado con los procesos de clausura masiva que se han producido en años anteriores, el goteo de cierres no cesa. Se da la circunstancia de que estos cierres se producen en un momento en el que los bancos no se encuentran en medio de planes de recortes masivos. De hecho, después de las fusiones de CaixaBank y Bankia y de Unicaja y Liberbank, y los planes de despidos y ajuste de las redes que acometió el sector en general tras la pandemia de Covid-19, las entidades aseguraban que se sentían cómodas con la dimensión actual de sus redes de agencias. Por entidades, destaca el recorte llevado a cabo por CaixaBank, con 115 oficinas. Se trata del grueso de sucursales cerradas por el sector entre enero y junio. Fuentes de la entidad explican que estos cierres se deben, por un lado, a integraciones de oficinas pendientes tras la fusión con Bankia y, por otro, a la inversión en nuevas aperturas de oficinas Store, que implican el cierre de varias sucursales que se encuentran próximas entre sí para abrir otra de mayor tamaño.

El sector financiero se la juega con la nueva estrategia de inversión minorista (RIS, por sus siglas en inglés) impulsada desde Bruselas. Esta normativa, que está aún en fase de tramitación, quiere limitar las comisiones que bancos y aseguradoras cobran a sus clientes por distribuir fondos y otros productos de inversión. El asunto es la primera prioridad en los departamentos de gestión de activos. En España hay 2.000 millones de ingresos por comisiones en el aire. La RIS quiere llegar mucho más lejos de donde llegó Mifid II, la anterior directiva sobre los mercados financieros. Desde la Comisión Europea consideran que se quedaron cortos y no lograron que el sector realizara cambios sustanciales en la forma de distribuir productos financieros. El caballo de batalla de este nuevo paquete legal son los esquemas de remuneración cuando se venden fondos. Antes de Mifid II, los bancos se quedaban directamente con una parte de las comisiones de gestión de las firmas de inversión. Si vendían a un cliente un producto de JP Morgan o de Fidelity con una comisión final del 2% anual, la gestora del fondo se podía quedar la mitad de ese importe. Con Mifid II se exigió que, para que el banco pudiera cobrar esas llamadas “comisiones de retrocesión”, tenía que aportar un valor añadido, en forma de un asesoramiento personalizado, un seguimiento de su situación inversora o una amplia oferta de fondos internacionales donde elegir. Pese a todo, la sensación por parte de los reguladores es que la situación ha cambiado menos de lo que esperaban. 

Huawei ha decidido plantarle cara al Gobierno por considerar que está sufriendo un veto velado a sus redes y a sus equipos de telefonía móvil 5G. El fabricante chino ha recurrido las bases del concurso convocado por el Ministerio de Economía para otorgar más de 500 millones de euros en ayudas para el despliegue de esta nueva tecnología 5G en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación. La filial española del gigante chino, Huawei Technologies España, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden 685/2023 del Ministerio de Asuntos Económicos “por considerar que la misma contiene una provisión contraria a Derecho y desproporcionada”, en referencia a un artículo incluido en las bases para la concesión de esas ayudas que perjudica a los operadores que usen equipos de Huawei en su despliegue de redes 5G en zonas rurales, informaron fuentes de la compañía. La cláusula impugnada es el artículo 10.9 de las bases del concurso, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de junio, en la que se especifica que “los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España”. Y, como quiera que España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, aún no ha confeccionado esa lista de proveedores prohibidos, el artículo añade una “condición especial de ejecución” por la que “si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado”. Y, además, impone que esa sustitución se realice en un plazo máximo de dos años. En la práctica, la disposición supone un serio condicionante para Vodafone y Orange, que operan con equipos de Huawei y ZTE, los dos fabricantes chinos acusados por Estados Unidos y la UE de trabajar para el Gobierno chino en labores de ciberespionaje a través de sus redes 5G.

"...La economía española ocupa el puesto 16, si nos referimos a la renta agregada producida por el colectivo de los aproximadamente 200 países censados en el planeta. Pero el referido lugar 16, era el 7 antes de la gran crisis de 2008. En la última década, el PIB de España creció un promedio del 0,8% mientras que el de la Unión Europea fue de 1,4% y el PIB per cápita ha progresado en nada, un cero por ciento. Cerró en 2022 con 33.600 dólares, siendo el número 34 del mundo y el 15 de la Unión Europea. Pero en 2002 representaba el 85% de la media europea cuando quince años antes suponía el 105% de la misma. El incremento de nuestra productividad en el plazo señalado ha sido famélico. Somos el número 23 en competitividad, pero el primero en paro, duplicando la tasa oficial de la Unión Europea, y arrastramos un paro juvenil del 27%. Bruselas, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), nos anticipan una desaceleración del crecimiento económico para lo que resta de año y una pérdida de dinamismo laboral, mientras la inflación se ceba con la cesta de la compra, el campo está al límite, los visados de obra, la compraventa de viviendas y las hipotecas caen en número, el euríbor cotiza más allá del 4% alejando el acceso a la vivienda de jóvenes y adultos y el Tesoro tiene que pagar el 4% para endeudarse en el mercado de bonos soberanos cuando todavía hace unos meses dominaban los tipos nulos o incluso negativos. Todos estos, y algunos más son problemas que no se debaten con rigor..."

Israel se vuelca en la caza de los líderes de Hamás y la destrucción de toda su infraestructura con insistentes bombardeos sobre Gaza, en respuesta a la incursión de las milicias islamistas en su territorio. El ejército se ha fijado también como prioridad la liberación del centenar de rehenes capturados por los palestinos. Anoche, unidades de Hamás aún combatían en varias localidades en el sur de Israel. La guerra se ha cobrado ya más de un millar de muertos y causado cerca de 5.000 heridos. Sólo unas horas después del ataque sin precedentes perpetrado el sábado por Hamás, y con Israel aún en estado de shock, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue claro: «Estamos en guerra». Ayer se aprobó su declaración oficial, con más de un millar de fallecidos y al menos 4.500 heridos en un conflicto que el mandatario del país hebreo advirtió de que será «largo y difícil». Si la violenta operación por tierra, mar y aire fue inesperada, no menos sorprendente resultó que las milicias palestinas resistieran más de veinticuatro horas después en combate en varias localidades situadas en la frontera entre el Estado hebreo y la Franja. Y eso hizo al ejército israelí salir con todo, dispuesto a reducir Gaza a «ruinas» para acabar con el grupo radical islámico que ha golpeado un pedazo de su territorio pero también de su orgullo al haber revelado ante el mundo los enormes agujeros de su sistema de seguridad, que les ha costado millones. Netanyahu prometió «venganza» tras un sabbat –el día de descanso para los judíos– «negro» con más de 2.000 cohetes lanzados desde la Franja que llegaron a alcanzar Jerusalén y Tel Aviv, y un número indeterminado de miembros de Hamás que entraron en suelo israelí.