20231102

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, ha recuperado en el acuerdo entre el PSOE y Sumar la idea de abrir los consejos de administración de las empresas a la participación de los sindicatos. La medida, que trata de desarrollar una previsión de la Constitución, se llevaría al diálogo social. Los empresarios rechazan que se imponga en una ley. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha recuperado en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar varias reformas que no le dio tiempo a implantar en la anterior legislatura. Es un asunto espinoso del que Díaz ya empezó hablar en su intervención durante la manifestación sindical del Primero de Mayo del año pasado. Pero la patronal no considera que deba regularse con una ley, según apuntan fuentes empresariales. Fuentes del Ministerio de Trabajo resaltan la “importancia” de haber incluido esta medida en dicho pacto y consideran “insólito” que “hasta ahora el desarrollo de este precepto constitucional se haya restringido prácticamente a la idea de los comités de empresa y a los delegados de personal”. Además, el equipo de Díaz ha impulsado el debate sobre esta nueva regulación durante la Presidencia española del Consejo de la UE y espera tener conclusiones en el próximo Consejo Europeo, antes de que termine este mes. Se trataría, según recoge el acuerdo de Gobierno entre los socialistas y la formación de Díaz, de implementar un mayor desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución española, de forma que “se impulse una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas”, señala el citado pacto presentado hace una semana. Este artículo 129.2 mandata literalmente que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

Entrevista con Javier Quesada, director general de Teknia. Destaca que el elevado absentismo de Euskadi reduce la competitividad y reclama más diálogo con la industria para regular el coche eléctrico. Lo que empezó en un taller de Bilbao hace más de 30 años es ahora una compañía con más de 200 millones de facturación, 23 plantas con presencia en una docena de países, 3.500 empleados y uno de los principales agentes nacionales en la fabricación de componentes de automoción. Teknia tiene en la segunda generación de la familia, Javier Quesada de Luis, al director general que va a pilotar un crecimiento con el objetivo de llegar a los 600 millones, comprando empresas en América y afrontando la transición al coche eléctrico. El escenario cambiante es su hábitat y así lo reivindica cuando recuerda que «en nuestro sector hemos vivido cuatro crisis y media en tres años». "Hemos sido una empresa que ha reinvertido siempre el 99% de los beneficios y queremos crecer para elevar las ventas por encima de los 600 millones...Europa tiene que analizar qué quiere: ser fabricante de vehículos, de medicamentos o un sitio para el turismo. Y en función de eso impulsar un modelo económico. Pero tiene que atender a su industria. Y creo que ha habido un poco de desconexión en esta toma de decisiones...Más que una transición de hoy para mañana hay que buscar modelos de convivencia. Me preocupa el envejecimiento del parque móvil, que se deje de trabajar en la eficiencia de los coches de combustión y que haya hoy motores diésel de 14 años contaminando...No estoy en contra de reducir la jornada. Los alemanes son infinitamente más productivos que la en la industria española trabajando las mismas horas. Se trata de aumentar la productividad. Aquí el problema es el absentismo. Es absolutamente brutal. En nuestras plantas de Euskadi la media es del 12%; en las de España, el 8%. Mientras que en Alemania tenemos medias del 4% y en Suecia del 2%...Los extremismos en política no ayudan en nada. Estamos planificando inversiones que se amortizan en 15 o 20 años. Si la regulación no tiene una base sólida y perdura el máximo tiempo posible generas una incertidumbre que hace que las inversiones dejen de realizarse". 

Teknia, el fabricante de componentes de automoción con sede en la localidad vizcaína de Elorrio, tiene dos plantas en Euskadi, 230 empleados y una facturación de 33 millones. Pero, además, como confiesa su director general, Javier Quesada, el País Vasco es el centro de las miradas para levantar un centro tecnológico porque «tanto por ilusión, como por ganas, así como por el conocimiento del sector del metal que hay aquí, ojalá pudiera ser». En el plan estratégico de la compañía se contempla reservar un 5% de las ventas anuales a inversiones, lo que significa algo más de 70 millones hasta 2026. El objetivo es desarrollar las cinco tecnologías que emplea Teknia para la fabricación de sus productos. Y el comienzo está en crear un «centro líder en la estampación y el tubo», que son los dos procedimientos sobre que se basa el funcionamiento de las instalaciones de Elorrio y Bilbao. Además, en Boroa (Amorebieta), acaban de ampliarse las instalaciones del AIC (Automotive Intelligence Center), con presencia de empresas como Gestamp o CAF. Todo hila, pero la decisión no está todavía cerrada. Así, Quesada quiere conocer el pulso de las instituciones vascas porque «necesitamos que nos ayuden a idearlo». Con ese fin van a empezar un ronda de contactos con las instituciones.

Un tercio de las empresas vascas de más de diez empleados permiten el teletrabajo. Así se desprende del estudio sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje está en la línea con la media estatal, pese a que la extensión de esta práctica es desigual en las distintas autonomías, con un máximo del 47,91% en Madrid y un mínimo del 18,07% en Extremadura. Según el INE, el número de empresas que permiten el trabajo en remoto ha caído 6,6 puntos porcentuales en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2022 y 16,4 respecto a 2021. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre reflejaba que el número de personas que teletrabajaron en el Estado en ese periodo había repuntado ligeramente respecto al trimestre anterior. El número de empleados que trabajaron desde su domicilio al menos la mitad de los días fue de 1.527.800 entre abril y junio, lo que supone el 7,3% de los ocupados totales. Entre enero y marzo, el número fue de 1.415.300, un 6,9%. Estas cifras se quedan lejos de los máximos alcanzados en el segundo trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia (16,2%), pero muestran un repunte del teletrabajo habitual en los últimos meses. En Euskadi, la conclusión es la misma: en el segundo trimestre cerca de un 7% de los empleados realizó sus funciones desde el domicilio más de la mitad de los días y otro tanto lo hizo de forma esporádica. Por lo tanto, las cifras se alejan de los meses del pico de la pandemia, pero se han estabilizado, e incluso han registrado algún ligero aumento, este año.

Mil millones. Esa es la cifra que el Gobierno vasco prevé movilizar antes de final de año para completar la ejecución de las partidas de inversión previstas en su Presupuesto de 2023. Según han confirmado fuentes del departamento de Economía y Hacienda, con ese impulso se espera alcanzar un grado de cumplimiento del 80% en este capítulo. Y se trata de un acelerón porque hasta el 30 de septiembre el Gabinete Urkullu solo había gastado 661 millones, el 31% de los 2.100 millones reservados a inversiones para este año. Un porcentaje de ejecución que, no obstante, a esta alturas de ejercicio es análogo al de los dos anteriores: el año pasado era del 30% y en 2021, del 31%. Las inversiones siempre son la parte del Presupuesto que menos grado de ejecución cosecha porque es una herramienta con un gran componente de declaración de intenciones sobre cuestiones que no llegan a materializarse. Como en la empresa privada, muchas iniciativas se diseñan pero luego encuentran dificultades que las retrasan y terminan por postergarlas a ejercicios futuros. El caso es que la situación aboca a los departamentos del Gobierno a forzar la máquina en el último trimestre, cuando más se avanza en la ejecución presupuestaria. Ese arreón permitirá que la materialización de las inversiones alcance ese 80% con un total de 1.680 millones. Supone, eso sí, dejar sin gastar 420, pero también alcanzar un grado de ejecución récord frente al entorno del 50% en que se había quedado el cumplimiento de este capítulo en años anteriores.

Asteartean egin berri da Ekonomia Itunaren XII. Jardunaldia, Itun Ekonomikoaren agiritegiak eta foru aldundiek antolatua, Ad Concordiamekin batera. Itunaren egungo egoera aztertu dute kongresuan, egungo testuinguru ekonomikoa kontuan hartuta. Hain zuzen, bertan parte hartu du Edriga Aranburu Deustuko Unibertsitateko ikertzaileak: "Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak pandemia garaian hartutako erabakia, aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren printzipioaren baitan, mugarria izan zen", hausnartu du jardunaldiaren atarian. 2024ra begira, pandemia garaian malgutu ziren zor eta defizit helburuak mantendu beharko liratekeela uste du Aranburuk. Aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkotasunaren printzipioei dagokienez, euskal foru ogasunen berezitasunak aintzat hartu behar direla ere gogorarazi du. Gehiago Ikusi hemen

Gamesa ganó 477 millones de euros en 2016, su último ejercicio como empresa independiente. Un año después llegó el desembarco de Siemens y desde entonces todo han sido malas noticias. Y eso que la unión parecía el idilio perfecto al aunar el rigor industrial alemán con el ímpetu vasco. Ocurrió todo lo contrario. La burocracia se apoderó de la compañía, y de hecho hace poco más de un año los ejecutivos de Siemens se vieron obligados a presentar el Plan Mistral, que contemplaba reducir jerarquías y eliminar un 30% de las posiciones directivas de Siemens Gamesa para facilitar la toma de decisiones y abaratar los costes. La burocracia había socavado tanto la estructura que provocó la salida de una veintena de directivos clave, como Xabier Etxeberría –director general– e Ignacio Artazcoz, director financiero. Dentro de este desbarajuste, a ninguno de los tres presidentes y cuatro CEO alemanes que ha tenido la empresa en los últimos seis años se le ocurrió, por ejemplo, incluir en los contratos de venta firmados por Gamesa cláusulas de revisión del precio si los materiales disparaban su coste durante el proceso de ensamblaje, con lo que el riesgo recaía íntegramente sobre sus hombros. Los sobrecostes son muy relevantes desde el punto de vista financiero porque el acero, por ejemplo, se ha encarecido un 40%. Un aerogenerador terrestre requiere más de 50 toneladas de acero y uno offshore 250 toneladas. Siemens Energy dará a conocer el 21 de noviembre, durante su Capital Markets Day, el nuevo plan para reflotar Siemens Gamesa que seguro incluirá un drástico ajuste de estructura y para el que necesita 16.000 millones de financiación. El Gobierno alemán ha declarado al sector eólico como “estratégico” y parece dispuesto a avalar buena parte de las necesidades financieras de Siemens Energy. Los analistas consideran que en esta operación el Ejecutivo de Berlín se juega su prestigio como gran adalid de la industria europea.

Zegona, el grupo financiero que ha pactado la compra de Vodafone España por 5.000 millones de euros, ha propuesto a MásMóvil retomar el proyecto de integración de ambas firmas –que estuvo a punto de cerrarse en dos ocasiones, a principios de 2021 y en 2022–, en el caso de que se rompa el acuerdo de fusión entre Orange y MásMóvil. Así lo señala Zegona en la documentación presentada a la Bolsa de Londres para la ampliación de capital con la que financiar la compra de Vodafone España. Zegona señala que “el anuncio de la fusión Orange/MásMóvil reportó sinergias de 450 millones de euros anuales si dicha transacción se completara. Si la fusión Orange/MásMóvil no se completa, podría ser posible llegar a un acuerdo para fusionar” la nueva Vodafone España bajo control de Zegona “con MásMóvil, lo que podría generar importantes oportunidades para lograr sinergias similares” a las de Orange y MásMóvil. Al explicitar esta posibilidad –siempre condicionada al fracaso de la actual fusión Orange-MásMóvil–, la británica Zegona pretende ofrecer a los potenciales accionistas que deben suscribir la ampliación una perspectiva de una mayor rentabilidad a su inversión. No cabe duda de que una integración de Vodafone con MásMóvil generaría un alto volumen de sinergias, previsiblemente similar a los 450 millones de euros anuales a partir del tercer año de la fusión, calculado en la fusión con Orange, puesto que MásMóvil pasaría a usar la red móvil de Vodafone, que aún es más amplia en número de emplazamientos de 4G (18.820 a finales de 2022) que la de Orange, que contaba con 17.371 en las mismas fechas. No obstante, es cierto que la red de Vodafone se está quedando retrasada –frente a Orange y sobre todo frente a Movistar– en el despliegue de nodos de 5G. La propuesta de Zegona a MásMóvil cobra mayor entidad estos días, puesto que la fusión con Orange no se ha cerrado aún, a falta de pactar con Digi los remedies (concesiones que los proponentes deben ofrecer a la Comisión Europea para restaurar los niveles de competencia previos) que exige la Comisión, que consisten en la cesión de una parte de sus frecuencias sobrantes y una opción para activar un acuerdo mayorista para usar la red móvil de Orange. 

El enfriamiento del mercado inmobiliario por el alza de los tipos de interés y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas también se deja notar en las arcas forales guipuzcoanas. La recaudación por el impuesto de transmisiones (ITP) –en manos de las comunidades y que se exigen para compraventas de pisos– ha descendido un 6,8% hasta septiembre después de rozar en 2022 por segundo año consecutivo su récord en Gipuzkoa. En total, las arcas forales han ingresado en los primeros nueve meses del año 49,4 millones, casi cuatro millones menos que en el mismo periodo del año pasado. Conviene resaltar, no obstante, que a pesar de la caída recaudatoria por este tributo, Hacienda de Gipuzkoa ha registrado su tercera mejor cifra de los últimos diez años por este impuesto que grava la compra de pisos. Estos ingresos fiscales están directamente ligados a un indicador inmobiliario: la compraventa de vivienda. 

La flota atunera, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), con una treintena de unidades con base en Bermeo, busca 300 profesionales de cualificación media y alta para los próximos cinco años. Con ese objetivo, han desarrollado su propia plataforma digital de intermediación laboral, a la que han bautizado como ‘empleAtún’, y han iniciado una campaña de información sobre las oportunidades de desarrollo profesional que ofrecen con charlas en centros de formación y escuelas náuticas como la de Bermeo, caladero de este tipo de profesionales, además de en Lekeitio y Ondarroa. «Se trata de un sector sólido, diverso, seguro y tecnológicamente avanzado», manifestaron desde la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. «En la actualidad, existen diferentes titulaciones, desde patrones, a mecánicos y oficiales, que son muy reclamadas y las condiciones laborales son de primer nivel», añadieron las mismas fuentes. En el caso del sector atunero, la flota quiere incorporar a su actividad nuevo talento capaz de contribuir al proceso de modernización en el que se encuentra inmersa, así como hacer frente al relevo generacional de sus mandos. De hecho, según datos ofrecidos por la patronal, la flota agrupa a 2.400 profesionales de los que deberá relevar a un 12,5% que desempeña puestos con una cualificación media-alta, segmento cuya edad media se sitúa entre los 42 y los 50 años. «La oferta se centra en capitanes, patrones de altura, oficiales de puente, jefes y oficiales de máquinas, además de electricistas y profesionales de caldereta y engrasado», señalaron desde Opagac.

La banca española no deja de perder accionistas. En los primeros nueve meses del año, las seis entidades cotizadas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) han perdido en conjunto 250.000 accionistas. En términos relativos supone solo un 4,5%, pero se trata de una tendencia que viene manteniéndose en los últimos años, pese a que el sector está registrando ahora beneficios récord y aumentando los dividendos. Las cifras agregadas están condicionadas por Santander. El banco presidido por Ana Botín cuenta con 3,7 millones de accionistas y el resto de entidades no llega a un millón. En los nueve primeros meses, Santander perdió 212.000 inversores (un 5,4% en comparación con diciembre de 2022). Se da la circunstancia de que la entidad registró el año pasado el beneficio más alto de su historia (9.605 millones) y previsiblemente superará esa cifra al final de este ejercicio (solo en nueve meses ya ha ganado 8.143 millones). El banco aumentó recientemente su política de remuneración al accionista y se comprometió a repartir el 50% de sus beneficios entre los inversores a partes iguales entre un dividendo en efectivo y recompras de acciones. A cargo de la primera mitad del año, el banco pagó un dividendo de 8,1 céntimos, de lo que supone un 39% más que el año pasado. Igualmente, hay que tener en cuenta que las continuas recompras de acciones que está llevando a cabo benefician a los accionistas, ya que al haber menos títulos en circulación el trozo del pastel a recibir es mayor. Las acciones de Santander suben un 22% en lo que va de año.

El sector defiende que los créditos para viviendas se ofrecen a precios más bajos que en los países del entorno. Lo cierto es que España está en la media de la zona euro, con un tipo aplicado en las nuevas operaciones del 3,86%, y ocupa el sexto lugar en la lista de los países más económicos, según los datos para hogares medios del Banco Central Europeo de agosto. Pero ¿cuánto cuesta solicitar una hipoteca en el resto de Europa? Malta, con un coste medio del 2,12%, es de lejos el país más barato para financiar la compra de una casa. Francia ocupa el segundo puesto y Chipre, el tercero, con tipos del 3,31% y del 3,39%, respectivamente. El top 5 lo completan Croacia (3,46%) y Bélgica (3,69%). España se sitúa en sexta posición, ligeramente por encima de la cifra media de la zona euro (3,85%). En el extremo opuesto, con el precio más caro, se encuentra Letonia, donde el interés medio aplicado es del 5,8%. También superan el umbral del 5% Lituania, con el 5,76%, y Estonia, con el 5,71%. En varios países, entre ellos Alemania, Grecia, Italia y Portugal, el coste está por encima del 4%. En España, el precio de las hipotecas ha ido subiendo a la par que aumentaban los tipos oficiales y escalaba el euríbor. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tipo de interés medio ronda el 2,9% en las hipotecas variables, el nivel más alto desde abril de 2017, y el 3,54% en las fijas, máximos desde diciembre de 2018.

Cuando aún no se han cumplido dos meses del desembarco sorpresa saudí que sacudió la estructura accionarial de Telefónica, la posible entrada del Gobierno en el capital de la compañía ha generado inquietud en la cúpula de la operadora, que puede verse sumada a la lista de grandes empresas como Indra, CaixaBank, Redeia o Aena en las que el Estado se sienta a los mandos junto a otros accionistas. La actuación del Ejecutivo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como instrumento de intervención despierta suspicacias. No tanto por la iniciativa como por los precedentes. El Ejecutivo actúa de espaldas al mercado con una dinámica que viene levantando ampollas entre inversores y reguladores desde el estallido de crisis como la de la también estratégica, y también desestabilizada, Indra. «Lo normal en este tipo de operaciones es avisar previamente a los accionistas de la empresa implicada. No se entiende que no se haya hecho», explican fuentes cercanas al accionariado de Telefónica. En el caso del operador, se trata además de una situación reincidente, ya que la inversión saudí también pilló por sorpresa al máximo órgano de la compañía. La reacción del Ejecutivo a la noticia fue evitar comentarios, una actitud que no se entiende en los círculos económicos, ya que las maniobras de la SEPI estaban impulsando la cotización (llegó a subir un 3%). El organismo lo asumió menos de 24 horas después ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), previo requerimiento del propio supervisor. La entrada del Estado en el capital de una empresa estratégica es un movimiento que encuentra muchos ejemplos en el escenario europeo y mundial. 

La economía alemana está estancada. Sus exportaciones y su producción industrial están en declive, la inflación suprime la demanda de los consumidores y el sector de la construcción se tambalea por los altos tipos de interés. Los empresarios dan la voz de alarma. Prácticamente “todas las economías europeas están creciendo, salvo la alemana”, señala Rainer Dulger, presidente de la BDA, la principal organización patronal del país. “Es una señal clara de que tenemos que actuar”. De hecho, el FMI predijo este mes que Alemania sería la gran economía que peor se comporte este año, con una contracción del PIB del 0,5%. Citó la ralentización de la demanda de sus socios comerciales y la debilidad de sectores sensibles a los tipos de interés altos. En cambio, se prevé que la economía estadounidense crezca un 2,1% y la francesa un 1,0%. Los expertos tienen claro por qué Alemania se enfrenta a un panorama tan sombrío. El año pasado, la subida de los precios de la energía afectó mucho más a Alemania que a muchas otras grandes economías, en parte porque cuenta con muchas empresas manufactureras que tienen una alta dependencia del gas. El endurecimiento de la política monetaria del BCE para combatir la inflación también ha pasado factura, al igual que la lenta recuperación del comercio con China, el mayor socio comercial de Berlín. Robert Habeck, ministro de Economía, admitió a principios de mes que Alemania estaba saliendo de la crisis “más despacio de lo que esperábamos”. Pero algunos de los retos a los que se enfrenta el país son a más largo plazo. Las empresas se quejan cada vez más del creciente coste de hacer negocios en Alemania: la carga de las políticas climáticas, los elevados impuestos y la energía cara. Señalan la grave escasez de trabajadores cualificados y la excesiva burocracia. “Hablamos con el Gobierno de inteligencia artificial y en sus oficinas siguen teniendo todos faxes”, señala Dulger. “Simplemente no encaja”.

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,5%, máximo de los últimos 22 años que se alcanzó a finales de julio. Se trata de la segunda pausa consecutiva, después de que en septiembre el banco central se tomara un respiro para ganar perspectiva y ver el impacto que la escalada del precio del dinero había tenido en la economía real durante el verano. Aun así, ya entonces anunció que sus previsiones apuntaban a que sería necesario llegar hasta el 5,75% antes de que terminara el año, opción que su presidente, Jerome Powell, aseguró ayer que sigue sobre la mesa. “Nada está descartado”. Los pronósticos iniciales apuntaban a que un último incremento de un cuarto de punto llegaría en esta reunión de noviembre, dejando el trabajo hecho de cara al final del ejercicio y plantearse iniciar la desescalada a finales del primer trimestre de 2024. Sin embargo, tras la decisión de ayer, el calendario se pospone y los analistas temen que los tipos sigan altos más tiempo de lo previsto el año que viene. La decisión estaba descontada por el mercado, que además celebró la moderación en las palabras de Powell. Los principales índices terminaron la jornada con un importante avance. El Nasdaq subió un 1,6%, seguido del S&P y el Dow Jones, con un 1% y un 0,67%, respectivamente. Además, la Reserva Federal ha dejado la ventana tan abierta que en Wall Street ya se ha empezado a especular con la posibilidad de que la última revisión al alza no llegue ni siquiera en diciembre, sino en la reunión que el banco central mantendrá a finales de enero del próximo ejercicio. Powell no ha dejado lugar a dudas: “Cualquier otro dato que muestre una tendencia de crecimiento económico, o que la fortaleza del mercado laboral no se está atenuando, pondría en peligro los avances para controlar la inflación y justificarían un mayor endurecimiento de la política monetaria”.

Falta por despejarse la incógnita del PNV que, fiel a su costumbre, mantiene un mutismo estricto sobre las negociaciones que Aitor Esteban apura estos días en Madrid. «Nada que decir», es la respuesta oficial del EBB, aunque la cúpula jeltzale nunca ha puesto en duda su ‘sí’. Resta por conocerse, por lo tanto, el montante final de la factura girada por el PNV y si en ella estarán todos los conceptos que Sabin Etxea ha puesto sobre la mesa, singularmente la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Ese es el premio gordo al que aspira el PNV y el que más fricciones está generando para cerrar un acuerdo en el que las transferencias pendientes, e incumplidas en el anterior calendario, se llevarán la parte del león. Las fuentes jeltzales y socialistas consultadas coinciden en dar por hecho que el traspaso a Euskadi de las Cercanías ferroviarias, muy avanzado y a punto de cerrarse en la anterior legislatura, estará en el paquete. Un síntoma de que las negociaciones están engrasadas es que hoy se reunirá en Madrid el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Aunque la cita estaba prevista de antemano y tiene por objeto el reparto de los fondos Next para la construcción de túneles, nadie descarta que se dé un último empujón a la cuantificación económica de los traspasos que competen a ambos. Eso sí, será el partido, obviamente, el que venda el acuerdo final y sus logros en la negociación, un anuncio que podría producirse esta misma semana –algunas fuentes apuntan al viernes–, antes de que la presidenta del Congreso fije la fecha definitiva del debate de investidura.

Los países participantes en la Cumbre sobre la Seguridad de la Inteligencia Artificial, convocada por el Gobierno del Reino Unido, dan prioridad a evitar los riesgos que el rápido desarrollo del software y de la capacidad de computación pueden tener en la dimensión de los ataques cibernéticos o la innovación de biotecnología. Les preocupa también su poder de distribuir desinformación. Esos tres puntos se destacan en el Acuerdo de Bletchley, un documento suscrito por 27 países, más la Unión Europea, en el que subrayan que la preocupación sobre los riesgos que encierra una industria, «con cambios rápidos e inciertos», se basa en parte en que «las capacidades de la IA no son comprendidas en su totalidad y por tanto son de difícil predicción». «Afirmamos que profundizar en nuestro entendimiento de los riesgos potenciales y de las acciones para responder es especialmente urgente», afirman en el comunicado de la primera jornada de la cumbre de dos días. Universidades, entidades sociales, y empresas del sector están presentes en la cumbre, que clausurará mañana el primer ministro británico, Rishi Sunak. La publicación del acuerdo se adelantó al discurso que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pronunció en la embajada de su país. Enumeró los mismos riesgos recogidos en el pacto multilateral. «Gente en todo el mundo que no sería capaz de discernir entre hechos y ficciones en una riada de mitos y desinformación», dijo sobre el riesgo para la democracia. Esos peligros no pueden ocultar la «profunda oportunidad» que ofrece la IA, según Harris. Aseguró que la multiplicación del poder de computación con un software que copia estructuras del sistema neurológico de los humanos puede resolver la crisis del clima, producir nuevas medicinas y curar enfermedades, multiplicar la producción agrícola y eliminar la inseguridad alimentaria, hacer que avancen la equidad, la libertad y los derechos.