20231120

«No creo que fuera igual de fácil hoy». Así resume el vicepresidente senior para Europa de la multinacional estadounidense SnapOn, Jesús Arregui, el peso de las dificultades de la burocracia para repetir en Euskadi la operación que salvó a tres empresas vascas de máquina herramienta en los años 90. Hoy emplean a casi 500 personas y se han convertido en la sede europea de este gigante internacional que factura 5.000 millones de dólares dedicado a la fabricación de llaves ajustables y maquinaria para el sector de automoción. Y Arregui no es pesimista, este empresario traslada los puntos fuertes del País Vasco: la capacidad de trabajo y formación, así como la cercanía de las instituciones. Pero su diagnóstico señala también graves problemas para atraer directivos: falta de colegios internacionales y un absentismo que hace que el mismo accidente «tenga el doble de días de baja aquí que en Suecia». "Acesa, Irimo y Palmera eran fabricantes vascos nacidos en los 30 y los 40 que estaban a finales de los 80 en una situación catastrófica. Fue fundamental la intervención del Gobierno vasco con los consejeros de Industria José Ignacio Arrieta y Jon Azua, y también de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa. Permitieron la agrupación de tres empresas que competían entre sí dando lugar a Eurotools y, después, la entrada de un socio extranjero, SnapOn, de Estados Unidos, que inyectó capital y desarrollo tecnológico. – ¿Esa operación sería posible hoy?– Sería muy difícil. No solamente por el entramado en Euskadi, sino también por la Unión Europea solamente por la intervención, porque no recibimos ni una subvención...– ¿Qué ha aportado la compañía norteamericana?– Un modo de ver las cosas, la búsqueda de resultados más rápida. Europa se entretiene mucho en ver cómo lo vamos a hacer, Estados Unidos empieza rápido y va aprendiendo sobre la marcha...En Euskadi, además de unas administraciones muy cercanas y un gran equipo en Vitoria, hay tres elementos. Por un lado, la formación. Es muy buena, hay en un radio de 60 kilómetros grandes centros de FP y universidades, así como centros de investigación. Ese ha sido uno de los principales motivos para convencer a la corporación de que sitúe aquí la dirección de Europa. Y por otra parte la base de proveedores, los hay de gran calidad y eso te permite capacidad de desarrollo. El tercer elemento es lo que no tenemos. Capacidad de atraer gente de fuera. Tenemos que garantizar que podemos traer a directivos que no vienen aquí para quedarse toda su vida, que vienen a cumplir una fase de su desarrollo profesional. Y ahí es donde se nota la debilidad de nuestro sistema educativo...No todos los sindicatos tienen el mismo enfoque confrontacional. Sin embargo, la gente en las elecciones sindicales les vota. Pero el problema está en el absentismo, es elevadísimo. Nuestras plantas vascas tienen el doble que en Suecia. No hablo de Estados Unidos, que se puede pensar que tienen condiciones más exigentes desde un punto de vista social. Un accidente en una planta vasca genera el doble o el triple de días de baja que en una de Suecia..."

En pleno debate económico y social sobre la posible implantación de la semana de cuatro días sin merma de salario, con proyectos piloto que se van a poner en marcha en Euskadi y en el conjunto del Estado, el Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, el luxemburgués Nicolas Schmit, señala que la Comisión Europea analizará las ventajas e inconvenientes de este sistema de trabajo por encargo del Parlamento Europeo, aunque no adoptará en esta legislatura ninguna iniciativa para apoyarla. "Lo que estamos viendo es que el empleo sigue estable, está algo más flojo de lo que lo estaba antes, pero no estamos observando que las cifras estén cayendo...Personalmente estoy a favor de apoyar proyectos que busquen maneras de organizar el trabajo de un forma diferente, aunque se tiene que hacer a través de una negociación con los agentes sociales para ver cómo se puede organizar. Con todo, la Comisión Europea no pondrá en marcha en esta legislatura ninguna iniciativa para apoyar la semana de cuatro días. Sí que hay un proyecto piloto impulsado por el Parlamento Europeo que tiene como objetivo estudiar las ventajas y los inconvenientes de esta semana de cuatro días, pero no tendría una consecuencia legislativa. Es el Parlamento quien lo organiza, aunque es la Comisión Europea quien está haciendo los estudios para ver las consecuencias...La evolución de la demografía en Europa se está viendo cómo presiona el mercado de trabajo y es la responsable de que estemos teniendo falta de mano de obra en algunos puestos. La Comisión está ahora mismo analizando con los Estados miembros qué se puede hacer y sobre todo en un contexto como el de España, donde las cifras de paro siguen siendo relativamente altas. El primer paso que tenemos que dar es activar a los que no están en estos momentos en el mercado laboral. Esto incluye a los desempleados y a los parados de larga duración que, en algunos casos no pueden acceder al mercado laboral por falta de habilidades, una cuestión que tenemos que solucionar. Pero también hay que incorporar a más mujeres, que muchas veces no están participando en el mercado por el cuidado de los hijos...En cuanto a los inmigrantes, a los que ya están aquí hay que mejorarles su formación y habilidades en el trabajo para incorporarlos al mercado laboral. Hay que aprovechar esa fuerza laboral. Este pasado miércoles la Comisión aprobó una propuesta, denominada ‘Talent Pool’ o bolsa de talento. Con ello se pretende ver cómo se puede coordinar la migración legal laboral para que se pueda integrar en nuestro mercado..."

Ibon Salbidegoitia (Vitoria, 1984) tenía claro desde los 16 años que quería emprender. No fue hasta 2013, después de trabajar durante unos años en proyectos de Sener, cuando se decidió a dar el paso de abrir su propio negocio. Primero con una empresa de predicción meteorólogica para renovables; después con Bigda Solutions. Esta segunda empresa, surgida en 2016 prácticamente de una conversación con directivos de Mercedes Vitoria, analiza ‘big data’ con inteligencia artificial y ya tiene entre sus clientes a la factoría más grande de Euskadi y a la mayor fábrica de Navarra: la de Volkswagen en Pamplona. Hoy en día, más de una treintena de empresas que recurren a los servicios. Físico de formación, este gasteiztarra explica que su pequeña empresa, asentada en Miñano, permite ahora analizar los consumos energéticos de grandes industrias como las dos plantas de automoción, Sidenor o Bilbaína de Alquitranes. «Cada cuarto de hora tenemos controlado el consumo, la predicción, si hay desvíos o capacidad de ahorro energético», explica. Aunque el grueso del trabajo lo hace la inteligencia artificial, antes de llegar a ese punto Salbidegoitia explica que hace falta recopilar muchos datos. Director de I+D de Bigda Solutions, resume el trabajo de su empresa para las industrias con una metáfora: «Es como un análisis de sangre. Tú puedes creer que estás bien, pero luego te pueden mirar los médicos y decirte que te falta hierro y por eso coges enfermedades rápidamente». «Eso no lo pueden ver auscultándote. Pues algo parecido nos pasa en la industria», señala. Aunque dice que no puede dar detalles de sus clientes, sí que desliza que el tratamiento de datos que hacen sus equipos da margen para que las empresas reduzcan sus facturas «en torno a un 5% o un 10%». Sin embargo, cree que es clave «la involucración de las empresas».

Alrededor de siete de cada diez empresas guipuzcoanas consultadas por Adegi afirman tener un responsable de ciberseguridad, un colectivo en el que predominan las compañías de mayor tamaño al ser las que reciben más ataques a través de los sistemas informáticos (aunque todavía no son numerosos) y, por lo tanto, mostrar una mayor conciencia sobre los peligros que conllevan estas prácticas. En los últimos meses se han conocido ciberataques a reconocidas firmas como Euskaltel, la Real Sociedad o Air Europa que han puesto en el foco de atención la necesidad de las empresas de contar con sistemas para protegerse y evitar que los numerosos datos, en muchas ocasiones sensibles, que manejan tengan un tratamiento correcto. La patronal guipuzcoana, a través de su espacio Dagora centrado en las nuevas tecnologías, se ha interesado por la situación en la que se encuentra en tejido empresarial del territorio y ha realizado una encuesta sobre Industria 4.0 en la que por vez primera introduce el concepto de ciberseguridad. El resultado de la consulta es positivo, dado que el 90% de las encuestadas afirma disponer de directrices para asegurar un correcto tratamiento de los equipos y datos informáticos, y de ellas el 70% cuenta con un responsable de seguridad. Aunque si se pone el foco en las más grandes, esta figura está presente en la práctica totalidad a pesar de que tan solo un tercio de ellas declara haber recibido un ataque informático en el último año. El nivel de concienciación se refleja también en que dos tercios de las empresas consultadas apuesta por formar a sus plantillas para evitar que un incorrecto uso de los sistemas informáticos por parte de las personas trabajadoras derive en un problema, y son las empresas medianas y grandes donde este porcentaje es muy superior. Además de este punto, la encuesta aborda otros aspectos digitales con la intención de conocer el grado de conocimiento del tejido empresarial guipuzcoano sobre la Industria 4.0, que se sitúa en un nivel medio-alto con una puntuación de 3,27 puntos de 5 posibles. Una vez más, los negocios de mayor tamaño demuestran más nivel, pero también lo hacen aquellos que tienen una importante inversión en I+D y presentan un mayor porcentaje exportador.

Europako merkatu bakarrak 30 urte bete dituenean, bideorri berria Enrico Letta Italiako lehen ministro ohiaren eskuetan dago. Martxan jarri zeneko egoera bestelakoa da, baina haren inplementazioa ez da guztiz gauzatu azken urteotan. Horrek trabak sortu dizkie, besteak beste, enpresa txiki eta ertainei, eta aukera bezala baino gehiago, traba bezala ikusi dute. "Merkatu bakarra ezarri zeneko testuingurua kontuan hartuz, Europak oso bestelako egoera bizi du egun. Orduan erronka zen nola kudeatu gure —herrialdeen— arteko lehia. Orain erronka da nola lehiatu elkarrekin mundu mailako ekonomian". Gehiago irakurri hemen. 

Las expectativas de una rápida transición y las ambiciosas metas europeas fomentaron una rápida catarata de anuncios, pero con lenta ejecución. El mercado confía en continuar su apoyo al sector, aunque exige planes de negocio sólidos y con una mejor identificación de la potencial demanda. El hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire. Sin embargo, las expectativas en torno a su adopción en la transición verde amenazan con desplomarse de manera estrepitosa. Las ayudas europeas que ya superan los 16.000 millones de euros son el gran motor para garantizar el futuro de las iniciativas anunciadas en España, que se elevan hasta los 26.000 millones en un contexto de altos costes y baja demanda. La combinación de dinero y altas expectativas siempre es problemática. Esto es verdad en la política, como se pudo ver con la salida del primer ministro de Portugal, António Costa, por una investigación por corrupción relacionada con proyectos energéticos que involucraban hidrógeno. También en la Bolsa: la empresa estadounidense Plug Power, especializada en la fabricación de electrolizadores y pilas de hidrógeno, ha visto hace una semana cómo su valor se hundía un 40% en solo una sesión tras anunciar flujos de caja negativos. La situación se repite del otro lado del Atlántico, con la británica Ceres Power, que solo en un año perdió el 85% de su valor bursátil. Pese a sus contratos para proveer de electrolizadores a gigantes como Shell y Bosch, el mercado parece haber reducido su apetito por el riesgo en este sector. “Se ha creado una burbuja de expectativas, no de inversión”, reflexiona Marcos Rupérez, consultor en materia de hidrógeno y profesor de OBS Business School. “A diferencia de lo que pasó en 2008 con la vivienda en España, no se trata de proyectos en marcha, sino de lo que se esperaba que sucediera y del retorno esperado”, destaca este especialista.

El Ministerio de Seguridad Social ha elaborado un informe en el que justifica que no harán falta más reformas. Sin embargo, la Unión Europea ha publicado las previsiones sobre las que se basará esa evaluación de 2025. Y en ellas corrige el crecimiento económico que augura el ministerio para las próximas tres décadas. En lugar del 2% anual que usa el departamento de José Luis Escrivá, la UE fija un 1,2% de crecimiento medio entre 2022 y 2050. Enmienda las proyecciones de la Seguridad Social y hace más probable que se emprenda un ajuste en 2025. La UE ha publicado los supuestos con los que se confeccionarán las previsiones de gasto en pensiones del llamado Ageing Report, el informe sobre envejecimiento cuyos resultados se publicarán en 2024 y que en España se utilizará en 2025 para evaluar si hacen falta medidas con las que corregir la evolución del gasto en pensiones. Si se estima que, una vez restadas las medidas adoptadas de ingresos, los desembolsos superan el 13,3% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, entonces habría que aprobar nuevas reformas. De no hacerlo, se pondría en marcha a lo largo de cinco años un incremento automático de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores por valor, cada año, de una quinta parte del desajuste calculado. Según el estudio del Ministerio de Seguridad Social, la partida de pensiones no sobrepasará el 12,4% del PIB una vez sustraídas las medidas de ingresos y, por lo tanto, no haría falta activar este mecanismo pactado con Bruselas, introducido en la ley y que se evaluará cada tres años. Sin embargo, para llegar a esa conclusión el departamento del ministro José Luis Escrivá vaticinó un crecimiento medio del PIB del 2% en el periodo. Por el contrario, el informe de la UE utilizará una previsión mucho más conservadora: del 1,2%, ocho décimas menos al año, lo que implicaría que, casi tres décadas después, el PIB sería un 20% menor y, en consecuencia, el gasto en pensiones acabaría siendo bastante mayor en proporción al tamaño de la economía.

Tras la pandemia y habiendo sorteado –en cierta medida– las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la Unión Europea (UE) se prepara para acabar con la manga ancha fiscal, algo que afectará al Gobierno de Pedro Sánchez. Reducir la deuda y el déficit públicos –que en el cierre de 2022 alcanzaron el 111,6% y 4,8% del PIB , respectivamente– será uno de los principales retos del nuevo Ejecutivo español. A falta de que los Estados miembros acuerden una reforma de las reglas fiscales europeas, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad volverá a aplicarse el año que viene y, con él, la Comisión Europea volverá a abrir procedimientos de infracción a aquellos países que tengan la deuda pública por encima de 60% del PIB y un déficit superior al 3%. En su Plan Presupuestario para 2024, el Gobierno señalaba que reducirá el déficit al 3% el año que viene. Sin embargo, los cálculos de Bruselas lo sitúan en el 3,2%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, asegura que España solo podrá contener el desfase presupuestario por debajo el 3% si retira las ayudas puestas en marcha para hacer frente a la crisis energética y continúa el flujo de los fondos europeos Next Generation, fundamentales para impulsar la transición verde y digital. El Ejecutivo, en sus Cuentas para 2024, calcula que la retirada de las medidas de apoyo por la alta inflación permitiría un ahorro que equivaldría a casi un 1% del PIB español «en un contexto de mayor estabilidad de precios». Sin embargo, durante el debate de investidura, Sánchez ya anunció que mantendrá, al menos unos meses más, algunas de estas ayudas, como la rebaja del IVA de la cesta de la compra, que prorrogará hasta junio. También ha prometido que los viajes en transporte público sean gratuitos para jóvenes y parados; y una mejora de la ayuda joven para pagar el alquiler, así como mantener el bono cultural. La reducción de las ayudas y su focalización en los colectivos y empresas más vulnerables constituye, igualmente, una de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) a los países de la moneda común para asegurar la senda de reducción de la deuda y el déficit.

La frase más repetida por todos los empresarios es que los pactos de investidura alcanzados por el PSOE debilitan el clima de negocios del país. Así que su primera reclamación es unánime y simple: estabilidad. “Si la situación se complica para las empresas, es legítimo que se planteen un cambio de residencia, es decir, que busquen el lugar donde puedan desarrollar sus actividades con la mayor seguridad jurídica posible”, aseguró el viernes Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, sin aclarar si ese cambio de sede social se refiere entre autonomías, como ocurrió con casi 8.000 compañías catalanas desde 2017, o incluso fuera de España (caso Ferrovial). Juan Roig, presidente de Mercadona, dijo en el mismo día de la investidura que la polarización política puesta de manifiesto en las calles durante la última semana ha dañado la imagen de la economía nacional: “Si el problema de España lo tuviéramos en Portugal, ralentizaríamos las inversiones”. Tras la queja del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, contra el impuesto a las energéticas, es el segundo gran empresario que habla de replantearse las inversiones previstas en España. Roig intervino en un foro sobre el Corredor del Mediterráneo donde la asociación de empresarios valenciana fue más allá y su presidente, Vicente Boluda, incluso reclamó un referéndum no para Cataluña, sino para España en general. Si estabilidad es la primera medida, la igualdad de mercado en todo el territorio nacional es la segunda. Días antes, las cúpulas empresariales de CEOE, Cepyme y ATA criticaron sin miramientos los pactos de investidura aludiendo a que los acuerdos se “cargan sobre la espalda de las empresas y dejan de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que reclama la UE”.

El coste total de las bajas laborales no profesionales hasta septiembre ascendió a 25.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo período del año pasado, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social protegen a 18.556.113 trabajadores, el 80% de los asalariados y de los autónomos dados de alta en el sistema de protección social. En su informe sobre el absentismo laboral en los nueve primeros meses del año, se señala que hubo 4.066.590 bajas laborales, lo que representa un crecimiento de 436.408 trabajadores, y un 12% en términos relativos. De estas bajas laborales, por incapacidad temporal por enfermedad común, 100.939 tienen una duración superior a un año. Se trata de la cifra más alta desde septiembre de 2020, que fue el año de la pandemia del coronavirus. Entonces, estas bajas de larga duración ascendieron en septiembre de aquel año a 118.143. Lógicamente, esto se debe a la propia incidencia del virus entre los trabajadores. El descubrimiento de las vacunas recortó las bajas laborales en mayo de 2022 a 60.259. Además, este descenso del absentismo laboral por enfermedad común también se debe al temor a perder el puesto de trabajo en un momento de debilidad económica. Pero, a partir de ahí, con el crecimiento, este tipo de bajas laborales de más de un año de duración se disparó hasta los 100.939 casos ya citados. En todo caso, según el informe de la patronal AMAT, el coste más elevado, en particular, para las empresas, está en lo que, potencialmente dejan de producir los trabajadores que faltan a su puesto todos los días. Es decir, lo que se denomina el coste de oportunidad. Así, el coste total en lo que va de año del absentismo laboral es de unos 142.000 millones de euros teniendo en cuenta el citado coste de oportunidad, los costes directos de las empresas y el gasto de la Seguridad Social en prestaciones.

Cerca de 21.000 parados vascos, en su inmensa mayoría de más de 50 años, se verán beneficiados –o perjudicados– de la reforma de los subsidios por desempleo que hará, de forma inminente, el nuevo Gobierno. Su intención es ponerse rápidamente manos a la obra para llevar a cabo unos cambios en el diseño, las condiciones y, probablemente, la duración y cuantía de estas ayudas por no tener trabajo, con el objetivo de lograr una simplificación y mejora de la protección asistencial, para reducir las figuras, ampliar el periodo máximo actual y vincularlas a cumplir un itinerario personalizado de empleo. Así lo confirmó recientemente el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey: «Será una de las primeras reformas del nuevo Ejecutivo». Estas prisas se deben, en realidad, a que esta reforma ya debería estar lista, puesto que se había pactado con Bruselas para el tercer trimestre de 2023, como uno de los compromisos para la llegada de los fondos europeos. Pero el adelanto electoral truncó el calendario y por ello la intención del Ejecutivo es llevarla a cabo «cuanto antes», aunque la complejidad del tema y el hecho de que debe ser negociada con los agentes sociales hacen difícil que se haga de forma exprés. Pendientes de lo que se decida están en la actualidad 21.000 parados vascos, una cifra que en el conjunto de España se eleva a 815.400 personas que están cobrando un subsidio de 480 euros al mes (el 80% del IPREM) por no tener trabajo y, o bien ya han agotado la prestación contributiva, o no cumplen con los requisitos de cotización y años de trabajo necesarios para acceder a ella, que es bastante más generosa que la no contributiva.

Las empresas consultadas, entre las que se encuentran El Corte Inglés, Mango, Tendam, Dia, Mercadona, Alcampo, MediaMarkt, Fnac o Decathlon, muestran un claro optimismo y la previsión, en general, de elevar sus ventas frente al año anterior entre un 5% y un 10% de media, aunque también hay cautela, ya que la situación económica provocada por la inflación seguirá siendo protagonista esta Navidad. Los estudios que se han publicado en las últimas semanas apuntan en la misma dirección. Habrá crecimiento, pero también volatilidad. Un informe realizado por KPMG y Appinio apunta a que el 44% de los españoles elevará su gasto y a que su consumo medio será de 727 euros entre noviembre y enero. “Las promociones serán un componente clave”, señalan desde Kantar, mientras que la Encuesta Anual de Compras Navideñas de Accenture reduce a 515 euros el gasto medio y habla de un comprador “más reflexivo y pragmático” que en años anteriores. Aecoc Shopperview, el servicio de estudios de la patronal de gran consumo, apunta también a un consumidor cauteloso, aunque con una mejora de las perspectivas de las últimas semanas, mientras que Anged, que representa a la gran distribución, espera “una cierta recuperación de las ventas de no alimentación, apoyada en un consumidor que puede aprovechar los descuentos –Black Friday y Rebajas– para realizar compras que ha ido posponiendo durante el año por la incertidumbre económica”. Todas las categorías se verán afectadas en mayor o menor medida por un consumidor muy enfocado al precio y por su evolución previa en lo que va de año. 

El acceso al mercado de capitales es en la actualidad terreno vedado para la mayoría de comunidades autónomas y prácticamente una entelequia para las más endeudadas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En lo que va de año, solo han lanzado emisiones de deuda Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco y Castilla y León. En las negociaciones para la investidura de Sánchez, Cataluña ha logrado una importante concesión, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo creado en 2012 con el que se ha facilitado desde entonces una financiación a un coste asequible a las comunidades autónomas. El Gobierno asegura que a esa condonación podrán acogerse el resto de autonomías endeudadas con el FLA, en términos que aún se desconocen y después de que las gobernadas por el PP ya hayan declinado sumarse. Para Cataluña va a ser un primer paso decisivo para avanzar hacia una mayor autonomía financiera, pero claramente insuficiente para emanciparse de la financiación del Estado. Solo en 2024, Cataluña afronta el mayor volumen de vencimientos de deuda entre las comunidades autónomas, por 8.112 millones de euros, seguida de los 7.091 millones de la Comunidad Valenciana. “La condonación de la deuda permitirá a Cataluña mejorar su solvencia pero es insuficiente para acudir al mercado con garantías. Las autonomías que se financian con emisiones de deuda tienen una presencia continuada en el mercado, fundamentales mucho mejores y niveles de endeudamiento muy inferiores a los de Cataluña”, explica César Cantalapiedra, socio y director del área de finanzas públicas de Afi.

Marco Patuano (Alessandría, 1964) es, desde junio, el nuevo CEO de Cellnex, el gigante español de las infraestructuras de telecomunicaciones. Con una larga carrera en el sector teleco –fue CEO de Telecom Italia y presidente no ejecutivo de Cellnex–, este directivo italiano asumió el poder ejecutivo de la torrera española con la misión de desendeudarla para obtener el grado de inversión y lograr una mayor integración de los mercados europeos en los que opera. Patuano, en su primera entrevista desde su nombramiento, considera “que el mercado europeo de las infraestructuras de telecos todavía está demasiado fragmentado. Tenemos seis operadores de torres que se pueden dividir en tres independientes –Cellnex, American Tower y Phoenix–, y tres que están bajo control o influencia de telecos: GD Towers (Deutsche Telekom), Vantage (Vodafone) y Totem (Orange). Pero si miramos a medio plazo, creo que tendremos más consolidación en el mercado europeo. Algunas de las combinaciones son bastante naturales y otras tienen relevantes temas de antimonopolio. Además, la posición de American Tower no es todo lo relevante que podría y debería ser en Europa”. El directivo otorga pocas posibilidades a un proceso de fusiones inmediato. “Creo que, en este periodo, con los mercados de la deuda y de capitales donde están, operaciones de un tamaño de 40.000 millones no son fácilmente realizables. Pero mirando más adelante, mirando a 4 o 5 años, creo que algunas grandes operaciones de concentración se pueden dar. Y creo que Cellnex estará más en el lado de los que consolidarán que en el de los consolidados”, pronostica Patuano. Respecto a la consolidación en España, Patuano señala que “éste es un negocio de escala, donde funcionamos bien cuando tenemos una escala importante. En España somos cuatro torreras. Y todas somos parte de grupos internacionales y poderosos. Por tanto, no es fácil imaginar posibles combinaciones en el corto plazo para las torreras en España, aunque creo que acabará ocurriendo”.

Milei recibe una herencia despreciable, en la que Massa, ministro de Economía del actual Ejecutivo, ha tenido mucho que ver. Puede que Argentina crea que a partir de ahora su futuro comenzará un viaje sobre una autopista llena de esperanza en la que su economía, estancada desde 2008, salga de la UVI, la inflación sea reducida notablemente y el 40% de la población resurja de la pobreza. Puede que ese cambio aparezca, pero será duro el camino. Habrá que esperar restricciones y los argentinos estarán obligados a apretarse bien fuerte el cinturón. Para muchos comentaristas políticos, el Gobierno había propuesto, a través de Massa, que ratificasen su confianza pese a la pésima gestión realizada con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema democrático. Y por ello ha utilizado a fondo la teoría del miedo. El temor a Javier Milei, al discurso lanzado bajo un grito de guerra «libertad, carajo», un discurso transgresor que ha sido apoyado por expresidentes y mandatarios de ideología parecida al libertario, y también por protagonistas de la actual situación que vive el país, como Mauricio Macri, que presidió el país entre 2015 y 2019. Tras emitir su voto, Milei insistió en su mensaje anticasta, el que pactó con Macri para intentar terminar con el kirchnerismo. Tras responder a la pregunta de si el domingo 19 de noviembre de 2023 era el más importante de su vida, declaró: «Espero que los números sean tan claros que esta noche haya un presidente», señaló, como así fue. Y añadió: «Deseo que para mañana haya más esperanza y no más continuidad de la decadencia». Milei votó en Almagro, donde acudió acompañado de su hermana Karina, arropado por muchos seguidores que cantaban «libertad» y «presidente», y bajo una fuerte protección policial.

La reciente reunión entre EE.UU y China ha dejado en la sombra un acuerdo que puede ser muy trascendente: el que han suscrito para tratar de frenar la masacre que el fentanilo, una droga 50 veces más potente y 20 veces más rentable que la heroína, está provocando en la superpotencia americana. Desde que apareció el covid, en torno a 100.000 personas mueren de sobredosis en Estados Unidos cada año. En un 68% están provocadas por este opiáceo sintético. En los últimos doce meses los fallecimientos superan los 73.000, según datos provisionales del Gobierno. Son más del doble de la cifra que se registró en 2019, y muchos lo consideran ya la pandemia más mortífera de la historia del país. Para tratar de domarla, Estados Unidos anunció en octubre la imposición de sanciones a 25 empresas e individuos chinos acusados de fabricar los precursores químicos necesarios para producir la sustancia, que también se utiliza en medicina como potente sedante y analgésico. Precisamente, ese doble uso dificulta su restricción. Además, de forma cada vez más frecuente, estos precursores se exportan desde la costa este de China a México, donde los cárteles de la droga se encargan de convertirlos en fentanilo y de hacerlos llegar a Estados Unidos por las vías habituales para la cocaína. Es más, la DEA, la agencia antidroga norteamericana, afirma que se está detectando cocaína y metanfetaminas ‘cortadas’ con fentanilo para hacerlas más adictivas e incrementar así su negocio. Por otro lado, la agencia antidroga estadounidense también requisa envíos de fentanilo en pequeñas cantidades que llegan por correo. Según un informe de la DEA, son paquetes de menos de un kilo que contienen el opiáceo en polvo con una pureza de más del 90%. Afortunadamente, los controles que China aceptó introducir en 2019 y la mayor supervisión de páginas web que venden el estupefaciente, sumadas a más inspecciones en los envíos de paquetería, han logrado cerrar esa vía casi por completo. Pero los criminales siempre van un paso por delante, y ahora también llegan en pastillas.