20250505

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

Siete días después del histórico apagón que dejó a oscuras la Península, la industria vasca continúa cuantificando los daños económicos. Mientras el resto de sectores han retomado su actividad con relativa normalidad, las fábricas siguen acusando el parón operativo y la ruptura de flujos logísticos. El revés se traduce en pérdidas millonarias y compromete la estabilidad financiera de las compañías. Una situación que impulsa a las empresas electrointensivas a preparar ya reclamaciones para exigir compensaciones. La cuestión es que no basta con pulsar un interruptor para poner en marcha un centro de trabajo. Cada parada forzosa implica reiniciar procesos complejos, recalibrar maquinaria y asumir costes extras por incumplimientos contractuales o la pérdida de materias primas. La abrupta interrupción eléctrica del pasado lunes también dejó su huella en forma de daños materiales en equipos e instalaciones. La industria, que representa el 24,2% del PIB de Euskadi, estuvo totalmente parada durante casi 24 horas. Las principales empresas del territorio, consultadas no pudieron reanudar su actividad con normalidad hasta el martes a mediodía, después de emprender una carrera a contrarreloj por contener unas pérdidas que, en muchos casos, ya se consideran irreversibles. Las empresas consultadas por este periódico –el grueso del tejido productivo vasco– todavía no se atreven a hacer una estimación de los costes provocados por el apagón. Aún recopilan información, evalúan el impacto y estudian posibles vías legales para reclamar unas pérdidas que, según la CEOE, alcanzan los 1.600 millones en todo el país. La clave, de entrada, pasa por identificar el origen del fallo porque quien resulte responsable deberá asumir los costes del parón. Entre los expertos del sector energético hay cierto consenso en señalar una error en la planificación por parte de Red Eléctrica, de la que el Estado es accionista mayoritario a través de la SEPI.

El consumo de vino, especialmente de tinto, se encuentra en recesión a nivel mundial y una de las grandes zonas de referencia, Rioja Alavesa, no escapa a esa tendencia bajista que propicia que las ventas se encuentren generalmente por debajo de la producción. Se bebe menos y, por lo tanto, se comercializa menos. Cierto es que cada uno cuenta la feria según le ha ido. Y que hay quien considera que el momento es crítico, mientras que para el vecino puede ser la mejor etapa de su existencia. Pero la amenaza de que la ingesta siga decreciendo es más que evidente, con el riesgo de supervivencia que eso supone para quienes se dedican a este negocio. De momento, eso sí, las bodegas de la cuadrilla más al sur de Álava resisten el tirón y la cifra de las que se encuentran activas se mantiene prácticamente inalterable desde 2019. Eso tras haber superado una crisis del calibre del coronavirus y unas guerras –tanto desde el punto de vista de los conflictos bélicos propiamente dichos como las comerciales, recrudecidas ahora con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos– que han contraído los mercados. En un momento en el que toca apretar los dientes, las bodegas también han contado con el salvavidas de las ayudas de destilación y la cosecha en verde. Los datos que maneja el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco hablan de una cifra de «bodegas que disponen de registro embotellador» que se mantiene estable a lo largo de los últimos años, sin una pérdida significativa motivada por la sucesión de crisis. Y, en este caso, el matiz que habla de «embotelladoras» es clave, pues son estas las que representan la parte de negocio al ser las que ponen su producto en el mercado. Así, si en 2019 en Lakua tenían computadas 199 instalaciones de este tipo, en 2024 la cifra descendió solo en cinco, hasta quedarse en 194.

 A los impulsos para reflotar el sector vinícola que han emprendido Gobierno vasco y Diputación, hoy se suma un nuevo frente desde el sector privado. El grupo exportador Araex celebra en Samaniego su I Jornada de Reflexión y Estrategia de la DOCa Rioja, una cita que, según su presidente, Javier Ruiz de Galarreta, define como «una cita que en el propio Consejo Regulador te dicen que nunca se había hecho». El programa de esta primera edición congrega a consultoras, organizaciones sectoriales como la Federación Española del Vino (FEV), la cúpula del Consejo Regulador o las consejeras de Agricultura de Euskadi y La Rioja. ¿El objetivo? Analizar «en qué segmentos de precio debe estar» el vino de Rioja, donde Ruiz de Galarreta ya apunta a unos caldos «con valor». «Hay una necesidad de reflexionar desde 2017 ante las tendencias que veníamos experimentando, la incertidumbre geopolítica, los cambios en el consumo del vino, su demonización como bebida alcohólica... No se trata de redefinir el sector, sino de ver cuánto vino necesita Rioja para asegurar su rentabilidad y estudiar qué retorno está teniendo la inversión en promoción y comunicación», relata el líder de los exportadores. Para llegar a estas jornadas, Araex lleva tras de sí «ocho meses de trabajo». Ahora el objetivo es que tengan continuidad mediante la formación de «un grupo de trabajo dentro de la Interprofesional del Vino» que profundice en las conclusiones hacia las que apunten estas jornadas. Sobre exportaciones, Ruiz de Galarreta asegura que la pausa arancelaria no ha despejado la inquietud en el mundo del vino. «Las asociaciones de importadores estadounidenses mantienen la recomendación de no importar grandes volúmenes de vino, así que la incertidumbre se mantiene», señala. 

Un grave incendio en una fábrica de resinas puso ayer en alerta a Oion. El fuego, desatado en la madrugada del sábado al domingo en Euroresin, una firma española dedicada a la fabricación y comercialización de resinas sintéticas, se mantuvo activo durante las primeras horas de la mañana, desde las tres hasta cerca de las siete en el polígono industrial El Puntido. Las llamas generaron durante ese tiempo una «nube tóxica potente», perceptible en algunos puntos de Navarra y, principalmente, en La Rioja, El Gobierno de la comunidad vecina activó durante unas horas, hasta la extinción plena del fuego, el nivel uno del plan regional de emergencias. En Álava, por su parte, no fue necesario tomar medidas excepcionales a nivel municipal porque durante los minutos más críticos los residentes cercanos se encontraban en sus casas y porque la columna de humo, empujada por el viento, fue en dirección opuesta. En la sede afectada no se lamentaron heridos porque ningún trabajador se encontraba en ese momento en la planta, que estaba cerrada. Sin embargo, las consecuencias materiales sí que se consideran severas y, en palabras del alcalde del municipio riojano alavés, José Manuel Villanueva (EH Bildu), el incendio dejó «daños importantes» en una superficie «grande» de las instalaciones por causas que aún se investigan. Otros negocios y viviendas de la zona no quedaron afectados por el siniestro, pero durante las primeras horas del mismo sí fue necesario tomar diversas medidas de precaución.

Los vascos con criptomonedas invierten de media 5.200 euros en las monedas virtuales que se ofrecen a través de internet de forma global y se presentan en ocasiones como alternativa al dinero de curso. La volatilidad es una de sus características más destacadas, lo que permite a los ciudadanos ganar o perder mucho dinero en poco tiempo. De todas las ‘criptos’, la más célebre es el Bitcoin. ¿Pero qué tipo de contribuyente realiza estas inversiones en Euskadi? ¿Hablamos de gente joven o son mayores? ¿Son hombres o mujeres los que apuestan por ello? Un informe de Criptan, compañía de tecnología financiera especializada en compraventa y ahorro de este artículo financiero, cifra en 5.200 euros la cantidad que de media se invierte en nuestra comunidad autónoma en criptomonedas, lo que supone el 6,24% del total de España. Según el estudio, se trata de la cuarta comunidad que más dinero gasta, tras Madrid, Valencia y Barcelona. Impulsados por una mayor educación financiera, la digitalización de la economía y la creciente demanda de alternativas de inversión descentralizadas, y pese a tener en contra la mencionada volatilidad y los constantes cambios regulatorios –además de su complejidad y del riesgo de sufrir un fraude o una estafa–, estas inversiones «han consolidado» su posición como una opción «atractiva» para el ahorro y la diversificación del patrimonio, según afirma Criptan, pese a que las instituciones no se cansan de advertir de los riesgos de este tipo de inversión.

La investigación del apagón que desconectó España hace justo una semana se presenta tan intrincada como el propio incidente. Al día siguiente del blackout, Pedro Sánchez anunció dos líneas de averiguaciones, una nacional y otra europea. Aseguró que había «solicitado un informe independiente» desde Bruselas para contar con la foto completa de lo ocurrido el pasado 28 de abril. Dicho informe lo elaborará el Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, donde Entso-E es parte central. Se trata de la patronal que defiende los intereses de los operadores de redes de transporte de electricidad en Europa, es decir, de Red Eléctrica y sus homólogos europeos. La empresa que preside Beatriz Corredor ha ganado peso en este lobby en los últimos años y ocupa un asiento en su consejo de administración. Según el registro de transparencia de la UE, esta asociación privada destina un presupuesto de hasta 900.000 euros anuales a influir en la toma de decisiones de las instituciones comunitarias. Es un lobby que representa al sector europeo de redes de transporte de electricidad. Dentro de Entso-E, Red Eléctrica ha elevado su relevancia en los últimos años, precisamente, al haber asombrado a sus iguales con su capacidad para integrar un ingente volumen de energías renovables en el sistema eléctrico. Fuentes próximas a los supervisores califican a Red Eléctrica como «una pieza fundamental» de Entso, por ello, dudan de que el proceso vaya a ser «una investigación independiente». El órgano de gobierno de la patronal tiene 12 asientos, uno de ellos lo ocupa la empresa española, cuyo portavoz es Miguel de la Torre, quien reporta a la número tres de Red Eléctrica, Concepción Sánchez, directora general del área de Operación desde 2022.

La denominada caja negra del apagón, donde el Gobierno está almacenando millones de datos sobre lo ocurrido antes, durante y después del apagón eléctrico del pasado 28 de abril, se ha convertido en la pieza clave de la batalla política y empresarial que se está generando tras ese histórico corte de luz en España. Las grandes eléctricas y otros grupos se han empezado a movilizar para exigir al Gobierno acceso a esos datos, hasta ahora mantenidos en secreto por distintos departamentos gubernamentales y por Redeia, la empresa que gestiona la red de alta tensión en España. Las eléctricas reclaman transparencia al Ejecutivo. Igual que este les ha exigido millones de datos durante días a ellas, las grandes eléctricas exigen ahora conocer los datos de Redeia. Este grupo, a través de Red Eléctrica, no solo gestiona la red de alta tensión en España (la red troncal de la luz). Además realiza, en monopolio, la actividad de operador del sistema. Es decir, es el grupo que se encarga de que la luz fluya sin interrupción. Debería encargarse de evitar apagones o, por lo menos, preverlos para minimizarlos. Redeia está participada en un 20% por el Estado, aunque la influencia del Gobierno en el grupo y su cúpula directiva es total. En coordinación con el resto de eléctricas, el pasado lunes Redeia realizó un trabajo aplaudido por todos los expertos para restablecer el servicio eléctrico en menos de doce horas. Pero eso no elude las críticas crecientes de por qué no actuó a tiempo para evitar el apagón. Ni siquiera lo vio venir.

La foto del apagón o cero absoluto es delicada para el Ejecutivo, pues evidencia que el modelo ha ido por delante de los criterios de seguridad. Aunque el Gobierno ha establecido un falso dilema entre renovables y nucleares, el fiasco del lunes apunta a lo contrario: para apostar por las renovables tiene que haber fuentes no renovables –con inercia– muy fiables. Su compatibilidad es imprescindible. El lunes se produjo una sobreabundancia de oferta renovable y sólo el 16% de la energía del sistema era firme. El apagón liquidó el 60% de la energía, dijo el presidente Sánchez. «La literatura del sector dice que entre el 20 y el 30% tiene que ser síncrona», ha explicado Nemesio Fernández Cuesta, ex secretario de Estado de Energía y quizá el mayor experto nacional en la materia. «No hay que culpar a las renovables, pero hay que establecer unos equilibrios diarios en los que se garantice la calidad del suministro». El Gobierno dice que en otras ocasiones ha habido más presencia renovable. Pero que no haya pasado antes no significa que el modelo no se haya movido en el alambre. El argumento oficial es que necesitan descartar si ha habido un ciberataque. Bien está cerciorarse sobre eso aunque todas las grandes compañías tengan equipos de seguridad que lo habrían detectado. El resultado es que, sea cual sea la causa, se desvía el foco sobre lo que tenía que haberla mitigado: las energías firmes. Si el futuro es renovable, éstas deben asegurar el suministro, porque sólo con ideología no funcionan los trenes ni los electrodomésticos.

El superapagón eléctrico del pasado lunes ha revitalizado el debate ya en ciernes sobre si procede alargar la vida útil de las centrales nucleares en España, que tienen un calendario de apagado de 2027 a 2035 ya pactado con las empresas afectadas. ERC y Junts, que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y que suelen respaldar muchas leyes y actuaciones del Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar, también defienden que no es el momento de proceder a echar ese candado. No al menos por ahora. ERC y Junts defienden la importancia de las nucleares para la competitividad económica y el empleo. El PP impulsará distintas iniciativas en las Cortes para provocar problemas al Gobierno con este asunto. Tanto Sánchez como Aagensen o la presidenta de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor, han apuntado incluso que las nucleares fueron más parte del problema que de la solución, porque estaban paradas. Díaz, preguntada el pasado jueves en TVE, no se mostró en contra de que se active un debate sobre las nucleares en España en línea con lo que está sucediendo en otros países europeos, pero la izquierda parlamentaria en general no está por esa labor. Ni Podemos, ni EH Bildu, ni tampoco el PNV.

Entrevista con Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía. "Ahora que se ha restablecido completamente el suministro eléctrico, la prioridad es averiguar las causas subyacentes del apagón e investigar qué ocurrió realmente. Esto es clave para garantizar que se puedan tomar medidas de mejora basadas en datos objetivos. La situación que hemos presenciado necesita ser investigada, pero independientemente de lo que se descubra, subraya la necesidad de una mayor integración de nuestros sistemas energéticos en Europa...Aún no conocemos las causas del apagón y es prematuro sacar conclusiones. Hasta donde sabemos, no hubo nada inusual en las fuentes de energía que estaban suministrando electricidad al sistema, por lo tanto, no se puede reducir a una fuente específica de energía como las renovables...La energía nuclear forma parte del mix energético de la UE y así seguirá siendo. Sin embargo, corresponde plenamente a los Estados miembros decidir si utilizan o no esta fuente de energía. Más energías renovables y limpias apoyarán la electrificación y el compromiso de la UE con la neutralidad climática, así como la garantía de nuestra independencia energética...Completar la Unión de la Energía impulsada por energías limpias es la forma más sensata de mejorar nuestra seguridad energética, reducir los costos de la energía y potenciar nuestra competitividad y los esfuerzos de descarbonización. Celebro el llamamiento de los líderes de la UE para completar la Unión de la Energía antes de 2030. Esto requiere inversiones masivas en interconexiones faltantes, en la modernización de la red, en flexibilidad, digitalización e inteligencia artificial, así como un régimen regulatorio y de gobernanza coherente. Se necesitan más de 660.000 millones de euros cada año a partir del próximo año hasta 2030, y 680.000 millones de euros al año entre 2028 y 2034..."

Libertad de empresa, unidad empresarial con voz propia, menos impuestos y burocracia y más democracia interna. Son los ejes sobre los que pivota el programa electoral de Gerardo Cuerva para defender su reelección como presidente de Cepyme frente a Ángela de Miguel, la candidata del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Bajo el título El valor de las empresas españolas, la hoja de ruta se estructura en torno a cinco principios, ocho objetivos y nueve propuestas en total para relanzar la patronal de las pymes en plena guerra interna por el poder. Cuerva hace oficial este lunes su candidatura en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el que será presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El programa plantea varios objetivos concretos: la reducción de la presión fiscal (especialmente las cotizaciones sociales); más flexibilidad laboral y una negociación colectiva no intervenida; la unidad de mercado y la reducción de trabas administrativas; la lucha contra la morosidad, tanto pública como privada; el fomento del crecimiento empresarial y la transformación digital; y por último, la reforma de Cepyme como organización profesional, más útil y al servicio de sus asociados. Para lograrlos, su plan incluye nueve propuestas de actuación para la próxima etapa de la organización: todo gira en torno a la libertad de empresa basada en la defensa activa frente al «intervencionismo», la «regulación excesiva» y los «costes crecientes». También defiende la unidad empresarial «con voz propia» y «lealtad a CEOE, pero con autonomía para representar los intereses específicos de las pymes».

Entrevista con Antoni Cañete, presidente de Pimec, la patronal catalana de pymes. El Gobierno remitirá previsiblemente al Congreso esta medida el próximo martes solamente con el aval de los sindicatos. Cañete exige que las pymes estén en “los puestos de mando” donde se toman decisiones. De ahí la importancia, dice, de tener ya en marcha su entrada en la Comisión de Convenios o en el Consejo Económico y Social (CES). "Trabajar menos y cobrar más es populista. No es una cuestión de costes o márgenes: es que con el calendario que se ha planteado es inviable. Además, es un café para todos que no tiene en cuenta a las pymes ni a los sectores. Por ejemplo, las farmacias por ley tienen un horario de dispensación de medicamentos y sólo en Barcelona se necesitarían entre 600 y mil profesionales más que ahora mismo no existen en el mercado laboral...La reducción de la jornada debería haberse abordado en el ámbito que es propio, que es la negociación colectiva, tal como ocurre en los países que tienen un cierto orden. Alemania o Dinamarca no cuentan con una jornada regulada, pero, con el diálogo social, la real es de 35 horas. El texto no incluye incentivos ni tampoco garantiza que las pymes mantengan competitividad y viabilidad...Podemos hablar de horarios, pero también de productividad y de absentismo. Sobre este último, fuimos los primeros en poner sobre la mesa la necesidad de reducirlo...Francia, Alemania o Italia cuentan con una patronal de grandes empresas y otra de pymes. Lo mismo pasa en Cataluña. Lo que no puede ser es que, en Cepyme, haya una mano que mueve la marioneta, que es CEOE. Es cómo poner al presidente del Real Madrid a liderar el FC Barcelona...Hemos sido muy activos contra le OPA del BBVA al Sabadell, sin duda, y venimos del futuro, ya que hemos visto lo que pasó con Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y el resto de cajas catalanas: que si antes teníamos dos líneas de crédito o de descuento, con las fusiones, las pymes nos hemos quedado sin ninguna. El mercado financiero se quedará sin competencia y las pymes tendremos más costes". 

Los sindicatos y la compañía Telus, subcontratada por el gigante estadounidense Meta para filtrar los contenidos de las redes sociales Facebook e Instagram, se han citado hoy para firmar un expediente de regulación de empleo (ERE), que supondrá el despido de 2.059 trabajadores de la Torre Glòries de Barcelona. La formalización del acuerdo se hará en las oficinas del Departamento de Trabajo, donde se han llevado a cabo las negociaciones, que culminaron el miércoles en un preacuerdo entre ambas partes. Cerca del 96% de la plantilla apoyó el pacto, en una votación telemática que se realizó entre el jueves y el viernes. Los afectados recibirán una indemnización de 33 días por año trabajado, el equivalente a un cese improcedente, con un máximo de 24 mensualidades, según ha avanzado El Periódico, de manera que la totalidad del ERE tendrá un coste aproximado de 22 millones de euros. Los despidos afectan al grueso de la plantilla —compuesta por trabajadores de muchas nacionalidades diferentes y que hablan varios idiomas— que Telus tiene en la Torre Glòries, excepto a cerca de medio centenar de empleados que no están vinculados al contrato de moderación de contenidos de Meta. El texto acordado entre las partes contempla también la creación de una bolsa de trabajo para dar cobertura a las vacantes que puedan producirse en otras ciudades. 

El populista ultra y euroescéptico George Simion fue ayer el más votado en la primera vuelta de las elecciones en Rumanía con el 40,4% de las papeletas, una vez realizado el 85% del escrutinio. El candidato de la coalición gubernamental y partidario de reforzar la Unión Europea, Crin Antonescu, sumó el 21,2% y sería el otro aspirante a la presidencia del país en la segunda vuelta, a celebrar el 18 de mayo. El independiente Nicusor Dan, alcalde de Bucarest, se quedó en el 18,8%. Estos comicios son la repetición de la cita electoral del pasado noviembre anulada por el Tribunal Constitucional por supuestas injerencias rusas. La participación alcanzó el 54,37% del censo, un punto por encima del dato registrado en noviembre de 2024 (53,17%). Creció, y mucho, el número de rumanos que votaron desde otros países: 939.000 frente a los 767.000 de la cita anterior, según datos de la Oficina Electoral Central. Si se confirman los sondeos a pie de urna, Simion será uno de los dos candidatos a la presidencia en la votación de dentro de dos semanas, aunque no puede cantar victoria porque el otro aspirante puede concentrar en torno a su figura todo el voto europeísta, que, en principio, es mayoritario. Aun así, la ultraderecha europea suma un nuevo éxito.