20250506

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

Junts vuelve a elevar la presión sobre el Gobierno. Lo hace, además, colocando al borde del abismo el proyecto estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura: la reducción de la jornada laboral. El apoyo de los de Carles Puigdemont es clave porque sin sus votos el texto impulsado por la vicepresidenta segunda no superará el corte en el Congreso. Y, como se demostró ayer, siguen sin estar por la labor. Porque los posconvergentes no solo se oponen a esta medida, sino que cuando llegue a la Cámara baja su primera posición será presentar una enmienda a la totalidad. «El rechazo es absoluto», aseguró ayer su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, tras la ejecutiva del partido. El anuncio de Junts no implica que vaya a tumbar de manera definitiva la propuesta para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media, pero sí demuestra en qué punto están las negociaciones y evidencia, una vez más, que el Gobierno de coalición vive en el alambre. El plante de Junts llega en un momento muy simbólico. Hoy mismo será aprobado el texto de forma definitiva por el Consejo de Ministros tras la incorporación de los dictámenes perceptivos y consultivos. Fue la propia Díaz la que se mostró exultante el pasado 4 de febrero cuando anunció por primera vez que la propuesta había sido avalada por el Ejecutivo. Ese paso suponía una victoria en el pulso que había mantenido con su compañero de gabinete Carlos Cuerpo. El ministro de Economía no se oponía a la medida, pero sí apostaba por no acelerar los plazos y actuar con prudencia. El documento es fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos del que se descolgó la patronal. De hecho, la CEOE mantiene su rechazo. Y esa lejanía del mundo empresarial es a la que se está agarrando Junts para mostrar su distancia con Díaz. 

Decisión inédita del Gobierno en pleno proceso de opa de BBVA sobre Banco Sabadell. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció ayer en Barcelona que este mismo martes se habilitará una consulta pública para recabar la opinión de ciudadanía, asociaciones y organizaciones antes de tomar la decisión que marcará el devenir de la operación. Aunque este tipo de iniciativas son habituales antes de elevar al Consejo de Ministros una propuesta o una norma, nunca antes se habían realizado en torno a una operación corporativa. De ahí que fuentes del mercado interpreten esta decisión como una declaración de intenciones del Ejecutivo, que lleva un año reiterando un firme rechazo a la unión de los dos bancos. Ahora, con esa consulta pública, todas las partes interesadas que quedaron fuera del test de mercado realizado por Competencia podrán trasladar sus argumentos –a favor o en contra– de la operación. Pero es previsible que el sentido de rechazo impere en esas respuestas que, aunque no son vinculantes, sí pueden dar aire al Sabadell y reforzar los argumentos del Gobierno en caso de que finalmente decida imponer más condiciones, distintas a las relacionadas con riesgos de competencia. El escenario elegido por Sánchez para el anuncio tampoco fue casual. Lo hizo durante la inauguración de las jornadas anuales del Cercle d’Economia en Cataluña, donde la operación ha generado un fuerte rechazo entre empresarios y ciudadanía. En el evento también estaban presentes los presidentes de BBVA, Carlos Torres, y de Banco Sabadell, Josep Oliu, que se saludaron y mantuvieron una breve conversación. Torres también departió con Jaume Guardiola, presidente del Cercle y ex consejero delegado del Sabadell.

Sorpresa y desconcierto. El anuncio ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una consulta pública sobre la OPA de BBVA por Banco Sabadell cogió desprevenido a toda la clase política y empresarial que asistía a su intervención en el Cercle d’Economia de Barcelona, incluidos los presidentes de las entidades implicadas, Carlos Torres y Josep Oliu, que estaban entre el público. Los dos bancos calibran en estas horas el alcance de la medida y estudian qué respuesta dar, a la espera de conocer los detalles de una propuesta inédita e insólita en el panorama corporativo español. Nunca antes el Gobierno había planteado una consulta de estas características para abordar el futuro de una oferta pública de adquisición. La acogida de la propuesta por ambas partes fue diametralmente opuesta: mientras el presidente de Sabadell aseguró que el escenario que se abre es «positivo» para la entidad, Torres expresó su «máximo respeto» ante la decisión del Ejecutivo. Fuentes presentes en la jornada que se celebraba en la Ciudad Condal resaltan cómo todo el equipo de BBVA, que este año había acudido con una amplia representación directiva, abandonó en cuestión de minutos el auditorio al terminar la intervención de Sánchez. Fuentes de ambos bancos aseguran que analizarán la propuesta antes de pronunciarse sobre sus próximos pasos. En el caso de la entidad vallesana, la consulta pública arroja cierto alivio tras el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado miércoles. El Gobierno mostró desde el primer momento su rechazo a la operación y, de alguna manera, la medida permite al Ejecutivo crear un armazón con argumentos sociales, empresariales y políticos para justificar un hipotético rechazo a la también hipotética fusión.

El Ministerio para la Transición Ecológica conocía desde el pasado 24 de enero –tres meses antes del apagón– que la integración masiva de energías renovables en el sistema eléctrico español podía causar fallos si no se introducían los cambios necesarios. Lo supo a través de un informe que le remitió Red Eléctrica Española (REE), que incluso advertía de que esos errores podían derivar «en el futuro» en un «comportamiento no deseado del sistema de protección» de la red, según confirmaron fuentes del departamento dirigido por Sara Aagesen. Tras el apagón histórico del pasado lunes 28 de abril, todas las miradas han estado centradas en las renovables –y, en concreto, en la solar– y en el papel de la compañía que preside Beatriz Corredor, pese a que el presidente del Gobierno aludió a exigir «todas las responsabilidades» a los «operadores privados» de electricidad, entre los que incluía a la propia REE. En la comunicación técnica a la que ha tenido acceso este diario y que adelantó ‘El Periódico de la Energía’, el gestor adelantaba, sin saberlo, el escenario que se desató el pasado lunes y que desembocó en el mayor incidente energético en la historia del país. Según sus expertos, a la vista del crecimiento de las energías renovables y del cambio tecnológico producido en los últimos años, «que ha incluido la digitalización de las redes y de otros equipos eléctricos –interruptores y transformadores–», es necesario actualizar los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español, recogidos en el Procedimiento Operativo 11.1. Si no se acometían esos cambios, «en el futuro» podría producirse un comportamiento no deseado del sistema de protección de todo el sistema eléctrico del país. Es decir, que se corría el riesgo de un mal funcionamiento de los ‘cortafuegos’ que dispone la red para encapsular cualquier avería que se detecte y evitar el ‘contagio’ masivo de todo el sistema, que fue lo que ocurrió el pasado lunes.

El Gobierno mantiene su apuesta firme por aumentar las renovables como objetivo de la transición ecológica, pero se empiezan a atisbar algunos indicios de su predisposición a dialogar sobre la extensión durante algunos años de las nucleares siempre bajo el paraguas del “interés general”. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló ayer en una entrevista con TVE que el Gobierno sigue esperando que las empresas titulares de las nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) presenten una propuesta de prórroga. “No tenemos ninguna propuesta encima de la mesa. Las empresas dijeron que se iban a reunir. Ahora han pospuesto esa reunión, parece ser que no será el 20 de mayo, veremos qué propuesta nos hacen llegar”, explicó la ministra. La reunión se ha reagendado para el 27. Aagesen destacó que el Gobierno analizará las propuestas “con rigor, siguiendo el procedimiento desde el punto de vista tanto del operador del sistema [Redeia], la garantía de suministro; el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); así como el Gobierno, que “velará por el interés general”. Precisamente el “interés general” fue el argumento que esgrimió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al aludir, en su intervención en un foro del Circle d’Economía en Barcelona, a la reflexión sobre el mix energético a futuro. Aagesen recordó que el cierre nuclear en España está previsto desde el año 2027 al 2035 y ha subrayado que el apagón eléctrico del lunes de la pasada semana “ha ocurrido en el año 2025, cuando ninguna central nuclear está en ese calendario de cierre”. Aagesen insistió en que las eléctricas nunca han presentado nada concreto. El Gobierno, “con total responsabilidad”, lo que ha hecho es “plantear una planificación acorde con Europa, con los objetivos” que se le imponen y acorde “siempre con esa seguridad de suministro”.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, reprochó ayer en diversos foros en Barcelona la crítica fácil de quienes arremeten contra las energías renovables tras el apagón eléctrico de hace una semana en la Península Ibérica. “No nos confundamos de enemigo”, reclamó. En un acto organizado por la Asociación de Periodistas Europeos en Barcelona, Ribera pidió “cautela” y evitar “juicios de valor” sobre qué pudo hacer fallar el sistema eléctrico el pasado lunes 28 de abril. “Todo el episodio va a ser objeto de análisis y escrutinio”, aseguró, tras remarcar la “recuperación rapidísima” de la incidencia eléctrica. Ribera destacó que tanto España como Portugal tienen una interconexión energética “muy por debajo de lo que corresponde” con otros países de la Unión Europea (UE) y pidió mejorar este aspecto. También dijo que es necesario incrementar las inversiones en la red y que el sistema energético cuente con más capacidad de almacenamiento. Con todo, lamentó que se “dispare de forma sorprendente” contra las energías renovables, ya que hay en marcha “una revolución energética e industrial” que debe permitir que Europa sea más “autónoma” y reduzca costes en esta materia. “Vamos a ver qué ha ocurrido, pero no nos confundamos de enemigo”, planteó antes de volver a censurar el “gatillo fácil” contra las renovables. Preguntada por si se debe seguir apostando por la nuclear, un tema polémico en España, Ribera pidió “respetar las decisiones nacionales”, ya que “pueden cambiar mucho de un país a otro” a causa de diversos factores.

Las ventas de coches siguen creciendo a buen ritmo en Euskadi en lo que va de 2025. En abril salieron 2.475 unidades de los concesionarios vascos, lo que representa un crecimiento del 24,2% respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, Euskadi es la segunda comunidad autónoma donde más han crecido las ventas en comparación a abril del año pasado, solo superada por la Comunidad Valenciana (donde han aumentado un 66% por el plan de recuperación de vehículos por la dana), según los datos publicados ayer por las tres patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Uno de los principales factores que ha provocado este aumento en Euskadi es el plan ‘renove’ que lanzó el Gobierno vasco para rejuvenecer el parque automovilístico vasco (14,9 años de media) y que entró en vigor el 1 de abril. Por el momento, el Ente Vasco de la Energía (EVE) solo ha recibido algo más de 80 solicitudes por el complicado proceso burocrático, pero ha atendido más de 900 llamadas de interesados en solicitar las ayudas de hasta 3.500 euros para la adquisición de vehículos nuevos de cualquier motorización. Unas cifras que ayudan a explicar el aumento de matriculaciones que ha tenido lugar durante este último mes. Por tipo de combustible, los híbridos convencionales siguen siendo la opción preferida de los vascos y los electrificados ganan cada vez más cuota, gracias, en parte, al anuncio de la vuelta del plan Moves impulsado por el Gobierno central, con ayudas de hasta 7.000 euros –a pesar de que los fondos todavía no han llegado a las comunidades autónomas–.

El mercado automovilístico español sigue subiendo, aunque todavía se están recuperando las ventas en comparación con 2019. Entre enero y abril, las entregas de automóviles en España alcanzaron un volumen de 377.889 unidades, lo que supone una subida del 12,2% en comparación con un año antes. Según datos publicados ayer por Anfac, Faconauto y Ganvam, este avance de las matriculaciones en los cuatro primeros meses del año responde al impulso del Plan Reinicia Auto+, lanzado por el Gobierno para ayudar a los afectados por la dana del pasado mes de octubre. Otro factor que también sustentó esta mejoría comercial en el primer tercio del año fue la evolución experimentada por los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), después de que el Gobierno confirmase que habría Plan Moves hasta finales de 2025, con 400 millones de euros de presupuesto. Solo en abril, las ventas de coches alcanzaron las 98.522 unidades, lo que se traduce en una subida del 7,1% respecto al año previo, incluso a pesar de que en 2025 la Semana Santa se celebró en abril y no en marzo como en 2024, por lo que este año ha habido dos días laborables menos.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, reivindicó que «en España se han hecho las cosas muy bien» y el presidente de la asociación europea de fabricantes de automóviles y consejero delegado de Renault, Luca de Meo, recordó que «en España se tardan años en autorizar sistemas rápidos de recarga en concesionarios» como mal ejemplo europeo de cómo una cosa son los objetivos políticos de transición energética y otra la ejecución. De Meo maneja las cifras de tres años en España y dos años en Francia. En tono cordial, De Meo aseguró a la propia vicepresidenta que el sector de la automoción no va a conseguir más que la mitad de los objetivos de expansión de coches eléctricos al no acompañar la política medioambiental a la industrial en la Unión Europea. «La normativa nos fuerza a invertir en coches de cero emisiones (...) pero cuando vemos los números vamos a la mitad de la velocidad que necesitaríamos. Si las condiciones no cambian vamos a hacer el 50%», afirmó ante el auditorio, «La conclusión es. que en vez de 15 millones de coches nos quedaremos en la mitad así que tenemos que ver qué hacemos y si nos abrimos a otras tecnologías. Este es el tema», manifestó De Meo que pidió «neutralidad tecnológica», ante Ribera, una de las adalides en estos años años de centrar la consecución de los objetivos medioambientales en la electrificación. Para De Meo, «un mercado europeo de seis o siete millones de coches va a ser un mercado muy pequeño. Este es el primer año en el mercado chino suma más coches que en el mercado europeo y el de EEUU juntos». Y en esas circunstancias: «¿Dónde vale la pena invertir? Donde hay mercado». Ribera, por su parte, admitió que hay que introducir diálogo y flexibilización, pero insistió en la importancia de mantener los objetivos de cambio climático. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa e i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola y operadora en Euskadi, sellaron ayer un convenio de colaboración destinado a acelerar la creación y desarrollo de comunidades energéticas. Actualmente, Gipuzkoa es referente estatal en la implantación de comunidades energéticas, con 60 iniciativas activas en 55 municipios, que prestan servicio a más de 10.000 familias, y el acuerdo refuerza el objetivo foral de que todos los municipios cuenten con al menos una comunidad energética para el año 2027. Según destacó ayer el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, «este convenio es un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del interés general. Con él, damos un paso más para democratizar la energía y hacerla más accesible y sostenible». Por su parte, el jefe de i-DE en Gipuzkoa, Iker Urrutia, subrayó que la entente «es una muestra más del papel de iDE como facilitador de la transición energética», y señaló que en el territorio ya hay más de 700 autoconsumos activos, 240 de ellos vinculados a comunidades energéticas. Asensio, preguntado sobre la saturación de la red eléctrica, que desde el Gobierno Vasco, la propia Diputación y las distribuidoras se ha señalado como obstáculo para la transición energética y nuevos proyectos empresariales, recordó que «ya se han hecho ampliaciones tanto en Bizkaia como próximamente en Gipuzkoa». 

CAF gana peso en el negocio de los servicios ferroviarios –sobre todo mantenimiento– con dos nuevos pedidos en Reino Unido y en Colombia, países que han renovado su apuesta por el fabricante de Beasain. Estos contratos, por un valor que roza los 400 millones de euros, han sido adjudicados por Northern Trains y Eversholt Rail, y por Metro Medellín, y se suman a los 150 que ya gestiona CAF en una veintena de países. En Reino Unido, Northern (segundo operador de trenes británico) y Eversholt (empresa propietaria y arrendadora de trenes en ese país) han sellado un acuerdo con el grupo vasco para el mantenimiento de su flota de trenes durante los próximos 10 años. Eversholt cuenta en la actualidad con un centenar de trenes fabricados por CAF. El contrato prevé que el grupo vasco preste soporte técnico integral, desde el mantenimiento correctivo hasta grandes revisiones de equipos, pasando por el suministro de repuestos. Así, se ocupará de la asistencia técnica y del suministro de repuestos y servicios, mientras que Northern aportará la mano de obra directa. CAF, que cuenta con una plantilla de mil trabajadores en Reino Unido y una planta productiva en Newport, da servicio de mantenimiento en 14 depósitos por todo el país. A este contrato se suma otro para el mantenimiento de 38 unidades de la flota de Metro Medellín, empresa con la que CAF trabaja desde 2009. En concreto, el acuerdo prevé la revisión general de 25 trenes y la revisión intermedia de 13. El fabricante de material ferroviario mejora con este encargo su posición en Colombia, donde hace un año contrató el suministro de 13 nuevos trenes para Metro Medellín y la renovación del sistema de control y monitorización para las 80 unidades que forman su parque móvil.

La donostiarra Multiverse Computing ha sido una de las grandes beneficiadas en la última adjudicación provisional del Perte Chip, un programa estratégico impulsado por el Gobierno de España para fortalecer la industria estatal de los semiconductores. En concreto, la start up, que comprime modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial a través de ideas de la computación cuántica, recibirá 4.357.936 euros para desarrollar herramientas virtuales de computación inteligente enfocadas en la optimización de procesos dentro del ámbito de la microelectrónica. La compañía, fundada en 2019 por Román Orús, Sam Muge y Enrique Lizaso-Olmos, es una de las principales tecnológicas de IA y computación cuántica de Europa. De hecho, la start up, con su sede en el Parque tecnológico de Miramon, recibió una inyección de capital de 67 millones de euros desde el Gobierno central este mismo año, una de las inversiones más grandes realizadas hasta la fecha a través de la SEPP, el brazo inversor digital del Ejecutivo. Se trata, eso sí, de una inversión que forma parte de una ronda «considerablemente mayor» que está cerrando la compañía tanto con inversores públicos como privados, según avanzó Enrique Lizaso-Olmos, cofundador de la firma. 

«Es clave para nuestra misión ser un banco estratégico de país y eso no solo tiene que ser dando hipotecas, hay que financiar a la empresa». Así de contundente quiso evidenciar ayer el presidente de Kutxabank, Anton Arriola, el giro de 180 grados que subyace en el Plan Estratégico de la entidad hasta 2027, con el que prevé crecer en 100.000 clientes más, aumentar un 35% el crédito a las empresas y elevar el volumen de negocio hasta los 150.000 millones. Una apuesta de crecimiento que permitirá obtener en los próximos tres años unas ganancias acumuladas de 1.650 millones y el abono a las fundaciones bancarias de mil millones. Son las principales cifras del plan que detalló este lunes en un encuentro de la asociación de antiguos alumnos de la Deusto Business School. Arriola reconoció que se trata «absolutamente» de un giro de 180 grados en el banco y que llega en un momento en que, «si queremos ser un banco de país, estratégico, es ahora lo que necesita la sociedad vasca». Una apuesta por la industria y las empresas que «es nuestro grano de arena» porque «vamos a necesitar una cantidad ingente de dinero para nuestras compañías». El plan contempla elevar el crédito a las empresas en 3.000 millones en los próximos tres años. Es el resultado de la modificación que se proyecta sobre la cartera crediticia, que en 2021 tenía solo el 34% de sus 47.000 millones fuera del hipotecario y prevé en 2027 elevarlos al 39% de un volumen total de 53.000 millones.

Nuevo gran año de Tecnalia, una de las empresas tecnológicas de referencia en Euskadi. El centro de investigación y desarrollo tecnológico, con sede en Donostia y Bizkaia, cerró 2024 con una facturación de 147 millones de euros, un 7% más que en el ejercicio anterior, contribuyó a generar 793 millones de euros de PIB en Euskadi e impulsó la reindustrialización de las compañías con el desarrollo de 4.600 soluciones tecnológicas. Para 2025, que arranca con un nuevo plan estratégico hasta 2027, el centro prevé una inversión de 20 millones de euros. El presidente de Tecnalia, Alex Belaustegi, y el director general el centro tecnológico, Jesús Valero, sacó músculo con estas cifras en la presentación del balance de 2024 y los proyectos previstos para 2025, en un acto en Bilbao. Belaustegi indicó que nos encontramos en «un contexto revolucionario». «Nos enfrentamos a una época de cambios y para las empresas de menor tamaño es cada vez más difícil competir en un contexto global, donde los mercados internacionales tienen diferentes reglas, lo que les está llevando a moverse en sectores que hasta ahora no entraban en su en brújula», señaló. Según dijo, observan «una apertura cada vez mayor a otros ámbitos, donde pueden utilizar sus capacidades productivas y principalmente relacionadas con la tecnología o tecnológicos, como puede ser con en el sector aeroespacial, que está empezando a cobrar mucha relevancia en Euskadi». 

Los cielos siguen nublados en Bridgestone, pero se empieza a entrever el sol. La mesa de negociación celebrada ayer consiguió sacar los primeros compromisos de cara al futuro para la planta de Basauri, con mayores pedidos de cubiertas si se superan las previsiones, y con la garantía de incorporar a su cadena de producción un nuevo neumático, último modelo. Dos avales que alargan la vida de la fábrica, pero que todavía no se han materializado en una rebaja del ERE. Por el momento se sigue planteando reducir la plantilla en 335 de sus 831 puestos, aunque se ha conseguido elevar la indemnización desde los 27 días por año trabajado hasta los 35, y ya se contemplan las prejubilaciones y las bajas incentivadas, fórmulas que hasta ahora parecían descartadas amenazando el relevo generacional y poniendo fecha de caducidad a la fábrica. Además, se ha fijado una prórroga de las negociaciones hasta el día 19. Lejos todavía de un acuerdo, éstas no fueron las únicas victorias de ayer. Coincidiendo con la concentración que cerca de 250 trabajadores y familiares de toda España organizaron frente a la embajada madrileña de Japón, sede del fabricante, varios de sus representantes se reunieron con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torro Soler. El presidente del comité en Basauri, Roberto Corral, detalló que el Ministerio se ha comprometido a mantener contactos con los consejeros de industria de Cantabria y Euskadi para pedir una reunión a la dirección europea de Bridgestone. «Quieren sentarse con la empresa para intentar que apuesten por las plantas españolas, y si necesitan ayudas para inversión, estarían dispuestos a estudiar posibilidades», afirmó.

ELA celebrará su 16 Congreso confederal los próximos 2 y 3 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, una cita en la que el sindicato hará una defensa "desacomplejada" del derecho a la huelga, ha afirmado el secretario general de esta formación, Mitxel Lakuntza, quien se presenta a la reelección en el cargo. El sindicato celebrará el congreso bajo el lema 'Langileria antolatu, gizartea eraldatu' ('Organizar a la clase trabajadora, transformar la sociedad'). En conferencia de prensa, Lakuntza ha declarado que ve al sindicato "como una herramienta para dar la capacidad de organizarse" y en este sentido ha hecho una defensa "sin ningún tipo de complejo" de la huelga para la mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora. "Eso es lo que nos dice la experiencia", ya que ELA es "el sindicato que más huelgas convoca y que mejores convenios firma", ha dicho.

Un clamor por la «modernización». Esa es la conclusión que dejó ayer la I Jornada de Reflexión y Estrategia de la DOCa Rioja organizada por Araex, empresa alavesa exportadora de vinos. En una programación sin precedentes en Rioja Alavesa, importadores y expertos del sector urgieron a la denominación a renovarse para ganar competitividad en los mercados internacionales y no perder cuota entre los consumidores más jóvenes. «La tradición es una gran trampa; al joven no le interesa un carajo. Es una excusa para no hacerse preguntas incómodas». Con esa frase resumió la situación actual David Schwarzwälder, periodista alemán especializado en los vinos españoles. En una línea similar se pronunció Honore Comfort, vicepresidenta de Marketing Internacional en el Wine Institute de California, que señaló entre los futuros «perdedores» en el sector a «quienes sólo confíen en la tradición». Por otra parte, los responsables del sector también recalcaron la importancia de orientar los vinos de Rioja Alavesa hacia los segmentos ‘premium’.

La venta del IMQ a Adeslas fue una compleja operación empresarial que tocó una de las fibras más íntimas de Bilbao, donde la compañía goza de una presencia que la convierte en identitaria. Cuatro años muy intensos que terminaron en 2023 con una operación en la que la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña adquirió el 75% del IMQ por 225 millones. Un dinero, que tras un enfrentamiento casi cainita entre los médicos del Igualatorio, fue aportado en la primera ventana de compra, en la que se pagaron 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos que ostentaba cada uno de los médicos accionistas. El abono fue aceptado por casi el 80% de los 1.140 accionistas del IMQ, que cedieron así el control de la empresa a cambio de una serie de compromisos ofrecidos por Adeslas para mantener el modelo de asistencia del Igualatorio y el arraigo en Euskadi, donde cuenta además con una presencia notable en Álava y, algo menor, en Gipuzkoa. Pero la cosa no ha acabado todavía porque se abre un nuevo capítulo con Hacienda. Según ha confirmado la Diputación,  afronta ahora una revisión de las declaraciones que presentaron los accionistas del IMQ por las plusvalías obtenidas en la venta de las acciones. Es el resultado de una reunión que tuvo lugar el pasado el miércoles entre responsables de la Hacienda vizcaína y asesores legales de la operación de venta a Adeslas y de accionistas del IMQ. La clave de todo está en la fecha de referencia que se toma para considerar el momento en que cada accionista tomó posesión de sus títulos y a qué precio. Es una cuestión fundamental para fijar la plusvalía porque con ese valor y los 255.000 euros a los que se vendió cada paquete de mil títulos se establece la ganancia por la que pagar a Hacienda.

Cuando parecía que la natalidad en Euskadi había tocado suelo, la realidad sorprende con otro desplome. Y la caída que se produjo en la segunda mitad del pasado año dejó un mínimo histórico desde que hay datos disponibles (1975). En 2022 llamaba la atención que se habían producido, por primera vez, menos de 14.000 alumbramientos. En 2024, sin embargo, esa cifra quedó atrás y los alumbramientos no llegaron ni siquiera a 13.000. El ejercicio se cerró con una disminución del 4,1% con respecto a 2023, una pérdida que se vio agravada en los dos últimos trimestres, con caídas superiores al 7%. Los datos los ofreció ayer el Eustat en su estadística de octubre, noviembre y diciembre, que refleja cómo se fue acentuando, a medida que avanzaba el año, la escasez de nacimientos. En el primer trimestre, por ejemplo, los niños que llegaron al mundo en Euskadi se incrementaron un 0,5%, mientras que en el segundo el descenso se quedó en un 2,2%. Con las caídas del 7,7% y del 7,4% en los dos últimos trimestres, el ejercicio terminó con 12.904 partos, 549 menos que en 2023. En Álava, con 2.095 niños, la bajada fue de un 5,5% (121 menos); en Bizkaia, con 6.388, del 4,2% (283 menos); y en Gipuzkoa, con 4.421, el descenso fue del 3,2% (145 menos). Esa crisis, según los demógrafos, está tocando a su fin. El Instituto Vasco de Estadística, de hecho, sostiene en su última proyección de población (publicada en 2022 y que explora lo que sucederá hasta 2036) que la natalidad iniciará un ligero aumento, previsiblemente el próximo año. Y es que la situación actual viene provocada, en gran medida, por el importante descenso en los nacimientos que se vivió hace tres décadas, cuando el número de hijos por mujer (0,9) era incluso inferior al actual (1,15).

La economía española ha arrancado el año con un crecimiento todavía robusto del 0,6% trimestral entre enero y marzo, según los datos preliminares avanzados la semana pasada por el INE, aunque la actividad empieza a mostrar ciertos signos de cansancio, como un menor empuje del consumo privado o de la inversión respecto al trimestre anterior. De hecho, el aumento del PIB nacional fue una décima inferior al registrado entre octubre y diciembre del año pasado y es el menor avance intertrimestral desde el segundo trimestre de 2023. Ese aún incipiente enfriamiento se deja notar en el mapa de las economías regionales, donde, una vez más, la evolución de la actividad no ha sido, ni mucho menos, homogénea. Así se refleja en la estimación del desglose de ese crecimiento por territorios publicada ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que muestra una diferencia de hasta cuatro décimas entre las CCAA que más crecieron y las que menos. De hecho, solo tres economías regionales crecieron por encima del promedio nacional: Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, que lo hicieron un 0,7% trimestral frente al 0,6% del conjunto del país. En el caso de Madrid, son datos coherentes con su trayectoria en el último año, en el que su PIB creció ligeramente por encima de la media española (un 3,3% en 2024 vs. un 3,2%), gracias al buen comportamiento del sector servicios, con la hostelería y el comercio a la cabeza, así como al impulso de los sectores vinculados al turismo por el incremento de visitantes extranjeros. En Andalucía, su PIB también se beneficia del tirón del consumo ligado a los servicios, así como del fin de la sequía, mientras que en la Comunidad Valenciana el impacto económico de la dana ha sido finalmente menor de lo que se temía, lo que, junto a los recursos y ayudas desplegados en apoyo de las familias y empresas afectadas, está apoyando la demanda interna y la recuperación del empleo. Otras cinco regiones crecieron a tasas del 0,5% en el inicio del año: País Vasco, Canarias, Castilla y León, Aragón y La Rioja.

El Ejecutivo acaba de notificar a Bruselas que trabaja para aprobar antes de fin de año medidas de refuerzo de los ingresos por unos 3.000 millones, activando tanto herramientas impositivas como rebajas de beneficios fiscales. Hacienda, de hecho, no renuncia a impulsar en este marco la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, si bien actualmente sigue sin apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Los planes tributarios del Gobierno han quedado registrados en el Informe de Progreso Anual 2025, enviado a la Comisión Europea a cierre de abril en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales comunitarias, para actualizar los compromisos del Plan Fiscal estructural de medio plazo remitido el pasado octubre. El nuevo documento repasa las medidas de gastos e ingresos ya adoptadas y aquellas proyectadas o “en curso”. Entre las últimas, destacan dos iniciativas dirigidas a reforzar la recaudación. En primer lugar, el Gobierno refiere la toma de “medidas destinadas a la reducción de beneficios fiscales”, recordando que se trata de un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación a cambio de los fondos Next Generation. “El objetivo, a más tardar en el cuarto trimestre de 2025, es aumentar de forma permanente los ingresos públicos en al menos un 0,1 % del PIB, derivado de modificaciones de beneficios fiscales”, explica el Ejecutivo, que asegura a Bruselas que “las medidas están en curso y se dispone aún de margen temporal para alcanzar el objetivo”. En segundo lugar, el Gobierno recuerda que mantiene “en curso” la toma de “medidas destinadas al incremento estructural de ingresos públicos”. El objetivo en este campo era lograr un aumento permanente de la recaudación anual en dos fases de 0,4 puntos de PIB, de los que 0,3 ya se habrían acometido, quedando refrendado el compromiso de sumar una décima adicional “antes del cuarto trimestre de 2025”. “Con respecto a la fase II, cabe destacar que con las medidas adicionales que se puedan adoptar en el plazo previsto el impacto total en incremento de ingresos estructurales alcanzará el 0,4% del PIB”, compromete el Ejecutivo.

El robo de cobre provocó graves perturbaciones en la línea del AVE Madrid-Sevilla, afectando a 30 trenes y 10.700 pasajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, alimentó la hipótesis del «sabotaje». Al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se vieron afectados el domingo por el incidente, tal y como confirmó el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en una nueva crisis que se prolongó hasta bien entrado el lunes. El robo se produjo en la línea de alta velocidad que une Madrid y Sevilla. Sobre las diez de la mañana de ayer la circulación de trenes comenzó a restablecerse en la conexión con Andalucía, aunque fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ya avisaban entonces de que «se tardará en recuperar la normalidad». A las 12.30 horas la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla volvió a funcionar «tras la reparación de los circuitos de vía entre Urda y Mora», y sobre las cinco de la tarde el episodio estaba superado en el conjunto de la red. Sin embargo, este nuevo fallo ha causado numerosas críticas de los usuarios y genera cierta incertidumbre en relación con la calidad del servicio. Hay que tener en cuenta que miles de personas tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas y Renfe tuvo que reservar hasta 220 habitaciones de hotel para ciertos viajeros afectados. En concreto, para las personas que viajaban con menores, mayores y gente con necesidades especiales. Para el resto se habilitaron salas con comida, bebida y mantas, según defiende la compañía pública. Esta situación provocó retrasos y detenciones de la circulación no solo en trenes de alta velocidad, sino también en convoyes de larga y media distancia desde el domingo por la tarde. Muchos no llegaron hasta bien avanzado el lunes a las estaciones de Atocha, en Madrid, y Santa Justa, en Sevilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró ayer públicamente su apoyo al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en el lanzamiento de su candidatura a la reelección en los comicios que la patronal de las pymes celebrará el próximo 20 de mayo. Un posicionamiento evidenciado ante una nutrida representación del empresariado patrio que lo interpretó de manera generalizada como un «claro respaldo» de Isabel Díaz Ayuso al empresario granadino frente a Ángela de Miguel, la candidata del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Aunque nadie se atreve a aventurar que este espaldarazo haya podido inclinar la balanza electoral a favor de Cuerva, fuentes de la organización empresarial sí señalan que, cuando menos, ha dejado el panorama «en tablas». Si hasta ahora los apoyos a De Miguel se habían interpretado como una clara ventaja de la elegida de Garamendi, lo sucedido en la mañana de ayer en el Hotel Ritz de Madrid podría haber dado la vuelta a las encuestas. Así al menos lo perciben fuentes de las cúpulas tanto de Cepyme como de CEOE que salieron del desayuno con «muy buenas impresiones» al respecto de la posición en la que quedó Cuerva tras su intervención. «Ha gustado y convencido», comentaban. En los corrillos se analizaba el mensaje de Cuerva, pero también el de Ayuso y el feeling que quedó patente entre ambos. La líder del PP madrileño destacó la «defensa valiente y leal» que viene haciendo Cuerva de la pyme y le deseó «lo mejor» en el proceso electoral. El granadino, por su parte, agradeció a la presidenta regional su «voz siempre clara, sin tapujos, defendiendo al empresario en momentos complicados».

Europa cuelga el cartel de se busca investigador. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ayer el programa Choose Europe, un plan de captación de talento con el que busca atraer a la Unión Europea los científicos de segmentos clave para el futuro del bloque comunitario. “Desde el campo de la inteligencia artificial a la cuántica, desde el espacio, los semiconductores y la microelectrónica hasta la salud digital, la genómica y la biotecnología”, la presidenta de la Comisión lanza la iniciativa en un momento clave en el que la Unión Europea trata de recuperar el terreno perdido en términos de competitividad frente a gigantes como Estados Unidos y China. Además, busca también aprovechar que ha generado la incertidumbre provocada por la guerra comercial y las políticas de Donald Trump al otro lado del Atlántico, un espacio de descontento en la comunidad académica frente al que la UE quiere erigirse como un polo atractivo y estable. En su discurso en la histórica universidad de la Sorbona (París) junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, Von der Leyen detalló las principales medidas de su nuevo programa y que podrían dividirse en tres puntos de acción: la desregulación, la financiación y la libertad de investigación. En el terreno de la financiación, la presidenta de la Comisión presentó un paquete de 500 millones de euros para gastar entre 2025 y 2027 con el objetivo de hacer de Europa un “imán para investigadores”. En ese ámbito también anunció la creación de “superbecas europeas”, un plan de siete años bajo el paraguas del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), que busca ofrecer al talento una perspectiva a medio y largo plazo en la región. Además, también se duplica la asignación máxima que los investigadores pueden recibir a través de complementar con dinero europeo la beca.

La guerra comercial desatada desde EE UU probablemente vaya a encarecer (en función de cómo cristalice) muchos bienes de consumo, pero el petróleo apunta a ser más barato no solo en el corto sino también en el medio plazo. Su precio va a descender ante la menor demanda de crudo derivada del freno al crecimiento que suponen los aranceles, en un mercado que ya presenta claros síntomas de sobreoferta. Pero además la OPEP está decidida a recuperar cuota de mercado, aun a costa de contribuir a un petróleo aún más barato. Su decisión del sábado de acelerar el aumento de la producción ha llevado al Brent a caer ayer lunes a los 60 dólares el barril, y algunas previsiones apuntan ya a un nivel en torno a los 50 dólares en 2026. La OPEP+ (como se denomina al cártel actual, del que forma parte Rusia) decidieron este sábado elevar la producción de petróleo para junio en 411.000 barriles diarios. Se trata de un nuevo acelerón en la extracción de crudo, en la misma cuantía que el decidido a principios de abril y que ha entrado en vigor en mayo, y confirma un profundo cambio de estrategia por parte del cartel petrolero con implicaciones en los precios a medio plazo. Está, de hecho, desandando de forma apresurada el camino que emprendió en 2018, con recortes de producción con los que favorecer un alza de precios. Si se suman los ajustes de abril, mayo y junio, la oferta conjunta del grupo aumentará en 960.000 barriles diarios, lo que representa una reversión del 44% de los recortes que el bloque ha mantenido desde 2022.

Para los europeos, Trump es un electrochoque. En Alemania es algo más. Porque se refundó tras la hora cero de 1945 con la ayuda y protección de EE UU y con EE UU aprendió lo que era la democracia, el capitalismo y la prosperidad. Por eso, cuando desde la Administración de Trump se califica al país de “tiranía” —como sucedió la semana pasada después de que los servicios de inteligencia clasificasen a Alternativa para Alemania como “extremista de derechas”—, lo que se tambalea es un pilar de la propia identidad. El democristiano Friedrich Merz, que hoy será investido canciller, tomó nota desde la misma noche electoral, el 23 de febrero, y proclamó la “independencia” de Europa respecto a EE UU. Pero no es fácil desechar ocho décadas de relación transatlántica. Alemania, pese a todo, se resiste a romper. Porque resulta complicado asumir que EE UU, que aún tiene 35.000 militares en Alemania y armas nucleares, tarde o temprano se marchará. O porque no se ve una alternativa. “Lo que está en curso en EE UU no es una evolución, sino una revolución. Y es una revolución sin un plan meditado”, describe, en su despacho en el Bundestag, el diputado Norbert Röttgen, cabeza pensante de los democristianos en política exterior.