20220529

Las baterías son un elemento estratégico en la electrificación del sector del automóvil. De ahí que se haya convertido en una apuesta prioritaria del Gobierno vasco, vertebrada a través de BasqueVolt. La fábrica alavesa de celdas de batería –ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano, junto a Vitoria– contempla en su desarrollo completo una inversión de 740 millones de euros y una plantilla que podría acercarse a las 800 personas para una producción con capacidad de 10GWh. Un buen enganche para que el sector de la automoción vasca, que elabora el 50% de los componentes de vehículos que se fabrican en el conjunto de España, siga manteniendo su posición de referencia. Lo que hasta ahora era un proyecto construido sobre una patente de celdas de batería en estado sólido, desarrollado por el centro de investigación CIC Energigune, ha dado un primer paso trascendente. Según ha podido saber El Correo, Iberdrola entrará en el accionariado de BasqueVolt y Mercedes se ha implicado en la evolución de la iniciativa convirtiéndose en una de las piezas clave para la gigafactoría. La multinacional alemana diseña en su planta de Vitoria una ampliación, con una inversión de 800 millones, para construir uno de los vehículos eléctricos que desde la dirección de Stuttgart se tienen que adjudicar en breve.

El aluvión de OPE convocadas esta semana por las Administraciones ha vuelto a sacar a la luz un problema que cada vez se repite más en Euskadi: la fuga de trabajadores de la empresa privada para convertirse en funcionarios públicos, renunciando a su vocación o incluso a sus carreras universitarias en busca de mayor estabilidad laboral o de horarios. Ander Sansinenea, director de Consultoría de Personas en LKS Next, consultora que pertenece a la Corporación Mondragon, uno de los pesos pesados de la economía vasca, disecciona para DV el mercado laboral vasco, sus fortalezas y debilidades, y también los retos a los que se enfrenta, todos de tamaño formidable. Algunos son sabidos, como el «desequilibrio» entre la formación laboral y las necesidades de las empresas. Pero hay otros de los que se ha hablado menos y que, según su confesión, se perciben con «preocupación» entre las compañías de Euskadi. Es ahí donde sobresale la atracción que el empleo público genera en una parte cada vez más importante de los trabajadores, que se dejan seducir por unas condiciones generales a priori más ventajosas, sobre todo en estabilidad, horario y salario. Las OPE son un competidor duro y serio para el sector privado, que debe utilizar sus bazas para seducir a los empleados y frenar la fuga de talento que ya se está produciendo aunque es imposible cuantificarla. ¿Cuáles son esas virtudes del ámbito privado? A su juicio, «el aprendizaje continuo, el progreso profesional y la falta de burocracia».

¿Pagar más? ¿Formar mejor? Gobierno, sindicatos y empresarios discrepan sobre la forma de atraer mano de obra. Desde el entorno empresarial vienen alertando en las últimas semanas de la necesidad de abordar este desajuste entre oferta y demanda, en tanto que puede poner en riesgo la inminente campaña de verano, especialmente en el sector de la hostelería, donde hay escasez de personal. En el medio plazo preocupa también en la construcción, otro de los motores tradicionales de la economía española, donde las proyecciones de la patronal apuntan a una demanda de 700.000 puestos en los próximos años. ¿Cómo remediarlo? “Pay them more (Pagadles más)”, les sugirió a los empresarios de su país el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como tratamiento de choque contra la Gran Dimisión que protagonizaron millones de trabajadores frustrados con sus empleos a finales de año. Aquellas palabras, junto con esa misma estrategia de presión, —pero sin que en España se haya producido un fenómeno de renuncia similar al estadounidense— las han repetido la vicepresidenta y Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para desagrado de las principales organizaciones de empresarios, CEOE y Cepyme. Para estas, se trata de una solución “simplista” y “demagógica”. Las patronales defienden que el remedio frente a estas lagunas laborales pasa por apostar por una formación de los trabajadores de acuerdo con las competencias que las propias empresas demandan, y no en la mejora de las remuneraciones, especialmente tras haber situado el salario mínimo en los 1.000 euros mensuales. Dos recetas que, en opinión de los expertos consultados para este reportaje, son tan válidas como complementarias.

Entrevista con Tamara Yagüe, presidenta de la FVEM. Para ella la palabra 'incertidumbre' define a la perfección la situación actual del metal de Bizkaia. No es pesimista, sino prudente. Y pide medidas para ayudar a la competitividad de las empresas. Lleva dos años al frente de la federación vizcaína del meta y, según confiesa, no ha tenido un solo día de tranquilidad. Primero fue la pandemia, luego la crisis, la guerra de Ucrania y ahora la negociación de un nuevo convenio colectivo en el sector. "Los sindicatos deben de ser realistas...Les pediría que jugaran con responsabilidad y planteamientos realistas, que tengan en cuenta la realidad de la situación en la que vivimos. Es momento de construir, no de destruir. A mi me gustaría una negociación colaborativa, no basada en la confrontación". El anterior convenio venció en diciembre y se ha prolongado automáticamente. De él dependen las condiciones de 52.000 trabajadores, el mayor convenio de Euskadi. 

La escasez de empleados por los bajos salarios ha llevado en Cataluña a la patronal de la hostelería a pensar en contratar a refugiados ucranianos, alternativa que también ha sopesado el hotel Ilunion de Bilbao, que aloja a un buen número de desplazados que huyeron por la invasión rusa. Es tal la carencia, que los camareros de algunos restaurantes de Salou sirven mesas con la ayuda de robots ante la falta de personal en vísperas de un verano que presagia cifras récord. La situación es generalizada en todo el país, por lo que tampoco Bizkaia se libra de este grave problema. Faltan empleados en todas las categorías de la hostelería y hotelería: especialmente camareros, cocineros, recepcionistas y personal dedicado a la limpieza de habitaciones, tarea que siguen realizando mayoritariamente mujeres. «Se nos presenta una temporada estival muy complicada porque nos resulta muy difícil encontrar mano de obra», reconoce Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB). Álvaro Díaz Munío, presidente de Destino Bilbao, organización que engloba a casi todos los establecimientos hoteleros de la villa, pone cifras: «Necesitamos un millar de personas para afrontar el verano que se nos echa encima y, por desgracia, cada vez disponemos de menos tiempo. Todos los hoteleros estamos sufriendo problemas de selección», advierte. De no resolverlo, los empresarios auguran importantes dificultades para ofrecer una atención «adecuada». «Los jefes de departamento se dejan la vida en las tareas de organización», subraya. También alerta del déficit de «grandes profesionales» y de la necesidad de mejorar la formación.

La falta de profesionales para atender barras, comedores y cocinas es una realidad que se extiende por todo el país y de la que el territorio no escapa. Álava necesita «con urgencia» incorporar camareros y cocineros y, con un verano que se prevé histórico a la vuelta de la esquina, a los empresarios les está resultando muy difícil encontrar personal a pesar de contar con uno de los mejores convenios de toda España. Aquí se pone el trabajo en bandeja. Pero pocos, cada vez menos, están por la labor de sostenerla. Según las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Álava hay 7.790 personas que se dedican a cocinar y a servir en los comedores del territorio. Al cierre de 2019, justo antes de la pandemia, eran mucho más. 8.359 personas trabajaban para la hostelería alavesa, tal y como recoge el Eustat. En este tiempo, el sector ha perdido trabajadores que, todo apunta, no van a volver a ponerse detrás de una barra. «Cada vez es más difícil encontrar personal, ya no solo buenos euros brutos mensuales percibe un camarero en Álava, según el convenio colectivo vigente. Es uno de los sueldos más altos de todo el país en hostelería, pero muy lejos de lo que se cobra en ciudades escandinavas como Copenhague o Estocolmo donde, ante la escasez de profesionales el salario ronda los 3.000 euros. profesionales, sino gente que esté dispuesta a trabajar en hostelería», certifica el empresario Juan Carlos Antolín, propietario de locales como la Kobatxa y el Kotarro y vicepresidente de la patronal SEA Hostelería. «Hay negocios que tienen muchos, pero que muchos problemas para mantener las plantillas, sobre todo en las cocinas».

Entrevista con Rosa Lavín, presidenta de Konfekoop. "Nuestra reivindicación es justa, razonable, ajustada a derecho”, defiende Rosa Lavín sobre su participación en el Consejo de Administración de Lanbide. La Confederación de Cooperativas de Euskadi celebró el pasado miércoles su Asamblea General, ofreciendo datos en su balance que resultan llamativos, como el hecho de que en plena pandemia sus cooperativas asociadas hayan computado un incremento de empleo. Pendiente del nuevo PERTE de Economía Social y Cuidados, el tejido cooperativo vasco presume de resiliencia en momentos de incertidumbre y no duda en reivindicar su compromiso con el arraigo empresarial. Uno de sus objetivos para este año, lograr al fin su entrada en el Consejo de Administración de Lanbide.

Entrevista con Eneko Andueza, secretario general del Pse. "-¿Están llegando los fondos europeos al tejido productivo vasco?– A Euskadi han llegado ya 816 millones de euros. Gracias a la reforma laboral, con sello socialista, uno de cada tres contratos en Euskadi ya es fijo. La recuperación económica ya está aquí. Hay empresas tractoras en Euskadi, como Michelin, Mercedes o Kaiku que se están acogiendo ya a los PERTE y ayudando a traccionar la economía vasca. - Sin embargo, la patronal guipuzcoana Adegi se quejaba de que la situación para las empresas es la peor en treinta años, justo tras la OPA sobre Siemens Gamesa. ¿Está perdiendo Euskadi capacidad de liderazgo y atractivo para las inversiones?– En clave de empleo la situación es buena. Hemos batido récord de afiliaciones en la Seguridad Social. Vivimos en un mundo globalizado y situaciones como la de Siemens Gamesa se van a seguir produciendo. Pero estamos en la buena senda. Sí creo que debemos aplicar políticas para hacer de Euskadi un territorio más competitivo..."

La miniaturización de los satélites, el descenso de costes y las megaconstelaciones van a llenar la órbita terrestre de aparatos –hasta 55.000 en 2030– que van a mejorar nuestras vidas pero que ya suponen un problema para la astronomía.  Aprincipios de este mes había unos 5.600 satélites operativos, según la Oficina de Desechos Espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA). Eran 2.000 más que en enero del año pasado, más del doble que en febrero de 2020 y prácticamente el triple que un año antes. Casi un tercio de los 13.100 satélites lanzados desde el inicio de la era espacial tiene menos de cuatro años. «Estamos asistiendo a la democratización del acceso al espacio», dice Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satlantis, ingeniería vasca que lanzó su primer satélite el miércoles desde Cabo Cañaveral en un Falcon 9 de SpaceX. El tráfico en órbita ha experimentado «notables cambios» en los últimos años, impulsado por la progresiva miniaturización de los distintos aparatos, las grandes constelaciones y los operadores comerciales, reconoce la ESA en su último ‘Informe anual sobre el entorno espacial’, del pasado mes de abril.

Una de las sorpresas de la recuperación pospandémica, que no parece desmentirse desde la invasión de Ucrania, es el dinamismo de las exportaciones. Se temía que la desorganización de las cadenas productivas, junto con la crisis energética, mermaría el potencial industrial, tanto por la multiplicación de retrasos en la llegada de suministros como por el riesgo de pérdida de competitividad. Es un hecho que los precios de producción se están encareciendo a un ritmo endiablado que nos retrotrae varias décadas (el indicador de precios industriales no energéticos para el mes de abril se incrementó casi un 16%, la tasa más alta desde 1980), y la disponibilidad de suministros es un quebradero de cabeza para las empresas (el indicador PMI de retrasos de abastecimiento se situó en abril en niveles preocupantes). Sin embargo, las ventas en el exterior muestran un auge que resiste los embates de la guerra. Durante el primer trimestre crecieron casi un 24% en relación con el mismo periodo de 2021, y ya se sitúan un 14% por encima de los valores de la era precovid. Estos resultados mejoran netamente la media europea (con tasas del 20% y 11%, respectivamente). De las cuatro grandes economías, la española es la que más avanza en términos de cuota de mercado en el exterior. Y las informaciones disponibles para el mes de marzo no alteran la tendencia pese al contexto bélico y sus derivadas...

El envejecimiento de la población amenaza con desequilibrar la economía mundial y obligará a los gobiernos a tomar medidas más pronto que tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34% entre 2020 y 2030 y en 2050 sobrepasará al de los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, lo que implicará un menor crecimiento del PIB por un desplome de la demanda y problemas para sostener la estructura de gasto público en ámbitos como las pensiones, la sanidad y la educación. “El cambio de piezas va a producir desequilibrios. Empezando porque el gasto y el ahorro en los jóvenes y las personas de mediana edad es muy diferente al de los mayores: los primeros ahorran y los segundos gastan lo ahorrado”, dice un experto. Los especialistas auguran más impuestos y un nuevo modo de consumir. Los países han empezado a verle las orejas al lobo. China tardó 35 años en abolir la política del hijo único (2015) y solo tres en elevar de dos a tres el número de descendientes permitidos por pareja. Otros países impulsan la subida de la edad de jubilación y de las ayudas por hijos. El desafío está en un consumo decreciente, no en la producción. 

Nicolás Grau, ministro de Economía de Chile. El Gobierno de Chile promulgó esta semana la ley que aumenta el sueldo mínimo del país en un 14,3%. Pese a que la inflación interanual alcanzó el 10,5% en abril, su ministro de Economía, Nicolás Grau, la defiende como “la mayor subida en términos reales de los últimos 25 años”. Pero tan importante como el porcentaje son los detalles de una medida que, según Grau, resume el espíritu de la política económica en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric: las pymes que no puedan enfrentar la subida recibirán una subvención estatal con el doble objetivo de reducir la desigualdad (con las grandes empresas) y aumentar la productividad. De crecer a tasas anuales superiores al 4% a mediados de los noventa, la productividad en Chile se ha estancado en los últimos 15 años y en algunos casos ha llegado a retroceder. Digitalizar las pymes, mejorar sus condiciones financieras y darles prioridad en los tratos con la Administración son otras herramientas que el ministerio de Grau piensa desplegar. Pero la que probablemente sea su medida estrella es la reorientación general de la economía hacia “las oportunidades” de dinamismo que genera la lucha contra el cambio climático. 

Al filo de la legalidad. Así es cómo están operando algunas de las grandes energéticas europeas para mantener el equilibrio entre cumplir las sanciones a Rusia y seguir generando negocio con las importaciones del gas procedente del ‘territorio Putin’. En esa contradicción se ha movido la Unión Europea durante las últimas semanas después de haberse convertido casi sin darse cuenta en el gran dependiente energético ruso. Ahora está abocada a buscar nuevos proveedores de gas antes de que llegue el invierno. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Ningún político como el excanciller alemán Gerard Schröder ejemplifica el cúmulo de decisiones que han llevado a Alemania, y a toda Europa, a confeccionar el gran cordón umbilical que les une a Rusia. Schröder comenzó a intimar con un recién llegado al Kremlin Vladímir Putin en pleno cambio del siglo XX al XXI. Aunque, como apunta José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y socio de Squiere Patton Boggs, «desde la caída del Muro de Berlín, las relaciones entre ambos países han ido evolucionando hacia una progresiva estabilidad y dependencia mutua». Era la política histórica de Berlín del ‘Wandel durch Handel’ (‘Cambios a través del comercio’, en su traducción literal del alemán): generar negocios con Moscú para apaciguar al gigante ruso. En la retina de muchos políticos alemanes y europeos aún resuenan los aplausos que dedicó todo el Bundestag a Putin. Fue el 25 de septiembre de 2001, dos semanas después del 11-S en EE UU.

La idea de diecinueve escolares y dos maestras atrapados indefensos en un aula de la escuela primaria de Uvalde (Texas) junto a su ejecutor, un joven de su propia comunidad algunos años mayor, con tiempo para cambiar los cartuchos de munición, impasible a los gritos de terror a su alrededor, resulta incomprensible. A los detalles escalofriantes de la tragedia le siguen el habitual desfile de vigilias, minutos de silencio y funerales; padres de víctimas de pasados tiroteos escolares traumatizados, periodistas y figuras públicas conmocionados; las declaraciones del presidente, el arduo debate sobre las armas, y el familiar intercambio público de acusaciones y excusas políticas. La similitud de los tiroteos violentos en los centros escolares revela siempre un mismo factor recurrente: cómo llegan dos armas de asalto a las manos de un chico con los 18 recién cumplidos en un país donde comprar una simple cerveza solo es posible a partir de los 21 años. La respuesta a esta pregunta –el fácil acceso a las armas– no es un enigma, pero la imposibilidad de cambiar las leyes va más allá del constreñido espacio político. El apego a las armas es parte del cordón umbilical cultural e histórico que conecta la identidad nacional con su origen como Estado. La sociedad civil, agotada emocionalmente, permanece rehén del poder político de los intereses de los fabricantes de armas.