20220611

Euskadi se juega en los próximos meses más de 1.200 millones de euros con el plan industrial y de negocio que proyecta Mercedes-Benz para la planta de Vitoria. Es la cantidad de dinero que pretende invertir la multinacional alemana en la principal industria vasca, que emplea de manera directa a 5.000 trabajadores, para transformar la fábrica, duplicar su capacidad, incrementar la producción de manera considerable con la llegada incluso de nuevos modelos de furgoneta y generar actividad y empleo durante los próximos veinte años. Este proyecto «nos exige estabilidad, planificación y unión de fuerzas», resumió ayer Iñigo Urkullu durante su intervención en la asamblea de la patronal alavesa SEA. Y delante de una nutrida representación política, empresarial y también sindical con integrantes de UGT y CC OO, anunció que en julio viajará a Alemania para reunirse en la sede central de Mercedes en Sttutgart con el primer ejecutivo, Ola Källenius, y trasladarle el compromiso institucional de Euskadi con su planta industrial más relevante. El objetivo del lehendakari es garantizar la llegada a Vitoria de esa multimillonaria inversión que puede traer consigo un «proyecto de importancia estratégica. Sería un gran paso para la transformación de toda la industria del automóvil y la consolidación de la planta de Mercedes como una de las más competitivas de la compañía en el mundo». El diputado general de Álava y el presidente de la patronal SEA, Pascal Gómez, piden a los sindicatos «capacidad de pacto» para dar estabilidad al proyecto industrial

Antonio Garamendi defendió ayer la postura del Gobierno vasco cuando reclama PERTEs de territorio y cree que las comunidades autónomas deberían contar con «más peso. Es el primer Plan Marshall que tenemos en España y hay que aprovecharlo bien». El 70% de la inversión en los fondos de recuperación «lo ponen las empresas» y, por ello, el presidente de la CEOE demandó «seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad en la norma». Estos planes están «demasiado centralizados», dijo en la asamblea de la patronal alavesa SEA. Y puso como ejemplo el ‘kit digital’. Horas después de confirmarse que el IPC se situó en mayo en el 8,7%, alertó de que si «esto se convierte en estructural, España tendrá un problema muy serio de competitividad» por la importancia que tiene el comercio exterior en su economía –un 34% del PIB–. Para contener la subida de la inflación, Garamendi pidió «rigor presupuestario y ortodoxia económica», sin olvidar la necesidad, a su juicio, de volver a convocar el Pacto de Toledo para hablar de pensiones, de los salarios de los funcionarios o de convenios colectivos. El jefe de los empresarios españoles quiso dejar claro que no se oponen a hablar de un pacto de rentas, «pero es necesario que toda la sociedad se siente en la mesa» para tratar el asunto. Ni tampoco rechaza de plano abordar subidas de salarios. Eso sí, estos incrementos no se pueden adecuar a la inflación «porque eso supondría más paro y cierres de muchas empresas». Pascal Gómez, por su parte, reclamó a las administraciones que adopten «decisiones valientes para adecuar la fiscalidad al acordeón de la economía en la situación global. Juntos debemos acometer con valor y valentía los retos del presente y futuro». El presidente de la CEOE y Gómez recordaron a Zubiaurre, que ha dejado la presidencia de Confebask por problemas de salud. 

Emocionado, contento y orgulloso. Así subió Roberto Larrañaga a recoger al primer premio ‘Compromiso Empresarial’ que concede SEA. El expresidente de Confebask, ya retirado también de su actividad profesional en el mundo de la construcción, se acordó de su mujer, Estitxu, y sus hijos, Jon y Leire, a quienes no ha dedicado todo el tiempo que hubiera querido por su implicación con el mundo empresarial. Larrañaga quiso poner en valor a las organizaciones «como un agente social de referencia que trabajan de forma desinteresada en favor de los empresarios y la sociedad». El lehendakari Urkullu le felicitó por ser un «ejemplo en el impulso a los valores de los empresarios: visión, riesgo, tenacidad, trabajo en equipo, entrega... El Gobierno y las instituciones vascas hemos agradecido siempre tu dedicación, colaboración, empatía y compromiso».

BasqueVolt constituyó ayer su núcleo accionarial, con el que pretende convertirse en la primera fábrica de celdas de batería en estado sólido con una tecnología propia de Europa. La compañía prevé alcanzar en cinco años una producción con una potencia de 10 GWh anual, lo que le permitiría cubrir el 10% del mercado europeo de este sector. Un camino que requerirá una inversión de unos 720 millones de euros y creará más de 800 empleos. Es la gran apuesta de Euskadi para posicionarse en el nuevo escenario del vehículo eléctrico, pero también enfocada a sistemas de almacenamiento estacionario para poder guardar la energía ampliando las aplicaciones de las baterías como elemento de apoyo en centrales renovables o, incluso, para su uso en electrodomésticos. BasqueVolt firmó ayer su constitución con los primeros seis socios, entre los que conviven agentes públicos y privados. De los primeros destacan el Gobierno vasco y el centro tecnológico CIC Energigune, impulsado por el Ejecutivo. Por parte del mundo empresarial, los socios son Iberdrola, CIE Automotive, Enagás e InnoEnergy, un organismo europeo que busca coordinar y ayudar en la financiación a proyectos de transición energética. Ver nota de prensa Basquevolt. 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió ayer que una obcecación en la idea de imponer el vehículo eléctrico puede generar «un desastre industrial» porque arrasaría con un buen número de empresas que en la actualidad están vinculadas a los motores de combustión. Imaz, que participó en un congreso organizado por la federación de industria de UGT en Bilbao para debatir en torno al hidrógeno, se mostró favorable a la transición energética y al objetivo de alcanzar las emisiones netas cero de carbono, pero «con cabeza, de forma eficiente y sin descartar opciones tecnológicas». Así, se refirió no sólo al futuro de la industria petrolera sino también a las empresas de sectores vinculados al metal o a la producción de piezas de motores. La actual situación, recordó, «ha ralentizado la venta de vehículos menos contaminantes, provoca un alargamiento de la vida de los más contaminantes y desincentiva las inversiones». En esta línea aseguró que Repsol va a caminar en otro sentido, «manteniendo desarrollos tecnológicos que permitan eliminar las emisiones netas», como sucede con su proyecto de producción de combustibles sintéticos en Bilbao. «¿Qué incentivo tenemos para invertir en esto?», se preguntó en tono crítico, para añadir que «a pesar de todo, vamos a luchar con uñas y dientes».

Díez de Ulzurrun apostó por maximizar el esfuerzo en ahorro y eficiencia y por recuperar la exploración de gas en el País Vasco. «Hay quien dice que hay que recuperar el debate sobre este tema. No perdamos el tiempo. Lo que hay que hacer es explorarlo cuanto antes, arrancando con pequeñas inversiones. Con los precios actuales del gas tenemos un tesoro que no lo aprovechamos», concluyó. En suma, con el panorama actual, dijo, no hay que ser «timoratos» y dejarse de «debates». Máxime cuando la inversión requerida «no es importante» y Euskadi cuenta con el agua necesaria para poder extraer el gas. El directivo de Enagás realizó un repaso a los condicionantes geopolíticos que marcan la coyuntura y transmitió la idea de que «el gas seguirá subiendo de precio». La posibilidad de incrementar otras opciones de suministro alternativo a Rusia, matizó, «no se pueden improvisar y tardarán su tiempo porque requieren inversiones costosas».

La compañía Enagás va a llenar de gas natural a lo largo de este inminente verano el yacimiento de La Gaviota, situado frente a la costa vasca, con el objetivo de reforzar la capacidad de suministro de este combustible durante el próximo invierno. Otros años, tan solo se usaba el 50%. Así lo anunció ayer el director general adjunto de Enagás, Juan Andrés Díez de Ulzurrun, en el transcurso de una conferencia pronunciada en la Cámara de Comercio de Bilbao. Díez de Ulzurrun señaló que las medidas en torno a La Gaviota forman parte del conjunto de decisiones que se están adoptando para tratar de evitar que el próximo invierno haya problemas de suministro de gas, agudizados por la invasión rusa de Ucrania. El directivo de Enagás hizo un repaso a los problemas geopolíticos, que en el último año han complicado el panorama energético y provocado una importante elevación de los precios. Y en esta línea, recordó los aumentos de precio en el gas que se registraron en la segunda mitad de 2021, las complicaciones posteriores tras el conflicto bélico en el Este iniciado el pasado mes de febrero y, ahora, las nuevas tensiones entre España y Argelia por la polémica en torno al Sáhara. Así, apuntó que se está reduciendo la dependencia del gas argelino, que llega por gasoducto, para incrementar las importaciones desde Estados Unidos y desde Catar, principalmente. Lo mismo sucede con el gas procedente de Rusia.

La transición energética es una de las principales herramientas del ser humano en su lucha contra el cambio climático. Sustituir los combustibles fósiles por energías renovables no sólo ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes, sino que también procura la siempre conveniente independencia energética. Este recorrido hacia un escenario dominado por el sol, el viento o el hidrógeno como fuentes de energía no es fácil. Ni barato. Sin embargo, no sólo es irrenunciable, sino que además supone una oportunidad para el desarrollo tecnológico e industrial que un lugar como Euskadi no debería desaprovechar. Estas son algunas de las principales ideas expuestas en el Foro Transición Energética, primera entrega del ciclo ‘Encuentros Mundo Futuro. Claves para construirlo’ que organiza EL CORREO con el patrocinio de Iberdrola, Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y BBK. Este primer encuentro contó con la participación de Asís Canales, director de compras y servicios de Iberdrola y delegado institucional de la compañía en el País Vasco; José Luis Elejalde, director de transición energética, climática y urbana de Tecnalia; Josu Ibarbia, director de tecnología del Grupo CAF; Carlos López de las Heras, director general de Tubos Reunidos, y Olga Martín, directora general de Aclima, el clúster vasco de empresas de medio ambiente. El hidrógeno es un vector energético en el que están puestas muchas esperanzas. Y dinero. La tecnología para producir este combustible gaseoso es aún inmadura. «Pero de eso va la innovación, de apostar por cosas que no tienen un retorno tan claro», consideró Josu Ibarbia, de CAF. El grupo ferroviario, a través de su filial Solaris, se ha colocado en el liderazgo europeo de la movilidad con hidrógeno. Y pese a que aún pelea por licitaciones «con un reducido número de unidades, poco a poco la tecnología se va desarrollando».

"En muchas ocasiones hemos oído la expresión de que la industria es el motor de nuestra economía. Una industria que apuesta por el conocimiento, que invierte, que hace una gestión financiera eficaz, que se anticipa a las necesidades de futuro y que, hoy sí o sí, está orientada a su desarrollo sostenible y quiere ser vanguardia en materia de las ASG; responsabilidad social, medioambiental y de buena gobernanza. Podría añadir que, gracias a una adecuada gestión de todos estos «ingredientes», Aernnova, la compañía que presido, ha sido capaz de hacer frente a la crisis de la covid. Un hecho sin precedentes y sin ningún género de duda, el mayor impacto que ha conocido la industria aeronáutica en los últimos cincuenta años. Ni siquiera los atentados del 11-S de Nueva York, con suspensiones de vuelo durante meses y modificaciones de calado para la industria, tuvieron el impacto de esta pandemia. Aernnova es un proyecto que da bienestar a miles de familias, con 21 localizaciones y 17 plantas productivas en todo el mundo y con una facturación cercana a los 900 millones de euros en 2019. Con la llegada de la pandemia y como consecuencia de la brusca y total parada de la cadena de producción, vimos como las ventas caían hasta los 530 millones de euros. Una caída de más del 40% de la facturación. ¿Qué podíamos hacer? La receta era clara. Seguir apostando por la innovación y el conocimiento, gestionar nuestros recursos financieros de la manera más eficaz posible y trabajar e invertir en el futuro..."

El Grupo Irizar ha iniciado un proceso de renovación de su cúpula que, en la práctica y según ha confirmado DV de fuentes solventes, va a comportar un cambio en la dirección general del conglomerado de Ormaiztegi, hasta ahora ocupada por el ingeniero bilbaíno Rafael Sterling, que accedió al cargo en septiembre de 2019, solo seis meses antes de que la pandemia de Covid-19 ocasionara la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial y removiera los cimientos del sector del transporte de pasajeros en todo el mundo. Paradójicamente, la compañía acomete esta modificación cuando luce una cartera de pedidos más que envidiable. De hecho, la propia firma reconoce que el nivel de pedidos se sitúa hoy en cotas inéditas. Así lo señala la empresa en una carta enviada por el consejo rector a los clientes y en la que de alguna manera se telegrafía la situación. «Irizar se encuentra en un momento de fortaleza, y estamos presentes junto con los principales operadores globales, tanto en tecnologías tradicionales como en energías alternativas de futuro y con la mayor cartera de pedidos de nuestra historia», señala la misiva enviada por el grupo.

Menos crecimiento este año, con un inflación más intensa y persistente de lo que se preveía y un horizonte nublado por la “extraordinaria incertidumbre” provocada por la guerra en Ucrania. Ese fue el escenario que el Banco de España dibujó ayer para la economía española y que ha llevado al supervisor a recortar por segunda vez en apenas dos meses sus proyecciones para España. La entidad que gobierna Pablo Hernández de Cos rebajó hasta el 4,1% su estimación de PIB para 2022, cuatro décimas menos que en su actualización de abril (4,5%), cuando ya aplicó la tijera a fondo recortando en nueve décimas su proyección previa. Y eso que el crecimiento esperado para el segundo trimestre, un 0,4%, es ligeramente mejor que el registrado en el primero, cuando el PIB repuntó un 0,3%, apenas un tercio de lo que se preveía. Esa décima de mayor crecimiento se debe al despegue de las actividades más castigadas meses atrás por la pandemia, como la hostelería, el transporte, el turismo y el ocio, que han recobrado el pulso tras el final de las restricciones. Si los pronósticos del supervisor se cumplen, España no recuperará los niveles de actividad pre-Covid hasta el tercer trimestre de 2023, cuando en la mayoría de países europeos ese hito ya se ha alcanzado. En este escenario, que no es precisamente halagüeño, el Banco de España prevé un pinchazo del consumo privado, que, castigado con dureza por la inflación, apenas crecerá un 1,4% en 2022, lo que representa un drástico recorte respecto al 4,5% que preveía en abril, aunque si el panorama se despeja en el transcurso de los próximos meses podría crecer a tasas del 4,9% en 2023. La demanda nacional, en su conjunto, aumentaría un 2,1%, muy por debajo del 3,3% pronosticado en abril.

Los precios han vuelto a repuntar con más intensidad. Y, lo que es peor, los incrementos se trasladan a cada vez más productos y tienen visos de extenderse en el tiempo con fuerza. En concreto, el índice de precios de consumo (IPC) subió un 8,7% en mayo respecto a los niveles del mismo mes de 2021, lo que supone un acelerón de cuatro décimas respecto al dato de abril. Una subida que se debe, fundamentalmente, a que el incremento de los precios de la gasolina ya se ha comido el descuento fiscal de 20 céntimos introducido por el Gobierno en abril, pero también a que la subida de costes registrada desde meses atrás se está trasladando cada vez con más fuerza a numerosos bienes de consumo y servicios, como pone de manifiesto el hecho de que la inflación subyacente (que no tiene en cuenta ni energía ni alimentación, para reducir la volatilidad de las cifras) ya alcanza el 4,9% interanual, medio punto más que en abril, cuando el año pasado quedaba en el 0,2%. En concreto, hay 40 productos que registran subidas por encima del 10%, incluyendo los productos energéticos, pero también numerosos bienes alimenticios, servicios como los hoteles y otros alojamientos o algunos bienes para el hogar, como muebles. Así, los productos energéticos están entre los que más suben de todos los que desglosa el INE, incluyendo tanto los combustibles líquidos, sin incluir los de uso para vehículos personales (con una subida del 86,4%), el gasóleo (33,9%), los hidrocarburos licuados, como el butano o el propano (33,6%), la electricidad (30,2%), la gasolina (23,5%) y el gas natural y gas ciudad (19,4%). Con ello, la energía sigue siendo la principal preocupación para los hogares españoles, pero también para las empresas, que se ven obligadas a trasladar los sobrecostes a los consumidores, algo que ha provocado que las subidas de precios se extiendan mucho más allá de la energía. 

La escalada de los precios en Estados Unidos no da tregua. La inflación ha superado todas las previsiones de los analistas, que esperaban cierta contención en la subida, de en torno al 8,3%, en línea con lo registrado en abril. Sin embargo, el dato final publicado ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales alcanzó el 8,6%, no sólo por encima de las expectativas, sino también una décima más que el registro de marzo, hasta ahora el más alto de los últimos cuarenta años. La energía y los alimentos frescos –con un alza del 34% y del 12%, respectivamente– son los principales motores de la escalada de los precios, en parte debido a la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, así como los problemas en la cadena de suministro a nivel global a consecuencia de la pandemia. El alza en el precio del crudo, con un incremento del 106,7% (el mayor desde 1935), es determinante en la subida del IPC. Sin embargo, los economistas reconocen que gran parte de la culpa de esta situación la tienen los estímulos monetarios puestos en marcha para combatir los efectos de la crisis sanitaria, que se han alargado en el tiempo con bajos tipos de interés que han impulsado un crecimiento sin precedentes del consumo.

La fuerte espiral inflacionista sigue sin trasladarse a los salarios. A finales de mayo pasado un total de 5,8 millones de trabajadores asalariados habían cerrado ya sus condiciones laborales para este ejercicio con un incremento salarial medio pactado del 2,42%, prácticamente la misma subida de los dos meses anteriores. Además, según la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo, el porcentaje de asalariados protegidos por cláusulas de revisión salarial, que compensan total o parcialmente el alza de los precios, ha vuelto a bajar del 27% al 25%. Esto quiere decir que apenas uno de cada cuatro trabajadores con sus condiciones acordadas para este año tiene sus retribuciones blindadas en mayor o menor medida frente al alza del IPC, que este viernes se supo que cerró mayo con un avance del 8,7%, el mayor ritmo de crecimiento en 28 años. Con ello, la pérdida de poder de compra supera los seis puntos porcentuales. En este escenario, la negociación colectiva no será en principio el salvavidas que podría ser para los trabajadores, ya que las cláusulas de garantía salarial, en lugar de aumentar su presencia la están recortando, frente al 30% con el que arrancó el año.

La lluvia de ventas desencadenada por el agresivo mensaje de subidas de tipos de interés lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) no parece acabar. Y los datos que llegan desde el otro lado del Atlántico, de EE UU, no dejan lugar a dudas: la subida interanual del IPC de un 8,6%, por encima de lo esperado, indica que la escalada de precios no ha terminado. Ante esta tormenta, los inversores se han puesto a cubierto. Las Bolsas europeas han cerrado la semana en caída libre: el Ibex 35 se dejó ayer un 3,68% y perdió los 8.400 puntos. Se trata de la segunda mayor caída del año: el 3 de marzo cayó un 3,72% ante el pesimismo por la guerra. En el resto de Europa, el MIB italiano se derrumbó un 5%; el DAX alemán, un 3%, y el CAC francés, un 2,6%. En EE UU, los mercados también acusan el golpe: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdían más de un 2% al cierre de la sesión europea. Dentro del selectivo español, todos los valores se tiñeron de rojo aunque los bancos figuraron como los más penalizados: BBVA cayó un 9%; CaixaBank, Santander, Sabadell y Bankinter, entre un 6% y un 7%. Tras el mazazo del BCE, el Ibex ha entrado en números rojos en el año, siguiendo la estela de los otros índices europeos.

El euríbor a 12 meses, clave para el cálculo de la mayoría de hipotecas variables en España, sigue subiendo sin descanso y ya supera el 0,6% en tasa diaria. En los diez días que van de junio se ha disparado 29 puntos básicos. En concreto, ayer marcó el 0,68%, niveles no vistos desde octubre de 2012, y sitúa la media provisional del mes en el 0,537% frente al -0,484% de hace un año. Los préstamos variables en revisión se encarecerán entre 600 y 1.800 euros anuales dependiendo del importe. Según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, una subida del euríbor de aproximadamente un punto porcentual en el conjunto del año supondría un alza de entre el 10% y el 12% de la cuota mensual de una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años. Esto se traduciría en un aumento de casi 70 euros al mes y de más de 800 euros al año. Si el capital pendiente es de 300.000 euros, la cuota subiría 1.600 euros anuales.

La Unión Europea entró en acción y todo parece haber quedado en ‘stand by’. La grave crisis diplomática entre España y Argelia vivió ayer un nuevo capítulo en Bruselas, hasta donde se desplazó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, para parapetarse en la fuerza de la Unión y así aplacar la ira del país africano. A priori, parece haberlo conseguido ya que a última hora de la tarde, la delegación de Argelia ante la UE negó que haya vetado el comercio con España y que vaya a cortar el suministro de gas (es el segundo proveedor tras EE UU). Todo estalló el miércoles. Argelia anunció por sorpresa la suspensión del tratado de buena vecindad con nuestro país, vigente desde 2002, y la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España a partir de este jueves. Argel justificó la decisión por el «injustificable» apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. 48 horas después ha llegado la primera tregua. Bruselas, desde el primer momento, advirtió de que veía con «extrema preocupación» el giro dado por las autoridades argelinas. La gravedad de la situación era de tales dimensiones que Albares tuvo que cancelar su asistencia a la Cumbre de las Américas para desplazarse ayer de urgencia a Bruselas.

La primera audiencia pública de la comisión del Congreso que estudia el asalto al Capitolio removió en la noche del jueves –madrugada de ayer en España– la conciencia política de Estados Unidos al acusar oficialmente al expresidente Donald Trump de conspirar en «un intento de golpe de Estado». Este término hasta ahora ha sido siempre evitado por los norteamericanos, conscientes de la importancia de la imagen de su democracia, y sustituido por otros más eufemísticos como ‘conspiración’, ‘insurrección’ o ‘sedición’. También por primera vez una considerable mayoría de los ciudadanos se confrontaron a la descarnada realidad de una vasta conspiración para usurpar el poder que implica directamente a un presidente y que estuvo a punto de tumbar el celebrado sistema democrático que siempre les ha distinguido del mundo. Las dos horas de crudas evidencias contra Trump presentadas en directo y sin filtros han golpeado a un país que vivió aquel 6 de enero de 2021 uno de los momentos mas difíciles de su historia. Las revelaciones llegan, además, en un momento que coincide con un año electoral clave, minado de restricciones de voto y que confronta a los ciudadanos con el dilema de tener que defender su sistema democrático.

Cumple 25 años y ha sido dinamizador económico de la ciudad, con una aportación al PIB vasco de 172,2 millones de euros Desde su apertura ha recibido a 23,7 millones de visitantes y contribuye al mantenimiento de 3.671 empleos. Cuando Frank Gehry (Toronto, 1929) llegó a Bilbao en 1992 a presentar la maqueta del proyecto, con lápiz con cámara incluida, del Museo Guggenheim a las autoridades vascas, en la puerta del edificio de la Bolsa esperaba un grupo de manifestantes con pancartas de queja: “Menos cultura y más empleo”. Lo recuerda Roberto San Salvador, catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y director de la cátedra Cities Lab de la Universidad de Deusto: “Fueron momentos complicados porque no se entendía que la industria creativa fuera a generar el empleo de un sector que se agotaba, como era el industrial”. Recuerda una ciudad de grises, que en pocos años se inundó del brillo plateado del titanio y de color –el característico añil de las oficinas del museo–. Pero el Guggenheim, advierte, no se entiende como un proyecto aislado, sino dentro de un contexto y de un plan de ciudad. “Lo que ha logrado es extraordinario, ya que un museo de arte contemporáneo es capaz de abrir un diálogo con la ciudad, además de una dimensión económica fascinante, ya que crea empleo directo y ayuda a expandir otro sector, como es el turismo, que iba tocado por el terrorismo”.