20220630

La desbocada subida de los precios sigue siendo el indicador que mayores quebraderos de cabeza está dando al bolsillo de los consumidores y, de rebote, al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, cuyas primeras medidas anticrisis, adoptadas en abril, se han revelado ineficaces para controlar la situación. Tras despedir mayo en el 8,7%, cuatro décimas por encima de abril, el IPC se disparó en junio al 10,2%. Es un doble dígito que ha batido las previsiones más pesimistas y que supone la tasa más alta desde abril de 1985, cuando gobernaba Felipe González y existía la peseta. Supera, y con creces, el anterior pico del 9,8% alcanzado en marzo. En tasa mensual, los precios subieron un 1,8%, el mayor aumento en un mes de junio desde 1977, en los albores de la recién recuperada democracia. Y lo que es más preocupante: la inflación subyacente (excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos) escaló al 5,5%. Son seis décimas más que el mes anterior y la tasa más alta desde agosto de 1993. Hace solo un año, se situaba en el 0,2%. El dato anticipado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencia que los carburantes, los alimentos y las bebidas no alcohólicas vuelven a ser la principal causa de la subida. Pero el impacto se traslada también a hoteles, cafés y restaurantes. Una pésima referencia que evidencia la impotencia del Ejecutivo ante el escaso éxito de las primeras medidas adoptadas para frenar el alza de precios: desde abril, la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasoil; y ya este mes, el tope al gas, en compañía de Portugal, para intentar poner coto al precio de la electricidad.

Entre las causas que explican la desbocada escalada de precios de este mes de junio se encuentra el escaso impacto que hasta ahora ha tenido el estreno de la llamada ‘excepcionalidad ibérica’, por la que se limita el precio del gas para abaratar la factura de la luz. El inicio del tope llegaba a mediados de mes en un contexto internacional marcado por nuevos repuntes en la cotización del gas, que ha ascendido este junio hasta el entorno de los 130 euros/Mwh. A finales de mayo se encontraba en los 80 euros. Con estas alzas, la compensación que hay que pagar a las compañías que tienen que activar las centrales de ciclos combinados para cubrir toda la demanda, es mayor de lo esperado. De media, se encuentra en 92 euros/MWh. Esa cuantía se suma al resultado diario de las subastas. Y al final, la media del mes ha superado los 218 euros, un 16,6% más que en mayo y un 162% más cara que hace ahora un año. Junio ha cerrado como el tercer mes más caro de la historia, solo superado por el pasado diciembre y por marzo, cuando estalló la guerra. Las condiciones energéticas no han sido las mejores para la aplicación del tope este mes y las expectativas tampoco son halagüeñas para las próximas semanas. El contexto energético viene marcado por las amenazas de Rusia para cortar el gas a Europa de cara al invierno. A pesar de que están aumentando las reservas, una decisión drástica de Putin podría acabar en restricciones. 

Hacer hoy la compra sale tan caro como en Navidad. Algunos productos marcan unos precios incluso más elevados que lo hacían en las últimas semanas de diciembre. Una época la de fin de año que, si se caracteriza por algo, es por el gasto en comida para las reuniones familiares. La subida progresiva de los precios parece no alcanzar la cima. El Instituto Nacional de Estadística cifraba ayer un aumento del IPC de junio en el 10,2%. Pero solo con salir a la calle basta para comprobar cómo hacer la compra resulta mucho más difícil que hace medio año. Un incremento de los precios que supone un duro golpe para las familias. Los cálculos de los expertos hablan de que el gasto medio por familia ha aumentado en 50 euros al mes, o lo que es lo mismo, alrededor de 600 euros al año. Todo ello provocado por la crisis derivado de dos años de parón económico por la pandemia de covid y la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado escasez de cereales, aceite de oliva y combustibles. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reconoce que la factura en alimentación se ha disparado y advierte previsiones para los meses venideros nada halagüeñas. 

La inflación se desboca, cada día más aceleradamente y cada vez más en todas partes. Hay pocos instrumentos para atajarla. Entre ellos, el aumento de los tipos de interés, pero es de manejo peligroso. Porque un dinero más caro puede acabar castigando la inversión, el crecimiento y el empleo, y precipitar una recesión... ¡en tiempos de recuperación! La firmeza en la disposición a incrementarlos fue ayer el hilo conductor de los banqueros centrales que debatieron en el Fórum anual del BCE, que se celebra en Sintra, junto a Lisboa. Muy sugestiva ha sido en este cónclave, aunque sea menos noticia de las duras, la alerta lanzada por el BCE —a través de expertos interpuestos— sobre tres componentes de esa inflación: el precio de la vivienda, los cuellos de botella en los suministros, y las expectativas de la sociedad sobre el alza de precios. En un panel moderado por su vicepresidente Luis de Guindos, el profesor John Muellbauer (de Oxford) apuntó con datos a que el mercado inmobiliario “no estaría lejos de la tormenta perfecta”, por los años de créditos fáciles, que se siguen de alzas de tipos y suelen desembocar en bruscas caídas de precios. La han evitado las medidas de llamada a la prudencia de los supervisores a bancos y otros acreedores. Y en cuanto a las rupturas de cadenas de suministros extranjeros, datos para pensar: suponen dos tercios de la inflación de la eurozona (por solo la mitad de la estadounidense). 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sigue viendo fuerte a la economía estadounidense. El banquero central destaca el fuerte crecimiento y la solidez del mercado laboral, pero, por primera vez, refleja dudas de forma manifiesta sobre la capacidad de la autoridad monetaria de estabilizar la inflación sin provocar una recesión. Así lo reconoció el propio Powell en su intervención en el foro de bancos centrales organizado en Sintra (Portugal), en el que indicó: “Creemos que podemos mantener el empleo fuerte y devolver la inflación al objetivo, pero es una tarea cada vez más difícil. Y ya era difícil”. La inflación comenzó su camino al alza en Estados Unidos en junio del pasado año y desde entonces ha superado sin alivio todos los meses el objetivo de la institución. La Fed trató como pasajera la subida de los precios inicialmente y optó por no actuar, pero en marzo subió los tipos de interés y ahora endurece su política monetaria a marchas forzadas. “Pasarnos de frenada es una posibilidad”, reconoció ayer Powell, que apuntó que la Fed “no puede garantizar”, tras la guerra de Rusia, que no se producirá una recesión en EEUU por el endurecimiento monetario. El banquero central aseguró que la institución no cuenta con herramientas de precisión de cirujano con las que intervenir en esta situación y que le permitan intervenir la subida de los precios sin dañar el crecimiento. 

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, rechazó ayer los pronósticos «un tanto catastrofistas» que se están haciendo para después del verano, y destacó que el Ejecutivo prevé un crecimiento «sólido» en Euskadi. En declaraciones a la radio pública, subrayó que pese a las estimaciones de una desaceleración generalizada en el último tramo del año, los datos «no dicen esto en este momento». Es un mensaje calcado al que ofreció la pasada semana en una entrevista con EL CORREO, cuando aseguró con rotundidad que no habrá recesión en Euskadi. «El riesgo que tenemos es que si todo el mundo empezamos a decir que esto va mal, al final la economía va mal, porque las expectativas se suelen cumplir», apuntó. «Sobre lo que pueda pasar de ahora a otoño en relación a la guerra de Ucrania o la inflación, no lo sabemos. Puede empeorar o mejorar. No hagamos perspectivas exclusivamente negativas. Vamos a ser objetivos».

El principal indicador interbancario va a cerrar este mes próximo a la cota del 1%. En concreto, la media de junio se situará en el 0,8%, lo que supondrá su tasa más alta desde agosto de 2012. Este registro implica una fuerte subida respecto a mayo, cuando el indicador acabó en el 0,28%, y aún más frente a junio de 2021, cuando tocó el -0,484%. La reconversión que ha sufrido el índice ha sido exponencial en apenas unas semanas, ya que a finales del año pasado se encontraba en el -0,5%. En cuestión de cuatro meses viró a positivo. Y en apenas seis semanas, se ha alzado hasta los niveles actuales. Como consecuencia de este aumento, las cuotas de las hipotecas variables que tengan que revisarse con este dato se encarecerán de nuevo. En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un interés del euríbor más el 1%, la cuota del préstamo se incrementará en más de 1.400 euros al año. La tendencia al alza del euríbor se ha acelerado con el mercado descontando ya una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos en julio. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reiteró el martes que en septiembre la subida podría ser mayor para estabilizar una «indeseablemente» elevada inflación.

La histórica huelga que se vivió hace ocho días en la planta de Mercedes Benz en Vitoria, la principal industria vasca, y que paralizó la fábrica por primera vez en veinte años, tiene continuidad esta semana con dos nuevas jornadas de paro total y amenaza con repetirse la próxima con tres días sin actividad industrial. El conflicto se ha agravado de tal manera que nadie se atreve a apuntar qué desarrollo puede tener y hasta cuándo. El impacto directo lo está teniendo la producción de furgonetas, porque entre ayer, hoy y el pasado miércoles habrán dejado de fabricarse más de 2.100 unidades. Pero las consecuencias pueden ir más allá, por lo que supone el conflicto a corto plazo en cuanto al deterioro en las relaciones entre la dirección y los sindicatos. Y también por lo que puede representar a largo plazo, teniendo en cuenta la influencia del convenio que se negocia ahora de cara a la materialización en Vitoria de la inversión de más de 1.200 millones de euros prevista por la multinacional alemana. Hacer realidad ese plan de negocio para transformar la factoría, duplicar su capacidad e incrementar la producción de manera considerable con la llegada de nuevos modelos de furgoneta, está vinculado a incrementar la flexibilidad en la planta de Avenida de los Huetos. Y aunque la compañía tiene claro que «una fábrica de automoción sin flexibilidad no tiene ni presente ni futuro», los sindicatos rechazan esta postura. 

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea acordaron el martes de madrugada una posición común para prohibir las ventas de coches y vehículos comerciales nuevos con motor de combustión en 2035 en la UE, en línea con lo planteado por la Comisión Europea y respaldado por el Parlamento Europeo en el marco de la reforma que van a negociar del paquete climático Objetivo 55. De esta forma, ha ganado la posición defendida por España, que pedía que la prohibición fuera en 2035 y no en 2040 como solicitaban otros estados miembros. Tras un encuentro en Luxemburgo que se alargó hasta la noche, los titulares de Medio Ambiente de los Veintisiete han establecido un objetivo intermedio de reducción de emisiones de CO2 del 55% para los turismos en 2030, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y del 50% para las furgonetas para la misma fecha, rebajando las expectativas iniciales del Ejecutivo comunitario del 55%. Varios países pidieron retrasar el fin de los coches de combustión. Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia presentaron una propuesta para aplazar cinco años el fin de los turismos y furgonetas con motor de combustión, hasta 2040. Por su parte, Alemania mostró cierta indecisión en los últimos días, ya que el ministro de Finanzas de ese país, Christian Lindner, indicó la semana pasada que adelantar la fecha a 2035 es una “decisión equivocada”. Sin embargo, ayer, medios alemanes ya apuntaban a que Alemania finalmente apoyaría establecer el fin del coche de combustión en 2035. 

Euskadi mantiene el triste honor de ser la comunidad autónoma con más absentismo de España, algo que no ha cambiado con la pandemia. La tasa, que incluye la ausencia en el trabajo por motivos como la incapacidad temporal, la maternidad o una huelga, se situó el año pasado en el 8,4%, un porcentaje inferior al del ejercicio anterior, cuando las ausencias se dispararon hasta el 9%. Con todo, el País Vasco sigue en cabeza, muy por encima de la media nacional del 6,6%, según el último informe de Adecco Group Institute. Adecco divide las horas efectivas trabajadas (descontando vacaciones, festivos y ERTEs) sobre las pactadas para calcular el porcentaje de ausencias. Según este sistema de cálculo, en el País Vasco se perdieron 132 horas de trabajo por asalariado, lo que equivale a 16 jornadas y media. Después de Euskadi se sitúan Cataluña y Asturias. El absentismo es un motivo de gran preocupación en las empresas vascas, que se han quejado reiteradamente de que la elevada tasa les hace perder competitividad. En respuesta a esta inquietud, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció a finales del año pasado que este problema constituye «una preocupación real», aunque dijo «desconocer» los motivos, algo que a su juicio «se debe analizar en el ámbito público y privado». El director de Adecco Group Institute, Javier Blasco, apunta como explicación «los mayores complementos por incapacidad temporal que se pagan en comunidades como la vasca». Ver nota Adecco. 

Desde la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Konfekoop, señalan que su ausencia en la composición actual del Consejo de Administración de Lanbide, “priva al modelo de empleo cooperativo de representación en dicho órgano, porque las asociaciones empresariales del ámbito del empleo asalariado no representan al empleo cooperativo”.Y destacan que “la Ley Vasca de Cooperativas, en su artículo 156.1, reconoce a Konfekoop como agente social al tratarse de una entidad que asocia a más del 60% de las personas cooperativistas de Euskadi”. La participación de KONFEKOOP en el Consejo de Administración de Lanbide es una histórica reivindicación del sector. “Tenemos una presencia insuficiente en los órganos institucionales y de concertación de las políticas de empleo. Es hora de cerrar la brecha que existe entre el valor que aportamos como sector a la economía y a la sociedad vascas y nuestra presencia en los órganos de dirección”, afirmaba la presidenta de Konfekoop, Rosa Lavín, durante la Asamblea General del organismo celebrada en mayo. Desde la Confederación de Coooperativas de Euskadi, defienden “un empleo de calidad e inclusivo como instrumento fundamental para que nuestras empresas puedan desarrollar todo su potencial, y aportar, desde su compromiso con la sociedad y en el marco de un desarrollo sostenible, la prosperidad que deseamos y nos merecemos”. Por eso, subrayan, “el Consejo de Administración de Lanbide tiene que reflejar esta diversidad en su composición, siempre respetando el principio esencial del tripartismo". 

La Formación Profesional Dual ha dado un paso más durante este último curso 2021/22 al abrir la posibilidad de realizar prácticas en empresas también para el 20% alumnado de primer curso de grado medio o superior –alrededor de 3.000 estudiantes– , pero la idea es seguir apretando el acelerador. De hecho, el próximo curso se presenta con la perspectiva de aumentar «alrededor de un 10-15% el número de alumnos», según explica Julen Elgeta, presidente de Hetel, la Asociación de centros de FP Euskadi. El desafío «es importante» pero también «lógico» dada la «tendencia» al alza de la formación dual, reconoce Elgeta, que sitúa ese crecimiento en función de las cifras de Hetel, pero las extrapola a todo el alumnado vasco. El paraguas de la agrupación abarca a casi 580 alumnos de FP dual de una treintena de centros de FP de todo el País Vasco –12 en Gipuzkoa, 19 en Bizkaia y 1 en Álava–, y la idea es rondar los 650 el próximo curso. Elgeta recuerda que son más de 40.000 los vascos que cursan un grado medio o superior de FP en Euskadi, de los que «más de 2.000» cursan la modalidad dual, y prevé que el crecimiento de quienes realicen prácticas también aumenten al menos un 10% a partir de septiembre. «Las prácticas son obligatorias a partir de segundo curso, y la idea es ir aumentando las cifras de primer curso», precisa.

El regulador británico de servicios energéticos Ofgem ha propuesto una reducción del nivel de beneficios que obtienen las empresas operadoras de redes eléctricas en el país para el periodo 2023-2028. El objetivo es mantener los costes que pagan los consumidores. Uno de los grupos más damnificados es Scottish Power, filial de Iberdrola en Reino Unido. Ofgem tiene previsto limitar el retorno sobre capital (los beneficios) de este tipo de empresas al 4,75%. En el marco actual de regulación, el límite de beneficios está situado entre el 6% y el 6,4%. Es decir, el recorte se eleva a un 30%. Las medidas del regulador incluyen obligar a invertir 20.900 millones de libras (24.160 millones de euros) en mantenimiento y mejoras de la red. “Estamos decididos a lograr el mejor acuerdo para los consumidores y las propuestas que hemos publicado significan que se podrán hacer inversiones adicionales sustanciosas para lograr el cero neto de emisiones sin tener ninguna presión en las facturas”, indicó el máximo responsable de la Oficina, Jonathan Brearley. El recorte se produce en pleno debate europeo sobre nuevos impuestos a las empresas energéticas por los beneficios extra que están logrando con el alza de los precios.

Tras meses de trabajo, el texto aprobado ayer por los aliados en la cumbre «crucial» que se celebra en la capital de España marcará la hoja de ruta de la OTAN para los próximos diez años. Y no ahorra en calificativos al señalar a Rusia como la «más directa y significativa amenaza para la seguridad, la paz y la estabilidad euro atlántica» y poner el foco, por primera vez, en China por sus «operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas». El contenido va más allá de la mera retórica y supondrá el refuerzo de miles de efectivos militares en territorio europeo. Se trata, además, del documento más importante para la Alianza Atlántica tras su propia acta fundacional de 1949, y está ideado con el convencimiento de encarar lo que todos los aliados ya dan por hecho: la llegada de un nuevo orden mundial, un cambio de era que los diplomáticos europeos y estadounidenses comparan con la caída del Muro de Berlín. La cita en Madrid estaba llamada a dar un cariz más climático y sostenible a la estrategia de la OTAN, que se encontraba en punto muerto. La guerra híbrida que se desarrolla a través de internet y mediante la propaganda o las ‘fake news’ parecía la mayor amenaza de nuestro tiempo. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania en febrero lo puso todo patas arriba y evidenció que Rusia está modernizando sus fuerzas militares y nucleares, todo ello en medio de la escalada de la retórica belicista de su presidente, Vladímir Putin.