20220914

La vicepresidenta de la empresa pública de Noruega Statkraft, Barbara Flesche, y el director general de la compañía para España, José Miguel Ferrer, explicaron ayer al lehendakari Urkullu sus planes de inversión en el País Vasco, donde aspiran a construir dos parques eólicos. Fuentes de la compañía señalaron que barajan una inversión de 90 millones de euros para disponer de una capacidad de generación de 86 megavatios. Según sus propios cálculos, esta generación bastaría para abastecer la electricidad requerida por 64.000 hogares. El grupo noruego tiene un ambicioso plan de inversiones en España, donde espera incrementar de forma sensible en los próximos años su capacidad de producción de electricidad con tecnologías eólica y solar. Hasta el momento, la empresa explota parques fotovoltaicos con una capacidad de casi 500 megavatios, situados en las provincias de Cáceres y Sevilla. La idea de la empresa, sin embargo, es acercarse a los 3.000 megavatios a medio plazo de la mano de la energía solar y también eólica. En ese contexto, Statkraft ha mostrado interés por ocupar emplazamientos en Galicia y en el País Vasco. Los responsables de la firma noruega detallaron al lehendakari y también a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que sus estudios les llevan a apostar por dos ubicaciones concretas. Una de ellas se sitúa en Itsaraz, que hace de frontera entre Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, donde se instalaría un parque de generación de 52,8 megavatios. El segundo se ha planificado en Piaspe, Gipuzkoa, y tendría algo menos de capacidad, 33 megavatios. La entrada en funcionamiento de ambos, de cumplirse los planes de la compañía, se produciría en 2027.

El termómetro de la economía vasca se situó en 121,5 en el mes de agosto, casi 4 puntos menos que en julio (125,4), pero se mantiene en la zona de crecimiento sólido, al continuar por encima de 100 puntos y pese a la desaceleración prevista, que deja sus efectos. El Departamento de Economía y Hacienda ha señalado que esta moderación se explica por "un menor ritmo de crecimiento de la inversión", aunque se aprecia un ligero repunte del consumo privado en los meses de verano. Por el lado de la oferta, los servicios son los que más suavizan su crecimiento. Tanto la industria como la construcción ofrecen también perfiles de desaceleración, pero menos acusados. El empleo modera también su ritmo de crecimiento, según los datos recogidos este martes en el termómetro de agosto elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda. Este indicador arrancó 2022 con 131,6 puntos en enero, alcanzando al mes siguiente el mejor indicador del año con 131,9 puntos. Ver nota gobierno vasco. 

El temor a una recesión asusta a los empresarios españoles, que han frenado en seco su intención de contratar en el último trimestre de 2022 después de un año de crecimientos récord. Así lo refleja una encuesta de la consultora ManpowerGroup. Euskadi es una de las comunidades más pesimistas en este sentido. Los directivos prevén que el mercado del empleo tendrá próximamente un comportamiento casi plano debido al incierto panorama que se dibuja por el precio de la energía, la inflación, los cuellos de botella en el suministro de algunas materias primas y la guerra en Ucrania. Por ello, las previsiones netas de contratación de personal para los últimos tres meses del año se sitúan en un 2%, frente al 21% que registraba en el trimestre previo y al 33% del mismo periodo del año anterior. Esto supone un recorte trimestral de 19 puntos y de 31 si se compara con el ejercicio precedente. A nivel global, el de España es el cuarto peor mercado laboral en cuanto a previsiones de contratación, 28 puntos por debajo de la media, que se sitúa en un 30%. A pesar de que se trata de una bajada generalizada con respecto al trimestre anterior, cinco de los once sectores analizados se mantienen en cifras positivas y anticipan crecimiento en sus equipos para los próximos tres meses. A la cabeza se sitúa el tercer sector y las tecnológicas, con unas expectativas netas de aumento de empleo del 18% y del 17%, respectivamente. Es una cifra muy alejada del dato récord del 50% alcanzado en el inicio de este año. Por el contrario, otros cinco sectores prevén recortar su empleo, mientras que uno –la industria manufacturera– espera mantenerse, aunque sufre un fuerte recorte de 47 puntos. Es llamativo también el desplome de la construcción, que se deja 56 puntos; y del sector primario, que pierde 46.

La Cámara de Comercio de España y la empresa demoscópica Sigmados hicieron público ayer su Estudio sobre Clima Empresarial, una encuesta que con carácter anual recoge las expectativas económicas de las compañías españolas, y en la que la inquietud por el devenir de este año y, sobre todo, del que viene, es palpable. Así, el 87% de los encuestados, a la pregunta de qué grado de importancia tiene el riesgo de la recesión económica, aseguran que es muy o bastante importante. Son las empresas del sector de la hostelería las que ven este peligro más cercano (el 89,7%), mientras que la industria es la que más lejano lo ve (85,3%). En cuanto al tamaño de las compañías, cuanto más grande es menos estima el peligro de una recesión: son el 89,1% de las que tienen entre 6 y 10 empleados, mientras que el porcentaje desciende hasta el 75,7% para aquellas con más de 250 trabajadores. Durante la presentación del informe, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, manifestó que hay “nerviosismo en las empresas españolas” ante la actual situación económica, aunque aseveró que no comparte el diagnóstico de los empresarios: “No creemos en una recesión, pero sí en tiempos difíciles”. Bonet habló de una asimetría en cuanto a la evolución económica, que hará que haya sectores productivos que sufran más las consecuencias que otros. El presidente de la Cámara citó los sectores del automóvil, que pese al PERTE del vehículo eléctrico y a ser fundamental para la economía española está sufriendo por la crisis de suministros; y el comercio, al que Bonet le pide que se ponga las pilas: “Va a depender mucho de su propia ambición, de que se digitalice”. La pasada semana, la Cámara de Comercio presentó sus previsiones de crecimiento para la economía española, en la que moderaba la evolución del PIB. Estas incluían crecimiento negativo intertrimestral a principios de 2023. Pese a ello, Raúl Mínguez, director de Estudios, no quiso referirse a una posible recesión técnica.

Los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT han rechazado la nueva propuesta planteada ayer por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que recogía un incremento del 1,5% sobre su anterior ofrecimiento, de forma que las subidas salariales serían del 3,25% para este año, del 3% para 2023 y del 2,5% para 2024. Además, la organización patronal insiste en la necesidad de poder disponer de «mayor flexibilidad», con objeto de que las empresas puedan gestionar de «manera adecuada la convulsa situación económica en la que nos encontramos desde el inicio de la pandemia, sin necesidad de tomar otro tipo de medidas», según señaló en un comunicado al término de la decimoprimera reunión de la mesa negociadora para la renovación del convenio del sector. Por su parte, los sindicatos coincidieron en rechazar una propuesta que calificaron de «claramente insuficiente» al estar alejada de los niveles actuales del IPC y no querer garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, ante una situación que consideran de «bloqueo» por parte de la patronal, se muestran dispuestos a intensificar sus movilizaciones.

El pulso entre sindicatos y patronales por las subidas salariales sigue caliente y se ha trasladado también a Euskadi. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, elevó ayer el tono y acusó a Confebask de «mentir» al asegurar que la central sindical ha firmado convenios con incrementos salariales por debajo del IPC. Dejó claro que no aceptará subidas de salarios por debajo de la inflación y arremetió contra «el pacto de rentas de Urkullu», que busca «proteger los beneficios de los empresarios a costa de bajar los salarios» y le acusó de mantener «una estrategia compartida» con la patronal. ELA presentó en Bilbao su Informe de Coyuntura, que denuncia el «proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población».

El INE confirmó ayer que los precios de consumo fueron en agosto un 10,5% más caros que en el mismo mes del año pasado en la media del conjunto de España. Un IPC que se sitúa una décima por encima del dato adelantado a finales del pasado mes y sólo tres décimas por debajo del 10,8% registrado en julio y hasta ahora su nivel más elevado en los últimos 38 años. Una ligera moderación debida a la bajada que experimentaron los carburantes a lo largo de agosto y que pone fin a una racha de tres meses consecutivos de IPC al alza. Y aunque no sirve de consuelo de nada cuando los precios están tan desbocados y la diferencia es tan escasa, en Euskadi, como viene siendo habitual en los últimos meses, la inflación es algo menor. Cabe destacar que la mayor parte de esa subida de precios del 10,3% en Euskadi, así como del 10,5% en el conjunto nacional, se ha producido solo en lo que va de este 2022. En ocho meses se acumula una inflación del 6% (el 6,1% en España) arrastrada, principalmente, por los sustanciales incrementos de muchos alimentos que forman parte de la cesta de la compra básica. Unas subidas encabezadas por los huevos, que se han encarecido en el País Vasco un 23,2% desde el 1 de enero pasado (un 24,2% en los últimos 12 meses); el aceite ha subido un 23,1% en lo que va de año (un 24,4% desde agosto de 2021); las patatas se han incrementado un 18%, si bien su subida interanual es del 15,2%, lo que indica que en los últimos meses del pasado año incluso se habían abaratado algo. También los cereales (un 17,1%), la leche (un 17%) y el azúcar (un 15,3%) se han disparado en Euskadi por encima del 15% en lo que va de 2022. Y otro alimento básico como el pan se ha quedado muy cerca, al experimentar una subida del 14,6%.

La elevada inflación deja una importante huella en las tendencias de compra en los supermercados durante la primera mitad de 2022, lo que provocará que el gasto en productos de gran consumo finalice el ejercicio en un nivel similar al del pasado año, según las previsiones de Kantar, pese a una inflación que ya alcanza el 13,8% hasta agosto en el caso de la alimentación y las bebidas no alcohólicas. La consultora explica que la reacción de los consumidores ha sido una reducción de su consumo en un 5,7% en volumen hasta julio, lo que implica que los hogares españoles están reduciendo la cantidad de kilos/litros de alimentación, bebidas y productos de limpieza e higiene que compran. Kantar señala, no obstante, que no toda esta caída en volumen se debe a la inflación, ya que el dato refleja también el descenso del consumo en el hogar debido al fin de la pandemia. Pero hay más. Además de comprar menos, los consumidores están virando hacia la marca blanca, que ya supone cerca del 50% de todos los productos vendidos, y hacia categorías de menos valor. Un ejemplo habitual en este tipo de contexto es cambiar el vacuno por el pollo, pero también una reducción en general en el consumo de productos frescos: carne, pescado, fruta y verdura. Las tiendas independientes especializadas –la carnicería o frutería de barrio– estarían siendo las grandes perjudicadas por este cambio de hábitos, según varios expertos del sector consultados.

La caída del precio de la gasolina apenas ha dado un respiro a la inflación en Estados Unidos. Pese al abaratamiento de los combustibles los precios subieron en el mes de agosto un 0,1%, dejando la tasa interanual en el 8,3%, por encima del 8,1% que se esperaba. A eso se une el deterioro de la inflación subyacente. Los mercados reaccionaron con fuertes caídas, del 3,9% en el Dow Jones, del 4,3% en el S&P 500 y de más del 5% en el Nasdaq, pues interpretan que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés 0,75 puntos la semana próxima, la tercera subida consecutiva de esa cuantía. También las bolsas europeas se vieron arrastradas, con caídas en Fráncfort (-1,59%), París (-1,39%) y Madrid (-1,59%). La inflación sigue siendo muy alta frente al objetivo del 2% en que la Reserva Federal cifra la estabilidad de precios. La parte positiva es que acumula dos meses de retroceso, lo que no había ocurrido en todo el año. Tras el 9,1% de junio, el máximo en cuatro décadas, la inflación cedió hasta el 8,5% en julio, y ahora baja al 8,3%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese retroceso, sin embargo, se ha quedado por debajo de lo que cabía esperar con el abaratamiento de la gasolina. El gas y la electricidad suben. El precio de los alimentos para consumir en casa se encarece un 13,5% interanual, su mayor ritmo desde 1979. Y la inflación subyacente, que excluye en su cálculo los precios de los alimentos y de la energía, ha pasado del 5,9% al 6,3% interanual, tras un encarecimiento del 0,6% de los precios en agosto. Esa es una señal preocupante de que las tensiones sobre los precios se están enquistando y de que pueden durar más tiempo de lo esperado.

Ayer se aprobó la admisión a trámite de la proposición de ley que los socialistas registraron junto a Unidas Podemos y que establece impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y entidades financieras. Se trata de la medida estrella con la que Pedro Sánchez escenificó un giro a la izquierda en el debate sobre el estado de la nación para tratar de enderezar las encuestas tras el batacazo socialista en las elecciones andaluzas. Y salió adelante con los bloques clásicos de la presente legislatura: negativa de PP, Vox y Ciudadanos, y con el apoyo del bloque de investidura (ERC, PNV, EH Bildu y Más País), también Coalición Canaria, el BNG y la CUP. Esta primera votación del curso político sirvió para medir el apoyo parlamentario al Gobierno de coalición. Y la principal conclusión es que todo permanece tal y como estaba antes del verano. Lo que sí se palpa es que las distintas formaciones empiezan a encauzar el tono con el que se encaminarán hacia el nuevo ciclo electoral, que pasa por las locales y autonómicas de mayo de 2023 y tendrá su traca final con las generales (previsiblemente a finales del año que viene).

El PNV y EH Bildu han decidido dar aire al Gobierno de coalición y votarán a favor de la tramitación legislativa de los gravámenes excepcionales que buscan recaudar 7.000 millones procedentes de los «beneficios extraordinarios» de la banca y las energéticas. Sí, pero... En realidad hay varios peros, pero uno destaca sobre el resto: que las haciendas forales, con el actual diseño, quedarían fuera de la recaudación. Traducción: o se cambian las reglas de juego para adecuar estos gravámenes al Concierto Económico o el Gobierno «no va a contar con el sentido aprobatorio» ni del PNV, en palabras de Aitor Esteban, ni de EH Bildu, como advirtió su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Esteban, eso sí, desveló que el Ejecutivo les ha trasladado su «voluntad» de llegar a un acuerdo que a día de hoy ni está ni se espera a corto plazo. Son muchas las dudas que existen en torno a este asunto. El principal problema es que el Ministerio de Hacienda no ha concebido estas figuras como impuestos al uso, sino como una ‘prestación patrimonial no tributaria’. Aunque en la práctica todo se resume en que la gran banca y las grandes energéticas dejarán de contar con 7.000 millones que irán a parar a las arcas públicas (si las previsiones se cumplen), técnicamente es un problema a efectos jurídicos, tanto en lo referido al Concierto vasco y el Convenio navarro. No sólo eso. Son muchas las dudas que existen por su encaje constitucional (la CEOE cree que es ilegal) y por el incierto recorrido que puede tener en el Tribunal de Justicia de la UE, donde es muy posible que termine este choque de trenes.

Unidas Podemos busca poner, con carácter temporal, un tope a la subida del precio de las cuotas mensuales de las hipotecas variables, como respuesta a la subida del euribor, que ha pasado de registrar tipos negativos desde 2016 a superar el 2% la pasada semana, lo que supone subidas de hasta 150 euros al mes. “Proponemos al PSOE establecer un límite máximo a las subidas de las hipotecas de tipo variable. La subida de tipos, consecuencia de la decisión del BCE, puede tener consecuencias desastrosas en la economía de miles de familias”, comentó ayer en sus redes sociales la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra. Aduciendo que se trata de una situación de “urgencia”, la formación morada, además de remitir su propuesta a los socialistas para negociar su inclusión en el decreto ley de plan de contingencia, presentará una proposición de ley en el Congreso en los próximos días. La propuesta pasa por que durante un año el diferencial de las hipotecas de tipo variable sería de un 0,10%, sin aumento del plazo de amortización del crédito. Esto se aplicaría para familias consideradas vulnerables, que tengan dificultades para asumir el pago mensual de la hipoteca. Las estimaciones de Podemos son que, pese a esta bajada de cuota mensual, los bancos aun así seguirían teniendo beneficios. De salir adelante la propuesta de Podemos, el impacto económico para la banca sería reducido. Ascendería a 210 millones en términos de ingresos, una gota en relación con los 34.600 millones que registró el conjunto del sector el año pasado por este concepto. 

Los ciudadanos, «cuando son llamados a las urnas, votan, pero no eligen a los que realmente deciden». ¿Y quién decide, entonces? Para Pedro Sánchez, hay «poderes» que «influyen y están en su legítimo derecho de influir, pero que no pueden condicionar la política del país». Se refiere a los grandes empresarios, a los que anoche les pidió, como a la CEOE, que «arrimen el hombro» y que «desbloqueen los convenios colectivos». En una entrevista concedida al canal 24h de TVE, el presidente del Gobierno ahondó aún más en sus críticas al Ibex y volvió a asegurar que el PP «defiende unos intereses» que son los de la banca o los grandes grupos energéticos. Como botón de muestra, dijo que la oposición de los populares a la excepción ibérica «representa una cierta insolvencia y una defensa incluso desesperada de los intereses de las grandes empresas de nuestro país». Sánchez no sólo descargó su artillería pesada sobre el principal partido de la oposición y la élite empresarial, sino que la extendió a algunos medios de comunicación, sin citarlos: «Lo que tengo muy claro es que sé que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos, y no nos vamos a rendir».

España ha disparado la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. Lo está haciendo en el peor momento: con los precios en niveles históricamente altos y las emisiones globales de gases de efecto invernadero al alza. Los ciclos combinados —que queman gas natural para producir energía eléctrica— y las vetustas centrales térmicas de carbón —que están dando sus últimos coletazos antes de pasar a mejor vida—, llevan generados este año más de 42 y casi 6 teravatios hora (TWh), respectivamente. Es más del doble que en el mismo periodo de 2021, según los datos de Red Eléctrica de España (REE). La producción de los ciclos en la España peninsular supera incluso la de la nuclear, cuando en los últimos años las centrales atómicas duplicaban a estas instalaciones. Los motivos del estirón del gas y el carbón son múltiples, tanto internos como externos. El frenazo de la hidráulica por la sequía, ha llevado su aportación a mínimos de tres décadas, obligando a reactivar ciclos combinados que de otra forma estarían parados. Ese impacto es doble: no solo ha producido una merma en la producción eléctrica española, sino que, al mermar también la generación portuguesa —un país que depende mucho más de esta fuente—, ha provocado un aumento de las ventas al vecino del oeste. Esas exportaciones proceden, en gran medida, por las centrales alimentadas por gas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciará hoy en el Parlamento Europeo las propuestas de la Comisión para mitigar el efecto de la escasez energética, con medidas para contener la espiral alcista de los precios que, también, pueden ayudar a limitar las necesidades energéticas del bloque. El anuncio llega cuando el precio del gas y de la luz se han alejado de los máximos de principios de mes, provocados con el cierre del gasoducto Nord Stream 1 (que apenas operaba al 20% de su capacidad). La conexión entre Alemania y Rusia continúa cerrada, pero el gas en Países Bajos cotiza en 202 euros el megavatio hora, frente a los 346 que alcanzó 26 de agosto. Los borradores con los que trabajan los funcionarios de Bruselas aportan alguna novedad sobre las líneas esbozadas la semana pasada por la propia Von der Leyen y los anuncios de los ministros de Energía el viernes después de la reunión extraordinaria convocada por la presidencia checa. Siendo uno de los objetivos principales desligar el precio de la luz del disparado, y volátil, precio del gas, una de las medidas consiste en limitar la retribución de la electricidad generada con renovables o nuclear. Según Financial Times y Bloomberg, Bruselas estaría optando por un tope de 180 euros el megavatio. Ello permitiría limitar la subida de la luz, que en septiembre superó los 600 euros en Alemania o Francia. Una segunda medida donde se habrían concretado los planes es el impuesto especial a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Se aplicaría un gravamen del 33% al beneficio antes de impuestos que exceda el 120% del beneficio medio en el periodo 2019-2022.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha intentado dar un atisbo de esperanza sobre las perspectivas del mercado energético alemán, a la vez que aumenta la intervención estatal en el sector. “Superaremos este invierno”, mencionó, mientras su Gobierno daba a conocer una serie medidas que buscan aliviar a los consumidores y apoyar a las empresas energéticas. Berlín se prepara para utilizar una herramienta de liquidez creada en el punto más crítico de la pandemia de Covid-19 para ayudar nuevamente a las empresas eléctricas, en este caso a hacer frente a la volatilidad en el mercado energético. El banco estatal de desarrollo, KfW, supervisará el uso de 67.000 millones de euros a disposición de las empresas eléctricas, según cita la agencia de noticias Bloomberg. “Hemos ampliado y expandido el escudo protector para las empresas especialmente afectadas”, dijo Scholz en un discurso en una conferencia de la patronal BDA en Berlín. Este plan es independiente de un paquete de ayuda financiera anunciado ya en abril, destinado en parte a aliviar la presión sobre estas empresas. El gobierno federal ya había advertido en ese momento que los altos precios podían convertirse en un problema de liquidez para las empresas, por lo que era necesario apoyar a las empresas para que puedan operar en los mercados de futuros de electricidad, gas y derechos de emisión. A principios de mes, Berlín ya rescató el grupo energético alemán Uniper, el mayor importador de gas ruso de Alemania, por 7.000 millones de euros. 

El aluvión de peticiones en ayudas gestionadas por el Ente Vasco de la Energía (EVE) está causando retrasos en su tramitación, según reconoce el propio organismo, que ha tenido que ser reforzado con 40 personas dedicadas a esta labor sobre una plantilla de 70. La avalancha se concentra especialmente en las subvenciones para la compra de coches eléctricos y puntos de recarga (Moves III) y en el programa de autoconsumo con placas solares y otras renovables. Los expedientes acumulados sobre la mesa solo en estos dos casos son de 4.000 y 5.000, respectivamente. El propio portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, reconoció ayer estos «retrasos» en la rueda de prensa del Gobierno, cuando fue preguntado por las demoras en las ayudas del plan Moves III. Explicó que la demanda se había disparado al incrementarse el volumen destinado a estas subvenciones con la llegada de los fondos europeos. «Es una gran cantidad de trabajo y, efectivamente, se producen demoras en algunos casos. No es fácil evitarlos porque los planes europeos están llegando sobre la marcha», admitió. Recordó, además, que el EVE no solo tiene que tramitar el Moves, sino que gestiona otros programas con gran demanda como la instalación de renovables para el autoconsumo, la eficiencia energética o la rehabilitación de edificios.

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, trasladó ayer un mensaje optimista sobre el futuro de la compañía pese a la pérdidas multimillonarias que ha cosechado en los últimos años y la situación incierta que atraviesa. Lo hizo en el transcurso de un encuentro con representantes sindicales de la firma en España a los que trasladó su convicción de que la empresa volverá a los resultados positivos en 2024. Aunque los representantes sindicales demandaron del directivo alemán detalles sobre el proceso de saneamiento de la compañía, su mutismo fue total. Eickholt aseguró que aún no puede anticiparlo porque el plan, que la empresa denomina «de reorganización», aún está perfilándose en sus últimos extremos. Así, anticipó que el compromiso es presentarlo a finales de este mes o, a lo sumo, a principios de octubre. Eickholt defendió que esa nueva organización, con la que se pretende evitar duplicidades y alimentar sinergias con la matriz germana, Siemens Energy, va a permitir simplificar la estructura y ganar agilidad para resolver los problemas que tiene la compañía. En los últimos nueve meses la empresa ha perdido 1.226 millones de euros, como consecuencia del desfase entre los precios de venta pactados hace años para los aerogeneradores que se están entregando ahora –el alza de costes de las materias primas se ha comido el margen de beneficio–, junto a los problemas técnicos de la turbina 5.X. 

Las empresarias vascas han dado un nuevo paso en pos de la igualdad en el mundo tan competitivo donde se mueven. Primero, han reactivado la Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi (EmpresariAK), creada hace 25 años, pero que quiere dar una vuelta de tuerca a su labor para mejorar la situación de sus asociadas. Y en segundo lugar, han logrado el compromiso del lehendakari, Iñigo Urkullu, para impulsar la igualdad en el mundo empresarial. Todo ello se gestó ayer en Miñano (Álava) en una jornada celebrada por EmpresariAK para oficializar su reactivación y aprobar una serie de medidas y compromisos con el Ejecutivo vasco, para «asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de decisión en la vida política, económica y pública». Los cinco puntos acordados son: «garantizar la participación activa de mujeres en los foros de decisión en el ámbito económico y empresarial de Euskadi»; «aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y Consejos de Administración», «adoptar políticas activas para la eliminación de la Brecha Salarial», «favorecer, impulsar y visualizar el emprendimiento de las mujeres» y «fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes». Un importante paso, enmarcado en lo que denominan el ‘Objetivo 5’ de la ‘Agenda 2030’. La presidenta de EmpresariAK, la donostiarra Nerea Ibáñez, que recientemente cogió las riendas de la entidad y que también lidera la Asociación de Empresarias de Gipuzkoa (Aspegi), destacó la relevancia del acuerdo.

«Esto es una guerra, no una operación especial y, por tanto, requiere una movilización general». El presidente del Partido Comunista ruso, principal apoyo de Putin, rompió ayer el discurso oficial mantenido hasta ahora desde el inicio de la invasión de Ucrania. Asesores del entorno de Putin han mostrado también su deseo de reforzar el despliegue militar tras la exitosa contraofensiva de Kiev, a la vez que insisten en purgar la cúpula militar tras la desbandada de su ejército. «¿En qué se diferencia una operación militar especial de una guerra? Se puede detener la operación militar en cualquier momento. No puedes detener la guerra: termina en victoria o derrota. Hay una guerra y no tenemos derecho a perderla». Gennadi Ziuganov, líder del Partido Comunista, personificó ayer en el Parlamento ruso la exigencia de rendición de cuentas que concejales, veteranos exmilitares, editorialistas, diputados y senadores –una parte de ellos adscritos a su propio núcleo duro– han comenzado a dirigir al presidente, Vladímir Putin, hasta ahora herméticamente protegido de las críticas por la invasión de Ucrania gracias a las leyes contra todo aquello que «desacredite al Gobierno». Pero ese amplio paraguas parece haberse agrietado. En su entorno, y entre diferentes líderes de opinión adeptos a la estrategia oficial, se cree que es necesaria una «movilización general» para alimentar de soldados las unidades desplegadas en el frente y cambiar el curso de la invasión. La vergonzosa retirada de Járkov este pasado fin de semana ha generado la sensación de que la guerra no solo está estancada, sino que puede prolongarse ‘ad infinitum’ sin un golpe en la mesa.