20220928

La vasco-germana gana el juicio a General Electric y le bloquea en el mercado de molinos marinos norteamericano. Ambos competidores llevan varios años enzarzados en demandas sobre el uso de patentes. El fuego lo abrió la compañía estadounidense en 2020 en una sucesión de recursos que terminó afectando al superaerogenerador de la eólica marina –offshore–: el ‘Haliade-X’, con una potencia de 12 MW, más del doble que el molino terrestre más potente. El caso es que un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado este mes de septiembre que General Electric ha utilizado el sistema ‘Direct Drive’ y el de su soporte estructural sin el permiso correspondiente de Siemens Gamesa, a la que considera titular de la patente. La sentencia, según han confirmado fuentes legales conocedoras del proceso, hará que la empresa vasco-germana cobre en 2023 algo más de 57 millones de euros que deberá pagar General Electric. Sobre este pago quedaban algunas dudas que ya se han despejado, y que confirman que deberá ejecutarse en cuanto estén en funcionamiento los molinos que General Electric está instalando con esta tecnología. La decisión de los tribunales, además, impide a General Electric seguir empleando estos elementos, con la salvedad de dos parques eólicos que se encuentran muy avanzados, aunque a cambio de un pago de 30.000 euros por cada MW instalado. Uno de los parques está promovido por Iberdrola y es el primero comercial en el mar de Estados Unidos. Tiene una potencia de 800 MW y cerca de 70 molinos, situado en la costa de Massachusetts. El otro es de la compañía noruega Orsted y está en aguas de Nueva Jersey, con una potencia de 1.100 MW y más de 90 aerogeneradores.

Los cuatro sindicatos más importantes en la representación de los 142.526 funcionarios en Euskadi –ELA, LAB, CC OO y UGT– coinciden en que «no aceptarán» que Lakua se limite a replicar las condiciones salariales marcadas en los Presupuestos Generales del Estado alegando que se trata de legislación básica y, por tanto, de obligado cumplimiento. Una premisa que permite vislumbrar unos meses de octubre y noviembre muy calientes en la negociación colectiva de la función pública vasca. Desde que en 2010 el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se viera obligado por la crisis financiera a tomar medidas drásticas como la bajada de sueldo a todos los funcionarios de España, fueron anuladas las negociaciones en el ámbito autonómico. Para controlar el gasto, tanto las ofertas públicas de empleo como la retribución de los trabajadores quedan en manos de la Administración General del Estado. Son, por lo tanto, los Presupuestos Generales (PGE) los que marcan las nóminas de los funcionarios y las administraciones vascas han aplicado ese criterio que, en este 2022, pasó por una subida de sueldos del 2%, muy por debajo de la evolución real del IPC. Fuentes del Gobierno vasco subrayaron ayer a EL CORREO que la legislación no les permite «otra alternativa» y, por ello, esperarán a conocer qué establece el Ejecutivo central para aplicar esas condiciones a sus empleados así como a los de los entes autónomos –Osakidetza o EiTB– y las sociedades públicas como Euskotren, EVE o SPRI. 

El Gobierno planteará hoy, en la mesa de negociación de la función pública, una subida salarial del 3,5% para el próximo año, según fuentes sindicales al tanto de las conversaciones. El alza, que afectará a más de tres millones de empleados públicos, se recogerá en los Presupuestos del Estado para 2023. La propuesta del Ministerio de Hacienda estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables económicas como el crecimiento y la inflación, y es una oferta inicial abierta a la negociación. Hacienda pretende alcanzar un acuerdo a varios años para repartir el impacto del índice de precios al consumo (IPC), que en agosto alcanzó el 10,5%. Entre las medidas que compensarían la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de extender la jornada laboral de 35 horas a la semana a toda la Administración General del Estado, frente a las 37,5 actuales. El coste de la subida salarial sería de 5.000 millones de euros, mientras que la actualización de las pensiones costará unos 15.000 millones.

Los principales sindicatos vascos se juegan en los próximos meses, desde octubre hasta junio del año que viene, prácticamente la mitad de los delegados sindicales que tienen en la CAV. Es lo que se denomina como el periodo concentrado de elecciones, en el que se eligen el mayor número de representantes, y que se celebran cada cuatro años. El resto se dirimen en un proceso continuo. En ese periodo concentrado en concreto están en liza 11.591 delegados de los 24.335 existentes en las empresas de Euskadi, lo que supone el 47% del total, según recordó ayer ELA durante la presentación de su campaña de cara a este periodo concentrado. Una campaña en la que pretende aumentar su amplia mayoría y reafirmarse como «la mejor garantía para la clase trabajadora», según indicó su secretario general, Mitxel Lakuntza, en una comparecencia en Bilbao, en la que estuvo acompañado por la secretaria general adjunta, Amaia Munoa, y el responsable de las elecciones, Joseba Villarreal. «ELA nunca renuncia al acuerdo, pero solo cuando hay verdaderas mejoras y hoy, desgraciadamente, las mejoras solo llegan por medio del conflicto y la lucha». La central nacionalista cuenta a cierre de junio, últimos datos oficiales, con el 40,62% de representación sindical en el País Vasco y el 23,07% de Navarra, con 7.335 delgados en Euskadi y 1.498 en la comunidad foral. LAB es el segundo sindicato, después de que en 2016 diera el sorpasso a CC OO y se situara en el segundo escalón. El sindicato liderado por Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo cuenta con el 19,77% de representación, mientras que CC OO tiene el 18,63% del total y UGT, el 10,70%.

El cisma sindical que ha marcado los últimos años el devenir de la mayor empresa de Euskadi se hará más evidente las próximas semanas ante una llamada a las urnas que se intuye trascendental. Las centrales de Mercedes-Benz Vitoria han fijado para el próximo 24 de noviembre unas elecciones sindicales que dilucidarán el nuevo equilibrio de fuerzas en la factoría de la Avenida de los Huetos. Una cita que llega tras la activación del nuevo convenio, con vigencia hasta 2026; que se solapará con la salida de Emilio Titos –abre la puerta de la jubilación– y que marca una suerte de preámbulo a esa nueva etapa en la que la factoría se entregará a la producción de la furgoneta totalmente electrificada. UGT, CC OO, Ekintza y PIN conforman el bloque que impulsó el nuevo convenio, refrendado posteriormente por los trabajadores. ELA –que detenta la presidencia del comité desde 2016 tras arrebatársela a UGT–, LAB y ESK se retrataron contra ese pacto laboral y espolearon las huelgas y movilizaciones del pasado verano. La ‘coreografía’ de estas elecciones aún no se ha concretado. Aunque no se ceñirán a una sola jornada por los trabajadores del turno de noche. Los resultados no se conocerán hasta el día 25. Además se habilitará el voto digital, que se estrenó con el plebiscito del convenio. Ese viernes 25 se conocerán también los resultados de las elecciones sindicales que en la misma semana se celebrarán en Michelin. 

LAB y ELA, convocantes de cuatro jornadas de paro en el sector de Artes Gráficas de Gipuzkoa, la primera de ellas ayer, cifraron en un 80% el seguimiento de este primer día de paro. Las próximas jornadas tendrán lugar este jueves y los días 4 y 6 de octubre. Las centrales indicaron que se habían aherido a la huelga los trabajadores de empresas como SAM, Corenso, Cicarsa, Mayensa, Comaypa, Tubo pack, Nueva Editorial y Zelatun. Según LAB y ELA, los trabajadores del sector «han dejado claro que quieren un convenio digno». Indican que los trabajadores no están dispuestos a perder poder adquisitivo, por lo que exigen incrementos salariales ligados al IPC, poner límites a los contratos temporales y avanzar en el tema de la igualdad de género. Reclaman a Adegi que actúe con responsabilidad.

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha pedido a los trabajadores de la eurozona que moderen sus peticiones salariales, al tiempo que también ha instado a los empresarios a no esperar los mismos beneficios que otros años por la situación inflacionista. "Tratar de proteger por completo a los trabajadores de la inflación a través de unos mayores salarios llevaría a un gran incremento en los costes para las empresas y efectos de segunda ronda", ha alertado Lane en una entrevista con el diario austriaco 'Der Standard'. Según el economista jefe del BCE, indexar los salarios a la inflación o incluso superarla sería una "autoderrota", ya que generaría un periodo de tiempo mayor con inflación elevada, lo que haría necesario una respuesta desde la política monetaria más grande y "dura". Sin embargo, Lane también ha indicado que comparte las críticas de los trabajadores hacia las empresas, que están subiendo precios y logrando beneficios mayores.

La Encuesta de Coyuntura del Comercio de Euskadi evidencia las penurias generalizadas del sector, pero muy especialmente de los negocios minoristas. Pese al tiempo transcurrido desde el estallido de la pandemia, la crisis sanitaria sigue supurando, preferentemente en Bizkaia, donde el 51,7%% de los establecimientos ha registrado un descenso de ventas frente al 45% de media de la comunidad autónoma. La cuantía de las caídas ha oscilado, en la mayoría de los casos, entre un 10% y un 20%. La comparativa con los otros dos territorios es reveladora, ya que en Álava el porcentaje de locales que facturaron menos que en el primer trimestre fue del 44,9%. Gipuzkoa registró, por el contrario, el mejor comportamiento de abril a junio, con un 35,2% de comercios perdiendo fuelle, aunque, curiosamente, presentó los peores números –48,7%– en el balance interanual. Si el comercio especializado en el equipamiento de la persona y en otros bienes de consumo ha obtenido un saldo positivo, los locales dedicados a la alimentación han anotado, de largo, la peor evolución intertrimestral, con un retraimiento de las ventas cercano al 60%. El Gobierno vasco ha relacionado este receso con una inflación desbocada que ha obligado al 77,6% del gremio a pagar más a sus proveedores. Este incremento ha derivado en un claro perjuicio final para los clientes: el 57,1% de los comerciantes se vio obligado a encarecer los precios para mejorar los márgenes empresariales frente al 38,9% que los mantuvo. Solo el 4% los redujo.

El Gobierno vasco aprobó ayer una nueva línea de ayudas de 14 millones para las explotaciones ganaderas y agrícolas de Euskadi, a fin de que puedan hacer frente a la subida de precios en los piensos para la alimentación animal, así como en los fertilizantes, combustibles y energía. Las ayudas se dirigirán, en el sector ganadero, a las explotaciones de vacuno, porcino, bovino, equino y de aves, tanto de puesta como de consumo. En cuanto a los cultivos, se contemplan las plantaciones de patata y de remolacha. Por otra parte el departamento de Comercio y Turismo destinará cuatro millones de euros para aumentar la dotación económica del ‘Bono Denda’, la ayuda a los ciudadanos para subvencionar parte de sus compras en los comercios de proximidad, con objeto de seguir impulsando las ventas en este tipo de establecimientos antes de Navidad. Esta nueva fase de la campaña del ‘Bono Denda’ se activará el 17 de octubre y se mantendrá hasta el 4 de diciembre. Finalmente, desde el departamento de Trabajo y Empleo se aprobaron otros cinco millones de euros para reforzar las ayudas de tres millones contempladas hasta ahora en el programa de ‘Emprendizaje en economía social’. En este caso, la intención del Ejecutivo autonómico es seguir fomentando el desarrollo de estas actividades que cumplen también un papel asistencial en un momento económicamente delicado.

El informe de la OCU revela que Euskadi sigue como una de las comunidades más caras a la hora de llenar la despensa. La cuesta de enero se ha adelantado para muchos a septiembre. Final del verano, vuelta al ‘cole’, retomar las rutinas y los precios que no paran de subir. En muchos ámbitos, también a la hora de llenar la despensa y el frigorífico. En lo que va de año, la cesta de la compra ha subido de media un 15% respecto a 2021, según señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su último informe. Nunca se había encarecido tanto desde que la entidad empezó a elaborar este informe hace 34 años, señalan sus portavoces. Y Euskadi vuelve a estar en el podio de las comunidades más caras después de Baleares y Cataluña. Se trata «de una subida generalizada de precios que afecta al 95% de los productos seleccionados» y que «certifica la sensación que tienen los consumidores de que todo se encarece». Eso sí, no todos los productos suben lo mismo. El que más ha aumentado su precio ha sido el aceite de girasol, un 118% más. En este caso, la explicación habría que buscarla en la guerra de Ucrania, uno de los principales productores. Le siguen las magdalenas y la margarina (75%). Después aparecen los plátanos, la pasta, el aceite de oliva y la harina con incrementos del 50% o superiores. La bajada de precios, anecdótica, solo afecta a un pequeño grupo de 12 productos de higiene (champú -5%) y alguna fruta (aguacate -10% o kiwi -6%).

A pesar de las negativas perspectivas de la evolución económica de España para los próximos meses, la gran banca descarta un ‘shock’ como el de hace más de una década, cuando la morosidad estuvo completamente descontrolada ante la acumulación de impagos de hipotecas y créditos al consumo de los clientes. Las previsiones que manejan los grupos financieros pasan por un incremento de esa tasa de mora, pero en un contexto «asumible» dentro de los límites habituales en los que se mueve el sector. Esa es la posición que manejan los bancos cuando están a punto de cuadrar sus presupuestos para el próximo ejercicio. Tienen claro, según apuntan diversas fuentes del sector, que se aproxima una etapa en la que los tipos de interés serán más altos y, por tanto, las cuotas de los créditos también después de más de una década en mínimos. A partir de ahí, la evolución de la morosidad dependerá en buena medida de la del mercado laboral. Si no se pierden demasiados puestos de trabajo, como sí ocurrió en la anterior crisis, las rentas de las familias no se verán tan afectadas por la desfavorable coyuntura de precios y la ralentización del PIB. Y si eso ocurre, el margen para seguir haciendo frente a los créditos será lo suficientemente flexible como para evitar impagos. Estas previsiones son las que maneja el sector en un momento en el que el euríbor no deja de superar récords desde 2009. Septiembre está a punto de cerrar en una media que ya se sitúa en el entorno del 2,2%. Ayer el índice incluso superó la barrera del 2,6% en su tasa diaria. Cabe recordar que a principios de año estaba en negativo, en el entorno del -0,5%.

La reestructuración de la red de distribución del grupo Stellantis en España, que cerrará el 39% de sus concesionarios en el país, provocará entre 10.000 y 12.000 despidos. Estas son las estimaciones de Faconauto, asociación que representa a los concesionarios, que pide que haya un marco regulatorio que contemple compensaciones en caso de que un fabricante de coches decida finalizar la relación con su red de distribución o parte de esta. Con ese objetivo en mente, Faconauto inició el pasado junio negociaciones con Anfac, la patronal de las automovilísticas, para pactar un marco de seguridad jurídica para los concesionarios. Previamente, en pos de facilitar el diálogo entre las partes, Faconauto avaló la retirada de una enmienda del PDeCat a la Ley Crea y Crece, que establecía una indemnización del 5% de la facturación de todo el año anterior. Meses después de retirar la enmienda, en septiembre, hubo una reunión entre los máximos dirigentes de ambas asociaciones (entre los presentes, estuvieron el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, y su homólogo en Faconauto, Gerardo Pérez) que terminó sin acuerdo alguno. “Los fabricantes están más cómodos sin un marco regulatorio. No llegamos siquiera a hablar de indemnizaciones”, explica Pérez a CincoDías.

El sector inmobiliario se prepara para afrontar un cambio de ciclo económico en un entorno de subida de tipos, inflación disparada y el fantasma de la recesión acechando a la vuelta de la esquina. Tras la frenética actividad inversora de los nueve primeros meses del año, con volúmenes cercanos a los 11.000 o 12.000 millones de euros, los expertos prevén un freno en el último trimestre del año y durante la primera mitad de 2023 debido a la falta de visibilidad del inversor y a la incertidumbre actual de los mercados. De momento, la subida del coste del dinero ha paralizado ya alguna de las operaciones en marcha y provocará un ajuste a la baja de los precios, ralentizando también los nuevos proyectos de construcción y rehabilitación, de acuerdo con la opinión de los primeros espadas de las grandes consultoras inmobiliarias y expertos del sector. Pese a todo, y gracias a la enorme tracción de la primera mitad del año, se espera un volumen récord para el conjunto de 2022, con una inversión en compraventa de activos superior a los 14.000 millones de euros. “Los acontecimientos de los últimos meses dibujan un 2022 con dos velocidades. Esperamos que la escalada de la incertidumbre reduzca sensiblemente los volúmenes de inversión en el último trimestre de 2022, dejando atrás el buen pulso mostrado durante el primer semestre, cuando se situó un 80% por encima del registro de 2021. De cara a 2023, prevemos que esta desaceleración del apetito inversor se mantenga durante la primera mitad del año, situando la inversión inmobiliaria del conjunto del ejercicio alrededor de un 10% por debajo de las cifras de 2022”, explica Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España.

La lenta ejecución de los fondos Next Generation no sólo se debe al cuello de botella administrativo, las trabas burocráticas y la falta de personal en el sector público sino que también hay un problema de pasividad por parte de nuestro tejido empresarial. Desde que en 2021 se lanzaron las primeras convocatorias, sólo un 2,4% de las pymes con empleados y únicamente un 2,1% de los autónomos sin trabajadores han intentado acceder a ellos. Así se desprende del primer Informe Hiscox de pymes y autónomos en España elaborado por KPMG a partir de encuestas y presentado ayer, que recoge que aunque «la UE ha puesto en bandeja una financiación destinada al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que pretende potenciar todas las palancas (...) Las encuestas indican que solo el 2,4% de las empresas ha solicitado fondos Next Generation y un 10,3% los piensa solicitar». El informe entiende por pyme cualquier compañía de menos de 250 trabajadores con una facturación inferior a los 50 millones de euros y un balance general por debajo de los 43 millones. «En España, dicha tipología de empresas supone el 99,8% del tejido empresarial, frente al 98% de Reino Unido y el 97% de Alemania, y aporta el 65% del Producto Interior Bruto», señalan, y recalcan que «lo que diferencia al tejido empresarial español es la alta concentración de pymes en los tamaños más pequeños del espectro». Según la Estadística de Empresas inscritas a la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, España cuenta con 1,3 millones de compañías que tienen entre 1 y 249 trabajadores. Si sólo un 2,4% de ellas ha pedido los fondos, entonces esto supone que apenas 35.000 compañías habrán cumplimentado alguna solicitud.

El Gobierno vio este martes cómo al discurso en el que había decidido centrar su pugna con el PP se le abría una seria grieta. El anuncio del presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, de que deflactará el IRPF autonómico para las rentas inferiores a los 60.000 euros choca de lleno con la estrategia diseñada desde La Moncloa. El Ejecutivo lleva semanas acusando a los populares de haber emprendido una «desastrosa» competencia fiscal a la baja entre autonomías y rechazando la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de proporcionar en el ámbito estatal un «alivio fiscal» similar al valenciano para las rentas inferiores a los 40.000 euros. Su principal argumento en contra de la medida era que supondría un vaciamiento de las arcas públicas en un momento en el que se deben reforzar los servicios sociales pero también que, pese a lo que pudiera parecer, una medida de esa naturaleza no solo beneficia a las rentas bajas. La posibilidad de que Puig diera este paso durante el debate de política general celebrado ayer en el Parlamento autonómico estaba sobre la mesa. Sin embargo, el anunció cogió con el pie cambiado al Gobierno. Entre otras cosas, porque hace tan solo cuatro días él mismo había reclamado que se introdujera en el sistema de financiación una penalización a las comunidades que decidan voluntariamente rebajar impuestos. Propuesta que, por otro lado, el Ejecutivo no ve «ni viable ni conveniente», según fuentes del Ministerio de Hacienda, liderado por la también vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la regulación de la compatibilidad entre el Ingreso Mínimo Vital y un salario por tener trabajo como empleado, o un ingreso como autónomo. 100.000 familias, una de cada cinco que perciben la prestación, podrían beneficiarse de esta medida. Con este incentivo, que tendrá una duración inicial de un año y entrará en vigor en enero de 2023, el Gobierno trata de estimular la búsqueda de trabajo a quienes perciben la prestación social. En primer lugar, porque el beneficiario podrá comprobar que tiene más ingresos y mejor nivel de vida con la combinación del Ingreso Mínimo Vital y el salario o un ingreso de facturación, si es autónomo. En segundo lugar, con esta medida el Ejecutivo quiere que el perceptor de la prestación no tenga miedo a perder la ayuda si tiene un trabajo. Una forma de reducir también la economía sumergida. Es importante tener en cuenta que el beneficiario no tiene que solicitar el incentivo. Es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) el que automáticamente mejora la renta al perceptor cuando en la revisión anual anota un incremento de los ingresos procedentes del trabajo, como asalariado o como autónomo. El incentivo entrará en vigor el 1 de enero de 2023, pero no empezará a pagarse hasta mitad de año, que es cuando el Inss revisará la prestación para comprobar si ha habido cambios.

Se ha abierto un período de vigilancia que se une a un pesimista cruce astral de subida de tipos de interés, crisis energética y una inverosímil política fiscal británica que está penalizando en particular a los países más endeudados del sur y no sólo a Italia. El podio lo forman Grecia (deuda del 190% del PIB), Italia (150%) y España (117%) que se ven obligados a retribuir con más interés sus bonos para colocar deuda. Portugal cuenta con una deuda (127%) como para desplazar a España de este podio. Sin embargo, su mayor control del déficit y estabilidad genera más confianza y su bono cotiza a 3,2% y su prima de riesgo es sistemáticamente más baja que la española. El bono español a diez años superó este martes el 3,4%, el nivel más alto desde marzo de 2014 cuando el país salía de la recesión. Este nuevo techo multiplica por siete el 0,46% de interés que le bastaba ofrecer al Gobierno de coalición hace un año cuando tenía al Banco Central Europeo (BCE) como comprador. Al debilitar este escudo el BCE para centrarse en la inflación, la rentabilidad de los bonos no han dejado de crecer, pero estos días superan todas las expectativas iniciales de los fondos. La escalada es de tal magnitud que el bono a diez años cotiza a un nivel similar al 3,45% de interés al que colocó el Tesoro 5.000 millones en bonos a 20 años hace apenas una semana, el pasado 20 de septiembre.

España, con otros 14 países de la UE, está redoblando la presión para que Bruselas incluya un tope al precio de gas como uno de los instrumentos de emergencia “prioritarios” para afrontar la crisis energética de este invierno. En una carta que enviaron ayer a la comisaria de Energía, Kadri Simson, sostienen que esta medida, que el Ejecutivo europeo acabó retirando de su propuesta inicial, es la más eficiente para afrontar la presión inflacionaria “insostenible” y otros retos que ha provocado el cierre del grifo de gas ruso. “El tope al precio del gas que ha sido pedido desde el comienzo por un cada vez mayor número de Estados es la medida que ayudará a cada Estado miembro a mitigar la presión inflacionaria, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de potenciales disrupciones del aprovisionamiento, además de limitar los beneficios extra del sector”, argumentan los signatarios de una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha adelantado Politico. Los países firmantes son Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha señalado que el Ejecutivo comunitario está “trabajando” en la materia, sin indicar si habrá una propuesta concreta el viernes, cuando se celebrará un consejo de ministros de Energía de la UE en Bruselas. De esta reunión debería salir la lista definitiva de medidas de emergencia para aprobar en breve.

Gazprom, gigante gasista controlado por Rusia, cerró el primer semestre del año con un beneficio neto récord de 2,514 billones de rublos (44.826 millones de euros), lo que supone multiplicar por 2,6 las ganancias del mismo periodo del año anterior. El fuerte incremento de los precios del gas, en buena parte provocado por la invasión rusa de Ucrania y los cortes de suministro a Europa decretado por Putin como represalia por las sanciones internacionales, ha disparado el resultado de Gazprom. La compañía dirigida por Alexei Miller destacó que el beneficio del primer semestre de 2022 es superior a las ganancias anuales de los dos ejercicios anteriores. “El precio medio de la exportación de gas de Gazprom al extranjero durante los primeros seis meses de 2022 fue 3,5 veces mayor que durante el mismo periodo de 2021. Esto sentó las bases para indicadores financieros récord”, explicó la empresa estatal rusa en su canal de Telegram. En este contexto, el resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo alcanzó los 54.420 millones de euros, lo que supone duplicar con holgura el del primer semestre de 2021 y marca otro récord para la compañía. Además del alza de precios del gas, Gazprom indicó que el control “estricto” de los costes contribuyó a los buenos resultados.

La compañía Nord Stream AG informó ayer que en la noche del lunes se produjeron incidentes técnicos en los gasoductos Nord Stream-1 y Nord Stream-2. La presión en el interior de la tubería cayó en la tubería A. El operador subrayó el hecho de que «daños sin precedentes ocurrieron el mismo día simultáneamente en los dos ramales», lo que a su vez causó «tres fugas» en el mar Báltico, y avisó de que aún no era «posible calcular cuándo estará reparada la infraestructura». El periódico alemán ‘Der Tagesspiegel’ se apresuró a especular con la posibilidad de que las averías pudieran haber sido provocadas intencionadamente. Y, ayer por la mañana, el Kremlin se abonó también a la teoría del «sabotaje». «No se puede descartar ninguna opción en este momento», declaró ayer el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Según sus palabras, en el Kremlin hay gran preocupación, ya que, señaló, «hace falta llevar a cabo una investigación (...) Es un problema de seguridad energética que afecta a todo el continente». «Ésta es una noticia muy preocupante. De hecho, estamos hablando de ciertos daños de naturaleza poco clara en el gasoducto en la zona económica de Dinamarca», añadió. Indicios de esa hipótesis fueron corroborados por la Red Nacional Sísmica de Suecia, cuyos servicios detectaron dos deflagraciones submarinas antes de que aparecieran las fugas. Uno de sus expertos, Peter Schmidt, declaró a la agencia AFP que hubo «dos liberaciones masivas de energía». Según sus palabras, «lo interpretamos como proveniente, con una probabilidad muy grande, de algún tipo de detonación» y subrayó el hecho de que los incidentes fueron «muy repentinos».

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha propuesto la creación de una empresa pública, Great British Energy, como respuesta a la crisis energética. En un discurso en la conferencia nacional de su partido en Liverpool, Starmer acusó a la premier Liz Truss de «haber perdido el control de la economía» tras el desplome de la libra y propuso una batería de medidas alternativas en un hipotético Gobierno laborista. «Crearemos una empresa nacional que aprovechará la posición de ventaja del Reino Unido en energías renovables», aseguró Starmer. «Y lo haremos porque es la respuesta adecuada para crear empleo, para crecer económicamente y para lograr la independencia energética de tiranos como Putin», afirmó. Starmer precisó que sus planes no equivalen a una nacionalización parcial del sector energético y que Great British Energy competirá en igualdad de condiciones con las compañías privadas suecas (como Vattenfall) o francesas (EDF) ya establecidas en las islas británicas. El líder laborista recordó también cómo la energía nuclear en el Reino Unido se apoya en gran parte en tecnología china. «Nunca aceptaré una excusa como la guerra de Ucrania para reconocer que este país no está preparado para evitar una caída», dijo Starmer. «La guerra no nos impide explotar la energía eólica marina, o aislar las casas, o desarrollar nuestra propia energía nuclear. Son los tories quienes lo han impedido». «Los conservadores han perdido el control de la economía, pero no para favorecer a la gente trabajadora, sino para beneficiar al 1% de los más ricos del país con su recorte de impuestos», recalcó el líder laborista, ante la caída libre de la libra y la previsible nueva subida de los tipos de interés que el martes desató el pánico de las hipotecas entre los británicos. «No lo olvidéis y no les perdonéis. La única manera de parar todo esto es con un Gobierno laborista».

El fantasma de la política de cero covid regresa para cobrarse sus víctimas económicas. China crecerá en 2022 menos que el resto de los países de la región de Asia Oriental y Pacífico por primera vez desde 1990, según un informe del Banco Mundial publicado ayer. El golpe en la segunda economía del planeta, tras un año de incertidumbre extrema, largos confinamientos y cierres de megaurbes como Shanghái, han provocado que deje de ser la locomotora del crecimiento asiático por primera vez en más de tres décadas. La institución con sede en Washington ha rebajado sus previsiones de crecimiento para el gigante económico hasta el 2,8%, una fuerte desaceleración con respecto al 8,1% del año pasado. Mientras, se espera que el PIB del resto de la región se eleve hasta el 5,3%, frente al 2,6% de 2021. El renqueante sector inmobiliario chino, que ronda el 30% del PIB, también se encuentra entre las causas del frenazo. “El éxito de China en la contención de las infecciones por la covid-19 tiene un coste económico importante”, dictamina el Banco Mundial, que ha ido rebajando las previsiones para este país a medida que el cerrojo del virus se cerraba desde la pasada primavera con fuerza sobre numerosas ciudades: la perspectiva era del 5% en el pronóstico de abril de esta misma institución, en línea con las previsiones de las autoridades chinas (en el torno del 5,5%). Pero las fuertes restricciones del segundo trimestre en ciudades clave para la industria y los servicios del país dejaron una economía muy tocada, que creció un 0,4%.

La aprobación del proyecto de Ley vasca de Educación se demorará, al menos, dos meses. El segundo borrador del texto, una vez recibidas las alegaciones al primer anteproyecto, se someterá a votación por parte del Consejo de Gobierno «a finales de diciembre», con un ligero retraso respecto a los plazos inicialmente marcados. En un principio, este trámite se iba a solventar en octubre, para que el Parlamento Vasco diera luz verde a la aprobación definitiva de la reforma educativa en Euskadi en la primavera de 2023. Este retraso, por tanto, deja en el aire la fecha en la que la nueva ley entrará en vigor en los centros educativos vascos, una cuestión de la cual evitó hablar ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. No obstante, reconoció que los plazos «van a depender mucho» de las aportaciones, alegaciones, reflexiones y enmiendas que hagan los diferentes agentes y del tiempo que el departamento necesite para «adecuar» las opiniones y elaborar un nuevo texto. «En estos momentos necesitamos elaborar un segundo texto», insistió. A pesar de ello, Bildarratz quiso dejar claro que «ya se están poniendo» en marcha algunas de las 43 medidas incluidas en el acuerdo de bases como las dirigidas a lucha contra la segregación o la gratuidad de los centros concertados. Sin embargo, reconoció que el texto articulado que se apruebe va a posibilitar la adopción de «otras medidas y reforzar lo que se vaya poniendo en marcha hasta entonces». Entre tanto, el primer borrador de la futura reforma educativa vasca, acordado con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, se ha topado con las reticencias de algunos partidos firmantes del pacto, de sindicatos y de agentes educativos como las ikastolas.