20221203

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable del Departamento Económico Fiscal de Confebask, Pablo Martín, ha considerado "positivos" lo datos de paro y afiliación de la Seguridad Social en noviembre, aunque se ha ralentizado la creación de empleo con relación a lo que se registraba a principios del año. “Tenemos casi 111.000 parados, lo cual supone la cifra más baja desde enero de 2009, y ello ha venido acompañado, además, de un nuevo récord en el número de afiliados a la Seguridad Social, que crece en 3.500 personas en el mes y en 16.400 en el último año". Tras insistir en que son datos "positivos" aunque el ritmo de creación de empleo es "más moderado que a principio de año", Pablo Martín ha destacado que "seguimos hablando de creación de empleo y es importante, dada la situación en la que estamos". "Seguimos creando empleo a un ritmo menor de lo que lo hacíamos en la primera mitad del año. Como no podía ser de otra forma, un crecimiento económico más contenido tiene, lógicamente su traducción en el mercado laboral". Ver más en Confebask. 

El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, publicó ayer los datos definitivos sobre el comportamiento de la economía vasca durante el tercer trimestre del año, que rebajó en una décima –hasta solo el 0,1%– sobre el avance que había emitido el pasado 17 de octubre (el 0,2%). De esta forma se constata que el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi –el valor agregado de los productos y servicios generados en el País Vasco entre los meses de julio y septiembre– roza ya el estancamiento, pues creció únicamente esa décima respecto al trimestre anterior. No obstante, en tasa interanual aún registra un apreciable avance del 3,8%, también una décima menos que el primer cálculo realizado por el Eustat a mediados de octubre (3,9%), e igual a la estimación de crecimiento interanual del conjunto de la economía española estimada en el Avance de la Contabilidad nacional trimestral publicado por el INE el 28 de octubre. Sobre la evolución del empleo en el tercer trimestre, el Eustat indicó que ha crecido un 0,3% en relación al trimestre anterior (abril a junio) y un 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que supone un total de 19.513 puestos de trabajo netos más que el tercer trimestre del año 2021, medidos en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es decir, el dato que se obtiene mediante una relación entre la riqueza generada y la necesidad de mano de obra que se precisa para conseguirla. En cuanto al detalle de la evolución experimentada por los principales componentes del PIB, por el lado de la oferta la industria vasca decreció en su conjunto un 3,1% en relación al trimestre anterior y, en el caso de la industria manufacturera, un 3,3%, con lo que el avance interanual quedó en el 3,8% para el total industrial y en el 2,8% para la manufacturera. La construcción presentó un incremento interanual del valor añadido en términos reales del 2,5%, tras un avance con respecto al periodo abril-junio de un 1,1%. Los servicios se expandieron un 4,3% en relación al mismo trimestre del año 2021. 

El empleo en Euskadi encadenó un nuevo récord histórico en noviembre y se aproxima a la cota del millón cotizantes en plena convulsión económica por la guerra. En concreto, la cifra de afiliados a la Seguridad Social terminó en 993.255 tras incorporar 3.565 trabajadores. El mercado laboral muestra así, una vez más, su resistencia en un contexto marcado por la desaceleración, los riesgos de recesión y una inflación que, pese a moderar su escalada, sigue en niveles muy elevados. Es más, el aumento de 3.565 cotizantes registrado en noviembre fue superior al de ejercicios anteriores y también superó a la media nacional, donde la afiliación sufrió una ligerísima caída. El sector de educación volvió ser el motor del empleo, al incorporar más de 1.500 cotizantes, que se suman a los casi 10.000 de octubre. Es un fenómeno que se repite todos los ejercicios en esta época, aunque la diferencia es que, tras la reforma laboral, la contratación en este ámbito se está realizando a través de la fórmula de fijos discontinuos, impulsada en la nueva normativa, y no como eventuales. En esta modalidad, los trabajadores cobran el subsidio por desempleo en los periodos de inactividad, pero no se contabilizan como parados. Este cambio ha generado dudas a escala nacional sobre la fiabilidad de las estadísticas del paro. En Euskadi, en noviembre, el número de personas apuntadas en Lanbide se redujo en un en un millar de personas, con lo que la lista total descendió hasta las 110.710, el nivel más bajo desde enero de 2009.

Desde la puesta en marcha de la reforma laboral el colectivo de trabajadores con contrato fijo discontinuo se situó en el centro de la polémica por la distorsión que generaban en los registros de empleo con respecto a la normativa anterior. Ayer mismo la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, acusó al Gobierno de «maquillar» los datos laborales. Los fijos discontinuos son una modalidad de contratación indefinida con la particularidad de que esos trabajadores se encuentran en etapas de inactividad por razones de la producción. Un ejemplo son los camareros de restaurantes en determinadas zonas que combinan meses de trabajo con otros periodos cobrando la prestación por desempleo hasta que vuelven a trabajar cuando la empresa los requiere, sin perder derechos laborales como la antigüedad. A pesar de que no trabajen y de que cobren la prestación por desempleo durante el tiempo en el que no están activos, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) no les contabiliza como parados en sus estadísticas mensuales. Es decir, en noviembre, este colectivo no formaba parte de los 2,8 millones de desempleados. Por ello los partidos de la oposición al Gobierno critican que los datos de paro están distorsionados. En realidad, la figura de los fijos discontinuos data del año 1985. La diferencia es que ahora las empresas están mucho más obligadas a formalizar estos contratos frente a los temporales, ya que el uso de un contrato precario se encuentra mucho más restringida a circunstancias muy determinadas de la empresa, frente al uso generalizado que de los mismo se hacía hasta la última reforma laboral. En realidad, todos los contratos fijos discontinuos son indefinidos (si bien no al estilo clásico de contrato fijo a tiempo completo) y se encuentran activos aunque el trabajador se vaya unos meses al paro.

Noviembre no es buen mes para el empleo. Prácticamente se estancó con una leve caída de 155 en el número de afiliados, mientras el paro bajó en 33.512. En todo caso, los datos del mercado de trabajo se vieron ayer enturbiados por la polémica que hay entre el Gobierno y los analistas, porque el Ejecutivo excluye de la estadística de parados el número de trabajadores fijos discontinuos cuyos contratos se suspenden entre actividad y actividad, temporada y temporada y no figuran como desempleados, a pesar de que están en el paro mientras la empresa no les vuelva a llamar. Es decir, que en noviembre el paro bajó en 33.000 personas mientras que, en paralelo, los demandantes de empleo en la categoría de fijos discontinuos crecen en casi 111.000. Dichos trabajadores fijos discontinuos no figuran como parados porque tienen el contrato suspendido. Si tienen el periodo de cotización exigido pueden cobrar el desempleo. El caso es que se trata de un contrato muy utilizado por las empresas desde que entró en vigor la reforma laboral, en febrero de este año. Y esto se debe a los cambios introducidos por la norma que tienen varios efectos favorables para las empresas: el primero es que el periodo de prueba puede extenderse hasta los seis meses. Más que suficiente para muchas actividades de temporada. En ese momento, el empresario puede terminar el contrato sin causa y sin indemnizar al trabajador. Tampoco hay compensación al trabajador cuando se termina la temporada y existe el compromiso de volver a llamar al mismo empleado. Es decir, continúa la relación laboral. Por el contrario, éste puede cobrar el paro si al menos tiene un año de cotización. El contrato fijo discontinuo está sustituyendo al antiguo contrato de obra y servicio, que fulminó la reforma laboral. Y por todas estas razones, su utilización se ha disparado desde que entraron en vigor todos estos cambios a principios de año. Es decir, con la reforma.

Los responsables de tres de las empresas más importantes de Euskadi, como son CAF, Mercedes-Vitoria y Petronor, alertaron ayer del peligro de que Europa pierda el liderazgo tecnológico que le corresponde con lo que «se pondría en riesgo no solo el desarrollo económico del viejo continente sino también nuestra calidad de vida». Esta es una de las conclusiones que dejaron ayer durante la jornada ‘Reimagine the Future’, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa, que tuvo lugar en Tabakalera y que reunió al presidente de CAF, Andrés Arizkorreta; al director general de la Fábrica de Mercedez-Benz de Vitoria, Emilio Titos; al presidente de Petronor y conejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, y al CEO y presidente de Microsoft España, Alberto Granados. Los responsables industriales aludieron a la crisis de los semiconductores que ha puesto en jaque a la mayoría de las empresas así como a otros componentes y materias primas que son imprescindibles en las cadenas de valor de todas las tecnologías necesarias para una transición energética o digital. Unas materias primas que están en gran medida controladas por China y otros países asiáticos, y que pueden dejar a Europa fuera de juego. Emilio Titos alertó de que Europa está perdiendo el 30% del valor añadido, lo que supone «perder liderazgo tecnológico y por lo tanto, más pobreza». Así, aseguró que en el viejo continente «hay un riesgo muy grande de que no podamos mantener la calidad de vida que tenemos por falta de liderazgo tecnológico». En la misma línea, Emiliano López Atxurra indicó que «hay una guerra tecnológica que hay que saber dónde está y saber cómo escalamos tecnológicamente, porque si no, habrá un declive europeo». El responsable de Petronor recalcó que «Europa tendrá que reaccionar, hay que europeizar las cadenas de valor, apostar por tecnología occidental». 

Dos manifestaciones en Bilbao cerraron ayer los cinco días de la última ronda de huelgas convocadas en el Metal de Bizkaia por el convenio colectivo. Los sindicatos que las organizaron – CC OO, LAB y UGT por un lado, y ELA por otro–, calificaron los paros de «éxito», al lograr «un seguimiento del 85%» y parar empresas como la planta de Gestamp, que ha forzado a Mercedes a suspender su producción. A partir de esta posición, instaron a la patronal a volver a negociar y la convocaron para una reunión a partir del día 12, una vez pasados los festivos. FVEM rebajó el apoyo de las huelgas al 15% y las calificó de «totalmente innecesarias» ante las sucesivas mejoras introducidas en sus ofertas. A su entender, la posición sindical es un «chantaje» que atiende a «intereses electorales» de las centrales y no al de los trabajadores. Las negociaciones se interrumpieron de forma abrupta el viernes 25 de noviembre, cuando los sindicatos tacharon de insuficiente la última oferta de la patronal, en la que hizo un nuevo esfuerzo para evitar la huelga. En concreto, elevó el incremento salarial al 14% entre 2022 y 2025, con una revisión en función del IPC al final del periodo, sin límites. Defendió que estas condiciones mejoraban las que firmaron CC OO, LAB y UGT en Álava. Pero ese bloque sindical, también con mayoría en Bizkaia, criticó que se había presentado la propuesta como cerrada y sin margen para negociar. Ver nota FVEM. 

Octubre fue un mes agridulce para la industria de la zona euro. La parte positiva (o menos negativa) es que los precios industriales retrocedieron en tasa mensual por primera vez desde mayo de 2020. En concreto, cayeron un 2,9% respecto a septiembre, según los datos publicados ayer por Eurostat. La mala noticia es que en tasa interanual la subida, si bien se modera respecto a meses anteriores, sigue siendo desorbitada, con un incremento del 30,8% en los precios industriales de la zona euro, cuyo sector manufacturero encadena 22 meses consecutivos al alza, pulverizando los márgenes de las empresas europeas y poniendo en jaque la competitividad de sus exportaciones en un entorno internacional muy complejo. Además, las noticias amargas nunca vienen solas y aunque la aparente mejora del índice de precios en tasa mensual se produce en un contexto de menores presiones de los costes energéticos, también lo hace en un escenario de fuerte enfriamiento de la demanda y la actividad económica. Esto es, de contracción en los niveles de producción y de los nuevos pedidos. De hecho, la mejora del dato mensual se debe exclusivamente al ajuste de los precios energéticos, ya que el coste de los insumos y de los bienes intermedios siguió creciendo: un 1,1% en los productos de consumo no duradero; un 0,5% en los no duraderos; un 0,3% en los bienes de capital y un 0,2% en los intermedios. En tasa interanual las subidas son mucho más abultadas, con un alza del 17,4% en los bienes intermedios y del 16% en los productos no duraderos. Todo ello en un contexto en el que si bien el precio de la energía ha moderado su avance, continúa creciendo con fuerza: un 65,8% respecto a octubre de 2021, aunque lejos del 108% del mes anterior.

Salvo sorpresas, el Impuesto de las Grandes Fortunas que se tramita en estos momentos en las Cortes y que entrará en vigor antes de que finalice el año no se aplicará en Euskadi. PNV y PSE, los dos partidos que gobiernan coaligados en el Gobierno vasco y las diputaciones forales están de acuerdo en ello y tienen ya clara la hoja de ruta que se va a aplicar. El primer paso será una negociación –que ya advierten «será rápida» –para incluir este nuevo tributo en el Concierto Económico, con el reconocimiento de que las diputaciones tendrán capacidad normativa. El segundo paso, ya en manos de las diputaciones, sería establecer una exención total. Hace ya días que el entorno del PNV había telegrafiado está opción. Es ahora el PSE el que reconoce que están alineados en el análisis y también en la estrategia. «El País Vasco ya tiene un Impuesto de Patrimonio suficientemente alto y el de Grandes Fortunas va especialmente dirigido a aquellas comunidades autónomas que no lo han aplicado o que quieren dejar de hacerlo. No es nuestro caso», reconoce Sonia Pérez, responsable del área económica en la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. El Gobierno vasco y el Ministerio de Hacienda ya trabajan en el primero de esos dos pasos de la hoja de ruta, la concertación del Impuesto, aunque no se podrá materializar hasta que Congreso y Senado den por concluida la regulación legal del impuesto, al que estarán sujetos los contribuyentes con un patrimonio neto superior a tres millones, excluidos hasta un máximo de 700.000 euros de la vivienda habitual. «No concebimos un impuesto de este tipo que no sea de normativa foral», apuntan en el Gobierno vasco, con la evidencia de que así están regulados el resto de impuestos directos. 

Javier García (Madrid, 1963) se mostraba ayer emocionado tras conocer por el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que había sido elegido Tambor de Oro. Se reconocía así el empeño de García, copropietario del fondo de inversión Columbus, por situar en Miramon la empresa Viralgen, catapultando al emergente sector biotecnológico de la ciudad al liderato internacional. La compañía, además, presenta un ‘plus’ muy especial, porque trabaja en la cura de enfermedades raras que afectan a niños. «Me siento muy honrado, sé lo que representa este galardón para los donostiarras». "Sé que Cristina Garmendia ha apoyado mi candidatura. Viendo la trayectoria del Tambor y la categoría de las personas distinguidas, no cabe duda de que formar parte de este elenco es un honor y también una gran responsabilidad. Y, sobre todo, quiero compartirlo con el equipo de Viralgen, porque lo que hemos hecho aquí es fruto del trabajo conjunto... ¿Si he pensado en algún momento en que podría ser Tambor de Oro? En parte sí, porque viendo la trayectoria de Viralgen, el interés por parte de Bayer, el crecimiento de la empresa conocida ya como puntera en el mundo, parecía posible que se reconociera nuestro trabajo. El impacto va más allá de que se implante aquí una empresa, porque ha conllevado que cambie la forma en que se ve San Sebastián, ahora también como una ciudad puntera en biociencias y con una enorme potencialidad. Me hacía mucha ilusión poder recibir este reconocimiento, aunque sabía que era muy difícil...Una cosa ha llevado a la otra, pero el elemento esencial fue el talento existente y el óptimo trabajo desarrollado junto a las instituciones. En los comienzos sabíamos que el proyecto presentaba una gran potencialidad, pero ninguno sospechábamos que iba a ser tan grande. Las cosas se han hecho bien gracias al trabajo conjunto entre las administraciones y la compañía..."

El sector eólico contribuyó al producto interior bruto español con 5.539,1 millones de euros en 2021, lo que supuso un 0,49%, frente al 0,30% del año anterior, según datos del estudio macroeconómico del impacto del sector elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta cifra, 3.950,7 millones fueron directos, mientras que la contribución indirecta fue de 1.588,4 millones. La contribución total del sector entre 2012 y 2021 ascendió a 32.713,7 millones. En 2021, la actividad exportadora de la eólica superó los 2.000 millones y generó 32.087 puestos de trabajo (16.814 directos y 15.273 indirectos), con un incremento del 15% respecto al año anterior. Por su parte, generó 60.485 GWh, con una cobertura de la demanda del 24%, siendo así la primera tecnología en el mix con un importante crecimiento en los últimos años (en 2005 representaba el 8%). Según el estudio, en 2021, un consumidor con tarifa AT1 y un consumo de 1.500 MWh anuales ahorró gracias a la eólica 9.530 euros. Los más beneficiados del efecto reductor de esta energía fueron los consumidores industriales, con un ahorro de 18,42 euros/ MWh. La capacidad instalada aumentó en 84 MW, hasta 28.140 MW. Un ritmo inferior a los dos años precedentes que la AEE no considera “adecuado” para cumplir la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo para la eólica es de 2.200 MW. Por otra parte, la asociación ha pedido al Gobierno que no deje caer, perdiendo el permiso de acceso, ningún proyecto “maduro” que no haya tenido respuesta a su solicitud de declaración de impacto ambiental (DIA) antes del plazo, que expira el 25 de enero. 

En medio de las turbulencias surgen dos nuevos elementos: el tope al petróleo ruso y la cumbre de la OPEP que tendrá lugar este domingo. El primero está diseñado como una herramienta de precisión que tratará de atajar los ingresos de Moscú sin dañar al mismo tiempo el suministro de petróleo ruso al mercado global, algo que daría la puntilla a la economía de los países desarrollados, pero la segunda podría desestabilizar el mercado tanto al alza como a la baja. La UE pactó ayer imponer un tope de 60 dólares al petróleo ruso, apenas tres días antes de que entre en vigor, el próximo lunes, el embargo del crudo de Rusia aprobado formalmente en octubre. El techo de 60 dólares acordado, que duplica los 30 dólares que reclamaban países como Polonia, incluirá un mecanismo corrector para garantizar que ese límite se sitúe siempre un 5% por debajo del precio de mercado. El tope de los precios, que luego se trasladará a los países del G7, afectará al crudo transportado por mar pero no al que fluye por oleoductos tras la oposición de Hungría y otros países sin salida al mar muy dependientes del oro negro de Moscú. Esto es, la UE prohibirá a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado. ¿Por qué 60 dólares? En un principio se habló de establecer el límite en 70, pero las presiones de Polonia han conseguido recortar 10 dólares adicionales, lo que se adecua algo más al mercado actual. Hay que tener en cuenta que, aunque el barril cotiza en torno a los 85-86 dólares en la última semana, tras el cierre parcial del mercado europeo Rusia se ve obligada a vender el crudo con un descuento de entre 25 y 30 dólares a países como India o China, por lo que un tope más elevado no surtiría efecto. “El tope en los 60 dólares por barril supone una rebaja sustancial respecto al precio del Brent”, sostiene Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Un punto en el que se dañarán los ingresos rusos pero no se reducirán sus incentivos a exportar crudo, porque “la idea es quitar renta a Rusia sin quitar petróleo del mercado para evitar un shock de los precios”. 

Mairead McGuinness acaba de volver a Bruselas desde Madrid. La Comisaria de Servicios Financieros y Mercado de Capitales (66 años, Drogheda, Irlanda) ha pasado unos días en España. Suficiente tiempo como para percibir que la banca “no está feliz” con el nuevo impuesto al sector financiero que ha pasado ya el trámite del Congreso de los Diputados y espera la luz verde del Senado. “Pero respeto que los gobiernos tomen decisiones en torno a los impuestos”, aclara inmediatamente sobre una de las competencias exclusivas de los Ejecutivos nacionales. No ahonda mucho más en el tema y, todavía menos, en el caso español en concreto. La opinión de las instituciones europeas sobre este punto corresponde darla al Banco Central Europeo (BCE). En su viaje a Madrid se ha reunido con las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, además de con supervisores financieros y con el sector bancario. “He percibido fuerte apoyo al trabajo de mi cartera, lo cual agradezco mucho”. En su “cartera” cae, lógicamente, la varada unión bancaria, la unión del mercado de capitales o la transición hacia unas “finanzas sostenibles”, o lo que es lo mismo, incentivar a que la banca apueste por dar créditos a actividades con menos impacto medioambiental. Pero en la agenda de la Dirección General que cae bajo las competencias de McGuinness en los últimos meses hay un asunto que también les ha consumido horas de trabajo: la propuesta de la Comisión Europea para poner un tope máximo al precio del gas que ha liderado su compañera del Colegio de Comisarios, la estonia Kadri Simson. Que se haya fijado en 275 euros por megawatio a la hora, un nivel casi imposible, ha provocado el enfado de muchos países, también España. Aunque también hay otras voces, que temen que un tope más bajo pudiera provocar serios problemas en los mercados de derivados y futuros de este combustible por los contratos ya firmados y las inversiones hechas, con su consiguiente impacto en las finanzas. “Me preocupa la estabilidad financiera todo el tiempo porque ese es mi trabajo. No quiero que una crisis energética se convierta en una crisis financiera". 

El todavía presidente de Renault España y director industrial del grupo a nivel mundial, José Vicente de los Mozos, indicó este viernes que “el segundo Perte del coche eléctrico debe incluir a los híbridos”. El directivo realizó estas declaraciones en el acto de inauguración de la Refactory de Sevilla (el proyecto de economía circular de la compañía en España), donde estuvo acompañado de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. De los Mozos insistió en que la transición hacia el vehículo de cero emisiones debe de ser ordenada y por ello ha destacado la apuesta del grupo por transformar a España en el eje de su estrategia de hibridación. “El vehículo eléctrico no responde al 100% de las necesidades de los ciudadanos”, señaló el directivo que esta misma semana anunció que el 15 de enero dejará todos sus cargos en la compañía francesa. Su decisión llegó poco después de que el fabricante anunciara una profunda reorganización de la empresa que separará el negocio de combustión (se llamará Horse) del eléctrico (Ampere) y que supondrá el ingreso de la automovilística china Geely como socio clave de Renault, ya que se quedará con el 50% de Horse. Además, la compañía francesa planea sacar a Ampere a Bolsa en 2023. La planta sevillana, al igual que la fábrica de motores y el centro de I+D de Valladolid quedarán bajo el paraguas de Horse.

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió ayer a su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la posibilidad de sentarse a negociar la paz en Ucrania. Y lo hizo hablando por teléfono con el canciller alemán, Olaf Scholz, que le instó una vez más a retirar sus tropas del país vecino para posibilitar una solución diplomática. Pero el Kremlin respondió acrecentando su órdago: «El presidente Putin siempre ha estado abierto a las negociaciones, pero se han complicado por la negativa de Washington a reconocer la anexión por parte de Rusia de los territorios ucranianos». En compañía del presidente francés, Emmanuel Macron, Biden dijo el jueves que no tiene planes de reunirse con el jefe del Kremlin porque para eso tendría que «retirar sus tropas del país que ha invadido», y que, en todo caso, antes consultaría con sus aliados de la OTAN. Lo mismo le pidió ayer Scholz al máximo dirigente ruso y además le recriminó los ataques con misiles contra infraestructuras civiles que dejan a los ucranianos sin fluido eléctrico y sin calefacción. «El apoyo político y financiero integral a Ucrania está llevando al hecho de que Kiev rechaza por completo la idea de cualquier negociación. Además, esto estimula a los nacionalistas ucranianos radicales a cometer cada vez más crímenes sangrientos contra la población civil», le espetó Putin al canciller germano, según figura en la página web de la Presidencia rusa. Pero Scholz no se amilanó y dijo que «Alemania continuará garantizando la capacidad defensiva de Ucrania». Su interlocutor lamentó la política «destructiva» de Berlín y pidió que reconsidere su postura.