20221210

Artículo de la presidenta de Confebask, Isabel Busto, para el periódico Empresa XXI: "...Confebask es, gracias a sus asociaciones miembro Adegi, Cebek y Sea, la organización empresarial más representativa de Euskadi en número de empresas, empleos y sectores, incluyendo autónomos...A pesar de todo lo que estamos viviendo, la actividad se mantiene y se crea incluso algo de empleo. Menos de lo previsto hace unos meses, eso sí, pero se siguen generando puestos de trabajo. Una demostración, por cierto, de la decidida apuesta del empresariado vasco por la sociedad en la que ejerce su actividad. Sin embargo, no hay que dejar de observar que, tal y como reflejaban los últimos datos recién publicados por el Eustat, en esta última parte del año la economía vasca muestra claros signos de debilitamiento...No se trata de ser pesimista, si no de estar preparados ante lo que pueda venir...De hecho, si hay algo que ha caracterizado a la empresa vasca desde siempre es que, aun en circunstancias especialmente difíciles, la sociedad vasca ha podido contar con su compromiso. Compromiso con el país, su sociedad y con el mantenimiento de su bienestar gracias a su principal aportación al desarrollo colectivo vía empleo creado y los impuestos que genera. En ese sentido, tengo que reconocer que desde la empresa no entendemos la imagen negativa que se traslada en ocasiones acerca del mundo empresarial. Mensajes que no tienen en cuenta la realidad de su aportación al bienestar colectivo y que acaban por calar profunda e injustamente en el imaginario social...En muchas ocasiones, no se pone en valor suficientemente la dificultad que supone ser empresario y se le señala como culpable de las crisis cuando la empresa siempre ha sido, es y será parte de la solución, no del problema..." Ver más en Confebask. 

Tal y como se detalla en el último newsletter de Confebask sobre la evolución del tejido empresarial, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en noviembre en 57.771, tras reducirse tanto en comparación con el mes anterior (-77) como con relación a las que había en noviembre del año pasado (-425). Eso hace que todavía, en comparación con las que teníamos en febrero de 2020 (cuando estalló la pandemia), se registren 1.122 empresas menos (-1,9%). Y que, de hecho, sólo se hayan recuperado hasta la fecha el 47% de las empresas de las que se perdieron entonces. Precisamente, en comparación con lo ocurrido durante la pandemia, el sector industrial sigue liderando la pérdida de compañías (-2,9% y 193 empresas menos), seguido de Servicios (-1,9% y 882 empresas menos), mientras que Construcción es el único que registra un aumento del número de empresas (+1%), con 53 empresas más que en febrero de 2020. En relación con lo que ocurre en el Estado, en Euskadi el ritmo de reducción del número de compañías es mayor, y el de recuperación, menor. Ver más en Confebask. 

 El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha subrayado este viernes que el Gobierno Vasco "sigue confiando plenamente" en sus previsiones de crecimiento para 2023, un 2,1% sobre el PIB, ya que considera que "la situación del entorno mejora ligeramente y los indicadores reales de la economía vasca muestran una gran solidez", pero ha advertido de que, aunque es "razonable" subir los tipos de interés para ajustarlos al coste del capital, "se corre un grave riesgo de contraer la demanda y vernos abocados a una severa y larga recesión, si se suben de modo drástico, sostenido y en breve plazo de tiempo". Respecto a las previsiones de crecimiento para 2023, un 2,1% sobre el PIB, el consejero ha destacado que están realizadas en "un entorno geopolítico muy turbulento y de gran incertidumbre" pero ha señalado que, "si la tónica generalizada hasta el verano era que las previsiones se estaban corrigiendo a la baja, en la actualidad algunas instituciones las están corrigiendo al alza". "El Gobierno Vasco sigue confiando plenamente en sus previsiones. Es una realidad objetiva que la situación del entorno mejora ligeramente y los indicadores reales de nuestra economía muestran una gran solidez", ha subrayado. No obstante, ha advertido de que "esto no es óbice para tener en cuenta que la realidad de la economía vasca en 2023 estará ligada a algunos factores en los que no tenemos capacidad de influencia y cuya evolución es altamente incierta". 

Las ventas de las empresas de Gipuzkoa mantienen su fortaleza y crecen un 14,5% en los diez primeros meses del año, según los datos aportados ayer por la Hacienda foral. El incremento de las exportaciones fue algo mayor (un 16,5% más), y el de las ventas interiores, algo menor (un 13,4%). Sin embargo, aclaró el departamento pilotado por Jokin Perona, hay que tener en cuenta que los diez primeros meses del año pasado estuvieron afectados por las restricciones para hacer frente al incremento de una de las olas de contagios de la pandemia de la covid-19, con un notable impacto en la actividad. En este sentido, explicó la Diputación, resulta más ilustrativo realizar la comparación respecto al mismo periodo de 2019. Bajo esos parámetros, las ventas aumentan un 15,7% (un 14,8% las interiores y un 17,5% las exportaciones). Por lo tanto, subrayaron fuentes forales, «en estos diez primeros meses de 2022 las ventas muestran un nivel superior al de un periodo normal». En cuanto al mercado laboral, hasta octubre el número de personas perceptoras de rendimientos de trabajo aumentaron un 2% interanual. También aquí se producen aumentos sobre 2019 y 2020 (un 1,8% y un 4,6%, respectivamente). En cuanto a los salarios abonados, por su parte, se observa la misma tendencia, con un incremento del 6,5% respecto a los diez primeros meses de 2021, del 9,1% respecto al mismo periodo de 2019 y del 13,6% comparando con 2020.

En el informe anual de transparencia que elabora la Autoridad Bancaria Europea (EBA), cuyos resultados se dieron a conocer ayer, Kutxabank se ha situado de nuevo como la entidad líder en solvencia de las diez españolas que han formado parte de este ejercicio. En concreto, el banco vasco presentó una ratio de capital ‘CET1’ en su variante ‘fully loaded’ (el que mide la solvencia) del 16,6%, mientras que la media de las entidades nacionales fue del 12,3% a la fecha de corte para la evaluación del ejercicio, en el segundo trimestre del año. El nivel de solvencia de Kutxabank está también por encima de la ratio de capital del 15% registrado de media entre los 122 bancos analizados pertenecientes a 26 países. Asimismo, la ratio de mora de la entidad vasca se reduce hasta el 1,4%, la más baja del sector español. Tras conocer el informe de la EBA, Kutxabank señaló en una nota que respecto a las carteras afectadas por las medidas covid, el banco contaba en junio «con una tasa de morosidad de un 4,1% en el caso de la cartera de moratorias y un 0,9% en la de financiación avalada, en ambos casos muy por debajo de la media del sector». Por otra parte, en el análisis de la EBA el conjunto de la banca española no sale muy agraciado en la ‘foto’. De hecho, es la que peor ratio de capital registra de toda Europa. 

Varapalo para el sistema financiero español. Los bancos españoles se sitúan como los menos solventes de toda Europa con una media del 12,4%, incluso por debajo de Grecia (12,3%), que el pasado año registró la última posición, según el ejercicio anual de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), publicado ayer. La EBA advierte de una ligera caída de la solvencia de la banca europea en el segundo trimestre del año. El organismo presidido por José Manuel Campa reconoce que los coeficientes de liquidez y capital bancario siguen siendo altos, pero advierte una “ligera disminución año tras año”. La ratio media de capital ordinario de primer nivel (CET1 fully loaded) alcanzó el 15%, lo que supone una reducción de medio punto porcentual en comparación con el dato de un año antes. La EBA explica que el incremento en los activos ponderados por riesgo ha sido mayor que la generación de capital, lo que ha afectado a la ratio. El supervisor pone de manifiesto sus dudas sobre la rentabilidad de la banca en el futuro porque, aunque ha mejorado, el retorno sobre el capital (ROE) marca de media el 7,8% y el informe de la EBA indica que “sigue siendo incierto cómo evolucionará en medio de un menor crecimiento del PIB”. Añade que “el esperado deterioro macroeconómico probablemente resulte en un crecimiento más lento del préstamo y un alza en los deterioros, al tiempo que una mayor inflación puede incrementar los costes operativos”. La EBA también pone el foco en los préstamos fallidos o dudosos. A junio de 2022, la tasa se situó en el 1,8%, cinco puntos menos que un año antes, equivalente a 370.000 millones. Sin embargo, el regulador expone que el porcentaje de préstamos situados en vigilancia especial (stage 2) fue del 9,5%, siete décimas superior a un año antes y la mayor registrada desde que empezó la serie histórica en 2018. La EBA indica que la crisis energética actual ha provocado una mayor exposición de las entidades al sector de la energía, lo que podría repercutir en la rentabilidad futura.

El ingeniero alemán Bernd Krottmayer será la nueva referencia de Mercedes Vitoria. La multinacional desveló ayer la identidad del futuro director general de la mayor empresa de Euskadi; el hombre ‘de la casa’ que cogerá el testigo al veterano Emilio Titos. Krottmayer tendrá la responsabilidad de pilotar el proceso de transformación de la planta en la nueva era eléctrica y deberá lidiar con un escenario social que cambió radicalmente tras las elecciones de noviembre. Con ELA, LAB y ESK, el bloque que rechazó el convenio, liderando el comité de empresa. Natural de Schorndorf, una localidad situada a 26 kilómetros al este de Stuttgart, Krottmayer se sentará en su despacho de Vitoria el próximo 1 de abril. Mercedes notificó oficialmente hace un par de semanas que la jubilación del actual CEO sería el 1 de enero. Ayer la empresa hablaba de una jubilación que el granadino, de 67 años, «disfrutará a partir de 2023 tras más de cuarenta años en la empresa». No se explicita, en todo caso, qué sucederá durante esos tres meses de margen. ¿Quién es Krottmayer? Esa pregunta se extendió como la pólvora en la plantilla después de que vía intranet (comunicación interna) la dirección lanzase por sorpresa el nombre entorno a las 12.30 horas. A diferencia de lo que venía sucediendo con anteriores CEO (incluido el actual), los trabajadores no tenían en esta ocasión referencia de que su futuro jefe hubiera pasado por la planta de la Avenida de los Huetos en algún momento de su progresión profesional. Graduado en Ingeniería e Informática por la Universidad de Sttutgart, lleva dos décadas vinculado a la multinacional alemana. Entre 2002 y 2010 desempeñó diferentes puestos directivos en las áreas de logística y producción.

Ulma y Orona siguen ultimando sus asambleas extraordinarias del próximo viernes en las que votarán sobre su posible salida de la Corporación Mondragon y decidirán el futuro de ambas firmas tras una decisión que puede ser histórica. Ambas compañías no han parado en este puente festivo y siguen con sus asambleas informativas en un clima de estricta discreción. En el caso de la firma oñatiarra, trasladará sus votaciones del viernes, que se celebrarán por la mañana, al recinto de Illunbe, en Donostia. Orona, por su parte, mantiene su cónclave extraordinario, el mismo día, el viernes 16, y a la misma hora. Ulma ha comenzado ya a fletar autobuses desde Oñati para trasladar a los socios cooperativistas desde los lugares de trabajo, en su mayoría en la localidad del Alto Deba. Un total de 2.800 asociados de esta firma están llamadas a votar y la cooperativa ha apostado por el recinto donostiarra por su gran capacidad. Illunbe, que combina la práctica del baloncesto con las corridas de toros, también fue vacunódromo durante la pandemia. Orona, por su parte, mantendrá las votaciones en su sede del parque de Galarreta en Hernani, donde posee unas modernas instalaciones que le permiten reunir a los 1.750 trabajadores socios con derecho a sufragio. El cónclave extraordinario se celebrará también por la mañana. El orden del día en ambas convocatorias solo tiene un punto de debate: pronunciarse sobre dejar de ser miembro adherido a la Corporación Mondragon y, al mismo tiempo, analizar el nuevo modelo de relación con el Grupo, principal compañía empresarial vasca que vería cómo se fugan dos de sus principales baluartes. Los cooperativistas deberán decidir en una sola votación si aceptan o no la propuesta planteada por las respectivas directivas, partidarias de abandonar Mondragon.

La ampliación de la plataforma de Foronda que pide la empresa DHL parece contar ya con el respaldo del Gobierno central. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSOE), que ayer visitó Vitoria e Irún, avanzó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no bloqueará la inversión que desde hace más de dos años planea sobre el aeródromo alavés. «No será por parte del Gobierno que no se dé respuesta al interés de las empresas que quieren invertir en desarrollo y futuro en este territorio», aseguró. No fue una declaración de apoyo explícito al plan de ampliar el aeropuerto para construir un hangar de reparación de aviones, ni se detallaron avances o plazos para su desarrollo. Sin embargo, se trata de la primera ocasión en la que el Ejecutivo de Madrid realiza una referencia expresa a la intención planteada por DHL y que muestra su disposición. Para la ministra, el proyecto permitiría dar «certezas a la actividad económica» que se desarrolla en Foronda, de marcado carácter carguero. El posicionamiento del Gobierno central se produce poco después de que la Diputación de Álava pidiera a Aena involucrarse de forma más «proactiva» para sacar adelante la ampliación de la plataforma aeroportuaria. De hecho, el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26, que sirve a modo de guía para las inversiones de los aeropuertos españoles, no recoge el proyecto ni le reserva dotación económica alguna. Es una de las cuestiones que el diputado general, Ramiro González (PNV), ha afeado al Ejecutivo. «Si Aena atiende ya, en un corto plazo, la demanda de ampliar el aeropuerto, el proyecto se instalará en Álava», aseguró el jefe del Gobierno foral en una reciente entrevista.

Los trabajadores de Aena en los aeropuertos de Hondarribia, Foronda y Bilbao están llamados a secundar una huelga que afecta a todos los aeródromos de España y que podría arrancar el viernes 16. El llamamiento lo apoyan los sindicatos CC OO, USO, UGT y el sindicato específico de personal aeronáutico. La convocatoria ya ha sido trasladada a la empresa y se presentará ante las autoridades laborales de manera inminente. Los sindicatos reclaman el abono de un complemento de productividad que se dejó de pagar con la pandemia por el descenso brutal del tráfico aéreo. «Ahora volvemos a máximos históricos y es un derecho del trabajador el percibir este concepto», apuntan fuentes sindicales. «El reparto de dividendos a los accionistas privados también está autorizado y los trabajadores del grupo Aena exigimos, por tanto, la recuperación de lo que nos corresponde». El presidente del Comité de Empresa del Aeropuerto de Loiu, José Manuel Lorenzo, confirmó ayer en una entrevista digital que la convocatoria afectaría a aproximadamente 170 profesionales del aeródromo bilbaíno, muy utilizado también por los guipuzcoanos, si bien confía en que Aena «recapacite», de manera que no sea necesario llegar a la huelga. Fuentes oficiales señalaron ayer que «de aquí al 22 de diciembre seguiremos en conversaciones con los representantes de los trabajadores y con el Gobierno para alcanzar un acuerdo y evitar el impacto en el servicio a los pasajeros en unas fechas tan señaladas». Los paros serían casi totales, ya que empezarán a las ocho de la mañana y terminarán a la medianoche. 

Los dos socios de Gobierno siguen buscando a contrarreloj fórmulas para amortiguar la escalada del precio de los alimentos básicos en la cesta de la compra, aunque la posibilidad de intervenir directamente el mercado con topes o limitaciones va perdiendo fuelle a medida que se acentúan las advertencias sobre los efectos colaterales negativos que una medida de ese calibre tendría. Se descarta también reducir el IVA de los alimentos. El abanico de posibilidades de actuación es amplio y el Ejecutivo asume que tendrá que activar medidas vinculadas al apoyo a los hogares con menos renta para hacer frente a un encarecimiento que ha llevado a que los alimentos suban más de un 15% en términos interanuales, muy por encima del nivel medio de inflación, que se situó en el 6,8% en noviembre, según el último dato del INE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado de «actuar, como en el caso de la energía, para que los precios se controlen». Incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, ahora ve «lógico» legislar, «igual que se ha hecho en otros sectores». Pero entre bambalinas no se está negociando un tope. No hay medidas inocuas, todas tienen un efecto colateral aparte de su posible eficacia en la limitación de los precios. Poner un tope al precio solo puede hacerse en precios regulados o mercados monopolísticos. Resulta muy complicado hacerlo en economías abiertas; cuando Argentina lo hizo los productos desaparecían de las estanterías bien porque los productores dejaron de ofrecerlos, porque los vendían a otros países o por el fenómeno social del acaparamiento. Una posibilidad que plantea Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, es publicar referencias de precios (el precio medio de un kilo de pasta, por ejemplo, para comparar), pero sería una medida orientativa, no obligatoria. Torres, como otros expertos consultados, ve «difícil el control directo de los precios» y aboga por las ayudas a los hogares más vulnerables mediante transferencias monetarias para que puedan afrontar la inflación. También el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, defiende las políticas públicas «focalizadas» y considera preferible subir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Salario Mínimo (SMI) para mantener el poder adquisitivo en las rentas bajas, antes que medidas generalizadas para todas las rentas que es como «matar moscas a cañonazos». 

Mientras el Gobierno aún deshoja la margarita de cual será la subida que aplicará el próximo año al salario mínimo interprofesional (SMI), muchos países europeos ya se han decantado por incrementos superiores al 10% para combatir la elevada inflación que impacta, sobre todo, en los trabajadores que menos cobran. Los incrementos que habrá en 2023 en Europa son en cualquier caso mucho mayores de los que ha habido este año y oscilan en una franja de entre el 5,6% y el 19%. El mayor aumento lo protagoniza Lituania, con un 18,9%, seguido de Alemania, con un 15%; Hungría, con un 14,9%; y Polonia, con un 14,6%. Pero otros socios comunitarios también han optado por subidas cercanas o superiores al 10%, como Bélgica (13%), Rumanía (11,7%), Países Bajos (10%) o Grecia (9,7%). Más moderadas son las alzas acordadas en Francia (5,6%) y Portugal (6%). De igual manera, en Europa los salarios de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos están creciendo el doble que en España: la media comunitaria supera el 5%, mientras aquí se reduce al 2,6%. Solo quedan tres semanas para que termine el año y el Gobierno tiene que decidir en los próximos días la subida del SMI que aplicará en enero, aunque sí se sabe que se elevará hasta suponer el 60% del salario medio que hay en España, puesto que así lo ha prometido para cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea. Para ello, el Ministerio de Trabajo está esperando un informe encargado a la comisión de expertos para que digan a cuánto asciende en concreto esa cantidad. En la actualidad, el SMI se sitúa en los 1.000 euros al mes repartidos en 14 pagas y los sindicatos exigen un aumento del 10% que lo eleve hasta los 1.100 euros, pero los empresarios advierten que eso impactará en el empleo.

PSOE y Unidas Podemos quieren aprovechar la reforma del Código Penal para crear un nuevo delito que recoja penas de cárcel de entre 6 meses y 6 años para aquellos empresarios que incumplan de forma reiterada la legislación laboral. El actual Código Penal ya establece penas de prisión de 6 meses a 6 años y multas de 6 a 12 meses para aquellos que «mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual». Ahora, los socios de Gobierno quieren añadir que estas mismas multas se apliquen «a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa». Una reforma que afectará especialmente a las plataformas digitales de reparto como Glovo o Uber Eats, en las que se han producido numerosos casos de vulneración de la llamada Ley Rider al continuar contratando falsos autónomos, por lo que algunas de ellas han sido ya sancionadas por la Inspección de Trabajo. Para llevar a cabo esta modificación penal, a través del proceso de enmiendas a la proposición de ley para reformar el Código Penal –que está sirviendo al Gobierno para introducir multitud de cambios legales– se modificará también el artículo 311 «para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes», en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un mensaje ayer en sus redes sociales.

España, Francia y Portugal escenificaron ayer en Alicante su apuesta por el H2Med, el corredor de hidrógeno verde que conectara los tres países y que costará 2.850 millones de euros. Esta “infraestructura vital para Europa”, estará en funcionamiento en 2030, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una solemne declaración conjunta en la que estuvo acompañado por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro portugués, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La participación de Von der Leyen en el encuentro a tres bandas –que se produjo en el marco de la IX Cumbre Euromediterránea EU-MED9– y en la posterior declaración ante los medios de comunicación constata el respaldo de Bruselas a un proyecto para el que España, Francia y Portugal solicitarán financiación a la Unión Europea (UE) el próximo 15 de diciembre. Ninguno de los cuatro escatimó alabanzas para el hito que supondrá en su opinión la construcción de este corredor. Sin embargo, España disiente con Francia en torno a la posibilidad de usar el H2Med para llevar hidrógeno producido con las nucleares galas, algo a lo que Madrid se opone. 

La carrera que protagonizan las grandes empresas energéticas en España por el futuro negocio del hidrógeno vivió ayer una de las etapas que demuestran hasta qué punto cualquier milímetro importa. Repsol y Naturgy, junto a Reganosa, anunciaron una alianza para construir una planta de hidrógeno en la antigua central térmica de Meirama, en Cerceda (A Coruña). Estará operativa, dijeron, en 2025. La fecha no es casual. Se adelantan así un año a la primera planta que pondrá en marcha Cepsa dentro de un megaplan de 5.000 millones de euros de inversión anunciado la pasada semana. El grueso del plan de Cepsa estará listo entre 2028 y 2030. Pero en 2026 ya tendrá en marcha una primera instalación en la actual refinería de San Roque, en Cádiz, cerca de Algeciras. Los responsables de Repsol, Naturgy y Reganosa anunciaron ayer su plan en un acto al que asistió el vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. La instalación de Galicia tendrá una potencia inicial de 30 megavatios, pero llegará a alcanzar los 200, y producirá más de 4.000 toneladas de hidrógeno renovable al año en su primera fase. La directora de Nuevos Negocios de Naturgy, Silvia Sanjoaquín, dijo que “proyecto permitirá acelerar la introducción del hidrógeno en sectores como el energético, el industrial o el del transporte”. El director de hidrógeno de Repsol, Tomás Malango, explicó que el plan “forma parte de la estrategia de hidrógeno renovable” de la petrolera en Galicia, y puntualizó que supone “un hito” para impulsar en la zona “un polo multienergético que proporcione productos descarbonizados a la sociedad”.

El crudo toca su nivel más bajo de 2022 tras la entrada en vigor del embargo europeo y del tope de los precios del G7. Esta semana ha marcado un momento crucial en la geopolítica mundial, con la entrada en vigor de un embargo europeo y el tope al precio del crudo ruso impuesto por el G7. Rusia, ante la humillación de que las potencias occidentales dictaran el precio que obtiene por su petróleo, amenazó con interrumpir las exportaciones a cualquier país que cumpliera el tope del precio. En cuestión de horas, los trastornos en el suministro se hicieron visibles al acumularse los petroleros en el estrecho del Bósforo. Todo esto debería haber provocado una fuerte subida de los precios del petróleo, sobre todo pocas semanas después de que el cártel OPEP+ sorprendiera al mercado anunciando nuevos y fuertes recortes del suministro. Sin embargo, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, tocó ayer un nuevo mínimo anual en 75,3 dólares. ¿Qué está ocurriendo? El suministro ruso sigue siendo sólido. La prohibición europea de importar crudo de Rusia, el mayor exportador de petróleo del mundo, es una auténtica sanción que pretende obligar a Moscú a desviar sus suministros y poner fin a la fea imagen de que los aliados de una Ucrania devastada por la guerra canalicen petrodólares al presidente Vladimir Putin. Pero el plan del G7 de topar los precios pretende quitar hierro al asunto.

Pese a que la tasa intermensual se moderó ligeramente, ya son seis meses consecutivos que esta variable registra tasas positivas. Otro dato que aporta una dosis de optimismo es la evolución de la actividad de los bienes de equipo, el principal indicador de la evolución de la inversión, que arrojó un repunte interanual del 10,6%, lo que se explicaría por las inversiones que realizan las industrias de cara a incrementar su producción a lo largo de los próximos meses. La energía registró un incremento del 3,5%, mientras que los bienes de consumo no duraderos, su avance fue más reducido con una tasa del 1,4%. En el otro lado de la moneda se situaron los bienes intermedios y los de consumo duradero, que experimentaron un descenso interanual del 1,4%. Si se distingue la producción por ramas de actividad, las que experimentaron un mayor incremento, fueron las de la fabricación de vehículos a motor y otras industrias extractivas, con importantes incrementos del 22,9% en ambas actividades. Los descensos más acusados se registraron en la confección de prendas de vestir, con una caída del cerca del 17%, la industria de la madera y el corcho con un deterioro del 16%, la metalurgia el 12% y la coquería y refino de petróleo prácticamente el 11%. La producción industrial se incrementó en octubre 14 comunidades autónomas en tasa interanual y únicamente bajó en Extremadura el 19,5%, Galicia el 5,4% y Asturias el 1,1%. Por el contrario, los mayores incrementos se dieron en Cantabria con un incremento del 6,6%, Murcia el 5,6%, Andalucía el 5,2%, junto a Madrid y Castilla y León, en ambos casos con avances del 4,8%. Incrementos más moderados se dieron en Cataluña, con una tasa del 0,4%, Baleares el 1,1%, Canarias el 1,8% y Aragón el 1,9%.

La Fiscalía belga investiga una trama de corrupción e injerencias que podría hundir sus raíces en las instituciones comunitarias. La Policía llevó a cabo ayer una gran redada en distintos varios barrios de Bruselas, como parte de una investigación anticorrupción que salpica al Parlamento Europeo. La operación se saldó con cuatro arrestados –entre ellos un antiguo eurodiputado– y 14 investigados, bajo la sospecha de haber recibido favores y regalos de Qatar. El operativo de ayer fue la culminación de una amplia investigación que comenzó hace cuatro meses. La Policía judicial federal llevó a cabo catorce registros, en particular en los barrios de Ixelles, Schaerbeek, Crainhem y Forest «como parte de una amplia investigación por presuntos actos de organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero», indicó en un comunicado la Fiscalía belga. Los investigadores «sospechan que un país del Golfo intenta influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo» y el diario nacional ‘Le Soir’ apunta que varias fuentes señalan directamente a Qatar. Al parecer, el país anfitrión de la Copa del Mundo de 2022 habría pagado «sumas sustanciales de dinero y obsequios significativos» a personas con «posiciones políticas y/o estratégicas dentro del Parlamento Europeo», señala la Fiscalía. Según la investigación de ‘Le Soir’, entre los detenidos estaría el antiguo eurodiputado socialdemócrata Pier-Antonio Panzeri. En su residencia, la Policía habría encontrado hasta 500.000 euros en metálico. También fue arrestado el nuevo secretario de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luca Visentini, el director de una ONG a favor de los Derechos Humanos y un asistente de la Eurocámara. Todos ellos pasarán a disposición judicial en las próximas 48 horas.

El lehendakari rompió ayer su silencio sobre la grave crisis en Osakidetza para intentar enfriar el conflicto. Urkullu lo redujo a una cuestión meramente «organizativa», justificó los ceses de los altos cargos por la «falta de confianza» y respaldó en todo momento la gestión de su consejera de Salud. Una semana después de que estallara una crisis sin precedentes en Osakidetza, Iñigo Urkullu rompió ayer su silencio para respaldar personalmente las decisiones adoptadas por el Departamento de Salud, incluidos los ceses de las dos principales responsables de la OSI Donostialdea por «falta de confianza». El lehendakari aseguró no estar «preocupado» por la posible extensión de un conflicto que reduce en todo caso a una cuestión meramente «organizativa» y trasladó un mensaje de «tranquilidad» a la sociedad vasca porque el objetivo de todos los pasos dados, aseveró, es «mejorar la asistencia sanitaria». Pese a las apelaciones mutuas al diálogo, la crisis iniciada en la mayor organización sanitaria de Gipuzkoa parece lejos de zanjarse. Desde que la cúpula del Servicio Vasco de Salud fulminó a la gerente y a la directora médica, los profesionales sanitarios, particularmente los jefes de servicio, han iniciado una rebelión frente a los altos cargos con el fin de evitar, dicen, que se «caiga el edificio» de Osakidetza. La contestación se ha traducido en concentraciones.