20221227

El encarecimiento de la cesta de la compra ha llevado a los hogares a contener el gasto. Así lo refleja la estadística del Eustat sobre las ventas de noviembre en Euskadi de grandes superficies y cadenas de alimentación, que arroja un descenso del 3,6% a precios constantes. En los productos de alimentación la caída llega al 4,7%, mientras que en el resto de sectores el descenso se limita al 1,7%. Esta comparación se realiza a precios constantes, es decir, depurando el efecto de la inflación, que acumula una subida del 15% en los alimentos. La variación a precios corrientes (comparando la facturación en términos nominales, sin correcciones) presenta un incremento del 6,5% en el conjunto de las ventas y del 8,8% en el caso particular de la alimentación. En el acumulado del año también el balance es negativo en términos constantes. Las ventas en alimentación arrojan un descenso del 4,5%, que compensan el incremento del 5,2% en el resto de artículos. El resultado es una caída global del 1,5% por primera vez en la serie histórica, que se remonta a 2015. Si la comparación se hace a precios corrientes, el acumulado de enero a noviembre presenta un aumento del 6,4%, con un ascenso del 5,1% en alimentación y del 9,2% en el resto de artículos. Precisamente hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe medidas para combatir la escalada de los alimentos, dentro de la actualización del paquete de ayudas por la guerra de Ucrania. 

El último Consejo de Ministros del año llega hoy cargado de medidas para mitigar la escalada de la inflación y la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y que entrarán en vigor este domingo 1 de enero. PSOE y Unidas Podemos negocian a contrarreloj. El partido morado presiona al Gobierno de Pedro Sánchez para que, además del tope del 2% al precio del alquiler, incluya la prórroga de un año de los contratos de arrendamiento con las mismas condiciones y la congelación de las hipotecas variables tomando como referencia el Euríbor a 30 de junio. El protagonismo del nuevo paquete no estará en los carburantes (con la probable desaparición de la ayuda universal de 20 céntimos) y la luz, y se centra en la cesta de la compra básica. Las dos grandes novedades que se prevé aprobar hoy para amortiguar el alza de los alimentos es una rebaja del IVA para determinados productos básicos y un cheque para la compra. El Gobierno socialista finalmente ha cedido a la presión de Unidas Podemos y, aunque inicialmente no era partidario de aplicar una rebaja de impuestos, todo apunta a que habrá descensos en una parte de los alimentos, como por ejemplo el pescado, que ahora tiene un IVA del 10% y podría pasar al 4%, según confirmaron fuentes de Moncloa a este periódico. La legislación actual cuenta con un IVA del 21% para determinados productos vinculados a la alimentación (zumos o bebidas refrescantes, entre otros), del 10% (pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas) y del mínimo 4%( huevos, verduras, frutas, legumbre, pan, queso o leche). La otra gran medida que se pondrá en marcha casi seguro será un cheque ayuda de unos 300 euros para la cesta de la compra. Queda por saber en qué umbral de renta se recibirá, ya que Unidas Podemos negocia que no se limite a los vulnerables y llegue también en las rentas medias. Podría beneficiar a entre 8 y 10 millones de personas.

El Gobierno aprueba hoy su paquete de medidas para aliviar el impacto que está teniendo la inflación en los hogares y aliviar el coste de la cesta de la compra. El sector del gran consumo, que agrupa tanto a fabricantes como a distribuidores de productos de alimentación y bebidas, espera con expectación el anuncio. José María Bonmatí, director general de Aecoc, la patronal de fabricantes y distribuidores, explica la posición del sector. Demanda medidas efectivas, como bajar el IVA de los alimentos y, sobre todo, que se posponga el impuesto al plástico, que entra en vigor el 1 de enero. "El sector del gran consumo está muy cercano del consumidor y vemos cada día los cambios en su comportamiento. Una empresaria se lamentaba, en referencia a la pandemia, de que hayamos pasado de héroes a villanos en tan poco tiempo. Durante el Covid las empresas tuvieron sobrecostes y no subieron los precios, y ahora que tenemos más sobrecostes, que alguien piense que tenemos beneficios extraordinarios es que está en otro mundo. Siempre hemos dicho que esta inflación no es de demanda, sino de oferta: no suben los precios porque la gente compre mucho, sino porque suben los costes...Hay dos líneas en las que tiene sentido actuar. Una está centrada en los costes. La que está más clara es la de retrasar el impuesto al plástico, porque esto supone 800 millones que van directamente a los costes de las empresas. Es una tasa que tiene una enorme complejidad y creará una enorme inseguridad jurídica. Además, tiene un ámbito de aplicación que afecta a todas las empresas, incluidas las más pequeñas, porque implica a todas en las que en el proceso de suministro aparezca el plástico. La decisión de retrasar esta tasa es una medida limpia y fácil, para nosotros es la prioridad. La ayuda a las familias es la otra línea de actuación. El gasto en gasolina no está ligado al nivel de renta, pero el IVA sí es una parte grande del salario, y está muy vinculado a la alimentación. Si bajas el IVA del pescado, por ejemplo, ayudas además a que la alimentación sea más saludable. Para alguien que tiene mucho dinero, lo que paga en IVA tiene muy poco peso, pero una bajada de IVA en productos básicos sí ayuda a las familias que tienen menos ingresos..."

La subvención de 20 céntimos por litro de combustible se aprobó el 1 de abril para frenar la escalada sin control en la que entró el precio de la gasolina y el diésel con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Las diputaciones acordaron con el Gobierno central adelantar este importe a las estaciones de servicio. Desde entonces y hasta final de este mes, se estima un impacto de 359 millones de euros. Hasta ahora, la Administración General ha abonado 80 millones correspondientes a los meses de abril y mayo. En febrero está previsto el siguiente pago, el referido a los 274 millones restantes. La ayuda para sufragar el coste de la gasolina expira este 31 de diciembre y hasta el momento, según las declaraciones de la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno es más partidario de finalizar su actual diseño para mantenerla exclusivamente para el sector profesional del transporte y las rentas más bajas. La decisión llega en un momento en el que los combustibles han dejado atrás los precios más altos del pasado verano, superando los 2 euros por litro –sin contar la subvención– y actualmente están en parámetros de antes de la guerra de Ucrania, por debajo de 1,80 euros el litro. Además, el IPC, con dos meses moderando su ascenso y con un registro del 6,8% en noviembre, hace más lejanos los registros de doble dígito que alcanzaron las subidas de los precios el pasado mes de junio. En este contexto, las ayudas que el Ejecutivo diseña para el 2023 contemplan más un escenario de redistribución atendiendo a los criterios de renta, incluso con la posibilidad de activar un cheque fiscal para los contribuyentes con menos ingresos. Las gasolineras han reclamado al Ejecutivo más coordinación para aplicar cambios y evitar así el caos que se produjo en abril cuando entró en vigor la subvención universal de los 20 céntimos. Desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia (Estaserbi) señalan que si se establecen criterios de renta para acceder a las ayudas «deben adoptarse medidas que favorezcan su aplicación porque nosotros no podemos pedir la declaración del IRPF a los clientes». Fuentes de las diputaciones señalan que, de momento, no han mantenido contactos para desarrollar el nuevo escenario que pueda tener esta ayuda.

El plan anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros en la jornada de hoy tendrá una serie de medidas dirigidas a la industria de uso intensivo de gas. La desaceleración económica y el elevado precio del gas durante los últimos meses han hecho que en Euskadi la demanda industrial de este combustible haya caído un 40%, especialmente tras el verano. El sector espera que se mantenga también el tope al precio del gas para la cogeneración, un área con mucho peso en el País Vasco por la industria papelera. El Ejecutivo central lo incorporó con posterioridad a la aplicación de la ‘excepción ibérica’, el pasado 5 de septiembre. Hasta entonces estas compañías habían quedado fuera de la medida. En cuanto a la industria electrointensiva, no hay mucha esperanza para que se den soluciones a sus demandas en este tercer paquete de medidas. En octubre, el Plan de Contingencia Energética del Ejecutivo dejó de lado la recuperación del régimen de interrumpibilidad que arbitra el pago de subvenciones cuando las compañías paran la producción. Desde la Plataforma Energética Kv, Ramón López considera que «se han aplicado solo medidas paliativas y coyunturales, sin resolver el problema estructural del sistema». López aboga por el desarrollo de una red de distribución que permita sumar todas las fuentes de generación y no solo la de las grandes compañías «permitiendo habilitar un terreno de juego más competitivo».

Las grandes energéticas, como Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, Naturgy y EDP, y otras grandes empresas, como Acciona y ACS, han abierto una lucha despiadada para conseguir las ayudas estatales del denominado Perte energético. Las compañías se agolpan en la ventanilla del Ministerio de Transición Ecológica, que es el organismo que tramita esas ayudas, con cientos de proyectos en una carrera desenfrenada por lograr subsidios. Las primeras estimaciones apuntan a que las solicitudes superarán ampliamente los 20.000 millones. Los Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) son el mecanismo ideado por el Gobierno para conceder, vía concurso, los enormes recursos financieros puestos a disposición de España por parte de la Unión Europea para reactivar la economía. El Perte energético se denomina técnicamente Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (Perte ERHA), y está dotado con 6.900 millones de euros. De la docena de Perte diseñados por el Gobierno, el ERHA es el segundo más cuantioso, tras el de los chips (microelectrónica y semiconductores), de 12.250 millones de euros. Pero el ERHA está causando más revuelo que ningún otro. El volumen de petición de ayudas, como media, está triplicando las que van saliendo a concurso. En algunos apartados energéticos, como el del hidrógeno verde, se están registrando peticiones que quintuplican el dinero previsto. Así se desprende de los datos que maneja Transición Ecológica,

La sequía, un riguroso verano de altas temperaturas, la práctica desaparición del carbón y la llamada excepción ibérica han llevado a las centrales de ciclo combinado a posicionarse en 2022 como la primera tecnología de producción de electricidad. Más de una década después, el gas natural ha recuperado el liderazgo del sistema eléctrico, al representar casi un 25% del mix de generación, por encima de 69.000 GWh, según las estimaciones de Red Eléctrica. De esta manera, el gas se ha situado por delante de la energía eólica (la estrella de los últimos años), con una cuota del 22,1%, y de la nuclear, con otro 20,2%. Atrás han quedado los años en que el medio centenar de centrales de ciclo combinado languidecían. En 2015, hasta 13 plantas de gas funcionaron cero horas y casi otras tantas trabajaron solo un día en todo el año, según los datos registrados aquel ejercicio por la CNMC y el operador del sistema, REE. Las centrales de gas, que competían aún con las térmicas de carbón, por entonces un combustible más barato y más contaminante, pudieron sobrevivir gracias a los pagos por capacidad que recibían por estar disponibles. Aquella crisis llevó a las grandes compañías eléctricas (Naturgy, Iberdrola y Endesa) a solicitar a los reguladores, el entonces Ministerio de Energía y la CNMC y a Red Eléctrica el cierre de las instalaciones más ruinosas. Hasta el operador del sistema consideró que sobraban 6.000 MW.

Entrevista con Stanley Whittingham, premio nobel de química. "No podemos quemar carbón y debemos deshacernos de la mayor parte del petróleo. Por lo tanto, debemos tener nuevas fuentes de energía renovable y eso requiere almacenamiento. Hay que hacer más investigación para que las baterías sean mejores, más seguras y de menor costo. No tenemos otra opción...Debemos tener energía verde en primer lugar. He visto que Inglaterra quiere obtener electricidad desde paneles solares en Marruecos y en Escandinavia, casi toda la energía es hidroeléctrica. Así que creo que los países van a cambiar. Los problemas energéticos nacidos a raíz del conflicto de Rusia y Ucrania nos enseñan que no se puede depender de otros países para tener gas y petróleo. Tenemos que apostar por las renovables, e incluyo la energía nuclear como una de ellas. La batería es solamente un medio para almacenar la energía hasta el momento en que la quieras usar...Lo primero es ahorrar energía. La forma más fácil es usar menos energía en todo lo que hacemos. Una persona en EE UU consume aproximadamente el doble de energía que una en Europa. Sin duda, podemos reducir. Y espero que la gente de Europa también pueda reducir sus gastos. Necesitamos más transporte público. Cuando yo trabajaba para Exxon, todos compartíamos el coche. Eso ya no sucede...La cadena de suministro global no funciona, debemos dejarla..."

El sector del automóvil se ha cansado de repetir en numerosas ocasiones que, además de empujar la electrificación de las ventas de coches (algo que se está haciendo a un ritmo mucho menor que en el resto de Europa), es necesario rejuvenecer con urgencia el parque automovilístico español para así reducir las emisiones, ya que los vehículos viejos contaminan más que los nuevos. En 2021, según datos de Anfac, la patronal de fabricantes de coches, la edad media del parque español fue de 13,5 años, una cifra que no ha parado de aumentar desde 2007 y que es dos años superior a la media europea. Este dato, lejos de mejorar, probablemente vuelva a empeorar este ejercicio, ya que el mercado no está dando señal alguna de que se esté produciendo un recambio del parque existente. Hasta noviembre pasado, las matriculaciones de coches nuevos han sido un 4,4% inferiores a las del ejercicio precedente, con apenas 739.469 coches entregados. Sin embargo, en ese mismo periodo se vendieron 1,03 millones de vehículos de ocasión de más de 10 años, según datos de Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos. Es decir, se han vendido casi un 40% más de vehículos viejos que nuevos, lo que acrecienta el problema del envejecimiento del parque. Además, de ese poco más de un millón de coches vendidos, la mayoría, unos 652.280 vehículos, tienen más de 15 años. Esta diferencia en favor de los vehículos más viejos no existía antes de la pandemia. 

El secretario general de Industria, Raül Blanco, fue cesado hace ya algunos días en una tradicional ‘operación fusible’: se funde un elemento intermedio, sobre el que recaen todos los males de la gestión previa, para evitar que dañe una pieza más valiosa. En este caso, la ministra Reyes Maroto, que será la cabeza de cártel del Partido Socialista en su intento de asaltar la Alcaldía de Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. Pero el cese de Blanco tiene aparejados efectos colaterales. Entre ellos, la pretendida entrada de Indra en el capital de la empresa vasca ITP, operación que por el momento queda congelada. El fondo norteamericano Bain tomó el control de ITP el pasado mes de septiembre, la empresa fabricante de componentes para motores de aviación. Pagó 1.600 millones por las acciones; ha cedido al Gobierno vasco el 6% y reservó un 24% adicional para dar entrada a otros accionistas españoles, para atender así las demandas del Gobierno de Pedro Sánchez, que temen un descontrol sobre el futuro de la compañía cuando el fondo ejecute dentro de algunos años su tercer movimiento: vender, coger la plusvalía y salir corriendo. Antes ejecutará un segundo movimiento, que no será otro que adquirir varias empresas para aumentar el volumen de negocio de la compañía. En esta macedonia de intercambio de acciones, el ya ex secretario general de Industria era el principal impulsor de que Indra –la compañía tecnológica en la que el Estado posee el 28%– adoptase un papel protagonista, hasta convertirse en socio de referencia en ITP.

Las telecos con operaciones en España han vuelto a vivir un año complicado. Vodafone, especialmente, y Telefónica registran fuertes descensos anuales, mientras que Orange resiste la presión y apenas cede posiciones, en pleno proceso de fusión con MásMóvil. En términos generales, estas operadoras ceden cerca de 11.500 millones de euros en capitalización bursátil. El sector en Europa también vive un momento complicado. El índice Stoxx Europe 600 Telecommunications cede en torno a un 17% desde principios de año. La fuerte presión competidora, en mercados como España, Italia o Reino Unido, parece volver a penalizar las cuentas de las operadoras. Y las estimaciones para los próximos tiempos no son positivas. Por ejemplo, la agencia Moody’s prevé un crecimiento de los ingresos de las telecos en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) del 0,5% en los próximos 12 a 18 meses, excluyendo operaciones internacionales, el menor porcentaje de todas las áreas geográficas mundiales. En este escenario, Vodafone es uno de los peores valores entre las grandes operadoras europeas, con una caída en Bolsa en el año superior al 27%. El descenso supone una pérdida de más de 8.800 millones de euros en capitalización bursátil. Su valor de mercado actual es de 22.980 millones de libras (unos 26.067 millones de euros).

Puede parecer contradictorio que en plena desaceleración económica la banca vaya a anotarse los beneficios más altos de su historia. Superiores incluso a los que los se vieron en pleno boom del crédito en 2006 y 2007. El fuerte y simultáneo repunte de los tipos de interés en Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica tiene el 90% de la explicación de los números récord. El efecto tipos va a llevar a cotas nunca vistas los beneficios de Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter de este año. Unicaja y Sabadell, por su parte, van a quedarse muy cerca. El banco malagueño va a ganar 320 millones y, el catalán, 790 millones. Según el consenso de analistas que publica Bloomberg, Santander va a ganar este año 286 millones más que los 9.060 millones de ganancias que se anotó en 2007, la cota más alta alcanzada en sus más de 165 años de historia. El perímetro del banco ha crecido en los últimos años en Polonia (Zachodni), España (Popular) y Argentina (negocio minorista de Citi). En el caso de BBVA y CaixaBank, la ventaja que sacarán este año sobre el récord histórico de beneficios se elevará a 1.000 millones. BBVA va a registrar unas ganancias de 6.380 millones, impulsadas por el fuerte tirón de México y porque este año ha captado 11 millones de clientes nuevos en todo el mundo. Lo curioso de BBVA es que lo hace con un tamaño de balance mucho más pequeño del que tenía hace catorce años. La entidad ha invertido dinero en elevar su participación en su filial turca Garanti, pero vendió recientemente BBVA Chile y BBVA USA.

Entrevista con Michele Napolitano, responsable del ráting soberano de España en Fitch. El experto señala que debe ser una tasa puntual y espera que se retire cuando la crisis por la guerra de Rusia empiece a remitir. "Dentro de un contexto de desaceleración europea, vemos a la economía española como más resiliente por su mix energético. El mercado de trabajo también está mostrando una gran robustez y las finanzas públicas, por el lado de la recaudación también han sorprendido positivamente más allá de por la inflación que ha afectado a todos. De hecho, prevemos un déficit del 4,5% del PIB, inferior al estimado por el Gobierno. Todo esto, junto con una inflación que baja a más velocidad, permite que España entre en 2023 en un gran estado de forma a pesar de debilidades como la elevada deuda o que el PIB no haya recuperado los niveles previos a la pandemia...En este momento, desde una perspectiva de la deuda soberana, vemos estas medidas como bastante positivas. No todos los países están financiando con nuevos ingresos el apoyo en esta crisis energética, pero España sí. En los últimos años, los bancos han tenido bastante apoyo con las compras de deuda y las inyecciones de liquidez y, ahora que suben los tipos, creemos que hay margen para asumir un impuesto puntual. Por su parte, en las energéticas, los beneficios son excepcionalmente altos. Por ello, consideramos que el impuesto a la banca y a las energéticas tiene sentido en la situación actual, aunque, como con el resto de medidas, esperamos que se trate de una medida puntual y que se retire cuando la crisis remita..."

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, está “prácticamente convencido” de que las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones se extenderán a 2023, ya que “no hay tiempo material” para cerrar un tema tan “complejo” antes de fin de año. “La negociación ha ido muy lenta en este último mes y tiene muchas materias todavía por resolver, por lo que yo creo que no es realista pensar que se van a resolver en esta semana”, dijo Sordo ayer en una entrevista con RNE. El líder sindical señaló que en estas negociaciones se abordan “cuestiones de mucho interés” para los sindicatos, entre las que citó las mejoras de ingresos para la Seguridad Social, el destope de las bases máximas de cotización, la mejora de las pensiones mínimas o el alargamiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sin embargo, Sordo consideró que estas medidas son “muy compartidas” dentro de la mesa de diálogo, salvo una que “distorsiona la negociación” y es la relativa al periodo de cálculo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años. Sordo volvió a recordar este lunes que los sindicatos se oponen a esta medida, entre otras razones, porque “no hay consenso político” y tampoco aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

La Diputación Foral celebró ayer en el Reale Arena de Donostia una nueva edición de la feria Gipuzkoa Talent, que además este año recobraba la presencialidad tras el Covid. Por los pasillos del estadio de Anoeta no había esta vez futbolistas sino jóvenes profesionales de éxito como la alsasuarra Aitziber Miguel, que quizás por haber nacido en este municipio navarro limítrofe con Gipuzkoa, no oculta que «me gustaría algún día poder trabajar en Donostia». Como ella, otros jóvenes guipuzcoanos que desempeñan su profesión en lugares como Estados Unidos, Argentina o Madrid, donde vive y trabaja ahora Aitziber Miguel. «Me gustan estas ferias para establecer contactos con empresas de aquí, algunas que incluso desconocemos, y que te permiten un contacto más directo y personal que el de Linkedin, por ejemplo», explica esta joven de 28 años que ha aprovechado las vacaciones de Navidad para volver unos días a casa y, de paso, acercarse a San Sebastián, ciudad de la que confiesa estar enamorada. Como ella, otros 150 profesionales jóvenes recorrieron durante la mañana los stands de 44 empresas y centros de I+D del territorio, entre ellas muchas de las principales como Ampo, CAF, Danobat, Elkargi, Fagor Automation, Fagor Ederlan, Ibermatica, Irizar E-mobility, Orbea, Orona, Salto Systems, Spyro, Ulma, Uvesco, Vicomtech o Zuchetti, entre otras presentes ayer. Aitziber Miguel, que estudio Física y un máster en Desarrollo Territorial Sostenible, y trabaja en Consultoría Energética en una empresa de Madrid, Mercados-Aries International, tiene gran experiencia. Han realizado estrategias energéticas para África, Latinoamérica y Europa. Pero de momento, las oportunidades laborales le han surgido fuera de Euskadi. Lleva dos años, sumados a otros cuantos en el extranjero, y algún día le gustaría estar «más cerca de la familia». De momento, ninguna empresa de Gipuzkoa le ha ofrecido un salario como el que gana en Madrid, por lo que considera que en Gipuzkoa y Euskadi «hay que crear un mundo de más oportunidades». Los mejores sueldos fuera de Euskadi son unas de las razones que aducen los expertos para explicar la fuga de talentos y la falta de determinados perfiles profesionales en el País Vasco.

Ottawa apuesta por los extranjeros para impulsar una economía en apuros. Desde hace tiempo, Canadá ha adoptado un modelo basado en la captación de inmigrantes para contrarrestar el impacto de la baja natalidad y el envejecimiento de la población. A día de hoy, uno de cada cuatro canadienses ha llegado al país como inmigrante, la tasa más alta entre las naciones del G-7. Para 2032, se prevé que la inmigración represente todo el crecimiento demográfico del país, según indica un comunicado del Gobierno. «Los canadienses entienden la necesidad de seguir aumentando nuestra población si queremos hacer frente a la escasez de mano de obra y si queremos reequilibrar una tendencia demográfica que se ha visto empañada por unas tasas de natalidad históricamente bajas y un número récord de jubilaciones», afirmó Fraser en una rueda de prensa. En 2020, el país registró el menor número de nacimientos desde 2007 y el mayor descenso interanual de los mismos (-3,6%) desde 1997, mientras que más de uno de cada cinco baby boomers (21,8%) se acerca a la edad obligatoria de jubilación de 65 años, según un informe publicado por Statistics Canada el pasado mes de abril. Canadá cuenta con unos tres trabajadores por cada ciudadano jubilado, según ha detallado Fraser, quien calificó los objetivos como algo «sin precedentes» en materia de migración económica. A pesar de estos ambiciosos objetivos, el apoyo público a la inmigración no hace más que aumentar. 

La UPV/EHU espera que a la segunda vaya la vencida y por fin consiga echar a andar las obras de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería, que se levantará junto al hospital de Basurto. Su proyecto estrella para esta década sale hoy de nuevo a licitación después del fracaso del primer intento debido a la renuncia de las constructoras que ganaron aquel concurso. Un revés que no ha llevado al traste la operación, pero que sí ha ocasionado importantes consecuencias: la obra se encarecerá, al menos, un 40% y el inicio de la actividad docente en Basurto sufrirá finalmente un retraso de dos años respecto a lo inicialmente previsto. Según confirmaron ayer fuentes del equipo rectoral, la previsión es que la facultad pueda abrir sus puertas «a lo largo del curso 4048-4047». Esto es, un año lectivo más tarde de lo que la Universidad preveía hasta hace sólo un par de meses, una vez se había ya retrasado un curso respecto al plan inicial al conocerse que las empresas que iban a acometer los trabajos de construcción –la UTE conformada por Altuna y Uria, Cycasa y OHL– habían decidido no formalizar el contrato por la imposibilidad de asumir los elevados costes de la obra. La segunda licitación ha salido finalmente por un montante de 64,1 millones de euros, diez más que la primera. Aunque la UPV/EHU es la encargada de gestionar todos los trámites de la obra, la principal fuente de financiación proviene del Departamento de Educación, que para relanzar el proyecto tuvo que triplicar su aportación económica.

En tan solo seis años el número de vascos que aguarda para una consulta externa en alguna de las diez especialidades prioritarias para el Ministerio de Sanidad se ha disparado en Euskadi. Ha pasado de 15.400 usuarios al cierre de 2016 a los 91.351 que lo hacían a día 30 de este último mes de noviembre. Así se recoge en los documentos remitidos por el Departamento de Salud al Parlamento vasco en respuesta a una solicitud de información registrada por Rebeka Ubera, representante de EH Bildu. Estos datos reflejan un crecimiento generalizado de las demoras para una consulta en todas las especialidades que ofrece Osakidetza, pero se agudiza aún más en las diez que para el Sistema Nacional de Salud son las más relevantes. Estas son: Ginecología, Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Neurología, Cirugía General, Urología, Digestivo y Cardiología. Dos son los principales factores que están detrás de este aumento. Por un lado, el envejecimiento de la población, que hace que cada vez más personas precisen de una mayor asistencia sanitaria. Es incluso habitual que estén afectados por dos o más patologías al mismo tiempo o requieran revisiones periódicas. Muchas de estas especialidades prioritarias tratan problemas de salud relacionados con la vejez. Por otro lado, la pandemia ha tenido un indudable impacto en el incremento de las actuales listas de espera. Las consultas externas con especialistas, al igual que las intervenciones quirúrgicas, arrastran aún ese volumen de pacientes acumulado causado por la crisis sanitaria. 

Tres años después de estallar la pandemia en la ciudad de Wuhan y convertida nuevamente estos días en el epicentro global del covid por el aumento explosivo de casos de las últimas semanas, China ha decidido abrirse al mundo. Sus fronteras volverán a estar diáfanas de par en par desde el 8 de enero para los visitantes extranjeros, que ya no deberán pasar la cuarentena obligatoria. Bastará con presentar un test negativo reciente al ingresar al país, que era el único del mundo que todavía exigía un confinamiento de cinco días en unas instalaciones públicas (de pago), a los que le seguían otros tres de observación en el domicilio. La medida, de la que se hizo eco ayer el diario ‘South China Morning Post’ citando hasta tres fuentes oficiales, va en la misma dirección que las ya emprendidas este mes por el régimen de Pekín, cuando sin previo aviso puso fin a la mayoría de las restricciones de la llamada política de ‘cero covid’. Las autoridades, presionadas por una fuerte ola de descontento popular que desembocó en las mayores protestas desde la masacre de Tiananmen en 1989, argumentaron que las nuevas variantes del covid no eran ya tan letales y, en cambio, eran mucho más perjudiciales los efectos en el ánimo de la población y, sobre todo, en la economía, cuya tasa de crecimiento es la más baja en casi medio siglo.