20230308

Luz verde al anteproyecto de la Ley de Paridad, que impondrá a las cotizadas alcanzar ese porcentaje mínimo de presencia femenina en julio de 2024, mientras que las no cotizadas tendrán hasta mediados de 2026 para cumplir la cuota. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión de la política, la Administración y las empresas, una norma que el propio presidente del Gobierno anunció por sorpresa el sábado pasado durante un acto del PSOE y que en tres días se ha puesto en blanco sobre negro en un texto normativo lanzado a consulta pública. La futura ley, que pasa de las “recomendaciones y buenas prácticas a establecer obligaciones que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica”, como señaló la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, forzará a las grandes empresas a alcanzar un mínimo del 40% de presencia femenina en sus consejos de administración. Y establece “la obligación de velar por que la alta dirección (de las compañías) también cumpla este principio”. La norma, que ahora inicia una difícil e incierta andadura dada las crispadas relaciones entre los socios de Gobierno, como prueba que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya quedado al margen de la redacción del anteproyecto, afectará por igual a empresas cotizadas y no cotizadas, así como a entidades de interés público, siempre que tengan más de 250 trabajadores, una cifra de negocios superior a 50 millones de euros o unos activos por valor de más de 43 millones. La diferencia entre unas y otras es que las compañías cotizadas, que en los últimos años han avanzado paulatinamente en este ámbito, especialmente las del Ibex 35, tendrán que alcanzar el objetivo del 40% “de consejeros del sexo menos representado antes del 1 de julio de 2024”, anunció Calviño. Las empresas no cotizadas, donde los progresos han sido significativamente menores, contarán con un plazo más largo.

El efecto ejemplarizante que se reclama a la administración pública no termina de darse en la red de empresas del Gobierno vasco. Al menos en cuanto a la presencia de mujeres en sus máximos órganos de gobierno. Y es que de las 32 sociedades públicas, entes, fundaciones y consorcios del Ejecutivo, solamente 7, el 25%, cumplen el requisito de tener en su consejo de administración al menos un 40% de mujeres. Se trata de la SPRI, Haurreskolak, Unibasq, el Instituto Vasco de Finanzas, la Agencia Vasca del Agua, el Instituto Etxepare y las fundaciones de investigación sanitaria y la de la Joven Orquesta de Euskal Herria. El anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros establece la necesidad de fijar ese 40% de mujeres en el órgano de gobierno de «las cotizadas, las empresas de sectores de interés público y el sector público estatal». El alcance de la norma a las empresas del Gobierno vasco está por ver en la tramitación de la ley, pero no deja de evidenciar una realidad que está alejada de los criterios de igualdad que se reclaman al sector privado en la convocatoria de muchas ayudas. Así, el 75% –24 de 32– de esos organismos no llega a la proporción mínima establecida. La tasa, si se suman todos los representantes que se sientan en esos órganos de gobierno, no logra mejorar lo suficiente para superar el 40%. Así, del total de 263 consejeros que acumulan estos entes, solo 88 son mujeres, un 33,4%. La cifra, de todos modos, es muy superior a las empresas privadas en Euskadi, que se queda en el 22%, según el informe presentado esta semana por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia.

Las mujeres tan solo ocupan el 12% de las plazas de Formación Profesional (FP) de las ramas industriales que se ofertan en Euskadi. Para «superar la brecha de género» y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, el departamento de Educación del Gobierno vasco se ha marcado como meta duplicar el número de alumnas matriculadas hasta llegar al 20% en el año 2027. Este objetivo lo planteó ayer el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno vasco, Jorge Arévalo, con motivo de la presentación del programa, ‘NeskUP!’, que busca precisamente «sensibilizar» sobre los estereotipos asociados a los ciclos más masculinizados. Aunque la media de mujeres en la FP es del 34,48% –en el último curso hubo un total de 44.700 matriculaciones de ambos géneros– se reduce drásticamente ese porcentaje en algunos campos con alta tasa de empleabilidad como ‘Instalaciones térmicas’ (1,38% de mujeres); ‘Automoción’ (4,55); y ‘Mecatrónica industrial’ (5,13). Para «equilibrar» la balanza, el departamento de Educación ha impulsado el programa ‘NeskUP!’ con el que un centenar de centros de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa desarrollarán diferentes iniciativas cada curso para «acabar con estereotipos de género» y conocer los «motivos por los que las estudiantes eligen menos» este tipo de formaciones, apuntó ayer Susana Sáenz Ilardia, gerente de Ikaslan Araba.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, subrayó ayer la necesidad «de crear las condiciones que permitan que más mujeres ocupen puestos de decisión y liderazgo», en la lectura de la declaración institucional del Gobierno Vasco con motivo de la celebración del 8 de marzo. Melgosa, que compareció en rueda de prensa, admitió no conocer el contenido del proyecto de ley de Paridad del Gobierno central, pero dio la bienvenida a «todo aquello que apueste por políticas de igualdad». Subrayó que, con la ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres– aprobada hace un año–, Euskadi está «un poco más adelantado en este tema», ya que «incluye criterios de tasas y discriminación positiva». Melgosa señaló que los obstáculos que encuentran las mujeres» para acceder a puestos de dirección «no tienen que ver con falta de preparación o liderazgo, sino con múltiples factores relacionados con los roles y estereotipos de género que se nos han asignado desde la infancia y persisten durante todo nuestro recorrido profesional y vital».

«Da la sensación de que vamos en contra de la tendencia invirtiendo en siderurgia y metalurgia». Las palabras de los inversores de Gonvarri en 2015 justificando la compra de la histórica siderúrgica concursada TS Fundiciones para reflotarla como GRI Castings resuenan hoy en las cabezas de toda la comarca del Urola. Siete años después, la compañía ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a toda su plantilla y cesar la actividad de la misma. La firma aduce que la continuidad de la planta, con 61 trabajadores, es «inviable» tanto en el presente como en el futuro. La compañía alega en un comunicado «razones productivas» ya que «acumula cuantiosas pérdidas en los últimos siete años», y buscará un acuerdo «satisfactorio para todas las partes». La dirección de GRI Castings comunicó ayer a los representantes de los trabajadores la intención de iniciar el periodo de consultas para exponer los detalles de las causas productivas por las que plantea el cese de la actividad, dedicada a la fundición y comercialización de piezas destinadas a los sectores eólico y automoción. Los problemas han tenido distintas causas, en especial «las limitaciones para fabricar piezas de determinado tamaño para el sector eólico que pudieran generar mayor valor añadido, y la fuerte competencia asiática en la automoción con una presión a la baja en precios, resulta insostenible para la viabilidad de la actividad», agregan.

Las 456 empresas proveedoras afectadas por la quiebra del astillero La Naval, de Sestao, apenas cobrarán una pequeña cantidad de la deuda. Según las últimas estimaciones, que se aproximan ya a la liquidación final, de los 152,6 millones de euros tan solo podrán recuperar una cantidad cercana a los 23 millones. Los 130 millones restantes quedarán apuntados en la famosa ‘barra de hielo’ de las quiebras, porque se diluirá y no se recuperará jamás. El proceso que condujo a la quiebra del astillero comenzó a finales de 2017, cuando las tensiones de tesorería impidieron a la empresa continuar con la construcción de buques. Las pérdidas millonarias de los ejercicios anteriores y la negativa de la banca a seguir financiando a la empresa –a sabiendas de que los buques en construcción resultarían ruinosos–, precipitaron el final de una empresa centenaria. En aquel momento había tres barcos en proceso de construcción y otro más contratado. Uno de los tres en construcción, la draga de succión ‘Vox Alexia’, no llegaría a navegar y su casco fue desguazado y vendido por 800.000 euros a una empresa de comercialización de chatarra. Fuentes conocedoras del proceso de liquidación han señalado que el final está muy cerca y previsiblemente llegará antes del verano. Pese a ello ya existen cifras prácticamente definitivas ya que, apuntan las mismas fuentes, tan solo está pendiente de pago el Impuesto de Plusvalía al Ayuntamiento de Sestao. Un tributo generado por la venta de los 300.000 metros cuadrados de terreno que ocupaba el astillero y que ahora son propiedad de la multinacional belga VGP. Las 456 empresas con ‘créditos ordinarios’ en la quiebra han comenzado a cobrar esta semana. Es un anticipo de la liquidación final que alcanza a 7,5 euros de cada 100 que les adeudaba el astillero. Las mismas estimaciones apuntan a que es, aproximadamente, la mitad de lo que cobrarán como factura final. Muchas de estas empresas que quedaron atrapadas en la quiebra mantuvieron sus suministros en la etapa final del astillero en la esperanza de que apareciese algún inversor dispuesto a reflotar la compañía. Pero pese a los mensajes optimistas del equipo directivo y a los devaneos con un empresario asturiano –Manuel del Dago– todos los intentos por mantener la continuidad en la construcción de buques fracasaron. Nadie se atrevió a recapitalizar la empresa.

Aernnova ha superado la barrera psicológica de la prepandemia y en 2022 facturó 740 millones de euros. El salto es de un 42% respecto a los 515 millones de 2021, muy superior al crecimiento registrado en el sector con el progresivo levantamiento de las restricciones para viajar. El incremento en el volumen de negocio, como explicó el consejero delegado de la compañía, Ricardo Txokarro, ayer en una jornada sobre el sector aeronáutico en el Parque Tecnológico de Bizkaia, no responde exclusivamente a un crecimiento orgánico. En esos 225 millones más en facturación tienen mucha importancia las nuevas plantas adquiridas por el grupo, especialmente las de Portugal, compradas a Embraer el pasado año, que aportan entre 100 y 150 millones anuales. En este sentido el primer ejecutivo de la compañía alavesa recordó la aportación de las instalaciones en Hamble, Reino Unido, compradas a General Electric antes del estallido del covid. Se trata de una planta con una facturación anual de 95 millones. Pese al incremento de pedidos en las carteras de los grandes constructores como Airbus y Boeing, a los proveedores de primer nivel de estos fabricantes, como Aernnova, les sigue resultando extremadamente complejo impactar la subida de costes en sus productos. Esta situación hace que el aumento de ventas no se traduzca automáticamente en beneficios. El margen sigue sufriendo por la subida de costes energéticos y materias primas, así como por los problemas en la cadena de distribución. Txokarro admitió que esta realidad llevó a la empresa a replantear su política de precios en los acuerdos con clientes. 

Las autoridades de Competencia de la Comisión Europea revisarán en profundidad la fusión entre Orange y MásMóvil, según adelantó la agencia Reuters, que añadió que también va a rechazar la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para hacerse cargo de la investigación. A mediados de febrero, ambos grupos notificaron de manera oficial su acuerdo de integración a Bruselas, que, inicialmente, tendrá hasta el 20 de marzo para decidir, bien si aprueba la transacción en primera fase o bien si abre una investigación en profundidad. El calendario, no obstante, podría ampliarse si la Comisión Europea pide nueva información a las operadoras involucradas. De confirmarse la entrada en segunda fase, las dos operadoras y la Comisión Europea negociarían una serie de condiciones de cara a la obtención del visto bueno comunitario a la fusión. En el anuncio del acuerdo, en julio del pasado año, MásMóvil y Orange ya comunicaron que la operación no se cerraría hasta el segundo semestre de 2023. En cualquier caso, Orange y MásMóvil han defendido desde un primer momento que su fusión no supondrá una reducción del número de operadores de red en España, puesto que hay, al menos, ocho compañías que comercializan tarifas convergentes fijo-móvil, que registran un volumen de ingresos por encima de los 100 millones de euros al año. En la misma línea, ambos grupos han defendido que en España hay mucha competencia en el segmento mayorista.

El consejo de administración del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, aprobó ayer diferentes convocatorias de ayudas por un importe total de 67 millones de euros, entre las que destacaron las destinadas a la conciliación de vida familiar y laboral, y al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. El consejo de Lanbide dio luz verde a la partida de 2,2 millones de euros para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral. Se subvenciona la contratación de desempleados para sustituir a trabajadores por cuenta ajena o de sociedades cooperativas acogidas a excedencias o reducción de jornadas por el cuidado de hijos o familiares, y la ampliación de trabajadores a tiempo parcial para cubrir el puesto de otra excedencia o reducción de jornada. En cuanto a los centros especiales de empleo, se aprobaron las ayudas destinadas a su mantenimiento, que crecen en 4,8 millones de euros y alcanzan en total los 64,2. La subvención para la cobertura del coste salarial de las personas contratadas será del 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento por trabajador contratado a jornada completa. Se incrementará al 55% para personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, física o sensorial. Los contratos a tiempo parcial, por su parte, serán proporcionales a la jornada realizada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) mantendrán el próximo 16 de marzo una reunión en la que desde el sector se presentarán los retos inminentes que preocupan a la industria, con el foco en la normativa europea sobre emisiones Euro 7. Uno de los temas estrella de la reunión serán previsiblemente los riesgos que entraña para el sector la aprobación de la normativa europea de emisiones de los vehículos Euro 7. Los fabricantes solicitarán al jefe del Ejecutivo que España se posicione en contra de esta medida en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, durante la segunda mitad del año. Desde la asociación llevan semanas alertando del impacto que podría tener esta regulación en España, con peligro de que provoque cierre de plantas en el territorio nacional y la pérdida de miles de puestos de trabajo. El presidente de Anfac, Wayne Griffiths, avisó en el Foro Anfac, el pasado 21 de febrero, de que la Euro 7, que se está debatiendo en estos momentos en Europa, implica mayores exigencias para el sector, en contra de lo que hacen otros países como Estados Unidos o China, que apuestan por los incentivos. Por otro lado, Sánchez mantuvo ayer un encuentro virtual con Luca de Meo, consejero delegado de Renault, en el que confirmó que la competitividad de la industria será “uno de los pilares” de la Presidencia Española de la UE.

Tras la pandemia y el frenazo inversor por la paralización del tráfico aéreo, los problemas en la cadena de suministro lastran hoy la actividad de las empresas aeroespaciales en España. Por ello, esta industria ha pedido al Gobierno que negocie en la Unión Europea una prórroga de dos años para la ejecución de los proyectos del Perte aeroespacial, que deberían estar en marcha en 2026. “La situación de los suministros sigue complicada y es un problema global; los proyectos se retrasarán, y su despliegue debería ampliarse hasta 2028”. Así de rotundo fue ayer el director general de Siemens Digital Industries en España, José Ramón Castro, en una jornada del clúster aeroespacial Hegan en Zamudio (Bizkaia). El directivo de la multinacional se hizo eco con esta demanda de un temor generalizado en las empresas de este sector; y pidió a la Administración que gestione con la UE postergar plazos. En esta misma línea, el director general de Sener Aeroespacial y presidente de Hegan, José Julián Echevarría, admitió que las empresas están viviendo una “tormenta” por la pandemia, la inflación y la ruptura de las cadenas de suministro. Estos problemas se suman a algo que, a su juicio, es inherente a esta industria: “que las cosas se alarguen”. “Sería bienvenida la prórroga, pero no es fácil porque las reglas de juego eran bien conocidas”, indicó.

El Gobierno ha decidido acelerar la adopción del nuevo tipo mínimo global del 15% en la tributación de Sociedades en plena controversia por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Para ello, el Ministerio de Hacienda acaba de elevar a consulta pública, hasta el 24 de marzo, el documento de transposición al ordenamiento español de la directiva europea que desarrolla el acuerdo de tributación global de las multinacionales aprobado por el grueso de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El objetivo declarado es combatir la pérdida de recaudación que provoca “la localización o el desplazamiento de las rentas de las grandes empresas” a “territorios de bajo nivel impositivo”. El documento detalla que la implementación de este nuevo impuesto complementario al de Sociedades pasará por crear dos nuevas reglas fiscales: una de “inclusión de rentas”, que obligará a las matrices de grandes compañías o firmas multinacionales a tributar en España al menos un 15% de sus ganancias, y otra de “beneficios insuficientemente gravados”, que permitirá aplicar la carga fiscal necesaria a sus filiales para garantizar el cumplimiento conjunto de ese tipo mínimo. El nuevo impuesto afectará a las empresas con una facturación anual global igual o superior a 750 millones de euros y España debe de tener aprobada la regulación antes del 31 de diciembre de 2023 para su implantación progresiva entre 2024 (cuando entrará en vigor la primera regla) y 2025 (año en que se activará la segunda).

Un deterioro de la actividad económica, con riesgo de recesión incluso; una inflación persistente que puede impulsar un endurecimiento de la política monetaria; depreciación de la lira turca y el peso mexicano; deterioro del mercado inmobiliario, así como cambios en las políticas regulatorias o gubernamentales. Esa es la retahíla de amenazas que recoge el BBVA en su informe anual registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE UU (SEC), un documento en el que advierte del impacto adverso que puede tener la “creciente carga fiscal” en España. Sobre la transformación digital, adelanta que la aceleración hacia modelos de banca online puede requerir cambios: “Incluido el cierre, reestructuración o venta de sucursales, así como reducciones significativas de empleados”. Respecto a la factura impositiva, el grupo que dirige Carlos Torres recuerda las modificaciones que se han hecho. “Los gobiernos de diferentes jurisdicciones, incluida España, están buscando nuevas fuentes de financiación y recientemente se han centrado en el sector financiero”, dice la entidad. Entre estos cambios incluye la creación de nuevos impuestos —el gravamen extraordinario a la banca y la tasa sobre las transacciones financieras— y un incremento de los tipos existentes —por ejemplo el mínimo efectivo de Sociedades del 18% para la banca, así como el pago de un 5% de los dividendos obtenidos en el extranjero—. “La creciente carga fiscal que enfrenta el grupo puede tener un efecto material adverso en su negocio, situación financiera y resultados”, esgrime el banco.

La decisión del grupo de Rafael del Pino de mudar su sede de España a Países Bajos ha desatado una polémica que implica a empresarios, inversores, reguladores y políticos. Desde la opa hostil de Gas Natural sobre Endesa, en 2005, España no vivía una operación corporativa con tal terremoto político como el desatado por la fusión inversa de Ferrovial con una filial para mudar así su sede a Países Bajos. Ámsterdam. La ciudad holandesa se ha consolidado como una de las mayores plazas financieras europeas, algo que se atribuye a la liquidez de sus mercados, su solvencia soberana, su apertura a los flujos de capital y comerciales extranjeros y a su fiscalidad. Brexit. La salida británica de Reino Unido, en 2016, reforzó el papel de Ámsterdam como destino inversor. Ferrovial movió en 2017 de Oxford a esta ciudad su hólding internacional, que ahora absorberá a la cabecera para fijar la sede del grupo en Países Bajos. Consejo. El pasado 28 de febrero, el consejo de Ferrovial aprobó el proyecto de fusión de la empresa con Ferrovial Internacional. El proyecto fue trabajado varios meses, durante los que el grupo miró otras opciones de reestructuración corporativa.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró ayer que un eventual veto a la salida de Ferrovial de España para instalar su sede fiscal en Países Bajos “es la mejor manera para que haya mas inseguridad jurídica en España”. En el marco de una jornada sobre comercio electrónico organizada por Asnef, Garamendi se opuso a buscar vías para impedir que la compañía abandone España y criticó las declaraciones que están haciendo diferentes miembros del Gobierno. Así, calificó como “increíble, absurda y peligrosa” la reacción del Ejecutivo al anuncio de la constructora y alertó de que señalar, con nombre y apellidos, a su presidente, Rafael del Pino, genera “desconfianza entre los inversores. “Se miran personas, se buscan personas y se intenta destrozar a las personas”, explicó. Por otro lado, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, se mostró en contra de analizar decisiones empresariales con criterios políticos y recordó que la entidad trasladó a Alicante su sede, lo que calificó como una “gran decisión” que se tomó muy “a contracorazón”, ya que en ese momento el mercado percibía “una amenaza de poder no ver los depósitos lo suficientemente garantizados dentro del sistema económico europeo en caso de una hipotética independencia de Cataluña”. En un encuentro del Consejo General de Economistas, Oliu señaló que, según su propia experiencia, todas las compañías toman las decisiones por razones empresariales y aunque apuntó no conocer bien a Ferrovial, afirmó que si se ha tomado esta decisión será positiva.

El gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avanzó ayer que el organismo revisará probablemente las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2023, debido a la mejora de la situación macroeconómica. «Es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 que publicaremos en las próximas semanas se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación general lo hagan a la baja», detalló De Cos durante su intervención ayer en un acto público. En diciembre, el Banco de España estimó que el crecimiento económico sería del 1,3%, una décima menos que las proyecciones anteriores. Respecto a la inflación, situó las estimaciones en el 4,9% para 2023, medio punto menos, al tiempo que redujo en una décima, al 3,4%, la de la inflación subyacente. Hernández de Cos atribuyó la mejora a la «mayor resiliencia» demostrada por la economía española, a la que han contribuido el descenso de los precios energéticos, el alivio en los cuellos de botella de las cadenas de suministro, los colchones de ahorro y las medidas desplegadas por el Gobierno para amortiguar la caída de rentas reales.

Más de la mitad de los afiliados con un contrato fijo discontinuo no trabajan aunque tengan un empleo. Concretamente, a cierre de 2022 había un total de 443.078 fijos discontinuos que se encuentran en situación de inactividad pero que, sin embargo, no computan en la lista del paro. Este es el dato que el Gobierno guardaba celosamente desde hace meses mientras partidos de la oposición, organismos económicos y los propios sindicatos le exigían sacar a la luz. Esta cifra de fijos discontinuos sin trabajo, a la espera de que sus empresas les llamen de nuevo, supone una distorsión de la cifra real de parados. Así, mientras el número total de desempleados a cierre de 2022 se situaba en los 2.837.653 según la estadística oficial, esta cifra se elevaría hasta rozar los 3,3 millones si se suman todos estos trabajadores que tienen un contrato en vigor pero que, sin embargo, no tienen empleo en ese momento. Lo paradójico del tema es que no ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la encargada de desvelar este dato que en reiteradas ocasiones se le ha demandado, sino que se ha filtrado a través de una respuesta parlamentaria que da el Gobierno a una pregunta de dos senadoras del PP.  El texto de su respuesta contiene una tabla con todos los datos mes a mes desde enero hasta diciembre de 2022, desglosando los fijos discontinuos que reciben prestación de los que no cuentan con una ayuda por desempleo. Así, se puede apreciar que aunque no computen como parados, más de la mitad reciben una prestación por desempleo. Concretamente, 268.402, mientras que otros 174.676 no tienen esta ayuda por no haber generado todavía derecho a paro o por haberla consumido. La vicepresidenta Díaz se escuda constantemente de las acusaciones contra ella por ‘maquillar’ los datos del paro argumentando que su Gobierno no ha cambiado la forma de contabilizar el desempleo y que los fijos discontinuos nunca han figurado como parados registrados. Y esto es así, pero lo que es una realidad es que hasta la entrada en vigor de la reforma laboral los fijos discontinuos eran residuales en el mercado laboral español, pero han eclosionado al prohibir prácticamente la nueva norma el uso del contrato temporal, que queda limitado a unas causas ahora muy concretas y a una duración máxima. De hecho, el tipo de contrato eventual más utilizado, el de obra y servicio, ha sido suprimido de la regulación.

En pleno debate sobre la subida del precio de los alimentos por la elevada inflación –ronda el 15% el último año– el Observatorio del Sector Agroalimentario Vasco constata que los precios de esta parte de la cesta de la compra son de media cuatro veces más elevados para el consumidor que lo que se abona en origen a los productores, debido a los costes que se suman a lo largo de la cadena de distribución. Con todo, el informe también revela que esa diferencia es prácticamente la misma que existía hace un año, lo que indica que los diferentes eslabones del proceso aplican proporcionalmente las subidas derivadas del alza de costes, acentuadas por el impacto de la guerra en Ucrania. El informe del Gobierno Vasco recoge mensualmente la evolución de los precios que el sector agroganadero cobra por sus productos frente al precio de venta al público sin impuestos. Los últimos datos se refieren a enero de este año y se observa un incremento medio del 300%, siendo el vino el que mayor subida registra entre su elaboración y su venta, un 581,20%, lo que supone que se multiplica casi por siete.

El precio de las hipotecas para compra de vivienda sigue recogiendo con una enorme rapidez en este comienzo de año la subida vertical de los tipos de interés en la zona euro, que este mes de marzo se situarán salvo sorpresa en el 3,5% y que previsiblemente seguirán avanzando a lo largo del primer semestre de 2023. En este escenario, el precio medio de las nuevas hipotecas se situó en enero en el 3,19% TEDR (que no incluye comisiones y otros gastos asociados). Según los últimos datos oficiales del Banco de España, se trata del nivel más alto desde el mes de agosto de 2012. Entonces, el coste medio fue de 3,21%. El alza de los precios no para de ganar velocidad. Sólo en enero ha sido de un 9,62% respecto al tipo medio del 2,91% de diciembre del año pasado, dando continuidad a las fuertes subidas de 2022. El año pasado, el coste medio de las nuevas hipotecas se disparó desde el 1,18% hasta las puertas del 3% en un proceso que cogió mucha velocidad sobre todo en el segundo semestre del año. El punto de inflexión fue la primera subida del precio del dinero en 11 años decidida por el Banco Central Europeo (BCE) en julio. Después de un alza vertical de tipos sin precedentes por la velocidad, y en un escenario de precios de los préstamos mucho más exigente, también el coste de las renegociaciones de hipotecas para vivienda se ha disparado en el primer mes del año, desde el 2,79% hasta el 3%.

Las diferencias económicas interregionales se estaban reduciendo a pasos agigantados desde 1980 gracias al desarrollo de las comunidades autónomas y la llegada de los fondos europeos, pero esta tendencia se interrumpió de golpe con la Gran Recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que dejó un panorama desolador de obras a medio terminar por toda España, pero especialmente en muchas ciudades de tamaño pequeño y mediano. Todo ello ha provocado un cambio de tendencia tras el que las regiones más ricas han sido las que más han crecido en esta última fase, agravando las diferencias regionales, según señala el Banco de España en el informe Cambios recientes en el patrón de convergencia entre regiones, publicado ayer. Y, especialmente, Madrid, donde el PIB per cápita se ha incrementado un 9,2% entre 2008 y 2019, casi el doble que Cataluña (5,4%). Una cifra que contrasta ampliamente con los retrocesos de Canarias (6,4%) y Andalucía (0,4%) o el estancamiento de Baleares. Las cifras de los primeros once años tras el estallido de la Gran Recesión (esto es, justo antes de la irrupción del coronavirus, para evitar perturbaciones estadísticas) no dejan lugar a dudas: la convergencia económica regional se ha revertido de forma considerable. Medida por la desviación típica del PIB per cápita entre las distintas comunidades autónomas, la convergencia económica regional retrocedió entre 2008 y 2014 al nivel de 2001, y apenas ha empezado a retomar la senda anterior en los últimos tres años. Aunque no tanto por el crecimiento genuino de estas regiones con renta más baja sino por que “el proceso de envejecimiento poblacional del período más reciente, especialmente acusado en las regiones con mayor renta per cápita, ha contribuido a la reducción de las diferencias”, señala el texto. En concreto, País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana son las que más han sufrido un empeoramiento en la ratio de población en edad de trabajar en relación a los mayores de edad, seguidos muy de cerca por Asturias, Galicia y Cantabria. 

“Es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más elevado de lo previsto hasta ahora”. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, advirtió ayer a los senadores de EEUU de que los últimos datos publicados sobre la economía estadounidense, especialmente la inflación, “son más altos de lo previsto” y eso podría obligar a la Fed a endurecer más su política monetaria. En este contexto, Powell aseguró que “si los datos lo justifican, la Fed está dispuesta a aumentar el ritmo de subidas de tipos”. ¿Hasta dónde? El presidente del banco central estadounidense no desgranó cuál sería la hoja de ruta en ese caso –habrá que esperar a la reunión que el consejo de gobernadores mantendrá a finales de este mes para decidir la próxima subida de tipos–. Las últimas previsiones de la Fed apuntaban a que no sería necesario superar el umbral de 5,25% este año e, incluso, empezar a bajar los tipos en el segundo semestre del 2023 o, como muy tarde, en el primer trimestre de 2024. El escenario ha empeorado, según se desprende de la comparecencia de Powell ante la Comisión de Banca del Senado de EEUU (está previsto que hoy protagonice otra intervención en la misma línea en la Cámara de Representantes). Actualmente, los tipos en EEUU se sitúan entre el 4,5% y el 4,75%, tras la subida de un cuarto de punto realizada en enero. 

Los sindicatos hicieron ayer una nueva demostración de fuerza en las calles de Francia para mostrar su oposición a la reforma de las pensiones promovida por el presidente, Emmanuel Macron, pero no lograron paralizar el país, como habían amenazado hacer inicialmente. Tras una movilización que clasificaron de «histórica», lanzaron un llamamiento a todos los sectores a «continuar y ampliar el movimiento» hasta lograr que el Gobierno retire el proyecto. «El silencio del presidente constituye un grave problema democrático», opinaron los convocantes, que exigieron ser recibidos con «urgencia». Los sindicatos anunciaron dos nuevas jornadas de manifestaciones para los días 11 y 15 marzo, coincidiendo con el examen del texto legislativo en la comisión parlamentaria mixta. La sexta jornada de movilización fue la más concurrida desde que el 19 de enero comenzaron las protestas. Según la Policía, 1,3 millones de personas se manifestaron en todo el territorio continental galo. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos, reivindicó la participación de 3,5 millones de trabajadores. El récord precedente se estableció el 31 de enero. Ese día también hubo baile de cifras: el Ministerio del Interior contabilizó 1,2 millones de asistentes, mientras que las centrales reivindicaron 2,8 millones de participantes.

El mayor encontronazo de la legislatura entre los dos partidos que conforman el Gobierno se hizo ayer realidad en el Congreso, en víspera de una fecha tan señalada y cargada de simbolismo para PSOE y Unidas Podemos como el 8-M y a menos de cien días para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. No por ser lo esperado la fractura evidenciada durante el debate de toma en consideración de la reforma del ‘sólo sí es sí’, que el PSOE logró salvar gracias al apoyo del PP, reviste menos importancia. El diputado del grupo confederal Javier Sánchez Serna llegó a admitir algo que hasta ahora los dos socios se resistían a considerar: que la decisión de los socialistas de modificar la norma estrella del Ministerio de Igualdad sin la conformidad de su principal responsable, Irene Montero, y con la ayuda de la derecha, puede tener consecuencias. «Habrá que reflexionar», dijo. Nadie había llegado a hacer una insinuación similar en el mes transcurrido desde que, tras ocho semanas de negociaciones infructuosas y apartadas de los focos entre Igualdad y Justicia, los socialistas dieron el paso de presentar la iniciativa con la que pretenden dar respuesta a la «alarma social» provocada por las más de 700 rebajas de condena de agresores sexuales contabilizadas por el Consejo General del Poder judicial desde el pasado octubre. El mensaje que se ha transmitido en todo momento, y en el que insistió desde la Moncloa la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, es el de que la coalición continuará. Y también el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, llamó a no dramatizar.