20230503

 La junta directiva de la patronal vizcaína Cebek, en reunión extraordinaria celebrada ayer, acordó por unanimidad proponer –como ya adelantó El Correo el pasado jueves– de forma oficial a Tamara Yagüe como candidata a presidir Confebask a partir de julio de este año. La decisión fue comunicada tanto a la actual presidenta de la organización empresarial Isabel Busto, como a los presidentes de las patronales guipuzcoana Adegi y alavesa SEA. A partir de esta elección, será el Comité Ejecutivo de Confebask en la próxima reunión a celebrar en el mes de junio, el que proponga al Consejo General de julio su elección por un mandato de cuatro años. La elección de la presidencia de Confebask se realiza por turno rotatorio por parte de las asociaciones empresariales vascas integradas en la misma, (Adegi, Cebek y SEA), a propuesta de éstas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y Máster en Asesoría Fiscal, Yagüe es directora general de Tecuni, empresa del sector eléctrico, y presidenta de la patronal del metal vizcaíno, FVEM. Ver nota Cebek. 

Las negociaciones del Metal de Gipuzkoa podrían estar llegando a su recta final toda vez que Adegi presentó ayer la que dice ser su «última propuesta» en la séptima reunión de la mesa negociadora. Un planteamiento que incluye novedades en salarios, subrogación y reducción de jornada y que ha cosechado valoraciones dispares entre los sindicatos. Así, mientras ELA aprecia «avances importantes», al igual que UGT, las otras dos centrales, LAB y CC OO, siguen viendo la propuesta «claramente insuficiente» y amagan con movilizaciones. El convenio regula las condiciones de más de 30.000 trabajadores. Adegi plantea subidas salariales en tablas del 5% para este año, del IPC más 0,7% en 2024 y del IPC para los dos siguientes ejercicios. En salarios reales –aquellos que cuentan con pactos en sus empresas por encima del convenio territorial– ofrece un incremento del 85%, cinco puntos más que en la propuesta anterior. La patronal también propone complementar el 100% del salario en las bajas por enfermedad profesional o accidente de trabajo, aunque deja fuera a los ‘in itinere’. Otra novedad que incorpora es una reducción de jornada simbólica de dos horas en 2025, de modo que la jornada efectiva se queda en las 1.695 horas. Y finalmente, también ha incluido el derecho a la subrogación para todo el personal subcontratado. ELA, que es el sindicato mayoritario con el 47,75% de representación en el sector, es la que hace una lectura más positiva de la propuesta de la patronal.

El comité de empresa de Laminaciones Arregui ha confirmado esta mañana la aprobación por parte de la asamblea de trabajadores del acuerdo alcanzado con la dirección para la firma de un nuevo convenio, con vigencia de cinco años, de 2022 a 2026. Tal y como han recordado el comité y el sindicato LAB en sendos comunicados, se da la circunstancia de que han transcurrido 17 años desde la firma del último convenio en la empresa y 14 años desde que este decayó, periodo de tiempo que para las plantas alavesas de Laminaciones Arregui -ahora integradas en el grupo Celsa Atlantic- ha estado salpicado de conflictos laborales y, de hecho, LAB recuerda que han atravesado tres ERE de extinción, seis ERTE y un proceso de despidos individuales. Según ha informado LAB, el nuevo convenio 2022-26, recoge cláusulas de blindaje (inaplicación y ultractividad), así como subidas fijas del 12,5% en total, "con una revisión del IPC acumulado cada dos años garantizando el 90%". También se ha acordado un incremento de las primas de producción, reducción de jornada, eliminación de categorías que suponían doble escala, regulación de la movilidad funcional o la referencia al Convenio del Metal de Araba en lo no recogido. LAB afirma en su comunicado que no es el convenio que le hubiera gustado, "ya que la actualización salarial no está ligada al 100% del IPC y la movilidad pactada le parece excesiva, ”pero tampoco somos ajenos a la realidad que se ha vivido en la empresa durante más de una década". "Cabe recordar que de ser una empresa que empleaba a más de 400 personas a la firma del último convenio, ahora no somos ni 100", añade este sindicato.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que las negociaciones para la firma de convenios no están rotas y ha pedido discreción para que pueda haber un acuerdo para la subida de los salarios. El representante de los empresarios ha apuntado que la campaña electoral condiciona la posición de los sindicatos. Garamendi ha negado que la patronal haya dado un portazo a las conversaciones, ha asegurado que "ya están subiendo sueldos" en los convenios concretos y ha puesto como ejemplo de que la negociación sigue que este mismo Primero de mayo hablara con Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) aunque sólo fuera para felicitarse el Día del Trabajo. "Nos vendría mejor que este año no fuera electoral", ha llegado a decir. "Los salarios están subiendo de hecho. Se siguen firmando los convenios. Estamos trabajando en ello y la discreción suele ser la clave. La mesa está abierta. No es cierto que nos hayamos levantado de la mesa, pero, en un momento dado, lo que planteaban los sindicatos no hemos podido aceptarlo. Seguimos trabajando", dice Garamendi. "El problema es cuando se te plantean máximos que no son posibles. Mientras se está negociando, la palabra discreción es la clave. Todos tenemos que ganar y ceder un poquitín. Llevamos firmados 17 acuerdos desde que yo soy presidente de la CEOE. Hace un mes hemos firmado un acuerdo importantísimo en España: el de salud y riesgos laborales. Es la base de que haya paz social y todos trabajemos por un futuro mejor para nuestro país". Escuchar entrevista aquí. 

La patronal CEOE ha respondido un día después a las amenazas sindicales de un otoño caliente con huelgas generalizadas en los sectores donde siga bloqueada la negociación de los convenios colectivos. Desde la CEOE aseguran que nunca se han levantado de la mesa de negociación del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). «Tenemos voluntad de subir salarios y cerrar un acuerdo», señaló a este periódico el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, aunque reconoció que no sabe si lo conseguirán. «Nosotros estamos hablando, dialogando con los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo de negociación colectiva. A partir de ahí, a ver si lo conseguimos», explicó el vicepresidente de la CEOE, que recalcó que la patronal «ni se ha levantado de la mesa ni está bloqueando nada». «La mesa está abierta y la discreción suele ser la clave». Sin embargo, puntualizó que el año pasado fue imposible el acuerdo porque lo que planteaban los sindicatos no podían aceptarlo. Lo que pedían desde CC OO y UGT era una subida mínima de los salarios del 13,84% en tres años: un 5% el año pasado, un 4,5% de incremento este año y un 3,75% el que viene. Además, los sindicatos propusieron cláusulas de revisión en función de los beneficios de cada empresa. La CEOE lo descartó al considerarlos «máximos no asumibles», ya que «la indexación de los salarios al IPC es prácticamente imposible».

El plan que está a punto de aprobar el Ejecutivo refuerza su papel frente a los ayuntamientos. Este documento, a cuyo borrador ha tenido acceso El Correo, determina qué suelos son los más idóneos para instalar parques de generación limpia. En el caso de Bizkaia alude a medio centenar de espacios naturales encuadrados en 42 municipios. En concreto, contempla 26 localizaciones para plantas eólicas y otras 23 fotovoltaicas. Una importante presencia si se tiene en cuenta que en el conjunto de Euskadi hay 110 parajes susceptibles de alojar aerogeneradores o placas solares en 92 localidades. En Araba, este borrador contempla 19 localizaciones eólicas y 23 fotovoltaicas. Es, precisamente, la energía solar la que fija su mayor desarrollo en el territorio alavés dadas las condiciones meteorológicas y las horas de sol respecto a Bizkaia y Gipuzkoa. Y en territorio guipuzcoano, son 19 las localizaciones seleccionadas, con 18 municipios afectados, en su mayoría en las denominadas zonas de viento. Doce de las zonas identificadas se destinarían a instalaciones de energía eólica y siete a energía fotovoltaica. Gipuzkoa es el territorio de Euskadi con menos áreas identificadas. 

«Contábamos con el marco regulatorio y una subasta pública convocada para fin de año, y no hay nada». Así explicó ayer en el Parlamento vasco el director de operaciones de Saitec, David Carrascosa, la situación que impide marcar los plazos para Geroa, uno de los primeros parques eólicos flotantes que se prevén en España. El proyecto de la ingeniería vasca contempla botar tres molinos de 15 MW cada uno a 10 kilómetros de Plentzia, pero sigue a la espera de la regulación que compete al Ejecutivo central. Por eso, «no se puede avanzar el cronograma». El responsable de la empresa compareció en la Cámara autonómica a petición de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para explicar la importancia de la energía eólica ‘off shore’ –aquella que se instala en el mar– y para la que el Gobierno de España ha reservado 100 kilómetros cuadrados en la costa vasca. Se trata de un área experimental para desarrollar proyectos de investigación, como la que actualmente tiene el Gobierno vasco frente al puerto de Armintza. Es aquí donde Geroa prevé lanzar este mismo verano su prototipo de 2 MW, que permanece varado en el Puerto después de que el año pasado se intentara por tres veces, sin éxito, su colocación. Con este modelo a menor escala se quieren probar mejoras para los molinos de 45 MW que se instalarán en el futuro.

 Las ventas de coches se mantuvieron al alza en abril, con lo que ya suman cuatro meses en positivo, si bien su ritmo de crecimiento se moderó de forma significativa. En Euskadi se matricularon 1.743 turismos el mes pasado, un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es muy inferior al 44% de marzo y también a los registrados en enero (16%) y febrero (9%), aunque confirma la recuperación en este arranque del ejercicio debido a que la mayor disposición de componentes ha permitido atender los pedidos acumulados. La suma entre enero y abril se eleva a 7.640 turismos, un 18% más que en el primero cuatrimestre de 2022. Una vez más las cifras de Euskadi son mucho más modestas que las del conjunto de España, donde el aumento fue del 8% en abril –74.749 vehículos– y de casi el 34% en el acumulado de lo que va de año, con 312.314 turismos. Pese a que los datos reflejan un buen comportamiento en este 2023, las ventas están aún muy por debajo del nivel que tenían en 2019, antes de la pandemia. En el caso de Euskadi se sitúan un 43% por debajo, lo que revela que aún queda mucho recorrido para la remontada. Las patronales del sector automovilístico español –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)– pusieron ayer el foco en esta diferencia con 2019. «Seguimos un tercio por debajo (en el conjunto de España). El comprador sigue teniendo inmensas dudas sobre qué coche comprar», apuntaron en Anfac.

La siderúrgica ACB de Sestao, perteneciente a la multinacional ArcelorMittal, ha retomado su actividad de forma intermitente en función de los pedidos y no se descarta que pueda volver a la normalidad con una producción continua a lo largo de este mismo año, tras permanecer parada nueve meses. La planta de Sestao, con una plantilla de alrededor de 250 trabajadores, llevaba sin actividad productiva desde julio del año pasado, cuando, tras la parada de mantenimiento no volvió a ser puesta en funcionamiento como estaba previsto. La parada ha estado motivada por la situación de un mercado caracterizado por una baja demanda y en el que no se atisbaba una recuperación que permitiera proceder a la reactivación de la planta. Sin embargo, fuentes de ArcelorMittal han indicado que se observa que hay una «mayor demanda» de acero con bajas emisiones de carbono, sector en el que la planta vizcaína tiene una oferta competitiva. «Sus emisiones de CO2 son bajas al ser una acería eléctrica y por las inversiones realizadas», subrayado desde la compañía. Por ello, el mes pasado se comenzó a trabajar de forma intermitente en la ACB, donde se está aplicando un ERTE. Según precisaron las mismas fuentes, aún no se realiza una producción de forma continua y todavía hay momentos en los que la factoría para en función de los pedidos que se van cerrando.

El horizonte económico sigue sin estar despejado, ni en la eurozona, en general, ni en España, en particular. Al repunte de la inflación en el conjunto del bloque se suma ahora el pinchazo de la actividad industrial. La producción manufacturera se contrajo el mes pasado en la eurozona por primera vez desde enero. Así lo reflejan los índices PMI de producción del sector manufacturero que publica S&P Global, que en abril cayeron hasta los 48,5 puntos en el conjunto de la eurozona frente a los 50,4 de marzo. Un retroceso de 1,9 puntos que interrumpe la tendencia expansiva de los últimos meses y devuelve al sector industrial al territorio de la contracción. “La condiciones operativas del sector manufacturero de la zona euro empeoraron en mayor medida al comienzo del segundo trimestre, ya que los volúmenes de producción registraron una contracción por primera vez desde principios de año”, resaltaron los expertos de S&P Global. Un tropiezo “bastante generalizado” en el bloque y al que no fue ajena la economía española. La disminución de los nuevos pedidos y el freno en el crecimiento de la producción, en el contexto de una desaceleración de la demanda, llevaron el PMI manufacturero español a zona de contracción tras caer de los 51,3 puntos en marzo a los 49 en abril. A pesar de ello, S&P destaca que la cartera de pedidos de la industria española sigue en cifras históricamente elevadas, lo que alimenta las expectativas de unos niveles de producción relativamente estables. En el conjunto de la zona euro, la producción también se resiente de una demanda “decreciente”.

La inflación repuntó ligeramente en la Eurozona en abril (7%) poniendo fin a una senda de reducción que acumulaba cinco meses de caídas. Los datos provisionales publicados ayer por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) muestran una subida de los precios de 0,1 puntos respecto a marzo. En el caso de España, los precios escalaron hasta el 3,8% (el dato adelantado por el INE la pasada semana era del 4,1%), un 0,5% más que en el mes anterior. La tasa de abril supone un revés que podría marcar las próximas decisiones del Banco Central Europeo (BCE), cuyo consejo gobernador se reúne mañana en Fráncfort. La estrategia del banco europeo, que ha aplicado subidas de tipos desde julio del año pasado para contener la espiral inflacionista, parece estar dando resultado. Los precios se han contenido sustancialmente desde entonces, pero siguen siendo más persistentes de lo esperado. En abril, la subida de los costes energéticos –que registraron un alza interanual del 2,5%– volvieron a inflar los precios. La nota positiva: los alimentos dieron un respiro y cayeron 4 puntos, hasta situarse en el 10%. La tasa subyacente, que preocupa especialmente a los expertos, también se contuvo en el 5,6%, dando su primer signo de moderación en nueve meses.

 No será a corto plazo, pero Estados Unidos entrará en recesión y Europa se quedará cerca. Es el pronóstico de Simona Gambarini, directora ejecutiva de Soluciones de Asesoramiento Estratégico para EMEA y Asia de Goldman Sachs Asset Management. La semana pasada viajó a Bilbao junto a su compañera Hania Schmidt, experta en tendencias de inversión mediante inteligencia artificial, para exponer su visión y su oferta de fondos a las entidades financieras vascas y a las gestoras de EPSV. "El año ha empezado mucho mejor de lo que se esperaba. Ha influido que China se ha reactivado muy rápido y eso beneficia especialmente a Europa. Otro factor positivo es que los precios de la energía han retrocedido después de un invierno suave. Todo ello ha hecho que mejoren las perspectivas para 2023. Sin embargo, los problemas bancarios reflejan que algo en la economía se está rompiendo y eso apunta a una recesión en EE UU, probablemente en el arranque de 2024...La probabilidad ha aumentado y según nuestros cálculos es del 60%. Es por lo que ha pasado en el sector bancario y porque la inflación sigue alta, lo que obliga a los bancos centrales a continuar elevando los tipos. Hay que tener en cuenta que el impacto de estas subidas se notan al cabo de un año o dos. Es otra de las razones por la que los riesgos se han incrementado. La probabilidad de una recesión en los próximos seis meses es baja, pero se eleva considerablemente más allá de ese periodo...Puede que Europa la evite porque el efecto positivo de China puede compensar la entrada de Estados Unidos en recesión. Pero el crecimiento será muy bajo. Se juntará el efecto del alza de tipos, la crisis crediticia y la incertidumbre de los precios de la energía, que podrían volver a repuntar...Hay dos opciones, si no hay recesión y la inflación sigue alta, los bancos centrales subirán más los tipos y al final habrá un parón. La segunda opción es una recesión y bajada de la inflación. Lo que está claro es que los bancos centrales van a evitar por todos los medios una estanflación, que es el peor escenario..."

Temor a un mayor riesgo de morosidad por parte de los bancos y mucha incertidumbre entre familias y empresas. Un cóctel explosivo que ha provocado un fuerte parón de la actividad crediticia en la zona euro en el primer trimestre y que amenaza con intensificarse a partir de ahora. Los bancos no quieren asumir riesgos y llevan tiempo siendo mucho más escrupulosos con el tipo de clientes a los que permiten endeudarse. Ponen más condiciones, exigen mejores perfiles y, en algunos casos, encarecen la oferta para asegurarse de que solo aquellos que pueden pagar con solvencia entrarán en su cartera. «El endurecimiento de los préstamos a empresas y para la compra de vivienda fue más fuerte de lo que esperaba el sector», reconoce el Banco Central Europeo (BCE) en su última encuesta de préstamos bancarios. El documento no deja lugar a dudas del impacto de la crisis de confianza bancaria en EE UU. Los expertos ya anticipaban que el ‘shock’ que se vivió en marzo con el colapso del Silicon Valley Bank –y que en Europa tuvo su reflejo en la caída de Credit Suisse– provocaría una desaceleración. Pero el parón ha sido incluso mayor de lo anticipado al coincidir el propio ciclo de subida de los tipos de interés, el debilitamiento de las perspectivas para el mercado inmobiliario y la caída de la confianza de los consumidores. «Las normas crediticias, es decir, las directrices internas de las entidades o sus criterios de aprobación a empresas se endurecieron sustancialmente», constata el banco central. En concreto, el porcentaje de entidades que reconoció ese endurecimiento de las condiciones se situó en el 27%. «Ese ritmo se mantiene en el nivel más alto desde la crisis de la deuda soberana en 2011», explica el BCE.

Los efectos de los elevados tipos de interés ya sacuden los cimientos de los mercados de crédito en Europa. La última encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE) revela un masivo descenso neto de la demanda de créditos hipotecarios por parte de las familias. El 72% de las entidades encuestadas por la autoridad monetaria ha detectado un descenso neto de la demanda de crédito, lo que supone el mayor registro, junto con el último trimestre del pasado año, desde que comenzara a elaborarse este estudio en 2003. El porcentaje de bancos que han visto cómo las familias limitaban su apetito por las hipotecas supera con creces incluso al registrado durante la crisis financiera global de 2008, cuando el mercado inmobiliario estaba casi completamente paralizado. “La baja confianza que tienen los consumidores y las débiles perspectivas del sector inmobiliario han pesado sobre la demanda de crédito. Sin embargo, por tercer trimestre consecutivo, el elevado nivel general de los tipos de interés ha sido el principal factor negativo”, explica el BCE en su estudio. La demanda para la compra de viviendas ha caído de forma sustancial en las cuatro principales economías de la zona euro, con descensos calificados de “muy significativos” en Alemania, España y Francia.

La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), hasta el 3,5% y a niveles no vistos desde 2008, ha atrapado a las entidades financieras españolas con 32.900 millones de euros de créditos fallidos vinculados al ladrillo en su cartera, según datos a cierre de 2022 de la EBA (Autoridad Bancaria Europea). Se trata de un 15% menos que hace un año, pero los bancos se enfrentan ahora a la incertidumbre de cómo afectará el incremento del coste del dinero y la incertidumbre económica a la tasa de morosidad en los próximos meses. De esa cifra de exposición al ladrillo, 21.100 millones corresponden a hipotecas dudosas, obviamente con el colateral de la vivienda, lo que supone un 17,9% menos. Además, otros 9.800 millones de estos non performing loans (NPL, en inglés y en la jerga del sector) son de préstamos a pymes con garantía de inmuebles terciarios, un 5,8% menos. Y, por último, 2.000 millones en dudosos de empresas inmobiliarias, un 23,1% menos. En el conjunto de préstamos fallido, España suma 75.500 millones, un 8% menos comparado con el final de 2021. Estos datos muestran que España es de nuevo el segundo país de los 30 bajo la supervisión de la EBA con un mayor stock de mora, el 21% de los 357.400 millones de la zona euro, solo por detrás de Francia, que tiene el 31,2% del conjunto europeo de fallidos, según un estudio de las consultoras Gloval y Prime Yield. Estas últimas cifras incluyen tanto créditos con colateral inmobiliario como los conocidos como unsecured o sin garantía en activos ligados al ladrillo (como es el caso de los préstamos al consumo).

Las horas trabajadas en España se dispararon el primer trimestre del año hasta cifras no vistas desde antes de la Gran Recesión: 660 millones semanales. La economía encarrila una de las asignaturas pendientes tras la pandemia, ya que el tiempo efectivo de trabajo no se recuperaba al mismo ritmo que el empleo. Las horas que trabajan efectivamente los trabajadores han sido la asignatura pendiente de la economía española en la recuperación de la pandemia. Por más que mejorase la ocupación en número de trabajadores, las horas que hacían en su conjunto se quedaban muy por detrás. Había más ocupados, pero se producía durante menos horas en total. Y eso ha sido así desde que comenzó la pandemia debido a que ha habido más bajas por enfermedad, más días libres tomados por vacaciones y, sobre todo, una recomposición del empleo hacia sectores, como el público o los servicios, en los que se hacen menos horas de media. Este fenómeno explica la brecha que existe entre los buenos datos de empleo de la economía española y los menos buenos de PIB y, por lo tanto, el retraso de la economía española a la hora de recobrar los niveles de actividad precovid. Hasta este primer trimestre de 2023.

Repsol, la mayor petrolera española, ha dado un nuevo salto en su carrera por ganar clientes en el mercado eléctrico y de gas y prepara la compra de CHC Energía, el mayor comercializador de luz en España independiente de las grandes eléctricas. Fuentes del sector indican que Repsol ultima la compra del 50,01% de CHC, con lo que tendría el control de este grupo. Sería la mayor compra de una compañía eléctrica por parte de Repsol desde que en 2018 acordó la adquisición de Viesgo (entonces la cuarta gran eléctrica en España). Viesgo tenía 750.000 clientes y fue el punto de partida en la estrategia de Repsol para mutar desde una simple petrolera a una compañía multienergía de carburantes, luz y gas, una transformación que también llevaba aparejada su reconversión hacia la descarbonización y las renovables. CHC cuenta con unos 350.000 usuarios. Las mismas fuentes indican que la valoración que se ha hecho del 100% estaría en una horquilla de entre 150 millones y 200 millones de euros, dependiendo de una serie de parámetros e hitos a cumplir a futuro. Desde la compra de Viesgo, Repsol ha crecido con campañas comerciales propias, otras adquisiciones menores y acuerdos de comercialización. En marzo de 2021, compró Gana Energía con 37.000 clientes; en febrero de 2022, se hizo con la cartera de clientes de Capital Energy (21.000).

El Gobierno reforzará el control de las contribuciones empresariales a los planes de empleo colectivos. Su objetivo es poder contrastar y controlar que las empresas no defraudan y aplican correctamente las reducciones de cotizaciones sociales, y otras compensaciones, por invertir en la previsión de sus empleados. Así se regula en el Real Decreto Ley de la reforma de las pensiones, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de marzo. La polémica norma que, entre otras cosas, contiene una fuerte subida de las cotizaciones sociales para las empresas y los trabajadores, con el fin de financiar el sistema de pensiones hasta el año 2050. Y también incluye una ampliación del período de cotización obligatorio para calcular la cuantía de la pensión, desde los 25 a los 29 años, con la posibilidad de desechar dos años. Precisamente, según la norma, a partir del pasado 1 de enero, las empresas tienen derecho a una reducción mensual de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, “exclusivamente” por el incremento en la cuota que derive directamente de la aportación empresarial al plan de pensiones en los términos siguientes: el importe máximo de estas contribuciones a las que se aplicará una reducción del 100% es el que resulte de multiplicar por trece la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para dicha cobertura. Es decir, 505,57 euros. A esta cantidad se le aplica el tipo del 23,6%, que corresponde a las empresas, lo que supone una cuantía maxima de contribución al plan de pensiones de 119,31 euros. Finalmente, la reducción mensual de cotización de la empresa será el resultado de aplicar a esos 119,31 euros el tipo del 23,6%. Es decir, de media las empresas podrán reducirse la cotización por trabajador y mes en 28,16 euros.

Las capacidades de la inteligencia artificial (IA) generativa, aquella con la habilidad de crear respuestas basándose en su aprendizaje anterior y en las órdenes del usuario sobre lo que quiere recibir, han ido quedando cada vez más claras desde la primera exhibición de músculo de ChatGPT, a finales de noviembre de 2022, En cambio, no ha sido así con el alcance de sus implicaciones. Con el paso del tiempo van surgiendo nuevas estimaciones de hasta qué punto la IA puede cambiar el mundo, tal y como lo conocemos. En una cuestión clave como la del destino del mercado laboral, los expertos en la materia auguran una revolución que tendrá su parte positiva y negativa. Por un lado, la IA prevé ser una gran ayuda a la hora de acometer diversas tareas. Por otro lado, pende como una espada sobre millones de puestos de trabajo. A finales de marzo, en un informe titulado Los enormes potenciales efectos de la inteligencia artificial en el crecimiento económico, Goldman Sachs calculaba que, tanto en Estados Unidos como en Europa, uno de cada cuatro empleos (el 24% en la UE) desaparecerán por el efecto de esta tecnología. En los países emergentes, el impacto sería menor por no tener tanta capacidad de incorporación de la tecnología. En términos globales, el 18% de los puestos de trabajo del Planeta son susceptibles, según el banco, de ser sustituidos por completo por una IA. Esto implicaría que unos 300 millones de empleos estarían en peligro de automatización.

Geoffrey Hinton, considerado a menudo como el ‘padrino de la inteligencia artificial’, ha anunciado su salida de Google, donde ejercía como vicepresidente de ingeniería. Descontento con el rumbo que está tomando la última generación de herramientas, ha advertido de los riesgos que estas conllevan para la humanidad. El experto británico, ganador este mismo año del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, ha dejado el famoso buscador para poder hablar de estos peligros sin que afecte a la empresa, que considera que «está actuando de manera responsable». La dimisión de Hinton se une a la carta publicada hace unas semanas por varios expertos en la que se pedía una moratoria en el desarrollo de programas como ChatGPT. «Los potentes sistemas de inteligencia artificial solo deberían desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos controlables», decían. Geoffrey Hinton, de 75 años, anunció su decisión en una entrevista concedida este lunes al ‘New York Times.’ En la misma reconoce que será difícil evitar que estos programas que él ayudó a desarrollar se utilicen con fines perjudiciales. «Me consuelo con la excusa habitual: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro», se justifica. Entre los riesgos inminentes, destaca que internet se inunde de textos, fotos y vídeos falsos que los ciudadanos no sean capaces de distinguir de los elaborados por un ser humano. A decir de otros expertos, esto puede suponer también un peligro para la propia democracia, ya que permite generar ‘fake news’ con enorme facilidad y con ello, manipular a la opinión pública.

La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Yellen envió el lunes una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes urgiéndoles a que aprueben o suspendan el techo de deuda. Si no lo hacen, el Gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio. La batalla política está servida. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, quieren imponer al Gobierno de Joe Biden recortes a cambio de aumentar el techo de deuda, pero sin cargar con la impopularidad de decir cuáles. Además, exigen que Biden derogue algunas de sus medidas estrella de la mitad de su mandato. Han aprobado una proposición de ley en ese sentido, aunque no tiene ningún futuro en el Senado, controlado por los demócratas.

Las imágenes son claras. Una mujer del servicio de protocolo sujeta por la cintura al ministro cuando se dispone a subir a la tribuna, mientras franquea el paso a la ministra de Defensa y a Feijóo. El veto de Ayuso a Bolaños, que ya estaba advertido de que no sería bien recibido en la fiesta de Madrid, eleva al máximo la tensión entre el Gobierno de la Comunidad y la Moncloa en plena carrera electoral del 28-M. El choque de trenes que vienen protagonizando el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reventó ayer, festividad del 2 de mayo, el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid. Moncloa cumplió con su envite y envió a Félix Bolaños, sin invitacion formal, a la recepción en la Real Casa de Correos y la Puerta del Sol respondió al desafío lanzado dejando claro que el titular de la Presidencia era persona ‘non grata’. Tras las descalificaciones y ataques mutuos de los días previos por la «autoinvitación» del ministro, el Gobierno autonómico optó por guardar las formas y disponer una silla para Bolaños en primera fila, al lado de su compañera de Gabinete Margarita Robles. Pero la cortesía se limitó exclusivamente a esas cuatro paredes. Una vez que el acto se trasladó al exterior para seguir el desfile militar y la tradicional ofrenda floral a las puertas de la sede del Ejecutivo madrileño, el equipo de protocolo de la Comunidad impidió a Bolaños su acceso a la tribuna de autoridades, donde sí hubo espacio para Robles y para Alberto Núñez Feijóo en su condición de jefe de la oposición. En el momento en el que el ‘hombre fuerte’ de Moncloa intentó acceder por la escalerilla, Alejandra Blázquez, la jefa de protocolo, y otra empleada de la Administración regional, le cortaron el paso conminándole a «cumplir con la normativa» mientras el equipo de Bolaños replicaba que «como ministro de España» tenía que subir junto al resto de autoridades.