20231119

Entrevista con Lander Arteche Presidente de Elkargi Está convencido de que hay pulso inversor en Euskadi, aunque algo amortiguado por la acumulación de incertidumbres. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, se especializó en finanzas en varias compañías de ámbito internacional y en 1997 se incorporó a la empresa familiar de la que es vicepresidente –él representa la tercera generación de una compañía que está en Bolsa pero controlada por la familia– y tiene por ello una sensibilidad por la industria. Optimista, solo le ve ventajas al País Vasco. " Hay cierta ralentización en la actividad económica, pero no soy muy pesimista. Una cosa es el coste del dinero y otra el recurso al endeudamiento. Hay que tener en cuenta que venimos de una época en la que ha habido exceso de endeudamiento porque era barato. Pero un alto porcentaje de la gestión que nosotros hacemos está dirigida a la inversión y eso significa que hay proyectos, hay actividad...Estamos en un periodo de esperar y ver. La incertidumbre en la que vivimos con la inflación y las crisis en Ucrania, Oriente Medio… Las empresas están con las orejas como un pointer (perro de caza inglés ) intentando analizarlo todo. Pero cuando los proyectos son interesantes no se dejan para siempre en un cajón...No tengo la sensación de que las empresas vascas estén decididas de una forma generalizada a trasladar sus inversiones a otro sitio, al margen de las decisiones que se tienen que tomar para estar en otros mercados y que son obligadas. Pero en torno a este tema hay que defender que cuanto más cercana es la decisión, mejor...Lo lógico es que las inversiones se produzcan en nuestro entorno, porque es el tejido que conocemos y porque la cercanía nos va a condicionar. La lógica indica que la inversión mayoritaria va a estar en Euskadi, pero tampoco podemos cerrarnos a inversiones fuera...En torno a la conflictividad está claro que hay una presión diferente por parte de los sindicatos, pero la voluntad de todas las empresas que conozco es negociar. Tengo la sensación de que los sindicatos actúan como empresas en este campo. Y el absentismo sin duda es un problema, no es bueno y es un asunto en el que habrá que tomar medidas...Es cierto que el tamaño importa y cuanto más grande eres puedes ser más saludable, pero hay que buscar el tamaño idóneo para cada caso. Hay empresas a las que les molesta tener como proveedor a una compañía más grande que ellos y también hay que reconocer que muchas pequeñas tienen una capacidad de reacción más ágil que las grandes. Generalizar no es bueno..."

El presidente de Elkargi, Lander Artetxe, pone en valor la figura del empresario y asegura que «la idea de ganar millones está muy lejos de la realidad». "La realidad de los números en Euskadi es mejor de lo que estaba previsto, aunque los tiempos convulsos en los que nos movemos obligan a trasladar una perspectiva de incertidumbre y de estar gestionando siempre riesgos y oportunidades. Una de las cosas que más nos preocupa es cómo podemos ser un instrumento de ayuda para esa realidad, en la que conviven empresas con circunstancias distintas. Muchos de nuestros socios son pymes, a veces las que más sufren; tenemos que acompañarles, formarles, ayudarles... Eso no quita para que sean competitivas y ágiles, que lo son. Lo que pasa es que quizás no acceden a servicios a los que sí llegan las grandes, las primeras a las que se ofrece productos innovadores...Tenemos unos 80 millones en proyectos de inversión, muchos de ellos vinculados a financiación alternativa que implica diversificación. También es verdad que hay más restricción al crédito y las empresas son conservadoras, pero no deja de haber proyectos. Quizás son más prudentes. Probablemente lo que ha habido es una aceptación de un escenario de tipos que se va a quedar ahí un tiempo. Yo creo que vamos a estar dos años con tipos altos, que irán bajando progresivamente al 4% o 4,7%. Lo de antes, con tipos negativos, era antinatura. Eso generaba una bola de financiación excesiva. Las empresas se van a adaptar a esta realidad como lo han hecho a otras mucho peores...Soy optimista. Y el tejido productivo vasco gestiona la incertidumbre muy bien. Si hay que invertir se invierte y si se ha de cancelar deuda, se hace. Y soy consciente de la realidad de países como Francia o Alemania, destino de nuestra exportación. Piense que son muy exigentes y no es tan fácil sustituirnos...-¿Comparte la idea del maltrato al empresario?–Sí (rotundo). Claramente. Hasta nos han cambiado de nombre y somos ‘emprendedores’. Ser empresario es tener una responsabilidad y unas obligaciones enormes, con tus trabajadores, con tus proveedores y con tus clientes. Sabiendo que estás generando empleo y riqueza social escuchas cosas como que «está ganando millones», bastante alejado de la realidad. Y son igual de empresarios los autónomos, las pymes y las grandes...Los momentos en los que a Euskadi le ha ido bien, y pienso en el tejido empresarial, ha sido cuando hemos sabido, podido y querido gestionar nuestras herramientas fiscales, el Concierto Económico. Tenemos todo para poder hacer atractivo el proyecto Euskadi a nivel empresarial a muchísimas empresas. Eso no significa dejar de pagar, eso implica pagar lo que tengas que pagar en cada momento, consciente de las realidades sociales del país. La fiscalidad tiene que servir para evitar deslocalizaciones, salidas de empresas y de centros de decisión del país..."

Continuación de la entrevista con Lander Artetxe. "–Arteche es una de las pocas cotizadas vascas. ¿Hacen falta más?–Creo que sí. Diversificación financiera, cuanta más, mejor. Hay mercados en donde las pequeñas cotizadas pueden vivir, como el BME Growth, que puede resolver muchos problemas de empresas familiares. Y vuelvo al arraigo. Puede atender necesidades puntuales en momentos puntuales. Es un mercado que tiene un tamaño perfecto para encajar proyectos que hay en Euskadi. Hay muchas empresas que nos han preguntado cómo adaptar su realidad a un proyecto de salida a Bolsa en un mercado pequeño, transparente y con rigor como es Growth. Sí creo que sería bueno que hubiera más. Todos saldríamos beneficiados...Le diría que lo que hay que hacer es darle la vuelta al argumento y decir que es una potencial solución para generar arraigo. No lo veo incompatible. Es justo lo contrario. Puedes mantener el arraigo, que se puede encontrar en muchos sitios. Es otra herramienta. La Bolsa tiene esa imagen de tirantes, chistera y puro que no deja de ser una especie de comedia; muchas veces es una herramienta que te permite resolver problemas de arraigo. Así no tienes que depender de fondos que entran para salir en cinco años. Las acciones del inversor más grande tienen los mismos derechos que las del más pequeño...La falta de talento es ‘el problema’. Tenemos que integrar y formar a gente de fuera que compense lo que no tenemos, que es gente. Tenemos que hacer muchas cosas. Yo lo que quiero es tener gente, y también gente que vuelva. Vivimos en un buen sitio y estamos muy cerca de los proyectos, los centros de decisión están aquí mismo. A las Administraciones hay que pedirles que homologuen los títulos extranjeros; ya lo hacen"

Como sucedió con los saltos que propiciaron la máquina de vapor o internet, la era que eclosiona ahora estará marcada por el desarrollo de una tecnología clave: la Inteligencia Artificial (IA). Impulsada por ámbitos como el ‘big data’ o la computación cuántica –datos y potencia de computación–, va a tener un profundo impacto en la Humanidad. «Va a ser la mayor revolución que vivamos», avanza Josu Bilbao, director de Electrónica y Tecnologías de la Información y la Comunicación del centro tecnológico Ikerlan. «La pregunta ya no es qué sectores va a cambiar sino cuál no», añade Laura Marrón, directora general de BAIC, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. La gran incógnita, como sucede con toda tecnología disruptiva, está en si su despliegue va a ser netamente positivo para todos o si, como sostienen algunos científicos, pone en peligro nuestra propia supervivencia. La mayoría se decanta por la primera opción. Pero nadie oculta que existen riesgos. «¿Qué haremos cuando tengamos entre manos algo que sea mucho más inteligente que el más inteligente de los humanos?», se preguntaba Elon Musk. Ana Herrán, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Deusto, está convencida de que cualquier respuesta que se dé tiene que llegar dentro de un marco legal que proteja los derechos y los intereses de la ciudadanía. «Es esencial que la Inteligencia Artificial tenga un desarrollo ético. Que sea una herramienta al servicio de las personas y no para sustituirlas», analiza, señalando que el mundo debería buscar un consenso en el marco de Naciones Unidas para redactar una convención que evite los desmanes. «Hay que generar confianza en las personas y en las empresas», sentencia. «Tenemos un ecosistema de gran valor. En torno al 10% del desarrollo de la IA en Europa se da en España, y, de ese porcentaje, Euskadi acapara en torno al 25%. Desde fuera se nos mira con envidia, sobre todo porque existe una buena colaboración público-privada en la que están involucradas universidades, parques tecnológicos y empresas», comenta Bilbao, que ya aprecia ‘campeones ocultos’ también en el sector de la IA vasca.

Euskadi necesita de la solidaridad del resto de España y las transferencias del Estado para pagar sus pensiones porque con los ingresos de las cotizaciones no le da. En concreto, el agujero entre las cuotas abonadas en 2022 y las prestaciones contributivas rozaba el año pasado los 3.700 millones, según la estadística del Ministerio. No obstante, algunas fuentes académicas lo elevan incluso a 4.000 millones. Son cifras que han vuelto a salir a la palestra ahora, tras el acuerdo del PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que contempla culminar en un «plazo máximo de dos años» el proceso de las 28 transferencias pendientes contempladas en el Estatuto de Gernika, incluida la polémica «gestión del régimen económico de la Seguridad Social», que el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, quiso destacar en la firma del pacto. El déficit, derivado de unos ingresos por cotizaciones de 7.410 millones en el año y unos gastos de 11.095 millones, no ha parado de crecer (en 2013 era de 2.100 millones) y lo seguirá haciendo en los próximos años debido al acusado envejecimiento de la población vasca, que encima disfruta de las pensiones más altas de toda España. Aunque en Euskadi el desequilibrio es especialmente grave, la mayoría de comunidades presenta desajuste, con la excepción de Madrid y Baleares, y el agujero se está tapando con transferencias del Estado. Estos datos muestran cómo el País Vasco es uno de los grandes interesados en preservar lo que se denomina la caja única de la Seguridad Social, un sistema blindado por la Constitución en virtud del cual las cotizaciones van a un fondo con el que se pagan las pensiones según marca la legislación, de forma que se garantiza la igualdad entre todos los españoles. Lo que el Gobierno vasco reclama y está recogido en el Estatuto de Gernika es «la gestión del régimen económico», una aspiración que ya en su día el vicelehendakari Josu Erkoreka resumió con la idea de mantener la caja única pero abrir un «cajero» en Euskadi. Así las pensiones irían con el sello del Gobierno vasco por mucho que procedan del ‘bote’ común y estén financiadas por el Estado.

Salvo Madrid y Baleares, todas las comunidades autónomas presentan déficit en las pensiones puesto que los ingresos por cotizaciones no cubren los gastos. Pero en el caso de Euskadi el agujero es más profundo por el envejecimiento de la población y las altas pensiones de los jubilados. Así, su desfase de 3.700 millones en 2022 supone más de 13% del total nacional, que se eleva a 27.695 millones de euros. Para hacer frente al déficit, el Ministerio encabezado por José Luis Escrivá, a través de las reformas aprobadas, ha ido cubriendo una mayor parte del desfase mediante transferencias del Estado, financiadas con los impuestos, con el argumento de que se trata de gastos impropios del sistema. En 2022 los traspasos para sostener el sistema estricto de las prestaciones contributivas sumaron 25.446 millones de euros, según destaca un reciente informe de José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Euskadi no está asumiendo está carga, según coinciden los expertos. «No está incluida la parte proporcional en el Cupo porque cuando se pactó en 2022 para el próximo quinquenio no se introdujeron cambios respecto al anterior lustro y se mantuvo la cantidad, con 1.467 millones de euros», apunta Miguel Ángel García, investigador de Fedea. Mientras tanto, el déficit vasco de las pensiones no para de crecer. En la última década el gasto en pensiones ha aumentado un 39%, mientras que los ingresos por cotizaciones solo lo han hecho un 26%.

Entrevista con Nerea Lupardo, directora general del Euskalduna. Se congratula de cerrar el mejor ejercicio de la historia y garantiza las «inversiones necesarias» para 2024 «porque el centro tiene ya 25 años». "Si en 2022 los congresos subieron un 65%, no olvidemos que arrastrábamos las secuelas de la pandemia, este año hemos incrementado los ingresos un 30%. Para que se haga una idea, el pasado septiembre marcamos un récord mensual en la historia del Palacio, desde 1999, con un millón de euros de ingresos. Vamos a cerrar 2023 con más ingresos que nunca, cerca de 8 millones frente a los 7,5 del anterior techo...Tenemos cifras de casi un 27% en materia corporativa. Y de un 21%, algo nada desdeñable, en eventos de inclusión y accesibilidad. Los dedicados a talento y emprendimiento representan otro 7%. Constituyen nuevas maneras de fomentar el desarrollo económico. Y se están estabilizando, aunque ahora parezcan cifras simbólicas, los tecnológicos y los relacionados con la igualdad, sostenibilidad y la diversidad, que hace poco eran prácticamente inexistentes...Este año hemos hecho 28 eventos y el que viene serán más. Tenemos ya cerrados algunos para 2026. El pasado fueron 21 y seguiremos subiendo, pero nuestro objetivo primordial no es tanto el número como que movilicen una mayor cifra de asistentes..."

“Entra dentro de la normalidad en Vitoria”. Así de contundente se muestran delegados de ELA del comité con la decisión de la dirección de Michelin de reducir la producción en 3.000 toneladas y desactivar turnos de trabajo a 573 operarios en el puente de diciembre. La medida afectará al producto semiterminado de los talleres de goma e hilo o refuerzo metálico, que son los que abastecen de materia prima a los talleres grandes de turismo y rueda gigante de la fábrica que emplea a más de 3.500 operarios. “Lo que han decidido es cerrar dos talleres pequeños de componentes de goma y refuerzo metálico en el puente de diciembre, pero es que el resto no trabajará, una medida que no es una excepción ni responde a una falta de confianza como dice la dirección”, han querido explicar desde ELA. Remarcan que con la flexibilidad que recoge el convenio, el bolsín de horas y el calendario variable es “perfectamente asumible la desactivación de algunos turnos de trabajo por parte de los 573 operarios afectados de tres o cuatro equipos”. “Lo que sucede es que la dirección de Vitoria sigue con su política del miedo y no asume que la plantilla ha votado y ha tomado una decisión histórica, que es salir del comité intercentros y negociar aquí sus condiciones laborales”, apuntan delegados de ELA.

El Gobierno prevé que el Estado permanezca un plazo máximo de 15 años en el capital las empresas dedicadas a los microchips en las que invierta a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en el punto de mira el obtener una mayor presencia en las empresas estratégicas del país y ahí la Sepi y el llamado Perte Chip juegan un rol clave para contentar al ala más a la izquierda del Gobierno. «La Sepi y sus empresas públicas (...) no pueden seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda. Eso sencillamente es no poder practicar una política industrial firme», aseguró la propia Yolanda Díaz el pasado miércoles en el debate de investidura en un claro llamamiento a que la sociedad pública desempeñe un rol más intervencionista en la economía. Más allá de la posible entrada en el capital de Telefónica, uno de los movimientos que lleva más de un año fraguándose consiste en que la Sepi juegue un rol central a la hora de dotar de una nueva dimensión al sector de la microelectrónica y los chips en España. Para ello, el Ejecutivo creó la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS), dependiente del holding público. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya incluían un préstamo de 800 millones de euros para que esta sociedad comenzara su actividad. Sin embargo, este ente está teniendo una puesta en marcha lenta y no exenta de problemas, sin que se le conozca ninguna inversión realizada o apalabrada hasta la fecha. De hecho, según los calendarios que maneja el Gobierno, sus primeras actuaciones podrían demorarse hasta la primavera de 2024, dos años después del anuncio del Perte por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según los documentos técnicos consultados. 

El Estado asumirá una cuantía milmillonaria de deuda de las comunidades autónomas en virtud de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con ERC para lograr el apoyo a su investidura. Esta será una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno, según fuentes del Ministerio de Hacienda, y no necesitará la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque tampoco se descarta. ¿Cuál será la cantidad condonada? En el acuerdo con ERC ya se establece que a Cataluña se le perdonarán 15.000 millones de euros, que asumirá el Estado, el 20% de lo que aún debe a la Administración Central. El sistema que va a seguir el Gobierno para definir cuánta deuda asume de cada comunidad tendrá como referencia el incremento experimentado entre 2007 y 2014 en cada autonomía, al entender que gran parte vino forzada por la crisis financiera y que las autonomías no recibieron por parte del Estado el apoyo que sí se ha producido con la crisis de la covid. En la pandemia del coronavirus, los gobiernos llegaron con la lección aprendida y aprobaron ayudas para paliar la crisis; la Comisión Europea suspendió la aplicación de las reglas fiscales y el BCE bajó los tipos de interés y compró deuda pública sin limitaciones. Pero con la crisis financiera y económica de 2008, que se prolongó varios años, primaron las medidas de austeridad. La recaudación impositiva se desplomó al hundirse la economía y las comunidades autónomas tuvieron que endeudarse para cubrir el coste de los servicios públicos. De 2007 a 2014, la deuda de las comunidades autónomas de régimen común se incrementó en 165.155 millones de euros. Cataluña fue la autonomía que más aumentó su endeudamiento al pasar de 15.776 millones a 64.466 millones (casi 48.700 millones de subida), seguida de la Comunidad Valenciana, que aumentó 25.500 millones hasta los 37.422; y Andalucía, con un incremento de 22.196 millones hasta los 29.373 millones. En promedio, la deuda se multiplicó por 3,7 veces, aunque la comunidad donde más creció fue Murcia, que la multiplicó por 10 hasta los 6.838 millones.

La red que mantiene en La Moncloa a Pedro Sánchez es extensa pero está tejida con hilos frágiles, los de la profunda «desconfianza» que los aliados y los propios socialistas asumen sin rubor. ERC avisó de su capacidad «de obligar» al Ejecutivo a hacer realidad sus exigencias, incluido un referéndum al que se ha apuntado también el lehendakari Urkullu. El PNV hará cumplir todos los compromisos, Junts ha advertido que no quiere la lista de compra, sino el «supermercado entero», y Bildu se ha mostrado más comedida, pero todos los socios han dejado claro que dejarán caer el Gobierno si incumple algo. Lo único que de verdad se sabe es que en un año no tendremos elecciones». Los socios de Pedro Sánchez tiran de ironía para predecir cuánto durará la legislatura que acaba de comenzar en mitad de una fractura política y social inédita, quizás, desde los tiempos de la guerra de Irak. La Constitución impide a un presidente de Gobierno en plenas facultades disolver las Cortes Generales en sus primeros doce meses de mandato. Es la única certeza sobre una legislatura de alto voltaje, dinamitada desde su inicio por la amnistía general al ‘procés’, y construida, paradójicamente, sobre una de las mayorías más amplias de la democracia, 179 votos, doce más de los que amarró el presidente hace cuatro años. Una red de seguridad extensa, sí, pero tejida con hilos frágiles, los de la profunda «desconfianza» que los aliados y los propios socialistas asumen sin rubor. «Ni ellos se fían de nosotros, ni nosotros de ellos», admitió Félix Bolaños cuando le preguntaron por la inclusión de un verificador para certificar el cumplimiento de los acuerdos con Junts. Los independentistas catalanes ya han dejado claro que apretarán las tuercas al Gobierno desde el minuto uno. 

"El inicio del ciclo político coincide con una fase de debilitamiento de la economía, en un contexto internacional incierto, pero no exento de oportunidades. El crecimiento pierde vigor, como evidencia la leve caída de la afiliación registrada en lo que va de mes (cerca de 17.000 afiliados menos en términos mensuales y desestacionalizados). Si bien el periodo navideño suele ser positivo para el consumo, cabe esperar un crecimiento escuálido en el último trimestre del año. El principal lastre proviene del entorno europeo, con una locomotora alemana parada, que no acaba de asimilar la desconexión del suministro ruso ni la necesidad de reducir su dependencia de China, ante una política económica titubeante. Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento en la eurozona de apenas el 0,6% para este año, con siete países en negativo. Tampoco ayuda que los socios europeos estén compitiendo en subvenciones para atraer inversión o ganar competitividad de manera espuria, los unos en detrimento de los otros. Es dudoso que la inyección de más de 700.000 millones de euros de dinero público en concepto de “ayudas de Estado” (según los registros de la Comisión para este año) mejore para nada el potencial del conjunto de la UE. La buena noticia es que la desinflación parece afianzarse, merced de la moderación de los precios del petróleo y de los salarios, con dos consecuencias. Una, los hogares podrían recuperar algo de poder adquisitivo, siempre y cuando el mercado laboral siga aguantando. Dos, la desescalada del IPC, junto con la atonía de la demanda, aconsejan una pausa en la subida de tipos de interés por parte del BCE, y posteriormente una posible relajación. Esto da alas a la Comisión para pronosticar una recuperación de la eurozona: el crecimiento se duplicaría hasta el 1,2%. La hipótesis de los expertos de Bruselas parece optimista, pero no es inverosímil..."

Las calefacciones europeas del futuro encierran una certeza y un puñado de incertidumbres. Se sabe, a ciencia cierta, que no serán de gas fósil, el combustible que hoy domina —a gran distancia del resto— en países como España pero que pasará a mejor vida en las próximas décadas. Por el bien de todos. Lo que se ignora, y es la pregunta del millón, es cómo se alimentarán: si el mercado, como parece, se encaminará a las llamadas bombas de calor —sistemas de climatización ultraeficientes y alimentados con electricidad—; o si, por el contrario, se impone el biometano para alimentar las calderas actuales. Una disyuntiva que deja en disputa un jugoso pastel, valorado en miles de millones de euros, entre compañías eléctricas y gasistas. La pugna apenas comienza ahora, pero el partido parece claramente decantado a favor de las bombas de calor, también conocidas como aerotermia. No solo porque son entre tres y cinco veces más eficientes que sus competidores fósiles, según las cifras de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés), sino porque también ofrecen la posibilidad de enfriar el ambiente —una necesidad cada vez más imperiosa en los meses de verano—. Y porque el camino hacia la generación de electricidad renovable está bien pavimentado: la fotovoltaica más que triplicará su potencia instalada de aquí a 2030 y la eólica se duplicará, según las proyecciones oficiales. Aprovechar toda esa nueva capacidad de esa producción depende, en gran medida, del despliegue masivo del coche eléctrico y de esta nueva alternativa de climatización. También porque el propio mercado europeo rema en esa dirección: la invasión rusa de Ucrania, y el consecuente cortocircuito sobre las importaciones comunitarias de gas natural, ha sido el argumento definitivo para más de tres millones de hogares hayan dado el paso definitivo hacia las bombas de calor, un 40% más que un año antes. En muchos casos, completando la instalación con paneles solares en el tejado para abaratar aún más la factura eléctrica.

Miles de personas, unas 170.000 según Delegación de Gobierno y un millón para la organización, volvieron a salir a la calle ayer en Madrid contra la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. La cita, convocada por más de cien asociaciones de la sociedad civil bajo el lema ‘No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación’, llenó la plaza de Cibeles y sus alrededores con el objetivo de manifestarse «por la libertad, la unidad y la igualdad». La concentración contó con la asistencia de los líderes del PP, Vox y Ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo aseguró ante los medios que «las alertas de la democracia están encendidas». «Allá el Gobierno y sus socios», advirtió, «pero humillar a un país y cometer un fraude en el que se vota una cosa en las urnas y se hace otra en el Congreso, lo vamos a denunciar siempre». El presidente de los populares, que no coincidió con Santiago Abascal, estuvo arropado por varios miembros de la cúpula del PP y barones territoriales de Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia, así como por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés. «Cada día conocemos más cosas y más preocupantes», incidió Feijóo sobre las declaraciones del viernes del ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, en las que admitía que empezaron a hablar con Junts en marzo. El líder del PP habló del «exilio» de Puigdemont y de la iniciativa de las dos comisiones de Junts y el PNV, que, en su opinión, atenta contra la independencia de los jueces.

Argentina llega a las elecciones presidenciales de hoy con una economía que cae en picado. El Producto Interno Bruto (PIB) no ha crecido en los últimos tres meses. La inflación superó el 142% interanual. Uno de cada cuatro argentinos vive en la pobreza y dos salarios mínimos no alcanzan para cubrir la cesta básica de un hogar con cuatro miembros. En el mercado cambiario, conviven más de una decena de cotizaciones para el dólar. Las reservas brutas del Banco Central han caído a la mitad en los últimos cuatro años y las netas están en rojo. El Estado, además, debe saldar un endeudamiento de 44.000 millones de dólares [unos 40.324 millones de euros] con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los argentinos esperan que quien llegue a la Casa Rosada termine con la agonía. Las opciones son dos y dispares: un economista que promete un shock brutal y el actual ministro de Economía. El candidato peronista, Sergio Massa, ha tenido a su cargo la gestión económica durante el último año y muchos se preguntan qué hará diferente si llega a la presidencia. Su coalición achaca el agravamiento de la crisis a una sequía histórica que dejó pérdidas por 20.000 millones de dólares, al impacto de la pandemia y al crédito que tomó el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI. El ultraliberal Javier Milei, en cambio, responsabiliza de la crisis a “la estafa” de la emisión monetaria y propone dolarizar la economía para deshacerse de la inflación galopante, además de reducir al mínimo el gasto público, ideas que economistas de todo el mundo han calificado de peligrosas.

«No tenemos sitio». Esta es la frase más repetida las últimas semanas por los restaurantes vizcaínos cuando descuelgan el teléfono y les preguntan por una mesa para celebrar una comida o cena de Navidad. Pese a que el precio de los menús cada vez es más caro, a consecuencia del encarecimiento de las materias primas, y cada vez hay menos dinero en los bolsillo de los comensales, los hosteleros del territorio prevén un mes de diciembre «de récord». El 15 y 16 de diciembre son las fechas más codiciadas para celebrar estas cenas de empresa y amigos. El calendario no deja otra opción: el fin de semana anterior es el Puente de la Inmaculada y el siguiente Navidad. «No paramos de recibir llamadas preguntando por estos días, pero los tenemos reservados desde hace un año, la gente prepara estas fechas con muchísima antelación y quien no lo hace acaba obligado a adaptarse a los huecos que nos quedan libres», cuenta Adolfo de Andrés, responsable restaurante Gure Kabi, en el ensanche bilbaíno. La situación es similar en el Asador Kerren, en la calle Iparragirre, donde desde septiembre reciben emails y llamadas «todos los días» en busca de una mesa. «Los fines de semana de diciembre los tenemos prácticamente llenos, por lo que las empresas están ya preguntando por días para después de reyes, que estará la cosa más tranquila», explica Jon Gómez, encargado del local. «Más allá de algunos que caen de rebote, durante estas fiestas siempre son las mismas empresas las que nos llaman y comen en el asador, es una suerte porque así no tenemos que hacer ninguna promoción», explica Gómez. En la Marisquería Serantes, en la calle Poza, viven una situación similar. Sin embargo, todavía tienen plazas libres para el puente de diciembre. Algo que no les preocupa debido a que «en los festivos, sean cuando sean, siempre estamos llenos por el turismo». Sergio Ruiz, gerente del Serantes, explica que todavía es complicado proyectar a cuánto ascenderán sus ganancias esta Navidad. Los cuatro menús que ofertan están alrededor de los 65 euros.