20231204

Los expertos y directivos del consenso económico y empresarial de PwC prevén un enfriamiento de la economía española en 2024, debido a la debilidad del consumo interno y de las exportaciones. En concreto, los más de un centenar de analistas reunidos para el estudio prevén que el avance del PIB se frene hasta el 1,6%, tres décimas por debajo de las anteriores previsiones y medio punto por debajo de los pronósticos que se hacían a principios de año. Un documento que también eleva los pronósticos de inflación para el próximo año en siete décimas, a pesar de la subida de los tipos de interés y de la ralentización económica, lo que gravará los problemas de la economía. De hecho, la opinión mayoritaria de los encuestados es que la situación económica es regular y el 53,1% prevé que en un año vaya a peor. En concreto, los analistas achacan el frenazo de la economía a dos elementos: el consumo privado y las exportaciones. De forma mayoritaria (el 76,3% de los encuestados), los expertos, empresarios y directivos justifican este freno en que “la demanda esperada no va a ser suficiente para incrementar la producción”, señala PwC. Las familias van a moderar su consumo en los próximos seis meses –así lo estima el 42,4%–, debido tanto a la pérdida del poder adquisitivo derivado de la inflación como a la mayor carga de las hipotecas, “pero el parón más significativo lo va a experimentar la compra de vivienda, que va a disminuir, según el 74,7% de los encuestados”. Y eso genera un gran efecto arrastre sobre numerosos sectores, como la fabricación de muebles, electrodomésticos, cerámica, cemento o su comercialización. En segundo lugar, los expertos señalan a la pérdida de pujanza de las exportaciones como el segundo gran elemento a la baja.

El sector de fundición es un eslabón básico de la industria y como tal es un termómetro muy fiable de la evolución de ésta. Al hacer balance del año, el secretario general de la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Marcial Alzaga, destaca que la evolución es muy desigual según la actividad del cliente. Explica que el segmento orientado a la automoción ha aguantado bien, mientras que el especializado en el negocio eólico ha sufrido un fuerte retroceso por los problemas de Siemens Gamesa. La FEAF agrupa a un total de dos centenares de empresas –el 40% en el País Vasco– con 72.000 trabajadores. "Hemos registrado un incremento moderado en toneladas de producción. En concreto, el 1,4% hasta alcanzar el millón de toneladas fundidas, de las que 400.000 corresponden a Euskadi. En torno a un 60% de esa producción se destina a la automoción, que es el cliente de mayor peso. Después vienen sectores como la energía eólica, el ferrocarril, petróleo y gas...La evolución ha sido muy desigual. La automoción ha aguantado bien este año. Es verdad que mejor en las piezas seriadas que en otros segmentos, como el de los troqueles para nuevos modelos, donde pesa la incertidumbre sobre la electrificación. Pero el saldo es positivo con un incremento del 5%. Muy diferente es el balance de la fundición para la industria eólica, que ha descendido casi un 10%, en gran medida por los problemas de Siemens Gamesa. Este área está atravesando un momento delicado...Somos un sector electrointensivo, pero no estamos considerados como tal en la mayoría de ayudas. Esa es la reclamación que nos queda pendiente, que se nos reconozca como industria electrointensiva, aunque no lleguemos al consumo de las acerías o las cementeras...Ha habido un incremento muy importante de los salarios en los convenios colectivos, muchos de ellos ligados a la inflación, con aumentos de entre el 15% y 20% en solo cuatro años. A ello se suma el alza de las cotizaciones sociales. Y el sector de la fundición tiene poco margen de mejora en productividad. Pero bueno, el de los costes laborales es un problema generalizado en toda la industria...Estamos muy preocupados por las cifras de absentismo en la industria en general y en la fundición en particular. Es un asunto que sale en todas las reuniones. Se registran muchas bajas por problemas de salud mental como depresión o estrés...Para el 2024 diría que estamos en situación de estabilidad, aunque en los segmentos de automoción y eólica hay preocupación por al alta incertidumbre".

Dos de las principales empresas de Gipuzkoa se han colocado en cabeza de los principales beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, a tenor de un listado publicado este fin de semana por el Ministerio de Economía. La lista tiene dos partes. Una recoge a los cien principales perceptores de estas ayudas, que encabezan las empresas públicas como Adif. El segundo listado engloba a las cincuenta principales firmas adjudicatarias de licitaciones financiadas con estos fondos, en el que la beasaindarra CAF es segunda con 134 millones, mientras que Irizar aparece en séptima plaza con un total de 83. La firma de Ormaiztegi también aparece en el primer listado, el de perceptores, con 7,3 millones. Con mes y medio de retraso, el Gobierno español ha publicado la lista de los cien primeros beneficiarios de los fondos europeos de recuperación, ideados tras la pandemia para reflotar la economía azotada por el Covid. Las empresas públicas, como Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, son los principales receptores. Adif-Alta Velocidad recibirá 1.603 millones, mientras Adif llega a casi mil (963). El Ministerio de Transportes es el tercero, con 308, en una lista de cien en la que figura también la andoaindarra Sapa Operaciones, del sector de Defensa, con 10,3 millones. Aparecen distintos ayuntamientos, entre ellos Bilbao y Vitoria, con 14 y 17 millones respectivamente para planes de choque de movilidad sostenible, pero ninguno guipuzcoano. Tampoco aparece el de Barcelona. El segundo listado corresponde al grupo de empresas adjudicatarias de licitaciones, que encabezan en su mayoría empresas de construcción de infraestructuras ferroviarias. La primera es la unión temporal de empresas (UTE) de Totana con 152 millones. Segunda aparece la beasaindarra CAF con los citados 134 millones. La firma guipuzcoana supera a la potente Ferrovial, que cierra el podio con 125 millones de euros de adjudicaciones financiadas con fondos europeos.

Teresa Acha-Orbea (San Sebastián, 1982) dirige el único fabricante español de ‘smartphones’. Lo hace en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. Aquí –y en las instalaciones que la empresa tiene en Briviesca– es donde se diseñan los únicos teléfonos inteligentes fabricados en territorio nacional. Con 85 empleados y 33 millones de facturación en el último ejercicio, su firma se ha convertido en un referente en el segmento de móviles asequibles en España, Portugal y Francia. «Vendemos productos de última tecnología: ‘smartphones’, tablets, auriculares y relojes inteligentes», explica. También teléfonos con teclas grandes para un público en el que se han asentado: los mayores, necesitados de aparatos menos complejos a nivel tecnológico y sencillos de manejar para ellos. «Tenemos productos que son de nicho. Adaptamos la tecnología y la democratizamos», afirma cuando se le pregunta por la marcha del negocio. SPC es una firma con más de 35 años de historia en la capital. Sin embargo, su propia directora general admite que «la ciudad conoce poco» el trabajo puntero que hace. «El primer problema es que en SPC siempre hemos trabajado mucho más en una definición correcta de los productos que íbamos a lanzar, que en cómo los íbamos a vender o cómo íbamos a hablar de ellos», señala. «SPC es una gran empresa que lleva en Vitoria más de 30 años y queremos que la gente sepa que estamos aquí». Con familia asentada en la capital alavesa, para la directiva Vitoria ha sido «mi cuna, mi seguridad». Formada en la Universidad de Navarra y con posgrados en países como Francia o Estados Unidos –además de un MBA en Deusto–, Acha-Orbea dice que ese recorrido por el exterior le ha hecho darse cuenta de que «aquí se vive muy bien, mejor que en el resto de sitios en los que he vivido». ¿Por qué? «Porque tenemos buenos servicios públicos, una ciudad muy cómoda y muy verde, en la que hacer mucho deporte». También destaca a nivel laboral: «Vitoria es una ciudad en la que es fácil tener un trabajo muy interesante, con recorrido profesional. Hay empresas muy punteras como la nuestra, en las que la tecnología evoluciona constantemente».

Kristina Elkoro, Elayko kontseilari delegatua da. Aurten pauso esanguratsua eman dute merkataritza-erregistroan kontuak euskara hutsean egin eta erregistratu ostean. Lehen enpresa da hori egiten. "Saiatu gara ulergarria izan dadin, ikuskaritza prozesuek eskatzen duten baldintza guztiak betetzen. Ohartu naiz orain erdarazko hori ere hobeto ulertzen dudala [barrez]", esan du Elkorok. "Jabetzak lehen momentutik egin zuen apustu honengatik, eta hori ezinbestekoa izan da. Prozesuak eskatzen du inbertsio ekonomiko handia, baliabideetan, besteak beste", gaineratu du. Gehiago irakurri hemen. 

Los mayores de 50 han desbancado a los jóvenes como los reyes del paro y forman ya el colectivo más numeroso. Es más, casi la mitad de los desempleados registrados –en la actualidad más de 2,7 millones– han cumplido ya la cincuentena. Representan el 45% de todos los inscritos en el SEPE, mientras que los que tienen entre 30 y 49 años suponen el 40% y los que no han llegado a los 30, son el 15%, según el ‘Observatorio trimestral del mercado de trabajo’ publicado por Fedea y BBVA Research. El ‘sorpasso’ de los mayores como líderes del paro se ha producido en los dos últimos años, aunque el porcentaje de desempleados de más edad lleva ya aumentando de forma significativa desde la gran recesión. Hasta tal punto que casi se ha duplicado, al pasar de representar el 27% de los parados registrados en 2007 al 45% actual. Y respecto a Europa, la tasa de paro de las personas de 50 o más años en España es la mayor de todos los países de la UE. Si antes de la gran recesión esa tasa era similar a la media comunitaria, en la actualidad la duplica. Esto pone en valor los graves problemas que afronta este colectivo para encontrar un empleo en España. Así, pese a que existen incentivos para que las empresas contraten a mayores, son mucho más propensos a estar mucho tiempo en paro, puesto que sus posibilidades de transitar a un empleo se reducen significativamente con la edad, y tienen también menos facilidad para participar en planes de formación, lo que dificulta aún más su reinserción. «Una vez que entran al paro, es difícil salir», resume Florentino Felgueroso, investigador de Fedea.

El propósito, según confirman a este diario fuentes del ministerio, es poner en marcha cuanto antes la transposición de la directiva europea sobre la materia que el Gobierno se había comprometido a tener aprobada antes del 31 de diciembre de 2023. El periodo de parálisis parlamentaria abierta desde la disolución de las Cortes por la convocatoria adelantada de elecciones generales del mes de julio hasta la formación del nuevo Ejecutivo ha impedido, sin embargo, acometer antes la medida que ahora ya se aboca al retraso. Dado que la transposición no puede articularse en forma de real decreto ley, para su entrada en vigor inmediata y su posterior revisión en el Parlamento, Hacienda deberá impulsar para ello un proyecto legislativo cuya tramitación parlamentaria impedirá su aprobación definitiva hasta ya entrado 2024, pero la intención es iniciar el proceso cuanto antes. El tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades es el principal mecanismo del llamado Pilar 2 de fiscalidad internacional diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se han comprometido a poner en marcha 138 países de todo el mundo para fijar reglas de tributación comunes para las grandes empresas y multinacionales. El llamado Pilar 1, aún pendiente de desarrollo, implicaría después el reparto de esa recaudación entre los territorios en que operan las sociedades aunque no tengan presencia física. La adaptación de esta regulación a España, que Hacienda sometió a consulta pública en marzo, coincidiendo con el anuncio de Ferrovial de que mudaba su sede a Países Bajos, implica un endurecimiento del gravamen societario para las grandes compañías. 

Gerardo Cuerva es presidente de Cepyme, patronal que defiende los intereses de las pequeñas y medianas empresas del país, vicepresidente de la CEOE y también empresario, posición desde la que critica que se arriesgue la separación de poderes y el Estado de Derecho. "Lo que me preocupa es que el Gobierno de España y el Ministerio de Trabajo están poniendo en jaque el sistema, todas sus actuaciones van encaminadas a un cambio de sistema: del libre mercado al intervencionismo. Nosotros creemos en el libre mercado como un axioma del propio funcionamiento de la Unión Europea...Creo que los pactos de investidura inciden en la intervención del sistema económico, buscan segar la libertad de empresa, y eso es un cambio de sistema. Cuando se cuestiona el lugar en el que un empresario pone la razón social de su empresa, se está coartando la libertad en la toma de decisiones; y eso va acompañado de una eliminación de las medidas de flexibilidad en el marco laboral que también suponen intervencionismo.,, Reducir la jornada a 37 horas y media de forma unilateral por real decreto es intervenir en la libertad de decisión que tiene la gestión de la empresa con sus trabajadores, y también lo es fijar por real decreto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)...El problema es que se está despreciando al diálogo social, además de que imponer una reducción de jornada con el mismo sueldo viene aparejado a un incremento salarial de cerca del 7%. Eso no es una política social, como no lo es el Salario Mínimo, el problema es que el Gobierno confunde lo que son las políticas sociales. La mejor política social que hay en este país es que la gente tenga un puesto de trabajo, ahí es donde tenemos que trabajar, porque es el empleo lo que tiene que mantener el país y no el subsidio..."

"...La presión fiscal en España aumentó en casi tres puntos entre los años 2019 y 2022, desde el 35,4% al 38,3% del PIB. Y lo hizo en buena medida por la decisión del Gobierno central de no deflactar con la tasa de inflación las tarifas y las deducciones familiares y personales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en territorio común. Así lo expresa en un reciente estudio la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tras analizar las cifras oficiales facilitadas por Eurostat, la agencia estadística europea. Según el estudio, el desglose de los 2,9 puntos de subida de la presión fiscal sería el siguiente: 1,9 puntos por el incremento de recaudación en el IRPF, un 0,5% por la subida del IVA y otro 0,5% por el aumento de las cotizaciones sociales, fundamentalmente a cargo del empleador. Ubicando el dato señalado en la polémica acerca de la suficiencia o no de nuestra situación fiscal, la conclusión inmediata es que nuestra presión está creciendo a mayor velocidad que en el conjunto de la Unión Europea, donde apenas ha aumentado dos décimas sobre el PIB comunitario desde el inicio de la pandemia y cinco décimas en la zona euro. Cabe añadir que España fue el país de la OCDE donde más se incrementó el índice que estudiamos en la última década, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del Sur. A pesar de la bondad del dato, la izquierda heroica sigue denunciando que España mantiene una diferencia excesiva con la media comunitaria, del 41,2% o de la Eurozona, del 41,9%. Denuncia que nos invita a colocar la correspondiente sordina a lo que en un análisis ecuánime debe interpretarse como una música estridente y fuera de lugar. La crítica al concepto de presión fiscal no reside en su validez relativa como tal, sino en el uso obsesivo que se le da simplificando el debate hasta convertirlo en indicador único. Figurar en los puestos intermedios del ranking de presión fiscal no implica incurrir en posiciones desfavorables en las listas de los indicadores económicos básicos. La media de la OCDE se sitúa en el 34,1%, 4,2 puntos por debajo de nuestro porcentaje. Y países como Reino Unido (33,5%), Canadá (33,2%), Corea del Sur (29,9%), Suiza (28%), Estados Unidos (26,6%) o Irlanda (21,1%), todos por debajo de nuestro porcentaje de presión fiscal, mejoran nuestro desempeño económico..."

A menos de un mes de cerrar este ejercicio, de récord (otro más) para el sector bancario español, las entidades hacen cuentas para 2024. Los ingresos continuarán creciendo en el primer semestre, aunque a menor ritmo porque buena parte de la cartera de préstamos ya se habrá actualizado al nuevo nivel del precio del dinero, y los costes apretarán. Aun así, los bancos confían en el avance de los resultados por la vía del ahorro, principalmente por el cese de la aportación anual al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por primera vez desde su creación. El espacio que ganarán las cuentas de las entidades es notable: abonaron algo más de 1.500 millones en 2022, última cifra disponible, ya que este pago se realiza a final de año. Las aportaciones a este fondo se realizan desde su inicio, en 2011, e incluso antes ya se hacía, desde inicio de los ochenta, a alguno de los tres fondos que existían (el de los bancos, el de las cajas de ahorro y el de las cooperativas de créditos). A esto se unirá el fin de los desembolsos al Fondo Único de Resolución (FUR), por el que este año han pagado 1.000 millones, al que llevan aportando desde 2015. En el caso del Fondo de Garantía de Depósitos, en diciembre alcanzará el nivel exigido, según confirman diversas fuentes financieras. Mientras que para el Fondo Único de Resolución, la estimación es que se alcance igualmente a finales de este año “el 1% de los depósitos cubiertos de los Estados miembros que integran el Mecanismo Único de Resolución”, recuerda el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Las grandes compañías españolas vuelven en 2023 a limitar el alcance geográfico y estratégico de sus negocios, con acuerdos que han supuesto el abandono total o parcial de países como México, Reino Unido, Irlanda y China, a través de ventas de activos y participaciones por unos 27.000 millones de euros. Este importe es algo inferior a los 30.000 millones obtenidos con las desinversiones de 2022 por parte de las corporaciones del Ibex 35 y otras grandes sociedades cotizadas, pero se mantiene una clara estrategia de contención del balance, para evitar que las subidas de tipos de interés acaben pesando en las cuentas de resultados. Los ingresos de esas ventas permiten reducir deuda o rotar la cartera hacia activos y mercados donde los directivos de las empresas ven más opciones de crecimiento. Entre las transacciones más destacadas figura el acuerdo alcanzado por Iberdrola para vender el 55% de la mayor parte de sus centrales de generación de México, por 5.500 millones de euros. Ferrovial acaba de decir un adiós casi total al Reino Unido al pactar el traspaso del 25% del aeropuerto de Heathrow por 2.700 millones de euros. Cellnex ha fichado a Santander para buscar comprador a su negocio en Irlanda, que podría alcanzar una valoración de 1.100 millones. Grifols, por su parte, negocia la cesión de una parte de sus acciones en la empresa china Shanghai Raas, con el objetivo de percibir unos 1.400 millones.

Telefónica confirmó la pasada semana la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus filiales en España. La teleco, que se reúne hoy con los sindicatos, podría dar más detalles sobre este ajuste, que va a afectar a entre 2.500 y 3.000 empleados de Telefónica de España, Móviles y Soluciones, de los cerca de 16.000 que cuentan en la actualidad, y a los que podrían sumarse salidas en otras divisiones y la corporación. Desde 2015, cuando se pusieron en marcha los planes de suspensión de contratos (PSI), han dejado Telefónica España más de 11.000 empleados. La operadora española, con este nuevo ERE, se suma a una tendencia de fuertes ajustes de plantilla en el conjunto del sector europeo de las telecomunicaciones que se ha acelerado a lo largo de 2023. Las compañías han anunciado más de 80.000 despidos, en un momento de fuerte presión de la competencia en muchos mercados y su impacto en los ingresos. Además, las telecos afrontan un momento de transformación, con la aceleración en la implantación de las tecnologías de automatización en ámbitos como la atención al cliente, así como con la implantación de las redes de fibra óptica, que necesita menos personal para sus operaciones que las infraestructuras de cobre tradicional. El mayor ajuste anunciado en el sector es el protagonizado por BT, que afectará a 55.000 personas, el 42% de la plantilla total, incluyendo proveedores, hasta el final de la década. Es el mayor ajuste realizado por la operadora británica desde su privatización en la década de los 80.

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha presentado una demanda contra Meta, matriz de gigantes de internet como Facebook, Whatsapp e Instagram, por su «sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos» desde hace cinco años, según indica la asociación en un comunicado. En concreto, la AMI ha denunciado a Meta en representación de 83 medios de información españoles por competencia desleal del 25 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2023, pudiendo ampliar la demanda por la persistencia de Meta en sus incumplimientos más allá de julio, según se deriva del requerimiento formulado en octubre por el Comité Europeo de Protección de Datos. Así, la asociación reclama que el 100% de los ingresos por venta de publicidad segmentada de Meta en sus plataformas se han obtenido de forma ilegítima. «Meta ha incumplido de forma reiterada la legislación comunitaria de protección de datos, ignorando el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad, según se desprende de las diferentes resoluciones de las autoridades europeas competentes en esta materia», explican desde la AMI. En la demanda, los 83 medios señalan que este comportamiento supone que el 100% de los ingresos del gigante tecnológico derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de una forma ilegítima. Por ello, aseguran que la utilización «sistemática y masiva» de datos personales de los usuarios de las plataformas de Meta, rastreados sin su consentimiento en toda su navegación digital, habrían permitido a la compañía americana ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegítimamente obtenida.

La localización geográfica convierte España en un país especialmente vulnerable al impacto del cambio climático. Expuesta al aumento de los episodios de calor extremo, sequías y olas de calor, el 75% de la península ibérica está en peligro de desertización, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. El rol de las empresas, el sector público y la sociedad para hacer frente a los retos que supone este elevado riesgo protagonizó la jornada Desafíos para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, en el marco del segundo encuentro de sostenibilidad organizado por Expansión y Bain & Company. Aunque España ha hecho un esfuerzo por lograr avances en la hoja de ruta de la descarbonización y ha conseguido reducir las emisiones de gases contaminantes, la velocidad del cambio no es suficiente. Esta transformación debería acelerarse entre nueve y doce veces respecto al ritmo actual, según advierte la nueva edición del Informe de madurez ESG en España, elaborado por Bain & Company para recoger la visión del mercado nacional en el contexto del nuevo paradigma que supone la generalización de los criterios ESG –medioambientales, sociales y de buen gobierno–. “El primer gran reto que detectan las empresas tiene que ver con la información: son medidas complicadas y novedosas, mientras que los incentivos son escasos”, comentó Ibon García, socio de Bain & Company, acerca de una transformación que concede a las grandes compañías el papel de agentes del cambio. Ante un riesgo climático que plantea amenazas reales sobre la continuidad de las operaciones y puede generar aumentos de costes, García subrayó que “todas las voces de la industria destacan la colaboración público-privada como un aspecto clave para el éxito de estas iniciativas”. Para ello, reclaman estabilidad en el marco regulatorio y una simplificación de los trámites burocráticos.

Cuatro de cada cinco alumnos vascos termina la ESO sin alcanzar el nivel de idiomas que va a exigir la Ley de Educación. La norma, salvo sorpresa mayúscula, se va a aprobar el próximo 21 de diciembre y establece que, al finalizar la Educación Obligatoria, los estudiantes deben acreditar un nivel B2 tanto en euskera como en castellano, además de un B1 en una lengua extranjera. A día de hoy, la inmensa mayoría de alumnos vascos está muy lejos de ese nivel en ambas lenguas oficiales. Así se desprende de la Evaluación Diagnóstica de final de etapa. Es un estudio que se realizó el curso pasado con 4.848 alumnos de 6º de Primaria (11-12 años) y 4.446 de 4º de ESO (15-16 años). Las principales conclusiones del informe ya fueron presentadas por el consejero, Jokin Bildarratz, en junio. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha publicado el documento íntegro. La fotografía que deja el estudio está muy lejos de lo que va a exigir la Ley a partir del curso que viene. Sólo el 21,1% se sitúa en el «nivel avanzado» en la competencia lingüística de euskera. Son casi los mismos que los que están en el «nivel inicial» (20,8%). El nivel avanzado significa que los alumnos son capaces de identificar e interpretar información implícita en los textos, establecer conexiones con sus propios conocimientos, escribir con fluidez... En el inicial, en cambio, se sitúan los alumnos con «problemas básicos de expresión» que solamente comprenden los textos «de manera parcial». En castellano, el porcentaje de alumnos excelentes es del 18,6%, casi cinco puntos menos que en 2018, que es cuando se elaboró la anterior edición del estudio. Y en inglés, los alumnos que alcanzan el nivel de excelencia son el 19,1%, también una puntuación sensiblemente inferior a hace cinco años.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, alabó ayer «la revitalización» que ha experimentado el euskera durante los últimos 40 años y reclamó determinación a las instituciones públicas para «afrontar nuevos retos». Urkullu presidió el acto del Día Internacional del Euskera que se celebró en Tabakalera, en San Sebastián, donde se refirió a la «necesidad de mirar atrás y recordar de dónde venimos». En su intervención, el lehendakari destacó «el anhelo y las ganas» de quienes trabajaron «el renacer del euskera» durante el franquismo. «Para los vascos que vivimos entre el deseo y la frustración, debemos poner en valor hasta dónde hemos llegado», afirmó para después asegurar que en el siglo XXI el idioma afronta «nuevos retos» como la necesidad de asegurar la presencia del euskera en el mundo digital. «Aquí estamos otra vez, con el deseo de pelear contra la impotencia y tomar nuevas decisiones», señaló. El jefe del Ejecutivo vasco hizo un llamamiento a seguir trabajando y a mantener el compromiso con la lengua. «Tomaremos decisiones, pero antes sería oportuno decidir a dónde queremos llegar y acordar objetivos medibles para su consolidación. Es fundamental saber de qué recursos vamos a disponer y establecer los plazos necesarios», aseguró. En este camino hacia la normalización del euskera, Urkullu calificó al sistema educativo como «la vía más próspera que hemos tenido para revitalizar el idioma». El lehendakari, a semanas de aprobar la Ley de Educación con el rechazo en bloque de la oposición, alabó la formación en euskera como una de las claves para conseguir «personas críticas para afrontar un futuro que desconocemos».