20220731

Administraciones y empresas comenzaron el año previendo que la inflación rondaría el 2%. Pero los precios no paran de subir y ya están en el 10,8%, la tasa más alta en 38 años. Por eso las compañías vascas buscan fórmulas para pactar convenios con subidas flexibles sin atarse al IPC.  «Cuando el principal de los costes multiplica por cinco su subida, se crea un problema de rentabilidad y gestión». Es el mensaje en el que insisten las empresas en Euskadi cuando se plantea el debate de la subida salarial en el actual entorno de escalada descontrolada de la inflación. En este contexto, y mientras el pacto de rentas reclamado por Confebask y que el Gobierno de España ha tratado sin éxito de recuperar este mes en la mesa social sigue sin cristalizar, las empresas buscan alternativas con las que ofrecer subidas salariales y pactar convenios. El denominador común es que no lleguen al IPC y que no se consoliden en la remuneración de los trabajadores. Una fórmula mixta en la que se fija un incremento salarial en torno al 2% que se complementa con un pago a final de año para tratar de compensar el aumento del coste de la vida. Esta situación está dificultando una ya de por sí compleja negociación colectiva en Euskadi. Buena prueba de ello es que el 67,3% de los trabajadores tienen sus condiciones congeladas porque su convenio está pendiente de renovar. Según los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), en estas circunstancias se encuentran 405.978 vascos. Por la otra parte, el 32,7% de los asalariados sí cuenta con las condiciones actualizadas, 197.322 personas. Y en este caso la subida no cubre, ni de lejos, el IPC, ya que se queda en una media del 3,78% de incremento según los datos publicados por el CRL esta misma semana. Eso sí, por encima de la media nacional, ubicada en el 2,45%. Con datos de junio, son 809 los convenios que quedan pendientes de renovar, 122 sectoriales y 687 de empresa. Una tarea que hay que acometer con una elevada conflictividad laboral que suma en 2022 en Euskadi un total de 38.823 jornadas de paro repartidas en 113 huelgas, el 38% de todas las registradas en el conjunto de España. Isabel Busto, que acaba de asumir la presidencia de Confebask, reclamó en su primera intervención a los sindicatos «colaboración» porque «estamos todos en el mismo barco» y es el «momento del acuerdo y no de la confrontación». Y es que, para la patronal, algunas de las reivindicaciones sindicales «pueden comprometer el futuro de las actividades con un gran peso en nuestra economía».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya instó a los pocos días de comenzar la invasión rusa de Ucrania a sindicatos y empresarios a alcanzar un pacto de rentas. Un acuerdo que implicaba moderación de los salarios y también de los beneficios de las empresas. Pero la propuesta ahí se quedó varada. Hasta que la vicepresidenta, Nadia Calviño, la recuperaba hace pocos días, sin ningún avance y a la espera de que, tras el verano, todas las partes aborden esta espinosa cuestión. Una de las figuras que más ha insistido en moderar salarios, ganancias e incluso pensiones y sueldos públicos ha sido el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos ha subrayado permanentemente la necesidad de alcanzar un pacto para abordar de manera solidaria el empobrecimiento derivado del fuerte aumento de la inflación y ha advertido de que tratar de eludirlo puede desembocar en una espiral inflacionista que hará menos competitiva la economía. La necesidad de este pacto de rentas se deriva de reconocer que para la eurozona y España una buena parte de las perturbaciones tienen que ver con el encarecimiento de la energía, cuya importación resulta indispensable y está provocando un empobrecimiento general. «Este reconocimiento hace necesario repartir esa pérdida y, si todos los agentes económicos tratan de eludir la merma, entraremos en una espiral inflacionista con una pérdida de competitividad», ha advertido.

 Euskadi contabilizó en los cuatro primeros meses del año un total de 113 huelgas, con 11.020 participantes y 38.823 jornadas no trabajadas. Esto supone que se redujeron un 67% las jornadas perdidas por paros respecto al periodo enero-abril de 2021. Sin embargo, el número de participantes en las huelgas entre enero y abril aumentó un 59%, mientras el número de huelgas secundadas creció un 33% en relación al mismo periodo del pasado año, según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales. Por territorios, en Araba se registraron en el primer cuatrimestre un total de 19 paros (un 13,6% menos que un año antes), con 1.921 participantes (-8,6%) y 5.805 jornadas perdidas (-94%). En Bizkaia se secundaron 62 huelgas (+32%), con 6.516 participantes (+67%) y 29.364 jornadas perdidas (+48%). Por último, en Gipuzkoa fueron 32 los paros desarrollados, que conllevaron 3.654 jornadas perdidas  (+65%), al ser secundados por 2.583 empleados (+180% en relación al año anterior).  

Durante el primer semestre del ejercicio los grupos que cotizan en Bolsa han registrado un resultado neto de 31.685 millones de euros. Se trata de un volumen de ganancias un 3,77% inferior al registrado en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, hace un año Telefónica y CaixaBank se apuntaron unas voluminosas plusvalías que dispararon sus beneficios. Sin tener en cuenta las cifras de la operadora y de la entidad financiera por su carácter distorsionador, las ganancias de las cotizadas españolas suben un 44,5%. No está nada mal si se toma en consideración que se comparan con un ejercicio (2021) donde los beneficios batieron su récord histórico. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos meses apareció un cisne negro con el que nadie contaba: una guerra en el corazón de Europa. La invasión rusa de Ucrania ha trastocado todas las hojas de ruta para dar lugar a una especie de juego de suma cero en el que unos ganan a costa de otros. El clima bélico ha disparado el precio de los hidrocarburos —engordando las cuentas de las empresas energéticas, pero disparando los gastos del resto de sectores—. Ante este entorno hiperinflacionista, los bancos centrales han respondido con subidas en los tipos de interés mucho más agresivas de las previstas —dando aire a los alicaídos márgenes de los bancos, pero elevando los costes financieros de muchas empresas y retrayendo la demanda de los consumidores—. A pesar de este enrevesado entorno económico, la parte alta de las cuentas corporativas también da fe de que las compañías españolas han salvado el semestre con buena nota.

Entrevista con Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.  Considera «urgente» el pacto para moderar salarios y beneficios, aunque las empresas tengan la «tentación» de aumentar sus márgenes. "Los precios han bajado dos décimas este mes frente al anterior, pero han bajado menos que el año pasado y por tanto la inflación interanual ha subido. También es verdad que ya hay algunas señales que apuntan a una bajada a partir del otoño y que se profundice en la parte final del año...Por un lado, que han bajado los precios de los carburantes. Y por otro, los precios internacionales de las materias primas. En las últimas semanas estamos viendo que ya están descendiendo estas materias primas clave. El origen de este episodio de inflación es justamente ese aumento generalizado en los precios de las materias primas y el efecto que ha tenido esto en los costes de las empresas, los energéticos, los materiales de construcción, los fertilizantes que se utilizan para producir alimentos... Estamos viendo ya una moderación de esos precios a nivel internacional que naturalmente se va a ir traduciendo en una moderación de los precios a nivel doméstico...Es muy importante distinguir entre este efecto, un aumento de costes que viene por un incremento exógeno de los precios de las materias primas, de lo que podrían ser efectos de segunda ronda que ya están ligados a la reacción de los agentes económicos a ese aumento de costes. Por ahora, no tenemos evidencia de que se estén produciendo. Y es muy importante que logremos evitarlos con un pacto de rentas...Sobre los nuevos impuestos, cuando la banca lo ha necesitado, creo que el conjunto de la sociedad ha arrimado el hombro por estabilidad, por lo importante que es la actividad bancaria. Y ahora lo que se le pide al sector es una contribución. Es justo y la gente lo entiende..."

El alza de los recibos hipotecarios es el primer gran efecto de la subida de tipos de interés, con la que el organismo presidido por Christine Lagarde quiere contener la inflación. O, mejor dicho, la escalada en la que el IPC se ha situado en los últimos meses. Hace una década que España no vivía una subida de tipos. Y en casi cuarenta años, 38 en concreto, nuestra economía, como toda la europea, no recordaba cómo los precios pueden llegar a incrementarse al ritmo que lo están haciendo. Desde los combustibles hasta la comida; desde los viajes hasta los automóviles. ¿Estamos preparados para este contexto? La situación no es parecida, pero en Argentina, una de las economías habituadas a convivir con la inflación, los precios llevan años cambiando por horas. No por días. Por horas. A este lado del Atlántico, la situación no llega a ese extremo, pero una buena parte de los productos que componen la cesta de la compra media acumula una subida de precios superior al 10,8%, el último dato del IPC facilitado en julio por el INE. Para reducir el coste del carrito de la compra, se pueden seguir varios consejos que muchos ciudadanos podrían haber desterrado en los últimos años, en los que incluso se ha registrado deflación. Por ejemplo, comparar entre establecimientos o hacerlo dentro del propio comercio con diferentes marcas.

"La inflación no da tregua y, lo que es más preocupante, los últimos datos apuntan a una brecha creciente en relación con las grandes economías de la eurozona. El IPC de julio escaló hasta el 10,8%, casi dos puntos por encima de la media europea. Además, el empuje proviene de la inflación subyacente, es decir, la que descuenta la energía y los alimentos frescos. Esta se sitúa ya por encima del 6%, ampliando el diferencial con los países que comparten la moneda única. La deriva se explica sobre todo por la intensidad del shock de costes importados: el tirón de los precios energéticos —hasta hace poco, uno de los más intensos en comparación europea— se va trasladando al resto de componentes del IPC con un cierto retraso. Según la central de balances, los márgenes empresariales se mantienen a nivel agregado, lo que significa que muchas corporaciones han trasladado el encarecimiento de los costes a sus precios finales. Este resultado, sin embargo, presenta una gran heterogeneidad: las empresas más expuestas a la competencia internacional constriñen sus márgenes, mientras que otras —como las más golpeadas por la pandemia— los recuperan. Otro factor es la evolución de la demanda, particularmente boyante en nuestro país..."

El precio del gas parece ser el tema estrella de este año. Y no es para menos. Junto con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas parecen inseparables e irresolubles. Palabras como “precio de los combustibles”, “bloqueo del cereal” o “restricciones de gas” son algunos de los grandes temas que se vienen colando en buena parte de los titulares de este y otros medios y todos ellos van de la mano del conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania está haciendo que los peores presagios a nivel económico se confirmen. Una crisis sobre la que la propia consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ya reconocía en el pasado mes de febrero que estaba teniendo un impacto directo en Euskadi. Según datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Euskadi adquirió de Moscú en 2021 más de tres millones de toneladas de productos por los que pagó 1.378 millones de euros. Es decir, la compra de productos al país de Vladímir Putin supuso el 75% de los intercambios comerciales que realizaron las empresas vascas con este país y con Ucrania. El grueso de estos intercambios fueron energéticos. El crudo, el gas, el petróleo refinado y los productos químicos sumaron más de 1.200 millones de euros.

El precio de los combustibles ha registrado un descenso de hasta el 11% en Gipuzkoa en el último mes. En plena operación salida, en la que se prevén en torno a 5 millones de desplazamientos por carretera, la caída en el coste de los carburantes –la quinta de forma consecutiva– aliviará el bolsillo de los ciudadanos, muy castigados debido a una inflación que se sitúa en el nivel más elevado en casi cuatro décadas tras subir un 10,8% en el último año. Este desbocado aumento del IPC se ha debido principalmente al aumento de los precios de los alimentos, la electricidad y los hidrocarburos, aunque la evolución de estos últimos en julio ha sido a la baja hasta colocarse por debajo de la cota de los dos euros por litro. El litro de gasolina estaba a 2,197 euros de media hace un mes en Gipuzkoa y ahora se sitúa a 1,94, según datos de clickgasoil, página web especializada en recoger los precios de todos los territorios. En el caso del diésel, utilizado por el sector del transporte pero también por una parte importante de particulares, el coste se ha abaratado en ese mismo periodo de 2,084 euros el litro a 1,93 euros. Traducido al ahorro que supone a la hora de llenar el tanque de un vehículo con 50 litros, un conductor desembolsaba de media 109,85 euros a finales de junio cuando ahora le cuesta 97. Es decir, 12,85 euros menos. En el caso del gasóleo, la factura ha pasado de 104,2 a 96,5 euros, un alivio de 7,7 euros.

El gasoducto que va desde Bizkaia a Francia a través de Irun, el denominado Euskadour, adquiere un papel estratégico, al igual que el que discurre por Navarra (Larrau) hacia el país galo, ya que se trata de los dos únicos tubos que conectan la península con Europa. Pero incluso el gasoducto vasco está tomando a medida que pasan las semanas un mayor protagonismo, ya que entre el 1 y el 18 de julio ha transportado el 64% de todo el gas que ha exportado España hacia Francia, según indican a este periódico fuentes de Enagás, el gestor del sistema gasista español. En concreto, señalan que en ese periodo se exportó desde España en torno a 1.280 GWh desde la península a través de las conexiones internacionales, de los que 815 han transitado a través del tubo de Irún. Todo ello, en un momento en el que Rusia vuelve a mandar más señales de aviso. Ayer cortó el suministro a Letonia y el martes lo redujo de nuevo a Alemania a través del gasoducto Nord Stream1, la principal vía de transporte de esta materia prima a Europa. Y aunque argumentó una vez más ‘problemas técnicos’, alimentó aún más los temores a un posible corte total del suministro. Una circunstancia con la que ya cuenta Europa y que ha llevado a las instituciones a aprobar esta semana un plan de ahorro energético, que será del 15%, en un primer momento a modo de recomendación, pero que pasará a ser obligatorio si el Kremlin materializa del todo su amenaza.

El gigante energético ruso Gazprom detuvo ayer el suministro de gas a Letonia. Según señaló la compañía a través de un comunicado, el cese del fluido se debe a la «violación de las condiciones sobre la selección del gas», aunque el mensaje no especifica a qué incumplimientos se refiere en particular. La empresa letona que opera el transporte gasístico, Conexus Baltic Grid, ha confirmado el corte del suministro. La compañía letona Latvijas Gaze reconoció que estaba comprando gas ruso, no a Gazprom directamente sino a través de un intermediario al que paga en euros, no en rublos como está exigiendo Moscú al resto de los clientes europeos en respuesta a la política de sanciones y la congelación de las reservas rusas de divisas en el extranjero. El Gobierno también advirtió que los países «hostiles» que reciben su abastecimiento debían abrir cuentas en bancos rusos para efectuar sus pagos. Durante 2021, aproximadamente el 90% del gas adquirido por Letonia provenía de Rusia. El país dispone de un gran almacén subterráneo y, según Gazprom, en los dos ejercicios anteriores –2020 y 2019– recibió un volumen superior a 1.600 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el pasado mes de junio el primer ministro, Arturs Krisjanis Karins, anunció que Letonia no continuaría importando este producto y señaló que el fluido quedaría definitivamente interrumpido a partir del 1 de enero de 2023.

Los depósitos de gas se siguen llenando, aunque a una lentitud exasperante, y Nord Stream no ha cortado de momento el gas a Alemania. Pero en algunas ciudades, sea Berlín o Múnich, el racionamiento en el sector público ya empieza a sentirse. Las piscinas han bajado la temperatura del agua, se han cerrado las saunas y los monumentos y edificios han dejado de exhibirse al turista nocturno, puesto que apagan la iluminación de noche. Son los primeros síntomas de que Alemania se toma en serio la necesidad de reducir el consumo del gas en un 15%, de acuerdo al plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Parecen apenas un aperitivo de los sacrificios que acarreará un invierno bajo el signo de la escasez de suministro ruso y de una factura energética en alza, puesto que las alternativas al Nord Stream serán más caras. Los ciudadanos de Múnich, la capital de la próspera Baviera, han empezado a nadar en aguas varios grados más frías de lo habitual –22 grados, en las piscinas al aire libre, y 26 en las cubiertas–. Ello implica cierto schock en un país donde las olas de calor son de unos pocos días y con la entrada en agosto empieza la cuenta atrás hacia el otoño. Las saunas públicas directamente han cerrado. Son depredadores energéticos.

Si hubiera que definir una consigna del verano en la Francia de 2022, esa sería la de “sobriedad energética”. Ahorrar o, al menos, evitar su despilfarro, es el nuevo mantra del Gobierno de Emmanuel Macron y de ciudades como París, que buscan convencer a ciudadanos y comerciantes para que aporten su granito de arena o, más bien, su kilovatio de ahorro. El objetivo es reducir el consumo por motivos ecológicos, sí, pero sobre todo de cara a un invierno que se presenta crudo en toda una Europa angustiada por las amenazas rusas. Hay que acostumbrarse a “pequeños gestos”, dice el Gobierno de Emmanuel Macron, como apagar las luces de las estancias que no se están usando o cerrar las puertas de los comercios climatizados. Una medida, esta última, que también estará incluida en el plan de ahorro que mañana desvelará el Ejecutivo español. A la par, se está trazando un más complejo entramado de acuerdos, decretos, leyes y consensos institucionales y del sector privado. Todo ello para reducir, en los próximos dos años, un 10% de la energía consumida —gas natural, electricidad y carburante— con respecto a 2019.

Las comunidades arrastran los pies en materia de ahorro energético. Apenas uno de cada cuatro Gobiernos autonómicos ha aprobado hasta la fecha un plan específico de reducción del consumo en edificios públicos, empresas u hogares. El Gobierno central presentará mañana un decreto para embridar al sector privado con limitación de temperatura en los termostatos y prohibición a las puertas abiertas de par en par en los comercios. A finales de mayo ya había publicado un decreto de ahorro de energía en la Administración General del Estado (AGE) que pasaba por rebajar la temperatura y reducir el horario de encendido de luces en edificios públicos, así como por fomentar el teletrabajo y acelerar la instalación de paneles solares para autoconsumo. Ante la falta de acción, que ha causado un cierto malestar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera remitió una carta a mediados de julio a los consejeros autonómicos en la que enfatizaba la necesidad de “actuar con ejemplaridad”. De entre los Ejecutivos autonómicos que sí han presentado ya un plan concreto de ahorro, uno destaca por su grado de detalle: el del País Vasco, que ha visto la luz esta semana y que impondrá límites de temperatura y promoverá la eficiencia en la iluminación y en los aparatos electrónicos, además de impulsar el teletrabajo y las reuniones telemáticas. La idea es cumplir la directriz europea de rebajar un 15% el consumo de energía.

En tres erres —reducir, reciclar, reutilizar— caben 8.000 millones de euros, 2.400 empresas, 25.000 empleos y una polémica de calado porque está en marcha una nueva regulación sobre envases que ha pillado a contrapié a compañías de alimentación, distribución y hostelería. La ley de residuos aprobada en marzo y el decreto que la acompaña —en tramitación— intentan sacar a España del podio de la mala gestión de los desechos con nuevos impuestos para el plástico no reutilizable, más obligaciones para los productores y la eliminación del 20% de las botellas de plástico en cinco años. Todos los afectados coinciden en la bondad de los objetivos, pero critican los plazos y advierten de que tendrá un impacto en los precios y en las pequeñas y medianas empresas. El gran objetivo es cumplir con las directivas europeas. Para el 31 de diciembre de 2025 deberá reciclarse, como mínimo, el 65% en peso de todos los residuos de envases, cifra que aumenta al 70% a 31 de diciembre de 2030. Dos de las principales medidas contenidas en el borrador del decreto son la reducción de botellas de plástico de un solo uso en un 20% en 2030 (un primer borrador contempló el 50%) y la prohibición de envasar frutas de menos de 1,5 kilos. El texto debe ser aprobado antes de fin de año para cumplir los hitos del Plan de Recuperación y recibir fondos europeos. El proceso no es fácil porque España es adicta al plástico.

En Euskadi más de un 85% de las empresas dotan de dispositivos portátiles que permiten la conexión a internet para uso empresarial. No obstante, aunque el número de empresas que dotan de conectividad es elevado, dichos dispositivos solo llegan a menos del 40% del personal (un 43,6% en el caso de la Construcción y un 34,5% en el caso de la Industria). El porcentaje de empresas de menos de diez trabajadores que proporcionaron a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial baja al 57%. La Ley orgánica 3/2018 recoge en su texto que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Y es que la primera causa de muerte por accidente laboral son los infartos y derrames cerebrales, patologías relacionadas con los riesgos psicosociales presentes en los entornos de trabajo (hasta mayo de 2021 fallecieron en España por esta causa 86 trabajadores y 228 durante el año 2020). Una pequeña minoría de los convenios recogen artículos en los que aparece recogido el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. En concreto, solo tres acuerdos laborales de un total de 222 firmados desde 2018 en Gipuzkoa contemplan algún capítulo o párrafo sobre mantener a su plantilla desconectada fuera de la jornada laboral, o lo que es lo mismo, un 1,35% del total, según los datos facilitados por el responsable de digitalización de UGT, José Varela, que se encuentran en el registro nacional de convenios colectivos.

Entrevista con Francisco de la Torre Alcalde de Málaga. Lleva 22 años al frente del Ayuntamiento de Málaga, tiempo en el que la ciudad ha vivido una auténtica revolución. De languidecer como un destino turístico más de la Costa del Sol a convertirse en un referente cultural y museístico de primer nivel y, sobre todo, en un polo tecnológico en el que grandes multinacionales han encontrado un «ecosistema» en el que asentarse. Al escuchar a a su alcalde se entiende eso de que Málaga esté «de moda». «Atraemos a visitantes, a gente que quiere vivir aquí y a empresas que desean invertir, y nos alegra que sea así», afirma. "Partimos de unos valores naturales atractivos, como el clima, el paisaje, la gente es muy acogedora. Y a eso le hemos sumado servicios de calidad, transporte, movilidad, accesibilidad, así como equipamientos culturales potentes y todo tipo de eventos. Con todo eso, unido al aeropuerto, el AVE, los hoteles, restaurantes... haces una ciudad muy completa. – Pero con eso solo no se consigue atraer a grandes multinacionales como Google, Vodafone, Oracle, TDK.– Esas condiciones naturales, ligadas a esa oferta cultural, facilitan el turismo. Pero también valen para la atracción del talento y de empresas. Y luego hay otras cuestiones que también influyen: tenemos potentes colegios internacionales, Liceo francés, colegio británico, sueco, finlandés, y una oferta de golf muy buena...Las empresas vienen con facilidad. Reconocen que se ha creado un ecosistema para la innovación y para el emprendimiento que da su juego. Creo que la innovación es clave para el progreso...En 1991 se empezó a confeccionar un plan estratégico para Málaga inspirado en Barcelona, que a su vez se inspiraba en ciudades norteamericanas, que a su vez se inspiraban en empresas de aquel país. Luego surgió el Parque Tecnológico y el Club Málaga Valley, donde grandes empresas e instituciones trabajamos juntas. Y en 2017 creamos el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que va teniendo éxito en la generación de empresas, que se suman a la capacidad de nuestras ‘startups’ y la universidad..."