20220829

La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, replicó ayer a las críticas contra el impuesto a energéticas y bancos vertidas por del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, insistiendo en que «ha llegado el momento» de que estas empresas «arrimen el hombro» para repartir «entre todos» la carga de la crisis. A finales de julio, el Gobierno presentó ante el Congreso de los Diputa- dos una proposición de ley para aprobar dos gravámenes, uno del 4,8% sobre el margen de interés y las comisiones de los mayores bancos de España y otro del 1,2% sobre los ingresos de las principales energéticas ante los «beneficios extraordinarios» provocados por las subidas de tipos de interés y por el alza de los precios energéticos. A este respecto, en un artículo en el diario ‘El País’, Imaz afirmaba que este nuevo impuesto «no va contra los ricos» sino «contra la actividad empresarial», y manifestaba su confianza y esperanza en que alguna institución determine el «carácter discriminatorio» del gravamen. En respuesta, la ministra recordó los «importantes réditos» que han obtenido en sus cuentas en los últimos meses relevantes empresas energéticas y financieras de España, y reiteró que «ha llegado el momento de que una parte menor de esos beneficios se distribuyan entre el total de la ciudadanía para ser fortalecidos de esta crisis». Alegría señaló que en la crisis financiera de 2008 quienes «sufrieron duramente» fueron las clases medias y trabajadoras y ahora –dijo– el Gobierno trabaja para «repartir» el impacto de esta nueva crisis «entre todos». Por ello, la portavoz socialista considera que en la actual «situación complicada» que se está viviendo, ha llegado la hora de que estas importantes empresas energéticas y bancarias «arrimen el hombro» y hagan, «de verdad, un ejercicio de responsabilidad corporativa y lo hagan de una manera positiva». Además, indicó que el impuesto a las energéticas está siendo implantado en «casi la práctica totalidad de los países europeos, muchos de ellos con gobiernos conservadores», para poder redistribuir la carga de la crisis entre todos.

Entrevista con la vicepresidenta Tercera del Gobierno Teresa Ribera. "Estoy en condiciones de asegurar que no habrá restricciones para familias y empresas. Yo no dependo del gas ruso, como Alemania, que además tiene que mantener las centrales de carbón porque en estos momentos no hay carbón y esta carísimo. Y uno de los principales proveedores de carbón también era Rusia...Nos espera un otoño y un invierno que nos encuentra mucho mejor preparados para la crisis que a otros países. Tenemos que seguir impulsando el ahorro, lo que no quiere decir imposiciones ni restricciones a las familias y las empresas, pero sí consejos y recomendaciones. Hay cosas, como, por ejemplo, la sustitución de las bombillas del alumbrado público, que no necesitan modificar ninguna norma. ¿Yo tengo que decirles a las familias, como ha hecho el Gobierno alemán, que se duchen con agua fría? Ni se me pasa por la imaginación...Yo les vengo diciendo a las eléctricas que la empatía con la sociedad es importante. Les estamos diciendo que si iban a ganar cien y pueden ganar mil, se pueden conformar con 250. Si hubieran reaccionado mejor hace un año, nos habríamos ahorrado muchos disgustos...Hay un lobby muy fuerte de los fondos de inversión en energía nuclear, pero no creo que la medida para salvar este invierno, ni el siguiente, sea la energía nuclear. Es un debate falso. Hay una industria nuclear global que está teniendo problemas de credibilidad, y aspira a renacer y a cambiar la tendencia. Pero si fuera por ellas, las empresas de las centrales hubieran cerrado antes sus nucleares..."

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, cuando anunció que los precios del gas darán una vuelta de tuerca en los próximos meses algo que, en un contexto de frenazo de la demanda y planes de ahorro por parte de todos los países europeos, solo puede explicarse por un ajuste todavía mayor de la oferta rusa. “Debido al aumento de los precios del gas hasta los 3.500 euros por cada mil metros cúbicos, me veo obligado a revisar al alza el coste previsto hasta los 5.000 euros para finales de 2022”, escribió ayer el dirigente ruso en su canal de Telegram. Además, dirigiéndose irónicamente a los mandatarios de la UE, añadió: “Con mis mejores deseos”. Medvédev señaló recientemente en una entrevista con la televisión francesa que Moscú no quiere cerrar la llave del gas a Europa, pero a renglón seguido justificó esta posibilidad por que “ahora Europa se ha convertido en un canal de la política estadounidense”. De hecho, Rusia ya ha recortado el suministro de gas a Europa este verano alegando “cuestiones técnicas” y podría cerrar el grifo por completo este invierno, cuando Europa sería más vulnerable debido a la elevada dependencia del gas ruso tanto para la calefacción como para la generación eléctrica. De hecho, Europa está aprovechando la época de primavera y verano para reabastecerse de gas y, aunque este año está llenando sus almacenes más rápidamente que los anteriores, para tratar de llegar a los meses de octubre y noviembre en máximos y blindar en cierta medida su consumo, un corte total del suministro ruso tendría un gran impacto para la economía europea, que podría entrar en recesión a partir del cuarto trimestre del año.

El canciller austriaco Karl Nehammer pidió ayer que la Unión Europea (UE) ponga límite a los precios de la electricidad, en una declaración emitida por su oficina. Si bien el gobierno conservador se mostró inicialmente escéptico respecto a la idea de limitar los precios de la electricidad, la agudeza de la crisis ha forzado este viraje. "Debemos detener de una vez la locura que se está produciendo en los mercados mercados energéticos. Y eso sólo puede ocurrir a través de una solución europea", dijo Nehammer en el comunicado. "Este mercado no se regulará por sí mismo en su forma actual. Hago un llamamiento a los 27 [Estados miembros] para que que se unan para detener inmediatamente esta explosión de precios". Austria depende del gas ruso, sobre todo en la industria y la calefacción, obteniendo cerca del 80% de su suministro de Rusia. La mayor parte de su electricidad, sin embargo, procede de las energías renovables,. El precio de mercado de la electricidad debe volver a bajar y debe ser desvinculado del gas para acercarlo a los costes reales de producción, dijo Nehammer. "No podemos dejar que (el presidente ruso Vladimir) Putin determine el precio de la electricidad en Europa cada día"

El mundo se enfrenta a un claro dilema energético: hay que reducir las emisiones de CO2 e impulsar una transición hacia las renovables a la vez que se responde a una demanda creciente, con picos cada vez más pronunciados provocados en parte por el cambio climático, en un contexto de precios desorbitados y, en el caso de Europa, bajo la amenaza de un corte de gas por parte de Rusia. Recetas mágicas no hay. Sobre todo a corto plazo. El ahorro energético puede mitigar levemente el problema, pero diferentes países han aceptado ya que la solución pasa por incrementar la generación energética de fuentes contaminantes, como el carbón. Y otros señalan que un elemento clave puede estar en la energía nuclear. Francia siempre lo ha tenido claro y ahora países que eran reticentes parecen verlo así también. Sobre todo en Asia. El Ejecutivo de Japón anunció el miércoles un plan que supondría un giro de 180 grados a las políticas energéticas que impulso a partir de 2011, cuando un tsunami arrasó la central nuclear de Fukushima provocando el mayor accidente nuclear desde Chernóbil. El país del Sol Naciente llegó a apagar un año después los 54 reactores nucleares que aportaban un tercio de sus necesidades energéticas, y durante más de dos años prescindió de la fisión para generar electricidad.

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá hoy un 10,7% con respecto a este domingo, hasta los 423,36 euros por megavatio hora (MWh), según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas para la generación de electricidad. De esta manera, el precio vuelve a subir con fuerza y se acerca a los máximos desde la entrada en vigor del límite a España y Portugal que marcaron el pasado martes y el miércoles, cuando la tarifa escaló hasta los 436,25 euros/ MWh.

La guerra en Ucrania ha frenado en seco el proceso de recuperación, amenazando con sumergir a Europa en una nueva recesión. Con este sombrío telón de fondo, España se adentra en uno de sus periplos políticos y económicos más inciertos. Lo hace tras el Consejo de Ministros del martes pasado y el pleno del Congreso del jueves, en el que se dio luz verde a normas pendientes como la nueva Ley Concursal, el controvertido decreto ley sobre el plan de ahorro energético del Gobierno o el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Asignaturas que quedaron sin aprobar al final del curso pasado y cuyo debate y votación sirvieron a la clase política para escenificar el retorno anticipado de las vacaciones ante un otoño que se anticipa turbulento, tórrido en lo político pero gélido en lo económico. De hecho, el fantasma de un apagón energético sobrevolará Europa durante el otoño y el invierno y la imposición de los planes de ahorro energético también impregnarán la agenda española, en un contexto en el que la ciudadanía y los negocios arrastran, cansados, años de confinamientos, restricciones y trabas. Con estos mimbres da España el pistoletazo de salida al nuevo curso, una etapa que, con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina (el 28 de mayo del año que viene) y los comicios generales a un año y medio vista, tendrá un marcado tinte electoral. Después de dos años y medio de crisis encadenadas, primero por el Covid y ahora por la invasión de Ucrania, Pedro Sánchez ha traspasado el ecuador de la legislatura con un profundo desgaste político, hasta el punto de que a mediados de agosto se vio impelido a salir a la palestra para negar que en sus planes figurase acometer una crisis de Gobierno. “Éste es un Gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura”, aseguró el jefe del Ejecutivo en un intento de zanjar lo que calificó de “especulaciones”.

La consejera del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, ha sido la última voz en reclamar una actuación “contundente” para controlar los precios. Lo hizo ayer en el encuentro de banqueros centrales que cada año se celebra en Jackson Hole (Wyoming, Estados Unidos). La economista alemana –miembro del consejo ejecutivo del BCE– se sumaba así al presidente de la Reserva Federal (la Fed, el banco central de Estados Unidos), Jerome Powell, que el jueves anunció en el mismo foro que los tipos de interés tendrán que mantenerse altos “por un tiempo” para lograr embridar la inflación, que está en máximos de 40 años. El método para doblegar el encarecimiento de la vida no es muy sutil. Consiste en subir los tipos de interés de referencia, para encarecer los costes de financiación de empresas y familias, de modo que se contraiga el consumo y se modere la demanda. Subir tipos, matar la economía (provocando una recesión, como ya ocurre en Estados Unidos), para moderar los precios. Esa es la ecuación. En la zona euro, el BCE comenzó con la subida de tipos el 21 de julio. Pasaron del 0%, donde llevaban instalados desde hacía seis años, al 0,5%. Esos 50 puntos básicos eran la mayor subida en 22 años. Pero cada vez más voces quieren acelerar. Varios consejeros han pedido que en septiembre se suba 75 puntos básicos (hasta el 1,25%). Las palabras de Schnabel apuntan en esa línea.

El consumo en estos dos últimos años ha evolucionado como en una montaña rusa. Se frenó por la pandemia, sobre todo en los sectores más ligados a las restricciones, repuntó, se frenó por la guerra y ha vuelto a crecer estos últimos meses estivales. Tras un verano con el turismo a rebosar, los precios por las nubes y unas perspectivas económicas inciertas, se prevé un otoño gris. No sólo eso, algunos expertos auguran una crisis de consumo que podría prolongarse y estropear la recuperación de los sectores que, tras dos años de pandemia, por fin estaban repuntando. «Estamos ante el otoño más oscuro desde hace bastante tiempo, probablemente desde 2008», vaticina Tomás Gómez, profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). «La contracción del consumo en la pandemia tenía una causa: no podíamos gastar. Esta crisis tiene otro origen y una solución muy diferente», explica el docente, que recuerda que el crecimiento de España en el segundo trimestre del año «se ha basado en el consumo. Y la economía sólo saldrá adelante si hay consumo». La inflación disparada, la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, unido a las malas expectativas económicas no dibujan un escenario que anime precisamente a comprar. «Este verano hemos visto un consumo mayor, pero ha sido un gasto más psicológico que económico. Es como si la gente quisiera darse un último homenaje. Pero a la vuelta de verano las previsiones no son buenas», dice.

La comisión de expertos que estudia cuánto y cómo debe aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) se reunirá el próximo viernes, día 2. Su trabajo será estudiar las distintas variables a tener en cuenta para subir esta renta en 2023, sobre todo, con el objetivo de que el Gobierno cumpla con su compromiso de elevarlo al 60% del salario medio en esta legislatura, a la que solo le queda un año. La primera de las claves es concretar cuál es el salario medio para saber a qué cuantía se debería llegar como mínimo para cumplir con la promesa del Gobierno de coalición. Y, si este grupo de expertos mantiene las fuentes utilizadas para sus anteriores informes, esa ganancia media se medirá con los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (que mide las retribuciones de la industria, la construcción y los servicios). Los últimos datos que usaron los expertos para recomendar una senda de incremento del SMI fueron los de 2018, según los cuales en 2023 el salario mínimo tendría que situarse en 1.049 euros al mes en 14 pagas (14.686 euros anuales). Eso exigiría un incremento de la actual cuantía (1.000 euros al mes, 14.000 anuales) del 4,9%. Pero en el Ministerio de Trabajo, distintas fuentes consideran que esta cuantía fijada por los expertos en junio de 2021 es demasiado baja, precisamente porque para llegar a ella se usó el dato de salario medio de 2018, “que ha quedado totalmente desfasado”, indican, al tiempo que apuestan por que se utilicen los datos más actualizados. Así, después de esa encuesta, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado otras dos: la de 2019 y la 2020. Sería, por tanto, esta última, la más actualizada como referencia del salario medio.

La entrada este próximo jueves en TicketBai del colectivo ‘Actividades Profesionales’ (abogados, procuradores, médicos, dentistas, veterinarios, ingenieros, técnicos, arquitectos, farmacéuticos y distintos tipos de autónomos) supondrá un acelerón notable en el nuevo sistema de facturación digital. El departamento de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa calcula que en esta nueva pantalla del proceso, en torno a unos 12.000 contribuyentes (el 25% del alrededor de 47.000 del total previsto) deberán adherirse al proyecto compartido entre las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco que tiene como objetivo evitar el fraude fiscal. A tan solo tres días para cerrar agosto, 8.922 contribuyentes (en su mayoría comerciantes y profesionales inscritos de forma voluntaria) están emitiendo ya facturas en tiempo real. La adhesión de estos 12.000 nuevos usuarios a Ticket Bai supondría alcanzar el 44% del total que deben adherirse a este nuevo sistema, que consiste en la obligatoriedad para toda persona o empresa que ejerza una actividad económica de comunicar en tiempo real al fisco las facturas que emita. Para ello debe adoptar un ‘software’ específico que deberá elegir entre los que ha aprobado Hacienda. Fuentes del fisco foral, no obstante, advierten de que ese número de nuevos contribuyentes del colectivo ‘Actividades Profesionales’ podría verse reducido, aunque en cualquier caso serán varios miles quienes pasen a formar parte del sistema este jueves.

Los padres que no esperan a última hora para preparar la vuelta al cole ya han podido comprobar que los precios de cuadernos, libros de texto y uniformes han experimentado un incremento considerable con respecto al año pasado, con el consiguiente impacto en las ya de por sí vapuleadas carteras por la escalada desbocada de la inflación. Y por si esto fuera poco, algunos centros concertados ya han comunicado a las familias que tendrán que pagar más por las cuotas del comedor o el autobús escolar. Se estima que el encarecimiento rondará el 20%. Si se tiene en cuenta que en 2021 las organizaciones vascas de consumidores cifraron el regreso a las aulas en 400 euros por hijo, ahora las familias desembolsarán unos 80 euros más. Un mazazo para muchos ciudadanos que ven cómo cada vez más van perdiendo capacidad de ahorro. La inflación se disparó al 10,8% en julio, una tendencia alcista que, unida a la escasez e incremento del precio de las materias primas por la guerra de Ucrania, ha repercutido de forma importante en los precios finales de la gran mayoría de bienes y servicios. El material escolar es un ejemplo. Aunque pequeñas librerías y grandes superficies ofrecen facilidades con ofertas y promociones especiales, artículos básicos para los escolares como cuadernos, folios y libretas se han encarecido un 15% de media. Detrás de este alza está la subida del precio del papel, que se ha duplicado en un año. «Se debe a la escasez y al incremento del precio, pero también influye el aumento del coste de la energía, el transporte...», explican desde Eroski. En cambio, en bolígrafos, carpetas, archivadores y mochilas el alza se mantiene más contenida y no rebasa el 10%.

El Gobierno Vasco y las empresas de transporte escolar de la red pública negocian una subida de tarifas para este curso. El próximo 8 de septiembre arrancan las clases y el contrato con las firmas que prestan el servicio –prorrogado dos veces– aún no se ha firmado. La reunión de la semana pasada se saldó sin acuerdo. En la concertada, los centros educativos gestionan de manera directa con las empresas los precios. Según explican varias compañías, antes de las vacaciones se revisaron y quedaron atados en la mayoría de casos con incrementos de «entre el 10 y el 20%», que tendrán que abonar las familias. En la enseñanza gratuita, el servicio depende directamente del Departamento de Educación, que también asume el gasto. Fuentes autorizadas del área de Jokin Bildarratz confirmaron que se contempla un «incremento objetivo por el encarecimiento de los últimos meses» de los combustibles. Sin embargo, se negaron a desvelar el aumento que se propondrá a las empresas, representadas en las reuniones por dos asociaciones. Los gestores de los autobuses reclaman aumentos de «entre el 10 y el 15%» para «no seguir trabajando a pérdidas». «El propio Gobierno Vasco ha dicho que la subida del gasóleo para el sector ha sido del 33%. No podemos repercutir todo al cliente, pero tampoco seguir trabajando con los mismos precios», afirma el gerente de una empresa de autocares.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC, ha provocado cada vez mayor dependencia de las mismas, en la medida en que se han convertido en elementos esenciales para el desarrollo económico y el progreso de la sociedad. Esta supeditación es la que ha generado en Euskadi la necesidad de crear una Agencia Vasca de Ciberseguridad ante el progresivo aumento de delitos informáticos que se están contabilizando durante los últimos años. El objetivo consiste en desarrollar un marco legislativo que proporcione al Gobierno las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las infraestructuras digitales. El anteproyecto de ley arrancó el pasado 12 de julio y se encuentra en la fase de conclusiones hasta el 1 de septiembre, cuando se espera que comience su andadura parlamentaria. La progresiva digitalización de las relaciones personales y de las transacciones económicas han traído consigo una «intensificación de la práctica delictiva» que ha llevado al Ejecutivo autónomo a «reforzar los medios necesarios para detectarla, investigarla y perseguirla con eficacia», según se recoge en el anteproyecto. Por ello, la creación de un organismo público específico, dependiente del Departamento de Seguridad, para impulsar la protección «puede constituir un importante instrumento técnico de apoyo» en la lucha contra las conductas ilícitas perpetradas a través de la red.

En una semana importante para los trabajadores autónomos, que han visto aprobadas las nuevas tablas de cotización en el Congreso el pasado jueves, Mikel González Sola, secretario de Organización en Euskadi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), analiza el nuevo escenario. "Nos parece un acuerdo importante porque abre un melón: la cuestión fundamental, que es que quien más gana más paga. Es bueno y un paso adelante en la buena dirección, pero luego no es todo tan perfecto como algunos han escenificado...A futuro para mejorar está la parte alta de la tabla. Los que más ganan debieran pagar más todavía, hablando claramente.. Lo que hay que tener en cuenta es que el de los autónomos es un sector tan amplio como lo es la propia economía del país. Nosotros nos centramos muchos en los ‘autónomos naturales’, que es el que trabaja solo o con uno o dos empleados, en su mayoría en negocios familiares. Y ese sector poco tiene que ver con otros más relacionados incluso con la CEOE pero que por razones ‘x’ siguen inscritos en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), pero que casi son mediana empresa. Y tienen una diferencia en el trato de cotización que da margen para el ajuste por arriba..."

"Se propone una semana laboral de cuatro días que reduce el número de horas trabajadas a 32 y provoca muchas dudas...Viene esto a cuento de que de un tiempo acá, incluso alentada por la iniciativa de los poderes públicos, se ha producido un movimiento singular en algunas empresas, a modo de ensayo, para reducir a cuatro –32 horas– la tradicional semana laboral de cinco días. Esto es, para añadir un día más de ocio al calendario más frecuente de los trabajadores. Tal iniciativa recorta horas, no las concentra, como hace el modelo belga, algo que ha despertado reacciones negativas en los agentes sociales. Como es natural, la decisión no es inocua y está rodeada de algunas dudas e interrogantes. Quizás uno de los puntos de conflicto más destacados resida en los términos convenidos del trueque salarial a cambio del ocio adicional obtenido. Aparcado de momento el supuesto heroico de mantenimiento de los salarios a base de incrementos milagrosos de la productividad, no será fácil encontrar un colectivo de trabajadores que asuma la idea de trabajar un día menos a cambio igualmente de recortar su salario. El reciente programa de Telefónica denominado ‘Jornada Semanal Flexible bonificada’, el más representativo de nuestro presente sociolaboral, contempla un caudal de 32 horas a la semana, ocho horas diarias de lunes a jueves, en lugar de las 37,5 horas actuales, cinco días a la semana. Paralelamente la empresa exige una reducción salarial proporcional a la del tiempo de trabajo recortado. Aun cuando la dirección de la tecnológica bonifica la referida reducción en un 20%, son pocas las adhesiones registradas a la propuesta..."

El problema con la contratación de personal en hostelería persiste y este verano no ha sido menos ya que la mitad de las vacantes para hostelería han quedado desiertas este verano. Sin embargo, el problema para contratar personal cualificado va más allá de la temporada alta y de las zonas turísticas: dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados “en todo momento”. Así lo refleja la encuesta sobre este asunto realizada a los empresarios por la patronal Hostelería de España para conocer esta situación que ya no solo se circunscribe a la temporada alta, si bien es mucho más evidente en estas fechas. Según explicó el secretario general de esta patronal, Emilio Gallego, la mitad de las 100.000 vacantes que el sector ha ofertado para este verano han quedado desiertas porque ha sido imposible encontrar personal disponible. Este es sin duda uno de los desafíos que afronta un sector que según la Encuesta de Población Activa (EPA) emplea, solo en bares y restaurantes, a 1,26 millones de personas, lo que representa un 9,5% más que hace un año, pero un 4,5% menos aún que antes de la pandemia.

Todo está preparado en Cabo Cañaveral (Florida) y Houston (Texas) para el regreso a la Luna 50 años después. El cohete más grande jamás diseñado se encuentra desde hace más de una semana en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, listo para el despegue. Con el lanzamiento de la misión Artemisa 1, programado para hoy a las 14.33 horas, la NASA retoma los vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre. Objetivo, la Luna. Esta vez no para llegar, tocar y volver, como hace medio siglo, sino para quedarse con la instalación de una base permanente, previsiblemente a principios de la próxima década. Si todo sale bien en esta primera misión –no tripulada– y en la siguiente –ya con astronautas– del programa Artemisa, una mujer se convertirá, no antes de 2025, en el decimotercer ser humano que pise otro mundo. Artemisa, la diosa griega de la caza gemela de Apolo, da nombre a un programa de vuelos tripulados cuyos orígenes se remontan a 2009, el primer año de mandato de Barack Obama, y el cancelado proyecto Constellation. Donald Trump ratificó en diciembre de 2017 el regreso humano al satélite como una prioridad de su Administración y, en mayo de 2019, la NASA rebautizó el programa como Artemisa, por su objetivo de llevar a la primera mujer a la Luna. Antes de que eso pase, habrá dos vuelos de prueba. En el que despega el lunes volarán juntos por primera vez el nuevo cohete y la nave Orión. El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) es el cohete más potente y grande de la Historia.