20220908

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, reclama priorizar ya en el siguiente Consejo de Ministros las inversiones que dotan a Euskadi de un valor estratégico en la gestión del gas licuado, clave para hacer frente al corte ruso de gas. Así, Tapia insistió en acelerar la construcción de un segundo cargadero de gas en el Puerto de Bilbao y en la inversión sobre la conexión de Irún con Francia para que pueda elevar su capacidad. Bilbao se ha convertido en el primer puerto español en recibir gas natural licuado (GNL) y la conexión pirenaica con Francia es el segundo gasoducto internacional que tiene España operativo en estos momentos , después del Medgaz que conecta la Península con Argelia. Fuentes de Enagás confirmaron ayer a EL CORREO que ya tienen previsto el refuerzo de la conexión irundarra para este otoño, sin necesidad de esperar a la ejecución de las obras y la inversión. La fórmula es activar el turbopropulsor de reserva mientras se avanzan las tareas, aumentando así su capacidad desde 2,1 bcm hasta 3,6 bcm. La responsable de la cartera industrial del Gabinete Urkullu insistió también en la necesidad de establecer un sistema de sanciones que evite que buques con gas cambien su destino a última hora por la aparición de mejores ofertas en otros lugares. Sobre las ayudas, la representante del Ejecutivo vasco aplaudió el anuncio de Pedro Sánchez de topar el gas también para la industria de cogeneración (aquellas plantas que emplean gas para generar la energía que ellas mismas necesitan) y la posibilidad de retomar el régimen de interrumpibilidad, mediante el que las compañías pueden recibir subvenciones cuando detienen su consumo eléctrico.

La treintena de empresas guipuzcoanas de cogeneración han acogido con cautela el anuncio del Gobierno de aplicar también la excepción ibérica a este sector productor de energía y vital para la industria vasca. Las distintas compañías con plantas de cogeneración en el territorio consideran que hace falta precisar sobre qué referencia de precio del gas se aplicará el tope ibérico en su caso y reclaman más medidas para poder volver a arrancar con garantías las plantas, en su mayoría ahora paradas. «Esperamos que el Gobierno contemple el precio real del gas para la cogeneración», señalan fuentes oficiales que representan a varias de las cogeneradoras más importantes del territorio, como la Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, en Hernani, la mayor del territorio, con una potencia instalada de 48.668 kilowatios, la tercera parte del total de todo el territorio, que asciende a 142.470, según datos de Acogen, la patronal estatal del sector. Las cogeneradoras reclaman que la referencia del tope de gas para ellos sea la misma que la que se emplea para las empresas de ciclo combinado (las de las grandes compañías energéticas), a las que el Gobierno les abona por la luz que envían a la red general un 30% más que a las cogeneradoras. Muchas empresas de este sector, que además de a papeleras engloba a madereras, firmas como Ampo, complejos hospitalarios como Zorroaga o Bidasoa, y el polideportivo de Tolosa, reclaman que el Ejecutivo central referencia el tope ibérico al precio europeo del gas, además de al español.

La Comisión Europea propuso ayer una batería de medidas de emergencia que discutirán este viernes los ministros de Energía de los Veintisiete. Sobre la mesa está la imposición de un límite al precio del gas ruso, una reducción obligatoria del consumo de electricidad del 5% de los Estados miembro –sobre todo en horas punta– y un posible tope a los beneficios de renovables y nucleares, que se situaría en torno a los 200 euros/MWh. Con estas herramientas, Bruselas quiere reducir la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Desde el inicio del conflicto bélico, los cortes de gas por parte de Moscú tienen como único objetivo «el chantaje» a la UE, denunció ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en rueda de prensa en Bruselas. La jefa del Ejecutivo comunitario defendió la necesidad de «medidas urgentes» para enfrentar la crisis energética actual, un asunto en el que su organismo lleva ya meses trabajando. En línea con el plan REPowerEU para mejorar la soberanía energética de la UE, Bruselas propone ahora una reducción obligatoria de la demanda de electricidad de los Estados miembro. Aunque el organismo evitó ayer pronunciarse de forma concreta sobre el volumen del ahorro, los Veintisiete debatirán el porcentaje de reducción, que podría situarse en torno al 5% en horas punta, momento en el que la energía es más cara y las centrales de ciclo combinado –el gas– entran en el mercado eléctrico.

El plan, de cinco medidas, tendrá un enorme impacto empresarial. Además de una medida para “ahorrar luz de forma inteligente”, Bruselas propondrá poner un tope a los ingresos de las renovables y las nucleares, un impuesto “solidario” a las empresas petroleras y un límite al precio del gas que viene de Rusia. También introducirá medidas para dotar de liquidez a las empresas energéticas que lo necesiten para facilitar contratos de suministro, estables y a largo plazo. Así lo comunicó Von der Leyen en una breve rueda de prensa de apenas 45 minutos previa a la reunión que tendrán en Bruselas, mañana viernes, los ministros de Energía. Es una cumbre histórica. Se trata de diseñar un plan de choque a medida de cortafuegos urgente ante la escalada de los precios de la energía, provocada por el “chantaje” (en palabra de la propia Comisión) que está haciendo Rusia con su uso del gas como arma económica. Rusia es el primer suministrador de gas a Europa y está “jugando” con la energía como herramienta de presión en su guerra contra Ucrania. El presidente ruso Vladímir Putin abre y cierra el grifo del gas a su antojo, lo que está provocando un “descontrol” total de los mercados energéticos, sin precedentes mundiales.

Occidente redobla su apuesta por las sanciones económicas a Rusia, después de que el G7 y la UE hayan abogado por establecer un máximo al precio del gas. De esta forma, buscan dificultar a Moscú seguir financiando la guerra ya que, a raíz del alza de precios, ha conseguido compensar el descenso en las compras. El plan de los 27 ha sentado muy mal en el Kremlin, como prueba la reacción airada del presidente ruso, Vladímir Putin. No sólo insistió en uno de sus principales argumentos –afirmar que las restricciones afectan más a Occidente que a Rusia– sino que anunció el fin de las exportaciones de gas, petróleo y carbón. “No enviaremos nada si contradice nuestros intereses”, proclamó ayer durante un foro económico. Putin cargó contra la “fiebre de sanciones” occidentales y aseguró que es imposible aislar a Rusia. Pese a que su afán es restar importancia al impacto de las sanciones, el Kremlin es muy consciente de lo que está en juego. En los seis primeros meses de la guerra, Rusia ha recibido 85.100 millones de euros por las exportaciones de gas y crudo a la UE. Estas ventas y las de otros países le han permitido ingresar 43.000 millones de euros, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. En este contexto, la UE tiene muy claro que la apuesta por las sanciones debe continuar pese a la respuesta desafiante del Kremlin. Si el pasado lunes anunció el cierre definitivo del principal gasoducto entre Rusia y Alemania –el Nord Stream 1– hasta que no se levanten las sanciones, ayer abogó por un bloqueo total de las exportaciones.

La invasión de Ucrania es «un deber» de Moscú que necesita «cumplirse hasta el final», exclamó ayer el presidente Vladímir Putin, durante un extenso discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok que reúne a sesenta países y territorios en esta ciudad portuaria rusa. El jefe del Kremlin aseguró que «no hemos perdido ni perderemos nada» en esta guerra y, en cambio, el país sí saldrá fortalecido en su «soberanía». El mandatario advirtió también sobre la posibilidad de paralizar la exportación de cereales y suspender el suministro energético a Occidente si fija precios a la exportación del petróleo y el gas rusos. Putin considera que el grano embarcado en los puertos ucranianos no está siendo enviado a los países más necesitado, por lo que baraja suspender en diciembre el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Kiev a finales de julio –gracias a la mediación de Turquía– para la exportación de cereales. «Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. Lo hicimos junto con Turquía. Si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces casi todo el grano exportado desde Ucrania no se está enviando a los países en desarrollo más pobres, sino a los países de la Unión Europea», lamentó el jefe del Kremlin. «Resistiremos la agresión económica y tecnológica de Occidente. Y la llamo justamente agresión». 

El Banco Central Europeo se reúne hoy para decidir entre susto o muerte. Son las dos opciones sobre la mesa un Consejo de Gobierno que subirá seguro los tipos de interés y que sólo tiene que dirimir si hacerlo en 50 puntos básicos o en 75 puntos básicos. Esta última opción, la que descuentan los inversores y una amplia mayoría de analistas, supondría afrontar el mayor encarecimiento del precio del dinero en sus más de 20 años de historia. Porque la autoridad monetaria europea se encuentra en una encrucijada. Aún no contempla una recesión en su escenario base –las proyecciones macroeconómicas se revisarán también en esta cumbre y puede que entonces sí anticipe–, pero lo cierto es que endurece las condiciones de financiación en un momento en el que el crecimiento se reduce a pasos agigantados por la crisis energética. Y lo hace porque la inflación, la gran variable que marca su política, se encuentra descontrolada y por encima del 9%, es decir, más de cuatro veces por encima del objetivo. La institución de Christine Lagarde, como señaló en Jackson Hole recientemente Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, debe actuar para preservar su credibilidad. Los consumidores y los agentes financieros aún confían en que en el largo plazo la inflación regresará a la meta del 2% fijada por el organismo, pero si no se mueve con contundencia ante las actuales desviaciones. 

“Mantendremos este ritmo el tiempo que sea necesario para reducir la inflación”. La vicepresidenta de la Reserva Federal de EEUU, Lael Brainard, fue tajante ayer al señalar que el banco central no relajará su postura en la próxima reunión, que tendrá lugar dentro de dos semanas. Ratifica así la unidad dentro de las filas de la institución, apoyando la tesis que ya defendió a finales de agosto el presidente del organismo, Jerome Powell, durante su participación en Jackson Hole. En la misma línea se ha mostrado también esta misma semana Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, que en una entrevista a Financial Times ha destacado que comparte la postura de Powell de que es necesario llevar el precio del dinero hasta un nivel que enfríe la economía lo suficiente para que la inflación empiece a ceder. “Mi intención es mantener las revisiones de los tipos al alza hasta que estemos convencidos de que hemos doblegado la inflación”. Pero, ¿hasta dónde? Eso es en lo único en lo que de momento no hay consenso en el seno de la Fed. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, compareció ayer en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para lanzar un mensaje de confianza “en nosotros mismos”, en la economía española y en nuestra sociedad y aconsejó remar en la misma dirección. Por ello deseó que todas las medidas adoptadas por el Gobierno no se desvíen o desorienten de sus objetivos, en un momento de incertidumbre y complejo en el que se han incrementado los precios y se ha ralentizado el crecimiento económico. Calviño calificó de “vital” llegar a un acuerdo de pacto de rentas, más si tenemos en cuenta que en estos momentos la prioridad es contener la inflación. “Es el momento de llegar a este gran acuerdo entre los agentes sociales”, dijo, ya que transmitiría un importante mensaje más allá del ámbito interno, y se evitaría el catastrofismo. Desde el Gobierno, añadió, se va a contribuir a este pacto de rentas con las alzas de salarios de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional (SMI), con lo que puede interpretarse que el mensaje que quiso lanzar es que estos incrementos van a ser inferiores a lo esperado. Precisamente estas dos variables aún no se conocen, y son una incógnita por ahora, para integrarse en los Presupuestos Generales del Estado 2023 (PGE). Otra variable aún desconocida, y que tiene efectos tanto en la inflación como en el gasto público, es el incremento de las pensiones en función del IPC, tal y como se comprometió el martes el presidente del Gobierno. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dejó ayer claro en el tradicional desayuno informativo que mantiene con los medios al inicio del curso que no cejará en su empeño de lograr que los salarios suban en función de la inflación, guiados por un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que la tenga muy en cuenta. «Queremos el AENC, estamos a tiempo, queremos que sea el instrumento que tire del conjunto del salario de los trabajadores del país», señaló. Y por ello lanzó dos mensajes directos y claros a la patronal CEOE, a la que acusó de ser la «responsable» de que la mayoría de los convenios no se hayan renovado. El primero, que ponga «hora y día para reunirnos, cuando quieran, con taquígrafos o no». El segundo, en clave de amenaza: «Va a continuar el atasco en la firma de convenios colectivos si no hay un acuerdo que tenga en cuenta sin lugar a dudas la inflación», avisó. El líder sindical advirtió además de que la negociación tiene que reanudarse «cuanto antes si no queremos que este país entre en una espiral de conflictos». De hecho, avisó de que están preparando junto con CC OO un calendario de movilizaciones. Pese a ello, Álvarez se mostró abierto a flexibilizar las cláusulas de garantía salarial, el gran escollo por el que fracasó la negociación. A este respecto, remarcó que su última propuesta fue un alza del 3,5% para este 2022 con una cláusula en la que se estipula que el 50% se abonará a final de año y que el pago del 50% restante podría retrasarse hasta 2025.

La «incertidumbre» va a imperar en Álava durante el último año de legislatura. Las dificultades en la cadena de suministros, la escasez de algunas materias primas y sobre todo el precio de la energía inevitablemente afectará al tejido económico del territorio histórico, aunque el diputado general, Ramiro González, mantiene que las empresas no se verán perjudicadas de la misma manera y que en buena medida eso dependerá del sector o el nivel de exportación de cada uno de los sectores. Por eso, el máximo dirigente foral evitó ayer análisis «catastrofistas», pero sí que reclamó un «gran pacto» entre la patronal y los sindicatos para «repartir de manera equitativa y justa el peso de las dificultades económicas por las que se está pasando». Porque González cree que habrá compañías que en los próximos meses disfruten de «una situación boyante» y otras que, por el contrario, tendrán que afrontar «una coyuntura especialmente difícil» por los efectos de la guerra en Ucrania, mientras que se registrará una pérdida generalizada del poder adquisitivo por la galopante inflación y sus consecuencias sobre la economía doméstica. «Hay que entender ambas situaciones y conjugarlas», reclamó y apostó por impulsar desde las administraciones «un gran acuerdo». «Hablo de un pacto que aborde la pérdida de poder económico de los trabajadores para ayudarles a afrontar esta situación y que, al mismo tiempo, sea capaz de analizar la situación de cada empresa para hacer conciliable las mejoras salariales con la garantía de la continuidad de las empresas. La coyuntura a la que nos enfrentemos debe ser soportada entre todos". 

Está decidida y acelera los encuentros con el sector y los consumidores para cerrar un acuerdo que ponga un límite al precio de una cesta de alimentos básicos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reúne hoy con Carrefour para tratar la cuestión. La cita es a petición de la compañía gala de distribución, porque ya tiene experiencia en Francia con una medida similar. Tras el encuentro con Carrefour, el lunes se reunirá con las distribuidoras españolas y las asociaciones de consumidores. La vicepresidenta aboga por un acuerdo para limitar los precios de una cesta básica de 20 o 30 productos. «Es completamente legal, se hizo en Francia con Sarkozy y funcionó», aseguró, Y recordó que Carrefour participó en aquella tarea de garantizar una cesta de alimentos a precios controlados en Francia. De hecho, la cadena gala anunció ayer que a partir del próximo lunes, día 12, pondrá a disposición de sus clientes una cesta de 30 productos básicos –que no reveló– a 30 euros, que estará disponible hasta el 8 de enero. Díaz insistió en la situación excepcional en la que se encuentra el país y en que hay que abordarla con «soluciones, imaginación y cuantas salidas sean necesarias para ayudar a la gente», por lo que urgió a tomar medidas «que se puedan cumplir ya, en este momento».

Las voces discordantes en el Gobierno de coalición se han ido sucediendo: ya lo había hecho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, o la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Ayer, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se requerirá mayores esfuerzos “a aquellos que se beneficien con esta crisis”, de modo que no trasladen todos los costes al consumidor, pero “en ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación”. Por su parte, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defendió que “los mercados tienen que funcionar con competencia entre los operadores”, pero que “es el momento de arrimar el hombro”, por lo que aplaudió iniciativas como la de Carrefour. Desde el sector defienden que España es uno de los países de Europa donde menos han subido los precios, pese a una inflación por encima del 10% provocada en parte por la subida de los productos básicos. De todos modos, lo que propone Díaz es complejo de sacar adelante, incluso a través de un acuerdo con distribuidoras. “Si se llega un acuerdo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que mirar para otro lado. Además, sería denunciable por cualquier empresa que no forme parte del acuerdo”, señala José Eugenio Soriano, Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y exvocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunirá hoy con Carrefour para tratar la cuestión y el lunes con otras distribuidoras. Pero su plan no convence, por ejemplo, al sector agrícola vasco ni al propio Gobierno de Vitoria. Desde el sindicato agroganadero ENBA sostienen que la propuesta de fijar un tope al PVP es una ocurrencia electoralista, ¡dedíquese a hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y asegurar que se cubren los costes de producción!», señala a este periódico su coordinador, Xabier Iraola, que pide acabar con los costes «especulativos» de intermediarios. Desde el Gobierno Vasco también consideran que topar el precio de alimentos básicos puede perjudicar a los baserritarras, «el eslabón más débil» de la cadena, según el viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz.

 "No podemos compartir la intervención de precios. Esto empieza a parecerse más a una programación soviética. Ahora vamos a ver si son 20, 30 ó 50 productos del mercado los que voy a intervenir", ha indicado Garamendi en declaraciones a RTVE. Para el dirigente de la patronal, si se pretende regular "absolutamente todo", lo que se acaba teniendo es "una economía intervenida, un Estado intervenido y falta de libertad". Mientras, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles fijar un precio máximo a los alimentos básicos sin acuerdo con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores, al tiempo que ha asegurado que se pedirá un mayor esfuerzo "a aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis". "En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", ha señalado la ministra de Hacienda en una entrevista en 'El Programa del verano' de Telecinco. 

Cuando aún faltan dos meses para la fecha clave, todo apunta a que Antonio Garamendi renovará como presidente de la patronal española CEOE para afrontar un segundo mandato al frente de la organización. El actual líder de los empresarios españoles ya ha trasladado a su círculo más cercano la disposición a repetir en el cargo y muy posiblemente no habrá candidato alternativo al que enfrentarse en un proceso electoral. Pese a las discrepancias puntuales que su gestión ha generado en algunos sectores de la CEOE, no ha cuajado ninguno de los intentos de forzar un relevo. De ahí que se dé como segura su reelección para retener el liderazgo los próximos cuatro años. Según fuentes cercanas a la patronal, Garamendi hará oficial su deseo de presentarse a la reelección el próximo 21 de septiembre, en la reunión de la junta directiva. No será sin embargo hasta mediados de noviembre cuando culmine el proceso en la asamblea anual, que prescindiría de votaciones en el caso de que no haya otros candidatos. El empresario vasco llegó a la presidencia de CEOE –a la que están afiliados 3 millones de empresas y trabajadores autónomos– en noviembre de 2018, también por aclamación, sin otros candidatos que le disputasen el cargo y con un amplio consenso en las diferentes organizaciones sectoriales y territoriales que conviven en el seno de la patronal. En este periodo ha hecho gala de una estrategia de moderación, que le ha permitido llegar a no pocos acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a las notables diferencias que separan a los empresarios del Ejecutivo. En concreto, Garamendi ha impulsado la firma de 15 acuerdos con el Gobierno, 14 de los cuales se han formalizado con el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz. Esa moderación y también esos acuerdos son, precisamente, los que han generado movimientos internos de contestación, al entender algunos sectores empresariales que Garamendi se ha mostrado especialmente blando en las negociaciones.

El Ejecutivo de Urkullu ha aprobado ya el calendario electoral para renovar los órganos de gobierno de las tres cámaras vascas de comercio, que tendrá un primer hito con la elección de los componentes de sus respectivos plenos el próximo 20 de octubre, para designar a los presidentes justo un mes más tarde, el 20 de noviembre. Salvo sorpresas, todo parece discurrir según lo ‘dibujado’ desde hace meses. Así, está previsto que repitan en el cargo los presidentes de las cámaras de Gipuzkoa y Álava, Pedro Esnaola y Gregorio Rojo, respectivamente, mientras que la de Bilbao será la única en la que habrá cambios. En este caso José Ángel Corres será sustituido por Jose Zudaire, actual responsable de recursos humanos de Petronor y presidente de BH2C, el Corredor Vasco del Hidrógeno, la asociación creada por decenas de empresas con el objetivo de impulsar esta tecnología como alternativa energética.

Los concursos empresariales en Euskadi han disminuido un 13% en los primeros ocho meses de este año respecto al mismo periodo del año anteriorConcretamente, fueron 190, mientras que las disoluciones cayeron un 1% hasta las 1.078, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. Así, el comportamiento del País Vasco es mejor que el del conjunto dd España, donde se ha registrado un alza del 4,5% en los concursos y del 10% en el caso de las disoluciones.

Repsol se ha aliado con el fondo americano EIG en su negocio de petróleo al igual que hizo con Crédit Agricole en renovables. La venta del 25% del upstream permite a Repsol aumentar el dividendo y crecer en renovables. La operación se ha valorado en unos 4.850 millones de euros, incluyendo deuda. Se han superado así todas las expectativas. El 100% se ha valorado en más de 19.000 millones, en línea con lo que esperaban los analistas más optimistas. La propia Repsol estableció un mínimo de 4.500 millones de punto de partida para la venta para ese 25% cuando se abrió el proceso. Se trata de una de las mayores transacciones corporativas este año en España y se adelanta a otras del sector, como la venta de la división química de Cepsa, que temporalmente se ha detenido. Esta es la segunda gran venta de activos de Repsol este año. En junio, la petrolera, presidida por Antonio Brufau, anunció la venta del 25% de sus renovables al consorcio de Crédit Agricole y el fondo suizo Energy Infraestructure Partners (EIP).

La primera ministra británica, Liz Truss, presentará hoy su plan para amortiguar el aumento alarmante de los precios de la energía, pero ha adelantado en el Parlamento que no lo costeará con impuestos especiales a las empresas energéticas. Para implementar sus planes, Truss ha formado un gabinete de diputados leales, que apoyaron su candidatura. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, preguntó a su nueva rival si el déficit provocado por la prevista congelación de precios –que significará un pago anual de 3.000 euros para hogares de consumo medio, según la prensa británica– correrá a cargo de los contribuyentes o si tasará el aumento de beneficios de las energéticas, cifrado por el Tesoro en 196.000 millones en los próximos dos años. El primer rifirrafe entre Truss y Starmer estuvo cargado de ideología. La primera ministra confirmó su creencia de que la reducción de impuestos es esencial para generar inversión y reprochó al laborista que «no entiende la aspiración». El distanciamiento de la nueva líder de la política más ecléctica de su predecesor, Boris Johnson, y de su rival y exministro de Hacienda, Rishi Sunak, es su rasgo distintivo. El abogado Starmer contraatacó reprochándole su fe en la economía de ‘trickle down’, asociada a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, fundamentada en la idea de que el aumento de riqueza de los ricos crea un goteo beneficioso de rentas a los pobres, y es mejor que las transferencias del Estado. El laborista reprochó a Truss que anule las subidas de impuestos de Sunak, y señaló al sector privatizado del suministro de agua como uno de los beneficiados.

La negociación más intensa se produjo por la tarde en Vitoria, donde los representantes del Departamento de Educación y los responsables del sector del transporte escolar apuraron hasta las 22.30 horas, pocas horas antes de que comenzara el curso, para cerrar un acuerdo sobre las tarifas del servicio, que subirán un 24,1%. Coste que asume el Departamento que encabeza Jokin Bildarratz, con cargo a las arcas públicas, ya que el transporte en esta red es gratuito. El sector se mostró anoche satisfecho por un acuerdo que no solo actualiza las tarifas para asumir la incesante subida del combustible y, además, obtener una garantía de que de cara a este próximo otoño-invierno «volátil» en cuanto al coste energético, no será solo el operador el que sufra el incremento. Juan Manuel Sierra, director de relaciones institucionales de Direbus Euskadi e interlocutor de las cuatro asociaciones vascas –Direbus, Aundi, Agrupación alavesa de transporte y Asintra Euskadi– explicó anoche que hoy los autobuses que operan 490 itinerarios de la red pública en los tres territorios recogerán a los alumnos. «Hay tres cuestiones que se han logrado», destacó. La subida de las tarifas un 24,1%, cuando el curso pasado se cerró con pérdidas. «Que ese acuerdo sea para el conjunto del curso escolar, que era uno de nuestros requisitos para dar seguridad» tanto a las familias como a las empresas que ofrecen este servicio básico, añadió. Y otro elemento muy destacado, «la indexación del precio del combustible». Es decir, explicó, que el incremento en la tarifa que asumirá el Gobierno Vasco se ampliará de forma proporcional si el precio del combustible que marca el Ministerio de Transición Ecológica se eleva más de 5% a lo largo de un mes.