20220911

Yolanda Díaz, que estuvo esta semana en Bilbao para presentar su proyecto político, ha acusado a la patronal de bloquear la negociación colectiva «también en Euskadi». Mantiene así la presión sobre los empresarios después de desatar una tormenta en verano al expresar su «apoyo explícito» a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos, ante el rechazo de la patronal a vincular el alza de los sueldos a la inflación en la mesa de diálogo nacional. Aquellas palabras suscitaron un profundo malestar en la CEOE, cuyos responsables la tacharon de «arrogante». Lejos de rectificar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo volvió a la carga y afirmó que «la patronal no estaba a la altura de este país». En una entrevista emitida ayer por EiTB, insistió en que «fue la patronal la que se levantó de la mesa» y que es la responsable de que la negociación colectiva esté bloqueada también en Euskadi. La parálisis en el País Vasco es especialmente grave porque cerca del 67,3% de los trabajadores –unos 400.000– tienen su convenio sin renovar y, por tanto, su salario congelado. El debate sobre cómo trasladar una inflación del 10,4% a los salarios no es fácil de resolver, en un contexto de graves dificultades económicas por la crisis energética. En Euskadi, además, hay una mayor complejidad, dado que ELA y LAB rechazan la mesa de diálogo social. La vicepresidenta volvió a reivindicar su iniciativa de topar los precios de algunos alimentos con un acuerdo de las grandes superficies, pese a la tensión generada en el Gobierno y a las advertencias de Competencia.

Entrevista con Eneko Andueza, secretario general del Pse-EE. "–¿Habría que topar los precios de los productos básicos como ha propuesto Yolanda Díaz? –Debemos ser serios, es una cuestión que no está regulada, no se puede intervenir. No podemos provocar un perjuicio, en especial a los pequeños productores, que sufren un incremento de sus gastos por el consumo de la energía. No vale ni la demagogia ni las ocurrencias.–¿Ha sido una ocurrencia?–Pues sí, es un intento de llamar la atención. Pero en política, como decía Tarradellas, se puede hacer de todo menos el ridículo..."

Existen «señales», tal y como destacan en el Ministerio de Economía. Signos que apuntan a un descenso de precios como el de las materias primas de metales en los mercados internacionales, así como el de numerosos productos agrícolas, cuyo coste se desbordó nada más comenzar la invasión rusa. También cae el coste del transporte marítimo, completamente tensionado en la primera mitad del año. Y se van deshaciendo algunos nudos en la demanda de materiales como los microchips para los automóviles. Pero muy poco a poco. El petróleo también configura una parte de esos precios que se moderan. Después de rebasar la barrera de los 120 dólares por barril de Brent durante los primeros días de la guerra, el crudo cotiza ahora en los 90 euros por temor a una recesión. Justo al comenzar el verano volvió a repuntar y llevó a que el precio de los carburantes se situara muy por encima de los dos euros por litro. Incluso se especuló con la posibilidad de que llegara a los tres euros por litro, cifra inédita en España. No fue así. El petróleo se ha ido relajando en las últimas semanas de verano –no sin sus correspondientes altibajos–, siempre pendiente de las decisiones del cartel de la OPEP, los productores mundiales crudo. Septiembre ha comenzado con su precio por debajo de los 100 dólares. Buena señal para la inflación. Pero mientras el precio de la gasolina sigue cayendo (1,75euros por litro) el del diésel se ha disparado hasta por encima de los 1,90 euros. ¿La razón? Buena parte del gasóleo consumido en Europa procede de Rusia. Y las refinerías no dan más de sí, elevando su coste. La electricidad tampoco da tregua.

Pavilion es una de las principales empresas especializadas en ‘trading’ sobre el gas que se transporta en barco y que compró la cartera de suministros a Iberdrola. El ‘trading’ es una técnica que consiste en cruzar los datos que reciben de sus clientes –las comercializadoras de energía–, entre los que figuran sus demandas en cada zona, las reservas de gas que tienen en cada país y los escenarios regulatorios, con las previsiones de mercado internacional y sus precios. Para luego hacer recomendaciones de compra y venta que permitan a las energéticas obtener los mayores beneficios con el gas que transportan en barco. Mientras tanto, en mitad del Océano Atlántico son las seis de la mañana y el capitán de un metanero con bandera chipriota recibe una orden de ruta de su armador. Llevaba doce horas en lo que en el argot se conoce como ‘a órdenes’, esperando un destino. Ha de llevar 170.000 metros cúbicos de gas extraídos en Trinidad y Tobago al Puerto de Bilbao para cubrir así una ventana de descarga que otro buque ha abandonado por tener un destino dispuesto a pagar más. Esa carga salió del yacimiento valorada en 100 millones de dólares y con esta operación se ha incrementado hasta los 150 millones. Este procedimiento, propio del mercado del petróleo hace 20 años, ha llegado al gas natural licuado (GNL). De momento, tal y como señalan fuentes de Enagás, se están cumpliendo los ‘slots’ para descargas de barcos y las reservas que se almacenan en las instalaciones que gestiona el operador gasista español junto al Gobierno vasco llenan el 80% de los tres tanques de 150.000 metros cúbicos que hay en el Puerto de Bilbao. Otra cuestión es la velocidad que está cobrando el mercado gasista por la volatilidad de los precios, que pueden pasar de un día a otro de 100 a 200 euros/Mwh. Una situación que ha provocado que en la gestión de los barcos se den muchos cambios.

45 municipios del territorio, la mitad más uno, están inmersos, en mayor o menor grado, en proyectos de comunidades energéticas para generar electricidad a través de paneles fotovoltaicos solares. En su mayoría son municipios de menos de 5.000 habitantes, pero poco a poco, con el impulso de la Diputación foral y el Gobierno Vasco, se van sumando localidades más grandes como Eibar, Pasaia o Errenteria. En Donostia también hay en marcha un par de proyectos para constituir comunidades energéticas. Tres de ellas, en Orexa, Larraul y Zumarraga, ya están funcionado a pleno rendimiento y generando electricidad a vecinos a través de las placas fotovoltaicas. El objetivo de la Diputación es que en una década los 88 municipios de Gipuzkoa hayan creado su propia comunidad. Todo un boom que nació antes de que la Guerra de Ucrania provocara una crisis energética, y que confía en afianzarse para aligerar una factura de la luz que no termina de rebajarse. El mapa de las comunidades energéticas de Gipuzkoa es algo complejo al intervenir distintas instituciones y cooperativas, que a su vez, a pesar de ser iniciativas privadas, cuentan con ayudas públicas y fondos europeos, otro de los pilares para el desarrollo de esta estrategia. Las pioneras son Orexa, independiente con ayuda institucional y que genera el 70% de la electricidad que necesita, y Larraul y Zumarraga, bajo el paraguas foral.

Un total de 94 hosteleros de Euskadi han presentado ante el Gobierno vasco las primeras reclamaciones patrimoniales por los «daños» que estiman que las restricciones dictadas por la Administración autonómica para contener el avance del Covid-19 «causaron» a sus negocios entre junio y octubre de 2020. Los requerimientos se dirigen a la consejería de Salud, como supuesta responsable del perjuicio, ya que fue el órgano que impuso las limitaciones durante el tiempo comprendido entre los dos estados de alarma impulsados por Pedro Sánchez. En conjunto y para esta primera remesa, el Ejecutivo autonómico se enfrenta a una petición de más de un millón de euros. Sólo las 22 más cuantiosas ascienden a 773.000 euros, según ha podido saber EL CORREO. Y esto es únicamente el principio porque en el territorio hay 12.500 establecimientos hosteleros censados. Las reclamaciones fueron anticipadas en su día por las diferentes agrupaciones del sector en Euskadi. Advirtieron al Gabinete de Iñigo Urkullu que sus asociados no se quedarían de brazos cruzados ante el cierre y limitación de aforos y distancias en bares, restaurantes, salones de juego y hoteles. Entendían que se ponía a estos negocios en la diana, sin que existiera informe científico alguno que demostrara que su actividad constituía un foco de propagación del virus. A su juicio, nada demostraba que tomarse un café y un pincho era más peligroso que viajar en autobús o compartir un espacio de trabajo, por ejemplo. Se abrió entonces un primer frente legal para intentar tumbar las restricciones. En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) vino a dar la razón al gremio.

La iniciativa es lo que mantiene vivas las sociedades y hasta en los peores momentos hay quien se lanza a montar una empresa. Los alaveses no se quedan atrás y ni la crisis derivada de la pandemia ni las malas perspectivas les acobardan. Proyectos que salen a la arena de un mercado convulso y que lidian con planes de negocio, facturas, cuotas de autónomos e incertidumbre pero que no pierden las ganas. Las instituciones alavesas mantienen su apuesta por el impulso de la actividad empresarial y tanto ayuntamientos como Diputación o Gobierno vasco cuentan con ayudas y viveros que echan una mano en tan complicado proceso. Vitoria cuenta con dos semilleros, y organismos como Araba Emprende o BIC Araba auspician la creación de decenas de nuevas firmas. Aunque también hay quien se lanza por su cuenta. El Correo ha hablado con cinco emprendedores que han puesto en marcha proyectos desde finales de 2021. Para ellos la palabra pesimismo no existe.

Ahora están en primer plano después de que esta semana se haya aprobado una reforma legal que salda una deuda histórica con ellas: el derecho a cobrar el paro. Empezarán a cotizar por este concepto, y también por el Fogasa, a partir de octubre. Un 5% recaerá en el empleador y un 1,05% en la trabajadora, si bien en el primer caso se establece una bonificación del 80% para que no resulte muy gravoso para las familias contratadoras. Así, para el salario mínimo de jornada completa (1.166 euros) el incremento de cuota será de 12 euros hasta los 250 (incluido el descuento del 20% en contingencias comunes). El avance es enorme y se prevén efectos positivos. «Va ser un incentivo muy importante para que las trabajadoras reclamen estar dadas de alta y por las horas que realmente hacen», señala Isabel Otxoa, asesora en la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, que, sin embargo, también hace objeciones a la norma como muchas otras organizaciones. Reprochan que las empleadas tendrán que cotizar un año para cobrar el paro contributivo y que la reforma de su despido se ha quedado corta: se elimina la posibilidad de hacerlo sin alegar motivo alguno, pero se mantiene la indemnización de 12 días por año para varios supuestos. LAB está tratando de negociar el primer convenio colectivo para el sector, pero la parte empresarial no se considera patronal para este colectivo.

El ascenso de la alemana Isabel Schnabel dentro de la institución da cuenta del poder del sector más ortodoxo tras casi una década de políticas de tipos negativos y compras masivas de deuda. La institución que preside Christine Lagarde cumplió: el pasado jueves aprobó elevar los tipos de interés al 1,25% con un movimiento de 0,75 puntos, la mayor subida jamás realizada por el BCE en sus 24 años de historia. Los halcones —el ala dura, capitaneada por los gobernadores de Alemania, Países Bajos y Austria— habían impuesto su estrategia sobre la del sector más flexible. Ese cambio de dirección de un banco dominado durante casi una década por las palomas —como se conoce a los más preocupados por el crecimiento económico, entre ellos, Italia, España o Portugal— llevaba tiempo cociéndose. En una carta, Jürgen Stark, quien a principios de este siglo se erigió como uno de los más férreos guardianes de la ortodoxia financiera dentro del Banco Central Europeo, daba con una de las claves al preguntarse por qué el mensaje de Jackson Hole lo pronunciaba Schnabel, encargada de operaciones de mercado, y no la presidenta, Christine Lagarde, o el economista jefe, Philip Lane. Y añadía que si la respuesta era que se debía a una reasignación de responsabilidades dentro del BCE, bienvenida era. En plata: mejor que sea un halcón quien lidere la batalla contra el alza de precios. Los analistas de los grandes bancos de inversión interpretaron casi de forma unánime la subida de Lagarde: la institución volvía a estar dominada por los halcones tras la década ultraexpansiva que presidió Mario Draghi. Todo eso se ha dejado atrás con rapidez.

"El ritmo de desescalada de los precios perseguido por Lagarde no parece realista...La política monetaria solo puede incidir directamente en los precios internos, que representan apenas el 31,5% del alza del IPC. El resto de componentes —es decir, la energía y los alimentos— están en buena medida determinados por factores externos a la acción del BCE. Por tanto, el BCE tendría que generar una profunda recesión para generar una caída abrupta de los precios y de los salarios, y así doblegar la inflación. Esto no es coherente con la previsión de crecimiento del 0,9% que maneja el banco central para 2023. Tras haber negado la persistencia de la inflación, ahora podría estar minimizando el riesgo de recesión. Se alude a la experiencia de Estados Unidos, donde la inflación parece estar remitiendo tras el giro de la Reserva Federal. Sin embargo, en ese país la energía y los alimentos representan menos de la mitad del incremento total de los precios...En la Unión Europea, sin embargo, la política fiscal tarda en reaccionar y el debate está encorsetado por cuestiones importantes como la reducción de los desequilibrios, pero deja de lado el contenido de las políticas en un momento clave para el futuro de la economía europea. Se echa de menos una estrategia de interconexiones energéticas y de inversiones centradas en diversificar las fuentes de suministro. También se está tardando en reformar el funcionamiento de los mercados, en especial en lo que atañe al traslado del precio del gas a la tarifa eléctrica. Entre tanto, algunos de los principales operadores de los mercados a plazo están entrando en números rojos, por verse abocados a comprar energía a precios significativamente más elevados de lo que prevén los contratos con sus clientes. Bruselas podría verse obligada a relajar las reglas de ayudas de Estado para afrontar una situación que pone en peligro la estabilidad del suministro. Todo ello apunta a un fuerte deterioro del contexto europeo en el que se mueve la economía española..."

"Ya nos habían advertido, por tierra, mar y aire, que la vuelta del verano iba a ser dura. Lo que no sabíamos era que los problemas aparecerían ya desde la primera semana, y todos de golpe. El resumen es tremendo. El sátrapa ruso continúa con sus jueguecitos geoestratégicos, moviendo la válvula del gasoducto –abre-cierra, abre-cierra–, lo que ha puesto de los nervios a toda Europa. A sus ciudadanos, que no acaban de tener claro ni el horario ni la temperatura que alcanzarán sus calefacciones este invierno. A sus industrias, que ven cómo empeoran sus costes –que lo hacen de manera dramática para quienes necesitan el gas en sus procesos de fabricación–. Y a sus gobiernos que corren como pollos sin cabeza, dando tumbos por el problema y sin ser capaces de alcanzar el mínimo acuerdo para ordenar el enorme desorden en que se halla inmerso eso que antes llamábamos ‘la Política Energética Común’ y que hoy suena tan ridículo. Menos mal que el precio del petróleo se mantiene alto, pero no escandaloso. La reunión del consejo de ministros de Energía de la UE celebrado el viernes confirmó la complejidad del problema y la cruda realidad de que las diferentes situaciones de partida alejan las posturas relativas de los países miembros. Como era de esperar, en lo único en lo que estuvieron todos de acuerdo fue en adoptar una medida que no tiene coste político para ellos, porque no suscita rechazo social, aunque sí tendrá consecuencias para el futuro. Pero, como esto del futuro está tan sobrevalorado… Me refiero, claro, a la subida de impuestos a las compañías energéticas..."

Antonio Garamendi y José Luis Bonet, decididos a seguir al frente de la patronal CEOE y la Cámara de España. Las elecciones de la gran patronal previsiblemente se celebrarán con anterioridad a las de la Cámara. El calendario se desvelará en la junta directiva del 21 de septiembre. El actual mandato termina el 21 de noviembre, cuatro años después del nombramiento de Antonio Garamendi como presidente, por lo que se presume que serán en torno a ese día, probablemente el miércoles 23 de noviembre. Ni adelantar ni retrasar. Los estatutos proclaman que la fecha debe decidirse al menos 40 días antes y que las candidaturas deben contar con un mínimo de 20 avales y presentarse al menos 15 días antes de la fecha fijada. Se da por hecho que Garamendi anunciará que se presenta en la citada junta. También parece que no habrá candidatura alternativa, por lo que el dirigente vasco volvería a ser elegido por aclamación, como en la anterior ocasión (no fue, sin embargo, así en las de 2014, cuando perdió frente a Juan Rosell por 33 votos sobre 660 emitidos). La incógnita radica en la posición que tome el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, que se ha mostrado muy crítico con Garamendi. El exdiputado catalán (de Unió) adelantó a julio las elecciones en Foment, que debían haberse celebrado también en noviembre, y fue reelegido para su tercer y último mandato. Una vez dado ese paso ha tenido tiempo para orquestar movimientos y formar una candidatura alternativa. De los cinco presidentes que ha tenido la CEOE, dos (Carlos Ferrer Salat y Rosell) son catalanes, dándose una especie de alternancia no escrita entre catalanes y no catalanes. Pero, dado el escaso apoyo que se intuye, todo parece indicar que Sánchez Llibre no aspirará en esta ocasión y se quedará en la retaguardia a esperar y ver si sale alguien a la palestra.

La UPV/EHU arranca el nuevo curso con dos grados más en su oferta formativa y sin medidas covid. Afronta, sin embargo, importantes contratiempos como la renuncia de las constructoras al proyecto estrella de la década, la Facultad de Medicina de Basurto, que tendrá que volver a salir a licitación. La rectora, Eva Ferreira, reconoce que este contratiempo demorará un año, «hasta el curso 2025/2026», la inauguración del edificio. "La universidad no es una isla y le pasa lo mismo que al resto de la sociedad. El aumento de precios nos ha pillado justo después de resolver la licitación. Ha habido otros proyectos que también han quedado desiertos. En la situación que estamos es bastante comprensible. Somos conscientes de que hay que aumentar el presupuesto, pero no lo podemos hacer de un día para otro...Según los datos de nacimientos, nos quedan al menos un par de años en los que no veremos un descenso. La bajada de la natalidad es algo que no nos debe preocupar únicamente a las universidades o a los centros educativos, sino a toda la sociedad..."

El centro 42 Urduliz enseña programación desde cero, sin profesores y durante las 24 horas del día. Lo que es relevante es la forma de aprender. Ni hay profesores, ni hay horarios (abre las 24 horas) y la formación es eminentemente práctica, basada en resolver problemas trabajando en equipo y buscándose la vida. 42 Urduliz lleva ya más de un año funcionando en Bizkaia (abrió en abril de 2021) y prepara ahora un nuevo proceso de selección. Es tiempo de hacer balance y por lo adelantado en el primer párrafo ya se ve que la cosa funciona bien. Así que podemos aprovechar estas líneas para intentar entender de una vez qué es esto, cómo es posible que alguien aprenda a programar sin profesores y a su bola. Porque, dice el director Mateos, el 40% de los estudiantes «al entrar no sabe nada de programación». La metodología 42 se la inventaron hace diez años en Francia para fabricar perfiles profesionales que ya entonces eran muy demandados por las empresas. Se ha ido extendiendo por el mundo y «a finales de 2022 habrá 42 centros 42 (así, como suena) repartidos en treinta países de todo el planeta». En España también están los ubicados en Madrid, Barcelona y Málaga. Si atendemos a lo que dicen los estudiantes, la experiencia gusta mucho y todos se manifiestan al borde del entusiasmo. «Aquí aprendes a buscarte la vida, aprendes a aprender», proclama Antonio del Corral, bilbaíno de 44 años, exbombero forestal, exdetective privado, exvendedor de libros. «Uno no tiene ganas de salir, convives con gente que viene de hacer ingenierías o de cualquier otro sector», añade Carlos Díaz, de Leioa, 24 años, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en la UPV/EHU.

La caída de Mario Draghi, la crisis energética y el ascenso de la ultraderecha abren un escenario de profunda incertidumbre en la economía. El ruido se apoderará de la escena política italiana después del 25 de septiembre, cuando se celebrarán las próximas elecciones. Dos partidos de corte ultraderechista, como La Liga y Hermanos de Italia, llegarán con toda probabilidad al Palacio Chigi. El barniz de la moderación lo aportará la Forza Italia de Silvio Berlusconi, filial del Partido Popular Europeo en Italia. Una formación en descomposición que aspira solo a mantener una cuota de poder a cambio de normalizar una situación insólita: Italia, tercera economía de la zona euro, será el primer gran país europeo con un Ejecutivo de extrema derecha. El escenario económico, sin embargo, con una recesión a la vuelta de la esquina y una inflación desbocada, no dejará margen para las estridencias populistas. Los fondos europeos son ahora demasiado necesarios como para generar conflictos con Bruselas. Entrarán en el palacio, en suma, pero no podrán tocar la cubertería de plata. Italia se encamina hacia una tormenta perfecta el próximo otoño.

Los ciudadanos suecos están llamados a votar hoy para elegir al jefe del Gobierno en unas elecciones generales marcadas por el aumento de la delincuencia, la inmigración y la futura adhesión del país a la OTAN, aunque este sea un tema que apenas se ha percibido en la campaña y que tampoco se contempla que movilice al votante. El Partido Socialdemócrata parte como favorito con la primera ministra saliente, Magdalena Andersson, a la cabeza. La formación ha estado al frente del Ejecutivo durante los últimos 28 años, pero nada está decidido: tras el ascenso de la ultraderecha, las coaliciones son clave en unos comicios reñidos entre los bloques de izquierdas y derechas. Según las últimas encuestas, los socialdemócratas cuentan con el 30% de los apoyos (sumaron un 28,3% en las elecciones de 2018), mientras que los Demócratas Suecos de ultraderecha alcanzan un 20% (17,5% hace cuatro años) y el Partido Moderado de derecha, un 17% (casi tres puntos menos que en los últimos comicios). De ese modo, los sondeos apuntan a que una alianza entre socialdemócratas y los menos representados verdes, Izquierda y Centro obtendría entre el 48,6% y 52,6% del sufragio, frente al 47,1% y 49,6% que lograría una coalición de derecha y extrema derecha, con los Demócratas Suecos (SD), moderados, Demócratas Cristianos y minoritarios liberales.

El avance de las tropas ucranianas en su empeño de echar a los rusos de la región de Járkov está siendo mucho más rápido de lo que habían vaticinado los especialistas en asuntos militares. El Ejército de Kiev, que el viernes izó la bandera de Ucrania en los principales edificios oficiales de la localidad de Balakleya, se había hecho ayer también, según todos los indicios, con Kupiansk, importante nudo de transporte ferroviario, vital para la logística del Ejército ruso. Las autoridades ucranianas confirmaron la captura de Kupiansk. Lo aseguró la asesora del jefe de la Administración regional de Járkov, Natalia Popova, que ilustró su comunicado en Facebook con una fotografía de soldados ucranianos en el centro de Kupiansk agitando banderas de su país. El exministro de Defensa de los separatistas de Donetsk, Ígor Guirkin, ratificó a través de su canal de Telegram que las fuerzas rusas «se han retirado de la parte occidental de Kupiansk, aproximadamente los dos tercios de toda la ciudad». Guirkin deplora que el mando ruso se ampare en que el abandono de Kupiansk «es la decisión táctica correcta para organizar la defensa en las afueras», pero considera que no es más que una justificación infundada. El antiguo jefe militar prorruso estima que «estamos ante una crisis operativa aguda –de las tropas rusas– en un amplio sector del frente, que se ha convertido en una gran derrota».

Hasta el momento han sido varias las teorías de la evolución del euskera en el País Vasco, aunque desde hace años se discute en qué momento de la historia esta lengua penetró en Álava y Bizkaia. Los últimos hallazgos arqueológicos, sin embargo, parecen apuntar a que ese momento fue la Tardo antigüedad. El lingüista de la UPV Mikel Martínez Areta considera que el vasco común antiguo, precedente de los actuales dialectos eusquéricos, sufrió una expansión tardoantigua y altomedieval y fue en el siglo VI cuando llegó a Álava. «El euskera, o mejor dicho un antecesor de él, llegó a la Llanada procedente de Pamplona y desde Álava se expandió a Bizkaia y cuenca del Deba», remarca. Esta es una de las conclusiones expuesta por este filólogo en el curso de verano de la UPV titulado ‘Vasconia en la antigüedad tardía (406-711), lengua, cultura y sociedad’. «Antes de la llegada de los romanos, los nombres de lugar (topónimos) y los de personas y dioses (onomástica) inscritos en diferentes soportes eran predominantemente célticos o indoeuropeos. No hay sustrato eusquérico». Con la llegada de Roma se impuso el latín y «sería en el siglo VI cuando el vasco antiguo saltó de la cuenca de Pamplona a la Llanada Alavesa», explica Martínez Areta. A esta propuesta ha llegado tras ampliar la aportación del filólogo de la Universidad de Deusto Joseba Abaitua e interpretar los recientes hallazgos arqueológicos, como el de la basílica tardoantigua de Dulantzi, ya relacionada con la génesis del vasco occidental por el propio Abaitua. «Es necesario atender a los descubrimientos arqueológicos sobre todo cuando han sido tan fructíferos como en las últimas décadas», destaca Areta.