20221118

Ayer mismo el Consejo Rector de Orona comunicó a sus 1.700 socios la convocatoria de una asamblea general decisiva para el 16 de diciembre, una cita que dirimirá «la nueva vinculación» de la cooperativa con Mondragón. Dicho de otro modo, la decisión de caminar en solitario para «ser más capaces de desarrollar el proyecto empresarial», subraya su presidente, Oier Lizarazu. Lo hace en su primera entrevista tras conocerse la posible ruptura. El dirigente explica que Orona y Ulma plantearon un «marco relacional» a Mondragón con el objeto de «beneficiar» a la corporación y a todas las cooperativas. Tras ser rechazado, la compañía ha optado por esta decisión en la que «seguiremos comprometidos con el cooperativismo». "Durante el proceso del congreso anual, en marzo, de la mano de Ulma, trasladamos una propuesta alternativa a la ponencia y fue rechazada por los órganos de Mondragón...Con ese marco relacional veíamos que íbamos a ser más capaces de desarrollar de una manera más completa nuestros proyectos empresariales. No ha tenido aceptación, pues ahora nos toca hacerlo desde una vinculación distinta, seguiremos colaborando con muchas entidades del ámbito cooperativo y trataremos de iniciar una nueva andadura desde una vinculación distinta...No podemos aceptar que nos tachen de insolidarios. Son lecturas simplificadas. Los datos están ahí, son accesibles y las divisiones pueden disponer de ellos y saber de qué manera históricamente ha cooperado Orona. Tenemos una tarjeta de líder indiscutible..."

Aunque el campo de las previsiones económicas es un terreno abonado para la inexactitud y los errores de cálculo, comienza a asentarse la idea de que la economía vasca podrá mantener en 2023 un tono algo mejor que la media española, aunque las diferencias se establezcan en apenas unas décimas de variación del PIB. Así quedó ayer de manifiesto en el transcurso de una conferencia organizada por la asociación Adype en Bilbao, en la que dos estudiosos de la materia expusieron sus análisis: el responsable del servicio de Estudios de CaixaBank, Oriol Aspachs, y el de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Aspachs apuntó que su apuesta para el crecimiento de la economía española el próximo año se sitúa en un avance del PIB del 1%. Madariaga, por su parte, fue más ambiguo en torno a las estimaciones de comportamiento de la economía vasca –Laboral Kutxa presentará sus previsiones oficiales a mediados de diciembre–, pero dio a entender que ese crecimiento puede situarse en torno al 1,4%. Esto es, un tercio del 4,2% estimado para este año, aunque Madariaga ya anticipó que el comportamiento de la actividad en los últimos meses permite pensar en una ligera mejoría para el cierre de 2022. En cualquier caso, todo apunta a que esas estimaciones para 2023, cuando se consoliden, van a ser menos optimistas que las realizadas por el Gobierno vasco y que han servido como base para la elaboración de los Presupuestos del próximo año. El Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico estima que la economía vasca crecerá el 2,1% el próximo ejercicio.

El empleo en Gipuzkoa sigue esquivando una posible recesión y la afiliación en el territorio ha crecido en 818 personas durante la primera quincena de noviembre, según los datos adelantados ayer por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, hasta el 16 de este mes, el territorio arroja una cifra total de 331.111 cotizantes a la Seguridad Social, frente a los 330.293 con lo que cerró octubre. De mantenerse esta tendencia, se rozaría el máximo histórico alcanzado el pasado mes de julio (331.140). La afiliación también muestra una curva ascendente en Euskadi, que gana 4.101 afiliados respecto a octubre y arroja una cifra final de cotizantes de 993.792.

Aunque han pasado ya 41 años desde que se pactó por primera vez el índice de cálculo del Cupo vasco al Estado, no habrá modificaciones para el próximo quinquenio. El 6,24%, el porcentaje de financiación vasca a los gastos comunes que soporta la Administración central –Defensa, Casa Real, embajadas...– se va a mantener otros cinco años más. Así lo acordaron ayer en Madrid las administraciones central y vasca, en el transcurso de una Comisión Mixta del Concierto en la que se pactó también que las diputaciones vascas recauden a partir de ahora dos impuestos de escasa trascendencia económica: el que grava los plásticos de un solo uso y el que lo hace sobre los vertidos e incineración de residuos. Ambos, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, apenas aportarán 75 millones de euros cada año a las haciendas forales, apenas un 0,4% sobre los ingresos totales por impuestos. «Hace cinco años normalizamos y regularizamos las relaciones financieras Euskadi-Estado –señaló ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu–, y ahora hemos seguido aquella senda para continuar trabajando desde la naturalidad institucional y el respeto que el Concierto Económico Vasco se merece. Hoy se ha logrado un acuerdo de enorme importancia. Es un acuerdo que consigue que el autogobierno vasco y el Concierto Económico, donde el pacto bilateral es característica fundamental, salgan más fortalecidos», concluyó el consejero en una comparecencia en Madrid tras la reunión. Ver nota Gobierno Vasco. 

Mientras el PNV cerraba el acuerdo del Cupo en Madrid, Bildu se llevaba el premio al pactar con el Gobierno que las haciendas forales gestionen los nuevos gravámenes a energéticas y bancos. Son escasamente 300 metros en línea recta los que separan en Madrid la sede del Ministerio de Hacienda y el Congreso. En la primera localización, en la calle Alcalá, se reunía ayer por la mañana la Comisión Mixta del Concierto Económico –con el consejero Pedro Azpiazu y los tres diputados generales al frente– para firmar la renovación del Cupo por cinco años, un compromiso arrancado por el PNV a Pedro Sánchez en el marco de las negociaciones presupuestarias. No había transcurrido ni una hora desde el término de ese encuentro cuando, en la Carrera de San Jerónimo, EH Bildu convocaba de urgencia a los medios para anunciar un acuerdo con el Gobierno por el que las tres haciendas vascas y la navarra gestionarán los nuevos gravámenes a las compañías energéticas y a la banca. La coalición abertzale imprimió un golpe de efecto al arrogarse un logro que tanto el Gobierno vasco como el PNV perseguían desde hacía meses. En resumen, el Ejecutivo central se compromete por escrito a concertar las nuevas tasas con las haciendas de Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley en cuestión, cuyo dictamen se aprobó ayer en Comisión y que ahora deberá ser ratificado en Pleno. En puridad, y más allá de escollos técnicos, la cesión en la gestión de estos gravámenes se daba por segura, hasta el punto de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya contaba con su recaudación cuando en septiembre anunció un nuevo plan de 400 millones para mitigar los efectos de la inflación.

El Gobierno ha cedido a las presiones políticas y ha aceptado suavizar el impuestazo que planeaba aplicar sobre los grandes grupos energéticos, en especial Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Cepsa. Finalmente, el Congreso ha aceptado tramitar las enmiendas que planteaba PNV, socio de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que en la práctica supondrá reducir enormemente ese tasazo. Los grupos más afectados analizaban ayer cuánto se puede haber suavizado el hachazo, pero algunas estimaciones preliminares calculaban que se puede haber reducido a la mitad o incluso más. Ese impuesto se está tramitando ahora en el Congreso como proposición de ley. Forma parte de una nueva norma para crear un gravamen temporal a energéticas y entidades financieras. Pero iban a ser las energéticas las más perjudicadas y donde más tambores de guerra empresarial habían sonado, porque se disponían a usar toda la artillería legal contra la nueva norma. De los 7.000 millones de euros que el Gobierno esperaba recaudar con cargo a los ejercicios de 2022 y 2023, 4.000 millones correspondían a las energéticas, a razón de 2.000 millones de euros cada ejercicio. De esta cifra, las cinco mayores, Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Cepsa, prácticamente asumían el 95%

O etiqueta homologada Rioja o distintivo Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava. Una u otra. Combinar ambas está más cerca de ser imposible. Lo pidió el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja hace dos meses y ayer recibió el aval del Ministerio de Agricultura al dar trámite al expediente con el que la institución con sede en Logroño pretende cambiar sus estatutos para reflejar de forma expresa la «exclusividad» y vetar la inscripción en ambas denominaciones. Un paso administrativo apoyado por los gobiernos socialistas de La Rioja y Navarra, pero al que se ha opuesto el Ejecutivo vasco que, hasta la fecha, había justificado la aprobación de la denominación alavesa como un trámite «al que estaba obligado». Si se supera la fase de alegaciones, Rioja también podrá poner negro sobre blanco otra medida disuasoria para los bodegueros que se sumen al proyecto Viñedos de Álava, que impulsa la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA): si se arrepintieran y quisieran volver a la marca tradicional no podrían hacerlo antes de un año o, lo que es lo mismo, quedarían condenados a una vendimia ‘en blanco’. La Dirección General de Industria Alimentaria del Ministerio que dirige Luis Planas confirmaba ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que continúa con el procedimiento para ese cambio de estatutos en la DOCa. Aunque antes de resolver, da un mes de plazo para presentar recurso de alzada y dos para que «cualquier persona física o jurídica con interés legítimo manifieste su oposición». Un paso adelante que llega tras desatender los argumentos tanto de ABRA como del Gobierno vasco. 

SEA Empresas Alavesas celebró el miércoles la segunda edición de los Premios Empresa Saludable, que en esta edición han ido a parar a manos de Pferd Abrasivos y Castmetal Vitoria. El certamen inició su andadura hace más de tres años, «con el objetivo de fomentar las prácticas saludables y contribuir al buen estado de salud de los integrantes de las empresas del territorio histórico de Álava», detallaron desde la patronal. El jurado de los premios, que cuentan con el patrocinio del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y Osalan y la colaboración de IMQ, tuvo en cuenta en su valoración «el ambiente físico del trabajo, el ambiente psicosocial, las actuaciones en salud y la participación de la empresa en la comunidad». En esta segunda edición, el ganador en la categoría de pymes fue Pferd Abrasivos S.L., una empresa que se creó en el año 1995 y se instaló en el polígono industrial de Araia. Dedicada a la fabricación de herramientas abrasivas, suma 40 empleados y «trabaja siempre dentro de exigentes criterios de calidad y el respeto por el medio ambiente». En el capítulo de grandes empresas, la distinción se la llevó Castmetal Vitoria, que forma parte de la división Metal del grupo industrial Safe desde 2013. Con 200 trabajadores en la planta de la capital alavesa, la firma exporta casi el 100% de su producción. Ver nota SEA Empresas Alavesas. 

Las exportaciones en Gipuzkoa volvieron a crecer por encima de los dos dígitos el pasado mes de septiembre en comparación con el mismo mes de 2021 y ya acumulan una subida anual del 26,1%, lo que refleja su capacidad de resiliencia en un contexto incierto y su papel tractor de la economía del territorio. La siderurgia es, de momento, la actividad que empuja al alza el comercio exterior guipuzcoano con subidas muy superiores a la que experimentan las otras dos principales partidas, los bienes de equipo y el automóvil. El Ministerio de Industria a través de la dirección provincial de Comercio de Donostia y el Eustat han ofrecido hoy los datos correspondientes al mes de septiembre, que dan cuenta del buen momento de las ventas empresariales al exterior tanto de Gipuzkoa como del conjunto de la CAV, donde su incremento asciende a casi 30 puntos porcentuales, marcado sobre todo por la subida de los productos energéticos en Bizkaia.

Cada vez nacen menos niños, cierran guarderías y los colegios lo tienen más difícil para llenar sus aulas. Este curso se han matriculado 11.604 menores en Educación Infantil en los centros escolares alaveses, casi 700 menos que el ejercicio anterior. Y esa es la tendencia de los últimos años en un contexto de crisis demográfica en Euskadi. Las cifras globales pesan y eso se refleja en los colegios. «Antes teníamos lista de espera, ahora entra todo el mundo que quiere. No hay problemas», confiesa un veterano director de la capital alavesa. «Las matriculaciones es algo que me quita el sueño. Uno de nuestros principales problemas», se sincera la directora de otra escuela. Ante este panorama, los colegios concertados han tomado la decisión de adelantar el periodo de captación de nuevo alumnado mediante jornadas de puertas abiertas, talleres dirigidos a familias externas o entrevistas personalizadas que realizan incluso durante todo el año. Se vuelcan en mostrar el atractivo de su oferta y cada vez lo hacen antes, cuando tradicionalmente estas actividades se dejaban para el mes de enero o como pronto diciembre. Cuando la época de matriculación se acercaba. Pero ahora «la competencia es feroz», reconoce Alejandro Saurina, director de NClic.

Siete meses después de que el 90% del Parlamento vasco lo suscribiera, el pacto educativo vive sus horas más críticas. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, firmantes junto a PNV y PSE-EE, emitieron ayer sendos bocinazos que cuestionan el futuro del entendimiento, concebido como base para la nueva ley. El origen de la crisis se sitúa en las negociaciones presupuestarias, en las que el Gobierno de Iñigo Urkullu ha ofrecido a PP+Cs –único grupo fuera del acuerdo junto a Vox– extender los conciertos con centros de titularidad privada a las aulas de 2 años, una etapa no obligatoria. En definitiva, ampliar el actual perímetro de la red concertada e inyectarle más dinero a pesar de un pacto político que prometía primar a la escuela pública. No es la primera vez que los firmantes del documento plantean dudas sobre su desarrollo en la práctica. Especialmente Elkarrekin Podemos-IU ya venía denunciando «constantes incumplimientos» del espíritu del texto en órdenes y decretos del Departamento de Educación. Pero ahora el ofrecimiento a PP+Cs ha desatado la mayor de las indignaciones, también en EH Bildu, que había mantenido un perfil más bajo. A la coalición soberanista, que transita en un frágil equilibrio entre la apuesta por la pública y su defensa también de las ikastolas, no le irrita tanto el qué de la oferta como el a quién. A los morados, por su parte, les enfada tanto el contenido como el procedimiento.

La formación profesional de grado básico es la principal vía de rescate para aquellos alumnos de secundaria que tienen más papeletas para llegar al final de la educación obligatoria (16 años) sin título alguno. Tras años de ajustes en su diseño, estos ciclos han alcanzado un formato de dos cursos, combinando enseñanzas académicas con las profesionales, lo que numerosos especialistas consideran ya bastante adecuado. Sin embargo, y a pesar de la mejora paulatina de las cifras, sigue arrastrando una gran losa: la mitad de los chavales que empiezan estos ciclos —a los 15, 16 o, excepcionalmente, a los 14 años— no consigue acabarlos con éxito, es decir, con el título profesional y el de secundaria obligatoria que les permitiría seguir estudiando una FP de grado medio o, si lo prefieren, el Bachillerato. Así se desprende de las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, que señalan que de todos los alumnos que comenzaron una FP Básica en el curso 2016-2017, únicamente el 49,3% logró graduarse cuatro años después. “El resto se puede considerar, casi con toda seguridad, abandono; es casi imposible que alguien consiga acabar pasados cinco o seis años”, explica la catedrática de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares Francesca Salvá Mut.

La falta de cientos de miles de trabajadores en sectores como la hostelería, el transporte o la construcción y la necesidad de resolver el problema con la mayor urgencia posible han disparado la tensión entre el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo, que el pasado 7 de noviembre enfrentaron sus puntos de vista en la comisión delegada de Asuntos Económicos. Díaz se impuso a los ministros Escrivá y Sánchez y frenó la aprobación de una orden para que se contraten trabajadores extranjeros que alivien la tensión en el mercado laboral. Fuentes conocedoras del desarrollo de esta comisión, en la que distintos ministerios ponen en común sus iniciativas, señalan que Seguridad Social y el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez acudieron con un plan para aprobar por la vía ejecutiva la llegada de un contingente de trabajadores extranjeros para empleos «de difícil cobertura». La novedad es que este contingente –que habitualmente está protagonizado por labores marítimas o determinados perfiles de deportistas– está ahora centrado en el sector de la construcción, que ha cifrado en 190.000 los puestos que necesita cubrir con urgencia para acometer tanto proyectos de obra pública como privada. La iniciativa de Seguridad Social se basa en la reforma del Reglamento de Extranjería que introdujo el pasado mes de julio con la vista puesta en resolver el problema de la falta de profesionales y que es cada vez más acuciante. Las empresas de la construcción ya han avisado desde hace más de seis meses que la falta de trabajadores está ralentizando proyectos financiados por fondos europeos y que la situación puede agravarse.

La tasa de ocupación en ingeniería es de más del 98%, según el primer Observatorio de la ingeniería de España, presentado este jueves en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Además, el 86% de las más de 500 empresas consultadas para su elaboración aseguran que requerirán contratar más ingenieros en los próximos años. “La ingeniería española presenta un nivel muy bajo de desempleo. Hay una carencia manifiesta de profesionales para cubrir la demanda del mercado en la mayoría de las áreas de especialización”, señaló el presidente del consejo rector del observatorio, Oriol Sala. De hecho, el estudio alerta de que en los próximos 10 años España necesitará incorporar más de 200.000 nuevos ingenieros a su economía. Pero si hacen falta ingenieros, hay algo que todavía se necesita más y con mayor urgencia: ingenieras. Los datos del observatorio evidencian que de los 750.000 profesionales de la ingeniería que hay en España solo 20 de cada 100 son mujeres. Donde más presencia tienen es en la ingeniería agrícola (34%) y de caminos (24%), mientras que su presencia cae en la industrial (19%), informática (16%) y en ingeniería de telecomunicación (12%). Además, la cifra del 20% no se mantiene en la misma proporción a medida que avanza la posición en la empresa. 

Virginia Guinda, (Barcelona, 1974) ha desembarcado en Madrid en las últimas semanas para preparar su campaña a las elecciones de CEOE del próximo día 23, en las que compite con el actual presidente, Antonio Garamendi, que aspira a un nuevo mandato de cuatro años. En una entrevista con Expansión, la vicepresidenta de Fomento Nacional del Trabajo, la patronal catalana, y consejera delegada de Iberboard, fabricante de papel y de cartón, explica su proyecto y su visión de las relaciones tan complicadas que tienen ahora los empresarios con el Gobierno. "Yo creo que CEOE está muy jerarquizada y falta escuchar a los empresarios. Yo propongo un modelo más moderno, con más comunicación, más diálogo, más trabajo en equipo, más debate en las cuestiones importantes y más información a los socios sobre las decisiones que se toman. También más seguimiento de las negociaciones de los acuerdos [con el Gobierno y los sindicatos]. Creo que en una institución, que a través de sus organizaciones representa a dos millones de empresas, hay multitud de intereses representados...Me he visto ya con más de cien organizaciones sectoriales y territoriales. Y lo que percibo es un interés muy genuino y un apoyo a mi candidatura. Creo que me van a votar a mí muchas de las organizaciones que Garamendi dice que le apoyan..."

Wayne Griffiths se ha pasado las últimas semanas negociando con el Gobierno, fines de semana incluidos, las ayudas que el Gobierno y las Administraciones autonómicas estaban dispuestas a ofrecer a Grupo Volkswagen a cambio de una inversión de 10.000 millones. El presidente de Seat recibe en su despacho de Barcelona como máximo responsable de Anfac, la patronal española de los fabricantes de automóviles, apenas una semana después de que finalizara el proceso de asignación de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico, en las que solo se han acabado repartiendo 877 millones de los 2.975 comprometidos. "-El Gobierno ya ha asignado las ayudas del PERTE para la reconversión de la automoción. ¿Cómo lo valora?- Ha sido un proyecto ambicioso, con un presupuesto enorme de 3.000 millones, algo nunca visto antes en esta industria. Han conseguido gastar un 30%, por lo que todavía queda mucho que hacer y habrá que tomar más medidas. Ese dinero es necesario, porque sabemos que a partir de 2035 no vamos a poder vender coches de combustión. Eso es un reto muy grande para una industria que tiene que hacer una transformación tan rápida y en un contexto como el actual: la inflación, que va a impactar sobre la demanda, la falta de semiconductores y la destrucción de la cadena de valor por culpa de la situación geopolítica y la guerra en Ucrania. Estas ayudas son claves..."

Siemens ha batido las previsiones en su cuarto trimestre fiscal al duplicar las ganancias tras una fuerte subida de ingresos y una cartera récord. El conglomerado industrial alemán ganó de 2.701 millones de euros, un 131% más, con una cifra de negocio de 20.573 millones (+18%), y una cartera de pedidos de 21.817 millones, un 14,4% más. Los buenos resultados, el nivel de pedidos récord en el ejercicio (102.000 millones, un 17% más), la subida del dividendo y los mayores márgenes previstos en 2023 en sus principales negocios, como el de automatización industrial y software, dispararon la cotización de Siemens un 7%, que otorga al grupo una capitalización de 110.140 millones. “La cartera de pedidos nos ofrece una gran visibilidad para el próximo año”, destacó el consejero delegado de Siemens, Roland Busch, pese al entorno económico complicado y el alza de costes. Además, el directivo realzó la buena marcha de sus filiales de “automatización industrial, digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética”. En el ejercicio, Siemens bajó el beneficio neto un 39,6%, hasta 3.723 millones, por la depreciación de su participación en Siemens Energy y el impacto de la salida de Rusia. El grupo prevé agrupar varios negocios en una empresa independiente de motores y accionamientos.

El incendio inflacionista se extiende por Europa, calcinando la actividad económica y empujando al Viejo Continente hacia la recesión, sin que de momento el volantazo en la política monetaria del BCE, que desde julio ha subido varias veces los tipos de interés hasta situarlos en el 2%, haya logrado enfriar la espiral de los precios. El IPC armonizado se disparó en octubre hasta el 10,6%, siete décimas más que en septiembre, propulsado una vez más por la energía, que se encareció un 41,5%, y por los alimentos frescos, que subieron un 15,5%, según el dato revisado publicado ayer por Eurostat. Aunque es una décima menos de lo anticipado a finales de octubre por la oficina estadística comunitaria, sigue siendo la tasa más alta en la historia del proyecto comunitario, y un magro consuelo ante un escenario que enfila de forma aparentemente inexorable hacia el abismo de la contracción. De hecho, aunque la UE logró en conjunto esquivar ese escenario en el tercer trimestre, con un anémico crecimiento del 0,2% fruto sobre todo del inesperado repunte del 0,3% del PIB alemán, ocho países europeos cerraron en contracción, con caídas de hasta el 1,7% en Letonia, del 1,4% en Eslovenia y del 0,4% en Hungría y Chequia. Es el fantasma de la estanflación llamando a la puerta del continente, si es que no ha traspasado ya el umbral. La inflación en Europa multiplica por dos veces y media los niveles de octubre del año pasado, cuando subía a tasas del 4,1%, con 11 de los 19 países de la moneda única por encima del doble dígito. 

Reino Unido ya está formalmente en recesión, un escenario que, según las previsiones del Gobierno, ha venido para quedarse. Al menos en 2023. En el próximo año, la economía británica se contraerá un 1,4%, frente al crecimiento del 1,8% que se había pronosticado anteriormente. A estas previsiones, se suman la inflación y una deuda pública que, en septiembre, alcanzó el 98% del PIB. Ante esta coyuntura, la receta que presentó ayer en la Cámara de los Comunes el ministro de Economía, Jeremy Hunt, es muy clara: hay que hacer recortes y subir impuestos. Cuando todavía no ha pasado ni un mes de la toma de posesión del nuevo primer ministro, Rishi Sunak, Hunt cifró en 55.000 millones de libras (63.000 millones de euros) el recorte del gasto público acumulado en cinco años y en 25.000 millones de libras (28.600 millones de euros) el incremento de la recaudación. Su objetivo es que a partir de 2028, el peso de la deuda pública sobre el PIB empiece a disminuir, y mantener a corto y medio plazo el actual nivel de gasto público. Las medidas tendrán un impacto para las empresas españolas que operan en Reino Unido. El Gobierno mantiene la medida fiscal estrella del antiguo premier Boris Johnson: el incremento del impuesto de Sociedades. Pasará del 19% actual al 25% a partir del próximo año.