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La falta de médicos es el principal problema que afecta a la sanidad vasca. En 2023 esta escasez de facultativos se agravará aún más. Según los datos facilitados por los colegios de médicos de los tres territorios, cerca de medio millar de especialistas de Euskadi cumplirá 65 años y, por tanto, podrá jubilarse. No todos lo harán. Una parte decidirá extender su actividad. Osakidetza permite hacerlo hasta los 68 años mediante prórrogas anuales. En los últimos ejercicios, uno de cada tres facultativos que ha llegado a esta edad ha decidido seguir ejerciendo la sanidad, según los datos del Colegio de Médicos de la vecina Bizkaia. Los otros dos han colgado la bata. Si en 2023 se mantiene esta tendencia, al menos 330 de los galenos que ese año cumplen 65 se jubilarán en el País Vasco. A esta situación se suma que el número de jóvenes facultativos que se incorporarán como adjuntos en los hospitales o como médicos de familia en los centros de salud vascos no será suficiente para dar relevo generacional a todos los compañeros que, por edad, cesan su actividad. La próxima primavera está previsto que concluyan su periodo formativo en Osakidetza 367 nuevos especialistas que iniciaron su residencia en 2019. Pero no todos se quedarán a ejercer en Euskadi. Según los datos facilitados meses atrás por el Departamento vasco de Salud, el 80% de los residentes se queda en Osakidetza cuando acaban su periodo formativo. Uno de cada cinco se va. Mientras, por otra parte, una de cada tres enfermeras de Osakidetza es interina. La temporalidad en Osakidetza es del 40%, tal y como reconoció el lehendakari Urkullu el pasado septiembre en el Pleno de Política General. El objetivo del Gobierno vasco es reducirla al 7%, como exige Europa para recibir los fondos de recuperación. Para ello se van a convocar y celebrar varias OPE –la primera está en marcha desde hace unos meses– con las que asignar 7.922 puestos de personal estatutario. Aunque en los sindicatos consideran que son insuficientes para alcanzar la tasa fijada por Lakua.

El frenazo económico que se ha dejado sentir ya en el arranque de curso y un otoño hasta ahora muy benigno en lo meteorológico han desplomado el consumo de gas convencional en Euskadi. La demanda de este combustible para uso industrial y para calentar los hogares ha caído un 38,3% en el último trimestre, según la contabilidad del operador gasista del Estado, Enagas. Del análisis de los datos recogidos entre agosto y octubre se desprende que esta tendencia se ha acentuado de forma muy acusada. Entre los meses de enero y julio, el descenso del consumo solo registró una caída del 6,1%. A partir de agosto, la demanda se ha desplomado casi ese 40%. Según el Ente Vasco de la Energía (EVE), el mayor consumidor de gas en la comunidad es la industria. Acumula más de la mitad de la demanda, un 57,2%, entre la actividad fabril y la cogeneración. Estos registros dan la medida de la actual coyuntura, marcada por un parón en la producción y la desaceleración económica. Importantes sectores industriales han reducido de forma notable su actividad. La automoción, que este año recortará la fabricación de automóviles en el mundo en 2,6 millones de unidades, tiene gran trascendencia en el País Vasco. La mayor fábrica de Euskadi, Mercedes-Vitoria, ha reducido en 5.000 vehículos su producción prevista para 2022 y la acumulación de ‘stock’ no vendido en Europa, que asciende a 15.000 furgonetas, ha provocado una nueva parada al completo de seis días en diciembre. Michelin producirá 200.000 neumáticos menos en su planta vasca por la caída de la demanda de los fabricantes. Y, en el mismo sector, los trabajadores de Bridgestone en Bizkaia seguirán con un nuevo ERTE por las mismas razones. El frenazo se aprecia igualmente en la construcción, que limita sus pedidos a otra industria fundamental en Euskadi: la siderurgia. El mayor impacto lo sufre ArcelorMittal, que no retomó la actividad en septiembre y extenderá su ERTE al próximo año. Sin fecha de vuelta, precisamente por el «enfriamiento de la demanda». Otro de los gigantes manufacturero, Sidenor, sigue con atención la evolución del mercado, y es que la compañía presidida por José Antonio Jainaga destina más del 60% de su producción a la fabricación de vehículos. Además, el coste del gas provoca su sustitución por combustibles más contaminantes pero más baratos, como el diésel. Así lo han hecho Vidrala o la propia Michelin. El factor meteorológico tiene también su influencia. La tardanza en llegar del frío, junto a la concienciación de ciudadanos y comunidades de vecinos en pro del ahorro energético con medidas alternativas, se deja notar en la ecuacion, aunque este consumo de gas suponga solo el 11,3% del total.

El Gas Natural Licuado (GNL) sigue siendo un recurso estratégico para afrontar la crisis energética, y el papel de España es clave para Europa. Con sus seis regasificadoras, representa más del 30% de la capacidad de toda la zona euro. El aluvión de buques gaseros en los puertos para el llenado de las reservas ha sido constante en lo que va de año. Un crecimiento del 50% en el conjunto del país, hasta alcanzar 265.100 GWh, frente a los 176.700 del año pasado. La planta de Bahía Bizkaia Gas, ubicada en el Puerto de Bilbao, ha sido la que más cantidad de GNL ha descargado. Hasta el pasado mes de octubre, en las instalaciones que gestionan Enagas y el Gobierno vasco han atracado 53 buques, que han dejado 54.432 GWh, un 48,5% más que en 2021 y la mayor cantidad de los puertos españoles. Le siguen Huelva (50.286 GWh), Cartagena (48.906), Sagunto (46.969) y Barcelona (44.435). La apuesta del Ejecutio autonómico es continuar reforzando la capacidad del puerto vizcaíno con la construcción de un segundo descargadero de gas, un proyecto que viene demandando al Gabinete de Pedro Sánchez desde el debate de política general celebrado en verano. EE UU crece un 158%. España ha disparado su demanda de GNL a Estados Unidos. 

Los promotores de Ekienea, el que será el mayor parque solar de Euskadi, capaz de generar energía para abastecer las necesidades anuales de 160.000 personas y que ocupará una parcela de 220 hectáreas en el polígono de Arasur, mantienen su intención de que el futuro mar de placas esté ‘enchufado’ a la red general a finales de 2024, según confirman fuentes de las empresas que lideran el proyecto. Ahora mismo, Ekienea tiene una capacidad de conexión reservada en la red de distribución de 132 kilovatios en Puentelarrá (Álava). Tiene asimismo permiso para abastecer a las empresas instaladas en el polo logístico de Arasur y el único obstáculo pendiente de salvar, explican las mismas fuentes, parte de una «discrepancia» con Red Eléctrica por una «fórmula de validación» que esperan solventar en las próximas semanas y que, en cualquier caso, no afectaría a los últimos plazos que Iberdrola, el Grupo Mondragón, la Diputación alavesa y el EVE se han fijado para su construcción y puesta en marcha. Ekienea ha sufrido ajustes en este último año debido a que tanto la Diputación como colectivos naturalistas como Aranzadi o el Instituto Alavés de la Naturaleza alegaron que el diseño original del ‘megaparque’ podía poner en riesgo la biodiversidad de la zona. Y es que los cerca de 250.000 paneles solares que se instalarán allí están cerca de la protegida laguna de Lacorzana, el Zadorra y el río Ayuda, estos dos últimos catalogados como zonas de especial conservación (ZEC). Los técnicos forales y los conservacionistas pedían, entre otras cuestiones, la creación de perímetros de protección y de corredores ecológicos. Además se mostraban preocupados por la elevada ocupación de suelo agrícola.

Para Christoph Schweizer, el máximo responsable de Boston Consulting Group, la escalada de costes de la energía es, sin duda “uno de los problemas a corto plazo de las empresas”. Pero más allá del caos que está habiendo este año con los precios energéticos y los que se puedan producir en 2023, el “verdadero problema es más allá, en 2023 y en 2024” dice Schweizer. La razón es sencilla. Ahora, de una forma mejor o peor, cada país ha llenado sus reservas de gas y tiene coberturas. Pero el próximo año, si la guerra de Rusia contra Ucrania sigue, la situación podría complicarse. Con todo, Schweizer, que viaja frecuentemente a distintos continentes, explica que el problema energético no se percibe igual en Europa que en Asia. En este otro continente no se tiene la misma sensación. Ni siquiera la percepción con respecto a la economía es homogénea. Él dice que “no hay una economía sola, hay varias”. “En Europa hay un sentimiento de crisis y la inflación es un problema”. Pero en EEUU “no es tan fácil” percibir esa sensación, aunque también se están dando algunas señales. En el sudeste asiático o India, “la inflación no es un problema y no hay sensación de recesión”. BCG es una de las grandes firmas internacionales de consultoría estratégica. Con cerca de 25.000 profesionales empleados en 50 países, se disputa permanentemente el primer puesto en el podio de las grandes consultoras empresariales con McKinsey y Bain & Co. No es casual que ahora conceptos como el medio ambiente o la sostenibilidad estén dentro de las prioridades de BCG. Son uno de los motores que está moviendo la consultoría a nivel global. Esos temas cada vez “son una mayor parte del negocio”, dice Schweizer. Y su peso en los resultados se está multiplicando de forma exponencial. “Una empresa no tiene futuro si no se preocupa por el medio ambiente”. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está dispuesto a permitir a los empresarios que contraten en el extranjero los trabajadores que necesitan y no encuentran en España. Todo ello, a pesar de los cerca de 2,9 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo (SEPE). Por ejemplo, en los sectores de la construcción, la industria metalúrgica o el transporte por carretera, entre otros muchos sectores. Y ello, a pesar de la oposición de la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que teme abrir una brecha nueva y muy potente de contratación ilegal, que rebaje los derechos y los salarios de los trabajadores. Pero Escrivá está elaborando una orden ministerial, a la que ha tenido acceso Expansión, que regula la gestión colectiva de contratación de trabajadores en origen. Sobre todo, para que entre en vigor en 2023 y permita atender esta demanda de las empresas, proteger los derechos de los trabajadores y adaptarla a la reforma laboral. Sobre todo, a la sustitución del contrato temporal por el fijo discontinuo, que tanta polémica está provocando en la relación con las cifras del desempleo. Por lo tanto, la orden ministerial tiene varias novedades: en primer lugar “se posibilita la contratación colectiva de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena no estacionales o no asociadas al retorno, a través de la migración estable”. En segundo lugar, la contratación colectiva de trabajadores extranjeros “no se limita a una serie de ocupaciones vinculadas a un anexo o cupos, sino que se entiende como una forma agrupada o colectiva de tramitación de contratación de trabajadores por cuenta ajena que se encuentran en el extranjero”. Es decir, que los empresarios pueden dar empleo a las personas que necesiten, en los oficios o trabajos que precisen, sin que Inclusión o Trabajo marquen cupos por especialidades.

La crisis económica está ralentizando la actividad emprendedora en Euskadi. Según los últimos informes, la tasa de generación de nuevas iniciativas empresariales cae tres décimas y se sitúa por debajo de la media española. Es una de las conclusiones que se extrae del último ‘Informe Global Entrepreneurship Monitor’ de Euskadi, correspondiente al periodo 2021-2022, donde se recoge que su tasa de actividad emprendedora cae tres décimas –hasta el 4,9%– y se sitúa por debajo de la media estatal –5,5%–. Este índice mide todas las iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio que existen en un mercado. Por lo tanto, la tasa del 4,9% que obtiene Euskadi quiere decir que prácticamente cinco de cada cien personas de la población vasca de entre 18 y 65 años estuvo involucrada en actividades emprendedoras en la fase central del proceso empresarial. Además de las consecuencias económicas generadas por la crisis sanitaria, existe según los expertos consultados otro aspecto que juega en contra de promover las vocaciones empresariales: el miedo al fracaso. ¿Pero cómo se puede mejorar en este aspecto? ¿Qué debilidades tienen detectadas desde dos de los centros formativos vascos más relevantes? Almudena Eizaguirre, directora general de Deusto Business School-Executive Education, considera que la vocación empresarial no va a menos en los últimos tiempos en Euskadi, aunque sí que detecta una serie de cuestiones donde hay mucho margen de mejora para que la situación no dé un vuelco. Porque una sociedad sin empresas no tiene futuro. Y como recalcan los que saben, pese a la pena, merece la pena emprender. En cuanto a los factores que se presentan como obstáculos, hay varios de diferente índole. Por ejemplo, «el contexto sociocultural, que es clave». Se refiere a la percepción social que existe en la actualidad sobre emprender o trabajar en una gran empresa.

Eduardo Jauregui preside el Foro de Emprendedores de Adegi. Un lugar en el que se comparten las experiencias profesionales y en el que se habla de los triunfos y de los fracasos. A su juicio, el estado de salud del emprendizaje en Gipuzkoa es bueno, aunque siempre hay cosas por mejorar. De todo ello, de las fortalezas y las debilidades, habla con claridad en esta entrevista. Se le entiende todo. "–¿Falta vocación empresarial en Gipuzkoa?–Sí, se están destruyendo más empresas de las que se están creando. Pero por ejemplo en el Foro de Emprendedores de Gipuzkoa tenemos ahora mismo a 140 empresas que están creando nuevos negocios...El miedo al fracaso es muy intrínseco a nuestra cultura. En la cultura anglosajona eso se percibe, en cambio, como un activo, alguien que ha pasado por esa experiencia previa y ha aprendido varias lecciones para no volver a cometer esos errores. Aquí se estigmatiza cuando alguien no ha tenido éxito. Y eso echa para atrás...En los propios colegios, en las formaciones profesionales, debemos educar a las nuevas generaciones para que vean que el emprendimiento es una salida muy interesante. Porque estamos creando las empresas que van a traccionar la economía...–¿Hasta qué punto la financiación es una traba a la hora de empezar un negocio?–Es una de las principales. Para empezar un negocio tienes que quemar caja para ir generando más valor. En Euskadi tenemos un ecosistema bastante rico, aunque es mejorable. Comparando con otros lugares, estamos muy bien posicionados. Hay que dar pasos en etapas cuando la empresa lleva cierta tracción y requiere un segundo paso para acometer otra inversión...–¿El empleo público es una competencia para emprender?–Un reciente informe cifraba en un 65% el porcentaje de la población española que quería ser funcionaria. Creo que eso en sí no es malo, siempre y cuando el empleo público sea un generador de riqueza y de nuevas formas de hacer. Nos consta que está habiendo un cambio de mentalidad desde el funcionariado tratando de implantar cambios en la gestión. Te hablo del proyecto Fabrika de Adegi. Y desde el ámbito público están demandando introducirse en estos procesos..."

La economía española está en camino de esquivar la recesión. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) adelantó que el proceso sería «técnico», esto es, dos trimestres con apenas unas décimas negativas, pero los últimos datos y previsiones apuntan a que ni siquiera se llegará a este escenario gracias a una tímida reactivación de la economía. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, lo descartó en su último informe sobre España. Pero lo que sí es seguro, más allá de las cifras más inmediatas, es que el Producto Interior Bruto (PIB) tardará mucho en volver a los niveles previos a pandemia. Al menos hasta 2024, según el Banco de España o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y que España, por lo tanto, afronta un nuevo lustro perdido de crecimiento económico. Un nuevo porque no es la primera vez, ni mucho menos, que la economía española sufre un episodio de este tipo en los últimos años. La crisis financiera desató un periodo incluso más largo, de casi una década, en el que el PIB no conseguía volver a los niveles previos a 2008. Eso suman muchos años perdidos, muchos años de atraso respecto a otras economías y, lo más importante, muchos años en los que la población ha sufrido las consecuencias de las sucesivas crisis. Sin embargo, en el actual periodo se ha producido un cambio muy sustancial: que el empleo se ha comportado mucho mejor, de modo que los ciudadanos lo está pudiendo sortear en mejores condiciones. Al menos, comparativamente.

Ha sido la previsión más avanzada en los últimos tiempos: la economía española entraría en terreno negativo en el cuarto trimestre de este ejercicio y en el primero del próximo, lo que supondría que se produciría una recesión técnica de la que se saldría sin graves sobresaltos a partir de la primavera de 2023 o, como muy tarde, en la segunda parte del próximo ejercicio. Sin embargo, todo indica que esos presagios no se van a cumplir o, en el peor de los casos, que se retrasarán varios trimestres. BBVA, que preveía que habría crecimiento negativo en algún trimestre, apenas lo mantiene ya. “La evolución del PIB en el tercer trimestre del año (una variación positiva del 1,1% cuando se estimaba que sería de una décima o poco más) nos sorprendió”, reconocen en prácticamente todos los organismos que tratan de predecir el comportamiento de la economía, lo que los obligó a revisar la cifra prevista para el conjunto de 2022 para situarla claramente por encima del 4%, superando en algunos casos la última previsión del propio Gobierno, y a aceptar que la probabilidad de que realmente se produzca una recesión desciende a medida que pasan las semanas. “Son buenas noticias”, admiten, y manifiestan su satisfacción por haberse equivocado. Hace apenas dos semanas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, declaraba que era probable que la economía en el cuarto trimestre de este año en lugar de permanecer plana, o incluso registrar un ligero retroceso, se apuntase un modesto avance. Realmente hablaba de pasar de una caída de una décima de punto a un avance de este mismo tamaño. En valores absolutos apenas representan unos pocos miles de millones de euros, que no son mucho comparándolos con el PIB total. Pero no deja de tener importancia, al menos desde la perspectiva de la imagen, que en lugar de una caída del producto se registre un avance.

"...Dos convicciones van cobrando en las últimas semanas un creciente número de adeptos, desmontando sendas alertas fatalistas anunciadas por buen número de casas de estudio hace pocos meses. La primera consiste en que es más que probable que la economía española no sufra la cacareada recesión –dos trimestres seguidos de PIB negativo–, sino que la sortee con cierta holgura. La segunda, que no tenemos por qué ser los ‘pupas’ de todos los rankings, y que, con relación a la evolución del IPC, vamos en el pelotón de cabeza de la Eurozona. Como se ha adelantado, son varias las casas de análisis y centros de estudios que están revisando moderadamente al alza la previsión de crecimiento del PIB en 2022 y en 2023 hasta el 4,6 y el 1,2%, respectivamente, ahuyentando el fantasma de la recesión. Resistimos por encima de lo augurado. En el tercer trimestre, la demanda interna se mantuvo firme. A pesar del retroceso de la renta disponible y de la erosión adquisitiva derivada de la inflación, el consumo privado aumentó. No olvidemos que el consumo se lleva la parte de león de la demanda agregada. Creció igualmente la acumulación de capital; esto es, la inversión en equipo productivo y las exportaciones cerraron las referidas tendencias alcistas. Las estimaciones de crecimiento para el último trimestre de 2022 revelan más optimismo del esperado. Si todo discurre según la tendencia, el PIB podría repetir el crecimiento del trimestre anterior (+0,2%), desmontando las anteriores tesis de caídas moderadas...Lo anterior no nos faculta para triunfalismos: somos la única economía desarrollada que no recupera importantes registros previos al Covid 19 en 2022. El PIB está por debajo y nuestra tasa de paro continuará por encima en 2023. Y seguiremos con una productividad famélica y un déficit desbocado. Pero, hoy, al César lo que es del César". 

Sindicatos del Metal de Bizkaia y la patronal del sector, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), se reunirán el próximo miércoles en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, en Bilbao, para intentar encauzar la negociación del convenio colectivo, aunque las centrales sindicales advierten de que «la pelota está en el tejado» de la patronal. El encuentro se celebrará a partir de las 15.30 horas y los sindicatos aseguran que acudirán con una actitud «negociadora», según fuentes de CC OO, que comparte plataforma reivindicativa con LAB, UGT, ESK, CGT y CNT. Por su parte, ELA defiende una posición propia en este conflicto. Estas centrales creen que «se ha avanzado» con la última propuesta de la patronal vizcaína del Metal realizada el pasado 25 de noviembre para un convenio que abarque el periodo 202225, si bien aún la consideran insuficiente y expusieron que «había que seguir negociando», ya que a su juicio la FVEM «intentó hacer una imposición». Tras señalar que en las dos últimas semanas no ha habido ningún contacto, CC OO subrayó ayer que los representantes de los trabajadores apuestan «como siempre» por la negociación. «Veremos con qué actitud viene la patronal, pero la pelota está en su tejado ahora mismo», señala este sindicato que afirma no renunciar a «seguir con las movilizaciones», si no prosperan las conversaciones.

Un exdirectivo de banca de inversión que renunció a las tensiones de ese mundo para dedicarse a la literatura acaba de sustituir al frente de Kutxabank a un músico vocacional que dejó la guitarra para firmar una exitosa carrera en las finanzas. El curioso vínculo entre Anton Arriola y Gregorio Villalabeitia no pasa desapercibido y permite afilar la prosa para exprimir esa conexión cultural. Ni la música ni la letra del banco cambiarán. No se esperan grandes revoluciones en el heredero de la actividad de las tres cajas de ahorro, que se ha consolidado durante los ocho años de mandato de Villalabeitia y que mantendrá el rumbo y la velocidad de crucero con Arriola al timón. Los bancos, casi por definición, están obligados a dar rentabilidad a sus accionistas. En este caso, los propietarios –BBK, Kutxa y Vital Kutxa– financian su obra social con los beneficios. Y en el trasfondo de la actividad bancaria de Kutxabank está la huella de tres entidades creadas para atender las necesidades sociales y empresariales del territorio. Es el arraigo al que apeló Anton Arriola el día de su toma de posesión. Esa herencia no frena en cualquier caso el cambio de paradigma en el sector financiero. El paso lo marcan la digitalización, las exigencias del regulador y sobre todo la necesidad de sobrevivir compitiendo con peces más grandes y con el colmillo más afilado. Por ese frente viene la reducción gradual y constante de sucursales, ligada a una certeza común a todo el sector: la banca on line aleja a los nuevos clientes de las oficinas bancarias. Y en las sedes de las entidades flota la pregunta de cuántas veces acude hoy en día un cliente a la sucursal más allá de sacar dinero del cajero. Esa dinámica también tiene incidencia en la plantilla del banco, que se ha reducido en más de 2.000 personas –básicamente con jubilaciones y bajas incentivadas– y que gana peso tecnológico frente al financiero.

El ecosistema empresarial español sufre la invasión de un agente exógeno que impide su desarrollo. Así lo asegura, al menos, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en su informe Crecimiento empresarial. Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos. En él, glosa los principales lastres para el tejido empresarial que, entre otras cosas, provocan que las compañías españolas tengan un tamaño medio menor que la mayoría de países de Europa, con las consecuencias negativas que ello conlleva. En concreto, estas trabas conforman la existencia de un “amplio conjunto de normas de índole tributario, contable, laboral y de otro tipo que desalientan el crecimiento empresarial”. En el ámbito tributario, la organización considera que “el sistema bloquea el crecimiento de las pymes, que soportan las terceras cotizaciones sociales más altas de Europa, e Impuestos de Sociedades e IRPF de los más altos del continente”. Así, sólo Francia y Eslovaquia superan a España respecto a las cotizaciones sociales del empleador y hay 20 otros países que tiene cotizaciones “al menos 10 puntos porcentuales más bajas”. En cuanto a Sociedades, el 25% del sistema tributario español –tasa igual en Holanda, Bélgica y Austria–, se ve superado por el 35% de Malta, el 30% de Alemania y el 26,5% de Francia. Respecto al IRPF, Cepyme realiza la comparación respecto al tipo máximo del 50,1% español, superado en Finlandia, Dinamarca, Austria, Suecia y Alemania. A juicio de la organización, este tipo máximo “obstaculiza la atracción de talento por parte de las pymes, que de por sí lo tienen más difícil para poder pagar salarios más bajos que las grandes empresas”. Precisamente el factor salarial ejerce también una fuerte presión en el tejido empresarial español. En concreto, denuncia Cepyme, “la pyme española enfrenta un coste laboral total mínimo que es de los más altos de Europa y un salario mínimo que es, en relación con el salario medio, el más alto del continente”.

Las convocatorias se aceleran, las licitaciones avanzan a buen ritmo, pero el dinero sigue sin llegar al tejido productivo español. Las críticas por el retraso en la ejecución real de los fondos europeos ha sido una constante desde la puesta en marcha de este mecanismo, a pesar de que el Gobierno lleva meses defendiendo que la ayuda europea del Plan de Recuperación ya ha cogido «velocidad de crucero». Es cierto que España está cumpliendo con los compromisos que Bruselas exige para acceder a los fondos. Pero la realidad es que, salvo honrosas excepciones como el ‘Kit Digital’ para las pymes –el mayor caso de éxito en el reparto de los fondos europeos–, los empresarios y los distintos servicios de estudios mantienen que los problemas burocráticos siguen atascando de forma preocupante el camino de las ayudas. Sobre todo ante la dificultad de algunas administraciones locales para hacer frente a un enorme volumen de subvenciones para el que, además, en muchas ocasiones no cuentan con personal cualificado para gestionarlo. La dificultad para seguir euro a euro la ejecución real de los fondos ha llevado a algunos analistas a crear sus propias herramientas de información. Es el caso del Observatorio NexGen UE creado por EsadeECPol en colaboración con EY Insights, que ha creado un algoritmo para rastrea las convocatorias de las distintas administraciones públicas y el destino de las mismas. En su último informe, dedicado solo al apartado de subvenciones con los fondos europeos, el investigador Manuel Hidalgo evidencia que a 15 de noviembre había 28.500 millones de euros convocados en subvenciones para programas asociados al Mecanismo de recuperación y Resiliencia (MRR), con un dinamismo mayor en los últimos seis meses de este año. Según los datos recopilados por la firma, las pymes y personas físicas son destinatarias de aproximadamente un tercio de las convocatorias (alrededor de 10.000 millones), mientras que las grandes empresas copan un 11% (unos 3.300 millones).

El Gobierno ha lanzado hasta el 15 de noviembre subvenciones con cargo a los fondos europeos Next Generation por valor de 28.460 millones de euros, de los que por el momento ha concedido 9.300 millones, apenas un tercio del total. Las empresas –sociedades anónimas y sociedades limitadas– sólo se han llevado un 19% de esos fondos, según un informe publicado hoy por el think tank EsadeEcPol. En concreto, las sociedades limitadas se han llevado 1.131,9 millones de euros, mientras que las anónimas han sido beneficiadas con 622,5 millones de euros. Dentro de la economía social, ha habido asociaciones que se han llevado un 7,3% de las subvenciones concedidas (663,8 millones de euros); 417,4 millones han ido a personas físicas (el 4,5%) y 81,2 millones han ido a asociaciones de interés económico (0,89%). En total, un 31,5% va al tejido productivo. El resto ya adjudicado ha ido a parar en su mayoría a otras administraciones públicas o entidades educativas. Las comunidades autónomas y corporaciones locales han sido beneficiarias de un 55,4% del total adjudicado; las universidades se han llevado un 8,9%; los centros de investigación, un 1,2%; los centros de educación secundaria, un 1%; y otros organismos, un 1%. «Las cantidades aquí asignadas tienen la particularidad de que son meras transferencias entre administraciones, y aunque en la jerga ministerial puede ser considerada como ejecución del plan (lo que no deja de ser una terminología correcta), en términos de efectos sobre el tejido productivo no lo sería. Es obvio que son las convocatorias dirigidas a los actores finales, que son los que aplican estas partidas para la inversión en sus respectivos ámbitos de actividad, lo que debe ser considerado como verdadera ejecución de los fondos europeos para el propósito marcado», se recoge en el documento firmado por Manuel Hidalgo, co-director del Observatorio de Fondos Next Generation EU de EsadeEcPol.

Las cuatro grandes promotoras españolas Aedas, Neinor, Metrovacesa y Vía Célere mantienen su hoja de ruta para los próximos años en lo que a entregas se refiere, pero el ritmo comercial en los nueve primeros meses del año se frena respecto al mismo periodo del año anterior, que fue récord por la demanda embalsada que se creó tras el Covid. Las cuatro inmobiliarias suman 5.451 unidades prevendidas en los nueve primeros meses del año, un 18% menos que las 6.684 viviendas del mismo periodo de 2021. Con las operaciones cerradas en los tres primeros trimestres del año, Aedas, Neinor, Metrovacesa y Vía Célere suman una cartera de pre-ventas de 13.056 unidades (frente a las 13.927 unidades de septiembre de 2021) con un valor de 3.842 millones de euros. Esto les otorga cierta visibilidad de cara a los dos próximos años. La ralentización que se ha detectado en los últimos meses, con un comprador más cauto para cerrar transacciones, se dejará ver sobre todo desde 2024. Por número de ventas lidera el ránking Aedas. En los nueve primeros meses del año, la promotora suma 1.847 viviendas vendidas, un 13% menos respecto al año anterior. A cierre de septiembre Aedas sumaba 4.789 unidades prevendidas por un valor total de 1.490 millones de euros. El precio medio de venta se sitúa en los 396.000 euros, un 20% más alto que en el mismo periodo de 2021. En los nueve primeros meses del año los ingresos de Aedas alcanzaron los 577 millones de euros, un 8,6% menos que en el mismo periodo de 2021, con un beneficio neto de 58 millones, un 33% menos.

El Gobierno, ahora sí, ultima un plan de medidas anticrisis que limitar el alza del precio de los alimentos. De esta forma, recupera una vieja idea, que tras las vacaciones de verano, ya intentó poner en marcha, cuando anunció su voluntad de topar los productos básicos de la cesta de la compra ante el crecimiento descontrolado de la inflación. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aprovechó su intervención, ayer, en un mitin para arropar al candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, para anunciar que antes de que acabe el año, se aprobará un paquete anticrisis que incluirá medidas para “contener la evolución de los precios de los alimentos”.. Sin embargo, más allá de garantizar que estará en vigor en 2023, no avanzó ningún detalle sobre cómo se las ingeniará el Gobierno para conseguirlo. Lo único que dijo fue señalar que, con esta batería de medidas se evidencia que el Ejecutivo que preside está “al servicio de la gente, a la clase media y a los trabajadores”. También sacó pecho por haber conseguido “doblegar la curva de la inflación”, ya que en noviembre, el incremento de precios se situó en el 6,6%, bastante por debajo de la media de la eurozona (10%). Estas palabras llegan después de que la semana pasada, Díaz anunciase que su coalición, Unidas Podemos, estaba negociando con el PSOE nuevas medidas para frenar el encarecimiento del precio de los alimentos y de las hipotecas, en el marco de la prórroga del segundo decreto de medidas anticrisis para frenar las consecuencias económicas de la agresión rusa sobre Ucrania, y que expira el 31 de diciembre. Al igual que la vicepresidenta, ayer Sánchez no dio ninguna concreción.

Los bancos centrales de las principales economías occidentales van a dar esta semana el último acelerón a la subida de tipos con la que han marcado a fuego la economía y los mercados financieros en este 2022. El año será recordado de forma indiscutible como el tiempo en que tuvieron que pulverizar a toda velocidad años de tipos cero y estímulos monetarios ilimitados para intentar poner freno a una inflación galopante. El alza de precios ya apuntaba maneras en 2021, cuando los banqueros centrales aún pensaban que era un fenómeno transitorio, pero se ha desbocado este año a niveles no vistos en cuatro décadas. Los fantasmas de la crisis energética de los setenta han regresado en 2022 con la guerra de Ucrania. En la recta final del año, la inflación queda lejos de estar controlada, aunque empieza a dar las primeras señales de que habría tocado techo. El mercado espera por tanto que la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra rebajen la intensidad de sus últimas subidas de tipos en las respectivas reuniones que celebrarán esta semana, aunque sin renunciar a nuevas alzas en 2023 que serán más suaves, ajustes de un cuarto de punto con los que mantener a raya los precios. La previsión generalizada de los expertos es que los aumentos de tipos de las reuniones de esta semana sean de medio punto. La Fed rebajaría el ritmo de subidas después de cuatro incrementos consecutivos de 75 puntos básicos, hasta dejar el precio del dinero en la horquilla entre el 4,25%4,5%. La previsión es que el BCE los sitúe en el 2,5% –tras dos alzas consecutivas de 75 puntos básicos– y que el Banco de Inglaterra también afloje ligeramente el paso con una subida de medio punto, después de decidir en noviembre un aumento de 75 puntos básicos, el mayor en 33 años.

Primero llegó la covid, le siguió la falta de semiconductores y el encarecimiento de las materias primas, y la guerra en Ucrania ha acabado dando la puntilla. Pese a la resistencia financiera mostrada por los principales fabricantes de coches, la industria europea del motor llega al final de 2022 exhausta. Sus fábricas, y las de sus proveedores, encadenan tres ejercicios en mínimos históricos de producción en los albores de la costosa reconversión para producir vehículos eléctricos. Según cálculos de la consultora LMC, las factorías europeas llevan desde 2020 con una tasa de producción en mínimos históricos, inferior al 60%, y que previsiblemente será del 56% a finales de año. Continúan las largas listas de espera para conseguir un vehículo nuevo y hay dudas sobre cómo reaccionarán los compradores con la inflación y la subida de tipos. Como advirtió en octubre Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis, el cuarto productor mundial, hay tanta sobrecapacidad en la industria que sería posible cerrar 11 factorías en Europa de las 134 que ensamblan turismos, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. En los nueve primeros meses del año se ensamblaron en la UE 7,9 millones de vehículos, un 26% menos que antes de la pandemia (2019). Las matriculaciones siguen algo peor, con 6,7 millones de coches vendidos tras una contracción del 31%. Las tasas de utilización de las factorías están lejos de los porcentajes superiores al 70% de épocas normales. Incluso durante la Gran Recesión, no bajaron del 65%. 

El Gobierno se reserva la llamada acción de oro al menos hasta final de 2024 y ampliará su radio de acción a más activos y ramas de actividad. El Ejecutivo prolongará dos años más la potestad de vetar la entrada de capital y la compra de empresas estratégicas por parte de inversores foráneos, según fuentes gubernamentales. Se trata del llamado escudo antiopas, que se activó en 2020 para proteger a sectores considerados de especial interés ante el batacazo de sus valoraciones y el apetito de los compradores extranjeros. Los inversores foráneos, incluidos los de la UE, seguirán requiriendo el plácet del Gobierno para adquirir más del 10% de una firma estratégica que cotice en Bolsa o para compras de más de 500 millones. El Gobierno seguirá con la llamada acción de oro en su mano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prolongará dos años más, hasta finales de 2024, la potestad de vetar grandes compras de empresas por parte de inversores foráneos, según explican fuentes gubernamentales. Los inversores extranjeros, incluidas las sociedades de la Unión Europea, seguirán requiriendo la luz verde del Gobierno para adquirir más del 10% de una empresa estratégica que cotice en Bolsa o cuya compra asciende a más de 500 millones de euros. Según estas fuentes, se introducirán modificaciones para atar el control también sobre compras de activos. De ese modo, el Gobierno quiere evitar que se pueda sortear la norma con la venta de partes de un negocio.

La trama de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, con supuestos pagos y regalos de Qatar a personas «relevantes» que pudieran influir en su toma de decisiones, va camino de convertirse en uno de los mayores escándalos de la institución europea. La Fiscalía belga dio a conocer que cuatro de los seis detenidos en la redada del viernes en Bruselas han sido imputados y entre ellos está la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili. La eurodiputada socialista, natural de Grecia, es hasta el momento el máximo cargo involucrado en el caso. Permanece encarcelada y se la acusa –al igual que los otros imputados– de «pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales», informó la Fiscalía en un comunicado. Kaili no pudo beneficiarse de su inmunidad parlamentaria, ya que la policía la detuvo en «flagrante delito». Según la prensa belga, la eurodiputada llevaba «bolsas llenas de dinero» en el momento de su detención. El padre de la eurodiputada también fue interceptado poco después con una maleta repleta de dinero en efectivo cuando salía de un hotel en Bruselas, pero fue puesto en libertad ayer. La eurodiputada fue interrogada la noche del sábado y, cumplidas las 48 horas de custodia policial, el juez a cargo de la investigación concluyó que había pruebas para imputar a cuatro de los seis detenidos. Entre ellos está también la pareja de Kaili –el asesor parlamentario Francesco Giorgi– y el antiguo eurodiputado António Panzeri, en cuyo domicilio la policía belga encontró hasta 600.000 euros en efectivo. Otro arrestado, el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Luca Visentini, fue finalmente puesto en libertad condicional.

Estos cinco días de feria normal –presencial y sin aforos, por fin, tras dos ediciones raras debido a la pandemia– comenzaban con las expectativas muy altas. Había, se comentaba en todos los puestos, muchas ganas de volver a lo que fue, de reencontrarse, y mucha ilusión puesta en la gran cita de la cultura vasca, la que le pega el gran empujón anual al sector de los libros y los discos vascos. De acuerdo a la valoración hecha por la asociación Gerediaga, organizadora del evento, todas las expectativas se han cumplido y acaban la edición número 57 «felices». «Hemos vivido cinco días de explosión de la cultura», afirman. Aunque la Azoka no proporcionará cifras de ventas ni de asistencia, reconocen que se han alcanzado números «muy buenos» que nos remiten a los años previos a la crisis sanitaria. El año pasado sí que hubo datos de visitantes, 25.000, porque era necesaria la cita previa. La gente ha apostado por la feria presencial: en la tienda online, las compras han bajado considerablemente respecto al año pasado, con 434 pedidos frente a los más de 1.500 de 2021.