20221213

«A partir de mediados de la década también se fabricará allí (en la planta de MercedesBenz Vitoria) la nueva furgoneta de tamaño medio basada en la nueva plataforma modular eléctrica VAN.EA». Con solo esta frase el gigante automovilístico confirmaba ayer oficialmente que la factoría de la Avenida de los Huetos, la mayor empresa de Euskadi, producirá una de las variantes de las nuevas monovolumen ‘full electric’ sobre la citada tecnología con las que la compañía iniciará una nueva era y la planta afianzará su futuro. Apenas una frase en una extensa comunicación canalizada desde la central del grupo en Madrid con el siguiente encabezado: ‘Hito hacia la transformación eléctrica: Mercedes-Benz Vans reorganiza la red de producción en Europa’. Una frase que, en todo caso, vale 1.200 millones de euros. La inversión que, de forma escalonada, realizará la matriz del gigante automovilístico para ampliar instalaciones (quiere crecer en 23,8 hectáreas) y transformar sus procesos de montaje. Un desembolso milmillonario que coincide con 170 millones del reparto del primer PERTE de la Automoción. A priori dará estabilidad a más de 4.800 empleos directos, 30.000 indirectos, y al negocio de 600 proveedores. Pero también, un ecosistema en desarrollo que tiene Basquevolt como punta de lanza. Mercedes además de impulsar el proyecto de la gigafactoría, se ha comprometido a adquirir sus celdas de batería. La confirmación oficial llega más de dos meses después de trascender que la gerencia de la planta había avanzado a sus mandos que la adjudicación del futuro modelo iba a ser un hecho. 

Durante su participación en una mesa redonda sobre los retos de las pensiones organizada por la Federación de Entidades de Previsión Social de Euskadi (EPSV), la directora del Área Jurídico-Laboral de Confebask, Virginia Múgica, ha comenzado su intervención recordando que “en los próximos 20 años cumplirán más de 65 años toda la generación del ‘baby boom’, lo que supone que pasarán a ser pensionistas 14 millones de personas. Y la sociedad en la que nos movemos, lejos de asumir eventuales recortes ante los retos evidentes de sostenibilidad que presenta el sistema, aboga por ampliar y mejorar el catálogo de prestaciones y los colectivos protegidos”. “Así las cosas, - continúa Virginia Múgica, - parece obvio que los fondos necesarios para mantener el sistema de pensiones van a tener que ser muy cuantiosos. Las reformas que se están planteando tratan de dar respuesta a esos retos, fundamentalmente incrementando la cotización y las aportaciones al sistema desde los presupuestos del estado vía impuestos”. “Pues bien, - advierte la directora jurídico-laboral de Confebask-, no deberíamos olvidar que el verdadero y único garante del mantenimiento de la Seguridad Social es el sistema productivo: sin empresas y sin dinamismo en la actividad económica no hay futuro. En consecuencia, cualquier medida que haya de tomarse sobre cómo financiar las pensiones no puede adoptarse sabiendo que podría lastrar la actividad empresarial y el crecimiento económico. Todo esto habrá que hablarlo, trabajarlo y reflexionarlo muy detenidamente, pero, en el fondo, lo que subyace es la pregunta de cómo o de dónde sacamos la ingente cantidad de fondos que se van a necesitar para pagar todas esas pensiones". Ver más en Confebask. 

Pese a los grandes desafíos a los que se enfrenta, el sistema público de pensiones tendrá una larga vida, aunque será necesario un mayor esfuerzo conjunto de contribución para mantener el actual nivel de prestaciones. Esta es una de las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos reunidos ayer en Bilbao por la Federación de EPSV de Euskadi en un debate sobre el modelo y los futuros retos de las pensiones.  Los expertos, procedentes del ámbito empresarial y académico, expresaron la necesidad de realizar un mayor esfuerzo pedagógico acerca del funcionamiento del sistema. Un asunto sobre el que la población «tiene un desconocimiento absoluto», a tenor de las opiniones de un grupo de ciudadanos recogidas en un vídeo que sirvió de punto de partida para el debate. La ciudadanía «da por descontado» que el sistema público seguirá respondiendo a sus necesidades, recordó Virginia Múgica, directora del Departamento Jurídico y Relaciones Laborales de Confebask. Y eso pese a los negros augurios que se avecinan en forma de reto demográfico, escasez de cotizaciones y aumento de la esperanza de vida de los actuales y futuros pensionistas. «Lo de la pirámide poblacional es terrorífico. Los ‘babyboomers’ estamos empezando a jubilarnos, y si no hacemos nada se pondrá en riesgo el sistema de la Seguridad Social», expresó Pablo Sanz Gutiérrez, responsable de la Zona Norte de EY. En su opinión, la tasa de reemplazo de las pensiones –porcentaje que supone la pensión de jubilación respecto al último salario cobrado por un trabajador, y que está entre el 75% y 80%– «es insostenible». Olga Ahumada Carazo, profesora titular en Economía de la Empresa y Comercialización de la Universidad del País Vasco, alertó sobre la decreciente natalidad y la incorporación, cada vez más tardía, al mercado laboral. «Muchos pensionistas viven muchos más años», a lo que hay que añadir el actual contexto de crisis «que conlleva más paro y menos gente cotizando». Problemas estructurales «que no se resuelven con inmigración», según Luis María Ugarte Azpiri, director general de Lagun Aro EPSV. A su juicio, «esto no se solucionará si no ponemos más dinero, tanto a través del sistema público como del complementario».

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propuso ayer sustituir las cotizaciones sociales que el Gobierno quiere ir elevando de forma gradual para los salarios más altos por un recargo proporcional “de solidaridad” sobre la cuota del IRPF que contribuya a la financiación del sistema. El informe, firmado por el investigador Ángel de la Fuente, cuestiona el planteamiento del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de subir gradualmente las bases máximas de cotización entre 2025 y 2050 –aumentándolas el IPC más un 1,154% más al año– acompañada de una revisión inferior de la cuantía de las pensiones máximas (que subirían el IPC más un 0,115% más al año). Esto supondría en 2050 un incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima y del 3% para la pensión máxima. Para el autor, esta propuesta en discusión es claramente insuficiente en cuanto a ingresos para compensar el incremento del gasto en pensiones previsto ya que, una vez implementada por completo en 2050, “esta medida incrementaría la recaudación, como mucho, en un 0,15 % del PIB” frente a un alza de gasto cifrada en torno a 3,5 puntos de PIB. Y, si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo –como piden los sindicatos–, el incremento de recaudación seguiría siendo insuficiente. Según el investigador, la propuesta “supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante”. En su lugar, un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF “aseguraría un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes”.

El director general de la EPSV Lagun Aro, Luis María Ugarte, ya ha anunciado a sus socios –la entidad gestiona las prestaciones complementarias de todos los cooperativistas de la Corporación Mondragón– que la crisis financiera obliga a introducir cambios sustanciales en lo que hasta ahora era un compromiso anual: revisar las pensiones tomando como referencia el IPC. El esquema tradicional era aplicar una subida equivalente al 70% del IPC. Para los ‘nuevos’ pensionistas del grupo –los nacidos después de 1950–, no podrá ser así en 2023. La subida, ha advertido Ugarte a los pensionistas, no podrá superar el 1%. El máximo responsable de la gestión de la EPSV ha explicado con todo detalle a los partícipes –a través de un vídeo colgado en la plataforma Youtube–, el serio impacto que ha tenido el deterioro de sus inversiones en activos financieros. Aunque es algo común a todos los fondos de pensiones, la baja rentabilidad e incluso la pérdida de valor de sus activos –tanto de renta fija como variable–, ha provocado un brusco descenso de su patrimonio. Tanto que en la actualidad su margen de solvencia –la capacidad que tiene para atender con sus activos los compromisos asumidos con los socios–, es negativo. En 2022, ha anticipado la entidad, la rentabilidad negativa se sitúa en torno a un 8%. Lagun Aro gestiona una parte de la pensión –el complemento privado– de algo más de 55.000 cooperativistas. En torno a 15.500 ya están jubilados y tienen derecho a percibir la renta de la EPSV vasca y algo más de la mitad de ese colectivo entra dentro de los que se consideran ‘nuevos’ pensionistas. La división entre ‘antiguos’ y ‘nuevos’ se llevó a cabo en 2010, tras la crisis inmobiliaria, y ello supuso varios cambios. El primero era la advertencia de que no se mantendría el compromiso de revalorización para los ‘nuevos’ si el margen de solvencia caía por debajo del 4%. Ahora el descenso es mayor, hasta situarse incluso en una tasa negativa. El segundo cambio afectó a un reequilibrio en el esquema de previsión de los cooperativistas para dar más peso a la pensión pública y reducir la parte privada. Hasta 2010, el 67% de las pensiones de los cooperativistas dependía de sus aportaciones a Lagun Aro, mientras que el 33% dependía de la Seguridad Social. 

Después de la crítica unánime que se encontró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a su propuesta de ampliar a 30 los años para calcular la pensión, patronales y sindicatos confiaban en que en la reunión de ayer hubiera al menos cambios de calado que permitieran avanzar hacia un acuerdo para la segunda fase de la reforma, algo que a día de hoy parece imposible. Lejos de eso, el ministro se mantuvo en sus trece y volvió a reiterar la necesidad de extender a 30 años el periodo de cómputo descartando las 24 peores mensualidades, propuesta que los sindicatos se niegan siquiera a negociar, ya que hasta los socios de coalición, Unidas Podemos, lo rechazan de plano. Tampoco hubo ningún avance en la otra iniciativa que genera una fuerte controversia: la subida del 30% de las cotizaciones máximas desde 2025 hasta 2050, acompañada de un alza muy inferior de las pensiones máximas en ese periodo, de apenas un 3% en términos reales. Escrivá mantiene intactas estas dos medidas polémicas a poco más de 15 días para que la reforma tengan que estar aprobada. Los sindicatos advierten al Gobierno que el «tiempo se acaba» y que «el movimiento de la mesa es extremadamente lento» y, por tanto, es difícil que se vaya a cumplir el plazo que el Ejecutivo está marcando de terminar antes del 31 de diciembre, se lamentó Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. El ministro solo presentó ayer unas ligeras mejoras para reducir la brecha de género en las pensiones con las que pretende contentar a los agentes sociales. Pero sin éxito, ya que los sindicatos las calificaron de «irrelevantes», «muy parciales» y «claramente insuficientes».

Iñigo Urkullu confió ayer en que el País Vasco podrá eludir la recesión en 2023 y mantendrá un crecimiento del PIB del 2%, pese a los malos augurios que pesan en torno a la evolución de Europa y a la convicción que tienen ya muchos analistas de que la UE no podrá eludir la crisis. El lehendakari también se mostró favorable a un aumento del salario mínimo y dio a entender que el País Vasco no aplicará el Impuesto de Grandes Fortunas porque, recalcó, «está pensado para Madrid y las comunidades que no aplican el Impuesto de Patrimonio, que sí está vigente en Euskadi» Urkullu insistió en el catálogo de fortalezas que tiene la economía vasca y que le van a permitir afrontar una etapa de «desaceleración económica pero con crecimiento». Todo ello, gracias a una apuesta sostenida durante décadas por la industria, «frente a quienes recomendaban un cambio de estrategia» y a la apuesta por la innovación en diferentes campos. El jefe del Ejecutivo destacó que las inversiones en investigación y desarrollo, la apuesta por una «política energética equilibrada», una filosofía que tiene la solidaridad como hilo conductor y el impulso a la digitalización y el desarrollo de la tecnología del hidrógeno son las bases sobre las que se asienta esa fortaleza de los cimientos de la economía vasca y de las buenas perspectivas de futuro. También hizo referencia al compromiso de realizar una «evaluación de la fiscalidad» en 2023 –una tarea aplazada desde 2020– y se mostró favorable a «aprovechar el Concierto Económico». Por último, se mostró crítico con el retraso que se está produciendo en la llegada de los fondos europeos de recuperación económica, aunque se mostró confiado en que «los proyectos que contemplaba el plan Next Generation elaborado por el Gobierno vasco puedan ponerse en marcha». Sobre el futuro de Mondragon asegura que “no creo que la salida de las dos empresas le afecte en nada a Mondragon.  Sí me parece lamentablemente lo que se está dilatando en el tiempo toda esta cuestión. Considero que el modelo cooperativo no se va a resentir en absoluto, como tampoco creo que vaya a afectar de manera especial al grupo de Mondragon". 

«Osakidetza sigue siendo la joya de la corona, pese a su crisis de crecimiento». Así respondió Urkullu a la preocupación social y política por el conflicto con los profesionales sanitarios. El lehendakari cuestionó que «todos los hospitales puedan contar con todos los servicios médicos» y defendió el trabajo «en red». El lehendakari defendió ayer la «estabilidad institucional» que vive Euskadi frente a la «tensión política» que existe en el resto de España, se mostró optimista sobre la capacidad que tendrá el próximo año el País Vasco para capear las «incertidumbres» que aparecen en el horizonte y se esforzó en defender a Osakidetza, un ente envuelto en los últimos tiempos en diversas tormentas, pero que «sigue siendo la joya de la corona». El cese de dos de las principales responsables de la OSI Donostialdea por no estar «alineadas» con las directrices ordenadas desde la dirección del Servicio Vasco de Salud ha precipitado una rebelión de los jefes de servicio del Hospital Donostia. A esto hay que añadir las protestas que también se dan en Basurto. En ambos casos hay un factor común: las críticas por el traslado a otros hospitales de algunas unidades. Una estrategia que, más allá de la polémica, Urkullu cree inevitable. «¿Es posible contar con todos los servicios que demandamos en todos los hospitales o es posible pensar que participamos en una organización que trabaja en red? No podemos hacer aquello que a nosotros particularmente nos gustaría», afirmó el lehendakari, quien enmarcó la necesidad de realizar cambios organizativos en la «crisis de crecimiento» que vive Osakidetza. «Se trata de una crisis, pero de una crisis positiva», apostilló.

El precio del petróleo repuntó ayer, después de encadenar varias semanas a la baja en las que llegó a descender desde los 100 dólares de principios de noviembre hasta los 76 del pasado viernes. Ni siquiera la entrada en vigor el lunes día 5 del tope fijado por Occidente al crudo ruso, junto con el embargo de la UE a las importaciones por mar procedentes de ese país, habían alterado esa tendencia, marcada por el miedo a una recesión. Ayer, sin embargo, la cotización se dio la vuelta y giró al alza cerca de un 2,5% hasta rozar los 78 dólares. Habrá que ver si se trata de un punto de inflexión. En el rebote influyó la fuga en el oleoducto Keystone, en Estados Unidos, y el debate sobre la incidencia del límite al precio del petróleo ruso, ante las amenazas de Vladímir Putin de no vender a quienes lo acaten. Entre los operadores hay mucha confusión, con Turquía paralizando petroleros en el Bósforo para comprobar que tengan los seguros en regla. Ha afectado, asimismo, la caída de la producción de la OPEP+, aprobada en octubre. Pero la bajada del crudo hasta el momento ya ha favorecido un significativo recorte en los precios de los carburantes. Así, en Euskadi el litro de la gasolina ronda los 1,64 euros el litro, muy cerca de los 1,63 que registraba justo el día antes de la invasión rusa de Ucrania, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. A partir de entonces inició una escalada que llevó al Gobierno a implantar una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante el 1 de abril, en un momento en el que el coste estaba en 1,8 euros. El pico llegó en junio, cuando alcanzó los 2,2 euros. En cuando al diésel, su precio se sitúa en 1,73 euros el litro en las estaciones de servicio vascas. En su caso, aún está por encima de los 1,53 que marcaba antes de la guerra. No obstante, también ha bajado de forma considerable desde los 1,9 que registraba cuando entró en vigor la subvención en abril y el pico de 2,14 euros que alcanzó en junio.

A cuatro días de que se produzcan las asambleas generales de Orona y Ulma en las que sus socios decidirán si siguen o no en la Corporación Mondragón, el grupo –el mayor de Euskadi y que cuenta con más de 80.000 empleados– ha puesto toda la carne en el asador en un proceso que evidencia un debate de gran trascendencia en su seno. La pelea por el relato se eleva de tono por momento y Mondragón elaboró ayer un mensaje con 14 de sus cooperativas, entre las que están las de mayor relumbrón, como Eroski, Laboral Kutxa, Lagun Aro o la propia Universidad. La misiva se trasladó con 14 hombres y mujeres que representan a cada una de esas organizaciones y que defienden la importancia de permanecer dentro de la Corporación, por los beneficios que aporta gracias a la intercooperación, la solidaridad y el apoyo a quién pasa dificultades o por las puertas que abre en escenarios internacionales e institucionales. En un vídeo que circuló ayer por todos los cooperativistas y que se alojó en la web de la revista de la Corporación –en la publicación se ha creado una sección específica bajo el epígrafe de ‘Orona/Ulma’– aparecen intervenciones del presidente Iñigo Ucín y de la presidenta del Consejo Rector del grupo, Leire Mugerza. Por su parte, en el cruce de mensajes que tiene lugar en las últimas semanas, Ulma envió ayer una dura comunicación en la que critica a Ucín por las declaraciones que realizó en la entrevista publicada el pasado 4 de diciembre, en la que aseguraba que a los socios de Orona y Ulma se les había dado información «tuneada». Especialmente han preocupado las referencias a la mutua Lagun Aro, que acoge las aportaciones de los cooperativistas y del futuro de estas ante una eventual salida de la organización.

Nuevo e intenso capítulo el vivido ayer en el proceso de separación de Orona y Ulma de la Corporación Mondragon; un divorcio que previsiblemente se certificará este mismo viernes, cuando los más de 4.500 socios de ambas firmas están convocados para votar la escisión. El protagonista de ese ‘penúltimo episodio’ fue el conglomerado de cooperativas de Oñati dirigido por Iñaki Gabilondo, que en un comunicado interno a sus 2.800 socios repasó los últimos mensajes lanzados por la Corporación para, entre otras cosas, asegurar que desde Mondragon «manipulan los sentimientos de la gente». «Apelan (en la Corporación) al diálogo como solución de concordia, mientras publican declaraciones que van en sentido contrario», añade la misiva interna de Ulma, que va más allá en sus críticas a Ucín. De hecho, y reproduciendo en esa carta imágenes de la citada entrevista, Ulma desliza la idea de que el presidente de Mondragon lanza «amenazas veladas» que «saben que no tienen capacidad de ejecutar». Esta acusación viene al hilo de las eventuales dudas sobre la permanencia de los socios de Ulma y Orona en el universo Lagun Aro. A esa cuestión, Ucín resaltó que esos trabajadores «estarán donde quieran estar». «Nosotros seremos generosos; ahora, lo que es evidente es que estar o no estar en Mondragon no va a ser lo mismo para todo. Lagun Aro tiene sus órganos repletos de gente inteligente. Yo no pretendo asustar a nadie», añadió el presidente de la Corporación, en lo que Ulma ha interpretado como una suerte de inoportuno misil. «Lagun Aro, Laboral Kutxa y el resto tienen, en efecto, gente inteligente que conoce las leyes y las normas que aseguran sus derechos a sus socios, estén o no adheridos a Mondragon», puntualizó ayer la cooperativa oñatiarra, con un evidente enfado. «El fondo y la forma de esas declaraciones confirman una visión única del cooperativismo, que no respeta el modelo abierto y diverso acordado por todos en la ponencia ‘Mondragon del Futuro’ de 2016», añade Ulma, que se declara «ofendida» después de que desde la Corporación se le haya acusado de comportamientos «insolidarios, egoístas o contrarios al cooperativismo».

La escalada de precios ha dejado en el aire el acuerdo que Iberdrola y Siemens Gamesa (SG) sellaron en febrero de 2021 y que convertía al fabricante de aerogeneradores en “un proveedor preferente” de la eléctrica para suministrar e instalar las turbinas eólicas “más potentes y productivas del mundo”, según informan fuentes del mercado. En concreto, para el macroproyecto de eólica marina East Anglia Hub que planea desarrollar en aguas de Reino Unido, tal como anunció en su día la energética española en un comunicado oficial. Sin hacer alusión a este proyecto, Iberdrola reconoce que “en algún caso concreto puede existir alguna discrepancia abierta con Siemens Gamesa o con algún otro proveedor”. El problema de fondo, como ocurre con otras infraestructuras en marcha, está en el incremento de los precios de los materiales y de otros servicios. Así, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán reconoce que “existe un mercado muy tensionado por múltiples factores que afectan a precios y plazos (materias primas, logística, componentes electrónicos, chips o cadenas de suministros globales)”. En ese contexto -subraya- “es normal que en muchas empresas se produzcan revisiones de contratos y en ocasiones discrepancias comerciales en su interpretación”. La energética considera que ello “forma parte de la dinámica común de cualquier relación comercial”. Unas diferencias que “normalmente se ventilan entre las partes o, en casos excepcionales, en los tribunales”. Siemens Gamesa, por su parte, se abstiene de hacer comentarios. Las fuentes antes citadas señalan que la designación de “proveedor preferente” que Iberdrola atribuyó a su antiguo socio “estaba cerrada, pero no perfeccionada”, algo que estaba previsto que ocurriera el pasado mes de octubre. No obstante, el propio proyecto eólico marino East Anglia Hub está aún por ser adjudicado de forma oficial a Scotish Power, la filial Iberdrola promotora de un proyecto cuya inversión rondará los 12.000 millones de euros.

Podemos propondrá al PSOE en la prórroga de las medidas del decreto anticrisis para 2023 desplegar un cheque ayuda de entre 250 y 500 euros pagado una sola vez, en función de renta y situación social, para beneficiar a ocho millones de habitantes. Además, demandará desplegar un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados, con un tipo del 33% sobre sus márgenes gananciales, y dirigido como efecto “disuasorio” para que estas cadenas no eleven los precios de la cesta de la compra. El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, también detalló que otras iniciativas que apuestan por incluir es la congelación de alquileres e hipotecas de tipo variable para el año que viene. Fernández desgranó que este cheque de ayuda se desplegaría en un único pago y su empleo queda a disposición de las familias, aunque recalcó que la finalidad es aliviar el aumento de los precios de productos de primera necesidad, especialmente sobre la alimentación. También defendió el impuesto extraordinario a las grandes distribuidoras, que ya pidió durante el debate sobre el estado de la nación y que es una medida ya aplicada en países como Portugal, y que ha tenido buenos resultados. Respecto a las hipotecas, el dirigente de la formación morada desgranó que se han elevado un 40% y supone un “gasto desmesurado” para las familias, que debe atajarse con la congelación del coste de dicho crédito.

El Ministerio de Industria y Comercio dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral y mantengan este plan durante, al menos, dos años, sin reducir el salario de sus empleados, según confirmaron fuentes de esta cartera a Europa Press. El Gobierno envió a consulta pública el proyecto de orden que regulará el impulso de la jornada laboral de cuatro días en pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales a mediados de junio y se espera que publique la orden en los próximos días. El proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, según el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno y Más País, cuando la formación de Íñigo Errejón dio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 a cambio de que se incluyera una partida para estudiar la jornada laboral de 32 horas. Algunas comunidades autónomas, como la valenciana, han puesto en marcha ya medidas de este tipo, aunque con cuantías de 9.000 euros por una reducción del 20% de la jornada. También hay empresas que han propuesto una medida de ese tipo a su plantilla, aunque en algunos casos a cambio de menos salario. El monto que recibirá cada empresa para poner en marcha este proyecto piloto será de hasta 150.000 euros y beneficiará a unas 60 o 70 pymes, según adelantó El Periódico el domingo. Mas País estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas, beneficiando a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa. Este proyecto piloto pretende mejorar la productividad, la conciliación laboral, la igualdad de oportunidades y la salud física y mental de los trabajadores.

Los expertos escogidos por el Ministerio de Trabajo plantean una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de entre el 3% y el 8,2% para llegar al 60% del salario medio neto en 2023. El grupo de sabios plantea una horquilla con cinco opciones que situarían el SMI en un mínimo de 1.030 euros mensuales en 14 pagas y un máximo de 1.082. La revalorización estaría por debajo de la de las pensiones, que suben un 8,5% por la inflación media de este año. Los expertos elegidos por el Ministerio de Trabajo calculan que hace falta una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de entre el 3% y el 8,2% para alcanzar el 60% del salario medio neto el año que viene. Este es el objetivo al que el Gobierno de coalición se comprometió para finales de legislatura, argumentando que así se cumplía con la Carta Social Europea. El grupo de sabios plantea una horquilla con cinco opciones que situarían el SMI en 2023 en un mínimo de 1.030 euros brutos al mes (14 pagas) y un máximo de 1.082 euros. La iniciativa afectaría a dos millones de trabajadores, según sus estimaciones. La revalorización que está sobre la mesa sería inferior a la aprobada por el Gobierno para las pensiones, que se hará según la ley con la inflación media de este año, del 8,5% según el avance del INE. En todo caso, la decisión final será del presidente del Gobierno. Los sindicatos han estado reclamando un incremento hasta los 1.100 euros. Y el Ministerio de Trabajo ha defendido que se actualicen en línea con el IPC. En su opinión, parece díficil subir las pensiones altas un 8,5% y no hacerlo para los trabajadores más precarios. Por el contrario, otros departamentos del Ejecutivo recuerdan el contexto: la subida del SMI de los últimos años supera el 30% y se trata de un coste directo para las empresas que puede provocar efectos de segunda ronda, repercutiendo en la inflación.

Casi 8 de cada 10 alumnos extranjeros en Euskadi se escolarizan en las etapas de Infantil y Primaria de los colegios públicos. El reparto equitativo de los escolares de origen inmigrante, considerados por el Departamento de Educación en situación de vulnerabilidad por presentar dificultades de aprendizaje y requerir una mayor atención en su formación, es uno de los grandes retos que afronta el sistema educativo vasco en los próximos años para atajar la elevada segregación y acabar con los guetos que se han creado en algunos centros. Los datos, sin embargo, revelan que falta mucho camino por recorrer y conseguir que la matriculación de estudiantes de otros países en la red pública y concertada sea equilibrada, tal y como exigirá la futura ley educativa vasca. Según el informe de la Educación en Euskadi 2019-2021, un documento de carácter bianual que prevé aprobar el Consejo Escolar de Euskadi este jueves en el pleno y al que ha tenido acceso este diario, la presencia de niños y adolescentes de otros países en la educación vasca ha crecido un 10% en los últimos tres años. El pasado curso estudiaban en la comunidad un total de 27.350 escolares de otras nacionalidades. De ellos, el 70% acudía a colegios públicos y cerca del 29% a la educación privada subvencionada. Una diferencia que se acentúa al inicio de la etapa escolar, a los 2 y 3 años. El órgano dependiente del Gobierno vasco –que se basa en datos oficiales– indica que las escuelas públicas vascas matriculan al triple de pequeños de otras nacionalidades que la red concertada.

La escasez de nacimientos en Euskadi golpea de lleno a los colegios, que se han visto obligados a cerrar aulas y a mejorar sus campañas de matriculación para captar más alumnado, sobre todo en el caso de la red concertada. Otros centros, incluso, no han podido sobrevivir a una crisis demográfica que, por el momento, se muestra imparable. Para muestra, los datos. La enseñanza en la etapa de Infantil ha perdido 17.000 matrículas en la última década en el País Vasco por el desplome de la natalidad. Así lo confirma el informe de la Educación en Euskadi 2019-2021 que prevé aprobar este jueves en pleno el Consejo Escolar. Se trata de un documento elaborado por expertos que asesoran al Departamento de Educación y que no ocultan su «preocupación» por el descenso generalizado de los bebés en la comunidad y su impacto en el ámbito escolar. La caída de las matriculaciones afecta ya a todos los niveles de la etapa de Infantil y a primero y segundo curso de Primaria. Y, por primera vez el año pasado, al tercer nivel. Se trata de una tendencia que se irá trasladando de forma paulatina a los siguientes cursos y etapas. De momento, de cuarto de Primaria hacia arriba resisten. La tendencia sigue siendo contraria en la ESO y Bachillerato, ya que la natalidad comenzó a caer en picado en el año 2014. En la etapa de Infantil es donde se aprecia con más intensidad la bajada de las matriculaciones. 

Científicos estadounidenses han logrado un gran avance en el largo camino hacia la energía ilimitada y limpia. Según ‘Financial Times’, un experimento de fusión nuclear hecho en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL por sus siglas en inglés) ha generado más energía que la usada para provocar la reacción, lo que se conoce como ganancia neta. Nunca se había conseguido algo así. «Si se confirma, estamos siendo testigos de un momento histórico», asegura al periódico británico el físico del plasma Arthur Turrell, de la Universidad Imperial de Londres. El Departamento de Energía de Estados Unidos confirma a ‘Financial Times’ que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y la subsecretaria de Seguridad Nuclear, Jill Hruby, anunciarán hoy en Washington «un importante avance científico» en el Centro Nacional de Ignición del LLNL, La fusión nuclear es la reacción que tiene lugar en el corazón de las estrellas, donde, a temperaturas de millones de grados, se unen dos núcleos de átomos ligeros para formar otro más pesado y se libera en el proceso una gran cantidad de energía. Es lo que pasa en el Sol. Allí, las fusiones de núcleos de hidrógeno dan lugar a núcleos de helio y eso genera la luz y el calor gracias a los que vivimos. Nuestra estrella es un gigantesco reactor de fusión que consume 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno por segundo. A diferencia de la fisión nuclear, que se basa en romper un átomo pesado en otros más ligeros y es con la que se produce la electricidad en las centrales nucleares, la fusión no deja residuos radiactivos y, además, su combustible, el hidrógeno, es ilimitado. Por eso los científicos la persiguen desde mediados del siglo pasado. Es una fuente de energía ilimitada y limpia, sin emisiones tampoco de gases de efecto invernadero, que tiene como gran inconveniente que precisa de altísimas temperaturas para que el combustible –hidrógeno– se convierta en plasma y confinarlo con potentísimos imanes o láseres para que sus núcleos se fusionen.