20230105

El fijo discontinuo ya existía antes de la reforma, pero en el texto se ha reforzado al extenderlo a ámbitos como las contratas a la vez que se eliminaba la modalidad de obra y servicio. De ahí el ‘boom’ que ha experimentado, aunque no en todas las comunidades por igual. Así, en Euskadi se firmaron el año pasado 37.000 contratos de este tipo, casi diez veces más que en 2021, aunque solo representaron el 18% del total de indefinidos. En el conjunto de España alcanzaron una proporción del 33%, al sumar 2,3 millones sobre los citados siete millones. «La explicación de esta diferencia es que los sectores en los que más se están aplicando los contratos fijos discontinuos –la agricultura, la hostelería o los hoteles– tienen menos peso en el País Vasco», señala Goio Martín, del gabinete técnico de CC OO-Euskadi. Coincide con esta tesis Guillermo Gumb, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia y socio del despacho Estudio Jurídico. «Hay comunidades turísticas en las que los hoteles echan la persiana en noviembre. En Euskadi esta modalidad se utilizaba solo en sectores como las conserveras o la enseñanza no reglada (academias) pero ahora se está ampliando al ámbito de las contratas». Hay que tener en cuenta, además, que una cosa son los contratos que se firman en el año y otra muy distinta la situación de los cotizantes al cierre del ejercicio, dado que una misma persona puede sellar varios contratos (por mucho que se llamen indefinidos, pueden durar meses o incluso semanas). Si se analiza esto último, el peso de los fijos discontinuos es aún menor. Al terminar 2022, en Euskadi se contabilizaban 27.201 afiliados con esta modalidad, apenas el 3,4% del total de asalariados. Y eso que la cifra se ha doblado en el año.

Desde este año se producirá un nuevo avance que muchos trabajadores acogerán con alivio, ya que se verán liberados de tener que comunicar a las empresas los partes por incapacidad temporal (IT) cuando cojan una baja. Una situación que obligaba en muchos casos a los familiares a tener que hacerlo cuando el afectado se veía imposibilitado. En el caso de Euskadi, el año pasado 164.663 asalariados tuvieron que realizar ese trámite. Esta es una iniciativa que aprobó el último Consejo de Ministros, el que se celebró la semana pasada, y que pasó desapercibida en un primer momento ante la importancia del tercer paquete de medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno que lidera Pedro Sánchez, y que incluía entre otras cosas la bajada del IVA a los productos básicos. Con esta modificación el Gobierno elimina la obligación de los trabajadores por cuenta propia de ser ellos quienes deban trasladar a sus empresas los partes de baja médica, pues será la compañía quien tenga que obtener la información de la Administración, lo que se hará vía telemática, aunque no queda claro si es la empresa quien deba reclamarla o serán los servicios de salud quienes remitan estos partes de baja. Esta es una cuestión que quedará despejada cuando se publique el Real Decreto en el BOE –todavía no se ha hecho– y que determinará a su vez la entrada en vigor de la medida.

2023 empieza en Euskadi con dinamismo en el negocio eólico. En los primeros días del año, las compañías Aixeindar (controlada por Iberdrola y participada por el ente público vasco EVE) y Fisterra Energy (del fondo Blackstone) han hecho públicos sus proyectos para construir dos parques eólicos en la comunidad, que está hoy muy lejos de los objetivos renovables marcados por la UE para 2030. Iberdrola y EVE ha iniciado los trámites administrativos para levantar en Álava el parque de Laminoria, de 8 aerogeneradores y una potencia bruta de 40 megawatios. Esta ubicación se sumará a otros dos que están gestionando –Azaceta y Labraza– también en Álava, después de que las instituciones vascas echaran por tierra otros dos –Arkamo e Iturrieta– alegando motivos medioambientales. Fisterra Energy, a través de su filial Euskal Haizie, quiere instalar 6 aerogeneradores en Bizkaia, en el parque Las Llanas, con una potencia de 36,6 megawatios, que sería su tercera iniciativa eólica en Euskadi, junto a Cantoblanco (Álava) y Artzentales (Bizkaia), ambos con 8 aerogeneradores y una potencia de 49 megavatios. Parón de 15 años. Con estos nuevos proyectos se activa el mapa eólico vasco, que ha permanecido inalterable los últimos 15 años, con el frenazo que dieron el propio Gobierno autonómico y las Diputaciones forales con una moratoria de facto en 2010. Hoy en día, son ya 16 las iniciativas que se tramitan para desarrollar instalaciones en la comunidad autónoma. 

La polémica empresa Glefaran, al frente de la planta de biomasa que producía energía a través de la combustión de restos forestales en Aranguren (Güeñes), anunció ayer el cese de su actividad por los ajustes regulatorios que han llevado a que los costes de producción superen a los beneficios. La firma, que inició su actividad en agosto de 2016 y cuyas emisiones de humo y ceniza han generado importantes protestas vecinales en Las Encartaciones, llegó a sumar 35 trabajadores. Ahora iniciará un expediente de regulación de empleo para el despido colectivo de toda la plantilla. Las instalaciones se levantaron aprovechando los equipamientos de la antigua papelera de Pastguren. Diversos problemas con el estado de la caldera obligaron a acometer largas paradas de actividad y obras millonarias que mejoraran su eficiencia y mantuvieran controladas las emisiones. La contaminación atribuida a la planta también motivó grandes manifestaciones en Zalla y Güeñes. En un comunicado lanzado ayer, la empresa señaló que la «drástica decisión» viene motivada por el ajuste de los parámetros retributivos que aparecen en el BOE del 14 de diciembre, y que tienen un efecto retroactivo al 1 de enero de 2022. «Han provocado que los costes de Global Efficiency Aranguren –que hasta la fecha se beneficiaba de producir energía verde– pasen a ser significativamente superiores al precio de venta en el mercado regulado, lo que hace inviable para la sociedad seguir con la actividad de producción». 

Euskadi es la comunidad autónoma en la que menos viviendas ha vendido la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta entidad, que cumplió una década el año pasado, surgió a finales de 2012 para evacuar de manera ordenada y sin malvender los inmuebles y créditos promotores morosos de las cajas rescatadas durante la crisis económica. El conocido como ‘banco malo’ ha vendido en el País Vasco desde su creación y hasta 2021 –último ejercicio con balance completo– un total de 365 propiedades. En 2021, la Sareb cerró la venta de 38 activos en Euskadi por los que ingresó 4,6 millones de euros. Entre las ventas cerradas, 30 fueron viviendas por 1,8 millones; cinco, suelos por 1,8 millones de euros, y tres, elementos terciarios –naves, trasteros o locales– por un millón. Además, a través de Árqura Homes, la herramienta impulsada por la entidad para desarrollar promociones pendientes y gestionar la venta de pisos, se prevé impulsar una inversión en Euskadi de 50 millones de euros para desarrollar y comercializar 400 viviendas. Las primeras son 55, cuya comercialización comenzó ya la pasada primavera en Vitoria. Además, hasta 2027 el objetivo es construir otras 350 en el conjunto de Euskadi. Durante 2021 se recuperó la actividad en el mercado inmobiliario español, tras la ralentización provocada por el impacto del Covid. En este contexto, la Sareb alcanzó su récord histórico de venta de inmuebles. Por comunidades autónomas, la región en la que la Sareb tiene más viviendas sin habitar es Cataluña, con 12.731 pisos, seguida de la Comunidad Valenciana, con 8.532; Andalucía, con 4.124; y Murcia, con 3.434 unidades. En la parte baja están Navarra, con 49, y Euskadi, con 89 viviendas sin habitar. 

El acercamiento entre las economías de las comunidades más y menos ricas se estanca y deja un mapa casi idéntico al de hace 20 años. La brecha económica se ha reducido del 110% al 84% en lo que va de siglo, pero sobre todo porque algunas de las regiones más rezagadas, como Galicia y Extremadura, han recortado terreno a las más prósperas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); en el resto de los casos los avances son prácticamente imperceptibles. Aragón es la única comunidad que ha recuperado el PIB de antes de la pandemia. Los archipiélagos han caído en picado por la dependencia del turismo. “Se ha producido un acercamiento en las rentas per cápita de las distintas comunidades autónomas, si bien de una intensidad que puede considerarse reducida“, añade un estudio del Banco de España sobre la convergencia regional entre 1980 y 2015.

La economía europea se encuentra inmersa desde hace seis meses en terreno de contracción, pero el deterioro de la actividad ha perdido empuje en los últimos dos meses, preludiando ahora una recesión menos intensa de lo que se temía. Así se desprende del último PMI compuesto de la zona euro (índice de gerentes de compras), que pulsa el estado de salud tanto del sector servicios como de la industria manufacturera. El indicador repuntó en diciembre hasta los 49,3 puntos, 1,5 puntos más que en noviembre y su registro más alto en cinco meses, según los datos publicados ayer por S&P Global. Esto es, la actividad total del sector privado en el bloque de la moneda única se contrajo “al ritmo más lento desde julio pasado”, sugiriendo “una contracción en la economía que puede ser más leve de lo que se anticipó inicialmente”, según S&P. La clave de esta mejora relativa de las expectativas reside en la relajación de las presiones inflacionistas que, aunque siguen siendo muy fuertes, han permitido ralentizar la caída de las carteras de pedidos y mantener la creación de empleo. Por primera vez en 17 meses, la inflación de la zona euro moderó su ritmo de crecimiento en noviembre, con una tasa anual del 10,1%, cinco décimas menos que el mes anterior. En Alemania, los precios siguieron moderándose en diciembre por segundo mes consecutivo, al pasar del 10,4% en octubre al 8,6% en diciembre. Ese freno, junto a los que se están produciendo en otras grandes economías del euro como España y Francia, ha supuesto un balón de oxígeno para la actividad en el bloque. 

Los sindicatos CC OO y UGT han llegado a un preacuerdo con la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) para la renovación del Convenio Estatal de Consultorías y Estudios de Mercado, aplicable también al sector tecnológico, con subidas salariales del 10,75% para el año 2022 con efectos retroactivos desde el 1 de julio. Para 2023, el acuerdo incluye una subida adicional del 2,5% (con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023), a la que se añadirá otro 2% para el año 2024. El texto que debe ahora votarse por las respectivas plantillas, acoge buena parte de la última propuesta que la patronal puso encima de la mesa a finales de diciembre. AEC, que en un principio se negaba a apoyar grandes subidas salariales, terminó por plantear una oferta que se asemejaba a la expuesta por los representantes de los trabajadores sobre el incremento medio nominal de las tablas en alrededor de un 10% (un 5,5% medio, que varía en función de cada área y nivel). También se contempló para 2023 y 2024 los promedios que finalmente se han pactado.

Un grupo de economistas del FMI indica en un reciente informe que el incremento de salarios puede ser totalmente neutro. En la publicación se analizan los periodos históricos en los que se observaron posibles espirales de precio-salario. La institución que dirige Kristalina Georgieva concluyó que el aumento moderado de salarios nominales, por debajo de los niveles de IPC, “no necesariamente debe ser visto como un síntoma de una espiral precio-salario”. De los 79 periodos históricos analizados por la institución, entre los que se encuentran los periodos inflacionarios de España en el año 89 y 2000, así como el que sufrió Alemania tras la caída del Muro de Berlín, tan solo en una minoría de ellos el aumento de precios y salarios revierten el uno sobre el otro. De hecho, existen periodos en los que la inflación tiende a la baja desde valores elevados mientras los salarios suben en términos nominales, es decir en la cuantía que se percibe. El incremento salarial medio pactado para los trabajadores con convenios ya cerrados es del 2,69% pero el Banco de España ya señaló que, además, el 25% de estos asalariados tenía una cláusula de revisión salarial que les compensa total o parcialmente la posible pérdida de poder adquisitivo. El resto están a la espera y las negociaciones para un acuerdo salarial están paralizadas.

El Gobierno ha aclarado cómo intervenir en el caso de reestructuraciones y concursos de acreedores de empresas avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Al tiempo que ha flexibilizado la autorización de la Agencia Tributaria, ha otorgado plenos poderes al Ministerio de Economía y a la Abogacía del Estado para que puedan bloquear convenios o acuerdos de acreedores establecidos en el marco de la nueva Ley Concursal. Esta nueva norma ha sido bien recibida en el mercado. En líneas generales, abogados y banqueros consideran que flexibiliza la ley anterior y otorga muchos mecanismos a las empresas y a sus deudores para alcanzar acuerdos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa antes de que llegue al concurso. Por ejemplo, permiten dividir todo el pasivo en clases y circunscribir las negociaciones a algunas de ellas y también arrastrar a los accionistas a los acuerdos pactados por los acreedores y validados por el juez. Pero en los meses en vigor de esta nueva normativa, la principal inquietud de los despachos de abogados era el tratamiento de las líneas de avales por 120.000 millones que abrió el Gobierno para intentar paliar las consecuencias de la pandemia. La cuestión está en las empresas que hayan recibido las ayudas estatales y no hayan podido enderezar el rumbo y se vean abocadas a la quiebra. La elevada cuantía del crédito garantizado por el Estado establecía un complejo sistema para que estos créditos avalados participasen en procesos de reestructuración o en concursos de acreedores. 

Los turistas extranjeros han vuelto a España después de dos años muy duros para el sector por la pandemia. Y lo han hecho en un volumen que pocos preveían cuando la crisis del coronavirus estalló hace ahora casi tres años. Así, 2022 se cerró con la visita de 71,5 millones de turistas según las estimaciones del Gobierno, más del doble de los que llegaron el año pasado. Pese a las buenas cifras que desgranó ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, este dato supone que el turismo extranjero se queda aún a 12 millones de personas de distancia de los que visitaron España en 2019, año récord para el sector, cuando llegaron 83,7 millones. «2022 será recordado como el año de la recuperación del turismo tras el impacto de la pandemia», señaló la ministra. Además, la mejor noticia para el sector llega por el lado de los ingresos, ya que pese a esos 12 millones menos de turistas las cifras de gasto son muy similares a las del año prepandemia. Los cálculos de Turismo indican que los extranjeros gastaron en sus viajes a España el año pasado 87.100 millones de euros, solo 5.200 millones menos que en 2019.

Un 2022 marcado por la crisis energética global cerró también como el año en el que España exportó más electricidad a sus vecinos desde que Red Eléctrica publica sus registros. Además, fue el primero con saldo negativo –es decir, con más exportaciones que importaciones– desde 2014. El cambio de tendencia fue especialmente notable con Marruecos y, sobre todo, con Francia, que tuvo gran parte de su parque nuclear parado en verano. Así, durante el año pasado España envió 25,4 TWh de electricidad fuera de sus fronteras, un 54% más que en 2021, cuando se exportaron 16,5 TWh (lo que, a su vez, suponía la cifra más alta desde 2013). Portugal, con 11,9 TWh en 2022 y Francia, con 11,5 TWh, fueron los principales receptores, mientras que Marruecos importó 1,6 TWh. Estos dos últimos países habían exportado más electricidad a España en los últimos años, pero es que a lo largo de este periodo también han descendido las importaciones, que pasaron de 17,4 TWh a 6,7, una caída del 61%. La variación en el saldo (pasa de unos 800.000 MWh a -18 TWh) es cercana al 2.200%. La relación con Francia ha sido la que ha desequilibrado esta balanza: en 2021 España exportó 6,2 TWh e importó 11,9 TWh –un saldo positivo de 5,6 TWh–, mientras que en 2022 no sólo mandó un 85% más de electricidad, sino que recibió casi un 65% menos. Por contextualizar los datos, según los cálculos de Foro Nuclear, una central como Trillo genera en torno a 7,4 TWh de electricidad al año, así que la ‘luz’ recibida por París en estos 12 meses equivaldría a la producción anual acumulada de un reactor y medio.

Tras despedir el año pasado al filo de los 86 dólares por barril, el precio del Brent, petróleo de referencia en Europa, se hundió ayer alrededor de un 5%, hasta el entorno de los 78 dólares, rubricando a la baja las dos primeras jornadas de cotización del nuevo año, en las que ya acumula una caída próxima al 9%. Respecto a los máximos alcanzados tras el estallido de la guerra, el descenso rebasa el 40%, devolviendo la cotización del petróleo a las cifras previas al inicio del conflicto. Sin embargo, hay muchas cosas que han tenido que cambiar en medio de este proceso para que se haya producido ese retorno a la casilla de salida de los precios, incluyendo una ralentización de la economía mundial, la paralización de la demanda china, el recorte de la producción por parte de los grandes exportadores, o el tope a los precios del petróleo ruso. Y todos estos factores, y algunos más, van a jugar un papel determinante en los precios del crudo el próximo año. Unos precios que, además, serán cruciales para los dos grandes retos económicos de los países desarrollados: enderezar la inflación y reconducir el crecimiento de la actividad.

Euskadi se mantiene como una de las comunidades que más invierte por cada universitario, pero es a la que menos esfuerzo le supone. Así se desprende del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que tras 18 ediciones se ha consolidado como un estudio de referencia en el que expertos analizan, diagnostican y proponen mejoras en este ámbito formativo. El documento, que recopila datos de 47 universidades españolas en el curso 2020-2021, reafirma al País Vasco como la cuarta región que más dinero destina por estudiante. En concreto, 10.684 euros. Le superan La Rioja, en primer lugar; Cantabria, segunda; y Valencia, tercera. En el otro extremo, Madrid y Baleares. Sin embargo, la UPV/EHU, que absorbe más del 90% del presupuesto que Educación dedica al ámbito universitario, es una de las universidades más baratas. Se sitúa en el decimotercer puesto por la cola con una tarifa media de 1.326 euros anuales. Ocupa la primera posición de este ranking la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con poco más de mil euros. Por el contrario, los centros públicos más caros de España se encuentran en Madrid: la Complutense tiene con diferencia los precios más altos (5.000), seguida de la Politécnica (4.472) y la Carlos III (3.492). Por tanto, buena parte del dinero que aporta el Gobierno vasco se destina a los gastos del PDI (Personal Docente Investigador). Según este análisis, los valores más elevados se dieron en la Politécnica de Catalunya y en la Carlos III de Madrid, con más de 60.000 euros por profesional. En tercer lugar figura la UPV/EHU, con 57.585. El informe de la Fundación CYD, que preside Ana Botín, también revela que Euskadi se mantiene como la región que menos sufre para reunir los recursos necesarios con los que financiar a la universidad pública –la UPV/EHU– debido a su elevado nivel de riqueza.

La población de origen extranjero que reside en Euskadi ha ido creciendo con el paso de los años y ya supone el 11,5% del total, según el último barómetro de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. Del mismo modo ha aumentado su representación en todos los ámbitos de la sociedad, también en el de la educación, donde la CAV es la comunidad donde más ha crecido la tasa de estudiantes extranjeros en los últimos 15 años. Los 18.000 alumnos que había en el curso 2007/2008 casi se han duplicado en el presente año escolar, con un incremento de la tasa de extranjeros del 3,4% en estos más de 10 años. Precisamente la distribución de esos alumnos en los colegios vascos ha provocado problemas de segregación que el departamento vasco de Educación pretende subsanar a partir del curso que viene, en el que todos los colegios que reciban financiación pública deberán reservar un número de plazas para alumnos vulnerables. Si bien Euskadi no es la comunidad que más porcentaje de alumnos de origen extranjero tiene en sus aulas –le superan Cataluña, La Rioja, Aragón o Navarra, entre otras–, sí es la que mayor incremento de esa tasa ha experimentando desde 2008. En ese año la población extranjera en la CAV sumaba 142.484 personas, un 6,6% del total de habitantes. En los colegios, el número de alumnos inmigrantes era de 18.153, el 5,6% del total de estudiantes de Euskadi. En 2022 la población inmigrante residente en Euskadi alcanzó las 253.038, y en el presente curso el número de alumnos de este colectivo es de 33.216, un 9% de todos los matriculados. 

Las huelgas en el transporte público británico están complicando la operación de retorno a casa de decenas de miles de residentes en el Reino Unido tras las festividades navideñas, pero Elizabeth lo padece como un inconveniente más en la situación de incertidumbre política y social que atraviesa el país en los últimos meses. «Yo apoyo los paros, tanto del personal ferroviario como de las enfermeras y los empleados de ambulancia. Es el último recurso que les queda para hacer fuerza sobre sus reivindicaciones. La culpa la tiene el Gobierno», dice en comunicación electrónica esta directora de gestión en una empresa de diseño comercial, que prefiere reservarse su apellido. Es un sentimiento que de momento comparte la mayoría de la población, según diversas encuestas. Los líderes sindicales amenazan al Gobierno con replicar la acción de protesta en sucesivos meses hasta el verano. Forma parte del pulso de presión para lograr subidas de sueldo acordes con la tasa de inflación –se estima que está bajando después de alcanzar un pico del 10,7% en noviembre– y reformas estructurales que limite la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de taquillas en las estaciones de tren. La huelga, que ayer paralizó el 80% de los servicios regulares del Reino Unido, ha causado pérdidas al sector de restauración por encima de los 2.500 millones de euros desde el verano, según estimaciones de UK Hospitality, la principal asociación patronal del sector hotelero, bares y restaurantes.

El Partido Republicano de Estados Unidos está sumido en una situación caótica, de luchas intestinas, facciones, chantajes y boicots, que además bloquea la actividad parlamentaria y sume en la parálisis al poder legislativo. La rebelión interna ha frustrado ya en seis votaciones la candidatura de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara de Representantes, en la que los republicanos lograron en las elecciones de medio mandato una estrecha mayoría de 222 a 213 escaños. Que el partido mayoritario no sea capaz de ponerse de acuerdo para nombrar al speaker en primera votación es algo que no ocurría desde hace un siglo. Una veintena de diputados del ala dura de su partido ha decidido boicotear su elección. Los díscolos no cuentan en realidad con un candidato alternativo viable, pero le presentaron una lista de reivindicaciones humillantes para él. Los desertores son trumpistas declarados, pero no atienden las peticiones del expresidente, que les pidió que apoyaran a McCarthy. Joe Biden y Donald Trump no están de acuerdo en casi nada, pero ayer usaron el mismo adjetivo para referirse a lo que está pasando en la Cámara de Representantes: “Vergonzoso”. Por primera vez en un siglo, el partido mayoritario ha sido incapaz de elegir a un presidente de la Cámara en primera votación —ni en segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta—.

Con el cuerpo del Papa emérito todavía presente, ya que no será sepultado hasta hoy una vez concluido el funeral presidido por Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, Gänswein ha comenzado a ajustar cuentas con el Pontífice argentino. En una reciente entrevista con el semanario católico alemán ‘Die Tagespost’, el hombre más cercano a Ratzinger en las últimas dos décadas critica a Bergoglio por haber puesto límites en 2021 a la celebración de misas en latín con el rito previo al Concilio Vaticano II. Le enmendaba así la plana a Benedicto XVI, que había abierto la mano en 2007 en un intento de seducir a los sectores más conservadores de la Iglesia. Este recorte último de Francisco le provocó un «dolor en el corazón» a su sucesor, marcando además una «ruptura» entre ambos pontificados. Al bombazo que ha supuesto la entrevista se une la expectación que ha generado lo que pueda añadir Gänswein en el libro de memorias sobre su relación con el recién fallecido Pontífice, titulado ‘Nient'altro che la verità’ (Nada más que la verdad) y que se publicará en italiano la semana que viene. Según el texto promocional de la editorial, contará «su verdad» frente a las «siniestras calumnias y a las oscuras maniobras» que habrían tratado de enfangar el magisterio de Benedicto XVI, «demasiado a menudo calificado injustamente por los críticos como el ‘panzerkardinal’ o el ‘Rottweiler de Dios».

El volumen de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos ha aumentado de forma importante en las últimas décadas. Sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar, un macroanálisis publicado ayer en la revista ‘Nature’, realizado por investigadores estadounidenses, sugiere que el progreso se está ralentizando en todos los campos de estudio. Los autores han examinado la evolución de la disrupción de la ciencia y la tecnología, es decir, el cambio radical en las bases del conocimiento y la innovación, a partir de los datos de 45 millones de artículos y cuatro millones de patentes, publicados en los últimos 60 años. Lo han hecho mediante el índice CD, que mide los cambios en las interrelaciones en las citas entre artículos. Como resultado, concluyen que cada vez es menos probable que los avances científicos y tecnológicos rompan con el pasado e impulsen el conocimiento hacia nuevas direcciones. Es más frecuente que consoliden o desarrollen trabajos anteriores. «Los artículos, las patentes e incluso las solicitudes de subvenciones se han vuelto menos novedosas. Cada vez es menos probable que los científicos conecten áreas distintas del conocimiento, lo cual es clave para la innovación», sostienen los investigadores. «La brecha entre el año del descubrimiento y la entrega del Nobel también ha aumentado, lo que sugiere que las contribuciones de hoy no están a la altura del pasado».