20230130

El problema es la «falta de perfiles para contratar». Solamente las grandes tecnológicas vascas como Ibermática, Inetum, Zuchetti o Bilbomática firmarán más de 500 contratos en 2023. El sueldo medio de un trabajador del sector se sitúa en los 40.300 euros. En el caso de un técnico de soporte informático la retribución media es de 29.200 euros, que se eleva hasta los 53.700 para un técnico de datos y hasta los 72.000 euros en el caso de un director de sistemas de información. La pelea por retener talento entre las empresas incrementa los salarios una media del 15% cada año. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el sector tecnológico ha crecido en la última década un 32% en el número de empresas con 2.763 compañías que, además, han elevado su facturación un 37% hasta superar los 5.000 millones gracias al trabajo de 24.225 personas. El director general del clúster de compañías de tecnología y telecomunicaciones (Gaia), Tomás Iriondo, explica que lejos de frenarse ese ascenso, en los próximos años «se espera un crecimiento continuado de 1.500 empleados anuales». Es más, advierte, «el problema sigue siendo la falta de talento, la falta de perfiles para contratar». Una situación que está provocando «el robo de trabajadores entre las compañías, lo que se traduce en un encarecimiento salarial que escala un 15% cada año». Un incremento que, según recoge la guía salarial de Euskadi elaborada por LKS Next, se aplica sobre un salario medio que ronda los 40.300 euros. Además, el impulso del sector no solo afecta a las empresas propiamente tecnológicas –conocidas bajo el nombre de IT–, sino que también se hacen necesarias actividades de asesoramiento, consultoría y diseño de soluciones para aplicar esas herramientas en los diferentes procesos de trabajo. En ese caso, el País Vasco cuenta con un ejemplo que ha ido creciendo hasta convertirse en una cotizada en la Bolsa con una facturación anual que, en 2021, superó los 1.000 millones. Se trata de Dominion. El CEO de la empresa, Mikel Barandiaran, explica que se ha «generado un cuello de botella» entre los desarrolladores de tecnología y las empresas. «Hay un bagaje tecnológico muy amplio y desarrollado que no está bajando a la realidad práctica y que hace necesario que las empresas que aplican esas herramientas a problemáticas concretas, crezcan», explica. Dominion, que nació de CIE Automotive, emplea actualmente en el País Vasco a 550 personas, pero en todos sus centros ha crecido en más de 2.000 empleados en este año y en 200 en España. En esa línea se mueve también la consultoría tecnológica, que ubica en Euskadi uno de sus centros de referencia en España. Uno de los gigantes del sector, Accenture, ha superado el millar de empleados en el País Vasco. Según explican fuentes de la consultora, el objetivo es desarrollar sus servicios en los campos de «la transición energética, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación». La directora de la oficina de Euskadi, Isabel Camarero, no duda en señalar la búsqueda de trabajadores como uno de los principales retos para seguir creciendo.

El número de trabajadores en Euskadi en el sector tecnológico crecerá en los próximos años, pero no así el número de empresas. El director de Inetum en el País Vasco, José Antonio Velasco, lo asegura tajante: «dentro de diez años veremos pocas empresas y la actividad no estará tan capilarizada como hasta ahora». El diagnóstico del directivo de la compañía que emplea a 1.100 personas en Euskadi es ratificado por los movimientos de las principales organizaciones del País Vasco. El último ejemplo es el de Ibermática que iba adquiriendo dos o tres empresas cada año y que el pasado agosto fue comprada por Ayesa para tratar de hacer un «campeón nacional», líder del sector en España con más de 11.300 trabajadores. Bilbomática fue también adquirida por Altia el pasado mes de julio por 24 millones. La empresa cotizada integró a los 550 trabajadores que se ubican principalmente en las oficinas de la compañía de Bilbao, Vitoria y Pamplona. La propia Inetum es fruto de la unión de GFI y de Informática el Corte Inglés. También la multinacional italiana Zuchetti se hizo con las empresas vascas Solmicro, IDS e Informática 68, centradas en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial, como el Open ERP. Según Velasco, esta tendencia es una respuesta, por un lado, a la exigencia de las empresas de centrar todos los servicios informáticos en un solo proveedor, pero también una consecuencia de la búsqueda de talento. Y es que «no crecen igual los salarios, impactados por la falta de personal, que los precios que pedimos por nuestros servicios», recuerda el director de Inetum en Euskadi.

Javier Rodríguez (San Sebastián, 1966) es el director general del centro tecnológico donostiarra Cidetec, corazón con su laboratorio de testeo de baterías de Mubil y que ha decidido invertir 20 millones de euros en una nueva sede en Eskusaitzeta, precisamente allí donde se levantará el polo de electromovilidad guipuzcoano. Un centro y una estrategia, dice Rodríguez, únicos en todo Europa. "Cidetec es un centro tecnológico que nació aquí, en San Sebastián, hace veinticinco años y que trabaja en tres áreas distintas de actuación que se corresponden, incluso, con tres edificios y tres modelos de gestión diferentes. Se trata del almacenaniento de energía, la más grande y la que tiene visos de expansión más importantes; la de ingeniería de superficies, y la de nanomedicina. Somos 255 personas, con un centenar de doctores, y el año pasado batimos récord con 17 millones de facturación, que serán 20 este año. Llevamos cuatro años con crecimientos de entre el 15% y el 20%. Nuestro plan estratégico contempla doblar el tamaño, hasta 35 millones, en 2027... Euskadi dedica a I+D un porcentaje del PIB muy elevado; y Gipuzkoa es el territorio más destacado en esto. Podemos mirar cara a cara a las regiones más destacadas de Europa en gente, centros y recursos...Europa ha sido durante años el líder tecnológico de la automoción, pero con las baterías corremos el riesgo de depender de China... Ya hay buenas baterías. Y en los últimos años se han mejorado mucho las prestaciones. Donde yo veo un freno difuso al coche eléctrico es en las infraestructuras de recarga. Hoy sería un problema la venta masiva de coches eléctricos porque no habría donde cargarlos...– ¿Qué me puede decir de Basquevolt, la gran apuesta del Gobierno Vasco para una gigafactoría de baterías?– Sé lo que leo en la prensa.– ¿Qué opina del hidrógeno?– Trabajamos mucho en su día, aunque luego decayó el interés. Ahora estamos en el corredor vasco y en la alianza Shyne, con Repsol. Sin embargo, yo hoy no lo veo para la movilidad, y tengo serias dudas para vehículos pesados..."

Continuación de la entrevista con Javier Rodríguez. "– ¿Les cuesta contratar gente?– Tenemos dificultades, como todos. Es uno de nuestros principales problemas. Tenemos más de veinte posiciones abiertas, algunas desde hace tiempo. En los últimos tres años hemos contratado a sesenta personas, pero nos cuesta. Hablo de personas muy especializadas o no...– ¿Se paga mucho menos aquí que en el resto de Europa?– Con los escandinavos sí hay más diferencia, pero no tanta con Francia o Alemania.– En cualquier caso, rascarse el bolsillo es una solución...– Lo es, pero hay que encajar eso en una estructura de conjunto, para tí y para el entorno. Es una variable de territorio. Tendría que comportar nuevas políticas de acompañamiento. Las hay, pero hacen falta más...¿Están llegando los famosos Next Generation?– Bueno... Participamos en proyectos y en dos pertes del vehículo eléctrico: el de Irizar y el de Seat. En este último somos el único centro de investigación en el apartado de baterías y vamos a jugar un papel importante. Tengo que decir que no entiendo cómo puede ser tan compleja la burocracia y los requisitos para, en general, acceder a esos fondos. Nunca había visto complicaciones tan grandes. Vendrán impuestas desde Bruselas, pero dar ayudas con tantos condicionantes a lo mejor no es lo más efectivo. Entiendo que muchas empresas se puedan ver frustradas. El dinero llega pero no en las cantidades que se pensaban y se anunciaron..."

Fabrika, protagonista en A vivir Euskadi de la Cadena Ser. El 13 de enero fue la "manifestación visible", en palabras de su director Juan Mancisidor, de lo que hay detrás de Fabrika, la guinda a más de 10 años cuando las empresas de Gipuzkoa "trasladaban la necesidad de cambiar, de hacer las cosas de una manera distinta y con organizaciones más efectivas". En definitiva, a una nueva cultura que responda a los retos contemporáneos del mundo empresarial: transición energética y digital. "La manera de relacionarse en cada organización es diferente, y no es al azar, hay reglas culturales: cómo se fijan los objetivos, la manera de buscar las soluciones...", explica el director de Adegi, José Miguel Ayerza. "En paralelo —continúa—, aparecen elementos más invisibles, casi inevitables de las relaciones entre las personas: el grado de afinidad, el rol dentro del equipo... la propuesta es que todo ello se haga visible, se entrene y se mejore". Desde la concienciación, la capacitación y la transformación, se mejoran estos aspectos y con ello los resultados como equipo. Escuchar audio Cadena SER Euskadi. 
 

Los expertos recelan sobre la demanda y la competitividad de este gas. Pese a la escenificación política de los presidentes de España, Pedro Sánchez; Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, prometiendo una red europea de hidrógeno verde, las dudas sobre la financiación de estas infraestructuras, sobre la demanda y la competitividad de su producción, mantienen en el aire inversiones que se presumen millonarias. En el caso de España, el transportista y gestor del sistema (TSO), Enagás, estima unas inversiones máximas de 4.670 millones de euros en el diseño de la red troncal española junto a dos almacenes. A ello hay que añadir otros 2.500 millones para el llamado H2Med, el hidroducto marino que uniría Barcelona y Marsella a partir de 2026, y en el que se desconoce la participación económica de España. El éxito del hidrógeno va a depender de su precio. La cuestión que más dudas despierta. La Agencia Internacional de la Energía recomienda que la fabricación de este combustible no se haga por encima de un euro por kilo o entre 10-20 euros MWh. En estos momentos, se sitúa entre dos y tres euros/kilo, lo que se traduce en un precio de la luz de entre 90 y 120 euros/MWh (aquella cifra se multiplica por 30). Frente a los que defienden que el hidrógeno solo se justifica cuando la planta de producción, alimentada con la electricidad de una fotovoltaica, se ubique cerca del consumidor industrial, Enagás considera que no siempre es posible esta combinación, por lo que defiende la red de transporte. Por otro lado, teniendo en cuenta que los países que se van a enlazar mediante el H2Med también pueden fabricar su propio hidrógeno verde, hay quien no ve necesaria una red tan costosa. Enagás señala que tanto Francia como Alemania serán deficitarias de hidrógeno.

Desde 2014 Xabier Caño preside el clúster vasco de empresas de Medio Ambiente Aclima, con 124 socios y 11.900 empleos directos, que está llamado a jugar un papel clave en la transición ecológica de Euskadi. El sector acaba de presentar su nuevo plan estratégico, con el horizonte en 2026, donde recoge compromisos como la proyección internacional de sus pymes o la atracción de talento. Llega en un momento en el que el cambio legislativo ha puesto la política medioambiental «en primera línea». "Las empresas vascas llevan ya mucho tiempo trabajando en ello. Hace unos años, cuando se creó el régimen de comercio de derechos de emisión, las empresas vascas fueron primeras en adaptarse y verlo como un elemento de competitividad...En esto ha habido un cambio en los últimos año, sobre todo desde que se ha aprobado un nuevo impuesto medioambiental para gravar las actividades que arrojan sus residuos en vertederos o los incineran. No reciclar se ha encarecido, y eso ha supuesto un incentivo para buscar tecnología que dé un segundo aprovechamiento a los vertidos. En impuestos medioambientales estábamos en un grado de desarrollo bajo que nos valió varias sanciones de la Unión Europea por no cumplir los objetivos de desarrollo en fiscalidad ambiental. Eso hizo que algunas operaciones de gestión de residuos fueran demasiado baratas. .."

La pandemia provocó el cierre de 743 comercios pero el Ayuntamiento mantiene su volumen recaudatorio anual –14 millones– gracias a la apertura de más empresas que pagan el IAE. Sucumben, sobre todo, pequeñas empresas: las tiendas de toda la vida, profesionales autónomos que no pueden aguantar más, bares en los que el dueño resistía solo tras la barra. Con la pandemia se enrabietó esa tendencia a la baja iniciada durante la crisis financiera y entre 2020 y 2021 echaron la persiana 743 firmas en la ciudad, hasta quedarnos con 26.110. La cifra es escasa si tenemos en cuenta que en 2012 rozábamos las 30.000. Pero ahora, según datos facilitados por el Área de Hacienda, aumentan, y mucho, las empresas de más dimensión, con un volumen de negocio superior a los dos millones de euros, que son las que pagan ese tributo. Las que no llegan a esa facturación están exentas. Pues bien, según Hacienda en 2020 había 3.395 empresas que pagaban IAE; y en 2021, último ejercicio con cifras cerradas, habían subido a 3.631, es decir, 236 más (un 7% de aumento). El fenómeno confirma lo que vienen apreciando empresarios, economistas y cualquiera que se fije en el entorno: sucumben las pequeñas empresas y ganan presencia las de mayor tamaño en un mundo en el que la dimensión es cada vez más importante para alcanzar una rentabilidad que haga viable el negocio. Y esa tendencia beneficia al centro de la ciudad frente a la periferia, porque es en el corazón de Bilbao donde más se implantan franquicias y firmas de postín en general.

 El sector de la construcción representa el 5% del PIB español y el 10,7% del PIB del País Vasco, según datos del INE. Se trata, sin duda, de una actividad económica que está jugando un papel muy relevante en la recuperación y crecimiento de Euskadi, a tenor del informe 2021 de Ascobi. Pese a ello, la problemática reside en la falta de mano de obra; la que hay es escasa y cada vez está menos especializada. Y es que, a raíz de la crisis económica de 2008 que atizó con fuerza al sector, la construcción sufrió la pérdida de mucho capital humano. Se le suma que el trabajo de arquitectos e ingenieros se ve trasladado directamente a la obra, convirtiendo este proceso en una actividad muy artesanal, que puede dilatarse en los tiempos y que está supeditada a las condiciones ambientales. Por todo ello, el modelo de construcción industrializado supone una reinvención necesaria. La fabricación de grandes piezas dentro de talleres mediante procesos automatizados, permite dar un vuelco a la situación de los trabajadores ofreciéndoles nuevas oportunidades laborales. Además de ser una construcción más respetuosa con el medioambiente gracias a la eficiencia en la producción y los pocos residuos que genera, el nuevo modelo industrializado aglutina otras ventajas sobre el modo tradicional. Y entre ellas, la de abrir una nueva puerta en el mercado laboral, en la que se requiere un perfil más cualificado y se brindan mejores condiciones a los empleados y empleadas. 

2022 fue un año de sensaciones mixtas en el sector de la construcción. Por un lado, se produjo una tormenta perfecta de falta de suministros por los cuellos de botella, encarecimiento de los materiales y una escasez de mano de obra que en España empieza a dejar de ser coyuntural y amenaza con convertirse en estructural y de la cual los expertos en el sector llevan bastante tiempo avisando. Frente a ello, una necesidad de poner en marcha proyectos de construcción, tras un 2020 de gran caída a causa del Covid, que pudo más que todo eso: en todo 2022 se registraron 18.696, o lo que es lo mismo, un 5,5% más que en 2021, según datos facilitados por Nalanda, plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España. La distribución a lo largo del año fue bastante uniforme: en los seis primeros meses del año se alcanzaron 9.388 obras, mientras que en los seis últimos, 9.308. La región con mayor protagonismo a lo largo del pasado año fue Cataluña, donde se registraron 3.653 proyectos, es decir, el 19,5% del total de los realizados en toda España. Tras ella, se situaron Andalucía, con 2.995 y un 16%, Madrid, con 2.188 y un 11,7%; y la Comunidad Valenciana, con 1.763 y un 9,4%. Por otro lado, aquellas que tuvieron una mayor subida interanual en cuanto al número de proyectos, fueron País Vasco, con un 64% hasta llegar a las 1.298 obras; Cantabria, con un 23%; Madrid, con un 16%; Castilla-La Mancha y Cataluña, con un 13%; Andalucía y La Rioja, con un 10%; y Aragón, con un 3,5%. Mientras, la Comunidad Valenciana registró números similares a los de 2021 y el resto de regiones contaron con muchos menos proyectos que sólo un año antes: las caídas son abultadas en Asturias (-24%), Murcia (-23,5%), Baleares (-17,5%), Canarias (-16 %), Navarra (-15,5%), y Galicia (-11%). “Hemos podido observar que las que más han crecido han sido las obras de más de 1 millón de euros de presupuesto, probablemente por la inflación y por el incremento de los costes de materiales y el transporte”, señala el director de Marketing de Nalanda, Ricardo Muriel.

Los problemas de suministro que afectan a toda la industria no pudieron impedir que la Unión Europea estrenara 2023 con 15 nuevos gigavatios (GW) de potencia eólica instalada en su carrera hacia la descarbonización. Pero ese récord de inauguraciones de molinos de viento tampoco ha evitado que el sector de la fabricación de turbinas se vea enredado en una ola de despidos en España (y Europa), de la que la última víctima es la plantilla de General Electric (GE). Penden de un hilo 200 de sus trabajadores en una negociación iniciada a principios de año. Se le suman las 352 bajas pactadas por Siemens Gamesa, en unos recortes que tampoco son nuevos para el sector: Nordex cerró su planta de Vall d’Uixó (Castellón) en marzo (94 afectados tras otro recorte en 2018) y Vestas hizo lo mismo en León (98 trabajadores) antes de terminar 2021. El comité de empresa de General Electric está enfrascado en las negociaciones del ERE, aunque tanto la dirección como los representantes de los trabajadores se han limitado hasta ahora a exponer sus motivos en favor y en contra. Por el momento, los sindicatos han notificado a la Administración su intención de hacer huelgas para presionar a la empresa estadounidense y no pierden la esperanza de que los despidos se puedan reducir. O incluso modificar esas rescisiones de contratos por suspensiones temporales de empleo a través de la figura del ERTE, a la espera de que la situación mejore. “Esto es un bache”, dice el secretario del comité de empresa europeo de GE, Manel Santiago, “y es una tontería despedir ahora para después tener que volver a contratar”. El problema, sin embargo, es que las órdenes de compra de nuevas turbinas no han hecho más que reducirse, de acuerdo con las estadísticas de la patronal europea del sector, Wind Europe. 

El próximo mes de febrero va a ser uno de los más agitados de la historia del sector energético en España. Todas las semanas tienen días señalados en rojo en los que se esperan acontecimientos convulsos. En mayor o menor medida, afectarán severamente a los precios energéticos, a las cuentas de las compañías, a su estrategia legal contra la regulación del Gobierno o a la nueva política energética y fiscal de éste. Febrero también puede ser clave para determinar la reelección, o no, de presidentes y consejeros delegados. Varios de ellos se enfrentan a la renovación del cargo. Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Cepsa, BP y Acciona –las mayores energéticas– serán las empresas más afectadas. Pero el tsunami arrastrará a todo el sector. Todo empezará esta misma semana. Repsol, Cepsa, BP y otros grupos de distribución de hidrocarburos más pequeños, como Galp, Disa, Meroil, Ballenoil, Petroprix, Plenoil y Bonarea, afrontan un problema de suministros por el embargo al diesel ruso desde el día 5. España sigue importando productos petrolíferos refinados de Rusia, fundamentalmente diesel.

El terremoto en los mercados energéticos que ha desatado la guerra en Ucrania ha obligado a la Unión Europea a pisar el acelerador para cortar los lazos del suministro ruso. El Viejo Continente vive desde hace un año una contrarreloj en dos direcciones opuestas: la primera, hacia el despliegue masivo de renovables; la segunda, hacia nuevas rutas para obtener el gas y el petróleo que antes llegaba desde Moscú. En este escenario de máxima incertidumbre, los grandes fondos de capital riesgo han preferido pujar doble, o lo que es lo mismo, reactivar la inversión en combustibles fósiles y alimentar, en paralelo, la fiebre renovable. Un reciente informe elaborado por el equipo de energía en Europa del despacho de abogados Andersen ha analizado la evolución de las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) que se han cerrado en el ámbito de la energía en 15 países europeos durante el último año. El análisis concluye que los mayores fondos de inversión han resucitado su apetito por el petróleo y el gas, al calor del viraje de algunos Estados miembros hacia las energías tradicionales por temor al corte total del suministro ruso. «Si bien es cierto que se ha detectado un aumento de operaciones en combustibles fósiles en los últimos años, en la UE y en España, el grueso de la inversión se destina a renovables», matiza Carmen Mozún, responsable del grupo de Energía de Andersen en Europa. La experta se apoya en las cifras: «El número de transacciones es exponencialmente más alto en energías verdes, que concentraron el 86,5% de las operaciones corporativas en Europa en 2022», y apunta: «La inversión destinada a renovables ha aumentado un 55% en los últimos tres años».

La banca española prepara contra reloj su argumentario para intentar tumbar en los tribunales el impuesto temporal al sector diseñado por el Gobierno. Las entidades sujetas al gravamen deberán afrontar el primer pago antes del próximo 20 de febrero. Y, según explican las fuentes financieras consultadas, nada más liquidarlo, los bancos presentarán una reclamación ante los tribunales alegando inconstitucionalidad, doble imposición e incompatibilidad con la normativa propia a la que están sujetos. Tras la decisión del Ejecutivo de imponer una tasa temporal a la banca, todo el sector alzó la voz ante lo que considera un impuesto injusto y mal diseñado. La ley que regula el gravamen prevé que las entidades que en 2019 obtuvieran más de 800 millones entre margen de intereses y comisiones netas deban abonar un 4,8% entre ambos conceptos en 2022 y 2023. El Gobierno justificó esta medida al considerar que los bancos obtendrán beneficios extraordinarios en estos dos ejercicios debido a la acelerada subida de tipos de interés. Pero las entidades ya han puesto en movimiento su maquinaria jurídica para anularlo. Se trata de una decisión que deben tomar en primer lugar los consejos de administración de cada entidad. El sector da por descontado que todos los bancos o la gran mayoría lo recurrirán. Incluso la patronal CECA ha contratado a un despacho de primera línea para estudiar la forma de presentar también algún recurso.

 A corto plazo, la economía funciona, pero no todo está dicho. La incertidumbre seguirá presente en España, que tendrá que combatir el deterioro de otras variables ligadas entre sí: la deuda y el déficit público, que volverán a estar controladas por la Comisión Europea en 2024 con la reactivación de las reglas fiscales. España ha aumentado su deuda un 80% en los últimos 15 años. A este problema, sistémico en los países del sur de Europa, se le sumó la pandemia. En 2020 la economía se contrajo un 11,3% y aumentó de manera sustancial el gasto público para hacer frente a las necesidades de la pandemia. España, junto a Canadá y Estados Unidos, registraron los mayores aumentos de los países industrializados, de su gasto social frente al PIB tanto en 2019 y 2020, según apunta la OCDE. Cuando todo apuntaba a que la pandemia había terminado, la guerra de Ucrania y la crisis energética empeoraron el panorama. España ha desembolsado más de 45.000 millones de euros en ayudas para paliar la crisis entre 2021 y 2022, más de un 3% del PIB, como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria. El resultado de todo lo anterior es una deuda que está rondando el 116% del PIB, según datos del Banco de España. Según las estimaciones de la Airef, el déficit estructural alcanzará cifras próximas al 4% en 2025, lo que supone 6 décimas más desde la pandemia, sin medidas correctoras. Los analistas creen que los grandes esfuerzos financieros han sido necesarios para evitar el colapso de la economía, pero también son un gran desembolso que agujerea la capacidad del Estado de volver a hacer frente a eventualidades futuras. 

El único punto negro entre tanto optimismo es la dificultad para encontrar personal. Algo que ya sucedió el pasado año y que obligó a compañías como Meliá a incentivar la contratación acompañándola con alojamiento y pensión completa en destinos críticos para cubrir vacantes como Ibiza, Menorca, Calviá o Benidorm. En una reciente entrevista con CincoDías, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, reconocía su preocupación por la falta de atractivo del sector en el mercado laboral y se mostró esperanzado en que las últimas subidas salariales pactadas en convenio ayuden para solventar ese problema. “Los últimos pactos firmados en Canarias, con un incremento del 10% en tres años, o en Baleares, con un alza del 8% en dos años, me parecen razonables. No veo ningún problema en ese sentido”, recalcó. En su última comparecencia pública durante la última edición de Fitur, el consejero delegado de Palladium, Jesús Sobrino, también hizo autocrítica. “Estamos provocando una fuga de talento con esa guerra entre empresas quitándonos plantillas. Por eso, estamos haciendo los deberes para ser una compañía atractiva”. Esa fuga de talento tiene como principal destino la hostelería, en la que los salarios en convenio son superiores, y también la salida del mercado laboral, en línea con lo sucedido con la Gran Renuncia. En el primer mes de la pasada temporada alta se quedaron 13.432 puestos de trabajo sin cubrir en las distintas actividades de hostelería y turismo, de los que 3.817 fueron camareros, 2.370 repartidores o conductores, 2.139 cocineros, 2.059 ayudantes de cocina y 1.529 camareros de piso, según el informe elaborado por Infojobs.

"...La IA inaugura un cambio del modelo, desde uno basado en palabras clave, a otro inducido por modelos de lenguaje, que analizan ingentes bases de datos de texto para desarrollar la capacidad de comprender las preguntas de los usuarios y producir respuestas directas, creando texto y código. Esta es, por ejemplo, la tecnología que usa la web ChatGPT para redactar sus respuestas rápidas. En general proveen de un contenido conceptual que lo asimila a Wikipedia o a cualquier web especializada contenida en los navegadores, con la ventaja adicional de la interconectividad ya que permite el chateo, la pregunta, la respuesta, la dúplica y la réplica sobre una base de datos propia no conectada a Internet. También pueden obtenerse líneas de código, fichas de especificaciones de productos, y permite solicitarle que componga poemas, chistes o letras de canciones...A medida que los sistemas de IA se integran cada vez más en nuestras vidas, surgen preocupaciones sobre cuestiones como la privacidad, o que la IA se utilice con fines maliciosos. Además, a medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, se alza el interrogante acerca de la pérdida de empleos tradicionales susceptible de sustituirse por la nueva realidad digital. En conclusión, si bien la IA apunta a un instrumento operativo de gran calado, todavía encierra una serie de limitaciones y desafíos que deben superarse para que sea asumible y convincente. Por otro lado, si el pensamiento crítico es, desgraciadamente, una habilidad cada vez menos desarrollada en las sociedades actuales, un paso como este podría llevarnos a que lo fuese aún menos, un desenlace altamente preocupante. Esta reflexión cobra un especial valor en ambientes universitarios donde el acceso a la IA deberá ser regulado sin demoras..."

El primer ministro británico, Rishi Sunak, expulsó ayer a Nadhim Zahawi de la presidencia del Partido Conservador para intentar frenar las críticas por su supuesta actitud blanda ante la corrupción. El diario The Sunday Times reveló el día 22 que Zahawi había tenido que llegar a un acuerdo con la Hacienda británica para realizar un pago complementario de cinco millones de libras, de los que al menos un millón eran en concepto de sanción. Rishi Sunak expulsó ayer a Nadhim Zahawi de la presidencia del Partido Conservador, un puesto con rango ministerial, para intentar frenar las críticas por su supuesta actitud blanda ante los casos de corrupción. “Cuando me convertí en primer ministro, prometí que mi Gobierno desplegaría integridad, profesionalidad y rendición de cuentas en cada uno de sus niveles”, comienza la carta, con membrete de Downing Street, en la que Sunak comunicó a Zahawi su cese. El diario The Sunday Times reveló el día 22 que Zahawi había tenido que llegar a un acuerdo con la Hacienda británica para realizar un pago complementario de cinco millones de libras (unos 5,7 millones de euros), de los que al menos un millón eran en concepto de sanción. El político, de origen iraquí, había vendido con éxito las acciones de la empresa de consulta demoscópica YouGov, que contribuyó a fundar con otro socio. Gran parte de esas acciones estaban a nombre de una sociedad instrumental localizada en Gibraltar, Balshore, a nombre del padre de Zahawi.

Benyamin Netanyahu apuesta por endurecer los castigos a las familias de los palestinos que cometan ataques, reforzar la presencia militar en los territorios ocupados y relajar las medidas para el uso de armas por parte de los ciudadanos como primeras medidas para frenar los ataques de ‘lobos solitarios’ palestinos. La sociedad israelí ya está fuertemente armada, pero ahora el primer ministro planea aprobar más permisos y desde la Policía se anima a quienes tengan licencia en vigor a que salgan a la calle con sus arsenales. En palabras del jefe del Gobierno, «las armas en manos de civiles ayudarían a salvar vidas» y espera equipar también a los grupos de emergencia médica que a menudo se encuentran entre los primeros en llegar a la escena de un atentado. «ZAKA (siglas en hebreo de Identificación de Víctimas de Desastres) cuenta con 3.000 voluntarios móviles en todo el país. Solo un pequeño porcentaje de ellos están armados. Imagínese si lo estuvieran», declaró Netanyahu. Las autoridades quieren además que todo el entorno de una persona que comete un ataque sufra las consecuencias y por ello refuerzan «las medidas de seguridad», mientras castiga «a los terroristas y a quienes los apoyan», anunció ayer Netanyahu al término de la reunión del Consejo de Seguridad. El nuevo Ejecutivo necesita mostrar su capacidad de reacción tras el ataque más sangriento sufrido en Jerusalén desde 2008 y el primer ministro dijo que, antes de su demolición, se había «sellado la casa del terrorista que cometió el ataque a tiros el viernes».