20230311

El Gobierno presentó ayer a la patronal y a los sindicatos una reforma de las pensiones, cuyo objetivo principal es aumentar notablemente los ingresos con dos objetivos: en primer lugar, poder financiar el fuerte crecimiento del gasto en pensiones, que se va a producir en la Seguridad Social en las tres próximas décadas, con la jubilación de las generaciones de la explosión de la natalidad. El incremento previsto del gasto para entonces es de tres puntos, al pasar del 12% del PIB actual al 15%. Y en segundo lugar, el Ejecutivo quiere aumentar los ingresos para elevar la protección de los pensionistas. Sobre todo, de los que tienen rentas más bajas. Con la mayor parte de las medidas que presentó ayer a la patronal y los sindicatos, el Ejecutivo espera que, cuando estén plenamente en vigor, la recaudación tenga un incremento adicional de 15.000 millones de euros, el 1,3% del PIB actual. Además, el Gobierno espera que la Comisión Europea apruebe las propuestas para que España pueda recibir en los próximos meses otros 10.000 millones de euros, procedentes de los fondos de recuperación y resiliencia. En todo caso, las principales propuestas que el Gobierno presentó ayer para negociar con la patronal, los sindicatos y los socios parlamentarios son las siguientes: L La subida adicional del tipo de cotización será del 1,2%, a partir de 2029. Por lo tanto, será el doble del incremento que entró en vigor este año, y que fue del 0,6%. En la práctica, a partir de 2029, el tipo de cotización de las empresas será del 24,60%, y del 4,9%, el de los trabajadores. Esto es así porque las empresas van a pagar un 1%, y los trabajadores, las dos décimas restantes. En realidad, es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que el Gobierno pretende aumentar el Fondo de Reserva de las pensiones, para poder pagar las prestaciones con la jubilación de las mayores cohortes de la historia de la Seguridad Social. Sustituye al llamado Fondo de Sostenibilidad, que aprobó el Gobierno del PP, pero que nunca entró en vigor. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, considera que, con esa propuesta del PP, se habría cargado el peso de la reforma en los jóvenes. 

El fuerte aumento de cotizaciones sociales sobre el que se apoya la segunda parte de la reforma de las pensiones tendrá especial impacto en Euskadi, que tiene los salarios más altos de España (2.400 euros al mes de media) y cerca de 100.000 cotizantes por la base máxima, ahora situada en casi 54.000 euros al año. Ya el año pasado, cuando el Gobierno central anunció para este año una subida del 8,6% en las bases máximas de cotización, Confebask advirtió de que suponía «meter plomo en las alas» en un momento de escalada de costes. Según recordó entonces la patronal, las empresas asumen en torno a un 80% del pago a la Seguridad Social frente al 50% en países como el de Alemania. Así, en el caso de un trabajador con un salario de 54.000 euros, la empresa paga un 32% (17.261 euros al año) y el trabajador, cerca del 6,45% (3.485 euros). Confebask no quiso hacer ayer valoraciones y delegó en la CEOE, que expresó su profundo rechazo. Con la reforma pactada entre PSOE y Unidas Podemos los costes van a aumentar por una triple vía. Para empezar, todos los cotizantes, ya tengan sueldos bajos o altos, van a registrar un incremento en la carga a través del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ahora es del 0,6% (0,5% recae en la a empresa y 0,1% en el trabajador) y en 2029 llegará al 1,2%, el doble. Esta parte afecta al millón de cotizantes (988.149 exactamente) que hay en Euskadi, tanto asalariados como autónomos. Las otras dos vías de apuntalar los ingresos solo afectan a los salarios más elevados. Por un lado, la base de cotización máxima (los citados 54.000 euros al año) va a subir un 1,2% adicional a la inflación de cada año. Por otro, se va a aplicar un nuevo ‘recargo de solidaridad’, por la diferencia entre el sueldo y la base máxima, que llegará al 6% en 2045. Con este considerable incremento de las cotizaciones, Escrivá quiere financiar el aumento del gasto en pensiones generado en la primera fase de la reforma, cuando se aprobó su vinculación al IPC. 

Los empresarios mostraron ayer su «frontal oposición» a la propuesta de reforma de las pensiones planteada por el Gobierno e insistieron en que la «voracidad recaudatoria del Gobierno» a través de «propuestas populistas como esta» socavará el esfuerzo de las empresas en las subidas salariales. En un comunicado conjunto de la CEOE, Cepyme y ATA, aseguraron que la mayor carga por el lado de las cotizaciones «absorberán parte de los incrementos en la retribución» de los empleados y que se trata de una reforma «regresiva». A su juicio, el sostenimiento del sistema «se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país» mediante una subida generalizada de cotizaciones que «mermará los salarios de todos los trabajadores» e incrementará los costes laborales. Por ello, asumen que se pone en peligro la creación de empleo. Critican además que la propuesta que se pretende aprobar es «regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión». Es más, la CEOE lamenta que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones «sin debate y diálogo social» tras un acuerdo con Europa «en una cesión de soberanía sin precedentes». «La propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano», aseguran. En cambio, para los sindicatos esta propuesta de reforma es «mejor, imposible». El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que es «extraordinariamente positiva». Por ello, instó a los partidos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo a apoyar la reforma de las pensiones para que pueda aprobarse con una mayoría amplia. Ver nota CEOE. 

Entrevista con Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA. "Significa una subida generalizada de las cotizaciones. La fiesta de las pensiones se quiere pagar esquilmándonos a autónomos, empresas y también a los trabajadores. El Gobierno pone en marcha dos impuestos revolucionarios que son: el MEI, que figura como cotización y no genera prestación, y lo que llaman recargo de solidaridad. El ministro Escrivá hace un año se sacó de la chistera el MEI y nos vendía que con eso se garantizaban las pensiones; doce meses después lo duplica para pasarlo del 0,6 al 1,2. La sostenibilidad de las pensiones no se garantiza en una hoja de excel, se garantiza con el empleo...Indudablemente puede afectar al empleo. Es una subida generalizada de las cotizaciones que se suma a la subida de costes energéticos, de los tipos de interés, de los alquileres –que están subiendo un 9%–, de los costes laborales... Viene en el momento menos indicado. El Gobierno con su voracidad recaudatoria piensa que los autónomos y empresas tenemos un cajero automático y cuando quieren sacamos para hacer una derrama. La vicepresidenta, cuando dice que garantizará la sostenibilidad de las pensiones, está invitando a cenar y pasándole la cuenta a las empresas, pero es que la vaca no da más leche. Y con estos incrementos que propone Escrivá, quedará poco margen para subir salarios..."

La nueva vuelta de tuerca a la reforma de las pensiones que el Gobierno ha impulsado para conseguir que Bruselas no corte el grifo de los desembolsos del plan de recuperación y resiliencia (el próximo pago es de 10.000 millones) tiene ya tejidos dos acuerdos. El primero, entre el ministro José Luis Escrivá y la Comisión Europea; y el segundo, entre el ala socialista del Gobierno, encabezada por el propio Escrivá, y Unidas Podemos, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente. Sin embargo, pese al indudable valor que pueden tener estos dos acuerdos, falta otro, el principal. Porque si el Gobierno quiere ver avalada su reforma tiene que lograr, sí o sí, el plácet de unas Cortes Generales. ¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno de coalición? Lo fiará todo a la llamada mayoría de la investidura, es decir, al apoyo del PNV, ERC, Bildu, Compromís o Más País. Ahora, socialistas y morados suman 153 de los 350 escaños del Congreso. La reforma se tramitará a través de un real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros y, luego, deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de un mes. Su gran ventaja es que no es necesaria cosechar la mayoría absoluta de la Cámara (176), basta con tener más síes que noes. Dicho de otro modo, que bastaría con que partidos como Esquerra (13), el PNV (6) o EH Bildu (5) se abstengan. ¿Qué harán? Ayer, tras conocer el acuerdo, hubo reacciones de todo tipo. El PNV, siempre condicionado por los empresarios, evitó pronunciarse y se limitó a recalcar que «no ha habido conversación alguna con el Gobierno» ni han trasladado su posición «hasta que lean la letra pequeña» de un decreto ley que les llegó «en la madrugada del viernes». Desde Bildu, su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, aseguró que se trata de «un avance, pero insuficiente», por lo que seguirán negociando para introducir medidas y mejoras que aseguren «pensiones dignas, especialmente a los colectivos más vulnerables».

El ministro de Seguridad Social, José Escrivá, también accede a una vieja reivindicación de la izquierda y de los sindicatos que supondrá más gasto: mejorar las pensiones mínimas, insuficientes para vivir con dignidad. Así, estas prestaciones tendrán una subida mayor que la que se aplicará a las pensiones ordinarias; es decir, una revalorización por encima del alza de los precios. «Vamos a garantizar que se incrementen mucho más», anunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de que se hiciera público el contenido íntegro de la nueva ley. Así, a semejanza de lo que se ha hecho con el salario mínimo en esta legislatura, se fija una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que converjan con el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos. Se entiende renta mediana el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de estos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Asimismo, se establece un proceso similar para la evolución de las pensiones no contributivas, que crecerían hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Pero además la nueva norma que prevé aprobar el Gobierno –y que permitirá acceder a un cuarto desembolso de los fondos europeos– contiene una serie de medidas para reducir la brecha de género de las pensiones, mejorando la cobertura de lagunas para mujeres (esos periodos intermitentes no cotizados a lo largo de una vida profesional, en muchas ocasiones por el cuidado de hijos o mayores) y aumentando el complemento por maternidad.

Con una inversión millonaria, el súper ordenador se ubicará en Ibaeta y empezará a funcionar a finales de 2024. IBM cuenta con sólo cinco equipos similares repartidos por todo el mundo. El trabajo realizado a lo largo de varias décadas por algunas instituciones científicas guipuzcoanas y la apuesta firme realizada en los últimos años por la Diputación Foral y el departamento de Educación del Gobierno vasco para levantar en Euskadi un nodo de referencia en la computación cuántica ha tenido su merecido premio. Un proyecto de país que ha logrado que un gigante mundial como IBM seleccione a San Sebastián y a Euskadi para instalar aquí el que será su sexto ordenador cuántico: el IBM Quantum System One. Será a finales de 2024. El movimiento nos situará de golpe en el mapa internacional de la cuántica (una tecnología aún en ciernes pero que marca todas las grandes agendas) y convertirá la instalación donostiarra en la auténtica referencia en la materia del sur de Europa. Para calibrar la importancia del gesto, basta analizar dónde se encuentran los otros cinco ordenadores: en el Fraunhofer-Gesellschaft alemán, la Universidad de Tokio, el Cleveland Clinic de los Estados Unidos, la Universidad Yonsei de Korea y Quebec (Canadá). Los tres últimos se encuentran en este momento todavía en construcción. La cuántica puede resolver desafíos matemáticos con una capacidad infinitamente superior a los computadores que hoy conocemos y abre posibilidades desconocidas para un sinfín de materias, que van desde la industria a las finanzas, pasando por la salud. En definitiva, se abre un mundo que supondrá una revolución aún mayor a la que supuso la introducción de los algoritmos. Un escenario desconocido pero prometedor.

Red Eléctrica y su homólogo francés adjudicaron ayer las obras para el macro proyecto de la conexión eléctrica entre Francia y España que atraviesa el Golfo de Bizkaia uniendo la localidad vizcaína de Gatika y la gala de Cubnezais, al norte de Burdeos. Son 400 kilómetros que se cubrirán en una actuación faraónica que tiene un coste de 2.850 millones de euros y que arrancará tras este verano. El cable elevará hasta los 5GW la interconexión entre España y Francia y generará contrataciones en empresas vascas por unos 400 millones de euros. Una cartera de pedidos para la que importantes firmas de Euskadi como Ingeteam, Velatia o Arteche gozan de un gran posicionamiento. Esta infraestructura había estado paralizada por las diferencias entre Francia y España para su financiación dado que se había encarecido sobre los presupuestos iniciales más de 1.000 millones. La semana pasada los reguladores galo y español llegaron a un acuerdo que deja en España –principal usuario– la financiación del 54% de la obra y que desatascó el proceso.

El lehendakari Urkullu dio ayer un nuevo impulso a las voces que desde el País Vasco advierten ya sobre las consecuencias negativas que puede tener para la industria de Euskadi el objetivo de prohibir la venta de vehículos de combustión en 2035. Una propuesta que por el momento ha sido parada en el seno de la Unión Europea por el veto de Alemania e Italia pero que tiene adeptos, como sucede con el Gobierno de Pedro Sánchez. El lehendakari reconoció ayer que está «preocupado» por una fecha que está «a la vuelta de la esquina» y que incide en una parte fundamental de la industria vasca. Hizo estas manifestaciones en el transcurso de la inauguración de la cuarta fase de ampliación del AIC, el centro promovido por la Diputación de Bizkaia en el barrio Boroa de Amorebieta, en torno al automóvil, que ha ampliado su ámbito de actuación al concepto de ‘movilidad’. La apertura permite incorporar una importante división de la compañía ferroviaria guipuzcoana CAF, al fabricante de bicicletas Orbea, y acoger una planta experimental de Gestamp totalmente automatizada. Hace ya días que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, levantó la voz para advertir sobre el impacto de un proceso de transición de la industria del automóvil que puede ser excesivamente acelerado y que amenaza con dejar a importantes empresas vascas en una posición delicada. La industria del automóvil es clave en el PIB de Euskadi, pero una parte sustancial de la auxiliar –producción de acero y componentes– se centra en el motor de combustión. En ese contexto, el lehendakari mostró ayer su convicción de que este sector «camina hacia el vehículo eléctrico», pero también reclamó «como han hecho países como Alemania y Francia» un margen de tiempo que permita una transición sin traumas. En síntesis, una postura opuesta a la que en estos momentos defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, que abandera una defensa radical de la transición energética sin reparar en el impacto que ello puede tener en la industria. 

Golpe al empleo en uno de los pulmones industriales de la Comunidad Valenciana. La dirección de la planta de Ford en Almussafes confirmó ayer que el ERE conlleva el despido de 1.144 personas. Así, prescindirá de casi un quinta parte de la plantilla (unos 5.800 trabajadores), en el mayor ERE de los últimos años, tras los anteriores despidos de 630 y 350 empleados. Hasta ahora siempre se ha apostado por cubrir las salidas con prejubilaciones y bajas voluntarias para evitar los despidos forzosos, pero la plantilla tiene claro que tras varios expedientes no habrá personal suficiente para esta opción. En 2022 la factoría valenciana fue elegida para fabricar coches eléctricos a partir de 2026, tras imponerse a la alemana de Saarlouis. Así garantizaba su futuro en la planta, pero implicaba la reducción de la mano de obra hasta que lleguen los nuevos modelos. Los dirigentes de UGT admiten abiertamente que será difícil alcanzar un acuerdo con la dirección, aunque no renuncian a iniciar una negociación «más que complicada». El comité de empresa no renuncia a intentar que el mayor número de salidas sean voluntarias. Mucho más críticos fueron desde el sindicato minoritario, STM-Intersindical. «Es un dato dramático y siempre hemos esperado que sea inferior», dijo el portavoz Daniel Portillo. Respecto a las ayudas públicas, la ministra de Industria, Reyes Maroto, trasladó su «preocupación» y advirtió de que las subvenciones del Gobierno para impulsar la transición eléctrica en el sector del automóvil «están condicionadas al mantenimiento del empleo». Ford aspiraba a captar ayudas en la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico tras renunciar a la primera tanda.

Los fabricantes de vehículos en España llevan desde principios de año con una mejor coyuntura de la que vivieron en 2022, cuando la guerra en Ucrania se sumó a la pandemia para poner patas arriba los flujos de materias primas y las entregas de semiconductores, indispensables para la fabricación de coches. La consecuencia fue un bloqueo de las cadenas de suministro, paradas en la producción, reorganización de turnos y la extensión de los ERTE aplicados con la crisis sanitaria. “La entrada de año ha comenzado bien y esperamos que la cadena de suministro mejore: hay que ver febrero y marzo”, explican fuentes de Anfac, la patronal del sector. Este mes los paros se están acumulando. La tendencia positiva se inició a finales de 2022, lo que permitió a la industria remontar y cerrar con 2,2 millones de unidades ensambladas, un 5,8% más que en 2021, cuando los efectos del coronavirus todavía eran muy severos. La cifra sigue unos 600.000 vehículos por debajo de 2019. Las fábricas de Stellantis Vigo y Seat Martorell, las más grandes de España, dominaron la producción de coches con 404.585 y 366.764 unidades, respectivamente. Juntas ensamblan el 35% de los automóviles que se hacen en España. Sus matrices, Stellantis y Volkswagen, copan el 68% de la producción. Sin embargo, las dos factorías fueron las más afectadas por los parones y, al final, las únicas en reducir su actividad, un 22% y un 4,8%, según los datos recopilados por Expansión.

Nueve constructoras han presentado ya reclamaciones para que el Gobierno vasco revise al alza el importe de las obras adjudicadas para levantar nueve promociones de pisos públicos en Euskadi, según explican fuentes del Departamento vasco de Vivienda. La construcción de estas viviendas (cuatro de ellas están ya entregadas) fue adjudicada por unos 60 millones de euros. Las empresas reclaman al Ejecutivo autonómico que les abone más de 5 millones de euros adicionales por el incremento de costes que está sufriendo el sector. Dificultades derivadas del incremento de precios en materiales como hierro y el cemento que ya ha llevado a que se paralicen obras, a que se declaren desiertos algunos concursos públicos y, en los casos más extremos, a la quiebra de algunas constructoras, detallan fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción. Estos problemas se están percibiendo con especial virulencia en la promoción privada, como ha quedado reflejado en la paralización de las obras de la quinta torre de Garellano. Las empresas que trabajan para el sector público sufren también por la crisis de suministros y el alza de los precios, pero sus dificultades se han visto mitigadas por el Real Decreto del Gobierno central aprobado el pasado año para revisar al alza hasta en un 20% el importe de las obras adjudicadas por las administraciones. Esta medida excepcional, cuya vigencia termina este mes, según fuentes de la patronal, fue desarrollada el pasado abril por el Gobierno vasco con el objetivo de ayudar a las constructoras con trabajos a lo largo de los dos últimos ejercicios y que hayan sufrido subidas en los materiales que superen el 5%. En este contexto, el Departamento de Vivienda, uno de los organismos públicos que más obras saca a concurso, cifra en 28 las promociones de pisos públicos (5 están ya acabadas), adjudicadas en un primer momento por 206 millones de euros, que pueden verse afectadas por este mecanismo de revisión de precios.

La cooperativa de compradores de los 166 pisos de la quinta torre de Garellano quiere resolver el problema de la paralización del proyecto cuanto antes. La obra lleva sin avances desde hace cinco semanas, después de que la firma que se encarga de levantar la estructura (Construcciones Urrutia) pusiera sobre la mesa que necesita más dinero para ejecutar el rascacielos, alegando que se ha producido un encarecimiento de las materias primas. Los futuros propietarios del que sería el edificio residencial más alto de Euskadi (36 plantas) consideran que la empresa ha roto unilateralmente el contrato llave en mano firmado en 2021 y le han dado un ultimátum: si el lunes sus obreros no han abandonado el tajo, les impondrá una penalización diaria de 10.000 euros, un castigo que supuestamente figura en el pacto rubricado por las dos partes, según trasladan fuentes de la cooperativa. El objetivo es, a la mayor brevedad posible, sacar a la compañía de origen alavés, adquirida hace dos años por el grupo madrileño Urbas. Porque los socios de la cooperativa temen que la constructora quiera tensar la cuerda para forzarles a algún tipo de acuerdo (que pasaría inevitablemente por un aumento de precio) y decida permanecer en la obra pero sin actividad, lo que entorpecería la búsqueda de una solución. «Si Urrutia se marcha ya, creemos que seríamos capaces de encontrar una alternativa para retomar el proyecto a finales de este mismo mes», apuntan las fuentes consultadas. La constructora, por su parte, insiste en que tiene «voluntad de continuar», pero admite que es necesario renegociar las condiciones. La situación ha supuesto un sobresalto para los compradores. Sobre todo porque temen que haya retrasos y un aumento del coste, lo que repercutiría directamente en sus bolsillos, al ser socios de la entidad promotora además de futuros propietarios. Aunque Construcciones Urrutia no lo concreta, fuentes de la cooperativa aseguran que la firma alavesa exige para seguir adelante 4,5 millones más sobre el presupuesto inicial (36 millones) y un aumento en 8 meses del plazo de entrega (en origen se habló del primer trimestre de 2024). La firma inmobiliaria solicita también que se eliminen las penalizaciones por las posibles demoras. Todo ello generaría un perjuicio de 30.000 euros por piso de media, además del tiempo perdido.

El arranque de 2023 ha confirmado la pérdida de tracción del negocio hipotecario de la banca que ya se dejó ver con bastante claridad en el último tramo del año pasado. Por un lado, las entidades financieras concedieron en enero 4.102 millones de euros en nuevos préstamos para viviendas. Es decir, alrededor de un 8% menos respecto a los cerca de 4.500 millones de euros del mismo mes del año pasado. Pero lo más llamativo es que no se registraba un mes tan pobre en actividad desde agosto de 2021. Las nuevas operaciones empiezan a notar por un lado el impacto de la brusca subida del precio de las hipotecas; y por otro, la caída de la actividad inmobiliaria en un escenario de alza de los tipos de interés que se mantendrá como mínimo durante todo el primer semestre de 2023. Se empiezan a cumplir en el arranque del año los vaticinios que apuntan a un año de aterrizaje suave en la actividad. La Asociación Hipotecaria Española (AHE) lanzó el primer aviso con la previsión de que durante este ejercicio el nivel de nuevas contrataciones podría bajar en torno de un 10%, hasta situarse alrededor de los 58.600 millones de euros, dada la situación macroeconómica. Es decir, por debajo de los 65.220 millones del año pasado y también de los 59.425 millones de 2021. Los datos de actividad de enero tienen un impacto directo en el saldo vivo hipotecario. Es decir, en el valor de los préstamos para vivienda que generan intereses para el sector financiero.

Un nuevo terremoto ha sacudido los mercados mundiales. El epicentro hay que buscarlo en el banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), que el jueves evidenció una fuerte crisis de liquidez que provocó su desplome en más del 60% en Bolsa. La entidad, con sede en California, se ha visto obligada a vender su cartera de bonos, de 21.000 millones de euros, a pérdidas. En concreto, con unos números rojos de 1.800 millones. El problema es que la venta se llevó a cabo para cubrir una importante salida de depósitos de sus clientes, en su mayoría empresas tecnológicas. Esta fuga de depósitos obligó ayer al regulador del mercado estadounidense a suspender la cotización de la compañía, después de que su capitalización pasara en horas de 15.000 a 6.000 millones de dólares. La entidad ni siquiera habría podido cubrir la ampliación de capital que el jueves anunció para sanear su posición, por lo que los rumores apuntan a que estaría valorando su venta. «El problema es que surge el miedo a que los clientes retiren los depósitos, el riesgo de una posible crisis de liquidez y el efecto contagio sobre el sector», indican los analistas de Bankinter. Los inversores no han querido esperar para comprobar los efectos. Con los números rojos impregnando a la banca mundial, el Ibex35 cedió un 1,47% al cierre, por debajo de los 9.300 puntos, con Sabadell liderando la parte baja de la tabla con una dura caída del 5,11%, mientras que Bankinter y Santander perdieron un 4,2% cada una. BBVA se dejó un 3,4% y Unicaja un 4,6%. En toda la semana, el selectivo se deja un 1,9%.

El encuentro entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer en Washington buscaba evitar un choque comercial entre las dos potencias y el objetivo se cumplió. Las relaciones se habían enturbiado a causa de la Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden, que amenazaba con provocar una fuga de inversiones europeas con el ‘dopaje’ de 349.000 millones de euros en ayudas al desarrollo de tecnologías verdes en este país. Aunque no se ha resuelto la cuestión de fondo, ambas administraciones pactaron una pequeña tregua: alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras –así se denomina a metales de difícil extracción– y tecnologías limpias en el marco de la transición verde. Hasta ahora, la ley estadounidense beneficia únicamente a las empresas estadounidenses y a aquellas de los países con los que Washington tiene acuerdos comerciales (México y Canadá). Sin embargo, el nuevo acuerdo permite a EE UU suministrar litio o níquel a la UE –claves para la industria automovilística europea–. Además, los coches eléctricos podrán recibir cerca de 7.000 euros en ayudas impositivas. Con todo, para recibir estos subsidios los vehículos tendrán que montarse en EE UU y la mitad de los componentes de las baterías deberán ser locales. «Damos la bienvenida a la Ley de Reducción de la Inflación porque es una inversión masiva en la transición verde que busca una economía de cero emisiones de carbono», afirmó Ursula Von der Leyen en prensa desde Washington, agregando que esta decisión es parecida al Pacto Verde Europeo. Con el objetivo de suavizar el posible impacto de la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, la presidenta de la Comisión Europea anunció además, tras su reunión con el presidente Joe Biden, el lanzamiento de un diálogo sobre «incentivos a la energía limpia».