20230425

La economía vasca ha aprobado el primer test de estrés en el invierno de este año y, a pesar de la tensión de los precios y del encarecimiento de la financiación provocada por la subida de tipos de interés, se mantuvo en números positivos. Así lo indicó ayer el instituto vasco de estadística, Eustat, en su avance de la producción económica de Euskadi. Los datos arrojaron un crecimiento del 0,4% en el primer trimestre desde el cierre del pasado año. Una cifra que se convierte en el 2,2% si se compara con el registro del mismo periodo de 2022. A la espera de conocer los datos más pormenorizados que el Eustat difundirá en junio, el servicio estadístico confirma con la información coyuntural disponible una «ligera desaceleración interanual de la actividad en los principales sectores, si bien la evolución sigue siendo positiva». Y es que el dato no es malo viendo el escenario general, con los costes subiendo sin parar, un IPC subyacente –el que mide la tendencia más estructural al no computar los productos energéticos y los frescos– en registros históricos por encima del 7% e inversiones frenadas por el encarecimiento de la financiación por la subida de los tipos de interés. Tampoco es para echar las campanas al vuelo porque con ese 0,4% de crecimiento en el PIB vasco se acumulan ya dos trimestres por debajo del 1%, muy lejos del 3% potencial que los analistas fijan como tasa natural para Euskadi. Estar por debajo de esa referencia no es baladí porque supone vivir en una zona peligrosa en la que se puede dejar de crear empleo. La previsión, compartida por el Ejecutivo autonómico y la patronal Confebask, es que en el resultado total del año se siga creando empleo, pero no al ritmo del pasado 2022. La cifra prevista para este ejercicio es de algo más de 10.000 puestos de trabajo, por los casi 20.000 del año anterior.

El tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao experimentó un aumento del 4,5% durante el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2022. Así, entre enero y marzo pasados se movieron en la dársena vizcaína un total de 7,75 millones de toneladas. Pese a ello, el Puerto de Bilbao se mantiene aún bastante lejos de las cifras que alcanzó antes de la pandemia. En el primer trimestre de 2019, el ejercicio previo al covid, se movieron 8,96 millones de toneladas, un 13,5% más que en el de este año. Mientras, en Pasaia, si analizamos la tendencia hay motivos para la esperanza, ya que mientras Pasaia arrancó enero con un descenso del 9,4%, en febrero se moderó algo la caída, aunque todavía estaba en registros negativos (-5,7%), mientras que en marzo se ha producido un aumento significativo. En concreto, del 12,5%. En el primer trimestre la dársena guipuzcoana ha movido un total de 864.222 toneladas. Si analizamos los distintos tipos de mercancías, destaca el fuerte incremento registrado por el pescado, cuyo trasiego se eleva un 12,1% en relación al mismo periodo del año anterior. También crece de forma significativa el tráfico de automóviles, que lo hace un 8,9% hasta alcanzar las 65.069 toneladas, y el denominado Ro-Ro (todo tipo de vehículos con ruedas), que sube un 8,6%.

ELA mostró ayer su «orgullo» de que Euskadi esté «a la cabeza del número de huelgas en Europa». Así lo señaló el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, que presentó junto a la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, la manifestación que la central llevará a cabo el próximo lunes con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, una marcha que en Bilbao partirá a las 11.30 horas de la Plaza del Sagrado Corazón. Y también presentaron el anuario de movilizaciones del año pasado, que recoge un total de «86 victorias sindicales», es decir, «una cada cuatro días», precisó Muñoa. Los dirigentes de ELA remarcaron que la huelga no es algo obsoleto y recordaron que la clase trabajadora afronta en la actualidad un aumento del 15% en el pago de alimentos básicos y una media de 3.600 euros más de costes hipotecarios al año. Lakuntza citó además como principales retos a afrontar «la inacción de los gobiernos» –que en el caso autonómico define como supeditados a los poderes empresariales– «y el bloqueo de la patronal». Contra estas situaciones, el secretario general de ELA defiende que la huelga «permite alcanzar logros» y supone además «una herramienta para el reparto de la riqueza». «Las huelgas hacen un país mejor», aseguró, y por eso explicó que no le causa sorpresa que «con el 6% de la población» Euskadi represente «el 56% de las huelgas de todo el Estado». «ELA está muy orgullosa de esto», dijo. Asimismo, atribuyó esta realidad a la «solidez» de la caja de resistencia del sindicato, si bien no desveló el importe que de ella llegó a emplearse en 2022. «Mejor que la patronal no tenga esa información», señaló.

"Los dirigentes de ELA se muestran orgullosos de que Euskadi sea la región europea con un mayor número de huelgas. Yo creía, quizás con un déficit grave de pensamiento, que el objetivo central de las organizaciones sindicales era la defensa de los intereses de los trabajadores. Si así fuera, imaginaba que la huelga era un instrumento –probablemente extremo, pero sin duda eficaz en ocasiones–, para defenderlos. Un instrumento, no un fin en sí mismo...Entiendo que un sindicato pueda sentirse orgulloso de haber conseguido mejoras para sus trabajadores. Siempre y cuando esas mejora, en el corto plazo sean compatibles con la propia supervivencia de las empresas en el largo. Porque si para defender una mejora inmediata, se pone en peligro la existencia futura de la propia empresa, el resultado no será bueno para nadie. Lo que no llego a entender es que algunos se sientan orgullosos de haber provocado el mayor número de huelgas, sin valorar sus efectos. ¿Liderar ese ranking atrae nuevas inversiones? ¿Liderar ese ranking ayuda a crear nuevas empresas? ¿O es posible que las ahuyente? En Euskadi tenemos los salarios más altos, la cotizaciones sociales más elevadas, las mayores pensiones, el menor número de horas trabajadas, el mayor absentismo y… el gasto social ‘per cápita’ mas grande de España. ¿Es sostenible esta situación? Sí, mientras el valor añadido creado en las empresas evolucione de manera sincronizada con todo ello. Pero es obvio que vivimos sobre el alambre. No debemos olvidar que los demás también se esfuerzan y mejoran y lo hacen en ambientes menos crispados en donde el orgullo ilumina otros caminos y no precisamente a las huelgas". 

"Ahora estamos en un contexto económico complejo, con importantes incertidumbres, pero que, en lo sustancial, está resistiendo. Cerramos 2022 con un crecimiento del PIB de casi el 4,5% y las previsiones para este año, que se han rebajado, están en torno al 1,5%. ¿Es suficiente para generar empleo? Parece que sí, porque los datos de empleo son positivos en el capítulo cuantitativo. La afiliación a la Seguridad Social roza el millón de personas en Euskadi y es el máximo histórico. En el paro registrado estamos también por debajo de los 110.000 desempleados, que es buen dato. Entre los parámetros cualitativos está la estabilidad del empleo. Y los datos, de nuevo, son claramente buenos. El número de contratos indefinidos ha crecido por encima del 120% con respecto a la situación prepandemia. Pero hay que estar atentos a la figura de los fijos discontinuos...Un 30% de los trabajadoras y trabajadores vascos sujetos a negociación colectiva ya tienen renovado su convenio, pero ese dato, que es de febrero, se va a incrementar notablemente con los datos de marzo, con los nuevos convenios que se están registrando. Podemos hablar de un incremento de unos diez puntos y nos situaremos en un entorno del 44%...Si lo comparamos con la serie, por ejemplo con los últimos seis años, es el segundo mejor dato. La valoración es moderadamente positiva, sin caer en la autocomplacencia. Hay que seguir negociando y elevar el porcentaje de condiciones laborales actualizadas. Insisto, la impresión general es que la negociación colectiva ha arrancado este año bastante bien..."

LAB ha convocado dos jornadas de huelga para este viernes, 29 de abril, y el próximo lunes, 2 de mayo, en el sector de la industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa para reclamar un convenio digno. El pacto aglutina a 6.000 trabajadores en el ámbito de la industrial, el reparto y el comercio. ELA está valorando la medida y decidirá mañana al respecto, según ha podido saber este periódico. La central abertzale señaló ayer que convoca estas dos jornadas de huelga ante «el bloqueo de la mesa negociadora por parte de la patronal después de quince reuniones y el inmovilismo del resto de sindicatos». La central abertzale indica que «es imposible alcanzar un acuerdo digno si no es mediante la movilización. Recuerda que el sector ha crecido mucho en los últimos años e indica que muestra de ellos son las nuevas tiendas que las grandes cadenas han abierto en Gipuzkoa». Añade que durante la pandemia las grandes empresas del sector multiplicaron ventas en un periodo récord y que los resultados de estas grandes cadenas el año pasado así lo avalan. El sindicato abertzale reclama que esas «ganancias reviertan en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores». Así, reclama «ganancia del poder adquisitivo todos los años, reducción de jornada, creación de nuevos pluses, garantías y medios para ampliar la jornada en los contratos a tiempo parcial», entre otras cuestiones.

Los riesgos psicosociales, agravados por una digitalización que extiende aún más las jornadas laborales, constituyen una de las grandes preocupaciones de los responsables de prevención, según quedó ayer patente en V Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La cita, organizada por el instituto vasco Osalan con motivo de la celebración de su 30 aniversario, reúne entre ayer y hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao a profesionales internacionales de la materia. Entre los ponentes figura Carlos Arranz, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que advierte de que los problemas de salud mental apenas salen en las estadísticas, pese a que la depresión es la primera causa de las bajas laborales de más de 15 días. "Los datos de accidentes laborales son claramente negativos con respecto a 2021. Han aumentado los índices de incidencia (miden accidentes en relación a los ocupados) en todos los sectores. La siniestralidad se redujo de manera notable a partir de 1995, pero en la última década se ha estancado. También ha habido cambios en la manera en que se produce. El 40% de las muertes se deben a patologías no traumáticas, como infartos, que pueden deberse a exceso de presión. En las traumáticas y muy graves las causas no han variado y son las de siempre: caídas de altura en la construcción, pérdida de control de los vehículos en el sector primario... En los accidentes leves predominan los trastornos musculoesqueléticos por sobreesfuerzo en ámbitos como el sociosanitario. Lo psicosocial no está bien recogido en las estadísticas...El gran error de las microempresas es pensar que con pagar un servicio de prevención y tener los papeles ya han cumplido. Pero con eso no vale...- Euskadi es líder en absentismo y los empresarios llevan tiempo alertando de la pérdida de competitividad.– Lo que puedo decir a nivel general es que la gente, cuando se siente maltratada e insatisfecha, es cuando coge más bajas. Si se le cuida, va menos al médico y más a su puesto..."

La tasa de población vulnerable es del 15,7% en Euskadi, cuando la media en España llega al 26%. 343.000 vascos vivieron el pasado año en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra, que supone el 15,7% del total de la población de Euskadi, mejora en tres décimas los guarismos de 2021 –en 2020, fue del 13,9%; en 2019, del 14,4% y en 2018, del 12,1%–. Así lo reflejan los datos ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un estudio que también concluye que Euskadi se encuentra en una posición privilegiada, junto a Navarra (14,5%), respecto a la media nacional. En el conjunto de España, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión es del 26%. Lo positivo –destacó ayer el Gobierno liderado por Pedro Sánchez– es que el estudio, basado en el índice AROPE (por las siglas en inglés de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social), refleja que ese 26% representa la menor cifra desde el inicio de la estadística, en 2014, al reducirse en dos puntos respecto al año anterior. De hecho, el resultado supone adelantar «ocho años» la consecución del objetivo previsto en el Informe España 2050, que aspiraba a alcanzar este nivel en 2030, según destacaron fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. «La mejora en las condiciones de vida, la reducción de la población en riesgo de pobreza y el mayor acceso al empleo son especialmente relevantes en el contexto de crisis internacional y elevada inflación, poniendo de manifiesto la eficacia de las medidas adoptadas para compensar a vulnerables y sectores más afectados y los positivos resultados de las reformas, que están permitiendo mejorar la situación de las familias», defendió el departamento liderado por Nadia Calviño. La información recogida en la Encuesta de Condiciones de Vida detalla los ingresos medios por persona de 2021 al ser los últimos datos cerrados. En esta categoría, Euskadi contó con la media anual más alta, que fue de 16.427 euros, mientras que la media española fue de 13.008 euros tras incrementarse un 6% respecto a 2020. Aquel año, debido a la pandemia, se dio el primer descenso del indicador desde 2013. Tras el País Vasco, Navarra con 15.907 euros y Madrid con 15.695 lideraron el ránking.

El porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión se situó en el 26% en 2022, 1,8 puntos menos que en 2021 y 2,7 por debajo del 28,7% que registraba en 2015, cuando la economía aún se lamía las heridas de la crisis financiera, y año que se toma como referencia para cumplir las metas fijadas en la Agenda 2030. A pesar de esta mejora, más de 12,3 millones de personas se encontraban el año pasado en peligro de caer en la pobreza o sufrir exclusión social. Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer por el INE, cuya tasa AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion, por su denominación en inglés) mide no solo el riesgo de pobreza en función de los ingresos (en este caso de 2021, ya que el dato de renta va con un año de decalaje), sino también la carencia material y social severa o la baja intensidad en el empleo. En 2021, el ingreso medio por persona en España fue de 13.008 euros tras subir un 6%, situándose el umbral del riesgo de pobreza en los 10.088. En este contexto, los escudos sociales desplegados por el Gobierno y el repunte de la economía en 2021 y 2022 tras el profundo bache provocado por el Covid en 2020, junto al resurgimiento del empleo, permitieron mitigar una situación que, sin embargo, sigue arrojando datos preocupantes. Y que muestra nítidamente la gran desigualdad que existe entre unas regiones y otras, haciendo patente esa división invisible, pero muy real, entre un norte y un sur económicos. Así, el informe refleja que Extremadura, Canarias y Andalucía son las tres CCAA con mayor riesgo de pobreza o exclusión, con tasas del 36,9%, 36,2% y 35,8%, diez puntos por encima del promedio nacional, a pesar de que las tres mejoraron tibiamente respecto a 2021. Son regiones en las que cerca de la mitad de la población ni siquiera puede permitirse el lujo de una semana de vacaciones fuera de casa, con un 45,2% de los andaluces en esta situación o un 42,3% de los extremeños (la media nacional es del 33,5%). Sin margen de maniobra para afrontar gastos imprevistos: el 57,2% de los canarios y el 44,7% de los andaluces no lo tienen. 

Iberia está apunto de llegar a un acuerdo con la empresa irlandesa de alquiler de aviones Aercap para recibir dos nuevos aviones Airbus del modelo A350, usados por la aerolínea para las rutas de largo radio, sobre todo con América Latina. La filial de IAG opera su flota mediante una fórmula de leasing por la cual una vez recibe las naves del fabricante –en su caso, Airbus–, llega a un acuerdo con una financiera a largo plazo. En el caso de las nuevas unidades, el régimen de alquiler es el leasing operativo, por el que directamente se paga a una empresa que alquila aviones. Ningún avión que integra hoy la flota de Iberia está financiado bajo esta fórmula. El citado acuerdo es por tres años, periodo en el que se confía en que Airbus será capaz de suministrar aviones adicionales a los contratados en firme, según explican fuentes del mercado consultadas. Este último es el verdadero problema que atenaza el crecimiento de las aerolíneas, que no reciben los suficientes aviones para cubrir el alza de la demanda. En el mejor de los casos, un avión extra de los comprometidos por contrato por IAG –matriz de Iberia– no llegaría probablemente hasta 2025. Mientras, las aerolíneas esperan que España vivirá una temporada alta récord este año, con un 3% más de asientos a la venta que en el mismo periodo de 2019. Se prevén 219 millones de asientos entre el pasado 26 de marzo y el próximo 28 de octubre, periodo de la campaña de verano para el sector. Recientemente Aena había previsto un crecimiento del 4,4% este verano. Los datos dados a conocer ayer por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) son una actualización de la ofrecidas semanas atrás por Aena. El alza del verano se explicará sobre todo por los incrementos de los aeropuertos de Andalucía, Canarias y Baleares, con incrementos en torno al 8% en las tres comunidades y aumentos que pueden llegar al 14% en ciudades como Málaga.

Los sindicatos UGT, CCOO, la Asociación Española de Consultoría (AEC) y Animes, otra de las patronales del sector de la consultoría, firman hoy el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, tras alcanzar el pasado enero un preacuerdo sobre el mismo, según confirman fuentes sindicales. Las negociaciones se han extendido durante alrededor de tres años. El nuevo convenio, que estará vigente hasta diciembre de 2024, incluye tablas salariales que se revisarán con cada subida del Salario Mínimo Interprofesional. Además, se acuerda un diferencial mínimo de 80 euros entre cada categoría profesional. Las subidas salariales medias son del 5,5% en 2022 (con retroactividad desde el 1 de julio), del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024. Las partes también han acordado eliminar el nivel E3 de todas las áreas, el más bajo de todo, lo que permitirá, según indican desde CCOO, incrementar un 33% los salarios mínimos del convenio. Igualmente, se ha acordado que el complemento para estas categorías (absorbible) pase a formar parte del salario base y plus de convenio (no absorbible), lo que permitirá el cobro de los trienios de antigüedad en estos grupos profesionales. También se establece una subida automática del nivel E2 al E1 (con su correspondiente incremento salarial) a los 3 años de experiencia en el área de programación.

Un estudio realizado por el Banco Central Europeo, recoge que entre 1985 y 2007 los eventos climáticos extremos deterioraron los saldos presupuestarios entre un 0,23% y el 1,4% del producto interior bruto (PIB) en los países desarrollados. Sin embargo, estos costes podrían quedarse de manera estructural en la parte de arriba de la horquilla en la Unión Europea. Con el alza de 3 °C de las temperaturas medias globales que estima la institución, la UE afrontaría un desembolso adicional del 1,4% del PIB comunitario al año –170.000 millones de euros–. España, que según otra investigación del BCE es la gran economía europea con la inflación más expuesta a los shocks climáticos, ya ha enfrentado pérdidas equivalentes al 5,4% del PIB entre 1980 y 2020, indica la institución. España también sería el país que más sufriría estos impactos en la ratio de deuda pública con respecto al PIB. Los investigadores del BCE recogen que unos fenómenos meteorológicos más extremos, como consecuencia de un aumento de las temperaturas globales en torno a 2 °C durante los próximos 20 años, provocarían un aumento de la proporción de la deuda pública con respecto al PIB de alrededor del 5% en la República Checa y España. Mientras, en otros países del norte como Alemania, Países Bajos o Bélgica, la ratio aumentaría tan solo un 1%.

Las organizaciones agrarias advierten de que la sequía ya cuesta 10.000 millones al campo español, aunque las pérdidas se podrían multiplicar en los próximos días debido al fuerte calor previsto para toda la semana, lo que podría hacer que a muchos agricultores ni siquiera les compense recoger sus cosechas. Y esto tiene dos grandes derivadas: una vuelta de tuerca a las presiones inflacionistas sobre los alimentos, que agrave la pérdida de poder adquisitivo, y la menor capacidad de los agricultores para invertir en los cultivos para el próximo año, lo que hará que la crisis sea muy persistente. Además, la sequía está llevando a la pérdida de algunos cultivos muy intensivos en agua y de ganado. La situación del sector es demoledora. La sequía está causando “estragos”, advierte la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); la situación es “caótica”, señala la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA); mientras que la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag) ya da “prácticamente por perdidas” las cosechas de trigos y cebadas en la mitad sur de la Península; y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cuantifica una factura de 10.000 millones para el campo español: 6.000 por el sobrecoste de los insumos agrarios en el último año y 4.000 millones por la pérdida de cultivos hasta la fecha. Sin embargo, la factura final podría ser bastante mayor por dos motivos: uno, porque a muchos agricultores no les compensará cosechar unos cultivos muy mermados, y dos, porque el mantenimiento de la sequía en los próximos días y el fuerte calor de esta semana podrían hacer que estas pérdidas “se multiplicaran”, explica Javier Alejandre, miembro del Gabinete Técnico de UPA y experto en Cambio Climático.

Los ejecutivos de Apple y Goldman Sachs estaban a punto de presentar Apple Card, un hito en los objetivos del fabricante del iPhone en el sector de servicios financieros. A medida que se acercaba la fecha del lanzamiento, los socios se encontraron con un escollo. Apple, deseosa de ofrecer un valor único a sus clientes y acostumbrada a hacer anuncios grandilocuentes, quería vender el producto como “la tarjeta de crédito más segura de la historia”. Apple jugaba con ventaja. Goldman vio en la tarjeta Apple un producto fundamental para demostrar que podía ampliar su cartera de clientes. Según explica un ex ejecutivo de Apple, la oferta a Goldman fue: “no tenéis un producto de consumo y ahora podemos ofreceros acceso a todos los clientes de Apple”. Apple era consciente de su superioridad, “así que exprimieron todo lo que pudieron esa negociación”, añade. Sin embargo, Goldman se resistió al uso de ese tipo de publicidad. “Se exponían a cualquier demanda por asegurar que era ‘lo más’ que hay”, recuerdan fuentes que asistieron a las negociaciones. Al final se conformaron con una frase más contenida en la que se aseguraba que la Tarjeta Apple “ofrecía un nuevo nivel de privacidad y seguridad” y que la ausencia del número de 16 dígitos o código de seguridad en la propia tarjeta la hacía “más segura que cualquier otra tarjeta de crédito física”. El episodio generó uno de los mayores debates entre Apple y Goldman en vísperas del lanzamiento y supuso una lección para Apple sobre cómo sortear los trámites burocráticos en los servicios financieros. Ahora, cuatro años más tarde, el fabricante del iPhone se siente cada vez más cómodo en este sector y está redoblando sus esfuerzos por crecer en él. Sólo en las tres últimas semanas, Apple ha lanzado, con la ayuda de Goldman, dos grandes productos.

El grupo automovilístico Volkswagen acelera en pos de asegurar su suministro de baterías para el futuro. El gigante alemán, que prevé invertir 15.000 millones de euros en la construcción de fábricas de baterías para coches eléctricos hasta 2027, ha anunciado ya cuatro gigafactorías que sumarán, cuando estén terminadas, un total de 230 gigavatios hora (GWh). Una de ellas será la de Sagunto (Valencia), para la que está prevista una capacidad inicial de 40 GWh, pero ampliables a 60 GWh, tal y como confirmó la compañía en marzo, en el acto de puesta de la primera piedra de la fábrica. Para ello, la compañía prevé invertir hasta 4.500 millones de euros, según figura en la iniciativa presentada a la Generalitat Valenciana por parte de PowerCo, empresa perteneciente al grupo que gestiona el negocio de baterías. En caso de que finalmente se amplíe su capacidad, podría dar baterías a 750.000 coches eléctricos. En un principio, el plan del consorcio es abastecer a las plantas de producción de vehículos nacionales de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra), a partir de 2026, año en el que comenzará la producción en Sagunto. “Nuestro objetivo es convertir a PowerCo en un actor global en el negocio de las baterías y construir el camino para una mejor movilidad con celdas de baterías fabricadas de manera sostenible. La gigafactoría de Valencia es un hito importante en ese sentido”, dijo en marzo el presidente del consejo de supervisión de PowerCo, Thomas Schmall.

Bruselas ya tiene redactas las nuevas normas fiscales. Habrá planes plurianuales de ajustes individualizados por país, de entre cuatro y siete años, que los Estados propondrán a la Comisión y después negociarán entre ambas partes. Incluso podrán revisarse después de cada convocatoria electoral y con los cambios de Gobierno que estas provoquen. Pero hay límites. Los ajustes deberán repartirse durante todo el periodo. No cabrá el truco de concentrarlos al final o al principio del periodo con fines electoralistas, apuntan fuentes comunitarias, sobre la propuesta que Bruselas está acabando estos días y previsiblemente hará pública mañana. Fuentes conocedoras de esta redacción apuntan que la Comisión no fijará en ella un objetivo numérico de reducción de deuda cada año. El Ejecutivo comunitario no habría asumido así todo el planteamiento que hace un par de semanas le hizo el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que reclamaba, al menos, un recorte anual del 1% en el volumen de deuda para cada país, sea cual sea su punto de partida. No obstante, sí habría aceptado exigir a los países que se comprometan a reducir su deuda cada año. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento entra en su recta final. 

La imagen negativa del presidente, Alberto Fernández, roza el 70%, según un sondeo publicado durante el fin de semana por la consultora Opina Argentina. La crisis se aceleró esta última semana y hundió las posibilidades electorales de la que hasta ahora era la principal apuesta del partido, el ministro de Economía, Sergio Massa. El desconcierto es tal que ha vuelto al centro de la escena Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente del Gobierno mejor posicionada en las encuestas, pero autoexcluida de cualquier candidatura electoral desde diciembre, cuando fue condenada por corrupción. La inflación interanual está en el 104%, las reservas líquidas del Banco Central apenas superan los 2.000 millones de dólares y el peso ha perdido en una semana el 10% de su valor ante el dólar en los mercados no regulados por el Estado. El golpe de gracia lo ha dado la sequía, la más grave en 60 años. Los ingresos por exportaciones se reducirán este año en 20.000 millones de dólares, la mitad de lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI). Massa tiene un trabajo ingrato: debe evitar una devaluación del peso que dispare aún más el hambre y la pobreza, que en el segundo semestre de 2022 alcanzó el 39,2%. El índice del primer semestre de 2023 será mucho peor. La única esperanza del ministro es que el FMI adelante los desembolsos acordados hasta diciembre; y que el campo acelere la liquidación de sus ventas al exterior gracias al “dólar soja”, con una cotización casi 50% por encima de la oficial.