20230601

El clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi, Gaia, con 315 empresas asociadas, espera finalizar este 2023 con una facturación cercana a los 6.500 millones de euros. La cifra se ve limitada por las dificultades del sector para dar con perfiles profesionales, lo que impide a su tejido crecer a un ritmo de dos dígitos. Según sus estimaciones, esta circunstancia está restando un crecimiento de entre cuatro y seis puntos sobre sus previsiones. Para el clúster, que hoy celebrará su asamblea general y su 40 aniversario en el Palacio Euskalduna de Bilbao, hay un desajuste «limitante» entre la oferta y la demanda, por lo que resulta «urgente» desarrollar nuevas dinámicas para la captación, desarrollo y retención del talento. Carecer de los perfiles especializados les ubica ante problemas «serios» de crecimiento. El director general de Gaia, Tomás Iriondo, y su vicepresidente, Ángel Echevarría, participaron ayer junto a otros miembros de su directiva en la presentación de la asamblea y remarcaron que el sector vasco de la tecnología es «referente» en España y Europa, y se encuentran «en buena posición» después de haber cerrado un 2022 que calificaron de «magnífico». En materia de empleo, cuentan con 23.600 profesionales tras haber incorporado 1.350 durante el pasado ejercicio. La cifra supone un crecimiento del 6,2% respecto a 2021. De hecho, representa el octavo año consecutivo en el que aumenta el número de trabajadores. La previsión para el 2023 es sumar otro 5%. Las dificultades para encontrar perfiles aumentan en aquellos de mayor especialización: los relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la cuántica o la captación de datos.

Ibermática celebró ayer su 50 aniversario en un acto que sirvió de presentación formal en Donostia de la multinacional Ayesa, que en agosto del año pasado se hizo con una de las joyas del sector tecnológico en Gipuzkoa con la adquisición del 100% de las acciones de la firma con sede en el donostiarra parque de Miramon. En un evento que reunió en el Palacio Kursaal a más de 600 invitados procedentes del mundo institucional, empresarial y económico de Euskadi, el grupo, rebautizado como Ayesa-Ibermática, anunció la creación de 5.000 empleos hasta 2026 en el conjunto del Estado, de los cuales un tercio (unos 1.600) se ubicarán en el País Vasco y la gran mayoría en Gipuzkoa, donde tiene su sede central. El primer ejecutivo de la multinacional andaluza, José Luis Manzanares Abásolo, aprovechó el acto para anunciar más creación de empleo y confirmar, así, la promesa realizada en agosto de que se comprometía a mantener el empleo en Euskadi y, también a seguir con su sede central en Donostia y continuar operando como hasta ahora en Euskadi. Durante la celebración del 50 aniversario, Manzanares señaló que «Ibermática va a seguir siendo relevante y protagonista en Euskadi, comprometida con el territorio y la sociedad. Ayesa seguirá apostando por Euskadi como centro neurálgico de grandes proyectos tecnológicos. Esperamos un crecimiento cercano a los dos dígitos y estimamos la creación de unos 5.000 empleos hasta 2026, de los cuales un tercio confiamos en que se generen en el País Vasco», anunció. Actualmente la tecnológica española cuenta con 12.000 profesionales y tiene presencia en 23 países de todo el mundo.

El fondo de capital riesgo Columbus Venture Capital, pilotado por el recientemente nombrado Tambor de Oro Javier García Cogorro, que en 2016 promovió la creación en San Sebastián de Viralgen (hoy propiedad de Bayer), redobla su apuesta por Gipuzkoa y pone en marcha una nueva compañía en este sector. Se trata de Quatre Lab que, ubicada también en el parque científico y tecnológico de Miramón y dirigida por la doctora donostiarra en Investigación Biomédica Patricia Muñoz, se dedica a tareas de certificación de la calidad de ciertos aspectos de los medicamentos de terapias génicas. La inversión inicial para echar a andar la compañía –que tal y como está concebida es hoy única en España y una de las pocas existentes en Europa– asciende, según explican sus protagonistas a DV, a cinco millones de euros. El futuro, aclaran García y Muñoz, no está escrito y la voluntad es la de «crecer» siempre «cerca de los clientes». Estos días, en los 800 metros cuadrados divididos en dos plantas que ocupa Quatre Lab, junto a las conocidas Torres de Arbide, en el número 81 del Paseo de Mikeletegi, la actividad es frenética. Al mismo tiempo que se montan los laboratorios ultramodernos con los que se dará inicio a la actividad, buena parte del personal (eminentemente femenino) trabaja a destajo sobre sus portátiles sacando adelante también cuestiones metódicas y de documentación de los procesos. Y es que la labor de certificación de la calidad en el universo de la medicina génica, explica García, «atañe a algo vivo y en constante cambio». 

Iberdrola, la mayor eléctrica en España y la que más intereses tiene en el negocio nuclear, ha tendido la mano al Gobierno que salga de las urnas, sea el que sea, para renegociar la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Así lo explicó Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ayer en Mérida en un encuentro con periodistas en el transcurso de la entrega de premios del Programa Convive de la compañía, que reconoce iniciativas de integración de las renovables con el entorno. En la actualidad, en España hay un protocolo para desmontar las nucleares, recordó Galán. Pero si a Iberdrola le piden que se reabra el debate sobre la extensión de las centrales nucleares, no se va a negar, aunque habrá que ver cuánto cuesta y como se va a pagar, explicó el máximo responsable de la compañía. Todo negocio energético, insistió, tiene que tener una inversión y un retorno. Galán abre así de nuevo la caja de los truenos de las nucleares en España, que con seguridad será uno de los asuntos energéticos clave de la próxima legislatura si hay un cambio de signo político en el Gobierno del país. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles fue acordado en 2019 con las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Fue una de las banderas políticas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Tras una dura batalla y unas complejas negociaciones, se acordó el cierre del reactor de Almaraz I en 2027 y el de Almaraz II en 2028. Galán, que lleva más de 20 años al frente de Iberdrola como primer ejecutivo, recordó que ya ha conocido a nueve o diez ministros de energía en España y que con todos ha mantenido debates y algunas discrepancias, pero que al final, hay un denominador común. Cuando se van, todos le dan la razón.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quiere quitar hierro a un posible cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio en lo que respecta a las políticas energéticas del Ejecutivo que salga de las urnas. A su juicio, ni va a haber grandes cambios estructurales, ni ninguna formación pone en duda las directrices que llegan desde la Unión Europea en cuestiones tan sensibles para la economía como la implantación de las renovables en toda España. Galán considera que las políticas energéticas que ha impulsado Bruselas desde la pandemia no serán muy distintas en función del color político del futuro presidente que habite en La Moncloa, según señaló ayer en un encuentro informal con periodistas en Mérida. La ciudad extremeña acogió ayer la entrega de los Premios Convive, un acto en el que Galán coincidió con el aún presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la candidata a sucederle, la popular María Guardiola. El presidente de la energética vasca considera que tras varios relevos gubernamentales, tanto en España como en otras economías donde opera Iberdrola, estos procesos electorales no suponen grandes disrupciones ante las normas comunitarias actuales. Y avisa de que las directivas europeas son muy claras en este sentido y de obligado cumplimiento para éste o el futuro Ejecutivo que resulte de las elecciones generales. En su opinión, en España no hay ninguna formación política que ponga en duda esos compromisos. Un asunto distinto, entiende el presidente de Iberdrola, es cómo desarrollar esos planes de renovables o qué medidas tomará el futuro Gobierno. Una de las primeras cuestiones que tendrá que abordar el nuevo Ejecutivo será si mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares de 2027 a 2035. Galán indicó que si el Gobierno pide una ampliación del calendario y de la vida útil de las nucleares, lo estudiarán. 

La pretendida entrada de la compañía Indra en el accionariado de la empresa vasca ITP Aero, fabricante de componentes de motores de aviación, ha vuelto a un nuevo escenario de incertidumbre. Cuando todo parecía encarrilado para que se cumpliesen los designios del Gobierno de Pedro Sánchez, deseoso de propiciar un proceso de concentración en la industria de defensa, llega un adelanto electoral que puede meter de nuevo la operación en el congelador. El Gobierno se ha empleado a fondo para intentar materializar esa entrada de Indra –de la que controla el 28% del capital– en ITP desde el mismo momento en que Rolls Royce puso a la venta su participación en la compañía vasca, en agosto de 2020. Desde ese momento y hasta el pasado mes de septiembre, cuando Rolls dejó la empresa en manos del fondo norteamericano Bain –también ha entrado el Gobierno vasco con un 6% y JB Capitals– el Ejecutivo ha presionado para que Indra se convierta en el socio español de referencia de ITP. Hace apenas unos días el Gabinete de Sánchez consiguió dar el golpe de mano definitivo en Indra –o al menos eso parecía– para vencer las numerosas resistencias que había encontrado en la definición estratégica de la compañía.

La actividad en el sector de la construcción en la CAV en el primer trimestre del año 2023 ha sido, en precios corrientes, un 3% superior a la observada el mismo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat. El incremento interanual a precios corrientes de este trimestre, una vez extraídos los efectos de calendario, se explica por el comportamiento positivo tanto del subsector Obra Civil, que ha experimentado una subida del 8,2%, como por el subsector de Edificación, cuyo crecimiento ha sido del 2,2%, en relación al primer trimestre de 2022. Si se compara la actividad del sector en este primer trimestre del 2023 con la del trimestre precedente, el cuarto de 2022, una vez corregidos los efectos estacionales oportunos, el índice coyuntural de la construcción disminuye un 2,5% en términos nominales o precios corrientes. El índice de personal ocupado, tras un ascenso del 0,1% en relación al trimestre anterior, se ha situado el primer trimestre de 2023 un 0,2% por debajo del observado el primer trimestre del año 2022.

La firma industrial DanobatGroup inauguró ayer un nuevo centro de excelencia en China, concretamente en Shanghai, reforzando así la actividad comercial y de servicio que desarrolla desde hace más de 30 años en el país asiático y profundizando en su expansión internacional. Esta nueva instalación, con sesenta personas y dotada de equipamientos avanzados, permitirá elevar el posicionamiento de las marcas Soraluce, Danobat, y sus subsidiarias Overbeck y Hembrug, en el mercado chino, explica la empresa perteneciente a Mondragon Corporación. Más del 90% de sus ingresos procede de mercados internacionales, como China, donde el grupo lleva presente más de 30 años. Con alrededor de 55 millones de euros de pedidos captados en 2022, el gigante asiático se ha convertido en una de las principales apuestas del grupo dentro de su estrategia de internacionalización y afianza su posición como uno de los tres países estratégicos junto a Alemania y el mercado americano. El gerente de DanobatGroup, Xabier Alzaga, destacó que «este nuevo espacio nos permitirá un contacto más estrecho con los clientes».

«La valentía de intentarlo más allá del resultado». Con esta frase resumió ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, su reconocimiento a la empresa familiar en la asamblea de Aefame, la asociación que aglutina a estas compañías en Euskadi. Un mensaje en el que destacó también que el espíritu de estas organizaciones es una «seña de identidad del país». El lehendakari recordó, además, que «las instituciones debemos ayudar y valorar el esfuerzo por encima del éxito», algo que evidencian las empresas familiares que «renuevan la actividad económica desde la perspectiva del arraigo». Flores en respuesta al presidente de la asociación que reúne a 70 empresas con una facturación conjunta de 15.242 millones de euros y 148.000 trabajadores, José Miguel Lanzagorta, y que reclamó «seguir potenciando un ecosistema favorable a la empresa familiar para que tenga más estabilidad, competitividad y arraigo». Una clave para permitir el «mantenimiento» de las actividades en el País Vasco. A la demanda, aún con la resaca electoral, respondió también el diputado general de Álava. Ramiro González, el candidato del PNV y ganador de los comicios a las Juntas Generales alavesas, anunció que la diputación que, «en principio presidiré», debe dar «seguridad regulatoria» a las empresas. Una estabilidad que destacó especialmente en el campo fiscal. El mensaje tiene un valor especial porque este año las haciendas forales deben afrontar una reforma de impuestos que se retrasa desde 2020, y por las referencias indirectas a EH Bildu en plenas negociaciones para la conformación de los gobiernos. Y es que la última vez que se rompió la armonización fiscal en el País Vasco fue cuando la coalición abertzale gobernó la Diputación de Gipuzkoa entre 2011 y 2015.

El euríbor subió ayer hasta el 3,939% en tasa diaria, dejando la media de mayo en el 3,862%. Hay que retroceder a noviembre de 2008 para ver una cota tan elevada. Y ya queda lejos el 0,287% en el que el indicador cotizaba hace justo un año. Como consecuencia de este abrupto repunte –al calor de las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo– los hipotecados cuyo contrato se revise en las próximas semanas pasarán a pagar casi 300 euros más de media al mes. Los más de 122.000 vascos que tienen referenciados sus préstamos a un tipo variable verán encarecidas así sus cuotas mensuales. En concreto, si recurrimos al simulador de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el sobrecoste mensual de un guipuzcoano que deba revisar su préstamo, por ejemplo a 26 años, con este indicador de mayo, aplicando un diferencial de +1 y por un importe promedio que ronda los 160.000 euros en el territorio, la cuota mensual arroja un encarecimiento de 301 euros. Eso, llevado a todo un año, supone 3.612 euros más, aunque cabe recordar que la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial que tenga comprometido cada ciudadano con su banco. En todo caso, resulta evidente que la subida del euríbor ha contribuido a desbaratar el presupuesto familiar en este ciclo marcado por una elevada inflación, provocando un cóctel explosivo para el mercado inmobiliario en el que los hogares han frenado en seco la demanda de crédito y la banca su concesión, siendo mucho más exigentes con los requisitos para otorgar un préstamo para la compra de vivienda. Todo apunta a que, ante unos préstamos cada vez más caros, la firma de nuevas hipotecas continuará ralentizándose en los próximos meses. 

El Banco Central Europeo empieza a ver señales de peligro para la estabilidad financiera de la zona euro. El supervisor considera que “las tensiones sufridas por algunos bancos en EE UU y Suiza” han puesto de relieve la fragilidad de la situación actual. En su informe semestral de estabilidad también ha subrayado el empeoramiento de la situación económica de empresas y familias. La quiebra del Silicon Valley Bank y el rescate in extremis de Credit Suisse hicieron temblar los mercados financieros en los meses de marzo y abril. La cicatriz de la crisis bancaria, que desencadenó la Gran Recesión, aún sigue muy reciente. “Los bancos de la zona del euro han demostrado su resistencia a las tensiones recientes fuera de la zona del euro, pero los costes de financiación más elevados y una calidad de los activos menor puede lastrar su rentabilidad”, apunta el informe del BCE. “Aunque las condiciones económicas han mejorado un poco, las inciertas perspectivas de crecimiento, junto con la persistente inflación y unas condiciones financieras más tensas pesan en los balances de las empresas, los hogares y los Gobiernos”, añade el BCE. Los resultados de la banca durante el primer trimestre han sido muy buenos, igual que los cosechados el año pasado. Las subidas de tipos del BCE han permitido a las entidades mejorar claramente sus márgenes: cobran más por las hipotecas mientras que siguen pagando poco por los depósitos. Pero el organismo con sede en Fráncfort advierte de que la situación económica se va deteriorando, “lo que podría llevar a ajustes de los precios desordenados en los mercados financieros e inmobiliarios”.

El BCE sigue monitorizando la situación de las carteras de bonos de las entidades después de la tormenta bancaria desatada en Estados Unidos. Según los datos recogidos en el último Informe de Estabilidad financiera, publicado ayer, la banca europea tiene unas pérdidas latentes en sus bonos de 80.000 millones de euros, una cuantía considerable, pero asumible teniendo en cuenta que el volumen de la cartera asciende a los 1,3 billones de euros. El BCE destaca que las entidades de la zona euro “no comparten las vulnerabilidades” que contribuyeron a la caída de varios bancos en Estados Unidos y de Credit Suisse en Suiza. En el informe, la institución destaca que “los bancos europeos se financian fundamentalmente con depósitos eminentemente minoristas”, lo que les otorga una mayor seguridad. Pese a ello, el BCE está lejos de vislumbrar un entorno prometedor para el sector financiero de la zona euro y señala que los beneficios de las subidas de los tipos de interés son mayores a corto que a largo plazo. El vicepresidente de la institución recordó que “en Europa hay una desaceleración del crédito, el coste de financiación de los bancos va a ir al alza y el bajo crecimiento afectará a la solvencia de los clientes de la banca”. Por ese motivo, Guindos apuesta por pedir a los bancos que adopten una postura de prudencia para navegar esta situación de futura incertidumbre. “Los bancos deben mantener sus niveles de capital tan altos como sea posible. Lo que estamos pidiendo es prudencia”, indicó el vicepresidente del BCE.

El Gobierno solo gastó en 2022 unos 5.200 millones de los fondos europeos, el 0,4% del PIB y una quinta parte de lo que había presupuestado, según datos oficiales de la Comisión Europea a los que ha tenido acceso El PAÍS. Estos son los recursos del mecanismo europeo de recuperación que efectivamente se han desembolsado y que se suman a los 2.400 millones que ya ejecutó en 2021, según estas estadísticas divulgadas hace un año, elaboradas con criterios de contabilidad nacional. Al haber avanzado con celeridad en el cumplimiento de sus compromisos de inversiones y reformas, España ya ha recibido 37.000 millones de los 69.000 que se le concedieron del fondo de recuperación, bautizado como Next Generation y creado para combatir las consecuencias de la pandemia. A estos se sumarán próximamente otros 7.700 millones debido al cálculo final que se hizo, y por el que España recibirá más al haber sufrido su economía en mayor medida por la pandemia. Sin embargo, el gasto va bastante más lento debido a que cualquier ciclo inversor tarda mucho por los periodos de planificación, el diseño de las convocatorias, su publicidad, los plazos para adjudicarlos y el tiempo que se precisa para luego ir ejecutando. La realidad es que cualquier inversión puede prolongarse años hasta que se culmina. Aunque se haya flexibilizado algo la ley de contratos públicos, esta sigue exigiendo numerosos trámites que ralentizan el despliegue. Los funcionarios son también muy conscientes de que su firma entraña importantes responsabilidades y muestran en ocasiones reparos antes de estampar su rúbrica. 

La sorpresiva convocatoria de Elecciones Generales para el próximo 23 de julio, anunciada por el presidente del Gobierno el lunes tras el mal resultado de la coalición en los comicios autonómicos y municipales del domingo, ha supuesto la disolución de las Cortes, dejado en el tintero unas 60 normas en tramitación y en el aire otras iniciativas ya anunciadas. El Gobierno, sin embargo, ha querido despejar dudas en torno a su posible incidencia en el Plan de Recuperación, acelerando los trabajos pendientes para aprobar el martes la adenda por la que solicitará a Bruselas los 94.000 millones de euros extra a los que opta el país. El plan pasa por usar parte de los nuevos fondos para lanzar nuevas líneas de créditos ICO para empresas y hogares por 22.000 millones. El Gobierno, según fuentes conocedoras del plan, viene trabajando con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca para diseñar e impulsar dos nuevas líneas de préstamo. La primera, de 15.500 millones, financiará inversiones sostenibles para empresas de todos los sectores y tamaños, entes públicos y hogares, incluyendo las destinadas a favorecer la transición energética (reducción de consumo, uso de fuentes limpias, etc.), el transporte sostenible, o la descarbonización industrial. La segunda, de 7.000 millones, será una línea ICO clásica de financiación de inversiones fundamentalmente para pymes y autónomos.

El número de compañías que no pueden cubrir sus gastos financieros con sus resultados se ha disparado un 21% entre 2021 y 2023, con el sector inmobiliario y el comercio a la cabeza. Son auténticos muertos vivientes empresariales que, sin embargo, se resisten a desaparecer, drenando recursos del sistema, ya sea a través de ayudas públicas o préstamos bancarios, golpeando la productividad general de la economía y poniendo en riesgo a otros agentes sanos y viables del sistema. En este contexto, el número de empresas zombis no solo no se ha reducido con el repunte económico, sino que ha seguido incrementándose. En lo que llevamos de 2023, la cifra de compañías que se mantienen en pie artificialmente asciende a 48.049, 839 más que en 2022 (+1,78%) y 8.489 más que en 2021, lo que representa un salto cuantitativo del 21,4% respecto a ese año, según un informe publicado ayer por Informa D&B. El cataclismo económico provocado por la pandemia en 2020 hizo proliferar el número de empresas en muerte cerebral, que en 2021 ascendieron a 39.560 y que las secuelas del Covid llevaron hasta las 47.210 en 2022. Ahora, en plena guerra de Ucrania y con el mundo empresarial aún digiriendo la brutal escalada de costes de los últimos meses, el volumen de empresas zombis ha seguido in crescendo, hasta alcanzar las más de 48.000. Si bien se ha moderado su ritmo de avance respecto a los meses pospandemia, el nuevo incremento registrado en el arranque de 2023 preludia que el nuevo enfriamiento económico seguirá necrosando el tejido productivo.

La recaudación tributaria evoluciona a un ritmo extraordinario. Los ingresos por impuestos en su conjunto pero, especialmente, los relativos al IRPF, figura que en los cuatro primeros meses ya acumula más de 40.000 millones y avanza un ritmo del 11%. Es la consecuencia directa de la decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar el impuesto a la inflación, y de exigir más que nunca a los contribuyentes. Los datos de recaudación de abril de la Agencia Tributaria así lo evidencian, con una cifra concreta de ingresos de 41.611 millones por los 37.200 millones que se acumulaba en el mismo periodo del año pasado. La propia actividad económica explica parte de ese incremento, sin duda, pero la gran diferencia es que los salarios, públicos y privados, han repuntado para hacer frente a la inflación pero Hacienda no ha deflactado el impuesto. Esto provoca una doble perdida para el trabajador. Por una parte, porque sus subidas de sueldos se han quedado, en la inmensa mayoría de los casos, muy lejos del nivel de la inflación y por lo tanto han perdido poder adquisitivo. Y por otra, porque, además, tienen que pagar más impuestos por esos incrementos salariales. Por todo ello, la deflactación es una práctica ampliamente recomendada en la literatura económica y por los expertos económicos. Pero el departamento que dirige María Jesús Montero siempre se ha negado a hacerlo. Afirman que sería una medida que también ayudaría a las rentas altas, ya que aunque se adapten sólo algunos tramos todas las rentas se beneficiarían. 

El plan tributario del PP para las próximas elecciones generales del 23 de julio incluye una rebaja del IRPF a las clases medias y bajas y la supresión de dos de las figuras impositivas que se han puesto en marcha en el último tramo de la actual legislatura: los recargos sobre la banca y las energéticas. Otro de sus objetivos es reabrir el debate sobre Patrimonio, un tributo que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “injusto”. El candidato a la presidencia del Gobierno no escondió que su objetivo es rebajar impuestos, después de que, desde 2020, hayan subido en España hasta 44 gravámenes. Sin embargo, el alcance de esta promesa está limitado a la situación de las finanzas públicas: a la deuda creciente se suma la obligación que tendrán todos los Estados de la UE a partir de 2024 de dar cumplimiento a las reglas fiscales, que se levantaron tras el estallido del Covid-19. Así lo dijo en su intervención en la reunión anual del Círculo de Economía, donde abogó por un “cambio tranquilo y sereno” que también conlleve un antes y un después en materia de fiscalidad. Su objetivo, dijo, es alejarse al máximo del modelo tributario catalán. Así, en el turno de preguntas, y en tono irónico, felicitó a ciudadanos de esta comunidad por su “patriotismo”, por ser los que más impuestos pagan de España. Feijóo se volvió a mostrar muy crítico con los recargos a la banca y las eléctricas, que se han puesto en marcha en la recta final de la legislatura. Ambos están judicializados, y este último “parece que está hecho para perderlo y lo devuelvan”, afirmó.

Las negociaciones entre las ejecutivas de PNV y PSE-EE comienzan a coger velocidad de crucero. Los equipos de Andoni Ortuzar y Eneko Andueza esperan cerrar un acuerdo mañana que supondría, en líneas generales, que los nacionalistas gobiernen la Diputación de Gipuzkoa y los socialistas se queden con la Alcaldía de Vitoria. En ambas instituciones el partido más votado en la noche electoral fue EH Bildu. Desde el domingo, el arco político vasco daba prácticamente por segura la entente entre los dos socios del Gobierno vasco. «Cuanto antes, mejor», reconocían el martes fuentes conocedoras de las conversaciones sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Y por lo que ha sabido este periódico, ese entendimiento está a punto de cristalizar. De hecho, el pacto que tienen sobre la mesa y que, según insisten las mismas fuentes, se extendería «a los tres territorios», mantendría un esquema similar al que los dos partidos firmaron en la última legislatura, en la que han compartido gobierno en el Ejecutivo autónomo, en las tres diputaciones y en las tres capitales. La idea es que ambas formaciones se apoyen entre ellas y respalden a la lista más votada de las dos. En la capital alavesa, los peneuvistas, que fueron cuarta fuerza en votos, respaldarían a Maider Etxebarria, segunda candidata con más papeletas, para que sea alcaldesa. Por su parte, los socialistas convertirían a Eider Mendoza, que quedó en segunda posición, en diputada general de Gipuzkoa. En ambas plazas, la victoria se la adjudicó EH Bildu. También en ambas instituciones sería necesario el respaldo de los representantes del Partido Popular.

«La Tierra ya está en peligro». Esta es la preocupante conclusión a la que han llegado cuarenta investigadores de todo el mundo en un estudio publicado en ‘Nature’ y en el que por primera vez se cuantifican los «límites seguros y justos» para la salud del planeta. El peligro no viene solo por el cambio climático. Los expertos responsables de este trabajo, pertenecientes a la llamada ‘Comisión de la Tierra’ (Earth Commission, en inglés), han identificado otras cuatro áreas relacionadas entre sí que también deben ser vigiladas: biodiversidad, calidad del agua dulce, fertilizantes y contaminación del aire. Y han detectado que en la mayoría de ellos ya se han superado los límites aceptables. «Los resultados son preocupantes: ya se han transgredido varios límites. A menos que ocurra una transformación, es muy probable que los puntos de inflexión irreversibles y los impactos generalizados en el bienestar humano sean inevitables. Evitar ese escenario es crucial si queremos asegurar un futuro seguro y justo para las generaciones actuales y futuras», advierte el profesor Johan Rockström, uno de los autores del trabajo y director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam. Se ha demostrado que el ser humano es el responsable del calentamiento global experimentado en los últimos 200 años.