20230607

La producción industrial vuelve a dar síntomas de debilidad en abril, al acusar el frenazo de la demanda internacional, especialmente entre los dos grandes clientes: Francia y Alemania. El Índice de Producción Industrial cayó un 0,9% anual en abril respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que supone el primer retroceso en los últimos seis meses y la mayor caída desde febrero de 2021. Es decir, desde el estallido de la pandemia del coronavirus. La producción industrial ha caído un 0,9% en el último año, pero este descenso no ha sido nada homogéneo sino que ha estado capitaneado por los bienes de consumo duradero (cuya fabricación se hunde un 4,9%) y los bienes intermedios (4,3%). Un retroceso que se debe, en el primer caso, a que ante la pérdida de poder adquisitivo los consumidores han priorizado la compra de bienes de consumo inmediato o no duradero (donde la actividad apenas cede un 0,4%) frente a aquellos donde la adquisición se puede aplazar o incluso evitar; y, en el segundo, a la debilidad de la demanda internacional. En concreto, los datos de la actividad industrial en Alemania acusan desde hace varios meses una fuerte contracción, debido a los problemas en las cadenas de valor del sector por la disrupción del comercio internacional, algo que probablemente se extenderá en el futuro habida cuenta de que los nuevos pedidos han caído un 0,4% mensual en abril, algo que se suma al desplome del 10,9% registrado el mes anterior, mientras que Francia está muy tocada por las huelgas que tienen lugar desde hace varios meses y que ayer todavía seguían produciéndose. Y a ello hay que sumar también la debilidad de la demanda británica, donde a las turbulencias económicas se suman los problemas derivados del Brexit, y al desacople comercial de algunos países tras la guerra de Ucrania, como la propia Rusia o China.

Las ventas de las empresas no financieras de Gipuzkoa han pinchado en abril, hasta el punto de que se han reducido un 9% en relación al mismo mes del año pasado, según los datos aportados ayer por la Hacienda del territorio. Se trata del primer descenso desde el último trimestre de 2020, el año en el que estalló la pandemia y arrastró a la economía a una recesión abrupta. Un dato llamativo si se analiza por sí solo, aunque habrá que esperar a los próximos meses para saber si realmente estamos ante un cambio de tendencia o se trata de un solo mes, marcado por alguna cuestión coyuntural. Eso sí, este informe viene a confirmar los datos sobre producción industrial ofrecidos un día antes por el Eustat que mostraban una caída de la actividad fabril del territorio del 2,9% en abril en términos interanuales, después de que en marzo creciera con fuerza (7,2%) y también lo hiciera en enero. Un descenso el de abril que contrasta con las subidas registradas por los territorios vecinos. Y es que el estudio de Hacienda –se realiza a partir de las declaraciones del IVA, de las retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de trabajo y de actividades económicas de las empresas no financieras– revela que las ventas de la industria son las que más se resienten en abril, con un descenso ni más ni menos que del 11,2%. Pero también lo hacen las firmas de servicios, que caen un 8,6%. Las únicas que se salvan, y además con nota, son las empresas de construcción, que siguen manteniendo una gran fortaleza, ya que su facturación crece un 18,6%. Se resienten no solo las ventas interiores, que se reducen un 7,1%, sino también y en mayor medida las exportaciones, que caen un 12,3%. Y dentro de éstas, las que más descienden son las que tienen por destino la Unión Europea, ya que bajan un 18,6%. 

Pese a la caída de las ventas en abril, el empleo aguanta en el territorio y crece un 0,9%, lo que indica que las empresas no ven motivos por ahora para reducir plantilla, sino todo lo contrario, ya que la van ampliando, aunque ligeramente. Si se analiza el dato por sectores, la cifra de empleados crece en la industria un 0,8% en términos interanuales; un 1,4% en los servicios, mientras que baja un 3,2% en la construcción. En el acumulado del año el empleo sube un 1,1%, con un aumento del 0,8% en la industria, del 1,5% en los servicios, mientras que la construcción se anota una bajada del 0,1%. Todo apunta a que la tendencia continuará, ya que en su último Informe de Coyuntura, presentado en mayo, Adegi elevaba las estimaciones de creación de empleo para este año hasta los 4.000 puestos de trabajo, muy por encima de la anterior –de enero– que se limitaba a una horquilla de entre 1.500 y 2.000 empleos– pese a la incertidumbre que se cierne sobre la economía.. La retribución media por persona empleada ha crecido de forma considerable en el primer cuatrimestre en la medida en que muchas empresas van actualizando los salarios con la referencia del IPC. Así, han crecido de media un 4,4% en el territorio. En la industria este incremento ha sido más moderado (3,7%), ya que en los servicios ha aumentado un 7,4% y en la construcción, un 5,6%.

El máximo responsable de Michelin Vitoria, César Moñux, que el próximo 1 de julio dejará el puesto para incorporarse al equipo de dirección internacional del grupo francés, distribuyó una carta de despedida entre su personal de confianza en pleno conflicto laboral por la negociación del convenio que hoy escribirá la segunda jornada de huelga. En la misiva, aparte de los parabienes por los éxitos conseguidos durante este año, el CEO de la segunda gran factoría de Euskadi, con más de 3.500 trabajadores, lanza una advertencia a los sindicatos huelguistas: «Hoy en día, en Michelin no se entiende la confrontación para llegar a acuerdos». Moñux, que capitaneará a partir del verano la división de Productos Especialidades para toda Europa de la multinacional, denuncia «escenas de coacciones, intimidación y miedo en el interior de la fábrica» durante estas últimas jornadas; marcadas por cuatro convocatorias de paros en ocho días que no han hecho nada más que empezar. En su opinión las movilizaciones «están dañando lo más importante para nuestro futuro, que es nuestra credibilidad». Asegura incluso que la empresa de la Avenida del Cantábrico está viviendo un regreso a tiempos del «siglo pasado». «Y lo más duro es que haya personas hoy en día, que comentan que se sienten satisfechas de que hayan vuelto esos tiempos de las coacciones, la intimidación y el miedo, por encima del respeto y el diálogo», apostilla en la carta en clara referencia a los sindicatos que están promoviendo las movilizaciones, a los que deja referencias veladas pero no menciona a lo largo de los diez párrafos en los que se estructura su relato. El directivo de referencia del fabricante francés en Vitoria insiste en una de las ideas clave de su mandato al frente de la factoría: «Estamos en un momento clave para las fábricas de Michelin en Europa». Una fase en la que las huelgas –que él mismo tilda de «días negros»– «perjudican a Vitoria». «Hoy en día, por la manera que Michelin tiene de tratar a las personas, pensamos que nunca va a pasar nada en esta fábrica», advierte a continuación. La carta de Moñux hace hincapié en el papel de los trabajadores para el futuro de la fábrica y les pide «responsabilidad». «Desde mi nuevo puesto desearía poder seguir soñando con vosotros con una gran fábrica de futuro». 

Kutxabank está a punto de afrontar una importante revolución en su equipo directivo, que supondrá cambios de varios directores generales y, en la práctica, el inicio de una nueva etapa que tuvo su primer capítulo en la designación de Antón Arriola como presidente de la entidad financiera el pasado mes de noviembre. El propio Arriola telegrafió ayer este movimiento en el transcurso de una conferencia que pronunció en la Universidad de Deusto y que había sido convocada por la Alumni de la Deusto Business School. El presidente del banco vasco apuntó que «habrá cambios en el equipo directivo», pero matizó que esa será una responsabilidad directa del nuevo consejero delegado, Eduardo Ruiz de Gordejuela, designado por el Consejo a finales de marzo en sustitución de Javier García Lurueña. Ruiz de Gordejuela comenzará a ejercer oficialmente sus funciones a finales de este mes porque, aclaró ayer Arriola en su conferencia, «aún está pendiente de la aprobación por parte del Banco Central Europeo». «Y el BCE, aunque la persona designada sea perfectamente adecuada para el cargo, se toma siempre sus tres meses para autorizarlo», apostilló. Fuentes de toda solvencia señalan que la remodelación va a afectar a varios directores generales que ya están próximos a la edad de jubilación, aunque ello no supondría una salida inmediata de la organización sino una reubicación en nuevas funciones. La directora general de participadas, Alicia Vivanco, y el director general corporativo, Joseba Barrena, estarían al parecer implicados en estos cambios, aseguran las mismas fuentes. Asimismo señalan que la decisión de la entidad es «explotar al máximo las posibilidades de renovación que da la cantera», lo que permitiría cubrir las vacantes que se abran en las direcciones generales con directivos que ya forman parte de la plantilla de la entidad. La única incorporación externa hasta ahora se produjo en diciembre, cuando Arriola nombró director general de estrategia a José Antonio Tomás, que procedía del Banco Santander. Por otra parte ya se había anticipado que la dirección general de banca minorista será ocupada por otro hombre de la casa, Aitor Aramburu.

“En los últimos diez años hemos colocado muchos huevos en la cesta de las hipotecas, y ahora tenemos que reducir el riesgo de concentración y diversificar”. Así resume el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, cuál va a ser la clave de la estrategia futura del banco de las excajas BBK, Kutxa y Vital. El foco se dirige al crecimiento, sobre todo en los segmentos de empresas y crédito al consumo, así como en seguros y productos fuera de balance. Kutxabank tiene una cuota de sólo el 1,8% en empresas, mientras que alcanza el 5,9% en hipotecas. Su objetivo es equiparar ambos niveles, si bien el esfuerzo en el tejido empresarial se centrará en el País Vasco. Fuera de la comunidad autónoma, va seleccionar en qué negocios pone su punto de mira y por qué mercados apuesta, elección que sólo pueden hacer los bancos medianos, “que no tienen que darle a todo”, según Arriola. La entidad ha sido tradicionalmente “muy tímida” en el negocio de empresas a fin de evitar riesgos, y su inversión crediticia en este área ronda el 25%, frente al 44% de media del sector español. En cambio, en hipotecas tiene el 66%, 7 puntos por encima del promedio sectorial. Ahora, Kutxabank quiere aprovechar el tirón de los project finance en renovables para aumentar su presencia en el área de empresas. En adelante, el objetivo es reequilibrar la cartera y aumentar la inversión crediticia, que ha crecido la mitad de la media de los bancos nacionales en los últimos cinco años. El presidente da por hecho que la nueva estrategia requiere una gestión más activa y ágil del riesgo. En todo caso, asegura que el crecimiento del banco será orgánico, y que, en principio, están descartados movimientos corporativos. “No vemos grandes operaciones inorgánicas y no pensamos que se vayan a dar oportunidades; pero estaremos ojo avizor”. 

El tren de hidrógeno de CAF toma velocidad de crucero. En concreto, la novedosa unidad del fabricante beasaindarra acelera estos días en las vías aragonesas, donde ya está realizando pruebas en condiciones perfectamente reales, tras recibir el primer permiso concedido en España para un convoy de esas características. Su tren de hidrógeno ha superado las rigurosas pruebas estáticas, en la planta de la compañía en Zaragoza, y también aquellas realizadas durante este año en unas vías acotadas y restringidas al tráfico comercial muy cerca de esa factoría. Ayer, la entidad pilotada por Javier Martínez Ojinaga, comunicó al mercado que el demostrador (el tren no deja de ser un prototipo), protagonista del ‘Proyecto FCH2Rail’ europeo, ha superado «un importante hito» al haber obtenido «la autorización para circular en pruebas por la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)». La satisfacción era evidente en la empresa, pues, añadió, se trata del primer permiso de este tipo que obtiene en España un tren de hidrógeno. La unidad, en realidad un tren demostrador bimodo construido sobre una unidad de Cercanías de la plataforma Civia propulsado por hidrogeno, ha cubierto un importante hito dentro de la fase de pruebas en vía al haberse manejado con soltura en la línea Zaragoza-Canfranc. Se trata, resaltó CAF, de «una línea especialmente exigente debido a sus rampas pronunciadas y elevadas, que suponen un gran desafío para los nuevos sistemas de generación de energía embarcados». Ver nota CAF. 

Pese a las dos compañías «de primer nivel mundial» interesadas en el proyecto con las que se negociaba, y a pesar de la ampliación de un mes en el plazo inicial del proceso, la Autoridad del Puerto de Bilbao ha dado finalmente por cerrada su intención de dotarse de una segunda terminal de contenedores en el espigón central. Así lo anunció ayer su presidente, Ricardo Barkala, quien señaló que en todo caso este muelle, que a finales de año tiene previsto sacar a concurso la segunda fase de sus obras para sumar 30 hectáreas más con una inversión de 92 millones y un plazo de ejecución de tres años, cuenta con «muchos proyectos a la cola» que se vienen «reteniendo por falta de espacios». La decisión de finalizar el concurso público de la segunda terminal de contenedores se produce en base a la «línea roja» marcada por el puerto para el mismo. «Ha habido una negociación sana y de buena fe para rebajar esas condiciones, pero corríamos el riesgo de que ocurriera lo que no queríamos, el traspaso de una terminal a otra», razonó ayer Barkala, quien advirtió que «el mundo del contenedor es muy competitivo y la situación muy convulsa». El presidente del puerto recordó que es necesario dotarse de la ampliación proyectada con la segunda fase del espigón central –que definió como «la última gran superficie que va a generar el puerto»– para dar respuesta a la demanda de las empresas, ya que actualmente cuenta con una ocupación del 85%, «una de las más altas de todo el sistema». «Son tres años de obras. Si por el camino surge alguna otra empresa o entidad importante que pueda interesarse, se estudiará», dijo.

La gran cita industrial del BEC este año arrancó ayer con 841 firmas expositoras procedentes de 20 países y medio centenar de ponentes internacionales. +Industry, la marca heredera de Ferroforma –que engloba distintas ferias bajo su paraguas dedicadas a la impresión en 3D (Addit3d), la digitalización (BeDigital), el mantenimiento (Maintenance), las bombas y válvulas (Pumps&Valves) y la subcontratación–, mostrará hasta mañana más de un millar de productos en los pabellones 1 y 3 del recinto ferial de Barakaldo. «Es una gran oportunidad para abrirnos otra vez al mundo y mostrar la capacidad de nuestro sector a un importante número de visitantes», defendió la presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Tamara Yagüe, encargada de la inauguración del evento. Este año la feria ha reforzado su perfil para los negocios y la transferencia de conocimientos a través de un programa de contenidos propios repartidos en espacios de ‘networking’, conferencias y encuentros de negocios organizados entre los participantes. «Esta feria supone un punto de encuentro fundamental para la industria, en el que empresas del territorio podemos compartir tecnología y conocimiento con otras firmas especializadas líderes a nivel internacional», añadió Yagüe. En el encuentro participan 95 firmas de la asociación española de fabricantes de máquina herramienta, AFM, que forman parte de los diferentes ámbitos de la feria. 

El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación de los estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja por la que reconoce que la producción de las viñas inscritas en el registro se destine exclusivamente a la elaboración de vino amparado, es decir, para que con las uvas de Rioja únicamente se pueda elaborar vino de Rioja. La exigencia de exclusividad del viñedo fue una respuesta del pleno del Consejo Regulador a la tramitación al proyecto de la nueva Denominación de Origen Portegida Viñedos de Álava de Rioja Alavesa, con el fin de evitar que los viticultores y bodegas interesados en esta última pudieran disfrutar de una doble inscripción de los viñedos. Así las cosas, quien inscriba una viña en Viñedos de Álava no podrá dedicar su producción a elaborar vino de Rioja y deberá pasar una campaña en blanco si en el futuro desea volver a obtener el amparo de la DOCa Rioja. La cuestión se había enfriado en las últimas semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordara la suspensión cautelar de la Protección Nacional Transitoria de la DOP Viñedos de Álava –a la espera de dictar sentencia sobre la viabilidad o no de la misma–, lo que paralizó los planes de las bodegas promotoras de inscribir viñedos para esta misma vendimia y elaborar vinos con esta etiqueta para el mercado nacional. La modificación del pliego de condiciones de Rioja, que persigue poner palos en las ruedas a quienes decidan apostar por Viñedos de Álava complicando al menos su hipotético regreso con la exigencia de una campaña en blanco, fue tramitada por el Ministerio de Agricultura como una modificación ‘normal’, lo que ampliaba los plazos y facilitaba la presentación de alegaciones.

Lejos de apaciguarse, la tensión de los ertzainas con sus mandos supera ya la línea roja. Más de un millar de agentes aprovecharon la celebración del Consejo de Gobierno en Busturia para protestar por su situación, mientras el consejero Erkoreka acusaba a la plataforma ‘Ertzainas en lucha’, protagonista de las últimas movilizaciones, de «tener atemorizados a los sindicatos». Lejos de resolverse, el conflicto abierto en la Ertzaintza se recrudece un poco más día tras día. Aunque el Departamento de Seguridad y los sindicatos se instan mutuamente al diálogo, lo cierto es que ninguna de las partes baja el pistón y las posiciones siguen muy enconadas. Y no solo en el apartado de la negociación pura y dura, sino también en el terreno discursivo, en el que unos y otros se intercambian duras acusaciones en un ambiente cada vez más hostil. Ayer, mientras las centrales exhibían músculo al movilizar a 1.500 personas a las puertas del Consejo de Gobierno, dentro Josu Erkoreka les lanzaba una dura reprimenda y les consideraba «atemorizados» por ‘Ertzainas en lucha’, el movimiento asindical cuya irrupción ha agitado el tablero. 

 Lo que cobran los bancos a sus clientes por la gestión de sus fondos de pensiones oscila entre un 0,9% y un 1,60%. Supone unos ingresos de cerca de 195 millones de euros por la administración de los 12.184 millones que más de 629.000 ahorradores vascos tienen en las entidades financieras. Unas comisiones que tendrán que abaratarse según reza la propuesta de decreto que regula las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y que aprobó el Gobierno vasco el pasado viernes. La propuesta de regulación establece un tope del 0,9% para los fondos de renta fija, un 1,30% para los mixtos, que combinan renta fija y variable, y un 1,50% para el resto. Supone un recorte en los ingresos de los bancos del 43% y reduciría los 194 millones de euros a 109 millones. Esta limitación de los costes de gestión de los fondos de pensiones es una de las principales novedades de la propuesta de regulación del Gobierno vasco que se esperaba desde el año pasado para las EPSV. La intención es abaratar esta figura de ahorro para aumentar las ganancias de los clientes que recurren a su banco para ir abonando lo que luego se convertirá en un complemento a la pensión. A partir de ahora se abre un mes para que se puedan presentar alegaciones a esta propuesta.  La propuesta castiga a los bancos, especialmente a Kutxabank que tiene 5.850 millones en Baskepensiones; Laboral Kutxa, con 1.531 millones; el BBVA, con 1.522 millones; CaixaBank, con 972 millones y Santander con 596 millones. Desde la Federación de EPSV de Euskadi ayer confirmaron que trabajan con todos sus socios en la documentación para la presentación de los ajustes que estimen oportunos. De entrada, la normativa recoge una petición histórica de la federación, que es la de la ampliación de los objetos de inversión de las EPSV. De esta forma se incluyen proyectos renovables y sostenibles, así como limitaciones de inversión en los fondos del 10% en activos inmobiliarios o del 20% en capital riesgo.

La gran maquinaria que está sirviendo para empujar a la economía española, la de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia y la guerra en Ucrania, seguirá su camino en las próximas semanas preelectorales. Y es que el Consejo de Ministros activó ayer el proceso de petición de hasta 94.000 millones de euros (en préstamos y ayudas directas) para que la Comisión Europea evalúe y, en su caso, apruebe esta inyección de dinero que llegará cuando ya haya otro Gobierno formado y se haya puesto en marcha la legislatura tras la convocatoria de comicios generales del 23 de julio. El Ejecutivo tenía que cumplir con el plazo establecido por el reglamento europeo para remitir esta adenda (así es como se denomina técnicamente el proceso), que finalizaba el 31 de agosto. Ello tenía que realizarse con independencia de que hayan mediado unas elecciones, la constitución de las Cortes a mediados de agosto y la formación del nuevo Gobierno tras el verano. Según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gabinete ha hecho en este caso un ejercicio de «responsabilidad». Sin embargo, este complejo documento, fruto de la negociación en los últimos meses entre España y Bruselas, incluye tanto previsiones de país –esto es, grandes cuantías para los proyectos estratégicos (los PERTE de la automoción, los semiconductores, economía circular, etc.)– como partidas específicas muy vinculadas a los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las semanas de campaña electoral de los comicios municipales. En concreto, habrá un nuevo fondo de resiliencia autonómica con 20.000 millones de euros, que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre otras, incluye acciones en vivienda social y asequible y regeneración. 

El Gobierno defiende que ha actuado con “responsabilidad” al anticiparse a las Elecciones Generales del 23 de julio y aprobar ayer la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, por la que solicita formalmente a Bruselas 95.000 millones de euros extra del plan Next Generation, a fin de garantizar el sostenimiento del flujo de inversiones sea cual sea el resultado de los comicios. En paralelo, sin embargo, el Ejecutivo admitió que la convocatoria electoral anticipada, y la consecuente disolución de las Cortes, ha hecho decaer la tramitación de algunas de las reformas comprometidas para este semestre, lo que obliga a retrasar la petición de nuevos desembolsos a cuenta de los 69.500 millones inicialmente asignados. De hecho, el calendario electoral deja en el aire el cobro de los 17.000 millones ligados a los hitos previstos para este año, pues en el mejor de los casos el nuevo Gobierno apenas dispondrá de unos meses para cumplir todos los compromisos exigibles en 2023. Inicialmente, la UE asignó a España 69.500 millones en ayudas no reembolsables del Mecanismo de Recuperación, cuyo cobro se va desbloqueando semestralmente conforme se cumplen las reformas e inversiones comprometidas en el Plan de Recuperación. España, que hasta la fecha ha liderado las solicitudes de cobro en toda la UE, ha ingresado hasta ahora un anticipo y tres pagos por 37.000 millones (aunque el Gobierno viene anticipando ya más dinero, para agilizar su gasto, presupuestando más de 20.000 millones al año desde 2021). A partir de ahí, la magnitud del desplome del PIB español en 2020 ha llevado a la Unión Europea a elevar las ayudas al país en 7.700 millones, a los que se suman otros 2.600 millones de euros en transferencias del programa energético REPowerEU, aprobado tras la invasión rusa sobre Ucrania. Además, España tiene a su disposición 84.000 millones en créditos blandos (frente a los 70.000 inicialmente previstos) que tenía hasta finales de agosto para solicitar, pero que reclamó finalmente ayer en la adenda de ampliación del Plan de Recuperación.

Las elecciones generales, convocadas por el Ejecutivo para el próximo 23 de julio, han pillado con el pie cambiado al sector del automóvil, que está pendiente de la publicación de la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). Aspira a repartir el dinero que se quedó sin asignar en la convocatoria del año pasado (fueron 2.182 millones en subvenciones y préstamos al 0% de interés). Tras el anuncio electoral realizado el 29 de mayo, se prendieron todas las alarmas en el motor ante la posibilidad de que el Perte quedase suspendido por la cita del 23J. Sin embargo, el Gobierno acelerará con el Perte y mañana mantendrá una reunión virtual con el sector del automóvil para explicar la línea destinada a proyectos de baterías, la cual ya ha recibido el visto bueno de Bruselas para repartir 837 millones. El 14 de junio habrá una segunda reunión entre el Ejecutivo y el sector para resolver las dudas que hayan podido quedar de la primera cita, según aseguran a CincoDías fuentes cercanas al proceso. Esto supondrá el paso previo al lanzamiento de la línea de baterías, que el Gobierno prevé que se haga en junio. Por su parte, la otra línea destinada a proyectos individuales todavía está pendiente de recibir el visto bueno de la Comisión Europea, algo que Industria confía en tener antes de la cita electoral de verano. Las reuniones que mantendrán el Ejecutivo y el sector se producen en un momento en el que muchas compañías del sector están decidiendo dónde situar sus plantas de baterías. 

Día a día crece la protesta de los inspectores y subinspectores de Trabajo contra el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos alcanzados con el colectivo, para mejorar sus condiciones laborales y, por ende, sus retribuciones. El malestar de estos funcionarios con el Ejecutivo es tan grande que han previsto la convocatoria de una huelga indefinida, a partir del 26 de junio. Ayer se sumaron a la protesta de los inspectores y subinspectores los 17 directores territoriales de este departamento de Trabajo –uno por comunidad autónoma– y los 52 directores provinciales. Todos firmaron un manifiesto de apoyo a sus funcionarios y dirigido contra el Gobierno. En su punto más importante, el manifiesto describe cuáles son los graves problemas por los que atraviesa la Inspección de Trabajo: “Los directores/as territoriales y los jefes/as de la Inspección Provincial coincidimos con el diagnóstico y los problemas que afectan a nuestra institución a todos los niveles”. Estos problemas son “la insuficiencia de recursos humanos, y particularmente de mandos intermedios, la inexistencia de una estructura adecuada que permita una organización eficaz del trabajo, y la ausencia de carrera administrativa para sus funcionarios/as”. Es lo que los inspectores denominan como la estructura que necesita el departamento para poder ser más eficaces. La actual estructura tiene veinte años, según explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Junto a ello, los altos cargos de la Inspección reclaman la mejora de las condiciones económicas y laborales de este colectivo de funcionarios. Sostienen que, actualmente, sus condiciones “no se corresponden con las funciones y responsabilidades asumidas desde hace años, produciéndose situaciones de agravio y discriminación salarial”. Por ejemplo, que trabajadores que hacen las mismas funciones en la inspección cobren salarios distintos.

La Comisión Europea ve próximo el final de la crisis energética. “Los precios han caído drásticamente”, constata el Ejecutivo comunitario en un informe enviado a la Eurocámara. “La reciente caída y estabilización de los precios del gas durante los primeros meses de 2023 han generado expectativas en el mercado de que es menos probable que los picos de precios de la electricidad observados a lo largo de 2022 se produzcan en el próximo invierno”. La consecuencia lógica de estas afirmaciones pasan por el anuncio de Bruselas de que no tiene intención de proponer “una prórroga de las medidas extraordinarias contra la crisis” aprobadas en octubre para intervenir en el mercado. Ya hace un par de semanas que Bruselas reclamó a los gobiernos que en sus presupuestos de 2024 retiren buena parte de las ayudas extraordinarias aprobadas en lo peor de la crisis energética. Las estrecheces fiscales de bastantes miembros ha animado al Ejecutivo europeo a dar este paso. Pero este no habría sido posible sin la caída de los precios, que en los últimos meses ya están presionando a la baja al IPC. El gas natural superó en agosto los 350 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 20 que solían ser habituales, y la subida se contagió directamente al precio de la luz, que en España llegó a superar los 700 euros por MWh en la tarde del 8 de marzo de 2022, una cota que difícilmente volverá a repetirse. El análisis de la Comisión Europea coincide, en esencia, con uno reciente de la Agencia Internacional de la Energía que hablaba de que “la presión en los mercados europeos y mundiales del gas ha disminuido desde principios de 2023 debido a las favorables condiciones meteorológicas y a las oportunas medidas políticas”. 

Lightsource bp, uno de los líderes globales en el desarrollo y la gestión de proyectos de energía solar que está participado al 50% por el gigante energético británico BP, está buscando un comprador para una cartera compuesta por seis parques fotovoltaicos en España que, una vez entren en operación, sumarán una capacidad de 667 megavatios (MW), según varias fuentes del mercado consultadas. La compañía ha contratado los servicios del banco de inversión estadounidense Greenhill como asesor financiero del proceso de venta, que se encuentra todavía en una etapa inicial y que ha sido bautizado con el sobrenombre en clave de Proyecto Bright. La operación consiste en la venta del 100% del capital de los activos, que se encuentran prácticamente en fase de ready to build –con casi todos los permisos necesarios–, ya que está previsto que alcancen este hito en el cuarto trimestre de 2023. Los parques, todos ellos con acceso a la red, se ubican en las provincias de Jaén (114 MW), Sevilla (299 MW) y Valladolid (255 MW). El grueso, por tanto, está en una de las zonas con mayor irradiación solar de España y Europa. “La transacción representa una oportunidad extraordinaria para invertir en una cartera de alta calidad y libre de riesgo de activos solares fotovoltaicos en el mercado de energía renovable más atractivo de Europa”, reza la documentación que se ha repartido entre los inversores.

El movimiento de protesta contra la impopular reforma de las pensiones del presidente galo, Emmanuel Macron, huele a fin de ciclo. A resignación para la calle y a triunfo para Macron, que al final le ha ganado el pulso, tras cinco meses de movilización contra la ley clave de su mandato. Francia celebró ayer la decimocuarta jornada de manifestaciones contra esta ley que elevará la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, a la que se opone casi todo el país. La de ayer será casi con seguridad la última jornada desde que empezó el movimiento en enero. Se convocaron más de 200 manifestaciones en todo el país, pero la participación fue la menos masiva de todas. En toda Francia hubo 900.000 manifestantes, según el sindicato CGT, 300.000 en París, donde fueron detenidas decenas de personas. Según la policía, hubo 30.000 participantes en la capital. En el resto de ciudades, las cifras fueron inferiores a las de las convocatorias precedentes. Los sindicatos ya no aspiran a parar la reforma a estas alturas, pero sí movilizar a la calle para seguir mostrando rechazo. Los dos primeros artículos de la ley se publicaron el pasado fin de semana y la oposición asume que la puesta en marcha de la misma es irreversible. La intersindical, que agrupa a los sindicatos unidos y que ha convocado todas las jornadas de huelga precedentes, está dividida ahora con respecto a cómo seguir. La líder de la CGT, Sophie Binet, sostiene que seguirán unidos. «El partido está a punto de acabar, nos guste o no», reconoció el líder de la CFGT, Laurent Berger. «Esta es la última manifestación contra la reforma de las pensiones en este formato. Pero hay todavía cólera y resentimiento. Vamos a tener que mantener esta movilización para seguir trabajando sobre los salarios, el poder adquisitivo y el diálogo social», admitió.

Cada final del verano, el hielo del Ártico llega a su mínimo. De un tiempo a esta parte, a este sustantivo le acompaña un adjetivo: histórico. Los datos de la NASA, apoyados en sus satélites, lo certifican: la extensión ha ido menguando con el paso de las décadas. ¿Cuándo desaparecerá? La respuesta llegó ayer: «Ya en 2030, podría ser un océano deshelado en el mes de septiembre». El intervalo temporal aportado por la nueva investigación, publicada en ‘Nature’, señala a 20302050 como fechas probables. Un periodo que adelanta una década el vaticinio «en los escenarios de bajas emisiones de gases de efecto invernadero», alertan los autores del estudio. Cada año, la historia se repite. La solidificación del Ártico llega en invierno y la fusión en verano. Sin embargo, el calentamiento global impide que se congele tanto como debería y lo funde más rápidamente. Si la mínima extensión del hielo registrada en septiembre de 2022 fue la décima peor marca registrada, el máximo al que ha llegado en marzo de 2023 es el quinto más exiguo. El trabajo, liderado por el investigador de la Universidad de Pohang (Corea del Sur) Seung-Ki Min, basa sus conclusiones en la revisión de imágenes satelitales desde 1979 hasta 2019. Casi medio siglo de datos que revelan una certeza: el Ártico pierde hielo todos los años. «Desde el 2000 se ha acelerado», precisan los autores. «En todos los escenarios futuros considerados, incluido el escenario más optimista, el Ártico estará libre de hielo por primera vez antes de 2050», concluyen. Esta fusión del casquete polar del Ártico no conllevará un aumento del nivel del mar, puesto que el hielo ártico ya está en el agua, pero sí provocará que la temperatura aumente favoreciendo el calentamiento global.