20230620

Artículo del director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, para el quincenal Estrategia Empresarial: "El pasado mes de mayo, Euskadi volvió a registrar un récord de afiliados a la seguridad social, rebasando la cifra del millón de cotizantes. En diciembre del año pasado, cuando hicimos la proyección sobre lo que podría ocurrir este 2023, ya preveíamos una continuidad en la creación de empleo, pero durante esta primera mitad del año al menos, se están superando todas las previsiones...Ahora bien, si analizamos su evolución por sectores y edad, notaremos que se producen significativas diferencias en el empleo de hoy respecto al de 2008. En relación con los sectores, vemos que pierden cotizantes claramente dos con gran peso en nuestra economía: la industria, que en estos últimos quince años pierde 37.000 afiliados, y la construcción, que se deja otros 27.000. Ambos sectores representan cerca del 80% del total del empleo perdido en ese periodo. Asimismo, dentro del sector servicios, los únicos que restan ocupados en estos últimos 15 años son el comercio – con 8.000 afiliados menos (-6%) –, seguido de banca y seguros, con 6.000 empleados menos, el 25% del total. En definitiva, queda claro que los sectores más castigados por la crisis financiera de 2008 han sido los relacionados con el sector privado, a excepción de los que tienen que ver con el ocio. Ninguno de los anteriormente citados ha sido capaz de recuperar todavía lo perdido. El sector económico que mejor se ha comportado tras la crisis del 2008 ha sido el relacionado con el sector público, como son las propias AA. PP y los que tienen que ver con la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estos cuatro subsectores emplean en mayo de 2023 a cerca de 245.000 personas, 65.000 más que en enero de 2009, lo que representa un crecimiento del 37% en ese intervalo. Además, estos sectores, suponen cerca del 50% del total empleo creado....Llegados a este punto, mi reflexión final tras este diagnóstico es saber si esta evolución del empleo en Euskadi será sostenible en los próximos quince años. Hasta cuándo los salarios y los impuestos del decreciente colectivo de personas que trabajan en el sector privado, van a poder pagar los sueldos del creciente colectivo que trabaja en sectores público o semipúblicos. ¿Podrá la economía vasca mantener los niveles de productividad laboral y por lo tanto los salarios, con empleos cada vez mas más envejecidos?"

Los portavoces de la patronal Confebask, Pablo Martín Goitia y Virginia Múgica, denunciaron ayer en una comparecencia en el Parlamento vasco el proyecto de ley regulador del régimen de subvenciones y la proposición sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial aprobadas en abril, que calificaron de «injusto» y «desproporcionado». En su intervención, instaron a los parlamentarios que legislen «en positivo, desde el fomento, y no desde las sanciones». La tramitación de la ley, a propuesta de EH Bildu, fue aprobada por todos los grupos del Parlamento vasco salvo PP, Ciudadanos y Vox. La medida establece que las compañías implantadas en Euskadi que trasladen fuera de la comunidad autónoma su sede o la producción devuelvan las ayudas públicas recibidas durante los últimos diez años. Desde la organización patronal vasca reclamaron la necesidad de «captar empresas». «No podemos o no debiéramos legislar ahuyentando a las que quieran venir», plantearon en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, donde recordaron que las deslocalizaciones «se han producido siempre», pero en Euskadi son un fenómeno «ciertamente minoritario». «Es mucho más interesante para nuestro tejido productivo y para nuestra economía y empleo apostar por medidas tendentes a generar un entorno amable para las empresas», remarcaron. Así propone hacer «atractivo» el territorio para realizar negocios y mantener arraigados los centros productivos y de decisión. Para los portavoces de Confebask, la ley podría frenar el acceso de las empresas a las ayudas, lo que «supone un desincentivo a la hora de solicitarlas». Esta situación «puede llegar a reducir el atractivo» de cara a las compañías que se planteen ubicarse en Euskadi. «Todo ello puede conllevar el riesgo de que acabemos teniendo un menor nivel de inversión y de actividad», subrayaron.

Las empresas de Francia comienzan también a reclutar personal en Gipuzkoa. Distintos representantes de firmas industriales de Iparralde y el sur de Francia se plantaron ayer en Irun y presentaron sus ofertas de trabajo en el Museo Oiasso durante toda la mañana. El evento organizado por ABL Emploi Gipuzkoa, empresa dedicada a la selección de personal en Euskadi, atrajo a todo tipo de personas que buscan un trabajo. No es la primera vez que empresas del otro lado de la muga acuden a nuestro territorio a intentar fichar talento. Todo ello en un momento en el que las empresas guipuzcoanas, y vascas en general, están alertando de dificultades a la hora de contratar personal, en distintos sectores profesionales como el industrial o los perfiles tecnológicos. Las empresas de Iparralde, mientras, ofrecían ayer un proceso de formación que permite incorporar a personas con poca experiencia y a las que en algunos casos plantean un contrato fijo en sectores como industria, ingeniería u hostelería. Un modelo que puede hacer competencia a las empresas de Gipuzkoa, que ven cómo trabajar al otro lado de la frontera puede interesarles. Thierry Barrere, responsable de Reclutamiento de ABL Emploi tanto en Irun como en Baiona, afirma, en declaraciones a este periódico, que el trabajo transfronterizo funciona y que las empresas quieren contratar. Estos puestos de trabajo, mayoritariamente centrados en sectores como la industria, la construcción o la mecánica aspiran en parte a ser cubiertos por guipuzcoanos. Entre los carteles que se podían leer en el Museo irundarra se encontraban los de empresas como Celsa (acería de las Landas), AD Industries (también landesa y de ingeniería mecánica) o Laminoirs des Landes (laminación de chapa). Pese a las ofertas, no se produjeron grandes colas de interesados ayer en Irun, probablemente por el desconocimiento de la existencia de esta feria. Pero sí hubo interesados en encontrar un puesto, que hicieron pequeñas entrevistas con los representantes de las empresas en los stands. Los posibles empleados son atraídos no solo por la promesa de un buen sueldo, que no precisaron las firmas presentes, sino también por tener la opción de incorporarse inmediatamente.

La fábrica de baterías vascas instalada en Álava inauguró ayer la planta-laboratorio donde se diseña el prototipo que busca revolucionar la automoción eléctrica. El proyecto Basquevolt, participado por los Gobiernos vasco y central, Iberdrola, Enagas y CIE Automotive trabaja en el diseño de una celda capaz de almacenar un 50% más de energía y alargar de 500 a 750 kilómetros el ‘depósito’ del coche eléctrico. Además, se prevé recortar un 30% los costes. Una batería para el coche eléctrico que aumenta su autonomía un 50% –pasaría de los 500 kilómetros a los 750–, pero ahorrando costes en un 30% y sin depender de la tecnología china. Es lo que ofrecería Basquevolt si logra llevar el resultado que ha obtenido en laboratorio a un proceso de fabricación industrial. La alternativa se convertiría en una respuesta única en el mercado que, como explicó el consejero delegado de la compañía, Fransico Carranza, «permitiría democratizar el transporte eléctrico en los segmentos donde el precio es un obstáculo». Para lograrlo, el Gobierno vasco –tiene un porcentaje cercano al 20% de la empresa–, junto a Iberdrola, Enagás, CIE Automotive y el Ejecutivo central (a través del CDTI), impulsa la gigafactoría instalada en el Parque Tecnológico de Álava y que ayer inauguró su sede. Un edificio que alberga el laboratorio, acoge la línea de prototipos (fabricación de las primeras celdas de tamaño real que estará a finales de año) y que está al lado de donde se levantará la planta piloto de carácter industrial en 2025. Una línea de producción con 1 GWh de potencia, equivalente a más del doble de la energía eólica instalada en el País Vasco.

Europa inició hace unos años la carrera para autoabastecerse de baterías y facilitar así la reconversión de su industria del automóvil hacia el vehículo eléctrico. Los pasos que se han dado hasta ahora, sin embargo, no son del todo suficientes, según el Tribunal de Cuentas Europeo, que en un informe publicado ayer detecta dos riesgos: la competencia de EE UU para atraer a los fabricantes de celdas de baterías gracias a sus ayudas y la falta de seguridad en el suministro de materias primas. “Sería bueno que la Comisión Europea repasara o elaborara una nueva estrategia para que quede claro si podemos hacer las baterías nosotros mismos o si dependeremos de las que procedan de fuera de Europa o si no cumpliremos los objetivos de cero emisiones”, afirmó Annemie Turtelboom, miembro del tribunal y una de las autoras del estudio, que señala: “2035 es mañana y estamos preocupados”, respecto al plazo para que se prohíba la venta de coches de combustión. Uno de los temores que apunta el trabajo es que el aumento del coste de producción, tanto por la energía como por la escasez de la materia prima, puede hacer que las baterías encarezcan de tal modo los vehículos eléctricos que los hagan inasequibles, “reduciendo así la demanda y la justificación económica de invertir en instalaciones de producción”, un auténtico pez que se muerde la cola. Los objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo contemplan la puesta en circulación de 13 millones de automóviles de cero emisiones o de bajas emisiones en 2025 y un aumento hasta los 30 millones en 2030. Los autores del informe señalan que el plan de acción tiene “omisiones” que ponen en riesgo sus objetivos, al ser posible que no se consigan las baterías necesarias para los vehículos fabricados en Europa o que estas procedan de otras regiones, y se mantenga la actual dependencia.

La patronal europea del automóvil ACEA urge a la Comisión Europea para que acceda a retrasar tres años las “inalcanzables” normas de origen para coches eléctricos acordadas en el marco del tratado comercial pos-Brexit. Estas prevén que, a partir de 2024, como mínimo el 45% de las partes de un automóvil eléctrico deben originarse en el Reino Unido o la Unión Europea para poder adherirse al comercio sin aranceles. En vista de que el mercado de baterías —que pueden suponer hasta la mitad del precio del vehículo— no está lo suficientemente desarrollado en Europa como para reemplazar a las de origen asiático, el poderoso lobby europeo advierte de que la entrada en vigor de las normas de origen provocarán un duro golpe al sector en un momento en que ya está perdiendo mucho terreno contra uno de sus principales rivales, China. “En este punto de inflexión crítico de la transformación verde de nuestra industria, la aplicación de normas de origen inalcanzables tendrán significativas consecuencias directas en términos de una potencial pérdida de producción de vehículos eléctricos en Europa”, advierte la secretaria general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries, en una carta enviada a la secretaria general de la Comisión Europea, Ilze Juhansone. La ACEA, que agrupa a 14 de los principales fabricantes de vehículos de la UE, entre ellos BMW, Volvo, Volkswagen, Renault o Mercedes-Benz, tiene cifras muy concretas de lo que podría pasar si no se extienden hasta 2026 las actuales reglas, algo a lo que, hasta la fecha, la Comisión se ha negado. Según sus cálculos, si no se aplazan tres años las normas de origen, que requerirán que todas las piezas de las baterías, así como parte del material clave de las mismas, sean producidas en la UE o Reino Unido para evitar un arancel a la exportación del 10%, los aranceles aplicables podrían ascender en tres años a 4.300 millones de euros, lo que “potencialmente reduciría la producción del vehículo eléctrico en unas 480.000 unidades”.

Mientras el lehendakari pedía ayer fondos europeos para la fábrica de baterías Basquevolt, en el Parlamento vasco el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, volvía a exigir al Gobierno central pisar el acelerador en la tramitación de estos recursos. «Es necesario que se ponga toda la carne en el asador porque sería un error imperdonable que parte de los fondos se queden sin ejecutar», señaló, e hizo especial hincapié en la urgencia por activar los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos Para la Recuperación y Transformación Económica) regionales, que Euskadi quiere dedicar a proyectos como las redes de distribución inteligentes o el Big Data. Azpiazu acompañó su intervención con un informe detallado de lo recibido hasta ahora por Euskadi. La cantidad total asciende a 1.657 millones, un 5,3% del total repartido en España. De esta cifra, 1.063 se han transferido para su gestión directa por el Gobierno vasco, mientras que los 609 restantes han sido gestionados por el Estado. De ambas partidas han salido 203 millones dedicados a los municipios vascos, siendo las capitales las que acumulan un 50% de ese importe: San Sebastián el 23%, Bilbao el 16% y Vitoria el 11%. Según estos datos, España ha distribuido un total de 31.497 millones cuando le fueron asignados 70.000 millones. Eso quiere decir, advirtió el consejero, que «la mitad están pendientes de recibir» y recordó que «pasamos el ecuador del periodo y buena parte de los fondos tienen que quedar comprometidos para diciembre». El retraso es especialmente grave en la tramitación de los proyectos estratégicos destinados al desarrollo del vehículo eléctrico o energías renovables como el hidrógeno. De los 33.000 millones destinados a estos programas, apenas se han repartido 8.000 millones. Ver nota Gobierno Vasco y declaraciones de Pedro Azpiazu en el Parlamento vasco. 

El Gobierno español lidera la recepción de la parte de subvenciones de los fondos europeos al tener ya completados tres pagos de Bruselas por valor de 37.000 millones. Sin embargo, va el duodécimo en capacidad de ejecución. Así aparece en el último informe del informe llamado Radar de fondos europeos elaborado por EY Insights que la consultora distribuye a sus clientes. Esta firma –considerada un referente en el estudio de los fondos europeos– ha recopilado los últimos datos oficiales de la Comisión Europea sobre capacidad de absorción del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en los dos primeros años de vigencia. Su conclusión es que España no destaca. En el acumulado de 2021 y 2022, apenas ha ejecutado el 10,4 % delos 70.000 millones que tiene preasignados lo que le sitúa –ver el gráfico adjunto– en la duodécima plaza de la Unión Europea. Le superan Francia –que lidera la ejecución al rebasar el 50% del total de su tarta– Suecia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia, Chequia, Bélgica, Hungría, Países Bajos y Finlandia. La mayoría de estos países pueden ser más ágiles que España al recibir una menor asignación de fondos, pero el caso de Italia es particularmente comparable. Cuenta con cifras similares en el reparto que España y, sin embargo, ha conseguido el doble de absorción del dinero, pese a sus problemas para obtener el tercer pago. Hay otros países como Eslovaquia o Polonia que ni siquiera lograron empezar a ejecutar en los dos primeros años de vigencia.

El BBVA ha aplicado un nuevo recorte en su participación accionarial en la empresa alavesa Tubos Reunidos, en un proceso de venta progresiva que comenzó en 2008 y que ha llevado a la entidad financiera a abandonar el papel de accionista de referencia en la compañía fabricante de tubos sin soldadura. El banco, en una comunicación remitida días atrás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informa que ha rebajado del 14,7% al 9,95 su participación en la empresa. Fuentes de la entidad financiera han señalado que la operación tiene «sentido en un momento en que la compañía está en una buena posición y con resultados positivos». Tubos Reunidos, contra todo pronóstico, cerró el ejercicio de 2022 con un beneficio neto de 43,5 millones de euros. Ha sido el mejor resultado desde 2008 y también el punto de salida de un largo túnel, ya que una crisis múltiple llevó a la compañía a situarse al mismo borde de la quiebra. El Estado aceptó el rescate de la empresa con la concesión de créditos participativos y ayudas financieras por un importe total de 113 millones de euros, lo que permitió evitar el colapso de tesorería, afrontar nuevas inversiones y subirse a la ola de un mercado que ha remontado su demanda de tubos. El aumento de los precios del petróleo registrado en el último año junto a la eliminación del arancel especial del 25% impuesto en EE UU por el Gobierno de Donald Trump, ha permitido darle la vuelta a la cuenta de resultados. El BBVA ha sido hasta hace muy poco el accionista de referencia de la compañía alavesa –el que mayor participación tenía–, si bien había comenzado a diluir su participación desde 2008, justo en el momento en que las autoridades bancarias impusieron normas rígidas sobre la presencia de los bancos en el capital de empresas.

La innovación, vinculada al conocimiento y al desarrollo tecnológico, es el motor y elemento diferenciador que permitirá a la industria aeronáutica mantener su competitividad. Esta es una de las grandes conclusiones que dejó la Asamblea anual de Hegan, el Clúster Aeroespacial Vasco, que trazó una hoja de ruta de marcado componente de recuperación para el sector, tras un 2022 en el que los niveles de facturación y empleo se elevaron hasta niveles muy cercanos a los máximos alcanzados antes de la pandemia. Y con buenas perspectivas para 2023, pese al desafío que ha supuesto reactivar toda la cadena de suministro en un contexto de dificultades de abastecimiento, escalada de costes o una inflación disparada. La I+D+i no sólo juega un papel estratégico en el sector por lo que representa en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, sino porque confiere a la aeronáutica un rol tractor como dinamizador en una cuestión central como es la sostenibilidad. La industria, como afirmó Ana Villate, directora de Hegan, se enfrenta en los próximos años “a un cambio de paradigma teniendo como foco la neutralidad de emisiones tanto de la operación de las aeronaves como de la industria en general”. Y es en esa senda donde el aporte innovador que hace la aeronáutica en materias decisivas como descarbonización, hibridación, electrificación o emisiones neutras con nuevos combustibles como el hidrógeno o los SAF, se convierte en parte de la solución global. La aviación comercial prevé recuperar entre 2023 y 2025 los niveles previos a la pandemia y hasta 2041 el mercado requerirá 40.000 nuevas aeronaves.

El fabricante europeo Airbus y la aerolínea india IndiGo anunciaron ayer un acuerdo de venta de 500 aviones de la familia A 320, lo que constituye el contrato de la aviación comercial más abultado de la historia. Esto supone que “el número total de órdenes de aviones de Airbus para IndiGo es de 1.330, estableciéndose como el mayor cliente mundial de la familia A 320", indicó el constructor de aviones en un comunicado. El acuerdo se anunció a bombo y platillo en la primera jornada de la feria de aviación de Le Bourget, en París, la más importante del sector. En la firma participaron, entre otros, el consejero delegado de IndiGo, Pieter Elbers, y su homólogo de Airbus, Guillaume Faury. “Esta orden sin precedentes marca un nuevo capítulo en la relación entre Airbus e IndiGo, que está democratizando los vuelos asequibles para millones de personas en el mercado de aviación que más rápido está creciento”, aseguró Christian Scherer, jefe comercial de Airbus. Con el encargo de 500 aviones, IndiGo supera por 30 aparatos las órdenes de 470 aviones que su principal rival, Air India, anunció en febrero. Esta última, sin embargo, sumaba acuerdos tanto con Airbus como con su competidor estadounidense Boeing, e incluía también en el pedido algunos aviones de fuselaje ancho. Con un modelo de vuelos de bajo coste, IndiGo se encuentra entre las compañías que más se expanden en el mundo gracias al potencial del mercado indio, el país con más habitantes del planeta. 

Las menores presiones inflacionistas, el previsible esprint en la ejecución de los fondos europeos y la buena marcha de las exportaciones, pero también, y sobre todo, la inercia positiva del primer trimestre, cuando la economía sorprendió con un alza del 0,5%, junto a las revisiones que el INE hizo del PIB de trimestres anteriores, han llevado al Banco de España a retocar sustancialmente sus proyecciones para este año. Ahora, el supervisor prevé un crecimiento del 2,3% en 2023, siete décimas más que en el informe de marzo, a lomos precisamente del “efecto arrastre” que implicaron los ajustes de PIB efectuados por el INE en abril, cuando revisó al alza las tasas de crecimiento entre el segundo y el cuarto trimestre de 2022. De hecho, cinco de esas siete décimas de mejora se deben al ajuste automático por las revisiones del INE y al buen dato del primer trimestre, mientras que solo las dos décimas restantes se atribuirían al mayor dinamismo mostrado por la economía en los últimos meses. Así lo refleja el Banco de España en su último informe trimestral, presentado ayer, en el que la entidad supervisora rebaja en una décima el crecimiento para 2024, hasta el 2,2%, y prevé un repunte del PIB del 0,6% en el segundo trimestre de este año, una décima más que en el primero. Ese avance trimestral permitirá a España recuperar por fin los niveles de PIB previos a la pandemia, aunque más de tres años después de su estallido. A pesar de ello, España sigue rezagada en la recuperación y continuará estándolo en los próximos años. El Banco de España recordó ayer que la zona euro se encuentra, de media, un 2% por encima de los niveles pre-Covid, gap que la economía española aún tardará en cerrar. De hecho, aunque el PIB español crecerá a mayor ritmo que el bloque del euro durante todo el horizonte de proyección del informe de supervisor, a finales de 2025 España seguirá todavía sin sellar esa brecha. Esto es, habrá que esperar al menos a 2026 para lograrlo.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha augurado este lunes que se avecinan una desaceleración económica y más subidas de tipos de interés. "Son tiempos en los cuales nos vamos a encontrar con una desaceleración económica", ha afirmado De Guindos antes de avanzar que la inflación bajará "sin duda", aunque habrá más subidas de tipos de interés. "El futuro va a estar marcado por la incertidumbre", ha resumido en referencia a la inestabilidad financiera desatada en Estados Unidos y Suiza. No obstante, en el discurso pronunciado en la entrega del VI Premio de Periodismo Económico KPMG/Rosa del Río al periodista Ignacio Rodríguez Burgos, De Guindos ha calificado los datos del mercado laboral europeo de "impresionantes" por el crecimiento del empleo "tanto en número de personas como en horas trabajadas". En cuanto al futuro de Luis de Guindos en el BCE, según fuentes recogidas el pasado viernes por 'Bloomberg', el exministro de Economía del Gobierno de Rajoy habría descartado volver a España si el Partido Popular gana las próximas elecciones del 23 de julio, ya que pretende agotar hasta 2026 su mandato de ocho años no renovable como vicepresidente del BCE.

La falta de remuneración del ahorro centra el debate en el sector bancario. Las entidades se muestran reacias por ahora a ser más generosas. Aunque cada vez más voces urgen hacerlo: ayer fue el turno de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que instó a los bancos a que trasladen la subida de tipos a la rentabilidad de los depósitos, no solo al coste de los créditos. Y lo hizo teniendo sentado a su lado a Carlos Torres, presidente de BBVA. “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de tipos al ahorro de los españoles”, aseguró Calviño ayer en la inauguración de las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y patrocinadas por BBVA. Se trata de un tema que parece haberse enquistado hasta el punto de que la vicepresidenta económica avanzó que lo tratará en la próxima reunión con el sector, fechada para final de mes. “También hablaremos de la remuneración de los depósitos. Es evidente que los bancos tienen que remunerar los depósitos de los ciudadanos”, zanjó. Calviño se suma así a los organismos que han recomendado a la banca que retribuyan el ahorro de las familias. Desde la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. Incluso el Banco de España, en un artículo recogido en la Revista de Estabilidad Financiera, señaló hace unas semanas que la menor remuneración de los depósitos respecto a lo que ocurre en Europa se explica principalmente por la buena posición de liquidez de las entidades, aunque también puede influir en parte la falta de competencia. El sector financiero español sigue a la zaga en la rentabilidad que ofrece a las familias respecto a sus pares en el Viejo Continente. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres, descartó ayer mejorar la remuneración de los depósitos mientras el banco cuente con exceso de liquidez. Así lo señaló durante un curso organizado por la asociación de prensa de información económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. “En la medida que persista el exceso de liquidez, seguirá la situación actual”, sentenció Torres, preguntado por este punto, y descartó que “haya un problema de competitividad en la banca española”. “Estamos viendo como determinadas entidades ofrecen rentabilidades, pero los que tenemos exceso de liquidez no tenemos por qué hacerlo”, dijo. Torres también argumentó que remunerar los depósitos no es una cuestión que vaya ligada directamente a la subida de los tipos de interés, porque cuando éstos eran negativos, el banco tampoco cobró por los depósitos a ciertos perfiles. En este sentido, el banquero recordó que BBVA pone a disposición de sus clientes alternativas “muy atractivas” a través de fondos de renta fija, por ejemplo. El banco cuenta aún con un excedente de liquidez de 14.000 millones del Banco Central Europeo (BCE), de los que 11.000 tienen vencimientos el próximo 28 de junio, por lo que solo le quedaría por devolver 3.000 millones de euros al supervisor, a partir de julio.

El 23,4% de los jóvenes de entre 25 y 29 años en España tiene una baja cualificación –es decir, en el mejor de los casos, sólo han terminado hasta la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)–, lo que supone el porcentaje más alto de toda la Unión Europea y más del doble de la media comunitaria, del 11%. Según datos de Eurostat recopilados por Randstad Research y el CEU en un estudio publicado ayer, España se caracteriza por tener más jóvenes sobrecualificados que la media (en total un 54,4% del total, frente a una media europea del 43,4%) y más jóvenes sin estudios, mientras que la capa intermedia es muy inferior en proporción a la de otros países europeos. «Al contar con altas proporciones de jóvenes con alta y baja cualificación, en España el segmento intermedio (que incluye los estudios de FP) es muy reducido. Tan solo el 23,4% de los jóvenes en nuestro país cuentan con un nivel de cualificación media, mientras que en la UE la proporción es de un 45,2%», explican. Malta, Italia y Dinamarca son los tres países que siguen al nuestro en proporción de jóvenes con apenas estudios; mientras que en Croacia, Lituania e Irlanda prácticamente toda la población en esa franja de edad tiene estudios medios o altos. Que España sea el país europeo con más proporción de jóvenes sin estudios es una de las razones por las que es también el país con una mayor tasa de paro juvenil, entre otras cosas porque «se están reduciendo las ocupaciones que pueden desempeñarse sin unos niveles mínimos de cualificación, por lo que se aprecia un claro declive en las oportunidades laborales para los jóvenes sin estudios». De ahí que la tasa de paro para los jóvenes de entre 25 y 29 años sin cualificación sea del 24,8%, frente al 17,6% de la media de la UE. La tasa de desempleo es muy inferior entre los jóvenes españoles con unos estudios medios (16,6%) y altos (14%), pero en ambos casos la media europea es más del doble (8% y 6,5%).

La Formación Profesional vasca mira por la salud emocional de su alumnado y lo hace a través de un proyecto de innovación aplicada ‘made in Gipuzkoa’. Dos centros, el Easo Politeknikoa de Donostia y el Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola han desarrollado un programa durante dos años que busca mejorar el bienestar emocional de los estudiantes a través de la detección, la resiliencia y la manera de abordar los sentimientos. Coordinados por Tknika–centro de investigación aplicada de FP de Euskadi–, el programa ‘Bienestar emocional en la FP de Euskadi’ se puso en marcha en plena pandemia por el Covid y ayer fue premiado a nivel estatal entre más de 300 proyectos presentados. Ha obtenido el primer premio en la primera edición de los ‘Premios del bienestar emocional en el ámbito educativo’ organizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El punto de partida era una situación anómala como fue la pandemia. El objetivo: verificar si tenía un efecto negativo en el alumnado y desarrollar herramientas y recursos para hacerle frente. Entre los asuntos que han abordado en estos dos últimos años en materia de salud mental han tratado aspectos relacionados con la prevención del suicidio, la depresión, la ansiedad, o las adicciones, además de trastornos de la conducta alimentaria o trastornos del sueño. En las siete áreas han trabajado primero con un diagnóstico a través de encuestas en las que participaron los profesores y los estudiantes, para luego poner en marcha materiales educativos, actividades, talleres, mesas redondas o jornadas vinculadas con los temas tratados. «Es un proyecto de innovación relacionado con la salud mental y el desarrollo de herramientas que favorecen que el profesorado pueda tener información de cómo actuar para organizar un taller, o que el alumno pueda pedir ayuda o generar espacios en el aula donde puedan hablar», explica María José Barriola, directora del área de biociencias y sostenibilidad de Tknika.

LAB anunció ayer su regreso a Osalan después de casi 13 años fuera del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. La decisión se enmarca en la estrategia del sindicato abertzale de retomar su participación en algunos organismos públicos como este o el Consejo Económico y Social (CES), una estrategia que le distancia aún más de ELA, con la que vive una etapa de máximo enfrentamiento. Los dos sindicatos dejaron juntos Osalan en 2010 tras denunciar que «no quiere abordar las verdaderas causas de los accidentes de trabajo» y que se ha convertido en una institución «burocratizada e ineficaz», al servicio «exclusivo» de la patronal. El cambio de posición fue comunicado en el último congreso del sindicato abertzale. Ayer lo confirmó Igor Arroyo, coordinador general junto con Garbiñe Aranburu, y apuntó que la incorporación a Osalan se materializará el 29 de junio. Lo justificó en que se quiere así «poner de manifiesto las deficiencias de la política del Gobierno vasco y reivindicar medidas concretas a favor de los trabajadores vascos». Añadió que «se ha utilizado a Osalan para la propaganda institucional». A pesar de que el objetivo sea criticar la gestión del Ejecutivo autonómico, hacerlo desde dentro de las instituciones supone una diferencia significativa respecto a ELA, que prefiere permanecer fuera. Por ahora LAB no tiene intención de participar en la Mesa de Diálogo Social.

Ascongi, la Asociación de Empresas de la Construcción de Gipuzkoa, integrada en Adegi, celebró recientemente su asamblea anual seguida de una jornada abierta en la que participaron, además de directivos de empresas de la construcción de Gipuzkoa, representantes de las administraciones públicas y de la Universidad. La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU acogió el evento. Virginia Elvira, responsable de la Coordinación Sectorial de Adegi, repasó la actividad del último ejercicio; Esteban Umerez, abogado de Ipar Bilbao-Roca Junyent, explicó las actuaciones del Servicio de Promoción de la Calidad de la Contratación Pública y Patxi Sasigain, responsable de Competitividad e Innovación de Adegi, expuso lel informe de coyuntura del sector de la construcción. La apertura corrió a cargo del presidente de Ascongi, Txema Muñoz, que hizo un repaso de los retos a los que se enfrenta el sector. Xabier Ostolaza, director de la Escuela de Ingeniería de la UPV, mostró su satisfacción por acoger el evento y presentó la oferta formativa de la Escuela y de la UPV/EHU relacionada con el sector de la construcción. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de Considerate Constructors Scheme, una organización del Reino Unido que, durante las tres últimas décadas, a través del programa Considerate Constructors ha fomentado y apoyado la mejora del impacto de la actividad de la construcción en la comunidad, el medio ambiente y los trabajadores. También participó en el encuentro: Paul Liceaga, director general adjunto de Adegi. 

La inteligencia artificial (IA) generativa podría suponer un aumento de la productividad de billones de dólares para la economía mundial, según concluye el informe de McKinsey & Company El potencial económico de la IA generativa: la próxima frontera de la productividad. En concreto, el estudio analiza 63 nuevos casos de uso en 16 funciones empresariales que, según explican, podrían sumar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares (2,3 y 4 billones de euros) en productividad global anual. Una cifra comparable a los 3,1 billones de dólares del PIB del Reino Unido en 2021. McKinsey calcula también que, excluyendo a la IA generativa, los casos de uso de la inteligencia artificial y la analítica podrían aportar anualmente entre 11 y 17,7 billones de dólares de valor a la economía mundial. Además, agregar la IA generativa a estos casos podría aumentar esa cantidad entre un 15% y un 40%. El informe destaca que el uso de esta última tecnología podría aumentar la productividad laboral entre un 0,1% y un 0,6% cada año hasta 2043, compensando el descenso del crecimiento del empleo debido al envejecimiento de la población. La consultora explica que este valor surge a medida que la IA generativa transforma el trabajo, elevando las capacidades de los trabajadores mediante la automatización de algunas de sus actividades individuales. El trabajo de McKinsey destaca que las capacidades actuales de la IA generativa, junto con las de otras tecnologías, tienen el potencial de automatizar ciertas actividades laborales que hoy absorben entre el 60% y el 70% del tiempo de los empleados.

Los ministros de Energía de la UE dieron ayer su visto bueno final a la revisión de la directiva de renovables (RED III) que da un fuerte impulso a las energías verdes, al fijar un objetivo vinculante de consumo de renovables en Europa para 2030 de 42,5%, frente al 32% obligatorio marcado hasta ahora. El acuerdo, que había sido cerrado preliminarmente el viernes a nivel de embajadores, provocó, no obstante, hasta el último momento la tensión entre varios países en torno a la cuestión de la energía nuclear. Mientras Francia, al frente de una decena de Estados miembros, celebraba haber logrado un mayor reconocimiento en el texto aprobado a la energía nuclear, otros países, como Alemania y España, los mayores detractores de equiparar la nuclear a otras energías limpias, manifestaron tanto el fin de semana como ayer su malestar tanto por el fondo del asunto como por la forma en que París presionó para reabrir un acuerdo ya cerrado en marzo, para forzar su posición. “La directiva de renovables estaba cerrada desde hace tres meses, y creo que deberíamos aplicar como buena práctica respetar los acuerdos alcanzados y no reabrir de nuevo estos asuntos”, dijo la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a su entrada a la reunión. “No es la manera en que creemos se debe seguir trabajando, ya lo vimos con los motores”, agregó en referencia al bloqueo a la ratificación que impuso Alemania a comienzos de año al acuerdo para acabar con la venta vehículos nuevos de combustión en 2035 hasta que logró incluir una excepción para el combustible sintético.