20230720

Confebask celebra su habitual Consejo General que, en esta ocasión, confirma la sustitución de la hasta ahora presidenta, Isabel Busto, por Tamara Yagüe. Confebask hace un llamamiento a las instituciones para ofrecer una respuesta conjunta y urgente al reto demográfico que tiene Euskadi. En esta década necesitaremos atraer a 140.000 personas para cubrir el relevo generacional y mantener el crecimiento de nuestras empresas: hay que pasar del diagnóstico conocido a las soluciones para abordarlo. La previsión de crecimiento para este año se sitúa en el entorno del 1’5% con una ralentización de la actividad en otoño, aunque no se prevé una recesión. Las empresas manifiestan mayoritariamente su intención de crear o mantener el empleo. Las empresas, preocupadas por la falta de personas, la reducción de márgenes y la rentabilidad, la dificultad creciente de financiación por la subida de tipos, y el alto absentismo laboral en Euskadi. Entre los retos, Confebask detecta la necesidad de mejorar la orientación educativa y profesional en edades tempranas para fomentar las vocaciones empresariales e industriales, así como abordar una nueva mirada fiscal más enfocada en el crecimiento económico, la creación de riqueza y de empleo, como mejor garantía para obtener recursos públicos con los que financiar el estado del bienestar. Mayor reconocimiento social al empresario/a, puesta en valor del acuerdo y el diálogo social, impulsar el liderazgo de las mujeres en el mundo empresarial, y la colaboración público-privada, ejes para la superación de los actuales retos. Ver más en Confebask. 

Tamara Yagüe, la nueva presidenta de la organización empresarial vasca Confebask, se quejó ayer de los ataques que recibe el colectivo empresarial desde estamentos «políticos», aunque no quiso concretar a qué partidos o responsables institucionales se refería. «Todos sabemos de qué estamos hablando», puntualizó, tras destacar que uno de los objetivos con los que afronta el mandato que ahora inicia es el de «poner en valor la aportación de la empresa y del empresariado». La patronal vasca, además, hizo ayer una valoración moderadamente positiva de la evolución económica y aunque prevé que en otoño haya una cierta desaceleración de la demanda en la industria, descarta que estemos a las puertas de una recesión. Tamara Yagüe, hasta ahora presidenta de la patronal vizcaína de empresas del metal, ha sido elegida por Confebask para asumir el liderazgo de la cúpula de representación empresarial en Euskadi, en sustitución de Isabel Busto. El nombramiento se ha producido por designación de la patronal vizcaína Cebek, ya que le correspondía por turno a esta organización, tras los cuatro años que ha estado en manos de representantes de la guipuzcoana Adegi. «Debemos hacer entender que el legítimo beneficio que obtienen las empresas se traduce en un claro dividendo social, en forma de empleo, inversiones, desarrollo económico e impuestos, lo que a su vez supone más recursos públicos y mayor beneficio social», defendió Tamara Yagüe. Así, reclamó «un reconocimiento social» al papel que juega el empresario en la sociedad «porque estamos en una época en la que buena parte del discurso político y en medios de comunicación va en sentido opuesto», dijo. La nueva presidenta se felicitó de los avances en el diálogo social, que, remarcó, «nos han permitido estar en un récord de concertación de los últimos años». 

La patronal reclama una estrategia de país al advertir que Euskadi necesita atraer en esta década a 140.000 personas para cubrir el relevo generacional y mantener el crecimiento de nuestras empresas. Según Confebask, el 25% de los grados de FP y el 55% de los estudios elegidos en la Universidad están muy lejos de las necesidades del tejido productivo. Euskadi se queda, literalmente, sin trabajadores. Una realidad derivada de una pirámide poblacional famélica y en la que no hay niños ni jóvenes y que coincide con la ‘gran jubilación’ de toda la generación del ‘baby boom’, que empieza ya a ser una realidad. En ese diabólico escenario, y cuando Euskadi afronta grandes transiciones como la energética o la digital que requieren perfiles muy determinados, Tamara Yagüe, que ayer fue designada como nueva presidenta de Confebask, puso en primera línea de los «retos de país» que afronta el País Vasco la puesta en marcha «urgente» de un plan con el que «entre todos» se logre traer y retener el talento que nos va a hacer falta en muy breve. Para ilustrar la gravedad de este problema, la nueva responsable de la patronal –que sustituye en el cargo a la donostiarra Isabel Busto–explicó que «en esta década (de 2020 a 2030) necesitaremos 140.000 personas sólo para cubrir el relevo generacional en nuestras empresas». Junto a esto, la también presidenta de la Confederación Vizcaína de Empresas del Metal expuso otras preocupaciones de la patronal, como la caída de los márgenes, el absentismo o la subida de los tipos de interés. Y abogó –ahora que Euskadi trabaja en una reforma fiscal– por un marco tributario que «incentive y estimule el crecimiento económico y la creación de riqueza». «Hay que pasar del diagnóstico conocido a las soluciones para abordar el reto demográfico», advirtió Yagüe

El enfriamiento de la economía, que este año ha dejado en recesión técnica a dos de los principales compradores industriales de Europa –Alemania y Reino Unido–, ha afectado a la corporación Mondragón, cuya división industrial vende el 75% de su producción en el extranjero. Así, hasta mayo la agrupación empresarial presidida por Iñigo Ucín vio cómo sus ventas moderaron el crecimiento al 6,5%. Se trata de un ritmo que está por debajo del 10,7% registrado el pasado 2022 (sin contabilizar Orona y Ulma), con un total de 10.607 millones en un año bueno en el que se superó un escenario complejo por la guerra de Ucrania. Así lo explicó ayer el propio Ucín en el congreso que la corporación celebró en San Sebastián, en el palacio Kursaal. Para el presidente de la primera agrupación empresarial de Euskadi y la décima de España, «hay síntomas de una ralentización de la evolución de las principales economías europeas, lo cual puede tener efectos en nuestros negocios». A pesar de ello, el presidente de Mondragón reivindicó que las ventas siguen al alza y se mostró convencido de la capacidad del grupo «para hacer frente a posibles coyunturas adversas» como ha venido haciendo hasta ahora. En la presentación de las cuentas de 2022, el área industrial siguió siendo la más importante del grupo con un crecimiento del 15%, sin contar el efecto Orona y Ulma, que salieron del grupo el pasado noviembre. La facturación de estas dos cooperativas alcanzó el año pasado 2.000 millones que no se han sumado al negocio del grupo y que han reducido el peso de la industria en siete puntos. Así, las ventas de este área supusieron 6.017 millones en 2021, un 52% del total. En cambio, el año pasado se quedaron en el 45% con 4.848 millones.

La Corporación Mondragon celebró ayer su Congreso anual en su escenario habitual, el palacio del Kursaal, en el que su presidente, Iñigo Ucín, ofreció el descargo de lo acontecido y el balance económico de un 2022 atípico y marcado a fuego en lo externo por la guerra de Ucrania y sus consecuencias y en lo interno por las salidas del perímetro del Grupo de Ulma y Orona a las que el conglomerado cooperativo no aludió en ningún momento. De hecho, presentó sus cuentas eliminando de las mismas (y de las de 2021) cualquier presencia de ambas firmas. Mondragón celebró que «el grueso» del conglomerado cooperativo superó «con nota» un año tan complejo y expuso que sus ventas industriales crecieron un 15,6% interanuales, hasta situarse en 4.848 millones de euros. La Corporación explicó también que su área fabril, que obtuvo unos resultados netos de 222 millones (un 2,2% más) y que empleó a 27.316 personas de media, con un alza de 395 puestos, «no pudo repercutir todo el incremento de costes generado por el alza de las materias primas, la energía y, en general, todos los gastos», lo que tuvo su impacto. La clave del ejercicio, subrayó, fue «la eficiencia interna», mientras las ventas exteriores industriales siguieron siendo el soporte de la división, al suponer el 75% de la facturación total. El capítulo de la inversión creció un 22,5% para situarse en 197 millones.

El Congreso Anual de Mondragon sirvió también para dar a conocer a los 650 representantes de las cooperativas una de las apuestas estratégicas del Grupo, la creación de una nueva división dedicada al ‘Conocimiento’. Una apuesta construida sobre la idea de potenciar la colaboración y los proyectos comunes entre los distintos miembros de ese nuevo área. En concreto, los responsables corporativos presentaron la propuesta ‘Estructuración de la División de Conocimiento’, que fue votada y aprobada. De esta forma, se suman a ese nuevo conglomerado los centros educativos de la Corporación (Arizmendi Ikastola, Politeknika Txorierri y Lea Artibai); la universidad, Mondragon Unibertsitatea (con sus tres facultades: Ingeniería, Empresariales y Humanidades); y también los centros tecnológicos (Ikerlan, MIK, Lortek eta Leartiker). La suma, señaló Ucín, es un paso más que contribuye a fortalecer el concepto de ‘ecosistema’ de Mondragon y un proyecto que «pone nuevamente en valor la capacidad de colaboración entre diferentes entidades para alcanzar objetivos más ambiciosos». La nueva división, integrada por once entidades, con cerca de 2.000 personas y un presupuesto próximo a los 150 millones de euros, aspira a «desarrollar un proyecto socio-empresarial más potente en el ámbito del conocimiento que además permita abordar retos más complejos en el futuro», dijo Mondragon. En este sentido, el Grupo puso en valor que el número de familias de patentes vigentes que mantiene Mondragon, y que asciende a 393, «es una cantidad realmente relevante en el conjunto de Euskadi». Junto a eso, añadió la Corporación, los gastos totales en I+D realizados por las cooperativas industriales ascendieron a 174 millones. Además, concluyó, se han presentado más de 100 propuestas a programas europeos de I+D.

Eroski vuelve a llamar a la puerta de bancos y fondos para apuntalar su estructura de capital cuatro años después de haber salvado su gran match ball financiero. La cadena vasca de supermercados ha iniciado las negociaciones para reestructurar sus 750 millones en deuda. Sus planes pasan por emitir un bono de entre 400 y 500 millones y firmar créditos por 250 millones en los que participen tanto la banca española, que vendió la deuda del grupo, como de instituciones públicas nacionales y autonómicas, según indican fuentes financieras. Eroski firmó en 2019 una operación definitoria para su futuro. Consiguió refinanciar sus 1.500 millones de euros de pasivo y blindar su histórica estructura cooperativa para salvar una complicada situación financiera que arrastraba desde la crisis, cuando llegó a acumular 4.000 millones de pasivo. A cambio, los acreedores le reclamaban desinvertir en algunos negocios, como Caprabo, donde vendió el 50% al magnate checo Daniel Kretinsky. También ha vendido sus agencias de viajes a W2M, una firma de Iberostar. Y ha realizado otras ventas menores, de sus hipermercados y de 27 supermercados. Esta transacción liberaba a Eroski a atender ningún vencimiento de su pasivo hasta 2024. Estructuraba la deuda en dos tramos. Uno de 1.000 millones, con un cupón del euríbor más el 2,5%. Y otros 540 millones, en un préstamo de tipo bullet, que expira en 2027 y un interés máximo del 0,5%. En estos años Eroski ha demostrado a sus acreedores que ha cumplido con creces lo prometido en 2019. Según sus últimas cuentas anuales, amortizó 43 millones en 2021, lo que le permitió que los bancos le condonasen otros 250 millones. Actualmente, el pasivo del grupo asciende a los 750 millones, de los cuales 500 millones vencen el año que viene y 200 millones en 2027.

Moira Capital, firma de inversión de capital privado, y la gestora donostiarra Inbergune (propiedad al 60% de la primera) se han hecho por siete millones de euros con un 30% del capital de la ‘biotech’ también afincada en San Sebastián Cimico, compañía especializada en soluciones para el tratamiento biológico de aguas residuales, tanto para entornos urbanos como industriales. Según explicaron los protagonistas de la operación a DV, el importe de la operación se dedicará «íntegramente a la financiación de un ambicioso plan de negocio nacional e internacional». Éste incluye, añadieron, «una fuerte y continua inversión en I+D+i para continuar a la vanguardia en el desarrollo de nuevas soluciones biotecnológicas, a lo que se suma la financiación para el escalado industrial en aguas residuales reales de cinco nuevas tecnologías desarrolladas por Cimico». Además, apuntaron, está previsto dar un impulso a la estructura comercial nacional e internacional, y por último, la incorporación de profesionales clave para fortalecer y completar al actual equipo. Fundada en 2019 por Luis Larrea Urcola, científico con más de 40 años de experiencia en el campo de las biotecnologías aplicadas al tratamiento biológico de aguas residuales y eliminación de nutrientes, Cimico es capaz de diseñar a medida la solución que mejor se adapta a las necesidades específicas de cada cliente y depuradora, ofreciendo diversas tecnologías propietarias y un servicio técnico biológico completo. En la actualidad, y liderada por Inés Larrea, CEO de la compañía, cuenta con clientes públicos, como Emasesa (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla), y también privados, entre los que figuran Facsa, empresa de gestión del agua con 260 estaciones depuradoras y presencia en 13 comunidades autónomas; Papresa, fabricante de papel del País Vasco; o Aquatech, líder mundial en sistemas de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales para la industria.

El fabricante alavés de botellas de vidrio Vidrala ha cerrado un magnífico primer semestre del año, con un beneficio neto de 128,7 millones de euros, que supone multiplicar por 2,3 veces el resultado obtenido entre enero y junio del pasado año. La cifra, además de reflejar un incremento de las ventas, también revela la recuperación de márgenes de la actividad tras haber superado el primer impacto del aumento de costes de la energía y también de las materias primas. La empresa presidida por Carlos Delclaux ha mejorado en 10 puntos su margen sobre ebitda –ahora es del 27%– en un contexto marcado por una «demanda sólida de los envases de vidrio», según ha señalado la compañía, al tiempo que se ha producido también un aumento de precios de venta que ha permitido reequilibrar el efecto de los costes de producción. La fabricación de botellas de vidrio es una actividad muy dependiente del suministro de gas, que provocó el pasado año un importante aumento de costes y obligó a la compañía a realizar inversiones urgentes para transformar algunos hornos y operar con diésel. Además de adquirir nuevas empresas para incrementar su ámbito geográfico de actuación, Vidrala puso recientemente en funcionamiento un nuevo horno en sus instalaciones de Portugal, que le ha permitido incrementar de forma sustancial su capacidad de producción. Por otra parte, la empresa se muestra confiada en la futura evolución de la actividad, ya que el vidrio se ha configurado como el sustituto natural del plástico, en un momento en que los envases de este tipo están muy cuestionados por su efecto contaminante. «La demanda de envases de vidrio en las regiones de actividad de la compañía sigue mostrando sólidos fundamentos. El vidrio, como el envase sostenible definitivo, seguirá recibiendo un apoyo continuado por parte de consumidores, propietarios de marcas y envasadores», indica la empresa en la comunicación de sus resultados.

La transición hacia el vehículo eléctrico está comenzando por arriba, por los coches más caros que solo algunos pueden adquirir. Se suponía que con el paso del tiempo y la escalabilidad en las fábricas (la unidad no cuesta lo mismo si se producen tres coches que si se producen en masa), el precio de los modelos eléctricos para un público de menor poder adquisitivo iba a disminuir. Sin embargo, pese a que avanzan en ventas, e incluso en Europa ya se matriculan más vehículos eléctricos puros que de diésel, su precio no disminuye. “A día de hoy el coche eléctrico supone un desafío financiero enorme para el sector; no sabemos cómo hacer vehículos eléctricos rentables. El coste de la batería es demasiado elevado para ser compatible con una aplicación de vehículo de pasajero”, explica en una entrevista a CincoDías Francisco Carranza, consejero delegado de Basquevolt, empresa vasca con un 25% de capital público, que aspira a fabricar la batería de estado sólido del futuro. “Con nuestra tecnología es posible vender un coche eléctrico a 15.000 euros”, asegura este directivo con más de 20 años en el sector con pasado en Nissan y ACC (filial de baterías de Stellantis y Mercedes-Benz), que señala que el proyecto de Basquevolt es “único en Europa”. Las baterías que se usan hoy día en los coches eléctricos están hechas de un electrolito líquido, inflamable, mientras que las de Basquevolt son de estado sólido, no inflamable. Esto último no es nuevo, muchos fabricantes investigan baterías de estado sólido (sobre todo asiáticos y estadounidenses), la diferencia que aporta Basquevolt es que su electrolito sólido está hecho de polímeros. “Lo importante no es solo que la propiedad intelectual sea europea, sino que los proveedores clave también sean europeos”, subraya Carranza, quien destaca el papel de Michel Armand en el proyecto.

La transición hacia el vehículo eléctrico alcanzó en junio un nuevo hito. Por primera vez, las ventas de vehículos eléctricos puros nuevos superaron a las de los coches diésel con 158.252 unidades frente a 139.595, respectivamente, según datos de la asociación europea de fabricantes de coches, ACEA, publicados ayer. Así, la cuota de mercado de los eléctricos puros fue del 15,1%, más de cuatro puntos más que en el mismo mes del año pasado. Esto se debe al fuerte incremento de las matriculaciones de coches eléctricos, que avanzaron un 66,2% en el sexto mes del año en la Unión Europea, mientras que los diésel retrocedieron un 9,4%. En lo que va de año, los automóviles diésel continúan por encima con 789.465 entregas frente a las 703.586 de los eléctricos. Este sorpasso del eléctrico al diésel fue impulsado por el gran incremento de las entregas en grandes mercados como Alemania (se vendieron un 64,4% más de eléctricos) y Francia (subió un 52%). En los dos mayores mercados de automóviles de la Unión Europea, las entregas de eléctricos superaron con comodidad a los diésel, sobre todo en Francia, donde las matriculaciones de coches eléctricos casi duplicaron a los diésel. En otro de los grandes mercados del continente, pero que se encuentra fuera de la UE, Reino Unido, las ventas de coches eléctricos están muy por delante de los de gasóleo, con 31.700 ventas de eléctricos en junio frente a 6.221 del diésel (en el mismo mes del año pasado, los eléctricos también superaban por amplio margen a los gasóleo en Reino Unido). La otra cara de la moneda fueron Italia y España, dos grandes mercados en los que los eléctricos están muy lejos de los niveles del diésel.

Kutxabank ha hecho valer su cuota de mercado en la banca comercial captando en lo que llevamos de año 2.393 millones para fondos de inversión, que le han convertido en el segundo banco español en atracción de capital y han elevado el total de los recursos gestionados por encima de los 35.000 millones de euros, un 15% más que el año pasado. Se trata de la opción a la que la banca ha preferido dar prioridad mientras mantiene su política de no remunerar los depósitos. Un negocio que el año pasado reportó a la entidad presidida por Antón Arriola 111 millones, el 30% de los ingresos por servicios que registró Kutxabank. El volumen más importante de los 35.000 millones es el depositado en fondos de inversión, un total de 24.945 millones, que supone un incremento del 22% respecto al año pasado. En cuanto a los planes de pensiones y EPSV, han superado por primera vez los 10.000 millones de euros, un 4,5% más que hace un año, y permiten a la entidad liderar este mercado con un 48% de cuota en las herramientas de ahorro de previsión social voluntaria.

Tras la salida de los negocios no renovables de México, Iberdrola centra su estrategia en Estados Unidos con Avangrid. La compañía, de la que la eléctrica vasca posee el 80%, celebró ayer su Junta de Accionistas y aprobó las líneas estratégicas para seguir creciendo en el mercado estadounidense, donde cuenta ya con más de 41.000 millones de dólares en activos. Los accionistas de la compañía americana respaldaron la estructura de gobierno con Ignacio Galán como presidente y Pedro Azagra como consejero delegado para seguir extendiendo las redes y la construcción de instalaciones de generación renovable. El pasado año, las inversiones en el país norteamericano ascendieron a 2.700 millones y en este 2023 se prevé la puesta en funcionamiento del primer gran parque eólico marino, el ‘Vineyard Wind 1’, que frente a las costas de Massachusetts generará energía para 400.000 hogares. En Estados Unidos, la filial de Iberdrola cuenta con una potencia instalada de 8,6 Gw y se convierte en un actor principal en la apuesta de la Administración Biden por la extensión de las renovables enmarcada en la Ley de la Reducción de la Inflación –IRA, por sus siglas en inglés– y que prevé una inversión de más de 350.000 millones de dólares para, entre otras cosas, promover la generación verde de energía. Iberdrola lleva varios años tratando de ganar tamaño en EE UU, donde ha intentado convertirse en el primer generador de energía renovable con la adquisición de la compañía PNM Resources.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, lanzó ayer duras críticas contra la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por la guía elaborada por este organismo sobre prácticas laborales y acuerdos de negociación colectiva que pueden limitar la competencia. Tras manifestar «una discrepancia radical» con su contenido por considerarlo alineado con los intereses empresariales, exigió «su retirada y no aplicación por parte de la Administración vasca». El documento que ha indignado a Mendia lo presentó la Autoridad Vasca de la Competencia, liderada por Alba Urresola, en un acto de la patronal Cebek a finales de mayo. El informe identifica «actuaciones que típicamente se dan entre los distintos actores sociales, al amparo de la normativa laboral, que son potencialmente limitativas de la competencia efectiva». Por ejemplo, la guía advierte contra los acuerdos incluidos en los convenios colectivos que prohíben la contratación a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). «Es una cláusula que puede llegar a ser problemática. Introduce una limitación a la libertad de la empresa en la medida en que se le impide utilizar un servicio previsto por la normativa laboral. Por otro lado, imposibilita a las ETT a prestar sus servicios a las empresas sometidas al convenio», señala. El documento también censura que se incluya en la negociación colectiva la limitación de la subcontratación, la regulación de las horas extra, la ordenación del tiempo de trabajo del establecimiento o la fijación de los salarios. La vicelehendakari critica que la polémica guía «parte de cuestionar la negociación colectiva, además de no haber tenido en cuenta en su elaboración ni a los agentes sociales ni a la propia autoridad laboral, que es la que garantiza el cumplimiento de la legalidad».

Cuando parecía que las dudas sobre el TicketBai eran ya una cuestión del pasado, el sistema de cobro digital ha suscitado una división soterrada entre los hosteleros y las asociaciones de txosnas de Vitoria a las puertas de La Blanca. La patronal SEA y la asociación Gasteiz On exigieron este miércoles su obligatoriedad en los recintos festivos al advertir una potencial «competencia desleal». La Diputación avisa de que como norma general, «cualquier actividad económica» debe implantar el sistema, pero deja la decisión «bajo responsabilidad» de las txosnas. La gran pregunta gravita sobre si los recintos festivos deben instalar el sistema de cobro digital. La respuesta corta es que sí, pero no hay un criterio específico que regule las txosnas. La propia Diputación de Álava, competente en el funcionamiento y cumplimiento del TicketBai, asegura que la situación de las casetas debería analizarse «caso por caso» para conocer si están exoneradas o no. Eso sí, les emplaza a realizar la consulta por sí mismas a la Diputación, «como lo han hecho el resto» de los negocios. «Cada contribuyente tiene que preocuparse de estar al corriente con Hacienda», explican. TicketBai cuenta con diversos «supuestos» que exoneran a asociaciones, colectivos y otros agentes de su implantación. Por ejemplo, algunas entidades altruistas. Sin embargo, el departamento foral de Hacienda advierte de que esta máxima no debe aplicarse a ciegas. «No tener ánimo de lucro no significa estar exonerado de forma automática», afirman. Para conocer los casos excepcionales, insiste en que «habría que determinar el tipo de entidad que promueve cada una de las txosnas para saber si están exoneradas» de instalar el sistema de facturación digital. El año pasado fueron siete las carpas que se colocaron. La institución insta a quien tenga «dudas» a consultar a la Hacienda foral «por teléfono o la página web», y recuerda que el incumplimiento de este deber «es susceptible de sancionarse». Pero la falta de una regulación específica para la actividad festiva y la obligación de enmarcarla en función de la naturaleza de cada asociación encendió las alarmas de los hosteleros, por un lado, y de la Comisión de Txosnas municipal, por otro. Luis Cebrián, responsable de sectores de SEA, comparó la actividad de las txosnas con Ardoaraba. «Podríamos asimilarlo a una oferta hostelera temporal. Si funcionan como una empresa, tienen que cumplir el TicketBai», dijo en Radio Euskadi. No obstante, añadió que «la clave de todo es qué tipo de agente o figura jurídica realiza la actividad en la txosna». La respuesta por parte de la Comisión de Txosnas no se hizo esperar, y un portavoz calificó de «burrada» la comparación de una caseta con una empresa corriente.

La radiografía del comercio vizcaíno a finales de 2022 muestra un sector experimentado y de pequeño tamaño. Pero también inmerso en profundos cambios. Menos familiar, porque solo el 30% de los negocios que fueron traspasados lo fueron entre padres e hijos. La globalización, las nuevas necesidades de la clientela y la evolución demográfica están obligando a los minoristas a adaptarse a una realidad complicada e incierta, marcada por los cambios de hábitos, pero también por la pandemia y la crisis de precios derivada de la invasión de Ucrania. En este contexto, los negocios se han lanzado a las plataformas digitales para evitar que los más grandes les coman un terreno abonado, en muchos casos durante décadas, y el 19,6% de los negocios del territorio venden ya a través de internet, cifra que en Bilbao se eleva hasta el 27,4%. En 2019, antes de la pandemia, estos porcentajes eran casi de la mitad. El dato está recogido en el Barómetro del Comercio 2022, elaborado cada año por el observatorio vasco de esta materia, Enfokamer. El importante «incremento» –el año pasado el índice de tiendas con venta online se situaba en el 15,3%– no ha pasado desapercibido para el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno autonómico, que presentó ayer el informe de resultados de las tres provincias. La «tendencia» al alza hacia «la necesaria digitalización», en palabras del consejero Javier Hurtado, alcanza cada vez a más minoristas.

Las principales arterias comerciales de Euskadi, que de lunes a sábado son un hervidero de gente, están desiertas los domingos y festivos. Y en Bizkaia, más que en ningún otro territorio vasco. El 87,4% de los minoristas del territorio no levantan la persiana los días de guardar, casi tres puntos más que en Gipuzkoa y uno y medio más que en Álava. Bilbao también se sitúa a la cabeza de ciudades que echan el cerrojazo, con el 88,6% de los negocios de la ciudad sin actividad (en Vitoria la tasa se reduce al 85,1% y en San Sebastián, al 83%). Solo un 4,2% de los comercios vizcaínos abren todo el día y un 8,4% lo hacen hasta la hora de comer. Son, en la mayoría de los casos, tiendas de alimentación como panaderías, fruterías... El porcentaje de los negocios que permanecen cerrados los festivos es ligeramente superior al de 2021, cuando estaba en esa situación el 87,8%. Y esos datos no parece que vayan a variar, porque solo el 4,9% de quienes no trabajan esos días estarían dispuestos a hacerlo. La directora de Comercio, Elena Moreno, señala que «no está totalmente claro» que los clientes quieran que los negocios amplíen las jornadas de apertura. Están a la espera de concluir con en análisis del Barómetro del Consumidor, pero destaca la responsable institucional que «hay consumidores que están en contra» de que los comerciantes trabajen domingos y festivos porque los propios compradores «valoran la conciliación familiar». El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, recuerda que tienen la posibilidad de hacerlo, porque para los negocios de menos de 150 metros cuadrados, «hay libertad de apertura». Eso sí, matiza, el sector en Euskadi está compuesto por negocios que, en el 70% de los casos, «tienen entre uno y dos trabajadores». 

El comercio guipuzcoano es experimentado, es el más euskaldun del País Vasco y consigue del turismo una parte importante de sus ingresos. Estos y otros muchos más datos están recogidos en el Barómetro del Comercio 2022, elaborado cada año por el observatorio vasco de esta materia, Enfokamer, y presentado ayer por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y la directora de Comercio, Elena Moreno. El arraigo entre los comerciantes del territorio es fuerte. El 49,8% de los pequeños comercios de Gipuzkoa son locales con más de 20 años de antigüedad. En cuanto a la comparación con el resto de los territorios históricos, se aprecia una experiencia más dilatada en el comercio del territorio, con una antigüedad media de 25 años. Por el contrario, en Álava la antigüedad media del sector desciende hasta los 21 años, destacando a la baja especialmente el comercio de la capital, Gasteiz. En Euskadi la antigüedad media de los comercios es de 23 años. Respecto al idioma que utilizan con la clientela, este estudio concluye que la mitad del comercio vasco se siente capacitado para atender en euskera, mientras que un 41% afirma tener dificultades para hacerlo, porcentaje que se incrementa según sea menor el tamaño del comercio. Esto, además, cambia notablemente por territorios, con un 79,3% de comercios guipuzcoanos que dicen poder comunicarse en euskera frente al 44,8% de vizcaínos y el 32,9% de alaveses. Las diferencias son notables. Los comerciantes estiman que de media un 29% de su clientela elige el euskera para comunicarse. También aquí las diferencias territoriales son altas, con el 11,9% de Álava, el 18,8% en Bizkaia y el 46,2% en Gipuzkoa. Por otro lado, también cabe destacar que el peso del turismo en un territorio como el guipuzcoano es palpable. Cerca de la mitad de los comercios –el 47,6%– otorga peso a los turistas en el porcentaje del total de la afluencia a sus establecimientos, y en San Sebastián ese porcentaje se eleva hasta el 58,5%, bastante por encima del 46,2% de Bilbao y el 43,1% de Vitoria. 

Hoy jueves, Bankinter dará el pistoletazo de salida de la presentación de los resultados semestrales de la banca. No habrá sorpresas. Por el contrario, la senda de recuperación de los beneficios se mantendrá en todas las entidades. La subida de los tipos de interés y la ausencia de morosidad explicarán la mayor parte del crecimiento. Los beneficios de los seis grandes bancos que cotizan en Bolsa ascendieron en el primer trimestre de este ejercicio a 5.696 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 13% respecto al mismo periodo de un año antes. Todo indica que para los seis primeros meses de 2023 el crecimiento respecto al mismo semestre de 2022 será superior, situándose el crecimiento en el entorno de al menos el 20%. “Las cuentas de este semestre son muy buenas”, señalaba recientemente el responsable de uno de los principales bancos españoles, que no concretaba más porque se lo impide el periodo de silencio existente para los días previos a que se hagan públicos. “Las cifras son mucho mejores que en el primer trimestre”, reconocen en otro de los grandes bancos. La razón esencial de esta mejora es que los tipos de interés han seguido subiendo y por lo tanto lo hacen los ingresos. Pero también hay que recordar que en marzo los beneficios fueron menores a lo esperado, porque los bancos tuvieron que descontar todo el gravamen temporal de 1.120 millones, que impuso el Gobierno y que en este trimestre no tienen que hacerlo. Por poner dos ejemplos: Sabadell y Unicaja declararon entonces unos beneficios inferiores a los de marzo de 2022 por el impacto del impuesto especial. Ahora declararán un fuerte aumento de sus resultados semestrales. Los tres grandes bancos (Santander, BBVA y CaixaBank) obtuvieron 2.571 millones de euros, 1.846 millones y 855 millones de beneficios, respectivamente, en el primer trimestre del año. Mientras que las cifras de Santander apenas crecieron el 1%, las de BBVA aumentaron casi el 40% y las de CaixaBank subieron por encima del 21%.

Ya es definitivo y oficial. Antonio Garamendi podrá seguir al frente de la CEOE a partir de 2026 y sin ninguna fecha de caducidad. Las voces discordantes que en los últimos meses se habían alzado –aunque de forma extraoficial– contra el hecho de poder perpetuarse en el cargo se apagaron y la Asamblea General que celebró ayer la CEOE aprobó sin ningún voto en contra y solo una abstención eliminar el límite de dos mandatos consecutivos en la presidencia. De esta forma, Garamendi podrá optar a una tercera legislatura si así lo desea, aunque rehusó desvelar sus intenciones argumentando que hace pocos meses que ha sido reelegido. «Me quedan cuatro veranos de presidente de la CEOE. Yo qué sé lo que pasará dentro de cuatro años», declaró. En su discurso, exigió al próximo Gobierno «acabar con la campaña de acoso y derribo» contra las empresas y empresarios con nombres y apellidos y cargó contra «la decena de cambios normativos» que ha introducido el Ejecutivo «con nocturnidad y alevosía». Era el último trámite que faltaba para reformar los estatutos de esta institución y cambiar las normas de juego para optar a la presidencia de la CEOE y no ha habido ninguna sorpresa. Antes, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo ya había dado su visto bueno el pasado 21 de junio a la modificación de estatutos prácticamente por unanimidad, con el argumento de que las propias organizaciones lo habían demandado, ya que la gran mayoría no tenía esta limitación. Pero no ha sido el único cambio que se aprobó en lo que respecta a las reglas para acceder a la presidencia de la patronal. A partir de ahora será un poco más complicado presentarse, porque se han establecido requisitos más estrictos. 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se abrió ayer a retocar aspectos no consesuados de la reforma laboral si el PP gobierna, ya que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado normas «fuera» del diálogo social que han «trastocado», en cierta medida, esa reforma que se había negociado con patronal y sindicatos. «Defendemos el diálogo social. La reforma laboral viene como consecuencia de ese diálogo social, pero se han gestionado ya unas cuantas normas fuera del diálogo social, trastocando en cierta medida también esa reforma laboral que habíamos firmado», apuntó el líder de la patronal tras la Asamblea General de CEOE. Según Garamendi, lo que ha planteado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es que aquello que se pueda hablar dentro del diálogo social, «se hablará». «Ha hablado de pequeños retoques y lo que ha dicho, que yo creo que es importante, es que será dentro del diálogo social», subrayó. A lo largo de la legislatura, el líder de los empresarios ha sufrido críticas internas por haber llegado a todo tipo de acuerdos con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo la reforma laboral que el Gobierno sacó adelante con los votos en contra de prácticamente todo el PP. Con todo, Garamendi señaló que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado normas por Real Decreto sin haber «pasado» por el diálogo social ni haber consultado con los órganos preceptivos –el CES o el Consejo de Estado–. «Tenemos derecho a reclamar que puedan cambiar cosas», incidió, tras señalar «que se mantendrán en lo que ya han negociado y acordado».

En la asamblea anual que la patronal celebró ayer en Madrid, Garamendi aceptó la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que si gana las elecciones, se pueda “retocar” la reforma laboral “dentro del diálogo social”, si así lo acuerdan la patronal y los sindicatos. “Defendemos el diálogo social. La reforma laboral viene como consecuencia de ese diálogo social, pero se han gestionado ya unas cuantas normas fuera del diálogo social, trastocando en cierta medida también esa reforma laboral que habíamos firmado”, dijo el presidente de los empresarios. Por ejemplo, en el último decreto de regulación del mecanismo RED, o la nueva versión de los ERTE, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11, el Gobierno obliga a las empresas a avisar con seis meses de antelación a las administraciones de que van a hacer un despido colectivo de más de cincuenta trabajadores. El Ejecutivo explica que las administraciones necesitan tiempo para reaccionar ante la decisión de la empresa y tomar sus medidas. Sobre todo, si la decisión de la compañía afecta a una comarca o una zona. Otra medida que, según Garamendi, el Ejecutivo aprobó con “nocturnidad y alevosía” fue el cambio que incluyó en la Ley de Empleo, para reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los despidos colectivos. Es más, Garamendi dijo que el Gobierno ha aprobado muchas normas “sin haber pasado por el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social”. 

Las empresas que planeen cerrar un centro de trabajo y despedir 50 o más trabajadores tendrán que dar un aviso de seis meses de antelación a la autoridad laboral. Es el precepto publicado el pasado 11 de julio en el BOE, en el Real Decreto 608/2023, en una disposición final que amplía la fase previa a la ejecución del despido en masa en este supuesto, de forma que este pasa de 30 días a siete meses. Así, ahora el pistoletazo de salida del proceso lo marca la notificación sincronizada a la Dirección General de Trabajo y a las organizaciones sindicales más representativas, o a las representativas del sector al que pertenezca la empresa, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma, según sea el caso. En concreto, el texto en cuestión recoge que “las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más personas trabajadoras, deberán notificarlo a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo”. La novedad ha cogido a muchos por sorpresa y ha levantado revuelo entre los analistas jurídicos. Es objeto de crítica que un cambio tan mayúsculo, en una materia tan sensible, haya entrado al régimen jurídico a través de un reglamento –y no de una ley– en términos tan poco claros, y que dejan en el aire cuestiones clave. Por ejemplo, nada se dice de qué pasos deben dar ni la empresa ni los trabajadores en estos seis meses; cuál es la finalidad de tan dilatado periodo, o qué ocurre si la empresa no cumple con estos plazos. La falta de concreción creará, según los expertos consultados,  incertidumbre primero y conflictos judiciales después.

La batalla de grupos ecologistas contra la eólica en Galicia no da tregua y ya toca a las grandes. Naturgy ha sufrido recientemente su primer varapalo judicial en esta contienda de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que ha tumbado la autorización administrativa de construcción del parque eólico Picato, situado en el concello de Guntin (Lugo) promovido por la gasista, al igual que hizo poco antes con proyectos de las autóctonas Greenalia y Engasa. En una reciente sentencia, el TSXG ha admitido el recurso de la plataforma ecologista Petón do Lobo, una de las más activas en esta contienda, que pidió la suspensión cautelar de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y la declaración de utilidad pública de dicho parque eólico por parte de la Xunta. El tribunal no ha juzgado la autorización de impacto ambiental (DIA) del parque. «Si bien este auto ha sido recurrido, durante el período de resolución del mismo, Naturgy Renovables ha cesado la actividad de obra temporalmente, acometiendo actualmente únicamente las acciones necesarias para que la instalación esté segura durante este periodo», trasladan fuentes de Naturgy a este diario que cifran en alrededor de 600 empleos, entre directos e indirectos, los que se esperan generar durante toda la vida del proyecto. La clave de esta sentencia, más que el hecho en sí, es el argumentario al que aduce el tribunal gallego: «Por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, debemos seguir ahora la misma solución». La aplicación de este criterio ha hecho sonar todas las alarmas en el sector, donde esperan que bajo el alegato de la equidad la Justicia gallega empiece a frenar de manera sistemática decenas de proyectos. Existe una amenaza real de un freno masivo a la industria eólica en la región. 

A tan solo una semana de la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), conviene mirar con lupa los datos más recientes sobre la inflación. Según la cifra definitiva publicada ayer por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la inflación volvió a moderarse en junio y se situó en el 5,5%, lo que supone el mejor dato desde enero de 2022. No obstante, la inflación subyacente –la que excluye la energía y los alimentos frescos– se revisó al alza (5,5%), y escaló dos décimas respecto al mes anterior, un dato que motivará una previsible nueva subida de tipos del Eurobanco. La reducción de los costes energéticos (5,6%) sigue siendo la principal razón de esta desaceleración de los precios de la Eurozona. El panorama es muy distinto al de hace un año, en junio de 2022, cuando el precio de la energía se situaba en el 42%, disparando la inflación a niveles récord. El mes pasado también cayó el coste de los alimentos (9%), mientras que los servicios y los bienes industriales se encarecieron un 5,4%. La inflación sigue comportándose de forma muy dispar en los países del euro, lo que dificulta los intentos del BCE por contenerla por debajo del 2%. España y Bélgica se mantiene entre los países con menor inflación (1,6%), solo por detrás de Luxemburgo (1%). El presidente español, Pedro Sánchez, celebró ayer en sus redes sociales el buen dato y lo atribuyó a que «las medidas del Gobierno funcionan». En el este de Europa, en cambio, la tasa supera el doble dígito y escala al 19,9% en Hungría y se sitúa en torno al 11% en Chequia, Eslovaquia y Polonia. Entre las grandes potencias de la Eurozona, Alemania fue la única que experimentó una subida de la inflación, de dos décimas, hasta el 6,8%. Pero el dato que más preocupa al BCE es el que corresponde a la inflación subyacente, que se mantiene «más persistente de lo esperado» y repuntó en junio. 

El anticiclón africano Caronte funciona a pleno pulmón las veinticuatro horas del día. Y ese es uno de los factores que lo convierten en una ola de calor tan extrema e inusual que incluso la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que, «sin preparación, puede ser mortal». Lo peor no son solo unas temperaturas superiores a 40 grados centígrados que producen una sensación de «quemadura en la piel y de ahogo cercano al desfallecimiento», como explicaba ayer un médico romano en la televisión italiana. Lo peor es que el mercurio no desciende de los 20 grados durante la madrugada, lo que se conoce como «noche tropical». «El cuerpo no descansa ni se recupera», declara a AFP una farmacéutica de Cerdeña que no deja de recibir en su oficina a turistas que desean medirse la tensión. La isla estuvo ayer al borde de la Historia con valores que rondaron los 48 grados. Cerdeña fue el horno de Europa, aunque alrededor suyo tampoco es que hiciera falta una chaqueta: Italia anotó índices superiores a 40 grados en el 60% de su territorio. Roma, con 43, fue un desfile de turistas recalentados y una liturgia de cabezas sumergidas bajo las fuentes más bellas. En Cagliari se bajaron todas las persianas. Las calles permanecieron vacías en las horas centrales del día. Las autoridades recomendaron a los ancianos quedarse en casa y a los niños no salir a jugar al exterior. La madre de todos los veranos causó también el fallecimiento de un trabajador. El calor tomó forma casi carnal en otros países del continente como España, Grecia –castigada por 49 incendios que han obligado a la UE a movilizar equipos de extinción– y Francia, sobre todo en el área mediterránea. En la Costa azul, la actriz Brigitte Bardot, de 88 años, todo un icono del cine, tuvo que recibir asistencia médica tras sufrir una crisis respiratoria en su casa de Saint Tropez. A los expertos les inquieta la situación de los Alpes, donde la mancha helada de las cumbres resulta cada año menor. En Alpe d’Huez, a más de 1.800 metros de altitud, se registraron 29,5 grados centígrados, entre nueve y doce por encima de lo normal. Sucede algo similar en la ribera del mar Báltico y en Canadá, donde a día de hoy ni siquiera la tundra se salva del fuego. Solo los bosques árticos resisten a duras penas la pavorosa ola de destrucción que provocan casi 900 incendios.