20230723

El peso de la industria en la economía vasca supera el 20%, por encima de la media de Europa. Es un dato con la suficiente fuerza para que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea haya escogido a Bilbao como la sede para celebrar la reunión informal de ministros del ramo de los veintisiete países de la UE. El encuentro será el martes, pero mañana será precedido por otra cumbre, la de los responsables de comercio de los Estados miembros. Ambas citas tendrán como escenario lo que fue una de las factorías más identitarias de Bilbao, un astillero. Y es que la fábrica de barcos que fundaron Eduardo Aznar y Ramón de la Sota en 1900, hoy convertida en el Palacio de Congresos Euskalduna, acogerá todo el programa de reuniones y trabajo que será seguido por más de un centenar de medios de comunicación. La cita, según señalan fuentes comunitarias, movilizará a un millar de personas entre los responsables de las administraciones europeas, periodistas, fuerzas de seguridad y personal auxiliar para el evento. El grueso de la cumbre será analizar una de las claves estratégicas de la UE, la política industrial, justo después de años en los que se ha evidenciado la dependencia de suministros de Asia o cuando se despliega el reto de la transición ecológica. Un proceso que se ha asociado a obligaciones y sanciones para la industria en un modelo que ha saltado por los aires ante la contraofensiva de Estados Unidos con más de 350.000 millones en ayudas –en la conocida, por sus siglas en inglés, como Ley IRA–. El escenario urge una respuesta por parte de la Unión Europea y es una de las prioridades que ha fijado la presidencia de turno de España. Con ese objetivo se reúnen mañana y el lunes en Bilbao los ministros de Industria, Mercado Interior y Consumo de los Veintisiete que analizarán el diseño de una política industrial común en Europa que garantice la autonomía estratégica y que permita hacer frente al competidor americano, pero también a la dependencia cada vez más creciente de China.

Se trata de apostar todo al crecimiento en casa y con gente y proveedores de casa para seguir vendiendo casi el 100% de lo que produce en el extranjero frente a competidores más grandes pero menos especizados. Esa es la receta por la que ha optado DanobatGroup en su nuevo Plan Estratégico, que tiene como clave de bóveda un programa de inversiones en Gipuzkoa de nada menos que 35 millones de euros. Una inyección, que el conglomerado (formado por Danobat, Soraluce, Goimek y el centro tecnológíco Ideko) pagará en su inmensa mayoría con recursos propios, que servirá para construir nuevas instalaciones y ampliar y modernizar otras en lo que se puede denominar sus tres cuarteles generales: Elgoibar, Bergara-Osintxu e Itziar. «Todo lo que somos y todo lo que hemos sido durante los 70 años que cumplimos en 2024 nos empuja a invertir aquí», sentencia Pello Rodríguez, director general del conglomerado de la Corporación Mondragon, especializado en máquina-herramienta compleja y de alta precisión y en líneas llave en mano y aplicaciones específicas, destinadas a sectores de alta tecnología. El objetivo es conformar en esos tres puntos del mapa «tres polos de competitividad», explica el directivo, que en una larga charla con DV insiste una y otra vez en que el movimiento responde a «la voluntad del grupo de acompañar al cliente, que cada vez exige máquinas más grandes y muchísimo más precisas». «La inversión es grande, pero lo que vamos a levantar, también. En algunos aspectos no estábamos preparados y con este impulso sí lo vamos a estar», dice. E insiste en ese componente local como guía del plan industrial. «Nuestro producto y las soluciones que damos están muy, muy pegadas a las personas. Si invertimos aquí es porque los ingenieros están aquí», asegura. «Montar una planta en India nos nos aporta, pues la gente que sabe está aquí», afirma.

Una de las razones para que Danobatgroup apueste por Gipuzkoa y por Euskadi en su plan estratégico de inversiones es que su cadena de proveedores está en casa. Así lo resalta Pello Rodríguez, director general del conglomerado de máquina-herramienta integrado en la Corporación Mondragon. «Más de la mitad de los proveedores están en el País Vasco y Navarra, y el 70%, en España, lo que nos lleva a apostar por la inversión local», dice. Sin embargo, Rodríguez no se queda ahí, y advierte de que esa cadena de (normalmente) pequeñas y medianas empresas «ha de ganar tamaño». «Ayudamos a nuestros proveedores a desarrollarse, y entre 2016 y 2021 la facturación a la cadena de suministro guipuzcoana ha crecido un 12,6%, y hasta un 13% la de Deba Barrena, pero muchos son demasiado pequeños», insiste, a la luz de que vive el sector. Por eso anima a esas pymes que viven aguas abajo ganar dimensión de manera urgente: «Donde haya una alianza, nosotros ayudaremos». Al repasar el desafío del talento, Rodríguez explica que oferta y demanda coinciden en el caso de la FP (el grupo tiene buena relación con el IMH), pero reconoce que «el problema llega cuando lo que buscas son ingenieros». «Sobre todo en algunas especialidades que necesitamos, como puedan ser eléctricos, electrónicos o de robótica», añade. «Menos mal que hicimos un Máster de robótica y automatización industrial con Mondragon Unibertsitatea; si no, no sé que hubiera pasado», dice. En cualquier caso, urge a buscar ingenieros «fuera de Euskadi y de España».

“Cada vez nos cuesta más captar talento, hasta ahora teníamos dificultad con perfiles especializados y con experiencia, ahora también con personas recién graduadas en titulaciones STEM”. La directora de Recursos Humanos de CAF Power, Oihana González de Prado Urcelay, explica el cambio radical que se ha producido en los procesos de selección de personal. Por un lado, hay “mucha oferta de puestos de trabajo para titulados superiores en Ingeniería” y “cada vez menos jóvenes que estudian esas carreras”. A eso suma que los candidatos demandan flexibilidad y las compañías no siempre pueden cumplir con sus expectativas. “Las empresas tenemos que hacer un esfuerzo en dar a conocer nuestra propuesta de valor y que nos perciban como un sitio atractivo para trabajar. Somos conscientes de que los elementos que valoran los candidatos son cada vez más amplios. Las condiciones propuestas, las horas de trabajo, el plan de desarrollo, la posibilidad de teletrabajar, son factores que pueden hacer terminar de primeras una entrevista si no cumplen con las expectativas”, explica. Para superar esa barrera, CAF Power se está “acercando a la Universidad para que los estudiantes” tengan un contacto directo con la compañía. “CAF es conocida en el entorno, pero en general falta información sobre lo que podemos ofrecer, algo que es clave para atraerles. Por ello, colaboramos con las universidades, bien dando charlas a los estudiantes o bien invitándoles a visitarnos”, destaca González de Prado. En un proceso que es “necesario” abordar desde “edades tempranas, cuando están en cuarto de la ESO o Bachillerato”. De ahí que CAF Power plantee “potenciar más mecanismos entre colegios, universidades y empresas que faciliten el poder conocer a las empresas y en general que empiecen a entender lo que supone el mundo laboral”.

La fecha que pesa en el calendario es julio de 2024, justo dentro de un año. Es cuando vence el pago de 525 millones de euros y ahora toca, como ha venido realizando la entidad dirigida por Rosa Carabel, negociar un marco de financiación para otros cuatro años. La compañía de Elorrio, aunque está centrada en la operación de deuda corporativa, baraja diferentes alternativas entre las que está mantener la relación con los actuales acreedores. La marcha del negocio en los últimos años ha permitido consolidar un ebidta (beneficio antes de impuestos) en 2022 de 204 millones, un 15% más que el anterior ejercicio y el más holgado desde 2015 a pesar de una subida de precios que redujo rentabilidad. Es una de las cartas que ha presentado Eroski a los actuales prestadores –los fondos de Bank of America, Laboral Kutxa, Kutxabank y la SEPI– para revisar plazos e importes en la devolución de la deuda. En estos momentos está todo abierto porque las circunstancias no son las mejores. Los tipos de interés al alza han encarecido la financiación que Eroski obtenía con un 2,5% en 2019 a un 6% en el arranque de este año, sin contar todavía las subidas del precio del dinero que se dan por descontado la semana que viene y, quizá, en septiembre. Además, el sector de la alimentación sufre un recorte de rentabilidad con la subida de precios, que redujo a 32 millones las ganancias del grupo vasco, un 38% menos que el ejercicio anterior. La colocación de 500 millones de euros en inversores institucionales –bancos, asesores y entidades autorizadas– es un reto en sí, por lo abultado de la cantidad y por la respuesta que encontrará en el mercado que determinará, además, los intereses y plazos a pagar.

La DYA tocó fondo el pasado febrero. Entró en concurso de acreedores, incapaz de afrontar la abultada deuda que arrastraba con la empresa Eulen. La entidad benéfica se veía ahogada por una fallida operación firmada con esta compañía en Cataluña y que ha sido denunciada ante la Justicia, en el marco de la querella que la nueva junta directiva interpuso contra el anterior presidente, Fernando Izaguirre. Tras pedir amparo al juzgado, en los últimos cinco meses un administrador concursal designado para gestionar el día a día de la ONG ha trabajado, con el apoyo de los actuales gerentes, para tratar de poner orden y buscar una salida que permita reflotar a una institución tan querida en Bizkaia como es la DYA. Su informe provisional es optimista y se puede decir que aproxima a la entidad a su salvación, mostrando un camino para que abandone su estado de insolvencia. El profesional independiente encargado de analizar la situación identifica varios puntos fuertes en lo económico y cifra la masa activa (los bienes en poder de la asociación) en más de 7 millones de euros, una cantidad que sería superior a la masa pasiva o deuda reclamada. Entre los activos se encuentran 23 propiedades (14 locales, una lonja y 8 plazas de garaje) y una flota de 42 vehículos (15 ambulancias, 4 quads, 2 motos de agua, dos e-bikes, un camión tráiler, un remolque de quad, un carro oruga y una grúa eléctrica). Con todo, el estudio también identifica amenazas. Como ya hiciera el auditor de cuentas hace unos meses, el principal problema que le hizo caer en concurso fueron los pagarés que se debían a Eulen por la compra de la base de operaciones y emergencias de Can Padró en otoño de 2009. El administrador concursal, un profesional de la consultora Price Waterhouse Coopers, estima que la cantidad pendiente de abono alcanzaba en febrero los 4,27 millones de euros. Ambas partes han llegado ya a un acuerdo para zanjar amistosamente esta disputa. El propio administrador confirma en su informe que ha participado de las conversaciones con Eulen.

Lunes 19 de junio. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sorprendía al sector bancario al recrudecer su discurso y exigir a las entidades «remunerar adecuadamente a los españoles». El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, respondía pocas horas después advirtiendo que las políticas de precios las deciden los bancos, no los gobiernos. Unos días después, Calviño redoblaba el pulso al encargar a Competencia un análisis para certificar o descartar la oscura sospecha en torno a una posible ‘colusión tácita’ de los bancos. Es decir, que las entidades hayan pactado, aunque sea de forma indirecta, el inmovilismo actual en su estrategia comercial con los depósitos. Ha pasado casi un mes desde el recrudecimiento de ese tira y afloja y el organismo presidido por Cani Fernández ya mantiene contactos con el Banco de España y el Ministerio de Economía, que ha llegado a afirmar que dependiendo de los resultados que se desprendan del análisis «veremos si es necesario algún cambio legislativo». Una intención que ha hecho saltar las alarmas del sector. Esta misma semana, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, descartaba esta posibilidad. «En campaña electoral se perdona todo», alegaba para indicar que las proclamas de los partidos quedarán en agua de borrajas. «Obligarnos a remunerar los depósitos entra en el ámbito de la competencia de cada empresa y no se hace al dictado de las autoridades», sentenciaba la ejecutiva. En el Banco de España existe cierto malestar por la situación. El ruido político generado y el riesgo reputacional por la polémica tampoco gusta al supervisor. Por eso, el gobernador, Pablo Hernández de Cos se ha posicionado con un perfil bajo durante estos meses, haciendo suyo el argumento de que el exceso de liquidez permite a las entidades seguir sin elevar lo que pagan por sus depósitos. El Banco de España también recuerda al Gobierno que las entidades más ‘tacañas’ con sus ahorradores son las que menos han encarecido las hipotecas.

Han pasado cuatro meses desde que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, visitase España con un mensaje claro para las entidades que operan en el país: ya es hora de trasladar la subida de los tipos de interés a la remuneración de los depósitos. Unas palabras que pillaron por sorpresa al sector, poco acostumbrado a que el organismo tenga algo que opinar sobre sus políticas de precios. Pese a ello, ese estupor no se ha traducido en movimientos de relevancia a la hora de premiar el ahorro de sus clientes. Es más, según datos del supervisor, las entidades españolas siguen a la cola de la zona euro a la hora de incentivar la captación del pasivo. En España se paga una media del 1,64% en los depósitos hasta 12 meses, muy por debajo del 2,46% que ofrecen las entidades de media en Europa y más lejos todavía de las rentabilidades superiores al 3% que ya se observan en países como Francia, Lituania o Italia. Unas cifras que cuadran más con el 4% en el que actualmente se mueven los tipos de interés. Tras las 10 subidas consecutivas ejecutadas desde hace ahora justo un año, el BCE se encamina esta semana a la número once, para dejar la tasa de referencia en el 4,25%. Un nivel que, según los expertos, implicará un punto de presión adicional para que los bancos trasladen con una mayor contundencia esta política monetaria a sus depósitos. O, al menos, con una intensidad similar a la que aplican en el coste de su financiación, con hipotecas cada vez más caras y préstamos al consumo que ya se cobran a más del 8%, frente al 6,7% de hace un año.

Europa se prepara para apretarse el cinturón. En los últimos años, el gasto público se ha convertido en la red de seguridad que amortiguó la caída y evitó un cataclismo de dimensiones mayores por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Pero los Estados ya han empezado a cerrar el grifo. El déficit en el primer trimestre del año en la zona euro fue del 3,2%. Y la tendencia seguirá si los países cumplen con el compromiso que asumieron sus ministros de Finanzas en el último Eurogrupo: “Lograremos la necesaria orientación fiscal restrictiva global en la zona del euro para 2024”. Esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llamado a seguir ese camino. Alemania, la gran economía del continente, ha querido marcar el camino con un recorte de 36.000 millones en su proyecto de Presupuestos del año que viene. Pero no está nada claro que los demás países quieran seguir ese ritmo. Ajustes, sí. Austeridad como la aplicada en la década pasada, no. La Comisión Europea no ha planteado esto último en sus documentos. En marzo desactivó la cláusula que soltó el corsé fiscal del Pacto de Estabilidad para que los Estados pudieran salir al rescate de la economía por la pandemia. Una clara señal del cambio de época. Pero eso no supone un giro de 180 grados. En las recomendaciones presupuestarias de primavera, el Ejecutivo comunitario no habla de austeridad. Y su propuesta de reforma de reglas fiscales para el medio plazo tampoco camina en ese sentido.“Va a haber un cambio de ciclo. Vienen años de saneamiento fiscal. Desde la pandemia, el nivel de deuda ha subido. Ahora toca reconsiderar lo que se ha hecho hasta ahora, porque se ha gastado aumentando la deuda”, ratifica el economista Carlos Martínez Mongay. 

"El Gobierno que salga de las urnas, cualquiera que sea, se enfrentará a un entorno exterior que, además de condicionar su acción, se caracteriza por fuertes contradicciones. Una de las más patentes atañe al espacio de política fiscal. Por una parte, Bruselas insta a los países miembros a volver a la disciplina presupuestaria. Incluso incorporando la propuesta de flexibilización de los objetivos, adaptándolos a la situación de cada país, un esfuerzo de contención parece ineludible para las economías más endeudadas como la nuestra. Simultáneamente, Bruselas muestra su preocupación por los efectos del cambio climático y aboga por un esfuerzo colosal de inversión que ronda el 2% del PIB europeo hasta 2030. Estos objetivos pueden coincidir en el largo plazo: la descarbonización ayudaría a relajar la presión sobre los precios energéticos y de algunos alimentos que empiezan a escasear como consecuencia de la sequía, y, por tanto, generaría actividad y recursos públicos necesarios para reducir el déficit. Pero, en la práctica, la transición hacia ese largo plazo plantea dilemas complejos en el actual marco de gobernanza europea. Según un informe muy comentado de Pisani-Ferry sobre transición verde, se puede a la vez reducir el desequilibrio fiscal e incrementar la inversión verde, pero esto exigiría medidas draconianas de recorte de otros gastos o una elevación de impuestos sobre la clase media, difíciles de asumir en nuestras democracias..."

Hay una competición particular que se está acelerando: conseguir fabricar a gran escala el santo grial del coche eléctrico, las baterías de estado sólido, más seguras y potentes que las de iones líquidos. Toyota, el gigante automovilístico japonés, dio un golpe sobre la mesa el mes pasado, y anunció que había realizado un avance rompedor: en 2027 podría estar fabricando a gran escala esta tecnología, que permitirá una autonomía de 1.200 kilómetros con un tiempo de recarga de 10 minutos. La diferencia principal entre estas baterías y las usadas mayormente en los coches eléctricos actuales es la naturaleza del electrolito, cuenta Alexandre Ponrouch, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, donde lidera un proyecto europeo para desarrollar baterías más seguras y resistentes. En las baterías de iones de litio, más comunes, los electrodos —el ánodo y el cátodo— están inmersos en un líquido conductor. En las de estado sólido, como su nombre indica, los une un material sólido, que puede ser de distintas naturalezas. A priori, el salto que permite esta tecnología es de seguridad: cuando se sobrecalienta, el líquido se puede inflamar. Además, indica Ponrouch, el estado sólido permite una mayor densidad de energía. Su potencial es fácilmente comprobable con la prueba de algodón económica: las grandes compañías automovilísticas —Toyota, Volkswagen, Stellantis, Nissan o BMW— están invirtiendo en su desarrollo, ya sea directamente o a través de colaboraciones. De acuerdo con un informe de la consultora Fact MR recogido por Bloomberg, el mercado de las baterías de estado sólido tiene un valor actual de solo 121 millones de dólares (unos 108,7 millones de euros). En 10 años, sin embargo, valdrá más de 1.300 millones de euros.

Los países del Golfo, China o Singapur, con sus millonarios recursos, controlan cada vez más parte de históricas compañías del país. Respaldan esos negocios mientras extienden su poder con sigilo. Son los reyes del dinero. En muchos casos, monarcas que dirigen sus países bajo autocracias férreas en las que la pujanza económica se sitúa por encima de cualquier otra circunstancia social. Y, al mismo tiempo, se van haciendo con el resto del mundo casi sin hacer ruido a través de la participación en algunas de las empresas más emblemáticas de cada país. También en España. Porque Iberdrola, El Corte Inglés o Cepsa son empresas de aquí. Muy de aquí. Incluso de toda la vida. Pero cada día están más controladas por grandes jeques de allí. Y ellos son muy de allí, de su tierra. Los fondos soberanos –una suerte de empresas estatales cuya fortaleza financiera les permite moverse como pez en el agua por el resto del mundo– siguen extendiendo su poder a base de unos recursos que no todos los países tienen: petróleo, en el caso de los fondos del Golfo Pérsico; industria y tecnología, como Singapur; o pujanza económica y demográfica, como la del gigante chino. Esos ingresos son los que le permiten haberse convertido en accionistas de referencia de empresas españolas cuyo poder no es mayoritario, pero sí vital, y en la mayoría de los casos, desconocido. Sirven de apoyo financiero, dan estabilidad a la compañía y permiten aportar una tranquilidad que casi ningún otro gran inversor (un fondo, un plan de pensiones o una aseguradora, por ejemplo) tendría. Por no hacer esperar más al sufrido lector, Iberdrola y El Corte Inglés son algunas de esas corporaciones sustentadas en los fondos soberanos propiedad de otros países. En ambos casos, Qatar. Pero hay otros muchos ejemplos.

De cómo termine la batalla que se libra en Canadá podría depender el papel que las grandes multinacionales como Meta y Google podrían ejercer en el mercado digital en los próximos años. El país norteamericano quiere pararle los pies a estas plataformas con la firme intención de garantizar la sostenibilidad de los medios de información, en juego por el desprecio que estas grandes empresas tecnológicas hacen de sus derechos de propiedad intelectual. Trudeu ha ido directo a la yugular de las tecnológicas al aprobar en el Senado un proyecto de ley que las obliga a compensar económicamente a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. Esto es algo que hacían hasta ahora, incluyendo noticias que no han sido en ningún caso elaboradas por las plataformas y sobre las que carecen de derechos, pero a través de las cuales consiguen tráfico e ingresos millonarios en publicidad. El primer ministro no ha dudado en calificar estas prácticas como «antidemocráticas» ya que la función de los medios es «fundamental» para el ejercicio libre y completo de la democracia y estas plataformas no les permiten desarrollar un modelo de negocio sostenible para los mismos. Trudeau ha elevado el tono de sus críticas al asegurar que Google y Meta (matriz de Facebook) utilizan «técnicas de bullying» e «intimidación» contra su gobierno desde que supieron que la iniciativa canadiense que garantiza el derecho de los medios saldrá adelante y entrará en vigor en los próximos meses. Las plataformas han amenazado formalmente al país con dejar de dar visibilidad a informaciones de medios canadienses en sus páginas para evitar estos pagos, lo que debilita su posición respecto a otros competidores extranjeros. «El hecho de que estos gigantes de internet prefieran cortar el acceso de los canadienses a las noticias locales en lugar de pagar su parte correspondiente es un problema real para el país. Ahora están recurriendo a tácticas de ‘bullying’ para tratar de salirse con la suya, pero no va a funcionar», dijo tajantemente el primer ministro en una de sus últimas intervenciones públicas.

El día que cayó Sony, sus empleados todavía no lo sabían. La multinacional del entretenimiento había sufrido uno de los peores ciberataques de la historia —perpetrado por un misterioso grupo llamado Guardianes de la Paz, afín al Gobierno norcoreano—, pero no fue hasta finales de noviembre de 2014 cuando los trabajadores, al llegar a la oficina, se dieron cuenta de ello: los sistemas estaban bloqueados, en las pantallas aparecía un terrorífico mensaje de alerta y los atacantes, después de haber robado toda la información que quisieron sin ser descubiertos, hicieron públicas sus demandas: entre ellas, que se retirase la película The Interview, una comedia sobre dos americanos que tienen la misión de asesinar a Kim Jong-un. El origen y el momento en el que empezó el ciberataque son todavía objeto de controversia, pero lo que quedó, tras la grave crisis diplomática y de seguridad que prosiguió a las demandas de los atacantes, fue una lección importante para el mundo corporativo: no solo las grandes empresas tienen que invertir en ciberseguridad, sino también las pequeñas y medianas, puesto que las amenazas pueden venir de todos lados, desde algo tan inesperado como una pizzería. En el caso de Sony, una de las sospechas es que el programa malicioso se instaló en los dispositivos de los empleados a través de la red de un restaurante cercano donde iban a comer.

El planeta afronta una excepcional secuencia de episodios de calor extremo que desde hace semanas asolan múltiples zonas del hemisferio norte. El mes de junio fue el más cálido desde que hay registros, y en la última semana varias olas de calor han marcado récords en muchos puntos del planeta. Desde Italia hasta China. Las olas no solo alcanzan picos inusitados de temperatura, sino que en muchos casos son extremadamente prolongadas. Mientras, el Atlántico Norte se va calentando de forma extrema. Los meteorólogos advierten de que el cambio climático está empujando el planeta a territorio desconocido. Este verano no es como otros anteriores. Comenzó con el junio más cálido en el planeta desde que hay registros, hace 174 años, pero luego ha ido a más. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, los primeros 15 días de julio han sido probablemente los 15 días más cálidos de la Tierra desde al menos 1979 (la temperatura media diaria del aire en superficie). En la última semana, esto ha coincidido con varias olas de calor simultáneas en el hemisferio norte que han hecho saltar por los aires récords en puntos muy distintos del planeta. El 16 de julio, la estación meteorológica de Sanbao, en la localidad china de Turpan, midió 52,2˚, la temperatura más alta jamás registrada en este país asiático. Al mismo tiempo, en Estados Unidos los termómetros llegaron a los 53,3˚ en el Parque Nacional del Valle de la Muerte (California) y han batido el récord de días por encima de los 43˚ en Phoenix (Arizona). El calor extremo también golpeó a Europa, donde se han alcanzado los 46,3˚ en Licata (Italia) o los 45,4˚ en Figueres. Esta última ola de calor acabó en España con 40 récords nuevos y la sorprendente marca de la localidad catalana, que se convierte en el punto más al norte de la Península que supera los 45˚. Este calor excepcional que afecta también a los mares, con un calentamiento extremo del Atlántico norte, se produce al comienzo de la entrada en escena del fenómeno de El Niño, que los meteorólogos temen que complique todavía más la situación. “Sumado al cambio climático causado por las actividades humanas, elevará las temperaturas mundiales hasta límites desconocidos”. 

Ucrania afronta un escenario infernal sembrada de minas, morteros, granadas y proyectiles de artillería sin explotar a una escala nunca vista en un país en guerra. El Banco Mundial calcula que el desminado costará 34,000 millones de euros y una década de trabajo intensivo como mínimo, en la que será imposible la reconstrucción o las tareas agrícolas en vastas áreas del este y sur. La duración del conflicto, el nivel de confrontación salvaje y el insólito volumen de munición intercambiado, en el caso ruso secando sus arsenales y en el ucraniano aprovechando el abastecimiento occidental, han hecho de la exrepública el país posiblemente más minado del mundo en la actualidad, por encima de Camboya, Angola o Afganistán, sometidas desde hace años a costosas y peligrosas operaciones de retirada de trampas. Ahora mismo trabaja allí medio millar de equipos internacionales de detección de explosivos. Su trabajo es tan inmenso que ellos solos tardarían 757 años en completar la limpieza de Ucrania, según un informe de ‘The Washington Post’. Se calcula porcientos de miles, e incluso millones, el número de explosivos sin detonar, que permanecen perdidos, abandonados o escondidos bajo tierra a la espera del enemigo o cualquier civil desafortunado. Y todo ello solo puede empeorar si Moscú y Kiev se enzarzan ahora en una guerra de bombas racimo. Rusia ya las ha utilizado en una veintena de ocasiones, según la ONU, y el Pentágono ha confirmado esta semana que sus envíos a los ucranianos –que han molestado a algunos aliados– también están ya en el campo de batalla. Las bombas racimo han sido catalogadas como uno de los principales riesgos militares para la población civil por su capacidad de esparcir pequeños proyectiles, muchos de los cuales se quedan sin detonar. Los enfrentamientos directos con el ejército ruso han afectado a un tercio del territorio nacional, y es ahí donde las organizaciones internacionales consideran que están concentradas las trampas y restos explosivos intactos. Ocupan 173.529 kilómetros cuadrados, el doble de superficie que Andalucía, aunque el Gobierno de Kiev amplía la zona de seguridad a 250.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al Reino Unido.