20231024

Andrés Sendagorta, presidente de la ingeniería vasca Sener y del Instituto de Empresa Familiar (IEF), reclamó ayer «de los gobernantes» un reconocimiento a la labor de los empresarios no solo en torno al crecimiento económico sino en el desarrollo de la sociedad. Sendagorta no dudó en mostrar su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores, de forma directa a través del IRPF y también indirecta por las cotizaciones a la Seguridad Social. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio plantón un año más al IEF y adujo problemas «de agenda internacional» para declinar la invitación a participar en el congreso anual de la institución. La última vez que Sánchez asistió al congreso de la empresa familiar fue en Valencia en 2018 y su presencia generó no pocas tensiones con el colectivo empresarial. Las relaciones entre los empresarios y el Gobierno son tensas desde hace tiempo y en el caso de la empresa familiar hay un enfado especial, ya que desde el Ejecutivo se han vertido fuertes descalificaciones dirigidas a algunos destacados miembros del IEF –como el caso del presidente de Mercadona, Juan Roig–, con el silencio, entienden sus miembros, cómplice, de Pedro Sánchez. Andrés Sendagorta, que pronunció su discurso en la inauguración del congreso, reclamó «moderación y evitar la polarización» y reiteró un mensaje que ya ha lanzado varias veces en contra de la deslocalización. «Nosotros somos empresas de aquí», argumentó. «Sin el trabajo y esfuerzo de generaciones, nuestras empresas no serían lo que son y, desde luego, la prosperidad y bienestar de los españoles sería bien distinta. Ese legítimo orgullo que tenemos las familias empresarias por la labor realizada debe ser compartido por la sociedad y, concretamente, por nuestros gobernantes», apuntó. Un mensaje ligado a la tensión y al distanciamiento que se ha producido en los últimos años entre el empresariado español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del IEF reclamó una reconsideración fiscal pero no centrada en la tributación de las empresas sino en la de los trabajadores. Con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, entre los asistentes al congreso, Sendagorta aludió a la doble contribución de los salarios en los impuestos y en las cotizaciones sociales. «Es preciso incentivar el empleo y gravarlo no parece la mejor manera de conseguirlo», advirtió, para apostar por una rebaja sustancial de las aportaciones que gravan el coste laboral. «Revisemos la fiscalidad para conseguir, entre todos, que el salario neto que llega al bolsillo de los trabajadores esté lo más cerca posible del coste bruto que asumen las empresas», apostilló.

Los empresarios perciben que la economía está repuntando de una forma modesta después de tres años de tener una imagen negativa, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que estalló en 2020. Y, por ello, creen que en 2024 habrá un crecimiento frágil o moderado de la actividad, con un perfil plano del empleo o la creación limitada del mismo, en términos netos. Los empresarios califican con una nota del 5,03 la situación económica actual, sobre un nivel máximo de 9. Es un aprobado modesto, aunque bien es verdad que es el mejor resultado de los últimos cuatro años, cuando la economía salía de la grave recesión económica provocada por la pandemia del coronavirus. Desde 2020 la nota no había superado el 4,9. Así se desprende de la encuesta interactiva que el Instituto de la Empresa Familiar hizo ayer a los 600 socios presentes en el vigésimo sexto congreso que celebra en Bilbao. Así es que el 55% de los empresarios piensa que en 2024 habrá un crecimiento frágil, pero sin creación neta de empleo. Un sentimiento que crece desde 2021. Y un 43% considera que habrá una evolución moderada, con una creación limitada del empleo. Por lo tanto, sumando las dos respuestas resulta que el 98% de los empresarios valora que el crecimiento de la economía será frágil o moderado, sin empleo o con un aumento limitado de la ocupación. En consecuencia, sólo el 2% de los empresarios se muestra realmente optimista “sobre un aumento rápido de la actividad económica, con una intensa creación neta de empleo”. Si el análisis desciende al nivel de la empresa individual, el 53% de los directivos sostiene que el año que viene mantendrá su plantilla. El 37% calcula que la aumentará, mientras que el 10% teme que reducirá el número de trabajadores.

Más de medio millar de empresarios reivindicaron ayer en Bilbao la importancia de las firmas de gestión familiar en el entramado económico del país, a la vez que lamentaron la excesiva presión fiscal sobre los salarios, que «lastra la creación de empleo». Al encuentro celebrado en Bilbao asistió el Rey, que felicitó al sector por su esfuerzo y destacó su modélica implantación en Euskadi. Urkullu, por su parte, dio valor al emprendimiento porque «se necesita coraje, ganas y fuerza para abrir un negocio». El lehendakari Urkullu también mostró su respaldo al papel de las empresas como motor de la generación de riqueza y puso en valor el riesgo que asumen sus protagonistas. El IEF está presidido por el empresario vasco Andrés Sendagorta, presidente también de la ingeniería Sener. El colectivo representa de forma directa a las cien empresas más importantes de España dentro de este segmento de compañías, aunque su representación se extiende a varios miles más, ya que trabaja en colaboración con todas las asociaciones regionales que agrupan también a este importante colectivo. Las empresas vinculadas a esta institución, de forma directa o a través de las asociaciones regionales, suponen el 60% del PIB nacional y algo más del 70% del empleo en el país. Entre los empresarios congregados ayer en el Palacio Euskalduna figuraban el presidente de Mercadona, Juan Roig; el de Gestamp, Francisco Riberas; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino y el del grupo Antolín, Ernesto Antolín. También asistieron la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el de la consultora KPMG, Juan José Cano –ambas firmas patrocinan el evento–. En el plano político, destacó la presencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y que realizó una intervención en la que explicó su plan económico. 

Mal trago el que la ha tocado pasar esta mañana al lehendakari, Iñigo Urkullu, en la inauguración del Congreso de Empresa Familiar que se celebra en Bilbao. Durante su intervención, desde el público, donde se sentaban unos 700 empresarios, han surgido murmullos a modo de desaprobación a los pasajes de su discurso en los que se ha expresado en euskera. Fiel a su costumbre, el lehendakari intercaló euskera y castellano. En el acto inaugural también se encontraban el rey de España, Felipe de Borbón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del Ejecutivo vasco han transmitido que se ha tratado de un momento “muy desagradable”. De hecho, ha sido tan evidente el rumor de malestar con el uso del euskera que se ha podido escuchar en la sala, que el lehendakari ha interrumpido su discurso aproximadamente durante medio minuto, antes de retomarlo otra vez. Al abandonar el acto, el lehendakari ha trasladado tanto al presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi, José Miguel Lanzagorta, como al propio Feijóo su malestar. “Son unos maleducados”, les ha señalado. Acto seguido ha abandonado el Palacio Euskalduna. Según El Economista, el domingo, en la presentación del congreso que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, ocurrió algo parecido con motivo de la intervención del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que comenzó en euskera, lo que provocó que se escucharan protestas entre los asistentes. 

Iberdrola avanza en su estrategia de buscar aliados para sus proyectos renovables. La eléctrica ha acordado dar entrada en su mayor proyecto de eólica marina, East Anglia 3, a Masdar, la rama especializada en energía renovable de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, según indican fuentes financieras. La operación valora el proyecto en unos 4.000 millones de euros. Iberdrola ha diseñado una clara estrategia para financiar sus ambiciosos planes de crecimiento en renovables. Los planes de la eléctrica pasan por ir dando entrada a inversores financieros en algunos parques concretos y carteras de proyectos, con participaciones minoritarias. En el caso de East Anglia 3 –situado en Escocia, en las costas del mar del Norte–, contrató antes de verano a Goldman Sachs para pilotar la desinversión. La idea era buscar un socio que adquiriese un 49%. El elegido finalmente ha sido un viejo conocido de la compañía que pilota Ignacio Sánchez Galán. Masdar es la firma de renovables del fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, que es además accionista de Cepsa. Tiene inversiones por unos 30.000 millones de euros en 40 países y suministra más de 20 GW de energía. Este inversor ya fue el elegido para adquirir el 49% de otro parque de eólica marina, el Baltic Eagle. Este complejo, de 476 MW de potencia, fue valorado en 1.630 millones. En este caso, el activo es mucho más grande. El parque East Anglia 3 inició su construcción el año pasado y está previsto que se prolongue hasta 2026, según informó la propia compañía. Tendrá una capacidad de 1.400 MW, lo que le coloca como su mayor proyecto en una tecnología que Iberdrola ha puesto en el centro de sus estrategia de crecimiento en renovables. Es suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares, más que la población de Glasgow y Liverpool juntas.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) son uno de los elementos con más carga de identidad en el sistema financiero vasco, y las EPSV de empleo —las más comunes y aquellas en las que aportan el trabajador y la empresa– son las que más triunfan en Gipuzkoa. En concreto, el 43% de la población ocupada en el territorio (138.651 personas) dispone de sistemas complementarios de previsión de empleo, según el último informe de previsión social complementaria del País Vasco, con cifras del año pasado. Gipuzkoa se halla muy por encima de la cifra vasca (26%) y de Bizkaia (16%) y Álava (20%). La aportación media anual se situó en los 1.443 euros. El Gobierno Vasco ha anunciado a lo largo de este año que busca primar la fiscalidad de este tipo de EPSV para poder generalizarlas. Fue el viceconsejero de Finanzas y Presupuestos, Hernando Lacalle, el que ha reconocido que «es un elemento que va a tener que entrar en la reforma fiscal». El ‘número dos’ del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no quiso entrar en mayores honduras, y se limitó a señalar que «se está trabajando» el asunto desde «un planteamiento general». La ambición del Ejecutivo autonómico es ampliar el universo de las EPSV de empleo del actual 26% de los trabajadores vascos al 70% de la población ocupada. Gipuzkoa, que ya cuenta con un 43% de sus ocupados con una EPSV de empleo, es el territorio que más se acerca al propósito del Gobierno Vasco. Sin embargo, la pandemia primero y la crisis energética e inflacionaria después, han complicado ese trabajo pues ni las empresas ni los sindicatos ven con demasiada simpatía elevar los costes de sus balances o abogar porque llegue algo menos de dinero al bolsillo de los trabajadores a cambio de aportar a esos planes de previsión. Y menos ahora que el Gobierno central ha encontrado en la subida de cotizaciones la aparente solución al agujero de la Seguridad Social, lo que reduce aún más la eventual apetencia de las patronales por más costes salariales. 

El grupo de economistas que se ha especializado en España en hacer números sobre las pensiones es bastante reducido. Hasta 16 de ellos han suscrito un estudio dirigido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que refuta las conclusiones que acaba de publicar el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, en un informe que valora la sostenibilidad de la última reforma de pensiones. El documento del Ejecutivo, que liga de nuevo la revalorización de las prestaciones al IPC, se elaboró para justificar ante Bruselas que la reforma aprobada el año pasado mejorará la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, estos expertos afirman que “el informe dibuja un panorama optimista sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones tras la reforma”. El informe ha sido coordinado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, pero en él han participado también Rafael Doménech (BBVA Research), Enrique Devesa (IVIE), Miguel Ángel García Díaz (Universidad Rey Juan Carlos I), Concepció Patxot (Universidad de Barcelona), Javier Díaz Jiménez (IESE) o José Antonio Herce (LoRIS), entre otros. Así, mientras el ministerio defiende que el efecto de sus medidas es prácticamente nulo sobre el saldo presupuestario, los economistas de Fedea sostienen que se está infravalorando el impacto de las reformas sobre el déficit del sistema. Según sus cálculos, el gasto en pensiones, una vez restadas las medidas de ingresos, subirá en 1,5 puntos de PIB en promedio entre 2022 y 2050. Y excederá en 2050 los 3,5 puntos de PIB, unos 52.000 millones a fecha actual, la mitad de lo que se recauda por IRPF. En consecuencia, debería ya activarse el mecanismo corrector que se pondrá en marcha en 2025 y que evaluará cada tres años la sostenibilidad de las pensiones. 

Los cambios que se vienen sucediendo desde 2019 en materia de inmigración laboral en España han provocado un aumento sin precedentes en el número de permisos para extranjeros. De 2021 a 2022 crecieron casi un 50%, hasta superar las 16.000 autorizaciones. Es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Francia (68%), con el mayor repunte. Sin embargo, en términos absolutos duplicó las licencias concedidas por el país galo, que solo registró 8.000. Las cifras constatan el impacto que ha tenido en el mercado de trabajo la política del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en cuatro años ha apostado por un modelo que agiliza la contratación de mano de obra en sectores clave. El número de permisos expedidos también ha aumentado notoriamente si se compara con 2019, el año previo a la pandemia. El repunte porcentual es de casi un 38%, según los datos publicados ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la cuarta edición del informe sobre perspectivas de migración internacional. En ese año se otorgaron 11.700 autorizaciones. De esta forma, se confirman los resultados que ha tenido, en menos de un año de su puesta en marcha, la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que facilita la contratación de trabajadores en el exterior y plantea una vía de obtener los papeles a los inmigrantes que ya viven en España a cambio de que se formen en sectores necesitados de personal. La hoja de ruta incluye nuevas facilidades para incorporar extranjeros con estudios homologables a formación profesional en pequeñas y medianas empresas, la regulación de startups, que entre otras cosas impulsa la llegada de nómadas digitales, y la reciente ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que permite a las empresas la contratación en el extranjero. Todas estas modificaciones hacen prever que siga aumentando el número de permisos laborales otorgados a migrantes.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, aseguró ayer que, aunque habrá que hablar en el diálogo social y en la negociación colectiva de los tiempos de trabajo, la prioridad en la próxima legislatura debe ser la de acabar con el paro y lograr el pleno empleo efectivo. Calviño respondió así al ser preguntada por la condición de Sumar de rebajar la jornada laboral en una hora al día para poder cerrar un acuerdo de Gobierno con el PSOE, un asunto en el que las negociaciones entre ambas formaciones están atascadas. Calviño subrayó que la negociación y el debate sobre el tiempo del trabajo va a estar muy presente en los próximos años, y recordó que en el programa electoral del PSOE se apuntaba que “dentro de la negociación colectiva y del diálogo social” se abordaría cómo están cambiando las costumbres y los horarios de trabajo, también en los países del entorno español. “Está claro que la prioridad para la próxima legislatura tiene que ser acabar con el desempleo que hay en nuestro país”, zanjó.

El Gobierno Vasco dará hoy luz verde al proyecto de presupuestos, el último de la legislatura que arrancó en 2020 liderada por el bipartito PNV-PSE con Iñigo Urkullu al frente. Las cuentas deberán ser gestionadas en 2024 por el Ejecutivo que salga de las urnas en las elecciones autonómicas del próximo año. El Ejecutivo de Urkullu intentará atraer el voto de algún partido de la oposición para sacar adelante el presupuesto. El año pasado el departamento del consejero de Hacienda Pedro Azpiazu no lo consiguió y, pese a que el PP-Cs en un principio dejó abierta la posibilidad de apoyarlo o al menos de no pedir su devolución, finalmente presentó una enmienda a la totalidad, al igual que EH Bildu, Podemos, y Vox. En consecuencia, el bipartito aprobó los presupuestos gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento Vasco, una situación que se podría repetir en diciembre cuando se celebre el pleno en el que se discutan las cuentas de 2024. En 2021 salieron adelante solo con los votos del bipartito, en 2022 EH Bildu se abstuvo y en 2023 contó únicamente con el respaldo de jeltzales y socialistas.

El Gobierno Vasco ha fijado unos servicios mínimos de cara a los dos días de huelga convocados en el sector público por los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK para mañana y el 19 de diciembre que son similares a los de paros anteriores. Así, circularán al menos el 30% de los transportes públicos, en los hospitales se trabajará como un festivo y en los centros de atención primaria funcionarán como un sábado. En lo que respecta al transporte público establece, como es habitual, que se cubrirán de forma especial los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. En el ámbito sanitario se garantizará también el 100% de los servicios de emergencia y PAC, así como el 50% del personal de los call center de las OSI. En las residencias de mayores se mantendrá el 50% del personal gericultor que realice atención directa con un refuerzo del 10% durante el desayuno, comida y cena. En el turno de noche, el 100%. En los centros de día, los servicios serán similares. En los centros educativos, por cada centro y edificio habrá una persona del equipo directivo y otra del subalterno para garantizar el control de acceso a los centros y un profesor por cada etapa educativa. En la administración de justicia se garantiza el servicio de guardia, recepción y registro de documentos y el reparto de asuntos urgentes, entre otras cuestiones. Por su parte, se mantendrá el 100% de los servicios de emergencias de SOS Deiak 112, y los bomberos como un festivo. Los sindicatos convocantes de las dos jornadas de huelga trasladaron ayer a representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Congreso de los Diputados la importancia de que utilicen sus votos en Madrid para posibilitar que el salario y el empleo se negocien en Euskadi. 

Japón se ha convertido en un socio fuerte de Euskadi en productos de alta tecnología. Esto se produce, además, en un momento en el que se registra un retroceso general en las exportaciones por la caída de los productos energéticos, marcada por el frenazo en la demanda recibida por Petronor. Y es que las grandes economías de Europa, a su vez importantes mercados para Euskadi, compran menos por el enfriamiento que atraviesan sus economías. El de agosto es el quinto mes consecutivo en negativo de las exportaciones vascas. Ante este escenario, destaca el crecimiento tanto de las ventas como de las compras de las empresas vascas a Japón. Las exportaciones a Japón comenzaron a incrementarse desde 2015, con un máximo en 2016 por las fuertes ventas de automóviles. Posteriormente, los incrementos han sido más moderados, salvo este 2023, cuando vuelven a crecer fuertemente. Así, entre enero y agosto de este año, Euskadi exportó al país nipón productos por valor de 143 millones de euros –43 millones de euros más que en todo 2022–. Según los datos, las exportaciones han crecido un 43% en los últimos cinco años –en 2018, el valor fue de 67 millones de euros–. Sin embargo, el saldo comercial con Japón es históricamente es negativo para Euskadi. Y es que las importaciones son superiores a las exportaciones. Así, entre enero y agosto de este año, Euskadi importó productos japoneses por valor de 189,89 millones de euros –23 millones más que el año pasado–. Hay dos partidas que suponen más del 70% de las exportaciones: vehículos automóviles y siderurgia. Por detrás estarían los productos químicos y la maquinaria industrial y los equipos de telecomunicaciones.

La empresa eibarresa Hierros Servando tiene previsto poner en marcha su proyecto de reciclaje en las antiguas instalaciones de Corrugados (Azpeitia) para principios del 2025. Sus planes solo dependen ahora de la aprobación de un informe de calidad ambiental por parte del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente el Gobierno Vasco. La factoría se abrirá en el pabellón que construyó el grupo extremeño en 2009 en Trukutxo, justo donde pretendía llevar la producción de su planta de Amue –ubicada en el centro–, aunque finalmente no llegó nunca a materializarse. Ahora, la empresa eibarresa Hierros Servando tiene todo adelantado para montar en dichas instalaciones una de las plantas más modernas de Europa de reciclaje y tratamiento de hierro y otros materiales para las acerías. A esta actividad se dedica esta firma familiar desde hace más de 70 años. También es conocida por patrocinar de diferentes formas a la SD Eibar, antes en Segunda B, Primera División y ahora en la categoría de plata. Su director general, José Antonio Fernández, hijo del fundador de la empresa Servando Fernández, explica que su proyecto es crear una de las plantas más modernas en un pabellón que cuenta con 150.000 metros cuadrados, lo que le permitiría duplicar prácticamente el volumen actual de ventas, que ronda las 700.000 toneladas al año. El proyecto prevé generar entre 50 y 70 empleos, con lo que Fernández señala que «todas las cuestiones jurídicas se han resuelto a nuestro favor y únicamente falta un informe de calidad ambiental. Dada la rigurosidad de estos informes, que podrían alargarse en el tiempo hasta año y medio, la nueva fábrica no se pondría en marcha hasta principios del 2025».

Leire Alberdi Olavegoya, CEO de Grupo Alberdi, se alzó ayer con el premio al ‘Mejor Empresario Vasco 2022’. La XXXII edición de La Noche de la Empresa Vasca, celebrada en Bilbao en el Guggenheim, premió a la hija del difunto Jesús María Alberdi, fundador de Talleres Izurza, Sidepalsa, Diviprec, Aeromec y Legutilan, empresas que hoy conforman el Grupo Alberdi, por liderar con éxito procesos de desarrollo de negocio, digitalización, innovación y transformación cultural en todas las empresas. Entre los premiados, la biotecnológica donostiarra VIVEbiotech se llevó el galardón ‘Innovación Empresarial’, recogido por su presidente, Gurutz Linazasoro. Otros premios como el ‘Made in Euskadi’ fue a parar a la vizcaína Lointek, y la ‘Euskal Makila’ a Protec Arisawa Europe. Ver nota Empresa Vasca. 

La European University Gasteiz (Euneiz) celebró ayer la inauguración de su segundo curso académico en el que triplica el número de alumnos al sumar 183 nuevos ingresos a los 109 estudiantes ya matriculados. Casi 300 alumnos se formarán en los once títulos oficiales que se impartirán, relacionados con el ámbito de la salud y la tecnología. En este 2023-24 se suman tres grados – dos en videojuegos, uno en Ciberseguridad, más el doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte– y cuatro másteres que se impartirán en las aulas del conocido Edificio Vital, frente al Buesa Arena. El rector, Lluís Vicent, centró su intervención en los desafíos educativos y objetivos que se plantean en un acto que contó con una nutrida representación de entidades e instituciones que colaboran con la última universidad privada abierta en el País Vasco. Una de las líneas maestras del centro tiene que ver con seguir dando pasos en la «internacionalización». Por ello, este curso, la Euneiz entrará en el programa de intercambio Erasmus. A su vez, en las aulas se forman ya nueve alumnos de diferentes países (Francia, Georgia y Perú), aunque la mayoría proceden de Álava y Euskadi. El rector dedicó parte de su discurso a fijar la posición de esta universidad en uno de los grandes debates en el campo de la educación. «Algunos la ven con admiración y otros con recelo pero su influencia no hará más que crecer», dijo el responsable académico acerca del uso de la Inteligencia Artificial. «Ignorarla no es una opción en educación», apuntó. A su vez, subrayó que «debe emplearse con espíritu crítico» sin prescindir de valores como la «pasión, la empatía o la bondad» de los que carecen las máquinas. «La IA es un medio, no un fin», apostilló. Vicent advirtió que sería un «error» que los alumnos dejarán en manos de estas herramientas todos sus trabajos, ya que la «supervisión humana es imprescindible».

Los avances tecnológicos van a obligar a todas las empresas a cambiar si quieren seguir en el mercado, ya que en un horizonte de seis a siete años la sociedad cambiará de forma radical. Ésta es las visión de Ana Botín, presidenta de Santander, quien ayer aseguró con rotundidad: “El mayor competidor del banco será Apple”. La multinacional electrónica ha emprendido su aventura financiera con el lanzamiento en Estados Unidos de varios servicios, desde cuenta de ahorro a productos para el mercado de préstamos. Botín ve clara la amenaza de la tecnológica estadounidense a la banca tradicional. Según dijo, “los nuevos clientes van a nuevos competidores; y Santander tiene que competir con grandes plataformas, no sólo con las fintechs”. La banquera fue rotunda: “Si no cambiamos, nos sacan”. De ahí que Santander se ve ya como una plataforma global abierta de servicios financieros. Botín participó en Bilbao en el Congreso de Empresa Familiar en un diálogo con la CEO del grupo Iberostar, Sabina Fluxá, durante el que respondió a preguntas sobre los cambios tecnológicos y climáticos. Éstos son dos retos y oportunidades que van a implicar un “cambio bestial” en las empresas, que requieren tiempo para transformarse. La banquera advirtió que la transición energética hay que pagarla. Como los gobiernos tienen hoy en día una deuda “suficiente”, esta financiación correrá a cargo de las empresas, que necesitarán a los bancos. Y las entidades financieras precisan que Gobierno y reguladores fijen un marco regulatorio que les permitan financiar esta transición, dijo.

Los dos grandes sindicatos con mayor representación en Telefónica en España, UGT y CCOO, estarían de acuerdo en sentarse a negociar con la empresa el nuevo programa de bajas voluntarias que ultima poner en marcha la operadora de telecomunicaciones. Este plan afectaría inicialmente a un universo de unos 5.000 empleados en los tres años de vigencia del plan (de 2024 a 2026), aunque la empresa espera que la salida total de trabajadores se sitúe en la horquilla de entre 2.500 y 3.000 empleados. Sin embargo, una exigencia sindical antes de abordar esa negociación es la de vincular las conversaciones sobre las bajas a un compromiso laboral de la empresa al más largo plazo posible . El razonamiento de los sindicatos es que los últimos planes de separación individual (PSI) fueron siempre acompañados de acuerdos laborales, con la firma de un nuevo convenio colectivo o la prórroga del vigente. Pero el convenio colectivo actual expira en diciembre de este año. Y, además, en las últimas semanas se han producido acontecimientos que han generado inquietud entre la plantilla de Telefónica España, principalmente el anuncio de la entrada en el capital del grupo saudí STC, controlado por el fondo soberano saudí PIF. Los sindicatos señalan que la llegada de STC al capital, a pesar de que aún está pendiente de notificarse oficialmente y por tanto aún no se ha iniciado el proceso de autorización administrativa por parte del Ministerio de Defensa, ha generado nerviosismo entre los trabajadores, puesto que se teme que el nuevo inversor –que ha dado su respaldo público al equipo gestor y a la estrategia– inyecte más presión sobre los resultados, en busca de mayor rentabilidad del grupo para mejorar la cotización, lo que se traduciría en condiciones más duras para la plantilla.

Félix Peinado asumió la dirección de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España en octubre de 2021 después de haber sido secretario general de la patronal de CastillaLa Mancha (Cecam). Ayer intervino en Bilbao en una jornada organizada por el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco sobre el impulso a la Declaración de Oñati para un nuevo modelo de relaciones laborales. La cita giraba en torno a la importancia del diálogo social que, a su juicio, vive un momento muy positivo en España, hasta el punto de ser un ejemplo global. "Creo que en España han influidos dos factores. Por un lado, una recuperación intensa y muy sostenida en el tiempo a nivel económico tras el covid. Por otro, el marco de estabilidad jurídica que trajo la reforma laboral pactada entre empresarios, sindicatos y Gobierno. No sé qué ocurrirá en el futuro. Se constata una desaceleración, pero no se prevé recesión salvo en casos puntuales como Alemania, lo que es esperanzador para el empleo...El diálogo social en España ha tenido altibajos, pero en los últimos años ha sido muy fructífero, sobre todo a raíz de la pandemia. Desde entonces se han alcanzado hasta 18 acuerdos tripartitos, entre ellos la reforma laboral. La labor desarrollada por los agentes sociales y el Gobierno español constituye un ejemplo a escala global. También la negociación bipartita (empresarios y sindicatos) ha sido muy positiva porque además da cobertura a un 75% de los asalariados gracias a los convenios sectoriales. Destacaría en este sentido el acuerdo marco sellado este año con subidas salariales que permiten mantener el poder adquisitivo...2

España no tiene, a día de hoy, ni un solo punto de recarga de alta potencia para camiones eléctricos de larga distancia. Si bien no hay datos oficiales del Gobierno (el IDAE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, había prometido que publicaría un censo de la infraestructura de carga en mayo del año pasado, algo que aún no ha hecho), hasta junio había en España 22.760 puntos de recarga públicos, de los cuales solo 317 superaban los 250 kW de potencia, según datos de Anfac, la patronal de fabricantes de coches. No hay ninguno de 350 kW, potencia mínima para el vehículo pesado de larga distancia, lo que supone un grave inconveniente para un sector que tiene que empezar a reducir sus emisiones de CO2 para llegar al objetivo propuesto por la Comisión Europea de reducción del 45% en 2030 (marca que endureció respecto al anterior objetivo del 30%). “Los camiones que hay en el mercado, que son regionales y urbanos, empiezan a cargar en potencias de 150 kW en adelante, pero son camiones con una misión muy concreta. Para mayores distancias, se necesitan 350 kW en adelante y para un camión de larga distancia que pueda hacer 800 o 900 kilómetros, se habla de 850 kW o un MW. Son potencias muy altas”, indica a CincoDías la directora de área industrial y medioambiente de Anfac, Arancha García. Actualmente no se venden camiones para largas distancias eléctricos, solo hay prototipos, según explica esta directiva. Una alternativa prometedora para el vehículo industrial es el hidrógeno, pero tampoco hay hidrogeneras de acceso público preparadas para camiones.

El día después en el que muchos argentinos pensaban que su país iba a dar un giro político espectacular se encontraron con una nación dividida y con el peronismo, representado por Sergio Massa, líder del partido Unión por la Patria, vivito y coleando en contra de la mayoría de los pronósticos. El ministro de Economía obtuvo el 36,6% de los votos en las elecciones del pasado domingo, por encima del hombre que estaba convencido de que gritando «por la libertad, carajo» iba a enterrar el peronismo, el kirchnerismo y todo lo que olía a oficialismo. Pero Javier Milei, de Libertad Avanza, sólo consiguió el 29,9%. Massa logró el peor resultado del peronismo en cuarenta años pero, en un país con casi un 140% de inflación, sumó la mayor cantidad de votos. Cuestión digna de estudio. Pero ahora ha pasado a ser el favorito para la segunda vuelta de unas elecciones previstas para el 19 de noviembre. «Libertad vs Kirchenerismo», tituló Milei su último mensaje en las redes. «Si no queremos perder el país en manos de este Gobierno de delincuentes es fundamental que todos los que queremos un cambio trabajemos juntos. Tenemos treinta días para hacer historia», concluyó. El día después, y pese a no haber obtenido el resultado deseado, el líder ultra siguió con su discurso de desprestigio a todo el oficialismo y llamó a los votantes de la tercera fuerza más votada, representada por Patricia Bullrich, a unirse contra el peronismo y el kirchnerismo.

La entrada a internet desde hace prácticamente dos décadas se realiza a través de una búsqueda. Hace exactamente un cuarto de siglo, Larry Page y Sergey Brin, fundadores de la compañía en Silicon Valley, teclearon dos palabras ‘Gerhard Casper’ y su entonces incipiente buscador respondió con enlaces correctos. Hoy, cada día se ejecutan 5.600 millones de búsquedas similares en Google, donde un usuario puede preguntar desde el tiempo que hace hasta cómo viajar a Punta Cana, por poner dos ejemplos domésticos. Una revolución en la forma de comunicarnos de la que dependen millones de negocios y millones de puestos de trabajo de grandes y no tan grandes compañías de todo el mundo. Un universo económico que ahora tiembla ante la irrupción de las inteligencias artificiales generativas. «ChatGPT va a acabar en dos años con Google». El pronóstico es del que fuera creador de Gmail y ahora emprendedor tecnológico, Paul Buchheit. ¿Por qué? Porque Google ha construido su éxito sobre una red de algoritmos que ofrecen enlaces precisos a las 40.000 consultas de búsqueda por segundo que reciben. Pero ahora, la Inteligencia Artificial (IA) generativa busca, procesa y responde en tiempo real. «Entonces invita menos a navegar por enlaces», explica Richard Benjamins, responsable de Inteligencia Artificial de Telefónica. Solo en búsquedas, Google se embolsó 151.682 millones de euros en 2022, el 57% de sus ingresos que puede recortarse un tercio, según los expertos financieros, si ese universo de hipervínculos pierde importancia. Internet se adentra en una nueva era en la que «los motores de búsqueda localizan dónde están los contenidos y lo encajan con lo que preguntamos», describe Senén Barro, catedrático de Ciencias de la Computación e IA y director científico del CiTIUS de la Universidad de Santiago de Compostela. «Ahora no ofrecen datos, sino que construyen una respuesta a partir de enormes cantidades de información», añade. Un gancho directo a un negocio de 209.593 millones de euros. Esa es la cifra que Google generó solo por publicidad en 2022, casi 400.000 euros por minuto y sin crear un solo contenido, únicamente ofreciendo el de terceros. Entre abril y junio de este año, la firma ingresó cinco veces el presupuesto del Ministerio del Interior español (10.501 millones).