20231025

La medida estrella del pacto PSOE y Sumar para un nuevo Gobierno de coalición, reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales para 2025, tendrá un impacto limitado en Euskadi, cuyos convenios colectivos recogen la jornada más corta de toda España, con una media que se sitúa por debajo de esas 37,5 horas a la semana. Eso es para el ámbito privado porque en el sector público vasco llevan décadas disfrutando de las 35 horas y de otras muchas ventajas para mejorar la conciliación. La iniciativa, una prioridad para la vicepresidenta Yolanda Díaz que ha hecho de ello campaña con el lema ‘ganar tiempo para la vida’, implica una reducción progresiva por ley –hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025– y a partir de ahí se constituirá una mesa con los agentes sociales para evaluar la medida y seguir avanzando en la rebaja de la jornada legal. El cambio en la legislación, que lleva desde 1983 estancada en las 40 horas semanales, afecta a Euskadi en el sentido de que habrá un nuevo máximo legal y convenios que tendrán que ajustarse. Pero la mayoría se sitúa por debajo de las 37,5 horas semanales fijadas para 2025, que en términos anuales equivaldrían a 1.712 horas. Así, la media de los convenios vigentes negociados en Euskadi es ahora de 1.687 horas al año, lo que supone unas 37 horas a la semana, según los últimos datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL). No hay ninguna otra comunidad autónoma con una jornada por debajo de las 1.700 horas y la media nacional se sitúa en las 1.754 horas (cerca de 38,5 horas a la semana). Es una diferencia histórica de la que disfrutan los trabajadores vascos.

Reducción de la jornada laboral. Este ha sido el principal punto de desencuentro en las negociaciones entre ambas formaciones y la medida estrella. Su aplicación se producirá de forma progresiva. Se reducirá hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y culminará en 2025. Impuesto a la banca, a las energéticas y el 15% en Sociedades. El documento recoge una reforma fiscal «justa» que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. Se revisarán los gravámenes sobre estas entidades con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual. Se acuerda fijar un tipo del 15% en Sociedades sobre el resultado contable, en lugar de sobre la base imponible. Calculan recaudar 10.000 millones. Vivienda pública y alquileres. Aumentar el parque público de vivienda hasta el 20% del total; se eleva el umbral de la renta media (37.800 euros) para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas. Tiempos de espera en Sanidad. Se establecerán por ley unos tiempos máximos de espera: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia... Ver acuerdo completo Psoe Sumar. 

El acuerdo que ha alcanzado el PSOE con Sumar para contar con sus apoyos de cara a la investidura de Pedro Sánchez incluye el compromiso de endurecer las causas del despido y de reforzar el papel de los sindicatos en los casos de descuelgue de convenio –situaciones en las que una empresa decide no aplicar un convenio porque hay causas que se lo impiden–, de forma que sea obligatorio negociarlos en todos los casos. El documento, de 48 páginas y en el que hay 24 menciones al «empleo», eje fundamental de esta legislatura, recoge el compromiso de «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral». En concreto, la Carta Social Europea recoge que todos los trabajadores tienen derecho a no ser despedidos «sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o su conducta, o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio», de forma que aquellos que sean despedidos sin razón válida tengan derecho a «una indemnización adecuada u otra reparación apropiada». En esta redacción se ha amparado precisamente UGT para demandar a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales –organismo que se dedica a velar por que las legislaciones nacionales den cumplimiento a lo estipulado en la Carta–, alegando que nuestro sistema de indemnizaciones por despido es insuficiente y que no garantiza una protección justa. La demanda, en línea con otras presentadas y ganadas por los sindicatos en Italia y Francia, está en tramitación y probablemente dará lugar a un fallo del Comité de Estrasburgo animando al Gobierno a cambiar la legislación, lo que podría abrir la puerta a una suerte de indemnizaciones por despido a la carta en función de las características de cada trabajador.

El acuerdo al que han llegado PSOE y Sumar para intentar sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en la próxima legislatura contempla un aluvión de medidas que pone en el punto de mira a las grandes energéticas y a los macroproyectos de renovables. Cerca de una veintena de medidas del más de centenar de puntos acordados se refieren al sector energético, y pueden suponer un verdadero tsunami en las cuentas de las grandes energéticas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa. También pone en el punto de mira a los macroproyectos de renovables, que tanta polvareda social han creado en los dos últimos años, con movimientos que critican aquellas instalaciones que atentan contra el paisaje o el entorno rural. Además de dar a entender que se mantendrá el impuestazo a los grandes bancos y energéticas (ver información en página 24), el Gobierno se plantea “profundizar en la reforma del mercado eléctrico mayorista”, para “resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo” de las eléctricas. Son los conocidos windfall profits, que supuestamente han obtenido algunas eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy por disfrutar de elevados precios de la luz cuando muchas de sus centrales tienen costes muy reducidos o están amortizadas. Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, ha sido especialmente beligerante contra los beneficios de las eléctricas, que llegó a calificar de “obscenos”.

El pacto entre PSOE y Sumar recoge “un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”. El cierre escalonado entre 2027 y 2035 es algo que ya estaba acordado por el Gobierno con las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de los reactores. Pero la posibilidad de un nuevo Gobierno, o de que este fuera del PP, abrió la posibilidad de una extensión de la vida útil. En cualquier caso, el cierre escalonado estaba pendiente de la aprobación de un nuevo plan de residuos nucleares por parte del Gobierno, que contemple presupuestos de desmantelamiento y tratamiento de la basura atómica. El pacto contempla aprobar el Séptimo Plan General de Residuos Radioactivos. Ahora el plan vigente, desde hace años, es el sexto, y el séptimo se había demorado sine die. Este “nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares”. Su presupuesto supera los 19.000 millones de euros.

Sin esperar a conocer el texto final, las asociaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA no tardaron en expresar su rechazo a las medidas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. En una nota de prensa, las organizaciones empresariales destacaron el «impacto negativo» para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo. «Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del Diálogo Social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», señala la nota. Las patronales consideran que existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y de descanso, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva. «La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades del empleador». También defienden que con este acuerdo no se están respetando los pactos sociales alcanzados en el Diálogo Social, «desde la Reforma Laboral hasta el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 10 de mayo por un periodo de tres años». Ver nota CEOE. 

El acuerdo entre el PSOE y Sumar mosquea al PNV. Los jeltzales mostraron ayer su preocupación por que el pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz invada competencias vascas. Los jeltzales advirtieron de que los cinco votos del PNV siguen siendo necesarios para que Sánchez sea investido presidente y que para conseguirlos es mejor no pisarles el callo. Y añadieron que de momento con el PNV no hay acuerdo alguno. El Grupo Vasco en el Congreso difundió una nota en la que señaló que la presentación del pacto entre el PSOE y Sumar deja muchas dudas y preguntas en el aire. «El documento con las 230 medidas requiere una lectura sosegada y un análisis más profundo», precisaron. Los jeltzales indican que les preocupa, por ejemplo, que algunos asuntos puedan suponer «invasión de competencias» en materias como sanidad, educación, becas, cuidados y vivienda. También les pone en alerta que parte del lenguaje empleado no parece caminar sobre la senda del «respeto al autogobierno de las comunidades autónomas y el desarrollo de sus Estatutos». El PNV pone el foco en lo que considera «mal llamados impuestos a la banca y energéticas». Recuerdan que esta medida debe respetar el sistema de Concierto y Convenio Económicos y, por tanto, ser concertados con las instituciones de Euskadi y Navarra si quieren contar con nuestro sí».

Frente al optimismo, rayano en el triunfalismo, que exhibieron ayer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la presentación de su acuerdo de coalición en el Museo Reina Sofía, los socios que, a la postre, tienen que completar las mayorías exigidas para que el Gobierno de PSOE y Sumar sea una realidad airearon a su vez los recelos que les suscita el pacto. Nacionalistas e independentistas vascos y catalanes avisaron de los riesgos de avanzar hacia el encaje de bolillos de la investidura sin contar con ellos y con vocación de «imponer la agenda propia» en lugar de escuchar sus demandas, como alertó el PNV. No sólo por la posible invasión de competencias en que puedan incurrir parte de las 230 medidas anunciadas, sino también por la proliferación de promesas que «ellos se sacan de la manga y pagamos los demás». «Estaremos vigilantes», avisaron en el Gobierno de Iñigo Urkullu y en el Govern de Pere Aragonès. Una vez más, los socios forzosos del hipotético tercer Gobierno de Sánchez torcieron el gesto ante la política de hechos consumados de PSOE y Sumar que, en un clima de euforia y sin admitir preguntas, presentaron el acuerdo como el paso definitivo para reeditar, una legislatura más, «el Gobierno de coalición progresista» y mantener «el impulso reformista» y «la paz social» que el Ejecutivo de Sánchez habría devuelto a España, en palabras del propio presidente en funciones. «Nos daban dos días y hemos estado cuatro años, y otros cuatro que vamos a estar», presumió el candidato a una investidura aún sin fecha (el plazo para evitar unas nuevas elecciones en enero expira el 27 de noviembre) y sin aliados confirmados más allá de EH Bildu. «¡Querido presidente, vamos a por más!», le jaleó Díaz, artífice de la medida estrella del documento que han negociado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el responsable económico de Sumar, Nacho Álvarez. 

Las Cuentas de 2024 superan por primera vez los 15.000 millones con un gasto social que supone «un 80%» del total. El Gabinete Urkullu aprobó ayer el proyecto del último Presupuesto de la legislatura que llega en medio de la incertidumbre generada por la desaceleración que enfría al motor económico de Europa. Un paisaje que se ha agravado, además, en las últimas semanas con el conflicto de Oriente Próximo que acerca el petróleo a los 100 dólares el barril y ha elevado el precio del gas casi un 50% en 14 días. Así que la presentación de las cifras macroeconómicas, aunque no variaron –el crecimiento para 2024 será de un 2,1%, la creación de 16.000 empleos dejarán la tasa de paro en el 7% y el IPC cerrará en el 3,6%–, se presentaron con mayor énfasis en algunos adjetivos. Así lo reconoció el responsable de la cartera económica del Gabinete, Pedro Azpiazu, al señalar que son unas Cuentas para un «escenario de debilidad en las economías desarrolladas» y en el que «el País Vasco no es ajeno a ese proceso de desaceleración» provocado por la inflación y las subidas de tipos de interés. La propuesta presupuestaria de la coalición PNV-PSE, que goza de mayoría absoluta para sacarla adelante en el Parlamento vasco, marca una capacidad de gasto récord de 15.025 millones de euros, 774 millones más que suponen elevar el presupuesto un 5,4%. El incremento es notable, pero acusa ya un ritmo más suave de crecimiento si lo comparamos con el salto del 8,7% que registró el Presupuesto de este año. Son unos recursos, además, con los que el Gobierno vasco se ha conjurado para hacer de ellos «soporte y garante de los servicios públicos», tal y como explicó el propio Azpiazu en vísperas de la primera de las dos jornadas de paro en la Administración pública vasca que han convocado todos los sindicatos menos UGT.

Algo más de 150.000 empleados públicos están llamados hoy a la primera de las dos jornadas de paros convocadas por la práctica totalidad de los sindicatos –ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK– en todo el sector (Osakidetza, Educación, Administración...). Esta huelga, de la que solo se ha desmarcado UGT, se produce un día después de que ayer hubiera otra en la enseñanza pública y en medio de una concentración inédita de protestas en diferentes ámbitos de los servicios públicos, como ambulancias o residencias. Pero la de hoy y la que tendrá lugar el 19 de diciembre pretenden ser, por su alcance general, la gran ofensiva de las centrales para reclamar mejoras. Los sindicatos justifican esta avalancha de huelgas en el bloqueo de las mesas de negociación, en las que hace más de una década que no se han firmado acuerdos. En concreto, esgrimen que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 20% desde 2009, con lo que reclaman una subida del 10% en los próximos Presupuestos y el reconocimiento del resto como deuda. También exigen el fin de las privatizaciones y denuncian que la exagerada temporalidad, ahora en el 44%, no va a llegar al 8% establecido en la denominada ‘ley Iceta’ a pesar de las OPE convocadas. Este pulso supone un foco de desgaste importante para el Gobierno vasco a solo unos meses de las elecciones autonómicas, después de que los problemas en Osakidetza tras el covid hayan estado en el punto de mira. El lehendakari ha sido muy crítico con esta concentración de huelgas y no ha dudado en vincularlas a una estrategia «organizada y deliberada» de la izquierda abertzale para generar un «clima de malestar social».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien le reafirmó el «compromiso» de esta empresa con el País Vasco. El encuentro, celebrado en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, se enmarca en las habituales reuniones institucionales que mantiene Galán con Urkullu. Fuentes de Iberdrola recuerdan que la eléctrica vasca tuvo un impacto socioeconómico en Euskadi de cerca de 2.700 millones de euros en 2022 por su actividad. Las inversiones en el País Vasco ascendieron a 241 millones de euros y su contribución fiscal (400 millones) supuso más del 2% del PIB vasco. A ello habría que añadir, además, el efecto de pagos a proveedores y salarios. A este respecto, Iberdrola efectuó compras a cerca de 600 proveedores vascos por más de 1.700 millones. La compañía señala que su compromiso con Euskadi promueve la dinamización de la industria vasca, así como la creación de empleo «de calidad» en sectores de futuro.

Cerca de un millar de empleados de Siemens Gamesa respondieron ayer a la convocatoria realizada por los sindicatos CC OO, UGT y ELA y se concentraron ante las instalaciones de todos los centros de trabajo de la compañía. El objeto de la protesta era llamar la atención sobre la mala situación de la empresa y presionar para que se eviten medidas traumáticas que afecten al empleo en los próximos meses. Los sindicatos temen ya un duro ajuste de plantilla e incluso el cierre de fabricas en España como consecuencia de la delicada situación de la compañía, que finalizará el último ejercicio con unas pérdidas galácticas. Siemens Gamesa presentará sus resultados del último año el próximo día 15 de noviembre y sus máximos responsables ya han anticipado que estiman unos números rojos en el entorno de 4.500 millones de euros. Para seis días más tarde, el 21 del próximo mes, está convocada la jornada de relación con los inversores y se espera que la dirección de la firma presente ese día sus medidas de ajuste.

Los datos de agosto en Euskadi sobre las inscripciones en el Registro de adquisición de viviendas volvieron a caer por séptimo mes consecutivo al efectuarse 1.755 compraventas, un 15,6% menos que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los ocho primeros meses de este ejercicio se contabilizaron en el País Vasco un total de 15.013 operaciones, un 9,4% menos que en el mismo periodo del año pasado –el más importante en volumen de la última década– y también la constatación del cambio de tendencia en el sector, que acusa la subida de los tipos de interés en los créditos hipotecarios. El tipo de vivienda que más está notando las circunstancias económicas es la usada, que entre enero y agosto registró 12.521 compraventas, lo que supone un descenso del 11% que en los mismos meses de 2022. Los pisos nuevos también acumulan una caída, pero solo de un 1%, al realizarse 2.492 inscripciones de compraventas. En el conjunto de España, la compraventa de viviendas también encadenó siete meses de tasas interanuales negativas al experimentar el pasado agosto un descenso del 14,4% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 49.252 operaciones, su cifra más baja en este mes desde 2020. En los ocho primeros meses la compraventa de viviendas a nivel nacional cayó un 6,5%, tras retroceder las operaciones sobre viviendas nuevas un 2% y bajar las realizadas sobre viviendas usadas un 7,5%.

El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, pidió ayer prudencia al Gobierno para «preservar la competitividad». Sus palabras, en un breve encuentro con los medios de comunicación, se produjeron apenas una hora después de conocerse el contenido del pacto entre el PSOE y Sumar, que incluye la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y una revisión de la fiscalidad que soportan las empresas. «No conozco el detalle de lo que proponen, pero creo que todos estamos interesados en no dañar la competitividad porque no estamos solos y nuestras empresas tienen que competir con otras que tienen diferentes reglas», dijo. Tampoco quiso mojarse en exceso el empresario vasco en torno a una posible amnistía como elemento de canje en la negociación política para la formación del nuevo Gobierno, asunto en el que tan solo quiso aclarar que «se puede hablar de todo lo que cabe en la Constitución. Ese es el límite». En su discurso de clausura del congreso anual del IEF, su presidente se mostró escéptico en torno a los gestos de acercamiento al mundo empresarial que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez y que se materializaron en la jornada inaugural del congreso, el pasado lunes, por boca del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Soy consciente de que hay que diferenciar entre las palabras y los hechos», dijo Sendagorta, para mostrar también la sensación de que no todo está resuelto en el alejamiento progresivo que han sufrido en los últimos años los empresarios y el Ejecutivo. «No soy ingenuo», matizó.

En la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, reclamó ayer «respeto por el euskera porque Euskadi es una comunidad en la que hay dos lenguas oficiales», al tiempo que reclamó «que alguien pida disculpas». Se refería a lo sucedido el lunes en el congreso del Instituto de Empresa Familiar organizado en Bilbao, cuando el arranque del discurso del lehendakari en euskera fue interrumpido con murmullos de desaprobación por parte de un grupo de asistentes. «Como Gobierno hay aprobados unos criterios lingüísticos para el uso de las dos lenguas oficiales que tenemos, y todos los responsables del Gobierno estamos comprometidos a utilizar nuestras dos lenguas oficiales en todos los actos públicos», dijo ayer Zupiria. Los murmullos de un grupo de asistentes al acto –en el que estaban presentes, además del Rey y otras autoridades, más de medio millar de empresarios de toda España– generaron un visible malestar en Urkullu, que no dudó en paralizar su intervención durante varios segundos. El presidente del IEF, Andrés Sendagorta, eludió ayer esa petición de disculpas que exige el Ejecutivo vasco y, tras señalar que había «entrado en contacto con el lehendakari», reconoció que «los vascos tenemos que reclamar sensibilidad hacia el euskera y hacer más pedagogía». 

La banca española ha endurecido aún más las condiciones para acceder al crédito durante el tercer trimestre del año. Así se refleja en la encuesta de préstamos bancarios, publicada ayer por el Banco Central Europeo, en la que el supervisor constata que la subida de tipos, el aumento del riesgo por parte de los clientes y la menor tolerancia de los bancos a esa exposición de riesgo han llevado a las entidades a aplicar criterios más duros a la hora de conceder financiación al consumo, hipotecas y créditos a empresas. Y aunque el endurecimiento ha sido generalizado en Europa, en España ha sido especialmente intenso. “En el tercer trimestre de 2023, los bancos siguieron informando de un aumento neto en la proporción de solicitudes rechazadas en todos los segmentos de préstamos. El endurecimiento acumulado desde 2022 ha sido sustancial, lo que es coherente con el importante debilitamiento actual de la dinámica crediticia. Las percepciones de riesgo de los bancos siguieron teniendo el mayor impacto en el endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito y también contribuyó la menor tolerancia al riesgo de las entidades”, señala el informe. Así, el 12% de los bancos europeos asegura haber elevado las exigencias para conceder financiación a las empresas, el 11% ha aumentado los requisitos en hipotecas y el 16% de las entidades ha endurecido el crédito al consumo. Igualmente, el supervisor destaca un frenazo en la demanda de crédito, por encima de las propias expectativas de los bancos.

La recuperación de los volúmenes de producción tras la pandemia y la crisis de los chips está siendo progresiva, ya que los volúmenes de las plantas españolas de vehículos hasta septiembre revelan que todavía las cifras están un 14,2% por debajo de los registros de antes de la pandemia. No obstante, la producción se incrementó un 14% anual en los nueve primeros meses del año frente a 2022, hasta 1,82 millones de unidades. Solo en el mes de septiembre, las factorías nacionales ensamblaron 210.510 vehículos en sus líneas, lo que se traduce en una progresión del 4,8% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según datos publicados ayer por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que apunta que la mejoría mensual se debe a la mejora en la estabilidad del aprovisionamiento de componentes y materiales de las factorías. El dato acumulado hasta septiembre y la cifra mensual invitan a adelantar que la producción de vehículos en España sobrepasará ampliamente el volumen de 2,2 millones de unidades con el que cerró el año pasado, superando las expectativas del sector, que anticipaba igualar los registros de 2022, y alcanzando la cifra más alta desde 2019. En lo que va de 2023, los vehículos 100% eléctricos representaron el 6,7% del total en España, es decir, 2,1 puntos más, aunque el volumen todavía sigue siendo contenido, con 122.599 unidades, un 46,2% de incremento. Sumando modelos eléctricos e híbridos enchufables, la cuota se situó en el 13,7%, con un volumen de 249.007 unidades, y un avance del 34,4%.

La asociación del sector siderúrgico Unesid ha reclamado al Gobierno que acelere la designación de “la autoridad competente” encargada de gestionar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Es un blindaje contra las importaciones de acero extracomunitario que entró en vigor el pasado 1 de octubre. Busca compensar a las siderúrgicas europeas frente a sus competidores de otros mercados, que soportan menos costes en relación con la protección del medio ambiente. En la UE, las acerías pagan un canon por sus derechos de emisión que no se aplica en otros países, como Turquía y algunos mercados de Asia. La reclamación de Unesid se ha trasladado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Es un mensaje de “preocupación” ante el citado retraso. El director general de la asociación, Andrés Barceló, ha asegurado que es un tema de “urgencia extrema”. Barceló ha añadido que la industria del acero, que en España emplea a 60.000 personas, “necesita con premura un interlocutor en la Administración”. En este sentido, ha comentado que “es descorazonador que la Administración diga que cuando se tome la decisión, se publicitará oportunamente, y además afirme, sin asomo de rubor, que las autoridades aduaneras ya han puesto en marcha las medidas necesarias”, para que las empresas “reciban la información pertinente”. El CBAM que ha puesto en marcha Bruselas busca “equilibrar las reglas de juego y evitar la discriminación medioambiental que sufren” las siderúrgicas de la UE “desde hace décadas”, según Unesid. La iniciativa también pretende “incentivar el proceso de descarbonización en los países terceros que van más retrasados”.

La Comisión Europea presentó ayer un programa para apoyar a la industria eólica de la Unión Europea. El bloque se ha fijado como objetivo lograr que al menos un 45% de su energía generada sea renovable para 2030. Para ello, la capacidad eólica instalada deberá duplicarse, de los 204 gigavatios actuales hasta los 500 en solo siete años. Esta ambiciosa meta requiere de acciones inmediatas de Bruselas, que ha propuesto inyectar 1.400 millones de euros al Fondo europeo de Innovación para financiar proyectos de tecnología limpia. Bruselas también quiere facilitar la concesión de permisos para acelerar este proceso, además de mejorar el planteamiento de las subastas, con criterios bien diseñados y objetivos que prioricen el valor añadido de los proyectos y garanticen su ejecución. El plan contempla, igualmente, un acceso más rápido a la financiación de fabricación de equipos de energía a través del Fondo de Innovación. La Comisión también anima a los países europeos a que utilicen la flexibilidad que les confiere el Marco Temporal de Crisis y Transición en ayudas estatales para apoyar la industria eólica. Para una competencia justa y un entorno favorable para estas energías, la Comisión Europea velará por que no haya prácticas desleales que beneficien a fabricantes extranjeros y elaborará nuevos acuerdos comerciales para facilitar la entrada de los productores europeos en los mercados internacionales. Se espera que la energía eólica marina influya enormemente para lograr los objetivos climáticos.

No tener las reglas fiscales antes de fin de año es una pesadilla que los principales dirigentes económicos de la Unión Europea quieren evitar a toda costa. Para ello están dispuestos a presionar a los jefes de Estado y Gobierno el viernes en la cumbre de la euro zona para que se comprometan a que habrá un acuerdo antes del 31 de diciembre. Este mensaje quedó muy claro durante el encuentro preparatorio que tuvieron este lunes los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Eurogrupo, Pascal Donohoe, y del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, según varias fuentes comunitarias al tanto de la reunión.  Estas mismas inciden en que es “cada vez más urgente cerrar este capítulo”. Para la máxima responsable de la política monetaria, el escenario de no haber cerrado un pacto sería un quebradero de cabeza para 2024 y puede que en 2025. La francesa es consciente de que esa carpeta no está entre sus competencias y que, además, excede el ámbito de la zona euro. Sin embargo, sabe que si a finales de año no hay nuevas reglas aumenta el desafío para la política monetaria de la institución que ella dirige y que esa herramienta puede debilitarse. Los portavoces oficiales del BCE han desistido de comentar la cita del pasado lunes. Tampoco hablan de ella los de las otras tres instituciones, conscientes de que los mercados observan con atención estas negociaciones. Para la cúpula comunitaria, también el escenario de ausencia de nuevas normas añade dificultades para 2024, recordó el jefe del Eurogrupo, Pascal Donohoe, justo cuando crecen los riesgos geopolíticos, con dos guerras abiertas en la vecindad más próxima de la UE (Ucrania y Oriente Próximo) y existe un horizonte con altas probabilidades de estancamiento en el futuro más próximo.

Christel Heydemann, la CEO de la teleco Orange, señaló ayer durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año, que sobre la fusión con MásMóvil, “mantiene la confianza respecto a una aprobación de las autoridades competentes hacia finales del año 2023, lo que permitiría finalizar la transacción en el primer trimestre de 2024”. Eso supondría que el proceso de autorización habría superado los dos años, puesto que el acuerdo inicial fue el 8 de marzo de 2022. Los ingresos de Orange en España en el tercer trimestre del año aumentaron interanualmente un 0,1% hasta 1.179 millones de euros, frente al crecimiento del 2,1% que habían logrado en el segundo trimestre. La razón de este estancamiento de los ingresos, es la fuerte caída de los ingresos mayoristas –por el abandono voluntario de una parte del negocio del tráfico internacional y la reducción por imperativo regulatorio de la UE de los precios de terminación en la telefonía móvil–, que descendieron un 10,6% hasta 212 millones, y que no pudieron ser compensados por el aumento del 2,4% de los ingresos de retail, es decir, la venta de servicios finales a los clientes, que aumentaron un 2,4% hasta 801 millones. Los ingresos por la venta de equipos, fundamentalmente teléfonos móviles se elevaron a 166 millones de euros, lo que supone un 4,1% más que en mismo trimestre del ejercicio anterior. En el acumulado de los nueve primeros meses, los ingresos totales del grupo Orange en España alcanzaron los 3.500 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 1,6%. En el acumulado de los tres primeros trimestres la caída de los ingresos mayoristas fue menos acusada, de un 7,4% hasta 596 millones. Los ingresos de retail, la partida fundamental, arrojaron un aumento del 1,8% frente al año anterior, llegando a 2.390 millones de euros. Por último, los ingresos por la venta de equipos de los nueve meses se dispararon un 13,3% hasta 513 millones.

El ritmo de acceso a la pensión de jubilación se acelera a medida que transcurren los meses por el retiro de quienes nacieron entre finales de los años 50 y principios de la década de los 70. Son la generación del ‘baby boom’, un colectivo cuyo pase a la jubilación ha llevado ya a la Seguridad Social a tener más de 6,4 millones de jubilados. Nunca antes hubo en España tantos jubilados ni con pensiones tan elevadas como las actuales. Según las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Seguridad Social, ya son 6.401.291 pensiones de jubilación las que se pagan en el país. Además hay 2,3 millones de prestaciones por viudedad, 944.000 por incapacidad y unas 341.000 de orfandad. En total, el sistema atiende ya el abono de 10.085.672 pensiones de todo tipo. Solo en el último mes han accedido a la jubilación algo más de 13.000 personas. Se trata de un 2% más de quienes se retiraron en el mismo mes del año pasado. Ese porcentaje no es baladí porque refleja cómo se está acelerando la petición de incorporaciones a la pensión de forma exponencial a medida que transcurre el año. A finales de agosto, el ritmo de solicitudes superaba por primera vez en la historia el 2%, frente al margen de entre el 1% y el 1,9% en el que se movía en los últimos años. Las previsiones del propio ministerio dirigido por José Luis Escrivá anticipan una avalancha de jubilaciones, aunque será posiblemente dentro de una década cuando las cuentas de la Seguridad Social estén más tensionadas. De hecho, el Gobierno proyecta que el gasto neto en estas prestaciones se situará de media en el 14,2% del PIB entre 2022 y 2050, pero rebaja ese desembolso a una media del 12,4% una vez incorporados los ingresos que generarán las medidas puestas en marcha en la reforma, como la subida de las cotizaciones máximas, el nuevo impuesto de solidaridad, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), así como los incentivos para retrasar la edad real de jubilación o las penalizaciones por retiro anticipado.