20231107

Sidenor, Teknia y la bodega Luis Cañas relatan la vivencia del paso en la gestión de la compañía a la siguiente generación. En estas compañías, uno de los momentos más trascendentales es la incorporación de las nuevas generaciones a la gestión de la empresa. A pesar de las peculiaridades de las familias empresarias, el fundador de Teknia, Javier Quesada Suescun, recordó que «la primera responsabilidad de una empresa es que gane dinero». «Si no lo hace», recordó, «no cumple su valor social». Su hijo y actual director general de la compañía, Javier Quesada de Luis, apuntó además que de ese modo «se genera un impacto para las siguientes generaciones y para los trabajadores y su entorno». Precisamente el compromiso con el entorno fue el argumento reivindicado por Juan Luis Cañas, que recibió de su padre el negocio que ahora gestiona con su hijo, Jon, para explicar una de las decisiones más trascendentales de la historia de su bodega. Y es que, según relató, ante la oportunidad de «aumentar un 30% las ventas», prefirieron apostar por Rioja Alavesa, por su tipología de viñedo y por la calidad. Esta apuesta, explicó Cañas, ha mantenido la cantidad de producción pero con más valor añadido y «precios más altos, que hemos repercutido en nuestros clientes, en nuestros proveedores y en la comarca; porque a los que compramos uva, también se la pagamos más cara». El presidente del grupo Sidenor, José Antonio Jainaga, recalcó también que este compromiso con el entorno es uno de los valores diferenciales de la empresa familiar porque «se nota donde duerme el primer ejecutivo en las decisiones de la compañía». «Hay una relación con la zona geográfica, el fundador tiene interés en que dure y es cuando surge el arraigo y una mirada a la comunidad que es cercana...Hay que fusionar empresas familiares. Con 8 ó 10 millones de facturación, los proyectos no son viables». Javier Quesada, Fundador de Teknia: «Si una empresa no gana dinero, no está cumpliendo su función social. Es su primera responsabilidad». Juan Luis Cañas, Bodega Luis Cañas: «Cuando progresamos nosotros, también lo hacen nuestros trabajadores, nuestros proveedores y sus familias». 

«Hay que utilizar las herramientas fiscales para que no haya una fuga de empresas, sobre todo a Madrid». Con esa contundencia lo recalcó ayer el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, en el Foro Empresarial Bizkaia. El empresario industrial señaló que el problema de la marcha de empresas «cava la tumba industrial de este país» y reclamó la necesidad de bajar impuestos y «no retraer dinero de las compañías». Fue la reflexión que lanzó sobre las dificultades que atraviesa la empresa en Euskadi y en la que insistió en la necesidad de «dignificar al empresario», porque «no es una persona que disfrute echando a gente y cerrando plantas». «El país vive de las empresas», insistió. En la jornada participaron otros directivos de compañías familiares para analizar los retos para este sector. El fundador del fabricante de componentes de automoción, Javier Quesada Suescun, también intervino para explicar que «las administraciones no hacen las cosas mejor que las empresas» e insistió en que «no pido ayudas, sino que los impuestos sean más bajos y que me dejen trabajar». El regreso de los jóvenes que salen a trabajar fuera de Euskadi fue otro de los retos señalados. En esta cuestión volvió a surgir la situación de los colegios y la demanda que los empresarios vienen realizando para facilitar la escolarización de alumnos que vienen de fuera del País Vasco y que no tienen manejo del euskera.

El Gobierno vasco destinará 6,5 millones en tres años al ensayo de la semana laboral de cuatro días en Euskadi –o la reducción a 32 horas – y, tras el rechazo de Confebask a participar en el programa, contará con la ayuda de la patronal guipuzcoana Adegi a través de Fabrika, su centro para la transición cultural de las organizaciones. Lo anunció ayer la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo durante la presentación de sus presupuestos en el Parlamento vasco. La partida de 6,5 millones también servirá para estudiar el teletrabajo y la cogestión, pero el grueso irá al plan piloto de la reducción de jornada. Mendia planteó la iniciativa ya en marzo. Su idea era probarla con un grupo de empresas dentro de la Mesa de Diálogo Social. Pero se encontró con el desplante de Confebask, que solo unas horas después advirtió de que votaría en contra porque «la actual coyuntura económica de crisis e incertidumbre no permite ocuparnos sino de soluciones y compromisos prácticos». Vamos, que la patronal vasca no considera que estemos como para experimentos de este tipo. La vicelehendakari siguió adelante con el proyecto de la mano de los sindicatos CC OO y UGT y ahora ha logrado sumar el apoyo de Adegi, a través de Fabrika. Según informó ayer, esta organización se convertirá «en su ayudante para la experiencia piloto junto con los académicos». Valoró muy positivamente su participación porque dijo que era «importante» contar con las tres patas en el proyecto: el Gobierno vasco, los sindicatos y las empresas. Recientemente llegó a decir, incluso, que las compañías «necesitan acompañamiento que las ilumine en el camino de la reducción de jornada».

El Gobierno vasco viene señalando la necesidad de implementar la generación de energía verde, y en el proyecto de Presupuestos para 2024 se concreta esta voluntad política en 40 millones. Es la cantidad que destinará a la sociedad pública Cadem, desde la que el Ejecutivo autonómico toma participaciones y desarrolla proyectos con empresas privadas. Así se recoge en las partidas que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, explicará hoy en el Parlamento vasco. La parte más importante de esa inversión asciende a 23,4 millones para energía fotovoltaica. Es la destinada a los ocho parques que el Gobierno impulsará con Sidenor en Cataluña. Se trata de un proyecto para generar 43 MW a través de un contrato finalista, conocido técnicamente como ‘PPA’, y que compromete la energía obtenida para empleo de la compañía siderúrgica vasca. Se trata de una línea que el Ejecutivo vasco mantiene abierta para otras empresas. Además, continúa el desarrollo de los parques eólicos que el Gabinete Urkullu desarrolla con Iberdrola en Euskadi. A esta tecnología se destinarán 4,5 millones para avanzar en la construcción de los de Labraza y Azáce- ta –ya aprobados– y en el de Laminoria, que contem- pla una instalación mixta eólica y fotovoltaica. Estas infraestructuras, todas en Álava, suman una potencia de 120 MW. El hidrógeno verde recibirá 4,5 millones, es la aportación del Gobierno vasco para la compra del electrolizador de 10 MW de Petronor. Se trata de la infraestructura piloto que la filial de Repsol impulsa con el Ejecutivo de Urkullu y la petrolera saudí Aramco. La iniciativa es un paso previo para el proyecto de generar combustible sintético con un electrolizador de 100 MW. Ese paso es, precisamente, la inversión que Petronor ha dejado en suspenso en un escenario de continuidad del impuesto extraordinario a las energéticas pactado entre el PSOE y Sumar para un eventual Gobierno de coalición.

Mercedes ya tiene un primer socio español para la electrificación de sus futuros modelos. La multinacional alemana ha revelado a sus accionistas un primer listado de empresas a las que recurrirá para aprovisionarse de propulsores para sus coches eléctricos. Este primer listado, publicado en una presentación a accionistas posterior a la publicación de sus resultados económicos durante los tres primeros trimestres de 2023, Mercedes ha incluido la fábrica que la china Envision tiene proyectada en Navalmoral de la Mata. En esa presentación para accionistas, la compañía germana fija un objetivo de potencia disponible para finales de este año: superar los 200 gigavatios hora de capacidad eléctrica antes de que acabe el 2023. Además, dentro de su estrategia para 2030 señala las empresas en las que tiene previsto apoyarse para la electrificación, donde destaca al proyecto extremeño en una lista encabezada por las tres plantas de la francesa Automotive Cells Company (ACC) en Douvrin (Francia), Kaiserslautern (Alemania) y Termoli (Italia). La inclusión de la fábrica extremeña supone un paso importante para Envision. El gigante chino quedó fuera de la primera asignación de fondos europeos para automoción, pero en la segunda convocatoria se ha adjudicado del Gobierno 300 millones de euros entre subvenciones y préstamos para hacer realidad su proyecto. El documento de Mercedes no hace ninguna referencia a Basquevolt, pero sí a su tecnología. Las previsiones con las que trabaja la multinacional teutona apuntan hacia 2028 como la fecha en la que esperan que las baterías de estado sólido –las que pretende fabricar a nivel industrial la empresa alavesa– lleguen al mercado. De hecho, el grupo alemán se deshace en halagos hacia esta tecnología. 

El Gobierno vasco quiere acelerar la creación del clúster financiero con el objetivo de que pude comenzar a funcionar antes de finales de año. El proyecto acumula ya un notable retraso por las dificultades para conciliar intereses y objetivos, ya que a diferencia de otros clústers, que se sitúan a medio camino entre asociaciones sectoriales e impulsores de la colaboración entre empresas, este está concebido como un ‘club’ de inversión. Un ‘club’ en el que, al menos en teoría, el capital público y el privado unirían sus fuerzas para abordar tomas de participación significativas en empresas. Tanto el Gobierno vasco como muchos actores privados de la inversión en empresas, son conscientes de que Euskadi tiene un déficit en esta materia. El hueco que en el pasado ocuparon las entidades financieras, con capacidad para abordar grandes inversiones accionariales en empresas, sigue vacío. El Gobierno vasco puso en marcha el Fondo Finkatuz, con el objetivo de entrar en el capital de compañías que sean consideradas estratégicas para influir en el mantenimiento de sus centros de decisión dentro de Euskadi. Pero su ‘potencia de fuego’ es limitada. Apenas está dotado con 307 millones de euros y para evitar una concentración de riesgos sus inversiones son limitadas. La pasada semana tuvo lugar en la Lehendakaritza una reunión a la que asistieron Iñigo Urkullu, los consejeros de Hacienda y Desarrollo Económico, Pedro Azpiazu y Arantxa Tapia, respectivamente, así como varios promotores de la idea desde el lado privado: el presidente de Kutxabank, Antón Arriola; el próximo presidente de Laboral Kutxa, Adolfo Plaza; el de la fundación Artizarra, Jon Ander de las Fuentes y el empresario Iñaki López Gandásegui, que posee el grupo inversor Kaizaharra. En el encuentro, del que no han trascendido detalles, se abordaron las líneas generales para avanzar en el proyecto.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, participó ayer en el acto de colocación de la primera piedra del Atlantic Data Infrastructure (ADI), el primer gran centro vasco de datos orientado a dar servicio tanto al sector privado como público, promovido por Euskaltel, el Grupo Teknei, Dominion y el Gobierno vasco. Este centro, cuya primera instalación se ubica en el Parque Científico y Tecnológico de Margen Izquierda–Zona Minera, en la localidad vizcaína de Abanto-Zierbena, comenzará a funcionar a inicios de 2025 y posteriormente se ampliará a una segunda y a una posible tercera instalación en otros puntos de Euskadi. La construcción del ADI arranca con una inversión inicial de 25 millones de euros, aunque se espera llegue finalmente hasta los 100 millones, y generará 30 puestos de trabajos directos. Su sociedad gestora está participada a partes iguales de un 21,25% por Euskaltel, Dominion, Teknei y por Sistemas y Tratamientos Automáticos –estas dos últimas forman parte del Grupo Teknei, mientras que el Gobierno vasco participa con un 15%, si bien la entidad nace con la voluntad de acoger a nuevos socios en los próximos meses. En su intervención en el acto, Urkullu recordó que «el pasado año creamos la sociedad ADI con el objetivo de construir un data center con un modelo público privado», para hacer frente al «salto cualitativo enorme» que supone la demanda creciente de alojamiento de una ingente cantidad de datos en la nube, tanto del tejido empresarial como de la Administración pública, generados por «el desarrollo de la industria 4.0 y la extensión de las redes 5.G»

Las ventas de las empresas de Gipuzkoa mantienen la recuperación que comenzaron en agosto, cuando crecieron un 1,9% tras cuatro meses continuados de caídas, al aumentar en septiembre un 2,4% en relación al mismo mes del año anterior. Un incremento, en cualquier caso, que se asienta en las ventas interiores, las de dentro de España, que avanzan un 6,5%, ya que las exportaciones caen un 3,9% con lo que acumulan seis meses de descensos. El empleo también experimentó un aumento del 1,1% en el mes, derivado del sector servicios y la industria, según los datos difundidos ayer por la Hacienda foral de Gipuzkoa. A nivel acumulado, los datos de ventas desde enero hasta septiembre continúan siendo positivos. En relación con el mismo periodo del año anterior, la cifra ha incrementado un 2,1%. Este crecimiento se debe al incremento de las ventas interiores, que continúan manteniéndose en niveles superiores al 3% desde mayo. La construcción (+7,9%) y los servicios (+4,5%) son los sectores que más ventas han acumulado, mientras que en el industrial la cifra ha descendido ligeramente (-0,1%), desde enero hasta la fecha, si bien la evolución en el mes de septiembre ha sido positiva (+0,9%). Positivos son también los datos acumulados relativos al empleo, que continúa avanzando con dinamismo. En los nueve primeros meses de 2023 el número de personas empleadas por las empresas de Gipuzkoa se ha elevado un 1,6%, siendo el sector servicios el que mayor incremento ha experimentado (+2,2%), seguido por el sector industrial (+1,2%). En el caso de la construcción, esta cifra ha disminuido ligeramente un 1,7%. Los salarios totales pagados por las empresas de Gipuzkoa también han aumentado. En comparación con las cifras de 2022, el incremento ha sido del 6,4%. El mayor crecimiento se ha dado en los servicios (+8,0%). En el sector industrial y la construcción, por su parte, han aumentado un 5,5% y 5,1% respectivamente. 

La economista y bodeguera Elisa Ucar será quien capitanee el rumbo de la iniciativa que promueve el Basque Culinary Center y apoyan tanto el Gobierno vasco como el foral. Ucar lleva trabajando, según su propio perfil en LinkedIn, desde junio en la iniciativa. Fue en abril cuando el Basque Culinary Center se lanzó a la búsqueda de una directora y publicó una oferta de trabajo en su página web. En ella, el centro culinario señalaba que buscaba un perfil que contase con una «experiencia consolidada», de «más de 8 ó 10 años en puestos de responsabilidad en el ecosistema de las bebidas y el vino». Un perfil que encaja con la elegida. Ucar ha sido la responsable de exportación de varias bodegas, se encargó de gestionar la iniciativa Logroño Rioja Convention Bureau para promover el turismo de congresos y puso en marcha su propia bodega: Domaines Lupier, situada en San Martín de Unx (Navarra) y reconocida por su excelencia con la uva garnacha típica de la zona. Además es economista por la Universidad de Navarra. En ese mismo centro obtuvo también un MBA a través del IESE, un reputado instituto de formación de directivos dependiente de la universidad pamplonesa.

Emilia Málaga (Portugalete, 52 años) tomó desde ayer las riendas del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), tal y como adelantó este periódico. El nombramiento por parte del lehendakari Iñigo Urkullu, una formalidad, fue publicado ayer en el Boletín Oficial del País Vasco, con lo que ya ejerce oficialmente de presidenta del organismo laboral. Málaga, licenciada en Derecho, ha presidido el Consejo Económico y Social desde 2019. La vizcaína coge el relevo de Tomás Arrieta, un histórico, que dejará la presidencia tras dos décadas de andadura una vez cumplidos los 65 años y que ha dejado una gran impronta.

Las petroleras que operan en España siguen la estela de Repsol, que hace poco más de dos semanas amenazó con recortar inversiones en España si el impuesto a las energéticas se mantiene en los próximos años. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advirtió ayer de que este gravamen extraordinario condiciona “la capacidad de generar nuevas inversiones”. La patronal, que agrupa además otras cinco empresas del sector de productos petrolíferos, cifra en 16.500 millones las inversiones que podrían pausarse o paralizarse en caso de que la propuesta de PSOE y Sumar de mantener el gravamen se haga realidad. La asociación, donde además de Repsol se encuentran Cepsa, Galp, Gunvor, BP y Saras, insistió en la “incertidumbre fiscal y regulatoria” que existiría si se mantiene el impuesto, aprobado inicialmente por solo dos años. Además, destacan que va “en contra de la política energética de la Unión Europea”, y que pone en peligro los esfuerzos en pos de la descarbonización. En particular, el comunicado enviado por el sector del refino recuerda que el actual borrador del PNIEC, que aún está a la espera de ser aprobado por la Comisión Europea, estima la movilización de una inversión de 294.000 millones para la descarbonización, de los que un 85% será privada y solo un 15% será de carácter público (11% de origen europeo). “Queremos insistir en que mantener el gravamen extraordinario a las compañías penalizaría la competitividad de la industria española frente a operadores extranjeros e industrias importadoras”, comenta en un vídeo enviado a los medios de comunicación Inés Cardenal, directora de comunicación y asuntos legales de la AOP. Además, desliza que, de mantener el impuesto, se pone en riesgo el empleo generado por el sector. Los datos proporcionados por las empresas señalan que más de 200.000 personas trabajan en la industria del refino, con una aportación de 24.325 millones de euros en impuestos.

Las perspectivas económicas europeas se complican todavía más después de la contracción que la eurozona se anotó en el tercer trimestre del año, con una caída del PIB del 0,1% entre julio y septiembre. De acuerdo con las cifras del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), publicadas ayer por S&P Global, la economía se estaría contrayendo a su mayor ritmo en casi tres años, lo que preludia que el retroceso del tercer trimestre se convertiría en una recesión a final de año. Sin embargo, lo peor no es esto, sino la incertidumbre sobre “cuánto tiempo estaremos atrapados en esta extraña zona de estanflación”, con subidas de precios a pesar de la debilidad de la demanda, tras el desplome inicial. “La actividad empresarial ha registrado una contracción por tercer mes consecutivo en octubre, y puesto que los nuevos pedidos están cayendo abruptamente, no se pinta un panorama halagüeño para lo que se avecina”, señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. En concreto, el PMI compuesto de la eurozona cayó hasta los 46,5 puntos, siete décimas menos que el mes anterior y el dato más bajo desde noviembre de 2020, cuando la segunda ola del coronavirus llevó a la necesidad de tomar duras medidas que lastraron la actividad. Una cifra de 50 puntos apunta al crecimiento económico; por debajo, contracción, y el dato registrado en octubre indica que la economía europea podría retroceder entre un 0,3% y un 0,4% en el cuarto trimestre respecto al tercero, si bien todavía es muy pronto como para poder concretar una cifra determinada.

Las cuentas de la Seguridad Social llevan años sin cuadrar y para hacerlo y lograr el equilibrio el sistema necesitaría en la actualidad casi cuatro millones más de cotizantes, y hasta seis millones más en el horizonte de 2050. Un número tan elevado de trabajadores que no se lograría cubrir ni con los parados ni con la llegada de nuevos inmigrantes, según advierte el estudio ‘Dimensiones económicas de la longevidad. Evidencia del caso español’ publicado ayer por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La transformación demográfica que vive España daña seriamente el sistema de pensiones debido al progresivo envejecimiento de la población y la llegada de la jubilación del ‘baby boom’, ese colectivo formado por 14 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977 que cuentan con carreras de cotización muy elevadas, lo que acarreará pensiones muy generosas y provocará aún más tensión a una Seguridad Social en números rojos. Porque el sistema de financiación de las pensiones contributivas que rige en España es el de reparto: las cotizaciones de los trabajadores pagan cada año las jubilaciones de los mayores. Y lo que la Seguridad Social ingresa por las cuotas de sus más de 20,8 millones de afiliados actuales no llega para pagar las 10 millones de pensiones que se abonan cada mes, pese a las diferentes reformas que los gobiernos han puesto en marcha y que buscan lograr el equilibrio, la última este mismo año. Y el futuro pinta aún más negro, puesto que en 2050 se estima que habrá 15 millones de pensionistas con unas prestaciones cada vez más altas, mientras que el número de personas en edad de trabajar se irá reduciendo a consecuencia de la mayor esperanza de vida y de la cada vez más baja natalidad. «La situación de partida del sistema de pensiones es preocupante, pero las proyecciones de déficit futuro aún son peores. Hemos visto que excepto en 2030 se necesitará un número adicional de afiliados que incluso sería superior al número de parados», sostienen los autores del estudio.

El sector turístico tiene un gran peso sobre la economía española, aunque la industria debe también defender su relevancia para el país por representar el ancla de “miles de puestos de trabajo” de calidad y de gran valor añadido. Así se manifestó ayer el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, en su discurso al recibir el premio Protagonista del Motor 2022 que entrega el diario El Mundo al personaje más destacado del sector del automóvil. Riberas defendió la importancia de que España cuente con una industria fuerte y en especial en la automoción. “Creo que en este país necesitamos un sector industrial potente”, subrayó. Durante su intervención, el presidente ejecutivo de Gestamp explicó que la industria tiene que ejercer “de ancla” para la economía española, ya que genera puestos de trabajo estables, da formación, realiza inversiones en innovación y en nuevas tecnologías. Riberas indicó que durante los años malos, como los actuales, que “no son demasiado buenos”, la industria del automóvil ha conseguido mantener las plantas en España y continuar como segundo fabricante de vehículos de Europa, a pesar de “no contar con ningún centro de decisión de las empresas” y gracias a que se ha sido más competitivo que otros países. “Ahora que se está produciendo la transición a la movilidad eléctrica, es el momento de no perder comba y de trabajar de la mano de la Administración para que no se nos pase el arroz y consigamos ser líderes también en esta nueva movilidad”, destacó el máximo responsable de Gestamp.

La presidencia del Consejo de la Unión Europea, que este semestre está en manos del Gobierno español, ha incluido a la energía nuclear como una de las tecnologías limpias que debe contemplar la Net Zero Industry Act. Esta ley, que afronta sus últimos pasos de tramitación en Bruselas, es clave para determinar la hoja de ruta energética de la UE en las próximas décadas. La Net Zero Industry Act se ha equiparado a la Inflation Reduction Act americana. Además de marcar una senda de descarbonización de la economía, define con qué tecnologías energéticas abordarla. El gran debate tecnológico en el sector ha sido si la nuclear se considera o no energía verde. Catalogarla así desde el punto de vista legislativo tiene enormes consecuencias financieras. De esa nomenclatura, o taxonomía, depende la financiación de nuevas centrales atómicas, o la repotenciación de las existentes, vía subvenciones, fondos comunitarios como los Next Generation, o créditos privados (bonos y préstamos verdes) y públicos, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Precisamente esta institución subyace en el cambio de postura radical ahora del Gobierno español de Pedro Sánchez, que hasta hace unos días lucía un antinuclearismo visceral. La vicepresidenta primera del Gobierno español en funciones y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño es candidata a ocupar la silla presidencial del BEI a partir del próximo año. Ha ido consiguiendo apoyos por parte de países como Alemania. Pero Francia se resiste y en los últimos meses ha exigido, incluso públicamente, que Calviño se comprometa a financiar, como inversiones verdes, proyectos atómicos si llega al BEI.

La Inteligencia Artificial (IA) es capaz de hacer cosas que no hace demasiado parecían poco menos que imposibles. Gracias a la utilización de esta tecnología el usuario puede conseguir una respuesta rápida a cualquier pregunta que se le pase por la cabeza. También permite crear imágenes en segundos a partir de un puñado de palabras o, incluso, transformar la voz de un usuario en la de, por ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo. Pero la cosa no queda ahí. Su empleo, sumado a otras tecnologías que se mueven en su periferia, posibilita que la sociedad y la empresa tengan mejores experiencias de su uso y sean capaces de sacar un mayor partido a todos los datos que recopilan sus dispositivos conectados. Todo esto es posible gracias al empleo de redes inteligentes capaces de reducir el gasto energético, mejorar la conectividad y exprimir a conciencia la información de uso. Las empresas de telecomunicaciones lo saben bien y por eso llevan años explotando la IA para mejorar sus servicios. No en balde son las firmas que más y mejor la están aplicando a sus negocios. Así se puede comprobar en el último informe ‘Uso de Inteligencia Artificial y big data en las empresas españolas’ elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología e Inteligencia Artificial. De acuerdo con sus datos el 41,9% de compañías del sector nacional de la información y las comunicaciones sacan provecho de ella. Y no es para menos, teniendo en cuenta que de acuerdo con un estudio de la firma de análisis de mercado Valuates, el negocio mundial que representará la IA para las telecos será superior a los 18.000 millones de euros en 2029. En 2022 estaba situado, en total, en 2.340 millones.

La Presidencia española de la UE ha conferido a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, la batuta en la fase final de las negociaciones del reglamento europeo de la inteligencia artificial (AI Act). La norma ordenará los usos y excepciones de esta tecnología con un enfoque basado en los riesgos para a la ciudadanía. A mayor riesgo, más medidas de control para la aplicación o hasta su prohibición. Entran en esta última categoría, por el momento, los sistemas de inteligencia artificial (IA) que “manipulen”, los que sirvan para la clasificación social o los de identificación biométrica remota o en tiempo real. Las discusiones entre los representantes del Parlamento Europeo, partidario de limitar al máximo las aplicaciones oscuras de la IA; los Estados miembros, que quieren poder recurrir a estas en caso de urgencia, y la Comisión ralentizan la negociación. “Confío en que podremos aprobar el reglamento en esta presidencia [acaba el 31 de diciembre]”, dice. "Nuestro cometido es analizar las oportunidades, los riesgos y el impacto que supone la IA y diseñar un mecanismo de gobernanza internacional para esa tecnología. Es un toque de atención sobre la importancia de regularla: esto se tiene que coordinar internacionalmente y se debe involucrar al sur global. Para diciembre tenemos que haber elaborado unas primeras conclusiones, que presentaremos en Nueva York. Es una oportunidad única para influir en el proceso desde la visión que tenemos en España del humanismo tecnológico y desde el enfoque europeo, basado en la protección de derechos..."

Uno de los artículos más polémicos es el tercero, que propone la regularización de los trabajadores sin papeles en los sectores donde falta mano de obra, como en la construcción, la hostelería, la agricultura o la asistencia a domicilio. La derecha, que tiene mayoría en el Senado, exige que este artículo se suprima porque considera que tendría un efecto de llamada para los migrantes clandestinos. El Senado francés comenzó ayer por fin a examinar la controvertida reforma migratoria del presidente Emmanuel Macron, después de numerosos aplazamientos. A principios de 2024 le llegará el turno a la Asamblea Nacional de analizar los 27 artículos de un proyecto de ley que, como ha dicho el ministro del Interior galo, Gérald Darmanin, pretende «ser duro con los (migrantes) malos y amable con los buenos». «El texto que propone el Gobierno está abierto a la discusión con el Parlamento y el Senado para construir juntos un texto firme, un texto justo y sobre todo un texto eficaz», dijo en el hemiciclo Darmanin, que consideró que «las cuestiones medioambientales y migratorias» son los dos grandes desafíos de nuestro siglo. Siguiendo el principio de «al mismo tiempo», que tanto gusta a los macronistas, la reforma busca controlar las fronteras e integrar mejor a los extranjeros a través de la lengua y el trabajo. El Ejecutivo también quiere expulsar más fácilmente a los indocumentados que suponen una amenaza grave para el orden público, sancionar más duramente a quienes explotan a los migrantes, reformar el sistema de asilo y simplificar las reglas migratorias. «Lo que les pido es que podamos decir sí o no a alguien, pero rápido», solicitó a los senadores el ministro del Interior, que pretende reducir el número de recursos posibles ante una orden de expulsión. La reforma, que cuenta con un gran respaldo de los franceses según los sondeos, es criticada por la derecha y la extrema derecha porque la consideran demasiado laxa y por la izquierda y los defensores de los inmigrantes porque creen que es demasiado severa.

Los grupos de Junts y ERC han registrado en el Parlamento catalán una ley de financiación singular, que plantea una especie de concierto económico para Cataluña, con el que recaudaría todos los impuestos, y un cupo con el se fijaría una cuota que pagaría Cataluña al Estado. En concreto, las formaciones independentistas, en negociaciones con Pedro Sánchez para su investidura, defienden que la ley debe permitir el traspaso de las competencias íntegras de la Agencia Tributaria de Cataluña por parte del Estado para recaudar todos los impuestos y fijar “una cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el Estado español, y establecer como base el principio de ordinalidad”. El sistema, por lo tanto, funcionaría de forma similar al cupo que disfrutan las regiones forales vascas y navarra. Así lo recogen en las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, que han registrado este lunes en la Cámara, en las que también piden “reparar la deuda histórica del Estado con Cataluña” y proponen la condonación de la totalidad de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). También cifran en 456.000 millones de euros la “deuda histórica del Estado con Cataluña”: 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras; 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones entre 1982 y 2022.

La Audiencia Nacional irrumpió ayer con fuerza en plena negociación entre Junts y el PSOE para conseguir el apoyo del partido independentista a la investidura de Pedro Sánchez con la ley de amnistía en el epicentro de las conversaciones. El juez Manuel García Castellón acusó al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, de la comisión de un delito de terrorismo en la causa que instruye contra Tsunami Democràtic, la plataforma que estuvo detrás de acciones de protesta contra la sentencia a los líderes del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo en octubre 2019. La decisión del magistrado, que afecta también a otras diez personas vinculadas al independentismo, removió los cimientos del escenario político por la gravedad de la imputación –un delito de terrorismo– y la sorpresa de que incluyera en la causa con un «rol de liderazgo» a Puigdemont, a quien ni siquiera la Guardia Civil destacó en su informe remitido el viernes al juzgado. Del mismo modo, el auto de García Castellón cogió por sorpresa a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que el magistrado pidió opinión por escrito el viernes sobre el informe del instituto armado y los investigados, y que antes de responder ayer conoció la resolución y la inclusión final de Puigdemont. Por este motivo, el Ministerio Público anunció que interpondrá recurso de apelación directamente ante la Sala de lo Penal contra el auto, ya que solo aprecia desórdenes públicos, según se recoge de los informes policiales, explicaron fuentes fiscales, que señalaron que ese es el delito que cabe aplicar «al haber desaparecido» el de sedición. Por lo tanto, el departamento dirigido por Jesús Alonso considera que los hechos tendrían que ser investigados en los juzgados de Barcelona, competentes para ello, y no en la Audiencia Nacional por terrorismo.