20231205

Hasta un total de 5.124 trabajadores de Telefónica, 255 de ellos en sus centros de Euskadi, podrían salir de la compañía entre 2024 y 2026 a través del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado la empresa. Ayer se puso en marcha el reloj de las negociaciones entre la dirección de la operadora y los sindicatos sobre las condiciones de aplicación del ERE y se constituyeron las tres mesas en las que se llevarán a cabo esas conversaciones (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) para llegar a un acuerdo que debería alcanzarse, como máximo, 30 días después del inicio formal de las negociaciones, es decir, el próximo 3 de enero. Telefónica dirige la medida a sus trabajadores mayores de 55 años y que tengan una antigüedad mínima en la empresa de 15 años. Las salidas se llevarán a cabo «por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico», según explicó ayer la compañía a los sindicatos. Las más de 5.100 bajas máximas constituyen la tercera parte de una plantilla que actualmente cuenta con 16.000 trabajadores. En el caso de Euskadi, el ERE afectaría a 255 personas que cumplen las condiciones de edad y antigüedad mínima en la empresa, lo que supone hasta casi el 42% de los actuales 611 empleados de la operadora en la comunidad autónoma. En concreto, por territorios, en Bizkaia hay actualmente 335 trabajadores en Telefónica España, 90 en Telefónica Móviles y una docena en Telefónica Soluciones; en Gipuzkoa hay 129 empleados entre Telefónica España y Móviles; mientras que en Álava hay 45 operarios entre esas dos áreas. Ahora comenzará la negociación para concretar todos los detalles del proceso. La próxima reunión tendrá lugar el próximo lunes 11 de diciembre, y en ella los sindicatos analizarán toda la documentación entregada por la compañía y se irá esbozando el plan de salidas y sus condiciones laborales y económicas. Telefónica contaba a principios de los años 90 con más de 70.000 empleados, una cifra que ha ido disminuyendo con los diferentes planes de reestructuración que la compañía ha llevado a cabo a medida que avanzaba en su proceso de digitalización, sobre todo desde el año 2.000. 

El grupo vasco Vidrala ha cerrado la compra del 100% de la brasileña Vidroporto por un total de 384 millones de euros. Este montante incluye los 53 millones que pagó a principios de año por su 29% inicial, la adquisición adicional del 71% y la deuda de la compañía, que el fabricante alavés de envases de vidrio quiere utilizar como plataforma para crecer en Iberoamérica. El grupo que preside Carlos Delclaux explica que la adquisición supone un paso relevante en la estrategia de Vidrala a largo plazo, “diversificando el negocio hacia el creciente mercado brasileño y reforzando alianzas con clientes estratégicos”. Este ejercicio, Vidroporto cerrará con unas ventas aproximadas de 160 millones de euros y un ebitda de 56 millones, según las estimaciones de su nuevo propietario. Su cuota de mercado ronda el 20%. La empresa cuenta con dos plantas en Brasil, en Estancia y en Porto Ferreira, desde las que suministra envases a algunas de las principales marcas del país de cerveza, licores y refrescos. En su última junta de accionistas, en abril, Vidrala explicó que sus planes pasan por convertir Brasil en su plataforma para expandirse por el continente americano. Ya entonces, sus responsables indicaron que aspiraban a adquirir el 100% de Vidroporto, hasta ahora propiedad de la familia Salzano. Han esperado ocho meses debido a litigios judiciales que tenían pendientes los vendedores. Vidrala ha lanzado en 2023 un plan inversor de 750 millones en cinco años, montante que en buena parte irá a modernizar instalaciones.

La dirección de la compañía y los representantes de los trabajadores alcanzaron ayer un preacuerdo después de que la empresa beasaindarra presentara una nueva propuesta que colma la mayoría de las aspiraciones de los trabajadores. Así, lo pusieron de relieve LAB y ELA en sendos comunicados. La propuesta será sometida a votación el próximo día 12, por lo que las centrales indican que quedan sin efecto el llamamiento a nuevas movilizaciones. Ambas centrales habían amagado incluso con una huelga indefinida en caso de que no se produjeran avances significativos. Según indicaron LAB y ELA, la propuesta de la empresa, que es para tres años (2023-2025), incluye una subida salarial del IPC más 0,25% para este año, lo que se traduce en un 5,65%; del IPC más el 0,5% para el próximo ejercicio y del IPC más el 0,75% para 2025. Además, recoge la contratación de 390 personas durante la vigencia del convenio, de las que 220 serán en talleres (un mínimo de 180 en la planta de Beasain y 40 en la de Irun). Incluye 12 delineantes y 5 proyectistas en la planta beasaindarra. En lo que respecta al empleo, también incluye el compromiso de mantener al final del convenio como mínimo los 1.685 trabajadores que había al inicio del mismo, así como la salida de los nacidos en 1962, 1963 y 1964 priorizando el contrato de relevo. Por su parte, la empresa ofrece la posibilidad a los trabajadores de Beasain que se encontraban en la planta de Irun al inicio de la negociación a quedarse en ella si así lo desean. En materia de jornada, se reducirá para el colectivo de titulados en veinte horas a un ritmo de diez el próximo año y otras diez el siguiente, lo que dejará la jornada anual en 1.611 horas. Para el resto de trabajadores se mantienen las actuales 1.592,5 horas. 

Una votación ajustada. Eso es lo que se espera hoy en Michelin Vitoria. Comité y dirección se reúnen apenas cinco días después de que la empresa presentase su plan de bajas incentivadas para reducir la plantilla en 150 personas y que trasladó a la parte social el pasado 24 de noviembre. Desde entonces, el reloj ha comenzado una cuenta atrás para buscar un acuerdo entre empresa y sindicatos que dé luz verde a las salidas que concluye el próximo sábado. En la práctica, con la desactivación de jornadas de trabajo durante el puente festivo, mañana es el último día realmente operativo para alcanzar un acuerdo entre las partes. A partir de las 10.30 horas, los representantes sindicales se encontrarán con los de la empresa y harán llegar su postura a la dirección de Michelin. A lo largo de ayer, varias centrales dejaron entrever su posición a través de comunicados y otras confirmaron a este periódico sus planes para la reunión de mañana. Por un lado, el bloque nacionalista de ELA, LAB y ESK emitió una nota en la que denunció una presunta «teatralización» de la situación de Michelin Vitoria y cargó contra un ajuste de plantilla que tildan de «injustificado». Estas tres centrales, con ocho asientos de los 27 del comité de empresa, anunciaron que buscarán medidas «judiciales y sindicales» para evitar la reducción. De otro lado, fuentes de CCOO y CSIF consultadas confirmaron que la central votará de forma favorable. UGT, por su parte, emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que respondió a ELA, LAB y ESK. La central de Raúl Arza criticó a estos tres sindicatos porque «no han hecho una sola propuesta durante las diferentes reuniones de calendarios» y reprochó a estas centrales su «desvergüenza».

Los dos fabricantes instalados en España, Michelin y Bridgestone, con 10.000 empleos y centros en tres comunidades autónomas, ya han tomado medidas para reducir su producción y analiza nuevas. La industria de automoción de Europa espera cerrar este año con un aumento de la fabricación de vehículos del 13%, pero un 14,6% por debajo de los niveles prepandemia de 2019. En los últimos meses ya ha registrado una “disminución sustancial” de los pedidos, y para 2024 espera una “brusca desaceleración”, según Crédito y Caución. Así que el segmento de las cubiertas afronta un ajuste de capacidad, con un alcance que está por determinar. La UE sigue afectada por la incertidumbre económica, complicada con una inflación alta y tipos de interés en máximos que encarecen los proyectos. En este contexto, Michelin despedirá a 176 trabajadores de sus dos plantas vascas, donde paralizará inversiones por 75 millones. Por su parte, Bridgestone aplicará un ERTE a los 2.600 empleados de sus cuatro centros en el país. Bridgestone justifica esta reordenación de su actividad por “el exceso de stock” almacenado y por la reducción de pedidos por parte de sus clientes, las marcas de automoción. Bridgestone considera que esta industria vive una “compleja” coyuntura y que necesita “garantizar la eficiencia y competitividad de sus centros”, y por tanto su futuro. Por su parte, el impacto del ajuste en Michelin se extenderá por el resto de Europa. 

La empresa de Areatza se encontraba hasta ahora en manos de la cuarta generación, pertenecientes a dos ramas familiares. A lo largo de sus 138 años de historia ha dejado huella con sus estruendos y con la boca abierta a miles de espectadores. Sin embargo, el exitoso negocio empezó a torcerse varios años antes de la pandemia. En 2016 presentó el primer concurso de acreedores. Sorteó varios episodios de crisis hasta que claudicó definitivamente en mayo del año pasado, cuando cesó la actividad. El covid supuso la puntilla. «Todo tiene su tiempo y su momento», explicaron ayer a este periódico portavoces de la familia. Astondoa ha pasado a manos de la catalana Petardos CM tras realizar un desembolso superior al millón de euros. Con esta operación el distribuidor ampliará su capacidad logística ganando más de 4.000 metros cuadrados de superficie para almacenaje y «estar más cerca de sus puntos de venta». La firma, también de carácter familiar, aterrizó hace 18 años en la zona norte de España. Las negociaciones entre Petardos CM, fundada en 1981, y Astondoa comenzaron hace año y media con la adquisición de la tienda de San Sebastián y posteriormente con el almacén y comercio de Areatza. La empresa barcelonesa inició en 2021 un proceso de relocalización de la producción «en España para reducir progresivamente su dependencia del mercado chino» y también la huella de carbono. El negocio de la nueva propietaria va sobre ruedas. 

La socimi inmobiliaria vasca All Iron, propiedad del presidente del Athletic Jon Uriarte, se ha visto beneficiada por la recuperación del turismo. La compañía, que cuenta con 19 inmuebles en cartera para alquileres de corta y media duración a turistas de ocio y corporativos, ha disparado su facturación un 30% en los nueve primeros meses de 2023, hasta los 3,86 millones de euros, por el incremento de las rentas cobradas a los inquilinos. Los ingresos procedentes de esa última partida se incrementaron un 41% (26% en términos comparables), hasta los 2,58 millones de euros. Al aumento de la demanda para viajar le ha acompañado una fuerte subida de precios, con una tarifa media de 103 euros diarios para los apartamentos de corta estancia. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 45%, hasta los 1,98 millones, alcanzando un margen sobre ingresos de 51%, con un crecimiento interanual de cinco puntos porcentuales. De los 19 activos en cartera, nueve están operando (dos en Bilbao y uno en Vitoria, San Sebastián, Málaga, Córdoba, Pamplona, Barcelona y Madrid), cuatro en construcción (Bilbao, Alicante, Sevilla y Valencia) y otros seis en desarrollo (dos en Málaga, dos en Madrid, uno en Sevilla y Budapest. De este modo, el 68% del valor de la cartera está en explotación o en construcción.

El primer medicamento vasco contra el cáncer podría ser probado en humanos «a finales de este año o principios del que viene», aseguró ayer a este periódico Pedro Esnaola, presidente de Quimatrix, empresa farmacéutica ubicada en San Sebastián que ha desarrollado el QTX125, nombre del fármaco. Estas pruebas tendrán lugar en China tras el acuerdo alcanzado con la firma Hi Diamond, que se comprometió a aportar hasta 85 millones de euros al proyecto. El QTX125 ha sido administrado con éxito en animales tanto en tumores sólidos, como los cánceres de páncreas y pulmón, y en neoplasias sanguíneas, como algunos tipos de linfoma. Este fármaco ‘made in’ Euskadi tiene la capacidad de bloquear las llamadas dianas epigenéticas, unas proteínas encargadas de controlar y regular la genética. «Si el ADN es la orquesta, la epigenética es el director que indica qué músico tiene que tocar en cada momento», explica Esnaola. En concreto, actúan sobre las histones –«una especie de tubos en los que se enrolla el ADN»– HDAC6. Estas impiden que la información que contiene el ADN de las células se despliegue y puedan actuar contra los tumores. «Lo que hace el QTX125 es inhibir la histona HDAC6, es decir, impide que bloquee la información genética», aclara. A diferencia de la quimioterapia clásica, que actúa tanto contra las células cancerígenas como contra las sanas, la terapia epigenética afecta solo a las tumorales, preservando mejor la salud del paciente. La epigenética es uno de los campos más prometedores en la lucha contra el cáncer. Su importancia se hizo evidente en torno al año 2000, cuando se descifró por primera vez el genoma humano. El QTX125 se encuentra en China en la llamada fase I del ensayo clínico. En esta, se prueba por primera vez en humanos para analizar su toxicidad y dar con la dosis óptima. Si se supera con éxito, en la fase II se afina su aplicación tanto en el tipo de enfermedad como el paciente que más se puede beneficiar de su ingesta para ya en la fase III administrarlo en una gran cantidad de pacientes. «Los ensayos clínicos pueden durar entre cinco y siete años. Es un proceso lógicamente muy conservador. Las autoridades chinas son igual de exigentes o más que las europeas», subraya el responsable de Quimatrix, que añade que trabajan en paralelo para que el fármaco sea aprobado también por las autoridades españolas y europeas. «Esperamos que sea posible más o menos en un año».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defiende que triplicar la capacidad renovable para 2030 "es factible" y que las inversiones en el sistema eléctrico mundial deberán aumentar de 800.000 millones de dólares anuales a 2,2 billones de dólares de cara a 2030 para satisfacer la demanda de electricidad, según ha declarado este lunes en la COP28. En total, son 118 los países que han firmado este objetivo, además, se han comprometido a duplicar la ratio de eficiencia energética, aumentar la electrificación y reducir las emisiones de metano y el uso de combustibles fósiles. Con este compromiso se pretende limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en 2050 en comparación con los niveles preindustriales. La primera participación del presidente de Iberdrola se ha producido esta mañana en el Foro Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), donde ha afirmado que la actuación para conseguir este objetivo "debe ser inmediata". El presidente de Iberdrola ha señalado también que atraer las enormes inversiones necesarias en energías renovables, redes y almacenamiento "requerirá políticas energéticas claras, predecibles y estables para generar confianza e incentivos suficientes". Ver nota completa de Iberdrola. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovecha un capítulo de su nuevo libro Tierra Firme para ajustar cuentas con uno de los dirigentes del Ibex más críticos con su gestión: el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Se trata del capítulo denominado «los beneficios caídos del cielo» y en él, Sánchez recuerda la mala reacción del sector energético cuando decidió aplicar un impuesto por las ganancias que estaban obteniendo tras la guerra de Ucrania. «La realidad es que aquello no les gustó nada. Hasta tal punto se disgustó algún máximo ejecutivo del sector energético que decidió hacer una gira por las principales capitales económicas para arremeter contra el Gobierno. Se paseó por Bruselas, Washington, París...», relata. Hasta ahí podía referirse a varios presidentes del sector en España, pero Sánchez decide dar más pistas sobre a quién se refiere, y sin llegar a mencionar a Galán expresamente, lo señala claramente así: «Nos llegaban noticias de que en sus reuniones en el extranjero hablaba del “intervencionismo terrorífico” del Gobierno de España y de la inseguridad jurídica». El único que ha utilizado esa expresión del «intervencionismo terrorífico» es el presidente de Iberdrola. El líder del PSOE prosigue así su relato sobre este importante ejecutivo español: «Presionó mucho, pero a veces la vida de brinda actos de justicia poética inesperada. Se encontró con que otros gobiernos empezaban también a preocuparse por los beneficios caídos del cielo de manera que, cuando él iba por ahí denostando lo que quería hace el Gobierno español, le pedían aclaración y detalles, porque les parecía interesante y querían saber cómo lo hemos hecho». En octubre de 2021 Sánchez impuso el impuesto y un año después la Comisión Europeo avaló, con otro diseño, que se aplicaran tasas a beneficios extraordinarios. El líder socialista reivindica haber sido pionero y hasta se burla de Galán por haber difundido lo que él hacía en España: «Aquel ejecutivo español contribuyó a expandir la buena nueva y el resultado fue que difundió las políticas innovadoras de nuestro Gobierno».

El mercado laboral vasco sigue dando muestras de resistencia frente a la desaceleración económica. En noviembre sumó 2.563 cotizantes a la Seguridad Social, lo que le permitió encadenar un nuevo récord histórico de afiliados, después de que ya en octubre recuperase la barrera del millón, en ambos casos gracias al empuje del sector de educación. El pasado mes terminó con un total de 1.011.231 trabajadores en alta, una cifra nunca vista. Por el lado del paro, más de lo mismo. El número de desempleados se redujo en 1.493, con lo que el total de parados cerró el mes en 108.152. Se trata de un nuevo mínimo desde 2008, antes de que se desatara la crisis financiera. La educación está ejerciendo de motor del empleo en estos últimos meses. Ya en octubre sumó 10.400 cotizantes porque en ese mes arrancan las academias y otras actividades extraescolares. En noviembre incorporó a otros 1.804 trabajadores a la Seguridad Social. En total, desde el inicio del curso en septiembre este ámbito ha sumado más de 13.700 cotizantes. La reactivación de las clases y de la hostelería que gira a su alrededor ha sido clave para recuperar la destrucción de empleo del verano. Es un fenómeno que se repite todos los años aunque este ejercicio ha sido especialmente intenso después de que el ministerio asigne a educación actividades que antes atribuía a otros capítulos. La estadística publicada ayer por el Ministerio de Trabajo sitúa a Euskadi en buena posición en comparación con el conjunto de España. La media nacional registró destrucción de empleo en noviembre, con una pérdida de 11.583 cotizantes, especialmente grave en comunidades turísticas como Baleares.

Noviembre no ha sido tradicionalmente un buen mes para el empleo por el carpetazo definitivo de la temporada turística, que suele traer consigo la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en la hostelería, aunque las contrataciones en el comercio previas a la campaña de Navidad y grandes eventos de consumo como el Black Friday suelen atemperar el impacto. El pasado noviembre no fue una excepción, aunque antes de la pandemia los hubo peores. España despidió el mes con la destrucción de 11.583 empleos, el peor dato de un noviembre desde 2019, cuando se evaporaron 53.114 ocupados y también inferior a los 47.449 perdidos en 2018, reduciendo hasta 20,80 millones los afiliados medios a la Seguridad Social, aún cerca del récord de 20,89 millones alcanzado en julio. En noviembre, la balanza se inclinó del lado negativo por la sangría de afiliados sufrida por la hostelería, que perdió 115.539 cotizantes, compensados en parte por la creación de empleo en educación (+38.024); comercio (+23.257), que ya empezaba a calentar motores de cara a las fiestas navideñas, o las actividades administrativas, que sumaron 10.169 cotizantes. Para bien o para mal, la economía española sigue sometida a un elevado componente estacional, lo que, de nuevo, pasó factura al mercado en noviembre, en cuyo último día laborable “se dieron de baja 174.800 cotizantes, mientras que las altas registradas apenas alcanzaron las 52.500”, señaló ayer BBVA Research.

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ofrece a los desempleados menos opciones de reincorporación al mercado laboral que cualquier portal de búsqueda de empleo y con una calidad inferior: más del 60% de las ofertas son contratos de formación. El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) tiene publicadas en su portal de búsqueda de empleo para parados un total de 23.277 ofertas de trabajo en España, una cifra que no tiene por qué coincidir con el número de puestos vacantes, ya que algunas pueden ser para más de uno, pero que es muy inferior a las que se publican en buscadores privados como LinkedIn o Indeed, en los que en la actualidad hay 83.926 y 90.207 ofertas para España, respectivamente, con datos a 1 de diciembre. Eso supone que por cada oferta de empleo que se publica en el Sepe hay cuatro en esos portales, lo que cuestiona, por un lado, la eficacia del organismo público en su intermediación con los desempleados y, por otro, podría animar a los parados a decidir buscar empleo al margen de los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que, además de las ofertas que agrega el Sepe en el portal Empléate, los servicios de empleo autonómicos también difunden sus ofertas en sus respectivas páginas web. Cuando éstos tienen dificultades para encontrar candidatos, entonces se las remiten también al Sepe para que les dé difusión, por lo que hay ofertas que se duplican y aparecen tanto en los portales autonómicos como en el nacional. De hecho, la mayoría de las que figuran en el portal general se encuentran también en los de las comunidades. No sólo son pocas ofertas (23.277 para un total de 2,7 millones de parados en el país, lo que supone que hay 117 desempleados por cada vacante), sino que además la calidad de los empleos es cuestionable. De ellas, tan sólo el 37,6% son de tipo indefinido –incluyendo tanto a indefinidos ordinarios como a fijos discontinuos, cuyo tiempo de trabajo es intermitente–, mientras que el 60,2% son para puestos en formación y aprendizaje y el 2,2% son temporales. Frente al Sepe, portales como LinkedIn o Indeed ofrecen más cantidad de empleos, pero su composición es similar. En ellos, uno de cada tres puestos son para empleados sin experiencia y menos de la mitad son en régimen de jornada completa.

País Vasco es una de las regiones que presenta un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos, solo por detrás de Asturias, Galicia y Cantabria. Por el contrario, solo Madrid y Baleares resultarían viables por sí mismas, en caso de que se rompiera la caja única. De acuerdo con un informe de la Fundación Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado Los saldos regionales del componente contributivo de la Seguridad Social y publicado ayer, el sistema de pensiones presenta un déficit contributivo de 33.373,8 millones de euros. Esto significa que, de cada 100 euros que cuestan las pensiones, 77 se financian con los ingresos propios de la Seguridad Social y los otros 23, con transferencias o déficit. Este análisis incluye entre los ingresos las cotizaciones sociales, además de unos pequeños ingresos que tiene la Seguridad Social por otras tasas, mientras que el núcleo duro de los gastos está constituido por las pensiones contributivas, además de las pensiones por invalidez o cuidado de menores, las mutuas y los costes de Administración del sistema. Sin embargo, dentro de este déficit hay grandes diferencias, ya que Asturias apenas cubre el 42,2% de sus pensiones con los ingresos propios, seguida de Galicia (57,4%), Cantabria (59,9%), País Vasco (60,4%), Castilla y León (61,4%) y Extremadura (62,4%). En los gastos en pensiones en Asturias ascienden a 5.190,8, una cifra que duplica con creces los ingresos por cotizaciones (2.191,4 millones), lo que se traduce en el mayor déficit por pensionista de toda España, cerca de 10.000 euros al año por cabeza. Por su parte, Galicia presenta un déficit de 4.096,3 millones, una cifra muy cercana a la de País Vasco (4.087,9 millones), mientras que Castilla y León registra un desfase de 3.459,5 millones, por 1.062,4 millones en Extremadura y 891,7 millones en Cantabria.

Los partidos que sustentan los gobiernos de las diputaciones vascas, PNV y PSE, han tenido que ceder sobre la posición inicial con la que habían planteado aplicar el impuesto sobre grandes fortunas en las haciendas forales. El cambio ha sido leve, pero supondrá endurecerlo en los tramos más altos, los que afectan a patrimonios por encima de 14,5 millones de euros. Es el precio pactado con Podemos para asegurar la tramitación del impuesto en Álava y Gipuzkoa, donde las formaciones que gobiernan las diputaciones no tienen mayoría absoluta. La propuesta de las diputaciones había suavizado el gravamen respecto al contenido del conjunto de España y su impacto se reducía a poco más de 60 contribuyentes y con una previsión de recaudación total de unos 2,5 millones de euros. Así, el porcentaje máximo a pagar, lo que se conoce como tipo marginal y que asciende a un 3,5%, se aplicará a partir de patrimonios de 14,5 millones. Por debajo de los 16 millones que establecía la propuesta inicial. Ha sido la principal exigencia de Podemos para dar su apoyo en la tramitación. Aun así, el impuesto seguirá siendo más laxo que en el conjunto de España, donde ese 3,5% se aplica desde los 10,7 millones de patrimonio. ‘Mejor esto que nada’ es la filosofía que ha guiado la posición de los morados. Y es que, según reconoció ayer el secretario de organización de Podemos en Euskadi, David Soto, «nos hubiera gustado ir más allá, pero se ha conseguido la aplicación efectiva del impuesto en Euskadi en términos más duros que los que pretendía el PNV». 

La patronal y los sindicatos están cercanos a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, según aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo, que están haciendo malabares para hacer coincidir los intereses de los empresarios y las principales centrales sindicales CC OO y UGT. En la reunión mantenida la pasada semana entre estas tres partes para fijar un porcentaje de subida del SMI, los negociadores ya se movían en la línea del 4%, si bien aún deben afinar esta cifra de aquí al próximo lunes, fecha en la que podría estar listo un acuerdo. Esta negociación parte, según Trabajo, del hecho de que el salario mínimo actual (1.080 euros al mes en 14 pagas) ya equivale exactamente al 60% del salario medio en España, por lo que, a partir de ahora, esta renta debería subir lo mismo que los salarios pactados en los convenios colectivos para mantener dicha equivalencia, tal y como exige la Carta Social Europea y viene recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Sin embargo, no es tan sencillo. Trabajo espera que los sueldos acordados en la negociación colectiva terminen el año subiendo alrededor del 3,6%, por lo que si esta fuera la subida del SMI para el año próximo, los beneficiarios de esta renta perderían poder adquisitivo, porque según el promedio de inflación anual calculado para subir las pensiones los precios subieron un 3,8%. Por tanto, podría decirse que el suelo de esta negociación se situaría entre los citados 3,6% y 3,8%, ya que el acuerdo de Gobierno de coalición también exige que, además de equivaler al 60% del salario medio español, la subida que se aplique garantice que no se pierde poder adquisitivo. Pero a este planteamiento hay que añadir un tercer elemento, no menos importante, para completar el sudoku: que el porcentaje de subida encaje tanto a sindicatos como a empresarios para sellar un pacto, una prioridad absoluta del departamento de Díaz.

El Gobierno, una vez que ya ha tomado posesión de nuevo de La Moncloa, ha rebajado el tono en su pretensión de imponer un recorte de la jornada laboral en 2024 y sin negociarlo con los sindicatos y la patronal, algo ante lo que los empresarios se han posicionado totalmente en contra. El discurso ha cambiado bastante y ahora pretende llevarlo antes a la mesa del diálogo social y retrasa su aplicación previsiblemente al siguiente ejercicio, puesto que su objetivo es «aprobarlo a lo largo de 2024». Así lo reconoció ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. «Hay que hacer el tránsito de forma ordenada», señaló. Mientras tanto, el choque entre las dos vicepresidentas del Gobierno a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo (la prestación que se cobra cuando se agota el paro) dio un paso más ayer después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya acusado a la de Economía, Nadia Calviño, de «querer recortar el paro» con su propuesta. Unas palabras que llegan en la semana en la que Calviño puede ser elegida presidenta del BEI (Banco Europeo de Inversiones), con lo que saldría del Gobierno a final de mes. Díaz se mostró «convencida» de que su propuesta de reforma será la que salga adelante, porque cuenta, indicó en La Sexta, con el aval del presidente del Gobierno.

Hacer de la investigación y la innovación ejes de crecimiento en España, situarlas en la base del debate público y lograr así una economía más competitiva y sostenible. La apuesta por la ciencia desde la Administración y la colaboración público-privada fue uno de los ejes que ayer destacó María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, durante su intervención en la XVI edición de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial, cuya ceremonia se celebró en CaixaForum de Madrid. En la misma, la ministra anunció el apoyo al sector en las cuentas públicas para 2024 y la necesidad de movilizar también al sector privado. “Este es el camino que tenemos que continuar, duplicar la inversión en investigación como hemos hecho en 2023”, aseguró Montero ante los asistentes al evento, entre los que se encontraban Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo, y Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media, además de otros representantes políticos y empresariales. La responsable de la cartera de Hacienda dijo que el Ejecutivo va a “primar la inversión, la innovación en el sector privado, y tenemos que ver de qué manera puede resultar más efectiva”. La ministra puso en valor la aprobación de la Ley de Ciencia, “un paso decisivo para fijar una financiación pública de la I+D estable y creciente”, con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030 y el 3% junto a la inversión privada. “Los últimos datos indican que estamos un año por delante de lo que sería esa senda de crecimiento”.

España está pulverizando todos los récord en la carrera de los contratos de suministro de electricidad a largo plazo, los denominados PPA (Power Purchase Agreements, por su denominación técnica en inglés). Con más de 7.000 megavatios ya comprometidos en contratos de este tipo, España se ha convertido en el líder europeo y mundial dentro de esa pugna comercial, una fiebre empresarial que está trastocando todos los parámetros del sector. Los PPA eran hasta hace dos años un tipo de contrato muy restringido a determinadas industrias y con poco tirón. La razón era sencilla. Los precios en el mercado diario de la electricidad (precios spot) era estables y muy baratos, con lo cual un PPA, que lo que garantizaba era un precio fijo a lo largo del tiempo pero pagando un plus, perdía atractivo. El desbarajuste provocado en el mercado energético por la guerra de Rusia contra Ucrania rompió la estabilidad de los precios eléctricos diarios. A partir de ahí, las empresas se lanzaron a firmar contratos de cobertura a plazo, desatando así la fiebre de los PPA. Llegó un momento en el que había más demanda de PPA por parte de los grandes consumidores de luz que oferta de contratos por parte de las empresas eléctricas y de renovables. La transición ecológica que están viviendo la mayor parte de países desarrollados añadió tensión al mercado.España y sus grandes energéticas, tradicionales o de renovables puras, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Acciona Energía, Grenergy, Solaria, Audax, Soltec, Forestalia y Ecoener, entre otras, encabezan la firma de contratos de suministro a largo plazo. Los mayores demandantes mundiales de PPA son, sobre todo, los grandes colosos tecnológicos, que han hecho de la transición ecológica un complemento ideal a su imagen de marca a la hora de transmitir que se han adaptado a la imparable tendencia de la sostenibilidad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cargó ayer con dureza contra los sindicatos que han hecho de la huelga no una estrategia para presionar en negociaciones difíciles, sino un fin en sí mismo. Así, denunció que a la concatenación de crisis económicas le haya seguido un reguero de huelgas y no dudó en lamentar la imagen que transmite Euskadi con una elevada conflictividad laboral. «Tenemos el triste honor de sufrir el 50% de las huelgas de todo el Estado. Pero es más desolador, si cabe, que determinados agentes sindicales se enorgullezcan de ello», dijo, en una clara referencia al sindicato ELA. «Han convertido una medida que debería ser excepcional en su práctica habitual», añadió. En opinión de Urkullu, los sindicatos abertzales consideran que «primero es la huelga y luego todo lo demás». Así, no dudó en ligar la estrategia de ELA y LAB a los planteamientos y los objetivos políticos de Bildu. «Responde a una estrategia deliberada y, por cierto, coincidente también con el plan político de Sortu para el periodo de 2023-2024. En ese documento se menciona, por poner el último ejemplo, la huelga convocada el pasado jueves. En ese plan se establece una estrategia basada en términos como «malestar social permanente», «asalto al poder» o «vía unilateral»», denunció. El lehendakari hizo un llamamiento a que los ciudadanos tengan «muy presente» esta comunión entre la izquierda abertzale y algunos planteamientos sindicales porque, dijo, «es una estrategia deliberada, orientada a difundir una imagen social catastrofista y negativa de la realidad vasca que nada tiene que ver con la que vivimos».

Aunque la ejecutiva de su formación, el PNV, ya le ha transmitido que no encaja en el «retrato robot» del candidato ideal para las autonómicas del año que viene, el todavía lehendakari reivindica que la legislatura «no termina hasta el último día», enfría de momento un adelanto electoral porque «aún queda trabajo por delante» y evita aclarar si personalmente deseaba aspirar a un cuarto mandato: «Soy un hombre de partido que atiende sus decisiones, las respeta y las cumple. Yo no voy a terminar mal con el PNV ni el PNV va a terminar mal conmigo». El mandatario nacionalista protagonizó ayer el Foro Expectativas Económicas, organizado por El Correo y el Banco Santander en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ante casi 700 representantes de la esfera política y económica vasca, realizó todo un alegato de su labor en el cargo desde que llegó a Ajuria Enea a finales de 2012. Once años en los que Euskadi, «lejos de retroceder, ha crecido en plena adversidad» hasta contar actualmente con «unas cuentas públicas saneadas, con solvencia financiera y con capacidad para dar respuesta a las necesidades». Una defensa cerrada de su legado, en definitiva, en la que sobrevoló el proceso de relevo en la candidatura del PNV, precipitado después de que se revelara la decisión del Euzkadi buru batzar (EBB) de prescindir del propio Urkullu.