20231209

Euskadi tuvo un saldo positivo de tres empresas por los cambios de domicilio que se llevaron a cabo durante el tercer trimestre del año, ya que frente a las 35 compañías que se mudaron entre julio y septiembre pasados al País Vasco, otras 32 realizaron su traslado fuera de la comunidad autónoma, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por la consultora especializada Informa D&B. El citado saldo positivo, aunque leve, supone un «mejor comportamiento» que el registrado en esta cuestión durante el mismo periodo del pasado año, cuando Euskadi solo tuvo el saldo positivo de una sociedad. El estudio señala que si se tienen en cuenta las ventas de las empresas que se han trasladado este año, el País Vasco suma dos millones de euros por los cambios de domicilio. Madrid es el destino preferido por la mayor parte de las empresas que dejaron la comunidad vasca durante el tercer trimestre, ya que la cuarta parte eligieron trasladarse allí, y es también la segunda autonomía desde donde llegaron más sociedades hasta el País Vasco, el 26%, mientras un 31% de las que se vinieron a Euskadi procedían de Cataluña.

Un huerto solar sobre agua. Lo que parecía una utopía ya es una realidad en Euskadi. Año y medio después de su instalación, los primeros paneles solares flotantes de la comunidad autónoma ya generan energía limpia en la comunidad autónoma. Lo hacen, en concreto, en Álava, en Miñano. Allí, un prototipo instalado por Emica Solar en 2022 produce energía renovable para el propio parque. La iniciativa se remonta a abril del año pasado. Fue entonces cuando Emica, una firma vizcaína dedicada a la fabricación de máquinas de bombeo, presentó en Miñano un proyecto pionero para la balsa en la que el Parque Tecnológico recoge el agua de lluvia: un prototipo con 32 paneles solares alineados en una superficie de 140 metros cuadrados y con el potencial para suministrar la electricidad necesaria para el consumo de siete viviendas. Con 122 años de experiencia, la empresa vizcaína ponía así en marcha un proceso de intraemprendimiento que no buscaba tanto obtener un rendimiento energético como validar una tecnología que abra una nueva línea de negocio para Emica. Tanto es así que ni siquiera se habían conectado las placas a la red eléctrica. Año y medio después esa fase está superada y, aunque a un nivel muy pequeño, las placas de Miñano entregan energía «desde verano», según confirman fuentes conocedoras del proyecto. En 2022, Jon Ander Aguirrebengoa, director de la firma, identificó en Álava medio centenar de balsas que podrían albergar esta tecnología en Álava. Ahora, la propia firma presume en redes sociales de la instalación de paneles en distintas láminas de Euskadi y del resto del Estado.

Michelin y Bridgestone son los dos fabricantes de neumáticos que tienen presencia industrial en España y los dos líderes mundiales del sector por volumen y facturación. Ambas empresas tienen una gran vinculación con el territorio español, ya que en los dos casos empezaron a fabricar ruedas en España en la década de 1930. Las dos empresas suponen la representación industrial en España del sector del neumático, generando más de 9.000 puestos de trabajo de forma directa. Las ocho plantas que operan las dos multinacionales dentro de nuestras fronteras estaban en pleno proceso de recuperación tras la caída de producción de vehículos motivada por la pandemia y la posterior crisis de los microchips. Sin embargo, se enfrentan ahora a un retroceso en los pedidos a causa de la complicada situación económica y, sobre todo, a la competencia, en algunos casos desleal, por parte de competidores chinos. Al igual que muchos sectores electrointensivos, la fabricación de neumáticos se ha visto muy afectada por el fuerte encarecimiento de la energía, así como de las materias primas. Todo ello ha aumentado las dificultades de la industria europea, que se ha visto presionada, al mismo tiempo, por el agresivo desembarco de nuevos productos llegados de Asia, sobre todo China, que tienen unos precios muy competitivos. La competencia china está poniendo en jaque el modelo de negocio de los históricos fabricantes de neumáticos en Europa, que no pueden competir en precio con los chinos, a pesar de que en términos generales ofrecen mejores prestaciones en cuanto a seguridad, duración, consumo de combustible y tecnología.

La reforma de la ley concursal que entró en vigor en septiembre de 2022 ha dado un fuerte impulso a los procesos de Segunda Oportunidad por los que las personas arruinadas pueden acceder al perdón de sus deudas. La nueva normativa ha abaratado y agilizado esta vía, lo que se ha traducido en una explosión de casos. En los tres primeros trimestres de esta año se han registrado en Euskadi 475 concursos de personas físicas no empresarias, una cifra que multiplica por más de cuatro la del año pasado en el mismo periodo, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Se trata, en general, de gente sobreendeudada que no puede hacer frente a sus pagos por haberse quedado en paro u otras circunstancias. La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, perseguía el objetivo de que «una persona, a pesar de un fracaso económico empresarial personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer». Pero los tortuosos trámites que implicaba hacían casi impracticable esa liberación que pregonaba. Con la nueva normativa concursal aprobada en septiembre del año pasado sí parece más alcanzable. No obstante, habría que empezar por matizar que no se ha facilitado el proceso para todos. Así, la Segunda Oportunidad es ahora mucho más asequible para las personas físicas no empresarias, pero no ocurre lo mismo para los autónomos cuyo negocio ha quebrado. La razón es que la nueva ley concursal sigue siendo muy restrictiva para la exoneración del crédito con Hacienda y la Seguridad Social, con un máximo perdonable de 10.000 euros en cada caso. Y es justo la deuda con los organismos públicos la que más lastra a este colectivo. De ahí que entre enero y septiembre pasados solo se hayan registrado 14 concursos de personas físicas empresarias en el País Vasco, frente a los casi 70 en el mismo periodo del año anterior.

Dos años se acumulan ya con una subida de precios como no recordaba la zona euro desde 2008 y que han dejado un IPC con medias del 8,1% y del 3,8% en 2022 y 2023, respectivamente. A pesar de que el empleo está aguantado con récords de afiliación en Euskadi asegurando los ingresos en las familias, el desgaste se sigue percibiendo en el consumo. Así lo muestran los datos de pago con tarjeta en las dos semanas que acogen las fechas más destacadas para las compras anteriores a Navidad: el ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’. Según los datos de la principal entidad en cuota de mercado en Euskadi, Kutxabank, el ticket medio de los 3,3 millones de operaciones de pago realizadas descendió un 5,65% respecto al mismo periodo del año pasado. El precio medio de cada una de esas adquisiciones fue de 35,3 euros. Los datos evidencian un cambio de hábitos y de cultura. Se hacen más compras con tarjeta, pero cada operación es con menos dinero. El uso de este medio de pago ha crecido un 8,1% y pasó de 3 millones de operaciones el año pasado en las mismas fechas a los 3,3 de este año. Se nota la incorporación de teléfonos y otros dispositivos electrónicos para emplear la tarjeta, pero no es suficiente para elevar el gasto total. En esas dos semanas, jalonadas con continuas campañas publicitarias, el total abonado fue de 117,3 millones. La cifra creció mucho menos que el número de compras, solo un 1,9%, y muy por debajo del IPC medio del año que se sitúa en el 3,8%. Eso explica la caída del valor medio de cada transacción, que ha descendido a esos 35,3 euros sobre los 37,4 de 2022. El comportamiento es, además, muy diferente según los sectores. En las compras realizadas en comercios y tiendas ‘online’ se redujeron las operaciones, el importe total y el gasto medio por compra. Las 707.000 veces que se empleó una tarjeta son 4.300 menos que el año pasado y el importe gastado fue 1,4 millones menos. Un 3,6% de retroceso que deja la factura final en 37,4 millones. El precio medio bajó de 54,5 a 52,8 euros. La alimentación concentró cinco de cada diez pagos con tarjeta. 

La Intermodal quiere ser algo más que una estación de autobuses. Antes del verano la gerencia de la instalación buscaba dedicar parte de sus espacios a funcionar como plataforma logística. Es decir, a que empresas de reparto dejen ahí mercancías para luego distribuirlas por el centro de la ciudad con pequeños vehículos eléctricos. Lo que se conoce como reparto de última milla. Así se retiran de las calles esas furgonetas grandes que dificultan mucho el tráfico y contaminan más aún. No avanza muy rápido este empeño, pero en estos momentos ya hay dos empresas con interés por estrenar la Intermodal como almacén. «Una de ellas es del sector ‘horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías)», explica Alejandro Pereiro, gerente de la infraestructura; y la otra distribuye «paquetería convencional». Así, son dos representantes paradigmáticos de los perfiles idóneos que podrían tener presencia en la Intermodal. «Ambas han visto los espacios, les han parecido interesantes» y ahora están sumidos en sus trámites internos para avanzar en esta dirección. En Bilbao ya ha habido algunas iniciativas en este sentido, en lo de fomentar el reparto limpio de última milla, aunque a menudo son tan aparentemente ambiciosas en su planteamiento como modestas en su ejecución y efímeras en su desarrollo. Lo especial de la Intermodal es que puede tener un recorrido notable por sus prometedoras características: tanto por la dimensión de la estructura, como por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, y por su proximidad a los accesos de Bilbao.

La capital alavesa ha asistido en los últimos tiempos a un goteo de cancelaciones de frecuencias y destinos de ferrocarril convencional. Tal y como ha podido constatar este diario a partir de los horarios oficiales de Renfe, en los últimos cuatro años, desde junio de 2019 -unos meses antes de la pandemia- una decena de trenes han dejado de parar en la estación de la calle Dato. Algunos de ellos eran enlaces ferroviarios estratégicos con ciudades importantes como Barcelona o Zaragoza. Otros de los servicios que han visto perder frecuencias eran muy utilizados por los pasajeros alaveses, como aquellos con destino a la vecina Miranda de Ebro o a apeaderos de La Llanada como Alegría, Salvatierra y Araia. Vaya por delante que Vitoria no es la única capital de provincia que ha visto cómo se reducían horarios de trenes convencionales en los últimos tiempos. Desde la compañía pública que gestiona el servicio transporte ferroviario de pasajeros, Renfe, siempre se ha apuntado a la pérdida de pasajeros a raíz de la pandemia como el principal motivo para la «reconfiguración de su oferta». Tres años después, el argumento difícilmente se sostiene.

Será la primera mujer en dirigir el BEI tras un largo proceso que al final se ha decantado a su favor gracias al apoyo de Alemania y Francia. La designación de Nadia Calviño refuerza el peso de España en Bruselas y obliga a Sánchez a buscar relevo para uno de los referentes de su Gobierno. La confirmación oficial este viernes por la mañana en Bruselas del fin del ciclo español de Calviño se daba por hecha tras haber recabado el apoyo de Bélgica, país encargado de pilotar el relevo del actual presidente del BEI, el alemán Werner Hoyer. El propio Sánchez lo había dado por descontado en los últimos días al dedicar encendidos elogios a su escudera –halagos que reiteró ayer en un mensaje en las redes sociales rematado con un «¡Enhorabuena, Nadia! Te echaré mucho de menos»– y al conformar un gabinete que llevaba adosada, de inicio y atípicamente, la posibilidad de cambio. No está claro aún ni cuándo ni quién sustituirá a una Calviño que forma parte del reducido sexteto de ministros –los otros son María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Luis Planas y Teresa Ribera– que acompaña a Sánchez desde su primer mandato en 2018. Y la alusión no es baladí, porque por el gabinete han pasado en apenas un lustro medio centenar de responsables de cartera pertenecientes al PSOE, Unidas Podemos y ahora, Sumar.

“Contribuir al desarrollo equilibrado y constante del mercado común en interés de la comunidad”, reza la misión de esta institución, que prevé movilizar un promedio de 80.700 euros anuales entre 2023 y 2025. El mayor prestamista y prestatario multilateral en el mundo reconoce en su plan de trabajo aprobado este año que vive “un entorno operativo desafiante”. Esta frase se repite a lo largo de todas las instituciones financieras internacionales que viven el doble desafío de adaptarse a la urgencia climática mientras que aumenta la influencia de otros prestatarios como China y los países árabes. El Banco espera que la mitad de sus préstamos apunten a acciones climáticas y sostenibilidad ambiental para 2025. De momento, esta métrica se limita al 46%. El mandato de cuatro años de Calviño buscará reforzar la posición del BEI como la gran banca para la transición verde de la Unión Europea. A pesar de su limitada visibilidad, la hasta ahora vicepresidenta del Gobierno estará detrás de la implementación de importantes planes de inversión, desde InvestEU hasta parte de los fondos Next Generation. La institución, conformada por 4.000 funcionarios, destaca que para esto “deberá asumir mayores riesgos” a través de instrumentos financieros que garanticen el impacto y la adicionalidad esperada. Aquí, el BEI enfrenta el dilema de abrazar una mayor incertidumbre sin dañar su calificación crediticia, lo que le permite financiarse de forma barata. La otra dificultad es que los riesgos suelen llevarse mal con la estructura de gobernanza del BEI.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvió a insistir ayer en que el impuesto a las energéticas está en fase de «rediseño», tal y como adelantó en una entrevista a este diario el pasado fin de semana, y a la espera del informe técnico con el que tratará de resolver las tensiones que esta figura está generando con sus socios de coalición de gobierno. Los miembros de Sumar llevan días advirtiendo al PSOE de que, dentro del pacto de Gobierno es «fundamental» hacer permanente esos gravámenes –también el que afecta a los grandes bancos– que hasta ahora son temporales. El equipo de Yolanda Díaz teme que la presión ejercida por grandes empresas como Repsol o Endesa, que han amenazado con reducir sus inversiones o frenar proyectos en el país por esa mayor carga fiscal, lleve a eliminar el impuesto. Pero Ribera insistió ayer en que se valora su modificación, en ningún caso su supresión. Es el mensaje más repetido en los últimos días desde su ministerio: la tasa, tal y como se diseñó en su día «es posible que no cumpla los requisitos para ser permanente o para que perdure en el tiempo (...) pero yo no he oído a nadie decir que se va a suprimir», indicaba Ribera en una entrevista radiofónica desde Dubai, donde estos días asiste a la conferencia del clima COP28. La ministra explicó que «si vamos a trabajar en algo que toma como referencia los beneficios extraordinarios, tenemos que ver cómo se reformula al no tratarse de una solución puntual, sino de algo que dure en el tiempo y sea compatible con la necesidad de la inversión masiva» para la transformación energética.

El grupo VW y Renault quieren unir fuerzas para ofrecer un vehículo eléctrico asequible y plantar cara a la intensa competencia de las marcas chinas, según informó el medio Handelsblatt este viernes. La intención de ambas compañías es desarrollar un coche eléctrico con un precio inferior a 20.000 euros. El diálogo que mantienen ambos fabricantes aún está en una etapa muy temprana, según las fuentes citadas por el periódico económico alemán, que señala que podrían no fructificar en ningún proyecto conjunto. Ambos fabricantes declinaron hacer comentarios al respecto. Estas dos automovilísticas están centrando sus esfuerzos en reducir sus costes de producción a la vez que pasan del vehículo de combustión al eléctrico. En el caso del consorcio alemán, la dirección negocia con los sindicatos un fuerte ajuste de empleo para reducir un 20% sus costes salariales. La compañía considera que con la estructura actual de costes no es competitiva en un entorno en el que marcas chinas como MG están llegando a Europa con precios mucho más baratos y productos con buenas prestaciones. Una pelea que también está dando el fabricante europeo Stellantis, que ha apostado fuerte con el lanzamiento del nuevo Citroën C3 eléctrico, que tendrá un precio de 23.300 euros. A estos se suma Tesla, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Si VW y Renault llegan a un acuerdo de desarrollo conjunto, apuntarían a una producción anual de hasta 250.000 vehículos, según Handelsblatt.

La carrera mundial hacia la transición energética se topa con otra guerra chino-occidental. Mientras los precios del crudo suben y la Unión Europea gira hacia la transición verde, China ya monopoliza los minerales críticos a la energía renovable, con cerca de 4.000 millones en inversiones y más de 5.152 proyectos en todo el continente de África, según los datos del China Global Investment Tracker. La carrera ha empezado: varios países miembros de la Unión Europea así como Estados Unidos miran hacia la energía verde ante la amenaza del cambio climático, el jaque geopolítico al petróleo por la Guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza que hace tambalear a la estabilidad de los precios energéticos. La Comisión Europea prevé que la demanda para el aluminio, fundamental en la energía renovable, se disparará un 543% entre 2020 a 2050, así como el litio, cobre, cobalto y níquel. Esta demanda para 34 materias primas críticas solo aumentará mientras la eurozona se encamina hacia la transición energética. Por ejemplo, España importó metales valorados en 1.560 millones de dólares desde países africanos en 2021, según el Observatorio de Complejidad Económica (OCE). Aunque esta cifra representa alrededor del 5% de sus importaciones netas de estas materias, se tiene que sumar el 8% de los metales procesados por refinerías en China con recursos de estos países. África es la clave de algunos minerales críticos; el 70% de la producción global de minerales proviene de solo cuatro países: Sudáfrica, Argelia, Angola y Nigeria, todos ellos lugares donde Pekín tiene vínculos económicos. Cabe aclarar que aunque China suministra el 100% de los elementos de las tierras raras a la Unión Europea, según la Comisión, lo logra a través de sus minas de cultivación esparcidas por todo África. Por China también pasa el acceso a la energía fotovoltaica: actualmente controla alrededor del 86% de la producción mundial de paneles solares y el 60% de las turbinas eólicas. 

La complejidad de la industria minera amenaza la apuesta europea por los materiales críticos y su meta de alcanzar el 30% de la producción local de litio en 2030. Extremadura tiene el potencial de lucir entre los mayores yacimientos de este mineral en Europa, pero litigios judiciales, denegaciones administrativas y la oposición local amenazan estas ambiciones. El acuerdo provisional del Critical Raw Materials Act de la Unión Europea busca activar la producción europea de 16 materias primas clave en la transición verde. El litio, el codiciado ‘oro blanco’ que aparece como el tercer número atómico en la tabla periódica, es un componente clave en las baterías. Casi el 85% de las reservas de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la mayoría controlada por firmas chinas, australianas y norteamericanas. Pero existen yacimientos en la Península Ibérica. Dos mineras extranjeras encabezan la apuesta española para suministrar la demanda europea: Extremadura New Energies y Lithium Iberia. Extremadura New Energies, filial española de la minera australiana, Infinity Lithium, lleva casi una década gestionando la obtención de un permiso de la Junta de Extremadura para operar una mina de litio soterrada en una zona protegida en la sierra de la Mosca, a un kilómetro del centro histórico de Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Extremadura New Energies, de la que la constructora española Sacyr tiene un participación minoritaria de 25%, cuenta con un permiso de exploración que vence el 31 de marzo y que fue otorgado por la Junta a Castilla Mining, una de sus numerosas filiales con domicilio en Salamanca. Fuentes de Sacyr explicaron que no toman decisiones acerca del proyecto. La firma sigue confiando en que empezarán a producir litio a partir de 2028 y se encuentran a la espera de la resolución de su tercera petición, pese a las denegaciones anteriores. Esto se suma a las sanciones: la promotora ha sido multada dos veces por el Ayuntamiento de Cáceres, que suman 76.500 euros, además de otra sanción de 2.500 euros emitida por la Junta. Las dos multas del Ayuntamiento fueron por la demolición de una vivienda ilegal en zona protegida, así como por realizar trabajos de carácter extractivo sin permiso.

Las compañías que cotizan en el Mercado Continuo han cerrado los nueve primeros meses con ganancias récord pese a la ralentización de la economía global, la inflación, la guerra en Ucrania, y el efecto Arcelor. Las más de 90 empresas del Mercado Continuo que han presentado las cuentas del periodo –más de 20 no lo han hecho y de Acciona, Acciona Energía, Naturgy e Inditex se recogen las del primer semestre– obtuvieron un beneficio neto conjunto de 49.023 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un ligero aumento del 1,2% respecto a 2022, un ejercicio, junto al de 2021, que arrojó resultados históricos tras el golpe del Covid. El aumento de las ganancias de las cotizadas en los nueve meses de 2023 contrasta con el descenso del 4,2% del primer semestre del año y la caída del 9,2% del primer trimestre. El repunte del resultado global tiene aún más mérito porque se produjo pese al desplome de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, que ganó un 57% menos (4.822 millones menos en términos absolutos). Si se excluyera a Arcelor del cómputo global, el beneficio del Continuo habría crecido un 13,5%, hasta 45.389 millones. Lo mismo ocurre con el resultado bruto de explotación (ebitda) total. Este parámetro, que excluye el impacto de factores extraordinarios, bajó un 6,3% en entre enero y septiembre desde el récord de 2022, hasta 74.076 millones. En cambio, si se eliminase a Arcelor, el ebitda habría aumentado cerca del 2%, hasta 68.191 millones. En perspectiva, el resultado neto de las cotizadas es, incluso, un 45% superior al que obtuvieron todas las compañías (125) que componían el Continuo en los nueve primeros meses de 2019 (33.737 millones), antes del Covid, lo que demuestra la solidez de las cuentas en un contexto de inflación, frenazo económico y conflictos geopolíticos.

El retraso en el despliegue de los fondos europeos le sale a cuenta al Estado. Lo que al principio de la llegada del maná comunitario era un problema –las entidades cobraban entonces por la tasa de depósitos negativa del 0,5% que fijaba el BCE–, ahora se transforma en una ventaja. Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central reciben una retribución de más del 3,5% por la parte de los fondos todavía sin gastar, un montante que se sitúa entre 15.000 millones y 20.000 millones, según casi una decena de fuentes financieras. Esto es, entre 500 y 700 millones de euros de ingresos financieros si esta cantidad se mantiene ociosa durante un año completo. De este montante existe un flujo de salida constante, de pago a las empresas beneficiarias, que está siendo más lento de lo esperado. Aunque estas salidas se compensarán con creces –el acumulado incluso crecerá– con el próximo pago comunitario de 10.000 millones, que se espera para antes de acabar el año. Existen pocos datos del gasto realizado de forma efectiva, aquel que ha llegado realmente a las empresas. Lo que se sabe con certeza es que España ya ha recibido 37.000 millones de euros, de los que 24.300 millones se han transferido a las autonomías, para que sea la comunidad la que lo canalice. Esta parte, lo que reste de la que está en manos de los Gobiernos regionales, es la que está recibiendo una retribución de la banca. Sobre lo que se ha abonado al tejido productivo existe un acercamiento según los datos de contabilidad nacional publicados por la Comisión Europea. En base a estas cifras, España gastó 7.600 millones entre 2021 y 2022. A lo que se sumará lo que abone en este ejercicio: este montante será de entre unos 13.500 millones –según la Comisión– y casi 22.000 millones –según el Gobierno– en el año en curso. Coincide con las cifras que recoge igualmente la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), que sitúa en 28.000 millones acumulados de gasto desde 2021 hasta final de septiembre. De esta forma, se constata que el barco ha cogido velocidad de crucero y se agiliza la llegada de los fondos. Pese a ello, con la llegada de otro cheque por 10.000 millones de euros, seguirán ociosos a cierre de año en el mejor de los casos una cantidad similar a la actual: 19.000 millones de euros por los que las Administraciones serán retribuidas.

Los acuerdos para cerrar las históricas huelgas contra los tres grandes del motor de Estados Unidos y el final de los conflictos con los guionistas y los actores de Hollywood permitieron impulsar el empleo en la primera economía del mundo en el mes de noviembre. La cifra de empleos no agrícolas aumentó en 199.000 personas, según los datos difundidos el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, con lo que el país encadena casi tres años de fuerte dinamismo en el mercado laboral. La tasa de paro, que se mide con una encuesta a los hogares, bajó al 3,7%. El ritmo de creación de empleo se ha ido enfriando en la segunda mitad del año. Las cifras de noviembre están algo distorsionadas por ese final de las huelgas, pero sin ese efecto ratifican la idea de que el mercado laboral ha perdido algo de pujanza al tiempo que continúa robusto. El crecimiento del empleo en noviembre es inferior al aumento medio de 240.000 mensuales durante los 12 meses anteriores, pero está en consonancia con el crecimiento del empleo de los últimos meses. El fin de la huelga del motor aportó unos 30.000 empleos en el mes. Las cifras son compatibles con el aterrizaje suave que busca la Reserva Federal para la economía de Estados Unidos, es decir, un debilitamiento de la demanda que permita contener la inflación sin llegar a caer en una recesión en toda regla. El paro encadena 22 meses por debajo del 4%, en la mejor racha en más de 60 años.

El conflicto entre el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo y uno de los principales sindicatos de Suecia amenaza con extenderse como una mancha de aceite por todo el norte de Europa. Algo así como Tesla contra Escandinavia. “Tesla crea coches que son sostenibles para el clima. Ahora es el momento de crear condiciones laborales sostenibles para los empleados. ¡Es hora de un convenio colectivo!”, claman los responsables de IF Metall, la última pesadilla del multimillonario Elon Musk. Su compañía no fabrica en el país nórdico, pero 120 mecánicos de siete talleres reparan los automóviles. Hace un mes y medio empezaron una huelga reclamando un convenio. Un conflicto menor dadas las enormes dimensiones de Tesla, con una plantilla global de 127.000 empleados, pero que va ganando peso semana a semana. El primer apoyo a los huelguistas llegó de los trabajadores portuarios el 7 de noviembre. Bloquearon la entrada de automóviles Tesla en los cuatro mayores puertos suecos. Luego en todos. Era solo el principio del boicot. Los empleados de la red eléctrica, Elektrikerna, rechazaron mantener las estaciones de supercargadores Tesla. Los taxistas de Estocolmo amenazaron con suspender los nuevos pedidos de vehículos. Medio centenar de trabajadores de la firma Hydro Extrusions, que suministra a Tesla componentes de aluminio utilizados para reforzar la seguridad, se quedaron en casa o realizaron otras tareas. Los pintores de carrocería dejaron de pintar Teslas. Los empleados de limpieza no limpiaron sus edificios. Incluso el servicio postal sueco se negó a entregar matrículas a Tesla, lo que de facto impedía circular a sus coches nuevos.

La UE tendrá la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Los Estados y la Eurocámara han superado sus diferencias sobre cómo regular los modelos fundacionales y las líneas rojas en materia de sistemas de vigilancia biométrica. El acuerdo es provisional y tendrá que ser ratificado. La Unión Europea será la primera región del mundo que regulará de una forma completa los usos de la inteligencia artificial (IA). Los Estados miembros y el Parlamento Europeo llegaron anoche, tras tres días de intensas y duras negociaciones, a un acuerdo provisional, que todavía debe ser ratificado por las dos partes antes de entrar en vigor, previsiblemente a finales de 2026. Este texto define las obligaciones y normas por las que deberá regirse una tecnología que está aquí para quedarse y que está transformando completamente la vida diaria, pero que conlleva tantas posibilidades como riesgos, muchos de ellos ni siquiera aún imaginables. Los Veintisiete aseguran que quieren garantizar lo primero y limitar al máximo lo segundo, para lo que han negociado una ley “a prueba del futuro” que contenga la flexibilidad suficiente como para poder regular funciones o tecnologías hoy por hoy desconocidas, o para amoldarse a los cambios que experimenten las ya existentes, según habían explicado fuentes conocedoras de las negociaciones antes de que los responsables del acuerdo empezaran su maratoniana reunión a puerta cerrada en Bruselas, el miércoles. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles, y las negociaciones “apasionadas”, como las calificaron testigos de los interminables tira y afloja, se alargaron debido al pulso entre Estados y eurodiputados —y a veces dentro de cada bloque— sobre qué es un riesgo o no y qué excepciones y salvaguardias poner para garantizar que los derechos fundamentales individuales no se arriesgan en aras de no perjudicar la economía o los intereses de los Estados.