20231219

Es una tendencia aparentemente imparable de las dos últimas décadas. El País Vasco cada vez representa una porción más pequeña en la tarta de la generación de riqueza en España. Así lo ha puesto en evidencia un año más la estadística de contabilidad regional que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ayer hizo públicos los datos correspondientes a 2022. Según esta estadística, el pasado año se generó en Euskadi el 5,89% del PIB nacional. Es una caída pequeña en comparación a la tasa de 2021 –el 5,91%–, pero visto con focos de larga distancia es un descenso suave pero sostenido. En el año 2000 Euskadi generaba el 6,30% de la riqueza nacional. Hay dos datos en los que el País Vasco mantiene posiciones de liderazgo o de convivencia en el grupo de cabeza, pero tienen también una doble lectura. Uno de ellos es el de la renta disponible de las familias, donde Euskadi ocupa el segundo lugar –20.685 euros– por detrás de Madrid y 26,6 puntos por encima de la media nacional. Esa cifra representa la media de recursos disponible por cada familia –la suma de todos sus ingresos por trabajo o rentas del capital, por ejemplo–, que encaja a la perfección con otras estadísticas: Euskadi tiene los salarios más altos tras Madrid, cuenta con las mayores pensiones y la tasa de ahorro también es elevada. El País Vasco destaca asimismo por mantener el segundo lugar en renta ‘per cápita’ –35.832 euros anuales–, cifra que mide el valor total de la producción de bienes y servicios que se genera en la comunidad autónoma, dividido por el número de habitantes. Euskadi tan solo es superada en este ranking por Madrid –38.435 euros– y ambas comunidades se sitúan muy por encima de la media nacional, establecida en 28.162 euros. También por encima de la media de la Unión Europea, que para 2022 estaba fijada en 35.440 euros. En el caso del País Vasco, sin embargo, esa posición de privilegio en la renta ‘per cápita’ tiene como contrapartida negativa la pérdida de peso no solo en el PIB nacional, sino también en el peso relativo de la población. Según los datos aportados por el INE Euskadi representa el 4,63% de la población española, muy lejos ya del 5,14% del año 2000.

Tras el verano las ventas al exterior de las empresas vascas dieron síntomas de una moderación en las caídas que venían registrando desde abril. Así, según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el pasado octubre redujeron su retroceso a solo un 0,7%, confirmando una tendencia que arrancó en septiembre, con una caída del 2,2%. Ambas cifras muy por debajo de los descensos de doble dígito registrados en primavera. En total, la facturación al exterior de las compañías vascas se situó en octubre en 2.814 millones de euros, lo que supone ese 0,7% menos que en el mismo mes del año pasado. La cifra sigue evidenciando el impacto de la caída de las ventas energéticas, que se hunden un 35,4% con 152 millones. Una cantidad que prácticamente monopoliza el combustible elaborado en Petronor. La exportación de refino cayó a 138 millones frente a los 213 millones de octubre del año pasado. La otra cara de la moneda fue la actividad de la industria no energética. Sus exportaciones aumentaron en octubre un 2,5% con 2.660 millones, siendo la automoción la que volvió a tirar de las ventas vascas al exterior. Las exportaciones de vehículos, gracias a la fábrica de Mercedes en Vitoria, mantuvieron la alta actividad con un leve aumento del 1%, pero generando 301 millones de ingresos, el mayor capítulo de ventas en toda Euskadi. Los componentes de vehículos se mantuvieron también estables en un escenario que registró crecimientos puntuales muy llamativos, como los de ITP Aero, que elevó un 62% las ventas de turbopropulsores con 31,8 millones. Lo mismo que en el caso de los fabricantes de autobuses de Gipuzkoa, que crecieron un 414% con 27 millones, o los ascensores de Orona, que con 23,3 millones en ventas incrementaron ese arancel un 187% en octubre. La parte negativa de la balanza exterior vasca es que las importaciones no se recuperan y muestran un descenso del 12,6% frente a las compras realizadas en el exterior por las empresas vascas. 

Los salarios crecieron en Euskadi en el tercer trimestre un 3,9% en relación al mismo periodo del año anterior, un incremento que es medio punto superior al último dato de la inflación, que cerró noviembre con un aumento del 3,4% en Euskadi. Por lo tanto, los asalariados vascos ganan poder adquisitivo, en concreto, medio punto, pero lo hacen en menor medida que en el conjunto del Estado, donde los sueldos han crecido un 4,2%, según los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE publicada ayer. El mayor incremento lo registran los salarios madrileños, con un 6,7%, con lo que sigue aumentando la brecha entre los sueldos de esta comunidad, que es la que está en el primer puesto, con 2.546 euros brutos mensuales, respecto al de los vascos, que cerraron el tercer trimestre con 2.487 euros. Navarra se mantiene en el tercer puesto, con 2.296 euros tras aumentar un 4,9%. La media estatal se queda en 2.118 euros brutos, con Extremadura en última posición (1.650 euros), seguida por Canarias (1.752 euros) y la región de Murcia (1.847 euros). Y es que Extremadura es también donde menos crecen los salarios, tan solo un 1,2%, junto con la Comunidad Valenciana (1,4%) y Canarias (1,5%). Con todo, el aumento salarial registrado en Euskadi es muy dispar según los diferentes sectores. Así, en la industria, los sueldos han crecido un 7,16%, hasta los 3.109 euros brutos de media, mientras que en la construcción tan solo lo han hecho un 2,11%, con lo que se quedan en 2.364 euros brutos, y en los servicios lo hacen un 3,14%, hasta los 2.328 euros brutos.

La falta de apoyos de PNV y PSE para la aprobación de las Cuentas de Álava y Gipuzkoa tiene más consecuencias que las de una prórroga presupuestaria. Una prueba más de que la inestabilidad política acaba impactando también en la economía, la de las empresas y la de las familias. Y es que la minoría que sufren los gobiernos de coalición alavés y guipuzcoano afectará a otra de las medidas más importantes que las diputaciones deben acometer antes de final de año. Se trata de la deflactación de las tablas del IRPF, un alivio fiscal del 2,5% sobre los tramos de renta del impuesto que, de materializarse, va a ahorrar a los vascos el pago de unos 100 millones de euros en 2024. Es una herramienta para ajustar el tributo de la renta a la evolución de los precios y que sirve para evitar una subida de la recaudación a costa del incremento del coste de la vida. En definitiva, pretende aplicar el principio de que si con 20 euros un ciudadano no puede comprar lo mismo que hace un año, no parece justo que pague los mismos impuestos por ellos. La deflactación, como establece nuevos tramos de renta y el porcentaje de abono del impuesto, debe tramitarse a través de una norma foral en las Juntas Generales. En el caso de Bizkaia y Gipuzkoa las diputaciones lo han ligado al proyecto de Presupuestos. Es ahí, en el capítulo de ingresos, donde se fijan sus criterios generales. En el caso del Ejecutivo de la peneuvista Elixabete Etxanobe no hay problema porque cuenta con mayoría absoluta en las Juntas de Gernika. De ahí que la deflactación en Bizkaia no tenga problemas para salir adelante con el 2,5% de ajuste pactado en el último Consejo Vasco de Finanzas. Solo queda esperar a que el gobierno en su última reunión del año publique la tabla de retenciones para que las empresas las apliquen en las nóminas de sus empleados. En cambio, la falta de apoyos al Presupuesto de Gipuzkoa constatada ayer tras la negativa de EH Bildu, que se unió a las ya anunciadas por PP y Podemos, hace encallar la deflactación. 

En cuestión de apenas cinco días, dos reveses han abierto una importante grieta en la estabilidad política absoluta a la que se habían acostumbrado las principales instituciones vascas durante los últimos años. Si el jueves fue la Diputación de Álava la que se vio obligada a retirar el proyecto presupuestario para 2024 ante la falta de apoyos, ayer fue la de Gipuzkoa la que siguió esa estela. Ni en uno ni en otro territorio PNV y PSE-EE han conseguido zafarse de su minoría parlamentaria y han fracasado al intentar convencer a los grupos de la oposición en un contexto marcado por la carrera de todos los partidos hacia las autonómicas. Que venía una legislatura foral de turbulencias se sabía desde los comicios del 28 de mayo, cuando la entente de jeltzales y socialistas sólo pudo retener la mayoría absoluta en Bizkaia. Tanto en Álava como en Gipuzkoa se quedaron a dos escaños de la barrera y en el segundo de los casos incluso precisaron del apoyo del PP para gobernar, ya que EH Bildu resultó primera fuerza en las urnas. El complicado panorama se ha confirmado apenas medio año después, cuando los equipos de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, han evidenciado su debilidad al no poder sacar adelante la norma anual por antonomasia.

Iberdrola rindió ayer un homenaje a quien fuera presidente de la caja de ahorros BBK y también consejero de la compañía eléctrica, José Ignacio Berroeta, fallecido el pasado mes de septiembre. El presidente de la empresa, Ignacio Galán, junto al lehendakari, Iñigo Urkullu, descubrieron una placa en al sede que la empresa eléctrica tienen en el barrio bilbaíno de Larraskitu dedicado al desarrollo tecnológico, que pasará a llamarse a partir de ahora Centro Corporativo José Ignacio Berroeta. Al acto asistió su viuda, María José Aurrecoechea y varios familiares. En el acto Galán destacó que «su legado permanecerá perenne junto a los valores de la tierra que él encarnó. Fue una persona determinante en el sector financiero y en el tejido industrial del País Vasco», señaló. Ver nota Iberdrola 

 La formación para el empleo que oferta el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha atendido a 209.804 personas en 2020, 2021 y 2022, de los que 61.511 se ubican en Gipuzkoa. Las opciones más demandadas fueron formación complementaria, servicios socioculturales y a la comunidad, y administración y gestión, según consta en la respuesta de la consejería a una consulta realizada por EH Bildu. Los datos facilitados reflejan una notable diferencia entre los participantes que se encontraban en situación de desempleo y los activos, con 117.155 parados que recurrieron a esta vía para aumentar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo frente a los 73.915 empleados cuyo objetivo fue adquirir nuevas capacidades para mejorar su situación laboral. El registro también recoge a aquellas personas que cursaron alguna oferta formativa dispuesta por el Gobierno vasco sin estar dadas de alta en la Seguridad Social o extranjeros irregulares, que ascendieron a 18.734. La información desglosada por años concluye que el ejercicio en el que se desarrollaron más cursos formativos fue 2021, a pesar de que fue el año anterior cuando se declaró la pandemia de coronavirus que obligó a muchas empresas a declarar expedientes de regulación de empleo ante la obligación de cesar su actividad para evitar la propagación del virus. El parón al que se vieron abocados los trabajadores podría haber sido una buena oportunidad para formarse, pero las dificultades para ofrecer estos cursos en una época de confinamiento truncó esta posibilidad. 

El servicio vasco de empleo Lanbide ha incorporado diecinueve inspectores a su nueva unidad de control para evitar futuros fraudes. A partir de ahora, estos profesionales serán los encargados de supervisar el control interno de la prestación de la RGI, así como de realizar las tareas derivadas de la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, aprobada este año por el Parlamento Vasco. Para ello, a partir de enero Lanbide desplegará su primer plan anual de asistencia, inspección y control, que se fija 20 objetivos y 36 actuaciones, según dieron a conocer desde el departamento de Trabajo y Empleo. Hasta ahora, el órgano interno de auditoría de Lanbide, al que ya le correspondía identificar y gestionar los posibles riesgos para el servicio de empleo en un correcto uso de los fondos públicos, estaba formado por cinco personas. Para lanzar la nueva unidad se ha incorporado a catorce profesionales más, con el objetivo de reforzar el sistema de vigilancia de esta ayuda social que ahora es indefinida en el tiempo y evitar fraudes. La nueva ley, recuerdan desde el área que dirige Idoia Mendia, «atribuye funciones añadidas a este órgano, que posibiliten facilitar a las personas perceptoras de prestaciones el correcto cumplimiento de sus obligaciones, a la vez que se apliquen las sanciones previstas cuando se cometen irregularidades de forma deliberada». El refuerzo de la inspección se produce después de que a lo largo de esta legislatura se hayan ido implementando medidas de coordinación que «han mejorado sustancialmente» todos los procesos para mitigar riesgos de irregularidades. 

Pese a que hay 108.152 personas desempleadas en el País Vasco, las empresas siguen teniendo dificultades para encontrar determinados perfiles, como lo demuestra el hecho de que al cierre del tercer trimestre había en Euskadi 5.447 puestos de trabajo sin cubrir, un 1,2% más que el año anterior, según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales. Suponen el 3,5% de todas las vacantes que hay en el conjunto del Estado, donde suman 155.797, un 8,28% más, hasta el punto de que marcan un récord histórico, con Madrid (33.656) y Cataluña (31.242) a la cabeza. En el caso vasco no está en máximos, ya que en el cuarto trimestre del año pasado ascendían a 5.601; en el primer trimestre de 2020 llegaban a los 5.933 y el listón más alto se alcanzó en el primer trimestre de 2018 con 6.337 vacantes. En cualquier caso, pone de relieve uno de los retos que tiene el mercado laboral vasco y el estatal, con un desempleo estructural que, a medida que crece la afiliación y llega a récord, como en estos momentos, no termina de casar con las necesidades que tienen las empresas, cada vez más específicas.

En España hay 155.797 puestos de trabajo sin cubrir. Es el máximo desde que hay registros al respecto, que empiezan en 2013. Además, según difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las vacantes han crecido un 5,3% en el tercer trimestre respecto al segundo. Un repaso a años anteriores muestra que lo normal habitual es que en esta época del año, habitualmente de creación de empleo, las vacantes caigan: el año pasado retrocedieron un 0,8% y en 2019, un 3,1%. Esta vez, también en un contexto de más puestos de trabajo, la tendencia es otra. El debate de las vacantes en España es uno de los más agitados del mundo laboral. El Ministerio de Trabajo se viene esforzando en contextualizar estos datos: aunque hayan crecido en los últimos meses, insiste en que proporcionalmente son pocas. Con los datos de Eurostat en la mano, no le falta razón. España registra una tasa de vacantes del 0,9%, entre las menores de Europa, lejos de la media de la UE (2,6%) y de los países que más sufren este problema, como Bélgica (4,7%) o Países Bajos (4,5%). Cabe recordar que España sufre la tasa de desempleo más alta del continente (12%, el doble que la media). Es decir, en ningún otro país hay una mayor proporción de personas en busca de empleo. Pese a esto último, son muchas las patronales que dicen sufrir un grave problema de escasez de trabajadores. El 71% de las pymes consultadas en el informe El reto de las vacantes en España (elaborado por la patronal Cepyme) aseguran que tienen dificultades para encontrar a los trabajadores que necesitan para cubrir las vacantes que se generan en su empresa y poder desarrollar plenamente su actividad. Trabajo concede que hay algunos sectores muy específicos en los que sí se dan estos problemas, pero los limita a actividades punteras como las energías renovables, en las que se da un desacople entre el acelerón de la demanda y los profesionales disponibles. En sectores como la hostelería, consideran en el ministerio, el problema es de bajos salarios.

El sector privado afronta un cierre del año con claroscuros y contradicciones aparentes: aumenta la facturación durante el último trimestre, pero se desacelera la creación de empleo; se desinfla la presión de los precios –que cayeron en noviembre al 3,2%–, pero persiste una sensación de que la inflación repuntará con la entrada del nuevo año. El panorama dibuja un cierre atípico para lo que habitualmente suelen ser los mejores meses para los negocios en términos de ventas. Una encuesta del Banco de España publicada ayer puso en relieve estas conclusiones y añade que las compañías aún lidian con varios frentes abiertos: el desafío constante de encontrar mano de obra para suplir ciertas vacantes y el acceso al crédito que sigue encarecido por los altos tipos de interés. Por primera vez desde el primer trimestre del 2021, la creación de empleo se desacelera y se adentra en terreno negativo. Es decir, las empresas consultadas admiten que las contrataciones de la campaña de Navidad serán menores que en la Navidad de 2022. De esta forma, casi una quinta parte (18,2%, cinco puntos más que el trimestre anterior) de las empresas indican que han detenido la contratación, pese a que noviembre y diciembre se caracterizan como meses en los que las firmas aumentan la plantilla para encarar la temporada navideña. El último dato de empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidenciaba grandes retrocesos en la hostelería, donde hay 116.000 afiliados menos en noviembre, así como en el sector agrario –una rama con empleo estacional–, que pierde el 3,2% de los afiliados. La contratación en la industria y en la rama de servicios también es negativa, cercana al 1%.

La creciente incertidumbre sobre la política económica se ha convertido ya en el principal lastre de la actividad empresarial en España, desbancando al coste de la energía y aumentando la distancia con otros problemas como la falta de mano de obra, según los datos recopilados por el Banco de España. Una coyuntura en la que las compañías españolas han visto estancarse su facturación y caer el empleo por primera vez desde 2021. Así lo desvela la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) referente al cuarto trimestre de 2023, que fue publicada ayer a partir de un sondeo realizado entre 15.000 sociedades, al que contestaron 6.240, entre el 13 y el 27 de noviembre. El resultado, destaca el supervisor financiero, revela, “por segundo trimestre consecutivo, un aumento de la incertidumbre sobre la política económica, que estaría afectando negativamente a un 60% de las compañías y que se convierte, por tanto, en el principal factor condicionante de la actividad”. Su relevancia ha ido aumentando a lo largo del año, pues en el segundo trimestre el problema era destacado por el 47% de las firmas encuestadas y en el tercero alcanzó el 52%. El Banco de España destaca que la incidencia negativa del factor político “es generalizada”, pero “está afectando de manera más acusada a la actividad de las ramas de comercio, agricultura y transporte”. En segundo término quedan ya el impacto de los costes energéticos, que venía siendo el principal freno a la actividad empresarial en España desde finales de 2021, y que desciende seis puntos este trimestre, aunque continúa perjudicando al 59% de firmas. Los últimos meses también han ido demostrando “un nuevo empeoramiento de los problemas de disponibilidad de mano de obra”, como destacan al Banco de España el 42,5% de las compañías (4 puntos más que en el trimestre previo). Por sectores, detalla el informe, los problemas de mano de obra siguen siendo especialmente relevantes en la hostelería, la agricultura y la construcción, donde más de la mitad de empresas declaran estar viéndose afectadas.

Hacía meses que sabían que el Ejecutivo quería prorrogar las ayudas y ampliar el perímetro de posibles beneficiados elevando el nivel de renta, y aunque no lo consideraban necesario, sabían también que negarse a ello no era una alternativa. «No había otra opción», decían ayer algunas de las partes presentes en el encuentro. Pedro Sánchez se había comprometido a estos cambios en el acuerdo de investidura sellado con Yolanda Díaz y la propia Calviño ha tomado como empeño personal en la pasada legislatura sacar adelante algunas de las propuestas que se acaban de rubricar. La banca, con la sombra de la reputación siempre presente, es consciente de que en estos momentos no pueden bajarse de la foto, así que la reunión de ayer fue más un trámite necesario que otra cosa. «No lo consideramos estrictamente necesario [en referencia a la ampliación] porque los datos macro apuntan en otra dirección», aseguró la directora general de la patronal AEB, María Abascal. «Es importante contar con certidumbre y seguridad jurídica. No sería comprensible estar revisando el código cada poco tiempo. Hay que darle tiempo para que funcione», añadió. En el sector bancario consideran que la resistencia del mercado laboral, las previsiones económicas positivas para 2024 y la mejora de los salarios son factores que alejan el riesgo de un shock financiero derivado del ámbito hipotecario. Apuntan también que el número de solicitudes está siendo notablemente inferior en comparación con lo esperado. 

Los 15 fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos ya pueden empezar a operar e integrar planes de estas características tras ser inscritos la semana pasada en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según informó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cinco entidades gestoras (cada una de ellas a cargo de los tres tipos de fondos que se han constituido) son: Caser, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja, Santander y VidaCaixa. Todas ellas fueron elegidas por procedimiento de licitación que se formalizó el pasado 1 de septiembre.

La cadena de supermercados Mercadona ha firmado un acuerdo con los representantes sindicales de CCOO, UGT y Sindicato Independiente para la renovación del convenio colectivo de la empresa en el que se modifican aspectos relevantes del mismo, como el criterio que se aplicará cada año para revisar los salarios. A partir de ahora, la inflación tendrá menos peso en la subida de los sueldos de la cadena presidida por Juan Roig. En concreto, el incremento del salario base se vincula al IPC hasta un 2,5% y, en caso de ser superior, la compañía completará este incremento hasta un máximo del 6%, estando el resto de la subida vinculada a los objetivos del beneficio de la empresa. La propuesta inicial de la empresa era de vincular el 1,5% al IPC y llegar a un máximo del 5%, mientras que los sindicatos apostaban por vincular el 3,5% a la inflación y poder alcanzar hasta un 8% de subida salarial en base a otros criterios. En el anterior convenio, la subida cada año estaba ligada al IPC anual, tomando como referencia el de diciembre. Esa subida estaba condicionada a que Mercadona lograra un beneficio sobre ventas de al menos el 1,5%. Con esa referencia, en los últimos dos años, los trabajadores de Mercadona vieron incrementados sus sueldos en un 6,5% y un 5,7%, respectivamente. Este año la inflación se ha moderado y, hasta noviembre, la tasa anual está en el 3,2%. El convenio rubricado con los sindicatos con representación en la compañía, tiene una duración de cinco años, por lo que estará vigente hasta 2028.

El esprint de la Comunidad de Madrid no se agota. La región capitalina volvió a exhibir su dinamismo económico en 2022, alejándose de los demás territorios: su PIB per capita (38.435 euros) sigue siendo el más alto del país y su economía es la que más valor genera, tras crecer un 7,2% el año pasado frente a un promedio nacional del 5,8%. Este desempeño no solo le permitió engordar la distancia con el resto: el sorpasso a Cataluña, un hecho antes de la pandemia, ganó solidez y se amplió la brecha, según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El año pasado estuvo marcado por fuertes turbulencias económicas y una elevada incertidumbre, con la inflación galopante y la espiral de subidas de los tipos como grandes protagonistas. Pese a ello, la economía española siguió beneficiándose del efecto rebote poscovid y mantuvo su vigor apoyándose en el tirón de las exportaciones y la resistencia del mercado laboral. El crecimiento que registró en su conjunto, ese 5,8% —un dato mejorado tras la revisión estadística realizada por el INE este año, que permitió recuperar el PIB precovid ya en el tercer trimestre de 2022—, no fue, sin embargo, homogéneo. Las islas Baleares y las Canarias, dos destinos que viven en gran parte del turismo y que sufrieron mucho más que otras el duro revés de los confinamientos, registraron los mayores crecimientos del PIB en términos de volumen, del 12,5% y 9,7%, respectivamente. Lo mismo había ocurrido el año pasado: los dos archipiélagos se habían anotado las mayores variaciones al alza tras sufrir en 2020 las caídas más significativas. Otras cuatro autonomías se apuntaron incrementos superiores a la media: Madrid, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los peores desempeños, aunque siempre de signo positivo, fueron los de Extremadura (2,1%), Castilla-La Mancha (2,2%) y Castilla y León (3,1%).

Los supervisores españoles advierten de que la rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) por parte de bancos, firmas de inversión y asesores podría desembocar en un riesgo para la estabilidad financiera. El Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España estudian si el uso cada vez mayor de esta tecnología se ha convertido en un riesgo importante para los mercados financieros y analizan la manera de hacer frente a la posible amenaza. Para ello, el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y los supervisores bancario y de los mercados nacionales, liderados por Pablo Hernández de Cos y Rodrigo Buenaventura, han creado un grupo de trabajo específico para identificar riesgos ligados a la inteligencia artificial en los mercados, “tanto desde el punto de vista de estabilidad financiera como de ordenado funcionamiento del mercado”. El grupo de trabajo, impulsado en el seno de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), estará formado por representantes técnicos de cada uno de los organismos, que se apoyarán en los equipos técnicos de cada institución. Los supervisores están de acuerdo en que existen riesgos específicos ligados a la inteligencia artificial y buscan estudiar si podrían alterar el orden financiero. 

La Inteligencia Artificial (IA) promete transformar de forma radical la realidad misma de las personas. Su desarrollo y democratización permitirá aumentar la riqueza, eso desde luego. Pero si se emplea de la forma adecuada también puede mejorar la asistencia sanitaria, reducir la jornada laboral e incluso marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático. Al menos, eso es lo que esperan numerosas empresas dedicadas a su desarrollo y grandes ‘gurús’ de internet, como es el caso del cofundador de Microsoft Bill Gates o de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y principal ‘culpable’ del aluvión de herramientas generativas que han llegado a la red en los últimos meses. Todo gracias al estruendoso éxito del robot conversacional ChatGPT, que ha acelerado el desarrollo de la tecnología hasta límites insospechados. A pesar de que todo lo bueno que se espera traerá consigo el empleo y desarrollo de esta tecnología también puede representar riesgos en la aplicación que hagan personas u organizaciones de ella, según señala Richard Benjamins, responsable de IA en Telefónica. Por un lado, destaca el posible empleo de Inteligencia Artificial por parte del cibercrimen para engañar a la sociedad mediante la generación de audios y vídeos falsos. Asimismo, otro riesgo son los efectos negativos, no intencionados, que pueden provocar los sesgos que pueden tener los modelos en base a su entrenamiento con datos, lo que puede acabar vulnerando los derechos de las personas en función de minorías, la raza, el credo o el género, entre otros, que se ha manifestado puede influir por ejemplo en la asignación de créditos financieros o la predicción de criminalidad en barrios concretos. El tercer riesgo es el de aplicar la IA solo con un fin lucrativo y no impulsar el desarrollo de la IA desde un punto de vista ético. «Aplicar la IA solo con fines comerciales y no para resolver los problemas grandes de nuestro tiempo como el cambio climático, las pandemias, los desastres naturales, la pobreza y la desigualdad es un peligro. Actualmente la inversión en IA comercial es enorme, mientras que la inversión en temas sociales o ambientales es anecdótica y soportada por la filantropía», señala el ejecutivo de la teleco española.

Los ataques hutíes a los buques que atraviesan el mar Rojo han provocado el pánico entre las compañías dedicadas al comercio internacional, lo que ha provocado la suspensión de numerosas operaciones en el Canal de Suez. Algo que afecta a numerosos productos de uso industrial y de consumo, pero fundamentalmente al petróleo. De todo el crudo exportado por vía marítima, casi el 5% lo hace a través del Canal de Suez, cuyo punto de entrada por el sur es el mar Rojo, y BP ya ha anunciado la paralización de los envíos a través de esta vía por la falta de seguridad. Con ello, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ya acumula una subida del 7,8% respecto a la semana pasada, a pesar de la debilidad de la demanda global y de la perspectiva de que los recortes de la OPEP+ terminen o se vayan relajando a partir de abril. La compañía británica BP informó ayer de que ha decidido suspender temporalmente el paso de sus embarcaciones a través del Mar Rojo, después de que varios buques sufrieran ataques en los últimos días frente a las costas de Yemen. “La seguridad de nuestra gente y de quienes trabajan en nuestro nombre es la prioridad de BP”, señaló en un comunicado. “A la luz del deterioro de la situación de seguridad del transporte marítimo en el Mar Rojo, BP ha decidido suspender temporalmente todos los tránsitos a través del Mar Rojo. Mantendremos esta pausa preventiva bajo continua revisión, sujeta a las circunstancias a medida que evolucionen en la región”, agregó. Una decisión que ha desatado los temores a una posible escasez de suministro en Europa, ya que el envío de crudo rodeando África por el sur supone un aumento del tiempo del trayecto de tres semanas, un sobrecoste para los consumidores y la necesidad de un mayor número de buques petroleros por cada barril. Esta decisión tiene lugar después de que otras compañías marítimas también anunciaran la suspensión de sus envíos por el Mar Rojo, una de las rutas más importantes del mundo para las embarcaciones que transportan artículos de consumo entre Asia y Europa. En concreto, Maersk, la segunda compañía del mundo por volumen de mercancías, con el 15,3% del comercio marítimo global, fue la primera gran empresa en paralizar sus envíos a través de esta ruta, a la que posteriormente se han ido sumando otras empresas de la talla de MSC, CMA-CGM, Cosco, Hapag-Lloyd o Evergreen. Esto es, las seis principales compañías del sector, que concentran más de dos terceras partes del comercio marítimo global.