20230516

Nuevas normas en la contratación laboral. Casi un año y medio después de entrar en vigor la reforma laboral que cambió el paradigma de la contratación en España prohibiendo el uso de los contratos temporales, el Gobierno por fin se ha puesto manos a la obra para desarrollar y concretar las regulaciones que faltaban de ciertas materias, como el contrato formativo. Y el Ministerio de Trabajo pretende limitar su utilización a un límite en función del tamaño de la empresa, de forma que nunca supere la treintena, a semejanza de lo que quiere hacer también con los becarios. Así, el número máximo de contratos formativos vigentes al mismo tiempo en cada empresa será de tres en cada centro de trabajo de hasta diez trabajadores; siete contratos de formación máximo en las compañías de entre once y treinta personas; diez contratos en aquellas que se sitúen entre 31 y 50 empleados; y un límite del 20% del total de la plantilla para aquellas que superen los cincuenta trabajadores, con un máximo de treinta contratos, según establece el borrador de real decreto por el que se desarrolla el régimen del contrato formativo. Quedan excluidos de estos límites los trabajadores con discapacidad. «Para determinar la plantilla de trabajadores no se computarán las personas vinculadas con un contrato formativo», pero «cada persona con un contrato a tiempo parcial o de duración determinada computará como un trabajador más», según precisa el texto, que ha sido remitido ya a los agentes sociales, que tienen de plazo hasta este próximo viernes para presentar sus alegaciones. En cualquier caso, el Gobierno da potestad a los convenios colectivos sectoriales para modificar estos límites o sustituirlos por un porcentaje máximo en función del número de contratos indefinidos que haya en la empresa. A su vez, en estos convenios también podrán establecer compromisos de conversión de los contratos formativos en contratos indefinidos.

El primer plan de choque de la Inspección de Trabajo contra el fraude en los contratos a tiempo parcial no ha tenido tanto éxito como los que persiguen el abuso en la temporalidad, pero ha obligado a ampliar jornada a 1.414 trabajadores vascos. La cifra supone un 12,36% de los 11.436 contratos investigados en Euskadi dentro de la campaña, según los datos publicados ayer por el departamento de Trabajo del Gobierno vasco. El plan se ha realizado con la denominada ‘herramienta de lucha contra el fraude’ del Ministerio de Trabajo, que utiliza tecnología ‘big data’ para cruzar datos y sacar listados de empresas con indicios de fraude. A las compañías sospechosas se les mandan cartas para que revisen los contratos y, en caso de que no lo hagan, se pasa a una segunda fase de control ‘in situ’ por parte de los inspectores. Esta herramienta ha sido utilizada en múltiples ocasiones, y con notable éxito, en la detección de abusos en la temporalidad, hasta el punto de obligar a regularizar el 50% de los contratos investigados. Esta es la primera vez que se aplica a los contratos a tiempo parcial y el resultado ha sido más modesto, al aflorar irregularidades en el 12% de los casos bajo el foco. «Hay dos razones que explican este menor porcentaje de regularizaciones. Por un lado, todavía falta la segunda fase, en la que los inspectores irán a las empresas con indicios de fraude que no han modificado los contratos. Por otro, es la primera campaña destinada al control de la jornada y la ‘herramienta de lucha contra el fraude’ tiene poca experiencia; irá mejorando en las siguientes», apunta Elena Pérez Barredo, viceconsejera de Trabajo del Gobierno vasco.

Gamesa sigue actuando como una pesada losa para sus dueños que, un trimestre más, han tenido que presentar unos resultados con pérdidas abultadas. Siemens Energy, propietaria de Gamesa tras haber lanzado una OPA para adquirir la totalidad de su capital y haberla sacado de Bolsa, perdió 189 millones de euros entre enero y marzo y sitúa en la compañía vasca el principal problema de su cuenta de resultados. Cumplido así la mitad del ejercicio fiscal de Siemens Energy, la compañía ha reportado unas pérdidas netas de 787 millones de euros en seis meses. Una cifra que representa el 57% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de Siemens Gamesa en el primer trimestre del año se han situado en 2.438 millones de euros, con un aumento del 13,6%, pero su resultado bruto ha sido negativo en 386 millones de euros. Sus pérdidas netas para el primer semestre del actual ejercicio fiscal se sitúan por encima de los 1.000 millones de euros. Siemens Energy, que heredó todos los negocios relacionados con la energía de la compañía germana, ha visto como se dispara su cartera de pedidos y las ventas, a rebufo de las nuevas inversiones en instalaciones de generación. La primera ha crecido un 56%, hasta los 12.256 millones de euros, y las ventas en el último trimestre se han situado en 8.028 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,8%. «Los fuertes pedidos confirman nuestro muy buen posicionamiento en los mercados de tecnologías de transición energética, como la generación y transmisión de energía. Nuestra perspectiva ajustada refleja la fuerte demanda, así como el continuo desafío del entorno de mercado en la industria eólica. El cambio de rumbo del negocio eólico sigue siendo la piedra angular para convertirse en un líder rentable de la transición energética», señaló Christian Bruch, consejero delegado de Siemens Energy.

Iberdrola, el mayor grupo energético, ha comenzado los preparativos de una de las mayores transacciones corporativas que podrían llevarse a cabo este año en el mercado de fusiones y adquisiciones a nivel global. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha contratado a Rothschild y Lazard para explorar la entrada de un socio financiero, con una participación de hasta el 50%, en su negocio de energías renovables en Estados Unidos, que suma cerca de 28.000 megavatios (MW) en activos operativos y en desarrollo que están bajo el paraguas de Avangrid, la filial del grupo en Norteamérica. Así lo aseguran varias fuentes del mercado consultadas, que explican que la operación ha recibido el nombre en clave de Proyecto Maverick. Iberdrola aspira a que el 100% de la cartera de activos en cuestión logre una valoración de 10.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. El grupo español, por tanto, podría ingresar hasta 5.000 millones con la venta de una participación del 50%, aunque las mismas fuentes precisan que, dado el tamaño de la transacción, lo más normal sería que la eventual entrada de un socio financiero se ejecutara mediante la compra de un paquete de entre el 20% o el 40%, una solución que proporcionaría entre 2.000 y 4.000 millones para la compañía. Esta suma de dinero, si se completa la transacción, contribuirá a aliviar la carga financiera que puede suponer para Iberdrola la compra de PNM Resources a través de Avangrid si finalmente se consiguen todos los permisos regulatorios para ello.

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y su política económica, contrapuesta al proteccionismo localista de Donald Trump, han dinamizado tanto la actividad comercial como la implantación de empresas vascas. Ingeteam ha anunciado esta semana la ampliación de su planta productiva en Milwaukee tras la decisión de la Administración estadounidense de apostar por el despliegue de una red de cargadores para el coche eléctrico. Es, por ahora, el último apunte en una lista amplia de movimientos de compañías vascas en EE.UU. Desde el inicio de la presidencia de Biden, se han contabilizado una decena de operaciones. Son tres compras de empresas, seis implantaciones o ampliaciones de fábricas ya existentes y una inversión, según explica a DEIA la agencia vasca de internacionalización (Basque Trade & Investment). A través de su plataforma de apoyo al comercio exterior, Basquexport, el Gobierno vasco tiene contabilizadas a 137 empresas vascas con presencia en Estados Unidos y un total de 239 implantaciones. La mayoría (140) son comerciales y hay 99 plantas productivas.  Tras México, la primera economía mundial es el segundo destino de implantación de compañías vascas. Los principales sectores representados son las tecnologías de fabricación avanzada, la automoción, la energía y la ecoindustria (economía circular y reciclaje, entre otras). 

 Los trabajadores de Tubos Reunidos Group de Amurrio han concluido hoy las votaciones del preacuerdo del convenio colectivo, acordado por UGT, LAB y CCOO y que ha contado con la oposición de ESK y ELA. Según ha informado UGT en un comunicado, un 58,7% de los empleados que participó en la votación ha refrendado la firma del convenio, que tiene una vigencia entre 2022 y 2027 y que, subraya este sindicato, “asegura el 100% de los IPC de la CAV para esos años, incluso aumentándolo en los últimos años en casod e que el mismo esté por debajo del 2%”. Según los datos ofrecidos por UGT, 491 trabajadores han dado su sí al nuevo convenio, por 214 (25,59%) que lo han rechazado. El acuerdo prevé subidas salariales referenciadas al IPC de la CAV para el periodo 2022-24. Para los tres años siguientes, el nuevo convenio prevé una subida del IPC de la CAV más el 0,6% si este índice se sitúa por debajo del 1,3%; si la inflación en Euskadi se sitúa entre el 1,3 y el 2%, la subida salarial será del IPC de la CAV más 0,3%; finalmente, si la inflación en Euskadi supera es igual o mayor al 2%, la subida salarial será equivalente a ese dato. 

La recaudación acumulada en Gipuzkoa en los cuatro primeros meses del año creció un 2,3% con respecto al año anterior, al ingresar 1.263 millones de euros. Según explica la Hacienda del territorio, se observa una moderación en el ritmo de crecimiento recaudatorio, lo que atribuye al impacto de las diferentes medidas extraordinarias para hacer frente a la inflación que se ha disparado como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. La información aportada ayer por el Departamento foral de Hacienda y Finanzas aporta varias razones de la buena evolución de la recaudación, aunque ralentizada con respecto a años anteriores. Por un lado, cita un incremento en las retenciones sobre los rendimientos del trabajo en un contexto muy positivo para el mercado laboral guipuzcoano, con un récord de afiliación a la Seguridad Social y con la tasa de paro en mínimos. También contribuye un aumento de ingresos procedentes de las retenciones sobre rendimientos de capital inmobiliario y del IVA. A pesar de la reducción de este impuesto en determinados productos considerados esenciales, la elevada inflación pasa factura a los bolsillos de la ciudadanía y eleva la cantidad destinada a las arcas forales. Una caída de las devoluciones por IVA y una reducción del pago por ajustes con el Estado de impuestos especiales completan las razones que explican la evolución al alza de la recaudación en Gipuzkoa.

Bruselas ha mejorado la previsión económica para España este año, que prácticamente duplicará al crecimiento medio de la zona euro fijado en el 1%. Esta bonanza, que se mantendrá en 2024, se ve ensombrecida por la imposibilidad de reducir el déficit público al 3% el año que viene como exigía el regulador, que apunta a un desfase del 3,3%. Las economías europeas siguen mostrando su fuerza en medio de un escenario global «complejo». La Comisión Europea publicó ayer sus Previsiones Económicas de Primavera que muestran un «crecimiento moderado» y «mejor de lo esperado» para los pqíses miembros. Según los cálculos de Bruselas, sus economías crecerán de media un 1% este año y un 1,7% en 2024. En el caso de España, la institución comunitaria da una de cal y otra de arena: por un lado, prevé que el PIB del país duplicará el avance de la UE –con un crecimiento del 1,9% este año y del 2% en 2024–; y, por otro, apunta que España no cumplirá con su objetivo de reducir el déficit público al 3% para el año que viene. El Ministerio de Asuntos Económicos valoró ayer de forma positiva las previsiones de Bruselas, que revisan al alza las perspectivas económicas para España. El país crecerá cinco décimas más de lo previsto en invierno y será de los que registren mayor mejoría este año, lo que «le permitirá liderar el crecimiento entre las principales economías de la zona euro», señalaron fuentes del ministerio. Otra de las noticias positivas es la reducción de la inflación, que se situará en el 4% este año y en el 2,7% en 2024. En la UE, ese porcentaje se eleva al 5,8% para 2023 y al 2,8% para el año que viene.

Las hipotecas se llevan cada vez más parte en el pastel de los ingresos familiares. La vertiginosa corrección de los tipos de interés iniciada en junio de 2022 por el Banco Central Europeo (BCE) está tirando de las cuotas hacia arriba a gran velocidad, a medida que los españoles que firmaron un crédito referenciado al Euríbor están viendo revisadas sus hipotecas por sus bancos. En concreto, la cuota hipotecaria media ha cerrado el primer trimestre del año en 683,5 euros, tras escalar otro 1,7% respecto al trimestre anterior y representa ya el 32,31% de los ingresos de los hogares, según la estadística que maneja el Colegio de Registradores de España. Esta subida de las cuotas se ha visto amortiguada, sin embargo, por dos factores: por un lado, por la reactivación que ya están experimentando los salarios y por otro, por la caída del 4,1% que ha sufrido el endeudamiento hipotecario por vivienda [se pide menos dinero para comprar una casa al tiempo que se están firmando menos hipotecas (-14,9% en marzo). Pese a estos dos atenuantes, el empuje de la subida de los tipos de interés ha seguido encareciendo el gasto por hogar, aunque la presión que sufren no es igual en todas las comunidades. En las Islas Balerares, por ejemplo, las cuotas hipotecarias ya han rebasado de largo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año ha alcanzado los 1.080 euros. Los ciudadanos de Baleares pagan una media de 1.153 euros por su hipoteca al mes. Le sigue Madrid, que aún no ha alcanzado el umbral del SMI, pero que poco le falta, con sus 1.013,5 euros de media al mes. Cataluña (773,3 €) y País Vasco (723,8 €) completan la tabla por arriba, mientras que Extremadura (404,6 €), Región de Murcia (455,6 €) y Castilla-La Mancha (486,6 €) presentan las cuotas hipotecarias medias más bajas.

Fernando Casero, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), que es la patronal que agrupa a las entidades especializadas en financiación al consumo, augura que en los próximos meses, previsiblemente, se producirá un repunte de la morosidad en España, en un contexto de endurecimiento de la política monetaria a nivel global que se ha traducido en una veloz y potente escalada de los tipos de interés. Avanza los resultados económicos de la industria de la financiación en 2022. La inversión nueva en servicios de financiación creció un 21,8% respecto a 2021, superando los niveles prepandemia al rozar los 30.000 millones de euros. «Ha sido un ejercicio estupendo, con unos resultados increíbles para el sector», afirma. Pese a la situación de «incertidumbre», los datos son «realmente positivos», incide. Los resultados también arrojan un alza del riesgo vivo, que mide la totalidad del capital pendiente de amortizar, del 4,3%, hasta los 32.410 millones de euros. Un incremento que, para Casero, es reflejo del crecimiento del sector, que está actuando como «palanca para la dinamización del consumo» en un contexto de recuperación tras la pandemia. Un inciso para entender la magnitud de esa aportación al crecimiento económico: tal y como señala el informe Impacto socioeconómico y tributario de los establecimientos financieros de crédito, elaborado por PwC para Asnef, la financiación concedida por el sector ascendió a 60.733 millones de euros en 2021, contribuyendo con casi 30.000 millones al Producto Interior Bruto. El fichero de morosos de Asnef, que incluye a quienes tienen deudas con alguna entidad, es, a juicio de su presidente, una herramienta «absolutamente esencial para que las entidades puedan mantener criterios de selección del riesgo de una manera adecuada» y contribuye a evitar que aumente la morosidad y el sobreendeudamiento con un crédito al consumo «responsable».

Entrevista con Robert F. Engle, Nobel de Economía. "No creo que haya un recesión. Por una razón, sobre todo: la desglobalización supone el regreso de las cadenas de suministro a sus lugares de origen y eso hará que los mercados laborales sigan ajustándose. No está habiendo tanta inmigración, un factor que ayudaría a aflojar esos mercados de trabajo, y hay razones para pensar que los salarios seguirán subiendo. Y un escenario en el que los sueldos suben y los precios empiezan a moderarse es el ideal para que se produzca una mejora relativa en el bienestar de la mayoría de trabajadores. Es una posibilidad real.- Los problemas en parte de la banca estadounidense preocupan en medio mundo.- Lo que hemos vivido es una minicrisis financiera que no ha afectado a los grandes bancos y que, por tanto, creo que no desembocará en una gran crisis...Gran parte de la inflación se debe al encarecimiento de la energía, al colapso de las cadenas de suministro y a un elemento geopolítico: la tensión con China. De esos tres factores, solo el tercero no ha mejorado...La razón por la que las petroleras no están invirtiendo es porque prevén que las renovables podrán suministrar buena parte de la energía que consumiremos en el futuro. Si estas no logran llegar a tiempo, seguirán suministrando [petróleo y gas], así que no creo que haya ningún riesgo de quedarnos sin energía por falta de inversión. La energía solar y eólica serán cada vez más baratas, y las fósiles sencillamente no podrán competir. Así que tendremos energía adecuada [desde el punto de vista ambiental], y más económica. Ese es el escenario más probable.- Para poder aprovechar toda esa energía hay que electrificar muchos usos. Y hay que hacerlo a marchas forzadas- Sí. Aun así, algunos ámbitos de la economía puede que necesiten energía fósil. En esos casos, habrá que pensar en el hidrógeno o en la tecnología que sea más eficiente desde el punto de vista del coste. Hay un debate abierto..."

Cualquier propuesta que abogue por “reducir la generosidad” del sistema público de pensiones es materia de alto voltaje, especialmente en un año crítico desde el prisma electoral, pero los principales organismos económicos, entre ellos el Banco de España y la Airef, advierten de que la reforma impulsada por el ministro Escrivá no garantiza la sostenibilidad del sistema: dispara exponencialmente el gasto pero se queda muy corta en el capítulo de ingresos. Un desequilibrio que, ante la perspectiva de una pirámide poblacional invertida, fruto de una mayor esperanza de vida, de unos índices de natalidad en declive y de una creciente tasa de dependencia, compromete seriamente la viabilidad financiera de las pensiones públicas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los muchos organismos críticos con la reforma de Escrivá, puso ayer sobre la mesa una propuesta para afinarla y reducir “la generosidad del sistema sin afectar a su factibilidad política”. Su receta para mitigar la insuficiencia financiera de la actual reforma pasa por que las nuevas pensiones suban menos que los sueldos reales de los trabajadores. Para ello, Fedea aboga por introducir “un factor corrector basado en el crecimiento de los salarios reales y la actualización de las bases de cotización en el cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones”, de modo que “las nuevas pensiones continúen aumentando en términos reales, aunque menos que los salarios”. 

La diferencia entre fallecimientos y nacimientos se hizo el pasado año más grande que nunca en Euskadi. Lo que se conoce como saldo vegetativo, el crecimiento natural de la población que se produce cuando nacen más personas de las que mueren, alcanzó la cifra negativa de 10.547 personas. Se trata del déficit poblacional más acusado desde que en 2013 se invirtió la tendencia y comenzaron a tener lugar más decesos que alumbramientos. En apenas una década, de hecho, la diferencia entre vida y muerte se ha multiplicado por veinte. Los datos hechos públicos por el Instituto Vasco de Estadística este lunes confirman lo que ya se intuía. Hace una semana, el propio Eustat dio a conocer la cifra de nacimientos, la más baja desde que hay registros, con apenas 13.613 bebés. De la elevada mortalidad ya daba cuenta el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, actualizado casi a tiempo real. La publicación del órgano estadístico vasco confirma al alza la radiografía del centro investigador, vinculado al Ministerio de Ciencia e Innovación. Según el balance provisional, el País Vasco registró 24.160 defunciones en 2022, tan solo 87 menos que el año más mortífero de cuantos se conocen: el 2020. La pandemia aceleró la mortalidad, y no solo por los 24.247 fallecidos hace tres años, en los peores momentos de la crisis sanitaria. También por sus consecuencias. Desde que el patógeno hiciera colapsar a los sistemas de salud hace ya tres años, en ámbitos sanitarios ya hace un par de años avisaron de que tras la pandemia se produciría un exceso de mortalidad debido a los diagnósticos tardíos.

A comienzos de 2023, el total de proyectos de hidrógeno anunciados en Europa alcanzó los 107.000 millones de euros, según los datos del Hydrogen Council. Sin embargo, la asociación compuesta por gigantes petroleros como BP, Shell o TotalEnergies y energéticas como la francesa Engie resalta ahora una alerta real: el 95% de estas iniciativas se encuentra, como mucho, en etapa de planificación. Es decir, solo un 5% avanza de forma efectiva (valorados en unos 5.300 millones) y prácticamente 102.000 millones aún están en el aire. Este bajo nivel de funcionamiento preocupa al sector privado, según fuentes de varias grandes empresas consultadas por CincoDías, ya que podría generar un fuerte retraso en el cumplimiento de las ambiciosas previsiones de descarbonización que se ha marcado el Viejo Continente para 2030. Además, advierten de que si solo la mitad de los anuncios se hicieran realidad, que en el caso de Europa implicaría una capacidad de electrolisis de 80 gigavatios, la lucha por captar mano de obra especializada y capacidad de construcción podría aumentar súbitamente los costes. Esto pone en jaque las previsiones de la propia industria, que espera que el hidrógeno verde satisfaga el 18% de la demanda energética global en 2050 y genere un mercado de 2,3 billones de euros. En total, a nivel global se han anunciado 1.046 proyectos vinculados a hidrógeno renovable. La mayoría de ellos corresponden a iniciativas para su uso a nivel industrial, mientras que menos del 10% corresponde a infraestructura. España destaca en el contexto europeo ya que es el país, según el Gobierno y el sector privado, donde la producción sería más barata gracias al bajo precio de la producción de energía renovable. España también espera recibir el mayor proyecto de hidrógeno verde del continente, anunciado por Cepsa el pasado diciembre con una inversión de 3.000 millones de euros en Andalucía. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció a finales de 2022 un acuerdo con Francia y Portugal para construir una infraestructura submarina que transportará este combustible.

Con el foco en la descarbonización de la economía, el hidrógeno verde acapara un interés creciente como vector energético debido a su potencial para convertirse en pilar de un nuevo sistema basado en las renovables. Clave para descarbonizar sectores de la economía en los que la electrificación directa no es una opción viable, España se encuentra ante una oportunidad única para posicionarse como el hub del hidrógeno verde en Europa. La capacidad de almacenamiento que ofrece, la asignación de fondos europeos y la ansiada independencia energética son algunas de las grandes tendencias que impulsan su avance. Estos temas centraron el encuentro Urgencia energética: El rol del hidrógeno verde, organizado en colaboración con Schneider Electric. Pese a las expectativas, aún hay asignaturas pendientes. “Los principales retos para el despliegue de proyectos tienen que ver con la disponibilidad de renovables que requiere. Asimismo, aún deben reducirse los costes tanto en la inversión inicial como la explotación y mantenimiento de las plantas, las condiciones de seguridad deben ser máximas y hace falta mucha escalabilidad y flexibilidad”, apuntó Martina Tomé, vicepresidenta de Power Systems Iberian Cluster de Schneider Electric. “España cuenta con una oportunidad enorme de convertirse en una potencia energética”, destacó Eduardo Moreda, subdirector de regulación de generación, mercado mayorista y gas de Endesa. Aunque se han dado pasos ambiciosos en el plano de los proyectos renovables, Moreda reclamó que es necesario explorar en paralelo el almacenamiento de hidrógeno y generar la demanda asociada: “El último eslabón es crear un foco de atracción de industria para consumir ese hidrógeno”.

El Gobierno y Sepi, el hólding de participaciones estatales dependiente del Ministerio de Hacienda –y primer accionista de la empresa tecnológica y de defensa Indra con alrededor de un 28%– han reactivado la operación de entrada de la firma de defensa en el capital de ITP, el fabricante vasco de motores de aviación, controlado por el fondo de capital riesgo Bain. Para ello, el consejo de Indra ha convocado una reunión extraordinaria prevista para hoy, con la idea de aprobar el inicio del proceso, que incluirá como uno de los pasos a dar el lanzamiento de una due diligence de los libros de ITP, según señalan fuentes del sector de Defensa. La entrada de Indra en el capital de ITP ha sido un movimiento esperado desde hace varios años, ya que forma parte del plan que el Gobierno y Sepi, su brazo en Indra, tenían preparado. Ese movimiento formaba parte del plan del Gobierno para crear un polo tecnológico centrado en la industria de Defensa a partir de la fortaleza tecnológica y financiera de Indra. Y esa era la idea que defendió el nuevo presidente no ejecutivo de Indra, Marc Murtra, desde que fue nombrado en mayo de 2021, relevando al anterior presidente, Fernando Abril-Martorell. La reactivación de la operación ITP se produce en pleno proceso de selección del nuevo consejero delegado del grupo, tras la anunciada salida de Ignacio Mataix, aunque Mataix siempre fue partidario de entrar en ITP, de la que anteriormente había sido CEO.

El movimiento accionarial de Escribano consolida la apuesta del Ejecutivo con el apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que es el primer accionista de Indra con cerca del 28%. Escribano, con su 3%, se suma a Sapa Placencia, que se estima que mantiene cerca de un 8%, como firmas del sector representadas en Indra. Esta operación, comunicada ayer a la CNMV, supone un espaldarazo al perfil de Defensa de Indra, coordinador en España del programa europeo de avión de combate FCAS y que estudia, junto con Sapa, entrar en el capital de ITP Aero, adquirida el año pasado por Bain Capital. El aterrizaje de la firma especializada en innovación y tecnologías de Defensa en el accionariado de Indra llega, además, en un momento convulso, tras el anuncio en marzo de la salida de su consejero delegado, Ignacio Mataix, por lo que la compañía tecnológica se encuentra en pleno proceso de búsqueda de su CEO. Los hermanos Ángel y Javier Escribano, presidente y consejero delegado de la empresa, respectivamente, explican que el objetivo de esta operación es crecer en un entorno en el que las compañías del sector de la Defensa tienen que ganar tamaño para posicionarse en el nuevo escenario europeo. “Desde Escribano se apoya claramente la idea de convertir a Indra en el campeón nacional en el sector de la Defensa y, precisamente, este es uno de los objetivos de esta operación, poder aportar la experiencia de Escribano en este ámbito y contribuir a reforzar la solidez de la industria española de Defensa”, subrayan los directivos, que añaden que también se busca tener más capacidades entre todos a la hora de competir en el mercado europeo de la Defensa donde los grandes players europeos “sí tienen un tamaño considerable”.

La pandemia supuso un golpe para la industria de la aviación comercial, que vio cómo las restricciones sanitarias dejaban a buena parte de sus clientes en tierra. Sin embargo, y pesar de los shocks posteriores —el cuello de botella en la cadena de suministros, el cierre de China, la guerra en Ucrania o la inflación—, lo peor ya ha pasado para el sector, que apunta a una década de crecimiento: la flota mundial de aviones aumentará un 33% en los próximos 10 años, hasta superar las 36.000 aeronaves, según el estudio anual sobre el sector que realiza la consultora Oliver Wyman. En la actualidad, la flota mundial cuenta con casi 27.400 aeronaves, una cifra que ya roza la de enero de 2020, antes de que la pandemia paralizara el transporte aéreo de pasajeros prácticamente en su totalidad. De hecho, el informe prevé un número récord de entregas de aviones a las aerolíneas en los próximos 10 años, a pesar de las actuales limitaciones de la cadena de suministro: 20.600 nuevos aviones, la mayoría de ellos de fuselaje estrecho, donde la demanda es mayor. Por regiones, India será la que más crezca: su flota pasará de las 626 aeronaves que tiene ahora a más de 1.300 en 2033. En febrero, Air India realizó el mayor pedido de la historia: 470 aviones. Rusia es, por el contrario, el país que verá reducirse más su industria aérea, de acuerdo con el informe, castigado por las sanciones y su aislamiento internacional: su flota comercial se contraerá un 25% en la próxima década. El documento de la consultora señala cómo el aislamiento de Moscú está obligando a su industria a buscar repuestos dentro de su propia flota para mantener a sus aviones en el aire.

Las sociedades de capital riesgo (SCR) están atrayendo cada vez más el interés de familias ricas y grandes inversores. En lo que va de año se han registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 35 de estas nuevas sociedades, sumando ya 354 vehículos. Esto supone que el número total casi se ha duplicado desde 2018, mientras las sicavs se han ido desmantelando. La Comunidad Valenciana está liderando este movimiento. Están pensadas para invertir en activos privados, como empresas que no están en Bolsa, deuda privada o infraestructuras. El número de sicavs, por su parte, se ha desplomado durante los últimos meses debido a un cambio legislativo que las hace menos atractivas fiscalmente. Joaquín Casasus, director general de Abante Asesores, explica que el tirón de las sociedades de capital riesgo “tiene que ver sobre todo con un mayor interés en el mundo de la inversión por los activos alternativos a la Bolsa y a los bonos, porque permiten descorrelacionarse de la evolución de los mercados financieros y obtener nuevas fuentes de retornos”. Dos de las últimas SCR registradas son BC Activos Privados y Blastes Actius Privats. Las firmas están impulsadas por dos directivos del grupo industrial Altadia, con sede en Castellón. También hace unas semanas se ha lanzado al capital riesgo la familia que controla Asfaltos Chova, con la creación de Chova Equity Investments.

La incertidumbre en Turquía penalizó ayer a las acciones de BBVA. La entidad financiera, que llegó a caer un 4,88%, cerró la jornada con un recorte del 4,18%, la peor sesión en un mes y medio. Las elecciones del domingo no dibujaron un panorama claro para el país, donde la entidad financiera presidida por Carlos Torres es propietaria de Garanti Bank, lo que la convierte en uno de los bancos europeos más expuestos al país. Ninguno de los candidatos logró más del 50% del voto requerido para finiquitar los comicios en primera ronda. Con el 100% del voto escrutado, Recep Tayyip Erdogan logró el 49,5% , frente al 44,9% de Kemal Kiliçdaroglu. Es decir, el país está abocado a una segunda vuelta el próximo 28 de mayo, la primera vez que se tiene que recurrir a este sistema. Se anticipan dos semanas tumultuosas. En juego está si continúa en el poder el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, hombre fuerte del país desde hace 20 años, o si lo releva el candidato que ha logrado aglutinar a los principales partidos de oposición, el centroizquierdista Kiliçdaroglu, de 74 años. Turquía es un mercado importante para BBVA. Entre enero y marzo, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 277 millones en el país, lo que supone el 15% de los 1.846 millones que se anotó a nivel de grupo. Asimismo, los ingresos en el país (margen bruto) en el primer trimestre se situaron en los 802 millones de euros, el 11,5% de los 6.958 millones que contabilizó el banco. Los 20 años de gobierno de Erdogan han coincidido con la apuesta estratégica de BBVA por Turquía –redoblada en 2021 con una opa para controlar Garanti– y también con una hiperinflación que ha forzado al banco a importantes ajustes contables, mientras la lira turca se desplomaba a mínimos. 

Recep Tayyip Erdogan parte con clara ventaja para revalidar su mandato como presidente de Turquía en la segunda vuelta. El que ha sido presidente del país durante 10 años, y antes fue primer ministro durante otro decenio, ha vencido también a las encuestas, que colocaban a su rival, el centroizquierdista Kemal Kiliçdaroglu, por delante. Según el escrutinio oficial, Erdogan se quedó a solo medio punto porcentual (49,5%) de ser reelegido en la primera vuelta, y sacó casi cinco puntos al líder opositor (44,8%). La alianza que lo apoya conserva la mayoría absoluta en el Parlamento, con 322 de los 600 escaños. El tercer candidato, Sinan Ogan, pertenece a una corriente ultranacionalista laica, y obtuvo un 5,2%. Una de las estrategias que ayudaron a Erdogan fue vincular al partido opositor con el terrorismo del grupo kurdo PKK. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europea (OSCE) concluyeron que las elecciones fueron “competitivas”, pero estuvieron condicionadas por el control de los medios y la criminalización de dirigentes opositores. La Comisión Electoral Suprema de Turquía anunció a media tarde de ayer el final del escrutinio oficial, confirmando —décima arriba, décima abajo— lo que habían terminado por reflejar los polémicos conteos paralelos de las agencias de noticias, que mantuvieron en vilo al país durante la noche electoral: será necesaria una segunda ronda el día 28 para despejar la incógnita de quién ocupa el todopoderoso cargo de presidente de la República durante los próximos cinco años.

Esos grados tienen también un porcentaje cercano al 100% de empleados ganando 1.500 euros netos o más al mes. Medicina, Informática o ingenierías como la aeronáutica o de computadores ofrecen prometedoras salidas laborales, según desvela el estudio U-Ranking de la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El listado de las cien universidades con mejor grado de inserción laboral lo encabeza la Universidad Politécnica de Madrid y, en lo que respecta a los centros vascos, la Universidad de Mondragón aparece en el puesto nueve y en el veintidós y veintitrés, respectivamente, la UPV/EHU y la Universidad de Deusto. Además del ranking actualizados, elaborado con datos de 2019 sobre los graduados un lustro antes, la gran novedad del informe de este año es que incluye una herramienta que permite conocer al estudiante qué probabilidades tiene de trabajar en el área de su titulación según el grado que elija y el centro donde lo curse, además de una aproximación sobre el sueldo que ganaría: para ello, han clasificado los grados en función del porcentaje de ocupados en ese campo que gana 1.500 euros o más al mes. ¿Y cuáles son las carreras con mejores ‘salidas’, como se suele decir? Para dar respuesta a esta pregunta, los autores del estudio han ordenado las más de 4.000 titulaciones existentes en España en 101 áreas. Para ordenarlas se han fijado en cuatro indicadores: la tasa de empleo a los cinco años de graduarse, si los ingresos mensuales son superiores o iguales a 1.500 euros netos, si trabajan en un empleo que requiere titulación universitaria y si el trabajo se corresponde con los estudios cursados. Combinando estos cuatro aspectos, se obtiene un índice que permite saber qué estudios ofrecen mejores perspectivas de futuro. Medicina se sitúa a la cabeza de este índice, con una tasa de empleo del 95%, un 91,8% de ocupados que cobran 1.500 euros o más al mes y prácticamente el 100% de los licenciados trabajando en ocupaciones altamente cualificadas y en actividades directamente relacionadas con sus estudios. Ocho ingenierías ocupan los siguientes puestos en este ranking, desde las mencionadas de la aeronáutica y los computadores a telecomunicaciones, electrónica y de desarrollo de software.