20220905

En una entrevista emitida en la cadena SER Euskadi, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, y ante la reunión prevista para este lunes en Madrid en el Ministerio con el sector siderúrgico y las empresas electrointensivas, ha dicho que “lo primero que le pediría al Gobierno central es que sea sensible a las necesidades de las empresas. Sería un dato positivo. Y, en segundo lugar, que no las culpabilice de unas circunstancias que ellas no han creado. A partir ahí, tenemos unas empresas muy importantes para la economía española y la economía vasca que son intensivas de una energía que está desorbitada en los precios. Y de la misma manera que se atiende a los consumidores más desfavorecidos, también tenemos que apoyar a las empresas y sectores más perjudicados si queremos mantener su actividad y todo el empleo que generan". En relación con la negociación colectiva, el director general de Confebask ha recordado que “las organizaciones territoriales de Confebask – Adegi, Cebek y Sea- están sentadas en las negociaciones de múltiples convenios. Y, de hecho, hemos firmado 11 en lo que va de año. Por lo tanto, en estas circunstancias tan complicadas para todos y a pesar del mensaje de algunos, hemos demostrado que, si las demandas son razonables, se pueden cerrar acuerdos. Ahora bien, si las pretensiones sindicales están alejadas de la realidad económica actual y ponen en riesgo la viabilidad empresarial y del empleo, será difícil alcanzarlos". Escuchar entrevista íntegra aquí.  Ver más en Confebask. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reúne este lunes con el sector industrial con el objetivo de acordar medidas a incluir en el Plan de Contingencia que el Ejecutivo debe remitir a la Comisión Europea en septiembre. El sector, que se está viendo obligado a parar plantas de producción debido al alto coste actual de la energía, se encuentra en una situación complicada, por lo que espera que el Gobierno tenga en cuenta sus necesidades. A la reunión, que se celebrará de forma telemática, asistirá el director de energía de Aspapel, Rodrigo Álvarez, que actualmente asume la portavocía de la Alianza por la Competitividad de la Industria. Álvarez explica que trasladará la “extrema preocupación” del sector por la difícil situación de las instalaciones de cogeneración, que al quedar fuera de las compensaciones por el mecanismo ibérico, eléctrico algo que Álvarez considera un “fallo grave”, se están viendo obligadas a parar su producción debido al alto coste energético. Tanto Álvarez como Verónica Rivière, presidenta de Gas Industrial, señalan además que, paradójicamente, excluir a la cogeneración de las compensaciones está haciendo que se consuma más gas, al ser esta tecnología más eficiente que el ciclo combinado. Otros de los problemas que trasladará el director de Aspapel y portavoz de la Alianza será el de las dificultades de liquidez y las “enormes tensiones de caja”. Ante esta situación, tanto Álvarez como Rivière piden al Gobierno que amplíe la cuantía de las ayudas a las empresas para hacer frente al alto coste de la energía. “La situación es crítica”, asegura la presidenta de Gas Industrial. En cuanto al Plan de Contingencia y su objetivo de reducir el consumo de gas, la industria señala que las compañías ya han hecho todo lo posible por ahorrar, por lo que hay poco margen.

Entrevista con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. “Putin ha dinamitado el mercado energético, está roto y hay que intervenirlo inmediatamente; ya no funciona con las reglas normales y es necesario que la Unión Europea actúe urgentemente para parar en seco el chantaje del dirigente ruso”. Hay que ponerle “un cordón sanitario”. De esta forma tan gráfica, explica su visión sobre el sector en una semana que ella misma califica de “crucial”. Este próximo viernes, día 9 de septiembre, los ministros de Energía de los países miembros de la Unión Europea (UE), como Ribera, se reúnen en Bruselas para consensuar medidas de choque para frenar la escalada de precios energéticos, especialmente de la luz. Se esperan medidas históricas que podrían llevar a una reforma drástica y estructural del sector. “Hay consenso en que el mercado no está funcionando con las reglas clásicas y que hay que actuar rápidamente para parar las continuas amenazas de Vladímir Putin usando la energía como arma en su guerra contra Ucrania”, comenta Ribera. Europa se juega mucho esta semana, “por no decir todo”, porque Putin “está llevando al límite la resistencia de los ciudadanos europeos y minando la confianza en las instituciones de la UE”, dice Ribera. Basta observar cómo abre y cierra “a su antojo” la llave del gasoducto de Nord Stream, principal vía de suministro de gas ruso hacia la UE. “Es necesario actuar ya”, insiste la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, que desdramatiza expresiones malditas como el “intervencionismo estatal”.

Elkargi, la Sociedad de Garantía Recíproca impulsada por el Gobierno vasco y las patronales, tiene 42 años. Pero para muchos ha sido casi una desconocida hasta que se ha convertido en el vehículo para gestionar casi mil millones en créditos covid avalados por el Ejecutivo autonómico. Su director general, Zenón Vázquez, explica que es necesario que las empresas ensanchen horizontes aplicando nuevas fórmulas de financiación, una de las claves para afrontar la actual crisis económica. "La situación es complicada, pero no parece que se pueda hablar de recesión cuando la información del Gobierno vasco es de un crecimiento del 4%. No obstante hay una incertidumbre importante y se prevé un otoño complicado...Aunque en general el nivel de pedidos se mantiene, sí se empieza a detectar en algunas una caída en la cartera de encargos. Pero para mí el aspecto crítico es el margen. Cómo hacer para mantener esos rendimientos, cómo hacer para repartir los costes que las empresas están sufriendo. Ahí sí creo que es clave demostrar un control de gestión financiero ágil y eficaz...De momento estamos en unos niveles de mora muy bajos, si bien es cierto que los periodos de carencia para la devolución se han ido ampliando. Esta primavera, de acuerdo con el Gobierno vasco, se han elevado hasta los tres años, con lo que estamos en un momento en el que las empresas no se mueven, muchas no han empezado a devolver esos créditos..."

Las consecuencias de la inflación, la carestía de las materias primas y materiales y el alza de la energía son nuevos problemas sobrevenidos. El último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda de 2021 analiza la recuperación «parcial» del sector tras la crisis de la Covid. Un crecimiento moderado del 2,4%, inferior al del conjunto de la economía vasca, pero que se mantiene en el primer trimestre de este 2022 (un 2,5%). El Eustat ha añadido esta semana otro indicador, señalando que la actividad ha crecido un 8,4% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero baja un 0,3% en precios corrientes respecto al primer trimestre de este año. El propio informe del Observatorio, recientemente publicado, avanza el principal peligro. Señala que el pasado mayo se registró un alza interanual del 11% de los costes de la construcción, que cerraron 2021 con un incremento más atenuado del 5% debido a las tensiones inflacionistas que ya se producían antes de la Guerra de Ucrania. Desde la patronal guipuzcoana del sector, Ascongi, confirman que la actual situación de incertidumbre frena ese crecimiento.

Txema Muñoz, presidente de la patronal guipuzcoana de la construcción, Ascongi, analiza la situación del sector y el informe vasco sobre la construcción. "En cuanto a volumen de trabajo no está mal. No obstante, hay muchos factores que ocasionan que no esté pasando por uno de sus mejores momentos: los incrementos desmesurados e impredecibles de precios, la volatilidad de estos en breves periodos de tiempo y la falta de personal hacen que el sector no termine de estabilizarse...Con la senda inflacionista, que se originó antes de la guerra de Ucrania, no estamos en la misma situación que antes de la pandemia. Es peor. Los incrementos de precio, en materiales y mano de obra y la escasez de personal que a su vez está influyendo sobre el incremento de los precios, puesto que la oferta de mano de obra es muy inferior a la demanda y esto está ocasionando unos incrementos de costes muy superiores a los normales...Los promotores están asumiendo en la mayoría los sobrecostes de las obras iniciadas, donde no es fácil repercutir. Lo mismo pasa con la rehabilitación. Con la administración pública se ha habilitado un mecanismo parcial de revisión de precios. No obstante, antes de iniciar los trabajos, en el periodo de maduración del presupuesto, en muchos casos sí se está tendiendo a una revisión..."

Aporta el 10% del PIB en el estado y es la segunda potencia europea, pero está obligada a electrificarse si no quiere desaparecer. El PERTE VEC, clave en ello El efecto sobre el empleo de esta transformación se puede llegar a compensar, pero el sector avisa del peligro de las políticas en contra del automóvil. «Mantener el statu quo equivale a desaparecer, como le ocurrió a Nokia en la telefonía o a Kodak en la fotografía», aseguraba meses atrás Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra y también desde este año, presidente de la asociación de fabricantes de vehículos Anfac. Griffiths hablaba por su empresa, pero el mensaje es extensible a un sector que va a cambiar más en esta década que en los 100 años previos. Y también se debería extender a los políticos, ya que buena parte de esa revolución nace de sus decisiones. Especialmente, las que obligan a una descarbonización acelerada del automóvil, con los modelos 100% eléctricos como eje central de una estrategia que prohibirá desde 2035 la venta de coches de combustión. «Estamos en una compleja situación, que comenzó a empeorar con la pandemia y sigue deteriorándose por la falta de algunos componentes, los costes energéticos y de transporte, la altísima inflación y los efectos de la guerra en Ucrania. Esto hace que el sector afronte un momento de transición ecológica y tecnológica que le obliga a ingentes inversiones en I+D+i y productivas para adaptarse a los nuevos marcos regulatorios. Pero, al mismo tiempo, debe convivir con un mercado muy mermado que no permite generar retornos y con unos márgenes muy penalizados», resume José Portilla, director general de la patronal de proveedores Sernauto.

La dependencia energética aún no ha tomado cuerpo en la vida de los europeos, pero el Gobierno y los sindicatos estudian las consecuencias. Sin un pacto de rentas, la capacidad de contener el descontento será muy limitada. No hay razones objetivas, en este momento, para considerar que la patronal vaya a aceptar, no ya sentarse a negociar la cuantía de la subida salarial, sino siquiera considerar la idea de un incremento. CC OO y UGT están estudiando las opciones de respuesta a los escenarios que pueden presentarse y su capacidad de influir para que sus representados, y los trabajadores en general, no queden a la intemperie en el largo invierno que se avecina. La flexibilidad será su máxima si empieza la negociación de los convenios colectivos, pero con alguna garantía. No les valdrá el compromiso lejano de que al tercer año se puedan producir subidas salariales. Solo eso, no. Ni se les ocurre pedir un aumento salarial acorde con la inflación, casi un 10%, sino un 3% o un 4%, y de manera escalonada, para llegar al tercer año con una recuperación real del poder adquisitivo. De momento, la patronal está en el no absoluto. Ese rechazo no es exclusivo de las grandes empresas, sino que en todo el tejido empresarial es impensable hablar de una subida salarial que amortigüe el abrumador efecto de la inflación. El Gobierno y los sindicatos no aceptan como realidad incontrovertible que las empresas, dentro de su variedad y de la imposibilidad de hacer de ellas un absoluto, estén en pérdidas. No son esos los datos de los equipos económicos del Gobierno y de las centrales sindicales. La certeza de que hay que margen para subidas salariales ha empujado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a emplazar a la patronal a que se siente a negociar.

El primer impacto de la drástica medida que anunció la compañía energética rusa Gazprom el pasado viernes se verá reflejada previsiblemente hoy en una mayor volatilidad de los precios del gas en el mercado internacional. En las últimas jornadas, la cotización había descendido notablemente desde los 350 euros/Mwh que llegó a alcanzar el 21 de agosto, hasta los 215 euros/Mwh en los que cerró el viernes, cuando aún no se conocían las intenciones del Kremlin con el suministro a través del Nord Stream I, que une su país con Alemania. La evolución de los futuros del gas, con la referencia del TTF en Ámsterdam, siempre va ligada a los acontecimientos derivados de las decisiones de Rusia. Y no son descartables nuevos incrementos de precio en las próximas jornadas. Al compás de que la cotización del gas en el mercado internacional se mantenga tan elevada como hasta ahora, por encima de los 200 euros/Mwh, las familias y las empresas seguirán sufriendo sus consecuencias de forma directa. Porque casi la mitad de la producción de luz en España se generaba estos últimos días a través de las centrales de ciclo combinado que usan gas. Hasta un 45% del mix eléctrico procedía de esas plantas, según Red Eléctrica. Un registro inusualmente elevado que se explica por la falta de producción en las renovables: apenas hay viento para las eólicas, las hidroeléctricas están al mínimo por la sequía y las solares se encuentran en su máxima potencia posible instalada.

Los partidos de la coalición tripartita de gobierno en Alemania acordaron ayer tras unas 22 horas de negociaciones un nuevo paquete de ayudas de 65.000 millones de euros para que ciudadanos y empresas puedan hacer frente al aumento de los precios de la energía y a la inflación. Entre las distintas medidas, el gobierno alemán contempla la introducción de un freno al precio de la electricidad para los consumidores, financiado por los “beneficios casuales” de las empresas energéticas. Así, el plan es eliminar estos beneficios no previstos para los productores que debido al diseño del mercado eléctrico perciben por la electricidad que producen a bajo coste el precio actualmente muy elevado del mercado, principalmente los de energías renovables y de electricidad generada a partir de carbón y de origen nuclear. En una rueda de prensa para presentar este tercer paquete de ayudas, el canciller alemán recordó que la Unión Europea está trabajando en ajustar el mercado energético, y en ese sentido subrayó que su Gobierno aplicará sus planes “rápidamente”, “ya sea con la normativa europea”, si llega en breve, o “a nivel nacional”. El freno en el precio de la electricidad contempla así ofrecer a los consumidores privados una cantidad de electricidad determinada a un precio reducido, que equivaldría al “consumo básico” y que supondría un alivio para hogares y pequeñas y medianas empresas y un incentivo al ahorro de energía, subrayó.

El envejecimiento demográfico al que se enfrentan buena parte de las principales economías traerá consigo un mayor gasto público, vinculado al pago de las pensiones y a servicios como sanidad y dependencia. En paralelo, la pérdida de población en edad de trabajar repercutirá en una caída de los ingresos fiscales y de las cotizaciones sociales que financian estos servicios y prestaciones. De ello llevan advirtiendo desde hace años los principales organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo hizo por enésima vez la semana pasada en el informe Financiando el futuro. El impacto del envejecimiento de la población sobre los ingresos. En un ejercicio de prospectiva, el club de los países ricos prevé que de aquí a 2040 los ingresos de los Gobiernos avancen a diferentes velocidades en función del factor demográfico. “Entre los países con menor crecimiento de los ingresos públicos se encuentran aquellos con una población más envejecida”, reitera la OCDE, que pone como ejemplo a España, Alemania, Italia, Grecia o Portugal, entre otros. En contraste, “los países con una población más joven tienden a estar entre aquellos con el mayor aumento en los ingresos”. En efecto, España, al igual que varios socios europeos, se sitúa en la parte baja de la tabla que proyecta cuál será la proporción de población en edad de trabajar dentro de dos y cuatro décadas. Si hoy el país tiene a cerca de un 65% de sus habitantes con posibilidad de participar en el mercado laboral, la cifra perderá hasta nueve puntos porcentuales de aquí a 2060.

A las 13.30, hora en España, el Partido Conservador anunciará quién se hará cargo de la jefatura del Gobierno británico, casi dos meses después de la renuncia del aún primer ministro, Boris Johnson, el 7 de julio. La actual ministra de Exteriores, Liz Truss, es la favorita tras una campaña para lograr, en la primera fase, el apoyo de los diputados del grupo parlamentario y, posteriormente, de los afiliados. El anterior ministro de Hacienda, Rishi Sunak, ganó la votación de los parlamentarios, pero la acusación de deslealtad hacia Johnson, por dimitir de su Gabinete en el inicio del derrocamiento, ha pesado entre los miembros del partido. Se espera una victoria holgada de Truss tras una participación en torno al 70% de los 160.000 afiliados. El aumento del precio de la energía, más alto que el de todas las economías de la UE, con la excepción de las tres repúblicas ‘bálticas’, ha irrumpido con fuerza en los últimos días de la campaña. Truss se ha visto obligada a prometer una intervención pública, tras argumentar en el inicio de la campaña que su relajamiento fiscal es mejor manera de facilitar la gestión de las economías familiares que los subsidios.

La negligente actuación de los agentes que investigan el caso rodea de nuevas sombras el atentado contra la vicepresidenta argentina. La sombra de la duda sobrevoló siempre sobre el fallido atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Si ya las facilidades que se encontró su agresor, Fernando Andrés Sabag Montiel, para llegar hasta la vicepresidenta argentina levantaron sospechas, éstas se incrementaron ayer cuando se conoció que fuentes judiciales habían informado de que el teléfono móvil del atacante habría resultado deteriorado durante los intentos de la Policía Federal para extraer la información que contenía. La considerada «prueba fundamental» del caso corre riesgo de perderse, según pudo saber la agencia Télam. El terminal que llevaba Sabag Montiel la noche en la que intentó disparar a Fernández de Kirchner en la cabeza cuando se encontraba frente a su casa habría sido formateado, por lo que la Justicia podría perder una prueba clave. Según los medios locales, en la pantalla del móvil habría aparecido el mensaje ‘teléfono reseteado de fábrica’. 

La falta de compromiso y de relevo generacional preocupa a las ONG guipuzcoanas, que tras la pandemia tienen cada vez más dificultades para encontrar voluntarios que se involucren en las asociaciones. Atrás quedan las personas que, siendo jóvenes iniciaban su camino como voluntarias con el compromiso de quedarse hasta una década prestando sus servicios de forma altruista. «La tendencia tras la pandemia ha cambiado. Hay una crisis de continuidad», advierte Miren Gurrutxaga, responsable del servicio de voluntariado de Gipuzkoa Gizalde. ¿Pero es posible realizar un voluntariado de calidad en un tiempo de tres o cuatro meses? «El voluntariado busca generar procesos de cambio y para ello hace falta tiempo. Por lo general, con un trimestre no es suficiente», añade. No hay duda. Las entidades del tercer sector coinciden en que se enfrentan a uno de los retos más difíciles hasta la fecha. Se necesitan voluntarios comprometidos, pero «el tipo de vida ha cambiado. Es el estilo de vida actual el que choca con lo que es el voluntariado», explica Gurrutxaga, que pertenece a Gizalde desde hace más de una década. Los expertos hablan ya de una crisis de implicación en el voluntariado en las sociedades modernas. «La gente no quiere tener tanta vinculación» y «la pandemia ha hecho un poco de daño en todo esto», dicen desde la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa. Esta entidad ha visto cómo en poco tiempo «quienes estaban vinculados se han ido desvinculando, una tendencia que ya venía dándose en los últimos años y que con la crisis sanitaria se ha agravado».