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En una entrevista emitida en el informativo de TVE-País Vasco, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, se ha referido al debate fiscal abierto en el Estado. Y, en concreto, sobre la figura de la ‘deflactación’ – que tanto controversia está generando en el Estado por su mayor o menor aplicación por parte de las comunidades autónomas – Eduardo Aretxaga ha recordado que “es una medida fiscal que en Euskadi ya se viene aplicando de manera habitual desde hace muchos años. Es, por lo tanto, una medida ‘tradicional’ de las haciendas vascas y hoy, si cabe, más necesaria que nunca. Porque sin esa deflactación parte de las subidas salariales se las llevarían los impuestos simplemente por la inflación, con lo que muchas personas verían recortado el aumento del sueldo”. Sobre la posibilidad de alcanzar en Euskadi un ‘pacto de rentas’, el director general de Confebask insiste en que “en el ámbito de la empresa privada, en Euskadi, ya estamos alcanzando nuestro ‘pacto de rentas’ mediante la negociación colectiva. Sólo este año, hemos llegado a acuerdos en 12 convenios, el último de ellos en el Metal de Álava, y estamos presentes en otras 17 mesas de negociación. Nadie se plantea bajar o congelar los sueldos a no ser que exista un problema grave y urgente de viabilidad empresarial. Somos conscientes de que hay que tratar de paliar la pérdida de poder adquisitivo de todas las personas, pero siempre buscando un equilibrio para que no se ponga en peligro la existencia misma de la empresa”. Por lo que respecta a lo que nos espera a medio plazo, Eduardo Aretxaga destaca que “todos los analistas coinciden en que las expectativas de recuperación que teníamos a inicios de este año no se van a cumplir. Nos viene un escenario complicado y exigente con crecimientos débiles. Ver vídeo entrevista aquí.  Ver más en Confebask. 

Entrevista con Agustín Garmendia Presidente de Deusto Business Alumni. "A diferencia de la pasada crisis financiera, ahora la situación de las empresas vascas, gracias a las líneas de apoyo financiero del Gobierno Vasco, ICO y Elkargi y el apoyo al crédito de las entidades financieras, permiten un margen de maniobra para hacer frente a este ‘shock’ de crisis energética por la guerra de Ucrania. Para la industria vasca, son momentos de resiliencia y de aguantar el tipo, sin perder de vista la visión a largo plazo de transformación en los grandes vectores de digitalización y sostenibilidad...Estamos asistiendo a una intensa revisión a la baja en las previsiones de crecimiento económico, con un deterioro en las perspectivas de la zona euro, más 2,8% en 2022 para pasar al más 0,5% en 2023, con un deterioro espacialmente acusado en la economía alemana. En cuanto a España, si bien se mantiene un 4% para el 2022, se espera un notable deterioro en la parte final del año y a lo largo del próximo 2023, cuando se prevé un incremento inferior al 2%. Para los próximos meses se prevé un escenario de estancamiento de la actividad económica, con unos niveles altos de inflación. Es un escenario de estanflación...La batalla fiscal que se está planteando a nivel estatal está muy ideologizada y presenta alarmantes niveles de improvisación. Un sistema fiscal debe estar muy pensado y trabajado y debe ofrecer seguridad jurídica para que los agentes económicos y sociales puedan afrontar planes de inversión importantes. Ante una inflación del 10%, lo que procede es deflactar las tarifas del IRPF para no perjudicar a los contribuyentes. En cuanto a los impuestos a las empresas energéticas, afortunadamente va a haber una regulación europea mucho más elaborada que la que se está tramitando en el Congreso, que finalmente se deberá adecuar a lo que marque Europa. Y en cuanto a los impuestos a los bancos, no existen en ningún país de la zona euro y este nuevo impuesto va a afectar de forma negativa a su posición competitiva..."

Que la sociedad está cada vez más envejecida es una realidad. Euskadi se enfrenta a una crisis demográfica de gran calado, tal y como demuestran los datos. Uno de cada cuatro guipuzcoanos (22,9%) tiene 65 años o más, según los últimos datos del instituto vasco de estadística Eustat, de 2021, que sitúan en un 23% la población vasca que supera los 65 años, es decir, un total de 504.053 personas. El 57,3% son mujeres y el 42,7%, hombres. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy, Eustat ha hecho un repaso de la situación de este colectivo en la Comunidad Autónoma Vasca, en la que en estos momentos el 13,2% de la población son mujeres mayores de 65 años y el 9,8%, hombres de esas misma edad o más. Bizkaia es el territorio más envejecido (23,4%), seguido de Gipuzkoa (22,9%) y Álava (21,9%). Así, Euskadi ocupa el segundo puesto en el ranking de territorios de la Unión Europea (20,6%) con mayor población de 65 años o más, solo por detrás de Italia (23,2%) y con más de tres puntos porcentuales por encima de la media del Estado (19,6%). Hace tiempo que los datos preocupan a los expertos. En las últimas cuatro décadas, desde 1981 hasta 2021, la población mayor de 65 años Euskadi se ha multiplicado por 2,5 y la de mayores de 85 por 5,3, mientras que se ha producido un continuo descenso de jóvenes. 

Nuevo guiño a Bilbao. BBVA ha puesto ya en funcionamiento la segunda de las empresas tecnológicas que anunció que instalaría en Bizkaia, con el objetivo de actuar como proveedoras de las necesidades de la entidad financiera en materia de informática. La primera, BBVA IT, dedicada a producir aplicaciones que sirvan para avanzar en el proceso de digitalización del banco, ya entró en funcionamiento el pasado mes de abril en el centro de Bilbao. Ahora, BBVA Next Technologies, cuyo objetivo es elaborar y mejorar la tecnología común para la operativa en la nube del banco en todo el mundo –una división integrada por 16.000 profesionales–, acaba de ponerse en marcha en la Torre Bizkaia, el centro de emprendimiento creado por la Diputación foral. El responsable de la actividad de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, aseguró ayer, durante la puesta de largo del centro, que el objetivo es contar con 50 profesionales a finales de este año –en la actualidad ya trabajan 39 personas en la empresa– y escalar hasta 100 al término del ejercicio que viene, 2023. Belausteguigoitia agregó que el deseo del banco es que pueda crecer mucho más a partir de ese año. «Bilbao se ha convertido en uno de los epicentros de desarrollo tecnológico en España», enfatizó el directivo de la entidad. En su visita le acompañaron Juan Asúa, adjunto a la Presidencia de BBVA, y Ricardo Jurado, el CEO del área tecnológica. Los responsables de BBVA Technologies reconocideron que no ha sido nada fácil encontrar los perfiles que demanda su actividad –programación muy sofisticada–, debido a la alta demanda que existe en estos momentos para este tipo de profesionales. Tienen una media en torno a los 34 años –no están por lo tanto en el inicio de su carrera profesional, sino que ya tienen alguna experiencia a sus espaldas–, la práctica totalidad son ingenieros de ‘software’ y al menos un tercio de la plantilla procede de fuera del País Vasco.

La construcción del futuro Centro de Movilidad Inteligente y Sostenible (Mubil) en el polígono donostiarra de Eskuzaitzeta pisa el acelerador y ayer presentó en sociedad a sus primeros socios –Cidetec, Tecnalia y Ceit– con los que pretende convertirse en el epicentro europeo de la electromovilidad. El Polo –proyecto surgido en el marco del programa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación de Gipuzkoa– albergará en sus 48.000 m2 una nueva sede de Cidetec dedicada al almacenamiento de energía, un edificio destinado a la movilidad sostenible y la transición energética gestionado por Tecnalia, y promoverá un proyecto de ecodiseño de motores eléctricos en colaboración con Ceit. La incorporación de estas nuevas infraestructuras y proyectos supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros, cofinanciados por la Diputación con una subvención a fondo perdido (15 millones) y por los respectivos centros de investigación (otros 15 millones). En total, 44,7 millones si sumamos los 14,2 millones de las obras (a cargo del ente foral) que ya arrancaron en julio.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, reconoció ayer que la situación de Siemens Gamesa, con pérdidas de más de 2.700 millones de euros acumuladas en los últimos tres ejercicios, «no se puede mantener en el tiempo», aunque lamentó la reducción de plantilla anunciada por la compañía el pasado jueves. Un recorte que afectará a 2.900 empleados de los que 475 saldrán de las plantas en España, si bien no se conoce aún su distribución territorial concreta y, por tanto, cómo afectará a los centros de trabajo de la empresa en Euskadi. En declaraciones realizadas en los pasillos del Parlamento vasco, Tapia consideró que «lo realmente es importante en estos momentos» es que haya «una planificación para que sea competitiva a largo plazo». Respecto a la reducción de plantilla, la consejera dijo esperar a ver «cómo se transmite a los trabajadores y cómo nos afecta» para poder dar «una opinión mucho más fundada». Por su parte, los sindicatos ELA, CC OO y UGT criticaron ayer la gestión llevada a cabo por la empresa en los últimos años y mostraron su oposición frontal al recorte de empleos anunciado, ante el cual advirtieron de que plantarán cara y organizarán movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo. A este respecto, fuentes de Siemens Gamesa aseguraron que se tratará de buscar las salidas «menos traumáticas» como, por ejemplo, bajas incentivadas o prejubilaciones y, además, se plantean posibles recolocaciones de forma que hay personas excedentes de algunos departamentos que podrán optar a plazas que se oferten en otras áreas de la compañía que están creciendo.

La secretaria general de Formación Profesional en el Ministerio de Educación, Clara Sanz, que participó ayer en Bilbao en el Foro Europeo de la Juventud, defiende la «gran apuesta» del Gobierno por la FP ante la alta demanda laboral de estos titulados. El 60% de los empleos, adelanta, va a ser para estos técnicos. "Tenemos demasiados universitarios y pocos titulados en FP. El 50% o el 60% de los empleos van a ser para la FP y el 25% o 30% para universitarios. Las empresas no encuentran técnicos en FP para cubrir los puestos de trabajo especializados. Y, sin embargo, en ciclos con un 100% de empleabilidad como Mecatrónica o Fabricación Mecánica no se llenan las plazas. En muchas especialidades tenemos que pedir a las empresas que esperen a que los alumnos acaben para contratarlos...Entre los parados menores de 25 años solo hay un 17% de titulados en FP. El otro 83% son jóvenes sin cualificar y también universitarios con estudios que no tienen encaje laboral. La FP es más práctica y está enfocada al mercado de trabajo, a la realidad del empleo. En la universidad hay un mayor desajuste...El modelo vasco es un referente en FP. Euskadi tiene, además, la ventaja añadida de que es un territorio muy industrializado, y hace más sencilla esa necesidad de los centros de estar en contacto con las empresas. Tiene una experiencia en formación profesional muy potente, incorporando la innovación y la investigación, hay muchos elementos que ya forman parte del ADN de la FP vasca. Venimos muchas veces a visitar centros...Hay cambios. Ahora existen dos sistemas, uno para jóvenes y otro para trabajadores, y se unifican en uno solo. Esa unificación hará que Euskadi tenga que cambiar algunas dinámicas, ya lo están haciendo. Además, las dos modalidades de FP Dual también generarán algún cambio, menor que en otras comunidades..."

El incremento salarial medio para las 218.478 personas que tienen sus convenios actualizados en Euskadi fue del 3,78% hasta agosto. De este modo, el aumento fue del 4,77% en los convenios negociados en el País Vasco, por un 2,48% en los de ámbito estatal. Según el último Informe Sociolaboral del Consejo de Relaciones Laborales, relativo a los meses de julio y agosto, un total de 328.909 personas, el 54,5% de las afectadas por la negociación colectiva, se hallaban al finalizar agosto con convenios de vigencia prorrogada y pendientes de renovar, mientras que 56.517 personas, el 9,4%, trabajaban con sus convenios decaídos y pendientes de renovar. Por otro lado, para el 56,4% de los trabajadores se establece una subida salarial fija para 2022, mientras que para el 29,6% el incremento está fijado en función del IPC de 2021. Asimismo, para el 2,7%, la subida estará determinada por el IPC con el que se finalice el año 2022. El 11,3% restante tiene pactada la revisión salarial en función de diferentes parámetros, (beneficios, evolución del PIB, IPC de 2022 con límites máximos de subida, etc.). En su informe, el CRL destaca que en la Industria Siderometalúrgica de Álava se ha firmado un preacuerdo de convenio colectivo que regula las condiciones laborales de más de 12.000 personas. Asimismo, en julio se registró el convenio de Transporte de Mercancías por Carretera de Bizkaia, con más de 5.700 empleos, y en Gipuzkoa, en agosto, el de Alojamientos, con 1.818 empleos, y el de Fabricación de Pasta, Papel y Cartón con 997 puestos de trabajo. También se ha firmado el convenio de ámbito estatal de Recuperación y Reciclado de Residuos, que afecta a 2.000 personas en Euskadi.

El convenio de eficacia limitada firmado en solitario por el sindicato UGT y las patronales ha recibido el apoyo del 100% de las trabajadoras de las residencias en Gipuzkoa pertenecientes a la patronal Lares, con un 30% de representatividad. Esta adhesión significa que las empleadas podrán beneficiarse de la subida salarial pactada: 13,5% de aumento en los próximos tres años. El aumento será del 6,5% este año, del 4% en 2023 y del 3% en 2024. En un comunicado, la patronal Lares informó de que la totalidad de las trabajadoras de estas empresas se han sumado al convenio y agradeció «a los trabajadores el apoyo depositado para posibilitar una nueva etapa que supone un respaldo a la búsqueda de soluciones al conflicto de las residencias en Gipuzkoa». El acuerdo con UGT –central minoritaria en el sector– también recoge que en caso de que los IPC sean mayores dentro de la vigencia del convenio, existe una cláusula de revisión salarial de aplicación en enero de 2025 que «vendría a actualizar salarios con los IPC reales para garantizar el poder adquisitivo», aunque según Lares esto «solo surte efecto si antes de la finalización del convenio existiera una mayoría sindical que respalde el convenio». La adhesión al convenio suscrito por UGT se ha ido sellando centro a centro y con la libertad de cada trabajadora para poder aceptar o no estas condiciones. Además de las residencias englobadas en la patronal Lares, también en los centros de Garen –con un 10% de representatividad en el sector– el apoyo al convenio ha sido mayoritario, con un 95% de apoyos por parte de las profesionales, según informó la patronal a este periódico. Desde Adegi, patronal mayoritaria con un 40% de representación, no se han ofrecido de momento datos. Matia, con un 20% de representatividad, no ha firmado el convenio.

El acuerdo que previsiblemente se cerrará en la reunión que mantendrán el lunes el Ministerio de Hacienda y los sindicatos para aplicar una subida salarial a los funcionarios del 9,5% en tres años es el que replicarán las administraciones vascas. Así lo confirmó ayer el lehendakari en el Parlamento tras las reclamaciones que, con mayor o menor contundencia, habían hecho ELA, LAB, CC OO y UGT para que Euskadi fuera más allá de un ‘copia y pega’ del acuerdo en la Administración General del Estado. Se trata de una legislación básica y, como el propio Urkullu señaló ante la Cámara, Madrid determinará con carácter general –en todas las comunidades– «la subida que debe aplicarse». Es un mensaje que a lo largo de la semana ha ido trasladando el Ejecutivo vasco, al recordar que no tenía más remedio que aplicar la subida que se decidiera en Madrid. El primero en hacerlo fue el pasado miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, al señalar que se podía establecer una subida menor, pero en ningún caso superar el planteamiento que fijaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Azpiazu aseguró en cualquier caso que el Gobierno vasco fijaría el máximo que venga establecido en esa ley.

Los hosteleros vizcaínos están ‘eléctricos’ por el incremento de la factura de la luz. En algunos casos, el importe de los recibos ha llegado casi a cuadruplicarse. En concreto, el propietario del Kasko, popular restaurante del Casco Viejo de Bilbao, ha pasado de pagar 1.500 euros a 5.200 al mes, mientras que a los establecimientos de menor tamaño la factura se les ha triplicado. Este porcentaje les ha llevado a abonar de media 1.700 euros frente a los 500 que les venían cargando antes del verano. Más impactante ha sido el último recibo que le ha llegado al dueño de uno de los 12 restaurantes vizcaínos con estrella Michelin: más de 9.000 euros. El sector teme que muchos establecimientos se verán abocados al cierre de no poner freno a esta escalada inflacionista. La Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) ha puesto el grito en el cielo y apoyado las iniciativas planteadas por sus homólogos del resto del país, como la creación de bonos eléctricos para «salvar miles de empresas y empleos». También han secundado el envío de cartas a los principales operadores energéticos mostrándoles su preocupación por el incremento del precio de la electricidad, que superó el 60% el pasado agosto respecto al mismo periodo del año anterior. La energía representa entre el 6% y el 8% de los costes de un negocio hostelero, según Héctor Sánchez, gerente de AHB, por lo que una subida de un tercio, calcula, puede provocar un aumento de entre el 2% y 3% de los gastos fijos. Este aumento ha colocado en la cuerda floja a un gremio castigado por el estancamiento del consumo, ya que el coste medio de un local de restauración «puede situarse actualmente entre 3.000 y 6.000 euros».

El resultado operativo –ingresos menos gastos de funcionamiento– de Eroski en la primera mitad de este año acusó un descenso del 11% respecto al pasado. Hasta el 30 de junio, el saldo de estas cuentas arrojó un beneficio de 94,3 millones de euros para la cooperativa de Elorrio, frente a los 105 millones del mismo periodo de 2021. Según explicó ayer la primera ejecutiva de Eroski, Rosa Carabel, «los márgenes del negocio alimentario se han reducido de forma considerable porque, además de la presión en nuestros gastos operativos, nuestros proveedores y productores nos trasladan en sus tarifas los incrementos de costes que ellos también soportan». Aún así, Eroski mantiene el crecimiento iniciado en los últimos años y, aunque como el resto del sector no recupera los datos de la pandemia, entre enero y junio pasados logró unas ganancias netas de 46,8 millones de euros. Una cifra ligeramente superior a los 42 millones del primer semestre del pasado año, porque la compañía ya no tiene que hacer los fuer- tes pagos a los bancos con los que estaba comprometida para «normalizar» su deuda. En cuanto al volumen de ventas, el impacto del IPC elevó en 385 millones de euros los ingresos generados por las diferentes marcas del Grupo Eroski, hasta alcanzar los 2.633 millones de euros, frente a los 2.248 del pasado año. El crecimiento fue menor que el de la subida de precios y añadió el efecto, además, de 183 millones de euros de las ofertas, descuentos y promociones lanzadas para los clientes. Por ello, la cooperativa explica que se nota «la consecuencia de la tendencia de los hogares hacia una cesta de la compra más económica».

MásMóvil, el cuarto operador español de telecos, ha acordado la venta de Nowo, su filial portuguesa, a Vodafone Portugal, por lo que abandona el mercado del país vecino. La operación valora la compañía lusa en unos 150 millones de euros. La operación permite a MásMóvil obtener recursos para reducir su deuda, como ya ocurrió recientemente con la venta de una red de fibra óptica de 500.000 hogares a Onivia por valor de 200 millones de euros. La decisión de MásMóvil de vender su negocio en Portugal se tomó después de que se produjese el desembarco en el mercado luso de Digi, la operadora rumana que se ha convertido en su principal rival en el segmento del bajo coste en España. Nowo logró en 2021 una facturación de unos 70 millones de euros y cuenta, actualmente, con unos 250.000 clientes de telefonía móvil y unos 150.000 de banda ancha fija. Nowo, que contaba con una red antigua de cable en el sur del país, estaba desplegando nuevas redes de fibra en Lisboa y Oporto, las dos mayores ciudades que concentran gran parte de la población portuguesa, de forma que, en total, contaba con unos 950.000 hogares cubiertos por su infraestructura. Portugal era de inicio muy atractivo para MásMóvil puesto que el mercado luso tenía sólo tres grandes competidores: Meo (la antigua Portugal Telecom, el líder del mercado, ahora propiedad de francesa Altice, que la ha puesto en venta), Vodafone y NOS, controlado por Sonae e Isabel dos Santos.

El euríbor se ha situado en una tasa que no alcanzaba desde hace más de 13 años. El indicador ha cerrado septiembre en una media del 2,23%. La última vez que rozó ese nivel, en enero de 2009, España comenzaba a ver el inicio de la gran crisis financiera que duraría varios años. En agosto cerró en el 1,2%, lo que supone casi duplicarse en solo un mes. Y cabe recordar que a principios de año se encontraba incluso en negativo, con un -0,5%. Con esta tasa, quienes tengan que revisar este mes sus hipotecas notarán un importante impacto en sus bolsillos. Así, un crédito sobre vivienda de 150.000 euros a 24 años y un diferencial de un punto sobre el euríbor pagará a partir de ahora unos 745 euros al mes, mientras que en el último año habrá pagado 550 euros mensuales. Es decir, deberá asumir un incremento de unos 200 euros, que suponen 2.400 al año. A pesar de esos cálculos generales, las entidades financieras recuerdan que no todas las familias se ven afectadas de la misma forma por esta subida del euríbor. En primer lugar, porque buena parte de los créditos a interés variable fueron contratados hace más de una década, cuando los diferenciales eran inferiores a los actuales, llegando incluso a ofertas de apenas 0,25 puntos más el euríbor. Además, insisten en que buena parte de esos hogares con créditos variables han ido reduciendo su deuda hipotecaria en los últimos años. Un estudio elaborado recientemente por el portal inmobiliario Idealista concluye que quien contrató una hipoteca variable en agosto de 2021 tendrá que hacer frente a un incremento de su cuota mensual de 118 euros (1.421 euros anuales). 

La inflación sigue desbocada en la eurozona, a pesar de las ultimas subidas de tipos, y da una nueva vuelta de tuerca en septiembre, en un incremento generalizado por casi todo el Viejo Continente, y se filtra cada vez con más fuerza hacia los productos no energéticos. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en el área de la moneda única se aceleró nueve décimas en septiembre, hasta el 10% anual, de acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Con ello, el indicador alcanza el doble dígito por primera vez en su historia, lo que eleva la presión para una mayor actuación por parte del Banco Central Europeo (BCE). La gran protagonista de las subidas de precios sigue siendo la energía, espoleada por la mayor carestía del gas tras el cierre del suministro ruso, lo que ha repercutido en una mayor factura de la luz. Así, los precios energéticos suben un 40,8% respecto a septiembre del año pasado (2,2 puntos más que en agosto), un problema que se agrava si se tiene en cuenta que este incremento se suma al que ya tuvo lugar en este mismo componente el año pasado, del 17,6%. Sin embargo, no se trata del único elemento al alza, ya que la escalada de los precios de la energía se filtra con fuerza hacia los alimentos frescos (que suben un 12,7%). También, aunque en menor medida, se acelera la subida de precios entre los bienes industriales (5,6%) y los servicios (4,3%), con alzas de medio punto más que el mes anterior en ambos casos.

Isabel Schnabel ve necesario seguir apretando las tuercas de la política monetaria. En su intervención ayer en el Foro La Toja, celebrado en esa localidad, la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), abogó por un endurecimiento “de control” para garantizar que la inflación vuelve al objetivo del 2%, incluso aunque las previsiones apunten a un estancamiento de la economía europea en los próximos meses e incluso a una recesión. “Sería imprudente para un banco central orientado a la estabilidad de precios a medio plazo trazar la trayectoria futura de sus tipos de interés en el supuesto de que la desaceleración de la demanda reducirá la necesidad de ajustar su política monetaria”, explicó la banquera central, que se ha convertido en uno de los representantes de mayor calado del ala dura del BCE. Schnabel considera que el shock que vive Europa desde la guerra en Ucrania tiene unas características especiales que hacen que afecte a la demanda, a través de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, como a la oferta, a través de unos mayores costes de producción de las empresas. Por ese motivo, la banquera central sostiene que el BCE no debería permitirse el lujo de asumir que la desaceleración económica será la llave del equilibrio de fuerzas que limite la inflación.

Las 120 compañías que cotizan en el Mercado Continuo han desafiado la incertidumbre económica y la elevada inflación con unos resultados hasta junio que se mantienen en los niveles récord del año pasado, pese al fuerte impacto de los atípicos. Los grupos de la Bolsa española ganaron 33.750 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una ligera caída del 2% respecto al mismo periodo de 2021, un ejercicio con resultados históricos. El descenso se explica, principalmente, por los extraordinarios positivos que anotaron el año pasado Telefónica (venta de Telxius y fusión de su filial británica O2 con Virgin Media), CaixaBank (fusión con Bankia) y Bankinter (OPV de Línea Directa), casos que han lastrado la comparación global. No obstante, el resultado ordinario de CaixaBank y Bankinter creció un 23% y un 11% hasta junio, respectivamente, y Telefónica ha mejorado sus previsiones para todo 2022. Si se excluyen los extraordinarios y los factores no recurrentes y se coge el resultado bruto de explotación, las cotizadas elevaron el ebitda un 11,4% respecto a 2021, hasta 57.954 millones. Por otro lado, comparado con 2019, antes de la pandemia, las sociedades del Continuo tuvieron un beneficio neto aquel año de 25.164 millones, un 34% menos que en el primer semestre de 2022. La fortaleza de los resultados del periodo, pese a las sombras que se ciernen por el riesgo de recesión económica global, la alta inflación, los costes energéticos y la subida de tipos (esto último beneficia a la banca), se apoyó, en buena parte, en las firmas del Ibex, que ganaron 29.136 millones. 

La petición de España de imponer topes de precios en todas las importaciones de gas que haga la Unión Europea (no solo las procedentes de Rusia, también desde Argelia), cayeron ayer en saco roto. La Cumbre de Energía de los Veintisiete Estados miembros de la UE acordó tres de las propuestas que hace días planteó la Comisión Europea (recorte de ingresos a las eléctricas, tasa a las petroleras y gasistas, y recorte obligatorio del consumo de luz). Pero no sacó adelante la de topar los precios del gas, que está generando más polémica y seguirá negociándose. España es el país abanderado dentro de la UE para reclamar un límite de precios a todas las importaciones de gas para así controlar el aumento de la factura energética. Hace días, el Gobierno español envió una carta a la Comisión Europea reclamando que ese tope debía ser “la prioridad”. Lo hizo junto a otros 14 países: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Para España, ese tope de precios no solo es esencial para frenar la amenaza de Rusia, que está usando el gas como arma económica, abriendo y cerrando los suministros hacia la UE a su antojo. También es crucial para contener las ambiciones de Argelia. Este país ha sido históricamente el primer suministrador de gas a España, sobre todo a través de Naturgy, la primera gasista española.

La premier Liz Truss convocó ayer en Downing Street a la plana mayor de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) con la intención de ganar credibilidad y calmar a los mercados. La reunión, que duró 48 minutos, no logró el efecto deseado. La libra inició una nueva tendencia descendente tras haber alcanzado la cotización que tenía frente al dólar (1,12) la semana pasada, antes del controvertido anuncio del mayor recorte fiscal en medio siglo en el Reino Unido. El Gobierno de Liz Truss había decidido eludir hasta la fecha la supervisión por parte de la OBR, creada hace 12 años para velar por la gestión de las finanzas públicas. Tras el encuentro en Downing Street, la oficina presupuestaria se comprometió a tener lista la evaluación del nuevo presupuesto el 7 de octubre, pero el Gobierno se reservó el derecho a demorar durante seis semanas la publicación de sus conclusiones, lo que provocó de nuevo la inquietud en los mercados. El encuentro personal entre la premier y el direcctor de OBR, Richard Hughes, es algo inusual, dado el carácter «no departamental» del organismo público, que se ha visto en el ojo del huracán en medio de la tormenta financiera. Truss y su secretario del Tesoro, Kwasi Kwarteng, se vieron forzados a dar ese paso por las presiones políticas y por la reacción de los mercados ante el previsible agujero fiscal de más de 50.000 millones en el presupuesto. «En el espacio de una semana, hemos pasado de ignorar el trabajo de la OBR a ver a la premier asitiendo en persona a sus reuniones», declaró el ex secretario del Tesoro George Osborne. «Es una manera de devolver la credibilidad a la institución creada hace 12 años precisamente para dar honestidad a las finanzas públicas». Pese al ligero viraje de Liz Truss, hasta ahora reacia a ponerse bajo la lupa de la OBR, los analistas consideran que el movimiento llega demasiado tarde. 

Occidente se moviliza para rechazar el embate imperialista del Kremlin. Los últimos movimientos del presidente ruso, Vladímir Putin, con la anexión ilegal de cuatro provincias de Ucrania, han elevado la alarma de la UE y la OTAN. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, recalcó ayer que la campaña de reclutamiento, unida a las amenazas nucleares y a la absorción de territorio ucranio, suponen la “escalada más seria en la guerra” desde que empezó el conflicto. “Es el mayor intento de anexión de territorio europeo por la fuerza desde la II Guerra Mundial”, dijo en una conferencia de prensa en Bruselas. “Otro 15% del territorio de Ucrania [que se suma a la anexión de Crimea], un área aproximadamente del tamaño de Portugal, incautado ilegalmente por Rusia a punta de pistola”, remarcó Stoltenberg, que reclamó a todos los países que no reconozcan las anexiones ilegales. El presidente de EE UU, Joe Biden, condenó las anexiones ilegales y anunció nuevas sanciones a parlamentarios rusos, altos funcionarios, militares y empresas del sector de la defensa. “Reuniremos a la comunidad internacional tanto para denunciar estos movimientos como para responsabilizar a Rusia”, dijo Biden. El Consejo de Seguridad de la ONU votó en una sesión extraordinaria un proyecto de resolución propuesto por EE UU y Albania que condenaba la anexión.